Terrorismo masivo de Estado y terrorismo individual de abajo; lo que dicen y callan los medios
Pedro Echeverría V.
Gobierno y empresarios crean al monstruo y se asustan
1. Los funestos medios de información –desgraciadamente también el de Aristegui- dedican horas y horas a hab
lar de terrorismo de manera parcial, es decir, sin analizar y denunciar sus causas. La aparición de un coche-bomba los ha sobresaltado, pero los bombardeos sobre Afganistán, Irak, la instalación de bases militares, los miles de aviones con bombas, las armas nucleares monopolizadas por tres países, el saqueo de pueblos, la represión, encarcelamiento y asesinatos contra luchadores sociales, es para esas agencias informadoras empresariales, "simples actos de justicia". ¿No es terrorismo acaso que haya un Estado y un gobierno que mantiene a la población en la miseria y el hambre y ante sus protesta ordena que ejército y policía invadan el país con la mayor violencia? Por favor no jodan, el llamado narcoterrorismo nació del narcoEstado, de los funestos gobiernos, del Estado empresarial y tiene bases en el desempleo y la miseria.
2. Terrorismo –según el diccionario Larousse- es "un conjunto de actos violentos cometidos por grupos revolucionarios, así como un régimen de violencia instaurado por un gobierno". Terror es "un miedo grande, pavor, experimentar terror". El terrorismo –como todo mundo sabe- tiene una larguísima historia: desde el terrorismo de Estado, las gigantescas y terroríficas guerras desatadas por los esclavistas, señores feudales y poderosos capitalistas contra el pueblo para conquistarlo y someterlo, hasta las últimas guerras mundiales, bombardeos e invasiones a países débiles por los imperios más grandes del mundo. Durante toda esa historia no hubo "coches-bombas", pero el pueblo se defendió de diferentes maneras: levantándose en armas como Espartaco, Canek, Tupac Amaru o realizando atentados contra los explotadores asesinos. ¿Cómo podrían entrar en "dialogo" si éste no ha existido en la realidad, fuera de la demogogia?
3. ¿De qué carajos pueden vivir las decenas de millones de seres humanos y sus familias que no tienen trabajo desde hace 20 años o que laboran ocho horas para recibir cuatro dólares que en México no alcanza ni siquiera para medio comer o medio vivir, y que cuando protestan los pueblos son salvajemente reprimidos? Esto no se soluciona, el narcotráfico no se acabará ni siquiera matando a los principales líderes de los cárteles. Pero lo más grave será cuando los malditos medios de información –por órdenes de los gobiernos de México y de los EEUU- comiencen a decir de manera abierta –exactamente como sucedió en Colombia- que la guerrilla, la izquierda radical y el narcotráfico son lo mismo y por tanto tendrán que ser bombardeados por aviones y helicópteros. Eso es lo que desde que se firmó la funesta Iniciativa Mérida en 2007 hemos venido denunciando: la "lucha contra el narcotráfico sólo es un pretexto".
4. El terrorismo de Estado es mil veces más violento, más destructivo y aniquilador que un secuestro o un coche-bomba que tanta alarma ha causado entre gobierno, empresarios e "intelectuales orgánicos". ¿Será más peligrosa la política de Irán, Corea del Norte y Brasil que quieren entrar a la carrera nuclear para desarrollar más a sus países, que la de los yanquis, Israel, Moscú, Reino Unido que poseen miles de cabezas y bombas nucleares y quieren monopolizarlas? ¿Si no quieren la nuclearización de otros países por qué no se desnuclearizan todos? Me recuerda las declaraciones del maravilloso artista brasileño Chico Buarque al defender la Amazonia que pertenece a su país: "Si la Amazonia, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada según EEUU, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero, el capital financiero de los países ricos, así como los museos del mundo".
5. Lo he dicho muchas veces en mi columna: ¿Quieren realmente acabar con el narcotráfico y los coches-bomba en México? Creen los 10 millones de empleos que hacen falta, paguen salario mínimo de 10 dólares diarios, eviten que algún funcionario cobre más de 40 dólares al día e impongan a los empresarios un límite máximo de ingresos. Mientras este país siga siendo modelo de corrupción y de desigualdad cada habitante de la nación tendrá las justificaciones para lo que quiera. Si el ejército y la policía siguen en las calles retando a narcotraficantes y provocando la muerte a más de 27 mil 100 pobladores, los coches bombas se incrementarán. En Lima, Quito, Bogotá y Caracas, según pude constatar preguntando, los salarios mínimos son el doble y un poco más que el de México. Cuatro dólares diarios en México –que es el promedio de ingreso de la mayoría de los trabajadores- es quizá el más bajo de América Latina; ¡increíble!
6. El narcotráfico y el llamado terrorismo es un fenómeno internacional, pero se ha manifestado con mayor claridad en los países donde los gobiernos atacan el problema usando ejército y policías y dejando intacta la desigualdad social. Con la excepción de muchos de sus jefes y socios que pertenecen al gobierno, ejército y empresarios, el 95 por ciento de los narcotraficantes es de origen campesinos, clase mediero y del ejército. ¿Por qué no atacar el problema desde el lado social, es decir, resolviendo los problemas de ingresos y retirando a las fuerzas armadas provocadoras? En México han muerto hasta hoy 27 mil 100 (el gobierno sólo reconoce más de 24 mil); pronto llegaremos a 40 mil si el gobierno se niega a crear fuentes de trabajo y sigue contratando a miles de campesinos miserables para meterlos al ejército. ¿O es que en algún momento el mismo ejército se rebelará porque ya no quiere morir bajo las balas del narco?
