PORTADAS:Hay nueve pesquisas contra Odebrecht y OHL, confirma SFP/Gastan millones y crece ordeña/Buscan México y EU no mezclar TLCAN con 2018/La "nueva generación" del PRI rompe su código de ética/Estados reprobados, sin fiscal ni magistrados: así arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción/En el INE no somos indolentes a las críticas: Lorenzo Córdova/Diputado del Partido Verde operó lavado de Duarte/En México, periodistas y defensores enfrentan entorno hostil: relatores de ONU/TLCAN: controversias prohibidas/Complicado tratado entre México y UE, si no se combate corrupción y esclarecen asesinatos a periodistas: parlamentarios europeos/La PGR de Peña no resuelve casos "complicados", como el de Duarte, revelan datos de la ASF y el Cidac/
REFORMA
Gastan millones y crece ordeña
Pemex gasta millones de pesos en estrategias contra la ordeña, pero este delito continúa en ascenso.En los últimos siete años, la empresa destinó 411 millones de pesos anuales para un software que detecta daños en ductos, sin embargo acumula pérdidas anuales por 20 mil millones de pesos debido al robo de combustible.El sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) permite a Pemex detectar caídas de presión en su red nacional de ductos.Datos públicos de la Gerencia de Medición, Calidad y Balances de la empresa, a cargo de Rodrigo García Mendívil, revelan que para la operación de este equipo se destinaron 2 mil 879 millones de pesos entre 2010 y 2017.El número de tomas clandestinas en ductos de la empresa se incrementaron en 894% al pasar de 691 en 2010 a 6 mil 873 tomas en 2016.La Auditoría Superior de la Federación criticó los supuestos beneficios del sistema SCADA.Según la ASF, la Gerencia de Medición, Calidad y Balances de Pemex sostuvo que el SCADA no identifica ni disminuye las tomas clandestinas.
EL UNIVERSAL
Buscan México y EU no mezclar TLCAN con 2018
EXPANSIÓN CNN
Cantos y porras enmarcaron en 2010 los actos masivos en los que Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte asumieron las candidaturas del PRI a las gubernaturas de sus respectivos estados: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Meses después, luego de ganar sus elecciones en julio de ese año, el mismo ambiente reinó en sus tomas de protesta, en las que prometieron mejorar la calidad de vida de sus gobernados.Pero esa no fue su única promesa. Como candidatos y posteriormente como funcionarios que representaban al tricolor, los tres se comprometieron a respetar un Código de Ética Partidaria que los obligaba a actuar de forma honesta, y que después rompieron por medio de diversas irregularidades presuntamente cometidas en sus administraciones.El artículo 9 del ordenamiento partidario señala que los militantes del PRI deben comportarse con "alto sentido de dedicación a los intereses del pueblo". Sin embargo, según las denuncias formales que pesan en su contra, estos exmandatarios —a quienes el presidente Enrique Peña Nieto se refirió en 2012 como ejemplo de una "nueva generación" en el priismo— violaron esta regla al aprovechar sus cargos públicos en beneficio personal.La caída de Javier Duarte.Cuando se convirtió en candidato al gobierno de Veracruz, el 17 de abril de 2010, Javier Duarte respondió "¡Sí, protesto!" cuando la entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, le preguntó si actuaría "con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia" como abanderado tricolor.Luego compitió con el lema "En mí sí puedes confiar" y ganó los comicios, aunque prácticamente desde que asumió el poder su administración fue objeto de cuestionamientos en materias como seguridad, desarrollo económico, libertad de prensa y respeto a los derechos humanos, otro aspecto que el código de ética del PRI obliga a sus militantes a cuidar.Javier Duarte, el caso que pone a prueba a la justicia mexicana."Los dirigentes y servidores públicos de origen priista tendrán la obligación en todo momento de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo a las personas su protección más amplia", dice el artículo 18 de la normatividad.A siete años de que Duarte inició su gobierno —en el que fueron asesinados al menos 19 periodistas y se registraron más homicidios, secuestros y desapariciones forzadas—, él se encuentra en prisión preventiva en México, donde espera el inicio de procesos penales en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (a nivel federal), y de abuso de autoridad, peculado, incumpliemiento del deber legal, tráfico de influencias y coalición (correspondientes al nivel local).En ese marco, además, el 25 de octubre pasado fue expulsado de las filas del Revolucionario Institucional.
ANIMAL POLÍTICO
Estados reprobados, sin fiscal ni magistrados: así arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción
Chihuahua y Veracruz son los únicos estados que no tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción; además, Chihuahua es la única entidad que permanece sin una reforma constitucional.El Sistema Nacional Anticorrupción arrancó sin pies ni cabeza. El plazo para que los estados reformaran sus Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción se cumplió el pasado 18 de julio; sin embargo, dos entidades no cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron pero con deficiencias. Además, falta el nombramiento de un fiscal nacional y de los magistrados.En ese contexto, este 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones, luego de que las entidades y los legisladores federales no cumplieron con los plazos, a pesar de que tuvieron más de un año para hacer las modificaciones correspondientes.A continuación, Animal Político te presenta las fallas con las que arranca el Sistema Nacional Anticorrupción.Los retrasos en Chihuahua y Veracruz.Chihuahua y Veracruz son los dos únicos estados en los que ni siquiera tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción, de acuerdo con el #SemáforoAnticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Además, ocho entidades diseñaron una ley del sistema local anticorrupción regular, indica el reporte, que coloca a Baja California, Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas en esta categoría.En el caso de Tlaxcala, el informe de las organizaciones establece que cuenta con una iniciativa de ley satisfactoria y saben que el Congreso del estado ya sesionó, pero aún no hay información oficial sobre la aprobación.Mientras que en Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio; sin embargo, no se ha revisado el dictamen.En este panorama, el IMCO, la Coparmex y Transparencia Mexicana indican que 29 entidades ya cuentan con una ley del sistema local anticorrupción, de las cuales 21 son satisfactorias.En este contexto, la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, dijo que "debe ser prioridad para los congresos locales finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, con el propósito de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país".
Tras un año de retraso, gobierno federal crea unidad clave para evaluar riesgo de detenidos
Animal Político dio a conocer el 10 de julio pasado que el sistema penal acusatorio en el ámbito federal operaba sin la unidad clave, y que la responsable de no ponerla en marcha era la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).Con más de un año de retraso el Gobierno Federal anunció la creación de la Unidad de Medidas Cautelares, un área clave dentro del sistema penal acusatorio, pues es la responsable de evaluar la peligrosidad de los detenidos y elaborar un dictamen en el que se establezca si deben estar en prisión, o si se les debe someter a otra medida de vigilancia como brazaletes electrónicos, arraigos, etcétera.Animal Político reportó el pasado 10 de julio que el sistema penal acusatorio – que entró en funcionamiento en junio de 2016 – estaba operando en el fuero federal sin esta unidad, y que la dependencia responsable de no haberla puesto en marcha era la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que encabeza el comisionado Renato Sales.En una tarjeta informativa entregada a este medio, la CNS justificó el retraso por un tema de recortes presupuestales, pero sostuvo que el comisionado nacional ya había instruido al jefe de la Policía Federal para que se apresuraran los trabajos.Este miércoles, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el "Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso", firmado por el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto."Se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso como una Unidad de Apoyo del Comisionado General, cuyo objeto será proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en términos del artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales", señala el documento.
PROCESO
En el INE no somos indolentes a las críticas: Lorenzo Córdova
Luego de que la organización civil Ahora exigió la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que han entregado la institución al gobierno de Enrique Peña Nieto, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que no es indolente a las críticas y observaciones de personajes políticos, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas.Sin embargo, agregó, en estos momentos está centrado en el proceso electoral del próximo año, y destacó que el trabajo de los consejeros del INE es vigilado como nunca antes en la historia."No es que seamos indolentes y refactarios –hablo por mí y creo que también puedo hablar por mis compañeros– a la crítica y a las observaciones, al contrario, es importantísimo que tengamos esta lógica de aprendizaje institucional", señaló en entrevista con Radio Fórmula.Añadió: "Yo soy un académico que hoy está aquí, que tiene una función de Estado, y más adelante volveré a la academia. Hoy me toca aquí dar un rol".Sobre la renuncia solicitada por la iniciativa Ahora, a la que sumó Cuauhtémoc Cárdenas, Córdova dijo que platicará con él porque le tiene gran respeto y aprecio."Voy por supuesto a platicar. La opinión del ingeniero es una opinión central. Es una persona respetable y respetada con la que, si hay alguna diferencia, me importa claramente aclararla".De igual manera, informó que hoy se aprobarán los lineamientos de cancha pareja, es decir, "lineamientos que establecen cómo deben comportarse los aspirantes a un cargo de elección popular desde que arranca el proceso electoral, el próximo 8 de septiembre. Estamos nosotros ya organizando la elección y eso es en lo que nos vamos a centrar", apuntó.