7. Los medios de información mexicanos han sido siempre una basura, particularmente los monopolios Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula; para no ser como ellos –que están 100 por ciento al servicio del capital- hay que hacer cosas totalmente diferentes. Aristegui, hace entrevistas interesantes, pero luego cae en la tradición: habla de los hechos, de personajes y noticias que vendan; pero si no va a las causas pronto estará como los demás. Toda la gran bulla que se ha levantado el coche-bomba ha sido impulsada por gobierno y empresarios para silenciar fenómenos como la huelga de hambre de electricistas que está a punto de sufrir condenables desenlaces, la represión contra los profesores de Chiapas, Morelos, Michoacán y Oaxaca, así como el evidente desgobierno que existe en el país. Por eso hay que preguntar ¿Cuál es el peor terrorismo que domina en México, el de Estado o el del coche-bomba?
http://pedroecheverriav.wordpress.com
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 19 de julio (apro).- Cuando ha cobrado forma íntegra la kakistocracia que encabeza Felipe Calderón, cuyos cambios más recientes en su gabinete ratifican que es el gobierno de los peores, el sector de la izquierda subordinada a las alianzas electorales da otra muestra de su vasallaje: Cobrar IVA a alimentos y medicinas.
Peor aún: Nueva Izquierda, la facción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezada por Jesús Ortega, se presenta como el rostro de Calderón y de Acción Nacional (PAN) para encabezar en la Cámara de Diputados la ofensiva para aprobar el IVA que, además, deja intactos los regímenes especiales que permiten a los magnates del país no pagar impuestos.
Es decir, los perredistas aliados a la derecha más inepta buscan que a los más pobres de México, que son más de la mitad, y lo que queda de la clase media, se les impongan más cargas impositivas, mientras que lubrican los mecanismos de enriquecimiento de la oligarquía que impuso a Calderón y pretende hacer lo mismo con Enrique Peña Nieto.
Parece que no hay lógica en este empeño de Los Chuchos, que con este plan de imponer IVA a alimentos y medicinas atizan el repudio popular en su contra, salvo que pretendan con esta maniobra satisfacer un anhelo de los magnates y verse recompensados con apoyo a la coalición que han hecho con el PAN y no al PRI.
Hay que recordar que poco antes de las elecciones del 4 de julio se filtró a la prensa que el PAN en la Cámara de Diputados proyecta aumentar el IVA generalizado de 16% a 18%, y establecerlo en 15% en alimentos y medicinas.
Según el proyecto de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que elabora los documentos del grupo parlamentario del PAN, estos aumentos elevarían la recaudación por IVA de 485 mil 554 millones (4.02 por ciento del PIB) a más de 697 mil 325 millones de pesos (5.77 por ciento del PIB).
La única novedad en la propuesta de la facción colaboracionista que controla el membrete PRD, y que impulsa en específico José Guadalupe Acosta Naranjo, es que le hace segunda al PAN, con el que tienen un amasiato y cuyos alcances, después de las alianzas y de esta insólita cruzada por el IVA, son insospechados.
Y en esta urdimbre se incluye la candidatura común PAN-PRD de Marcelo Ebrard a la Presidencia de la República, si de plano no crecen Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, los anodinos prospectos de Calderón que, no hay que olvidarlo, hará lo que sea por cerrarle el paso a otros panistas.
Como sea, es positiva la intentona de Los Chuchos para imponer el IVA a alimentos y medicinas, porque les corre el maquillaje que encubre su auténtico talante y evidencia que contra los magnates no son capaces de decir ni una sola palabra.
Este afán recaudatorio no es de suyo reprobable, pero es inaceptable si no se somete al mismo rigor a los grandes empresarios que, según información oficial, suman más de medio millón las personas y empresas beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, aunque sólo una minoría, unos 60 corporativos, son los más beneficiados.
Por ejemplo, de acuerdo con información autentificada, en 2009 el sector privado de México adeudó 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, la mitad de los cuales, 232 mil millones de pesos corresponden a esos 60 corporativos.
¿Qué empresas son? Las de los multimillonarios en dólares que aparecen en la revista Forbes. Para empezar, las de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que adeudan más de 38 mil millones de pesos por impuestos diferidos.
Luego, el magnate del cemento, Lorenzo Zambrano, quien también aparece en Forbes: debe 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. Le sigue Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, que debe al fisco mexicano más de 11 mil millones de pesos.
El Grupo Modelo, de María Asunción Aramburuzabala, militante del PAN, debe más de 8 mil millones de pesos; Grupo Bimbo, de un clan también de ese partido, debe casi 2 mil millones de pesos; Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, amigo de Calderón, no ha pagado mil 373 millones de pesos.
Otros deudores son Televisa (2 mil 284 millones), TV Azteca (3 mil 365 millones), Kimberly Clark, de Claudio X. González (mil 879 millones); Realtur, de Olegario Vázquez Raña, dueño del diario Excélsior y hospitales Angeles (mil 303 millones); Grupo Aeroportuario del Sureste, de Fernando Chico Pardo, socio de Slim (2 mil 713 millones).
Y la lista sigue. ¿Los Chuchos y Calderón los obligarán a pagar lo que deben? No se ría…
Apuntes
Podrá haberse reventado la burbuja que aisla de la realidad a Calderón, por las pugnas y amoríos entre ineptos, pero la lógica facciosa no se rompe: Por eso, sin decoro, Maximiliano Cortázar, autor de filtraciones que aceleraron la aparente purga, fue enviado por su jefe al PAN, donde despacha otro de sus incondicionales: César Nava. Cortázar, futuro diputado federal, se retrata a sí mismo: "Para mí no existen imposibles"…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 19 de julio.- La contundente derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 4 de julio no significa ni de cerca que la democracia y la rendición de cuentas hayan avanzado en el país. El fracaso de la "alternancia" al nivel federal nos ha enseñado a los ciudadanos que un cambio de siglas en el gobierno no genera ni más efectividad gubernamental ni mayor participación ciudadana en la definición del r
umbo del país. Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y Mario López Valdez tienen la responsabilidad histórica de no repetir los errores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los nuevos gobernadores de Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas también tienen frente a sí el reto de demostrar que un retorno al PRI no necesariamente implica un retroceso en términos políticos. Todos los nuevos gobernantes se verán obligados a ganar la confianza ciudadana a partir de una nueva forma de ejercer el poder, lejos de las lógicas caciquiles y el abuso de autoridad típicos del pasado.
El camino deberá iniciar forzosamente con una transformación estructural en los poderes judiciales y los ministerios públicos en los seis estados que pronto experimentarán un cambio en el partido que los gobierna. Más allá de la evidente desviación de recursos del erario, el poder autoritario de los gobernadores ha encontrado su máxima expresión en el férreo control sobre los aparatos de procuración e impartición de justicia.