La SFP tiene nueve investigaciones sobre OHL y Odebrecht y una contra "El Rey de los Dragones"
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas al menos nueve investigaciones sobre las empresas OHL y Odebrecht por su presunta relación con distintas entidades del gobierno federal, así como otra contra Luis Carlos Castillo Cervantes, el llamado Rey de los Dragones y su vinculación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).La dependencia respondió así en una solicitud de información a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de acuerdo con información del portal de información Capital México.De la respuesta se deriva que, en relación con la constructora OHL, la dependencia tiene ocho expedientes de investigación en proceso:Uno radicado en la Unidad de Responsabilidades en Pemex; dos en el Órgano Interno de Control en la SCT; cuatro en el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y uno más en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria.Respecto al proceso de la SFP contra Odebrecht, existe un expediente en proceso en la Unidad de Responsabilidades en Pemex.La dependencia dirigida por Arely Gómez informó también que tiene otra averiguación vigente contra Luis Carlos Castillo Cervantes, El Rey de los Dragones, radicada en el Órgano Interno del Control en la secretaría que aún dirige Gerardo Ruiz Esparza.El sujeto quedó en libertad tras declararse culpable en una Corte de Texas por "lavar" dinero producto de fraudes bancarios.Su caso se replicó en los medios debido a los sobornos que presuntamente entregó a exgobernadores como Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, y Humberto Moreira Valdés, de Coahuila.El Rey de los Dragones fue liberado tras llegar a un acuerdo con las autoridades a las que les cedió un avión, cinco millones de dólares, automóviles, motocicletas, centenarios y diamantes.Sus vínculos con el presidente Enrique Peña Nieto salieron a relucir durante su juicio, llegó a ese acuerdo luego de declararse culpable de lavado de dinero.
ARISTEGUI NOTICIAS
Diputado del Partido Verde operó lavado de Duarte
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Spinoso Carrera, operó los 38.5 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) identificó como posible lavado de dinero desde la Secretaría de Educación del estado del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.Edgar Spinoso Carrera fue el oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz hasta el año 2014 y se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló los contratos concedidos por la dependencia -unos 325 millones de pesos- a empresas fantasma que fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).La Procuraduría General de la República (PGR) buscará el próximo sábado demostrar la conexión que existe entre Duarte de Ochoa con su socio y operador financiero Moisés Mansur Cysneiros y la empresa Consorcio Brades.En la audiencia de control del lunes 17, los fiscales de la PGR sólo pudieron acreditar la relación de al menos 38.5 millones de pesos, que Duarte habría utilizado mediante sus prestanombres.Para acreditar esa cifra, la PGR considera que el 23 de diciembre del año 2012, Duarte de Ochoa como titular del gobierno del estado de Veracruz, tuvo conocimiento de una operación realizada a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).El Oficial Mayor de la SEV, Spinoso Carrera, autorizó la transferencia financiera aquel domingo 23 de diciembre desde las cuentas de esa dependencia, según consta en documentos internos.En ella, la empresa Solaria Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable recibió en su cuenta de Banco Multiva 132180000039623262 una transferencia de 38.5 millones de pesos, desde la cuenta 014840655042417786 de Banco Santander. La cuenta aparece a nombre de GVER Secretaría de Educación de Veracruz.
Piden que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.Expertos de las Naciones Unidas exhortaron al gobierno de México a llevar a cabo una investigación "transparente, independiente e imparcial" tras las denuncias de espionaje contra defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas."El llamado de los expertos se produce a un mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado 'Pegasus' para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016", apuntó la ONU en una nota de prensa."Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México", afirmaron los expertos."Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia", recalcaron los expertos de la ONU."La posible implicación en la compra y el uso de 'Pegasus'de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación", indicaron. "En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador".Asimismo, los expertos hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas."Urgimos al Gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo", señalaron. "Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado".Para los expertos de la ONU, "la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México".
Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron este 19 de julio en Ginebra que, en México, los defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas enfrentan un entorno hostil y de desprotección.Al exhortar al gobierno de Enrique Peña Nieto a investigar el espionaje gubernamental, Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad, advirtieron que este tipo de vigilancia vulnera seriamente los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y la libertad de asociación.Por ello, indicaron que la indagatoria sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas debe ser "transparente, independiente e imparcial".De acuerdo con un comunicado emitido por la ONU, este exhorto se da "a 1 mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado 'Pegasus' para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016".La ONU recuerda que dicha intervención ilegal "habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad".Agrega que "también se habría visto afectado el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa".Para los relatores, "dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia".
REPORTE ÍNDIGO
El mecanismo de resolución de controversias podría convertirse en la mayor disputa entre México y Estados Unidos en la renegociación del acuerdo comercial, abriendo la puerta a que la administración de Donald Trump presente su faceta más agresiva y proteccionista
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Parlamentarios europeos advirtieron que el tratado comercial entre México y la Unión Europea resultará complicado. Esto, si México no demuestra que combate a la corrupción, si no esclarece la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y si no castiga los asesinatos de periodistas.Los legisladores del viejo continente declararon, durante una reunión privada realizada anoche en el Senado, que, así como el tratado exige a Europa el combate a la impunidad, México está obligado a cumplir también."Europa se compromete por este tratado a defender el Estado de derecho, pero se le va a exigir a México lo mismo; se compromete a perseguir la impunidad, pero se le va a exigir a México lo mismo" – afirmó Esteban González, diputado español."No nos unimos solo en lo económico, sino que nos unimos también en la defensa del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad y vamos a exigirle a México, tanto como nos vamos a exigir a nosotros".El vicepresidente de la delegación del grupo del Partido Popular del Parlamento Europeo indicó que algo que también dificulta la situación son las imágenes y noticias que llegan a Europa sobre la crisis de violencia en México."Las noticias que llegan a Europa de México no son buenas y no puedo engañarles. Cuando en Europa se habla de la muerte de periodistas o de la desaparición de estudiantes, la imagen de México se ve gravemente perjudicada" – afirmó."Necesitamos que se aclare el asunto de los estudiantes desaparecidos, necesitamos respuestas para la muerte de los periodistas".Por su parte, la diputada Sandra Kalniete, vicepresidenta de la delegación, aseguró que, desde hace medio año, se propuso ante el Parlamento una propuesta que abordaría el tema de los asesinatos de periodistas en México.Según Kalniete, el debate fue pospuesto debido a la decisión de que una delegación de parlamentarios visitara el País.Ahora, en el marco de la renegociación del tratado con la Unión Europea, reafirmó la necesidad de que México informe los avances que ha tenido el caso Ayotzinapa y las agresiones contra comunicadores.
SINEMBARGO
La PGR de Peña no resuelve casos "complicados", como el de Duarte, revelan datos de la ASF y el Cidac
La PGR tiene a su cargo uno de los casos más importantes en años: la investigación en contra del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien le adjudica el lavado de más de 438 millones de pesos. Desde la detención y ahora con la llegada del ex mandatario al país, la dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade ha tenido tropiezos que han llevado a la oposición y a analistas a hablar sobre su incapacidad para sostener las acusaciones y llevar a prisión a Duarte de Ochoa, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Si a ello se suma el número de casos que la PGR llega a judicializar, el futuro del Gobernador de Veracruz no pinta tan oscuro. Diversos análisis recientes dan muestra de ello: el Centro de Investigación para el Desarrollo expuso que entre 2016 y 2014, delitos como los que infringen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tuvieron un índice de "judicialización" de cero. Mientras que la ASF en su adelanto de revisión del año pasado señaló que "la persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad, ya que de las dos mil 26 averiguaciones en materia de delitos financieros que el Ministerio Público de la Federación recibió durante 2016, despachó el 21.9 por ciento (444), de las que el 22.1 por ciento (98) fue consignado ante la autoridad judicial y, de éstas, el 3.1 por ciento (tres) obtuvo una sentencia judicial". La posibilidad de que alguna investigación "sofisticada" en manos del Gobierno de Enrique Peña Nieto avance hasta los tribunales y obtenga sentencia condenatoria es casi nula. Tratándose de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los que se atribuyen al ex Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, menos.Al respecto, datos tanto del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que la Procuraduría General de la República (PGR), que de por sí judicializa casi exclusivamente cuando tiene a alguna persona detenida, es particularmente inútil cuando se trata de avanzar en investigaciones "complejas".