Tal y como reza el dicho, inspirado por la corrupción tan acendrada que caracteriza al viejo partido de Estado: "No me des, ponme donde hay". Lo realmente importante no es poder robar ocasionalmente unos cuantos millones de pesos aquí y allá, sino asegurar la impunidad de por vida para uno mismo y los aliados políticos.
Enrique Peña Nieto entiende muy bien esta lección histórica. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de San Salvador Atenco evidenció la existencia de una abierta manipulación de la justicia por este gobernador que no sabe cumplir con los postulados mínimos del estado de derecho. El enroque en la Procuraduría de Justicia de aquella entidad a raíz del caso Paulette también ratifica el compromiso del mandatario estatal con la intervención política en el ámbito de la justicia. Urge pasar de la defensa de los derechos humanos a un movimiento social en contra de la impunidad, en aquel estado que todavía no ha logrado escapar de la herencia de los dinosaurios.
En Puebla, el abuso de autoridad y la manipulación de justicia también han estado a la orden del día. Como tantos otros gobernadores, Mario Marín se ha acostumbrado a ser un señor "feudal" y no tolera la mínima expresión de autonomía de parte de los políticos y jueces en su estado. Cualquier criterio independiente es interpretado como una "traición" por el mandatario y recibe un castigo ejemplar.
Tal es el caso, por ejemplo, del exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla Germán López Bruhn. En el contexto de las acusaciones de Lydia Cacho en contra de Marín tanto por su participación en una red de pederastia como por su utilización de las fuerzas del orden para vengarse personalmente con ella, López Bruhn se negó a respaldar públicamente al góber precioso. Ante tal "insubordinación" Marín hizo todo lo posible por también vengarse del magistrado. Finalmente, en 2006 logró echarlo del Tribunal por medio de un ilegal e irregular procedimiento de "ratificación" en el Congreso local.
López Bruhn a su vez decidió defender su caso hasta las últimas consecuencias y hace unos meses logró que la misma Suprema Corte le otorgara un amparo en contra del proceso legislativo que culminó con su destitución. En su sentencia, los ministros de la Segunda Sala argumentan que "la concentración del poder representa un peligro para el principio de división de poderes" y señalan que "ese riesgo, históricamente, se ha generado, en mayor grado, dentro de las entidades federativas y municipios". En consecuencia, dicen que es necesario tomar medidas enérgicas para defender la independencia de los jueces en los estados. Y esto implica protegerlos de procedimientos viciados y políticamente manipulados, como el que terminó con la carrera de López Bruhn como magistrado electoral.
A pesar del fallo de la Corte, el Poder Legislativo en Puebla simplemente se ha negado a cumplir con la orden judicial. Una vez más, el gobierno poblano vuelve a destacar por su falta de respeto a la justicia. Muy pronto la Corte se encontrará frente a la disyuntiva de tener que ordenar la destitución de los diputados locales responsables por este desacato judicial o de permitir la impunidad.
Este enredo, tanto como el de Atenco y muchos otros que manchan la justicia del país, se debe a la existencia de un sistema en el que el gobernador en turno goza de total impunidad y control monopólico sobre todas las autoridades locales. Ojalá que Cué, Moreno Valle y López Valdez entiendan que están obligados a hacer algo verdaderamente diferente a sus predecesores. Ojalá que de una vez por todas doten de autonomía jurídica y política plena a los ministerios públicos y los jueces de Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Si algo hemos aprendido de la abortada transición política a nivel federal es que las soluciones que realmente valen la pena son las que atacan de raíz los graves problemas y que presentan una visión de largo plazo. El establecimiento de un sistema de procuración e impartición de justicia verdaderamente profesional, independiente, valiente y plural sería un legado histórico que nadie les podría regatear a estos nuevos gobernadores. En contraste, una falta de acción en esta materia sería algo que la ciudadanía muy difícilmente les podrá perdonar. l
MEXICO, DF, 18 de julio (apro).- Desde el pasado 27 de abril, el abogado mexi
cano Enrique Rivera Sierra es un "refugiado" en Canadá conforme a la Convención internacional de Ginebra.Así lo señala la sentencia emitida por la División de Protección a los Refugiados de la Oficina de Inmigración y Refugiados (IRB, por su sigla en inglés) del gobierno de Canadá, la cual fue firmada por el juez de ese país, Michel Byczak.
Rivera, originario de San Luis Potosí y exrepresentante legal del Frente Amplio Opositor (FAO), llegó a la ciudad de Montreal el 24 de mayo de 2007 y pidió refugio después de que durante meses él y sus compañeros del FAO sufrieron hostigamiento y actos violentos. La razón: su rechazo a las actividades de la empresa Minera San Xavier (MSX), subsidiaria de la empresa canadiense New Gold Inc.
De hecho, el activista mexicano decidió pedir refugio a Canadá tras la emisión por parte de las autoridades de San Luis Potosí de una orden de aprensión en su contra, en la que, afirma, le imputaron "delitos falsos".
Sin embargo, para que las autoridades canadienses le otorgaran el status de refugiado tuvieron que pasar casi tres años. Él y su abogado, el canadiense Jared Will, proporcionaron todo tipo de pruebas que, según la sentencia, demostraron que "hay la razonable posibilidad" de que será perseguido si regresa a México.
En la sentencia de cinco páginas, el juez Michel Byczak hace una cronología de hechos, en la que destaca una golpiza que Rivera recibió el 14 de abril de 2006 "por parte de empleados de MSX" y la "persecución" de la que fue objeto en mayo de 2007 por parte del gobierno de Jesús Marcelo de los Santos, quien utilizó "su autoridad para perseguir a los activistas a lo largo del estado de San Luis Potosí".
Aunado a lo anterior, el documento señala que una "marcha pacífica realizada en diciembre de 2006 fue atacada por golpeadores a las órdenes de la gente de MSX".
En el documento, el juez canadiense advierte que el Estado (mexicano) "podría utilizar la ley de manera discriminatoria". El solicitante, sigue el documento, "ha tratado de hacer todo lo que quedaba en sus posibilidades".
Añade que "como el solicitante es requerido por las autoridades (...) éste podría correr el riesgo de ser detenido sin tener la oportunidad de ver sus derechos legales oportunamente representados".