El abogado del activista ambiental John Moreno, preso desde hace dos meses en Baja California Sur, por oponerse a un proyecto inmobiliario de la empresa Mira, ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, exigió al Gobernador de esa entidad que retire el uso de la maquinaria del Estado "para proteger a sus amigos de la empresa"."El uso de la fuerza del Estado para contener la protesta social en defensa del medio ambiente convierte al Estado en terrorista. Es lo peor que puede hacer una entidad que se denomina democrática y es lo que estamos padeciendo en Baja California", expuso Arturo Rubio Ruiz.El abogado y defensor de los derechos humanos John Joseph Moreno Rutowski se encuentra encarcelado desde hace dos meses sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno. El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.John Moreno fungía como abogado de un grupo de pescadores de esa comunidad del Pacífico mexicano que se opone al proyecto minero "Los Cardones" y a la edificación de "Tres Santos", una villa de lujo de 435 hectáreas, que acusan está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil destacaron que el proyecto es ejecutado por Black Creek Group, una compañía que pertenece Mira, ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México.El 12 de julio pasado, el nombre de Gerard Rivero también destacó en la prensa por el hallazgo de un megayacimiento petrolero en el Golfo de México. Éste fue realizado por el consorcio de Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil. Sierra Oil and Gas es una compañía mexicana que ha sido una de las más favorecidas por las diferentes rondas y contratos de la Reforma Energética.Fue fundada en 2014 con capital de la empresa Infraestructura Institucional, fundada ésta a su vez por Jerónimo Gerard, cuñado de Salinas de Gortari y también del actual director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González.
LA JORNADA
También se investiga a empresas creadas por Carlos Castillo
El contenido de los expedientes está bajo reserva para no afectar diligencias
Responde en un documento a punto de acuerdo de la Comisión Permanente
Todos los casos se encuentran en trámite en diferentes dependencias, reporta
Roberto Garduño y Víctor Ballinas
Fotoportada
Desmantelar el Obamacare, exige Trump a senadores republicanos
El presidente Donald Trump, durante la mesa redonda Made in America, celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca Foto Ap
Intenta resucitar el tema 24 horas después del fracaso de su contrarreforma
Insta a suspender receso de agosto hasta la aprobación de un plan seguro de salud
"Tenemos que quedarnos aquí hasta que el proyecto de ley esté en mi escritorio"
Hay optimismo de lograr consenso, aunque persisten las trabas presupuestarias
Su proyecto dejaría sin protección a entre 22 y 32 millones de estadunidenses
El voto fraudulento cancela el sufragio legal, sostiene ante comisión
Divulgan más detalles del octavo participante en cita de su hijo con abogada rusa
Sorprenden a viajeros medidas de seguridad en vuelos a EU
Serán revisados todos los dispositivos más grandes que un teléfono celular
La CNDH pide a Yunes apoyar en indagatoria de Tierra Blanca
Policías y miembros del cártel Jalisco mataron a cuatro jóvenes y una menor
Rayuela : En vivo y a todo color, Trump y su alicate muestran el talante de un gobierno errático y arbitrario.