Más adelante, el texto afirma que "en las circunstancias particulares de este caso, el tribunal piensa que el solicitante ha probado con suficiencia que hay la razonable posibilidad para creer que, en caso de volver a México, será perseguido ahora como en el futuro".
Además, "no tendría la posibilidad de tener la protección del Estado, pues éste, tanto a nivel estatal como federal, ha sido su perseguidor".
Un expediente "bien fraguado"
Rivera Sierra, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sal Luis Potosí (UASLP), fue el abogado del FAO y por lo tanto "una de las caras visibles del movimiento" en contra de las actividades de la MSX en el Cerro de San Pedro, en el valle de San Luis Potosí.
En entrevista telefónica con Apro, Rivera recuerda que "la represión se puso muy fuerte, sobre todo por parte de la empresa, amparada por el gobierno panista de Marcelo de los Santos".
Cuenta que el 14 de abril de 2006 guardias blancas de MSX, encabezadas por Ramón Márquez, lo atacaron a él y a su compañera Lorena Gil Barba. Recuerda que lo dejaron bañado en sangre.
Un año después, el 1 de mayo de 2007, Rivera y los integrantes del FAO participaron en una marcha por el Día del Trabajo. "Estaban también unos estudiantes universitarios que tras ser provocados por la policía fueron detenidos", recuerda.
Dice que cuando fue a pedir la liberación de los cinco arrestados en su calidad de representante legal del FAO, "pude platicar con ellos y me enteré que las autoridades querían que los muchachos, a cambio de su libertad, firmaran unos papeles en los que me acusaban de haberles entrenado, pagado y proporcionado estupefacientes para que hicieran desmanes en el desfile de ese 1 de mayo".
Tras ese episodio, los integrantes del FAO realizaron una investigación y se dieron cuenta que "había un plan por parte del gobierno del estado" para detener al activista.
"El 5 de mayo, llegando a mi casa de una reunión que tuvimos en San Pedro, encuentro mi hogar rodeado por unas diez patrullas de policía", cuenta. "Desde ese día no duermo en mi casa". Se escondió en "una casa de seguridad del movimiento" en la capital del estado.
Desde su "escondite", el abogado solicitó un amparo que el Juzgado Tercero de Distrito de San Luis Potosí le otorgó cuatro días después. Gracias a ese recurso legal pudo percatarse de las acusaciones en su contra: motín, asociación delictuosa y faltas contra la salud. Dichas acusaciones fueron realizadas por la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, cuya directora era María Luisa Paulín.
"Todo el expediente fue muy bien fraguado tanto por la empresa New Gold como por el gobierno estatal y la Procuraduría General de la República (PGR)", afirma.
Después de recibir el amparo, las autoridades judiciales citaron al activista a una "audiencia constitucional" para el día 10 de mayo. Tras considerar la situación, Rivera decidió no presentarse y optó por ir primero a la ciudad de Querétaro y luego a la Ciudad de México.
"Ya en la capital, decidimos que saliera del país e irme a Montreal a pedir refugio", pues en la ciudad canadiense "teníamos compañeros trabajando para el FAO".
La espera
"El 24 de mayo de 2007 llegué al aeropuerto de Montreal, donde inmediatamente pedí refugio al gobierno canadiense", relata. "Me apartaron de la fila (de personas) y comenzó así el tortuoso procedimiento burocrático".
El abogado mexicano dice que en Montreal existe un grupo de estudiantes de la Universidad McGill que desde hace seis años colaboran con el FAO en "la denuncia de la compañía New Gold" por sus actividades en Cerro de San Pedro.
Explica que con la ayuda del abogado Jared Will, el proceso de recopilación de documentos y pruebas para sostener la petición de refugio tardó "unos ocho meses". Una vez entregados los papeles a las oficinas del IRB, el mexicano quedó a la espera.
"El proceso se extendió demasiado –comenta--. Duró casi tres años".
El 17 de diciembre de 2009, las autoridades canadienses concedieron a Rivera la primera audiencia. En ella, el juez Michel Byczak escuchó al solicitante y a su abogado y decidió posponer la decisión para una fecha posterior no especificada.
En febrero pasado, por correo, llegó la notificación de la nueva audiencia: 27 de abril pasado. Rivera comenta que en esta ocasión él y su abogado pudieron aportar "más pruebas relativas a la situación en México, a la condición de los luchadores sociales, a los abusos que sigue realizando la empresa Minera San Xavier".
Entre "los abusos", incluyó el caso de amenazas recibidas por otro activista del FAO, Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
Consultado al respecto, Ruiz Guadalajara refiere que el pasado 13 de marzo por la noche, en pleno Festival Cultural Cerro de San Pedro (acto organizado cada año por el FAO) el empleado de la MSX, Ramón Márquez, autor de la golpiza a Enrique Rivera en 2006, lo abordó en plena plaza del pueblo, frente a policías estatales y el secretario del ayuntamiento de Cerro de San Pedro.
--¿Sabes quién golpeó a Enrique Rivera? --preguntó Márquez a Ruiz.
--Sí, fuiste tú --respondió este último.
--Sí, fui yo, y sigues tú --amenazó Márquez.
El 27 de abril, fecha de la nueva audiencia, Rivera y su abogado contaron con el testimonio del exdiputado por el Partido Convergencia, Jesús González Schmal, lo que "fue pieza clave" para aclarar al juez canadiense los pormenores y "el contexto jurídico de mi caso y las diferencias entre los ordenamientos" canadiense y mexicano.
También durante la audiencia el juez preguntó a Rivera cuánta gente participaría en el movimiento de oposición a la MSX. "Le dije la verdad: somos cerca de 70 personas que participan de manera activa y permanente, pero que el 22 y 23 de octubre de 2006, en una consulta pública que organizamos en el valle de San Luis Potosí, en donde convergen los municipios de San Pedro, La Soledad y la capital del estado, hubo la participación de 20 mil personas, de las que 97% estaba en favor del movimiento social", cuenta.
Satisfecho, el juez "pronunció la sentencia favorable".