El músico Gustavo Dudamel pide suspender la convocatoria
Rechaza Caracas la cobarde y vil
amenaza de EU
El presidente Nicolás Maduro llama a la unidad para proteger la soberanía
El Consejo de Defensa se declara en sesión permanente hasta el domingo
Washington presiona con la finalidad de impedir la Asamblea Constituyente
La Casa Blanca acusa al gobierno de no cooperar contra el terrorismo
Dpa, Afp, Ap y Xinhua
Consar cumple 20 años, con $2.9 billones y 58 millones de cuentas
El reto, aumentar ahorro voluntario, dice el director
En promedio, cada trabajador tendría $51,724
Se investiga si existe grupo de autodefensa en Santa Julia
"Un éxito
, el doble trasplante de manos en un niño de 10 años
Ya es capaz de comer y escribir, revela la revista británica The Lancet
Fotocontraportada
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, participó en la Cabalgata Villista, realizada en el municipio de Hidalgo de Parral, en homenaje al general Francisco Villa con motivo del 94 aniversario de su muerte. Como parte de las gira por aquella entidad, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores donó a la administración municipal cinco vehículos Charger, modelo 2014, para tareas de seguridad pública. En el desfile participaron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; así como los alcaldes de Parral, Alfredo Lozaya Santillán, y Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez Foto La Jornada
Julio Hernández López: Astillero
N(también mencionado en las escrituras, judiciales, como Javier Duarte de Ochoa), que tengan fe. Es decir, que se tenga confianza en los buenos hombres de la Procuraduría General de la República (y de la Secretaría de Hacienda, que también participa en el ayuno jurídico en favor del veracruzano). Fe, que, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, es definida así:
En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia.
Mala, llegando a pésima, ha de ser la realidad de una institución, la PGR, que teóricamente es la encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal
, cuando, en lugar del estricto apego a la ley y el riguroso cumplimiento de los procedimientos adecuados, se invoca la fe como único asidero posible para enfrentar las fundadas acusaciones y sospechas de que esa procuraduría, y el gobierno federal en sus áreas conexas (con Los Pinos como centro de decisiones), están cometiendo tales y tantas pifias que pareciera que están programadas para favorecer a su presunto adversario, un exgobernador tildado de ladrón y delincuente en general, en un trote judicial intencionalmente fofo, complicitario con el acusado.
El propio MAO, en otra de sus facetas, había reconocido en otra parte de su alocución de ayer que la ley no es un asunto de fe; es un asunto de norma que hay que prepararse para dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana. Entonces, la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad
. Dejando a un lado la sintaxis del secretario 8ng, sabidamente ingobernable, queda de manifiesto que el delicado tema de la siembra de errores en favor del imputado N
de Ochoa es de tan difícil abordaje declarativo que el susodicho secretario se ha encomendado a la Santa Chimoltrufia: como dijo una cosa (que le tuvieran fe a la PGR del amigo de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade), dijo otra (que la ley no es un asunto de fe
). O, a lo mejor, tal vez sí y tal vez no (esta columna se suma, alborozada, al contradictorio estilo discursivo MAO); lo que los mexicanos deben tener es fe, pero en la próxima fe de erratas: "Usted disculpe, doctor Javidú" (claro, luego que pasen los comicios presidenciales del año próximo, pues liberar antes a N
Duarte de Ochoa, o colocarlo en la antesala de una salida, sería desastroso en términos electorales. Presencia y, luego, ausencia, con la ayuda de Presidencia
).
Ayer se cumplió una semana de la tragedia que dejó dos muertos en un socavón del libramiento de Cuernavaca, denominado Paso Exprés. En este lapso se han acumulado evidencias gráficas y técnicas de la irresponsabilidad criminal de constructores privados y de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con enorme tufo a corrupción sistemática, en cuanto a esa y otras vías federales de comunicación.
Hasta ahora, el saldo burocrático más relevante ha sido el despido del director del centro de la SCT, José Luis Alarcón, un directivo y propietario de una cadena de escuelas de idiomas, a quien las relaciones amistosas llevaron a ocupar un cargo en que el presupuesto público es enfilado aplicadamente a negocios particulares que benefician a esos funcionarios y a sus jefes políticos. Alarcón fue propuesto a la SCT por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y, además, tiene productivas conexiones con personajes del entorno del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A pesar de todo, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se mantiene en su puesto, organizando estudios, peritajes y dictámenes (en 15 días habrá algunos resultados técnicos). Intocable en cuanto ha sido una pieza fundamental en el engranaje oscuro del grupo político al que pertenece, Ruiz Esparza apuesta al paso del tiempo, a la prevista disminución del enojo social y al auxiliar revuelo de novedades corruptas (en turno, la de Duarte de Ochoa). Mientras tanto, los negocios siguen adelante, con la vista puesta en la contribución sectorial a las campañas priístas de 2018.