MÉXICO, D.F., 19 de julio (Proceso).- Las demandas de Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra –los electricistas que hasta el jueves 15 llevaban respectivamente 82 y 78 días en huelga de hamb
re– parecen sencillas: uno exige que se cumpla el convenio por el cual se nombra a la CFE como patrón sustituto del SME y el otro su reinstalación en la planta de Necaxa. Politizado el conflicto, ambas peticiones parecen inaceptables para el gobierno de Felipe Calderón, que ni ha volteado a verlos pero, en cambio, se congratuló por las medidas del régimen castrista que permitieron al disidente Guillermo Fariñas levantar su ayuno.La vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se consume igual que la vida de los huelguistas de hambre Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quienes ya padecen graves problemas de salud.
Mientras el secretario general Martín Esparza y sus colaboradores exigen al gobierno federal que nombre patrón sustituto del sindicato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estos dos hombres –que siguen postrados en sus catres, requieren de un tanque de oxígeno y reciben vitaminas por vía intravenosa porque ya no pueden tomar mucha agua ni miel– tienen sus propias demandas.
Cayetano, ingeniero oaxaqueño del IPN, descendiente de ferrocarrileros que lucharon con Demetrio Vallejo, le pide al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que deje de anunciar en los medios de comunicación la muerte del SME, que lo comunique a la organización de manera oficial.
Miguel Ángel, poblano y representante del SME en la división Necaxa (donde nació Luz y Fuerza del Centro), miembro tradicional de las llamadas familias SME porque en ellas todos son electricistas, tiene más esperanzas: "Yo saldré de aquí cuando me devuelvan mi trabajo".
El futuro del sindicato está en manos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), pues ahí está radicada la demanda para que la CFE sea el patrón sustituto de los electricistas, como lo prevén sus estatutos.
Después de que el miércoles 14 la asamblea del SME tomó protesta de 13 de los 26 miembros de su comité central para darle vigencia al sindicato, el SME debe informar a la Dirección de Registro de Asociaciones Sindicales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que proceda la toma de nota, pero en conferencias de prensa Lozano Alarcón ha comentado que ésta no procederá, e invitó a los extrabajadores a tramitar su liquidación en una tercera etapa que incluye la condonación de los créditos hipotecarios.
El mismo miércoles 14, el secretario del Exterior y vocero del sindicato, Fernando Amezcua, calificó la oferta de Lozano como una "canallada" porque dicho descuento es una prestación sindical que se paga con su fondo para la vivienda.
En el límite
Cayetano Cabrera tiene 46 años, cinco de los cuales trabajó en Luz y Fuerza del Centro (LFC). Es ingeniero eléctrico egresado del Politécnico, donde también daba clases, hasta que pidió permiso por tres meses para declararse en huelga de hambre. En agosto tiene que regresar a su cátedra.
Cayetano vive en Coacalco, Estado de México, con su esposa Doris López y sus dos hijas. Pagan renta y, por supuesto, la electricidad. La pareja es de Ixtepec, Oaxaca. Doris se escapó con él cuando salió del pueblo para estudiar en la Ciudad de México. Ella, que es enfermera quirúrgica, conoce las consecuencias de la huelga de hambre: Cayetano ya tiene taquicardia e insuficiencia renal.
El sindicalista es orgulloso devoto de la Santa Muerte, a la que puso un pequeño altar junto a su catre. "Le tengo mucha fe. Ya le dije que me voy con ella cuando me toque", comenta en entrevista, el martes 13. Pero él considera que aún no llega la hora. Ese día llegaron dos ambulancias por otros cinco huelguistas y Cayetano le indicó irritado a su mujer: "Diles que no me voy a ir. Si la ambulancia vino por mí, no me voy a ir".
Cayetano cuestiona que los medios de comunicación mexicanos le dieran más importancia a la huelga de hambre del disidente cubano Guillermo Fariñas que a la de los 15 miembros del SME que aún se sostienen en ella. Considera que el gobierno federal debe voltearlos a ver para solucionar su conflicto. Afirma que sólo levantará su protesta si se nombra a la CFE como patrón sustituto.
Por su parte, a Miguel Ángel ya le está fallando el hígado. El doctor le dijo que sus problemas se solucionaban comiendo, pero él asegura: "No hay poder humano que me saque de aquí". Se sintió mal el martes en la noche, pero fue a visitar a Cayetano. Contemplar su aspecto "fue un shock", señala.
Él no está mucho mejor. Ya había salido del campamento al hospital, en mayo pasado. De pronto tuvo sarpullido que primero confundieron con varicela, pero era dermatitis. Cuando Miguel Ángel regresó al campamento, estuvo aislado una semana.
En ese entonces declaró a Proceso (edición 1752): "¿Hasta cuándo saldré de aquí? Hasta que pierda la conciencia". Lo está cumpliendo.
Su hermana llega a verlo y se le nublan los ojos. Sus compañeros de Necaxa que fueron a las asambleas del lunes y el miércoles en el SME también lo visitaron y les ganó la emoción. Por eso aclara: "Yo les dije que no lloren, que luchen. Sus lágrimas no me sirven de nada".
A la familia, de plano le advirtió que no lo fueran a ver si no se podían "aguantar el sentimiento". Tiene otra hermana que no lo ha ido a visitar. A ella le mandó decir: "En la casa próximamente habrá un velorio, vas, ¿no? Estamos jodidos, pero café y pan sí habrá".
Ahora sostiene que sólo dejará la huelga para ir a trabajar a Necaxa. Quiere que le devuelvan su empleo, mediante la CFE o con la misma LFC cuando "echen abajo el proceso de liquidación, que es ilegal", aunque reconoce que es difícil conseguir esto.
Para el doctor Alfredo Verdiguel, médico del campamento, la situación de los huelguistas "ya es bien peligrosa", pero ellos no se quieren dar por vencidos. La única forma de sacarlos sin su aprobación es cuando pierdan "el estado de alerta", como señala el Tratado de Malta.
Los huelguistas de hambre podrían quedar inconscientes por un paro cardiorrespiratorio, un shock hipoglucémico, inanición o causas similares, lo que puede ocurrir en cualquier momento, según el médico.
El viernes 16 se tenía programada una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero hasta el cierre de esta edición permanecía en suspenso por la remoción de Fernando Gómez Mont, el miércoles 14. Esa noche surgió el rumor de que la Policía Federal intentaría desalojar a los huelguistas, pero esto no sucedió.
Para el propio viernes se programó una asamblea con organizaciones de izquierda para formular un plan de acción conjunto en defensa de los derechos de los trabajadores. Y el domingo 18 se pretende realizar un ayuno de 12 horas en el Ángel de la Independencia. La idea es llenar de gente la avenida Reforma, desde la glorieta de la palma hasta la Diana Cazadora. A los participantes les piden llevar tres litros de agua, sillas y caramelos macizos.
En ese acto se formará un "tribunal ciudadano" para realizar sendos juicios políticos contra Javier Lozano y Felipe Calderón por su actuación en el conflicto laboral.
Por lo pronto, en la carpa donde está Cayetano hay un mensaje dirigido a quienes participaron en la huelga de hambre: "Compañero exhuelguista, recoge aquí tu reconocimiento al mérito sindical Ernesto Velasco de fecha 11 de junio del 2010".
Hay pruebas suficientes para procesar a Díaz Solórzano: Prodh
Detienen a ex diputado priista, presunto homicida de su esposa
Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gtz. Chis. 19 jul 10 (CIMAC).- A tres meses de estar prófugo por el presunto asesinato de su esposa, Tatiana Trujillo Rodríguez, este fin de semana fue detenido en la ciudad de México el ex diputado federal priísta, Élmar Darinel Díaz Solórzano.
Elementos de la policía especializada de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, en coordinación con personal de la Procuraduría del Distrito Federal, detuvieron a Díaz Solórzano, quien ya contaba con antecedentes de violencia hacia su compañera, desde hace 6 años.
El 19 de abril de este año, Tatiana Trujillo Rodríguez, de 30 años de edad, y madre de una hija del ex diputado, fue ultimada de un balazo después de haber recibido una golpiza
Desde entonces, Díaz Solórzano, presunto responsable se mantuvo prófugo y en ese lapso mandó a un mediador de su partido, el PRI y luego a su padre, para persuadir a la familia de Tatiana para que dejaran que el caso fuera resuelto por las autoridades.
Ante la dilación de la justicia y los falsos rumores creados por gente allegada al ex diputado, que querían hacer de este feminicidio, un robo a mano armada, secuestro y hasta un suicidio, los padres de Tatiana, Baldemar Trujillo y María Rodríguez acudieron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para tener justicia en el caso de su hija (Cimacnoticias 5 jul 10).
La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Priscila Ruiz Guillén informó que de acuerdo con la averiguación previa No. 117/se218-T1/2010 existen pruebas suficientes para procesar a Díaz Solórzano, quien ni siquiera tiene una orden de aprehensión.
La abogada dijo que es necesario investigar también sobre la responsabilidad, ante la negligencia de Ministerios Públicos y demás funcionarios tanto de la Fiscalía de Distrito Selva, como de la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio, debido a que han actuado en este caso de feminicidio con encubrimiento, dilación y negligencia.
Díaz Solorzano ya fue trasladado a la capital chiapaneca bajo cargos por el presunto delito de homicidio calificado en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Homicidios de la Procuraduría chiapaneca
ATENCO VIVE LA LUCHA SIGUE !
Reciben a la activista con gran fiesta en San Salvador Atenco
La educación, nueva trinchera de América del Valle
Por Anayeli García Martínez
México, DF. 19 jul 10 (CIMAC).- "Tengo muchas ganas de vivir, de trabajar. Tengo un enjambre de ideas, de iniciativas, de ganas de construir, inventar y reinventar. Tengo un compromiso moral para seguir en esta lucha", dice América del Valle, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), al regresar a su casa en San Salvador Atenco.
Convencida de sus palabras, la joven de 29 años de edad, conversó con Cimacnoticias sobre la experiencia de vivir en el exilio por más de cuatro años, y recordó que luego de los "operativos" del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco, y San Salvador Atenco, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la acusó de secuestro equiparado, delito por el cual tuvo cinco órdenes de aprehensión.
Al ser perseguida por las autoridades mexiquenses, se vio obligada a abandonar su casa y aunque en septiembre de 2007 tres órdenes de aprehensión quedaron sin efecto -después de que su defensa legal interpuso un juicio de amparo- siguió escondida porque aún tenía dos órdenes pendientes.
Para América, hija de Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez, también integrantes del FPDT- esos cuatro años fueron difíciles "pero siempre se antepuso la resistencia, la firmeza, la decisión de llegar de pie a este día", dice la activista que el sábado 17 de julio salió de la embajada de Venezuela, donde permanecía desde el 23 de junio, cuando acudió a pedir asilo político.
A una semana de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitiera una resolución acerca de los seis amparos que interpusieron los 12 presos políticos de Atenco, entre ellos el padre de América, ella se refugió en la embajada venezolana, porque no confiaba en que el máximo tribunal del país hiciera justicia, por el contrario, "esperaba una decisión de Estado", afirma.
Entonces, advirtió que los ministros dejarían libres a los presos del Molino de Flores, reducirán las condenas de otros, pero que dejarían en la cárcel a quienes estaba en el penal de máxima seguridad del Altiplano. "Llegó un momento en el que dije mi decisión es firme para seguir resistiendo, pero necesito buscar otra salida, resistir desde otro lado y desde otra condición", fue así que decidió pedir asilo político en la embajada venezolana.
Hoy se alegra de haberse equivocado, está feliz de que el 30 de junio la SCJN concluyera que no se demostró el delito de secuestro equiparado, y que por tanto quedaría en libertad su padre, Ignacio del Valle, así como 11 activistas más del Frente que permanecieron en la cárcel por más de cuatro años.
"Lapso durante el cual mi corazón y mi conciencia estuvieron donde están las luchas", mencionó América, quien tiene nuevas metas personales y en favor de su pueblo, entre ellas terminar su tesis y titularse, pero además desea continuar con el impulso a la educación en San Salvador Atenco, un trabajo que inició desde antes de 2006.
Su familia, amigos y compañeros organizaron ayer una gran fiesta en Atenco para darle la bienvenida, sin embargo, reconoce que esta celebración lejos de dar fin a la lucha, es motivo para seguir trabajando, ahora desde otra trinchera: la educación.
"Estoy convencida de que la educación es un arma para que el pueblo salga adelante", por eso, junto con otros compañeros que compartimos este ideal, continuarán organizando talleres que lleven los conocimientos de la universidad, a la gente que de verdad los necesita.
Finalmente declaró que su libertad, al igual que la de otras mujeres y hombres, es el resultado de una lucha tenaz que el pueblo dio, "fue el pueblo de México y de otras partes del mundo quien nos devolvió a nuestro nido", dijo la activista quién también agradeció a todos los que apoyan la causa de Atenco y de otros movimientos legítimos, que construyen los derechos de la sociedad.
Piden huelguistas de hambre del SME audiencia en Los Pinos
Calderón, "el único responsable de lo que le pase a mi vida": Cayetano Cabrera
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF.
19 jul 10 (CIMAC).- Las tres mujeres y 10 hombres electricistas en huelga de hambre escalonada, desde hace 86 días, solicitaron hoy una audiencia pública con Felipe Calderón Hinojosa, en la residencia oficial de Los Pinos, ya que el mandatario "es el único que puede resolver el conflicto" laboral que enfrentan.
Así lo manifestó en conferencia de prensa, Cayetano Cabrera Esteva, trabajador de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quien a casi tres meses de mantenerse en ayuno, reiteró que pese a sentirse "muy mal de salud" continuará con esta acción de protesta hasta que Calderón Hinojosa "nos devuelva nuestro empleo a los 44 mil trabajadores", de los que el 10 por ciento son mujeres.
A la audiencia pública que pidió el electricista, deberán asistir también Martín Esparza Flores, dirigente del movimiento en resistencia desde hace más de nueve meses, y el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el campamento, ubicado en el Zócalo capitalino, en silla de ruedas y conectado a un tanque de oxigeno, Cabrera Esteva advirtió que: "si el presidente no atiende esta petición pública para resolver el conflicto de manera política, él será el único responsable de lo que le pase a mi vida y a la de mis compañeros en esta huelga de hambre".
El estado de salud de las y los trabajadores en ayuno cada vez es más crítico, prueba de ello es que hoy el electricista Miguel Ángel Ibarra se desmayó, durante la conferencia de prensa.
GRAVE SALUD DE HUELGUISTAS
Alfredo Verdiguel Rodríguez, médico del SME a cargo de la atención de las personas en ayuno, dijo que Ibarra sufrió un síncope cardiaco, síntoma previo a un infarto, minutos después recuperó la conciencia y decidió quedarse en el campamento, "hasta las últimas consecuencias", informó el doctor.
Miguel Ángel Ibarra, de 41 años de edad, lleva 82 días en huelga de hambre, su madre, su esposa, sus hijas e hijos, e incluso sus sobrinos, vinieron de Necaxa, Puebla, de donde es originario, para estar con él de tiempo completo, desde el fin de semana pasado.
Al respecto, Esparza Flores manifestó que el SME respeta la decisión de las y los huelguistas de mantenerse en esta acción de protesta, y reiteró que "el único culpable es Calderón, él los dejó en la calle".
El sindicalista recordó que la circunstancia es resultado del decreto presidencial, que emitió Felipe Calderón, el pasado 11 de octubre, con el que quedaron sin empleo cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres agremiados al sindicato, por lo que ahora es responsabilidad del mandatario dar solución política al conflicto laboral.
SME SE REÚNE DE NUEVO EN SG
Además del llamado a la Presidencia de la república, el sindicalista señaló que si a la Secretaría de Gobernación (SG) le preocupa la salud de las y los huelguistas, "hoy que tenemos la reunión a las 5 de la tarde en la SG, que nos preparen el convenio para firmarlo de inmediato con el patrón sustituto, que es la Comisión Federal de Electricista, y regresemos con nuestro contrato colectivo de trabajo y el respeto al SME".
Ello, luego de que Esparza Flores informó que esta mañana recibió un comunicado de la SG en la que la dependencia lo exhorta a convencer a las y los huelguistas para que levanten el ayuno y reciban atención por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En respuesta a la petición de Gobernación, el líder electricista reiteró que la propuesta del SME la entregaron el pasado 28 de marzo, al ex secretario de la SG, Fernando Gómez Mont, por lo que "ya debe haber una respuesta, si no hay respuesta el día de hoy, vamos a estar pendientes de modo permanente en Los Pinos, hasta que abran las puertas de Presidencia, para resolver el conflicto".
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan",
Porque la gente indígena se sujeta de derechos humanos
A 16 años de llevar la "frente en alto y la mirada en la cima"
México, DF 19 jul 10 (CIMAC).- A pesar de las limitaciones, hostigamiento y amenazas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", cumple este mes, 16 años de trabajo, a favor de los pueblos indígenas de Guerrero. Con el objetivo de lograr que se reconozca a la gente indígena como sujetos de derechos humanos, en 1994 surgió este organismo de la sociedad civil en Tlapa de Comonfort, Guerrero, pionero en documentar las violaciones sexuales contra mujeres.
En sus inicios, Tlachinollan estaba conformado por tres abogados, un lingüista y un antropólogo. Hoy son más de 27 personas que tienen el compromiso de buscar justicia y respeto para las comunidades nahuas, mixtecas, tlapanecas y amuzgas, de la Montaña y Costa Chica de esa entidad.
Abel Barrera Hernández, director del Centro dice que a pesar de los obstáculos han logrado sobrevivir gracias al apoyo, impulso y presencia de las víctimas, pero además por la legitimidad que su trabajo tiene entre la población guerrerense. Considera que su fuerza "es la fuerza de la gente" porque al igual que los indígenas y campesinos de la Montaña: "caminamos con riesgos y miedos, pero sin doblegarnos; con la frente en alto y la mirada en la cima". Debido a su trabajo como defensores de derechos humanos, los integrantes de Tlachinollan tuvieron que acostumbrarse a ser vigilados, recibir amenazas y agresiones físicas, incluso algunos activistas han sido asesinados. Al año llegan a presentarse de dos a tres casos de hostigamiento.
Sólo en 2009, registraron al menos 15 eventos de este tipo, además de la tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos colaboradores cercanos. El 19 de abril de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) otorgó medidas provisionales para 107 defensores por considerar que su integridad física estaba en grave riesgo, pues un año antes fue asesinado Lorenzo Fernández Ortega, hermano de una mujer víctima de violación sexual por parte de elementos del ejército.
Para Barrera Hernández, estos hechos demuestran que en el estado no hay garantías para realizar un trabajo en defensa de las comunidades, por el contrario las autoridades criminalizan su labor, "la denigran con el argumento de que lucramos con la sociedad", señala. Desde hace 16 años, Tlachinollan ha visto iniciar y finalizar varias administraciones estatales y municipales, que lejos de respetar su trabajo, se dedicaron a dar sistemáticos golpeteos para verlos fracasar.
APRENDIZAJES Y RETOS
Durante su larga trayectoria, el Centro ha defendido casos relacionados con el derecho a la salud, vivienda, trabajo, educación y acceso a la justicia. Muchos de ellos han sido llevados por Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del Área Jurídica. El abogado lleva las demandas contra la construcción de la Presa Hidroeléctica la Parota, el cacicazgo en perjuicio de varios campesinos ecologistas y le encarcelación del activista Raúl Hernández Abundio, quien lleva dos años en prisión por delitos que no cometió. En su larga trayectoria Tlachinollan logró llevar a la justicia internacional cuatro casos de tortura contra indígenas, dos de ellos de tortura sexual, el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Ambos casos permanecen en la CoIDH en espera de una sentencia. Sin embargo, Rosales Sierra destaca que hasta el momento tienen documentados otros ocho casos de violaciones sexuales contra mujeres. De ellas cuatro decidieron no denunciar para no enfrentarse a la comunidad y a sus familias; las que sí lo hicieron no encontraron justicia. Esta impunidad -dice Abel Barrera- nos ha enseñado que la justicia es onerosa y cara, y que para las personas indígenas parece ser un bien inalcanzable porque además es corrupta, insuficiente y racista. Precisó que aunque las mujeres son un factor trascendente para transformar las viejas estructuras, por generaciones han sido acalladas, de ahí la importancia de que se garantice justicia para ellas, quienes también son parte de la reconciliación de los pueblos.
REFERENTE EN LA LUCHA
Junto con organizaciones locales, nacionales e internacionales Tlachinollan también busca crear un espacio civil para acompañar a su pueblo, así lo señala Cristina Hardaga Fernández., coordinadora del Área Internacional. Entre sus alianzas se encuentran la Organización de Pueblos Indígenas Tlapanecos, la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, The Washington Office on Latin America, entre otras.
Teresa de la Cruz, coordinadora del Área de Comunicación menciona que otras características de la Montaña de Guerrero son la migración, la violencia, la militarización, la marginación por vivienda, los conflictos agrarios y el rezago educativo. Por tal razón surgió la preocupación de incidir en esa región del país, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población es catalogada como de alta marginación y extrema pobreza.
Hasta el momento, el director de Tlachinollan dice que aún mantienen la esperanza de lo que llama una "utopía de justicia". A finales de este año la CoIDH dictará dos sentencias contra el Estado mexicano, las cuales podrían ser una esperanza para las víctimas y para todo el pueblo.
Católicos racistas...
Para la iglesia Católica, según norma reciente
Habilitar a una mujer para celebrar misa, de los delitos más graves
México, D.F., 19 jul 10 (CIMAC).- Desde el jueves pasado, entró en vigor la disposición de la Iglesia católica que incluye entre los delitos más "graves", que deben ser tratados por la Congregación de la Doctrina de la Fe, el hecho de que una persona busque habilitar a una mujer para celebrar misa, y otras tareas pastorales, un acto que ya era sancionado
con la excomunión automática. En un comunicado de El Vaticano, se precisa que con el objetivo de dar plena claridad a la actual normativa católica, se renovó el texto jurídico oficial de la Iglesia católica, "Normas sobre los delitos más graves" ((Normae de gravioribus delictis), en donde se vuelve a condenar a las mujeres que deseen participar en actividades consideradas propias de los sacerdotes.
El artículo 5 de este documento, expresa que la Congregación para la Doctrina de la Fe –que es el supremo tribunal apostólico encargado de juzgar los delitos en que incurran los miembros de la Iglesia latina, así como de las Iglesias orientales católicas- conocerá el delito de la "atentada ordenación sagrada de una mujer". Lo anterior, con base en el Código de Derecho Canónico, el cual incluye los delitos de usurpación de funciones eclesiásticas y los delitos en el ejercicio de las mismas.
El canon 1378 del Código de Derecho Canónico señala que "cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado, incurre en la excomunión". Además menciona que si el que atentara infringir en esta falta contra el orden sagrado de una mujer, o la mujer que atentara recibir el orden sagrado fuera un fiel cristiano, sujeto al Código de Cánones de las Iglesias orientales, sin perjuicio de lo que se prescribe en el canon 1443 de dicho Código, sería castigado con la excomunión mayor. El canon 1443 explica que la "Rota Romana" es el tribunal ordinario constituido por el Romano Pontífice para recibir apelaciones.
Por otra parte si el acusado es un clérigo, puede ser castigado con la dimisión (renuncia) o la deposición (expulsión). Otro de los cambios significativos es que en casos de abuso sexual, ahora se equipara a los menores de edad "con las personas con uso de razón limitado". Además se introdujo una nueva cuestión: la pedo-pornografía, que se define así: "la adquisición, posesión o divulgación" por parte de un miembro del clero "en cualquier modo y con cualquier medio, de imágenes pornográficas que tengan como objeto menores de 14 años". Las nuevas reglas actualizan y elevan a la categoría de ley el texto "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", un "motu proprio" (decreto) de Juan Pablo II de abril de 2001, que incluye como un delito grave contra la fe el intento de ordenar a mujeres.
Por otra parte, una nota del vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi, precisó que la publicación de estas normas supone "una gran contribución a la claridad y a la certeza del derecho", en un campo en el que la Iglesia está muy decidida a actuar con rigor y con transparencia, para responder las expectativas de tutela de la coherencia moral y de la santidad evangélica que los fieles y la opinión pública nutren hacia ella.
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