Entre las propuestas de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está la de establecer fórmulas que impidan a México tomar decisiones por sí mismo sobre políticas cambiarias. Al respecto, Angelina Mejía entrevistó para el portal Don Dinero a especialistas que alertaron acerca del riesgo que significaría ceder a esas pretensiones. Alfredo Coutiño, director de Moody's Analytics para América Latina señaló que, de aprobarse dicha intención de Washington, México dejaría que la política monetaria dependa de las decisiones de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos
(http://goo.gl/i6ETw9).
De cara a unas elecciones federales que se prevén muy reñidas, la élite decisoria del Instituto Nacional Electoral parece no sólo débil e impreparada sino, sobre todo, fuertemente tocada por la percepción de que su actuar es faccioso, manipulado y torpe. Los consejeros electorales, con una que otra excepción, actúan abiertamente como representantes ejecutivos de los grupos políticos que les colocaron en tan jugosos cargos.
Ante esas circunstancias, se ha alzado la voz de políticos de oposición, en un abanico que va de Andrés Manuel López Obrador a Emilio Álvarez Icaza, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, que consideran imprescindible la renovación de ese cuadro de consejeros electorales. De otra manera, desde ahora estarán instaladas las reticencias y la desconfianza, que no alcanzan solamente al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
Y, mientras Miguel Ángel Mancera se la pasa más en giras de proselitismo (ayer, en Chihuahua), repartiendo bienes de la CDMX (patrullas, por ejemplo), como si en la demarcación que gobierna
no hicieran tanta falta, ¡hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Carlos Fernández-Vega: México SA
mejoró la prospectiva de la trayectoriade largo plazo de la voluminosa deuda pública mexicana, al elevarla de
negativaa
estable. Con tal decisión amaina el intenso
dolor de muelasque en el gobierno peñanietista provocó la
degradaciónque casi un año atrás decretó la citada agencia privada.
En agosto de 2016 Standard & Poor's redujo su calificación crediticia asignada al gobierno mexicano (de estable
a negativa
) como resultado del deterioro de la expectativa
por el incremento sostenido en la deuda pública, dejando en claro que podría abatirla aún más, toda vez que en 2015 tal débito representó alrededor de 42 por ciento del producto interno bruto nacional; para 2016 esa proporción se elevó a 45 por ciento y en 2017 llegaría a 50 por ciento, por lo que –según su propia advertencia– podría degradar
aún más su calificación en el presente año.
En apenas una década la deuda pública mexicana aumentó cerca de 20 puntos porcentuales (de Calderón a Peña Nieto). De allí la degradante
decisión de la calificadora descalificada (recuérdese que Standard & Poor's fue una de las agencias que fingieron demencia y dejaron pasar
la bomba de la llamada burbuja
hipotecaria en Estados Unidos, la cual finalmente reventó y generó la profunda crisis económico-financiera en el país norteño y, de pasadita, a nivel mundial).
Amenazó con rebajarla aún más, pero en los hechos sucedió lo contrario y así como la agencia decide cuándo degradar
una que otra deuda pública por el deterioro de la expectativa
, al año siguiente mejora la prospectiva
, por mucho que para el caso mexicano sus estimaciones se cumplieron prácticamente al pie de la letra, porque el débito público de nuestro país, como proporción del PIB, no ha dejado de crecer.
Desde luego que la Secretaría de Hacienda no desperdició la ocasión ni el anuncio de la calificadora, y de inmediato presumió que "Standard & Poor's reconoce una reacción pronta y eficaz de las autoridades actuales ante los recientes choques negativos como los de tipo de cambio. La perspectiva estable refleja la mejoría del balance fiscal de México, el cual es reflejo de la política fiscal del gobierno y el persistente crecimiento económico. La calificadora enfatiza que la reforma fiscal apoyó de manera sustantiva para hacer frente al decrecimiento en los ingresos petroleros. Destaca que la mejora en la perspectiva refleja el historial positivo de las políticas fiscal y monetaria, el cual ha contribuido a déficits moderados y baja inflación, así como deuda externa sustentable".
Hasta allí el autopiropo de la Secretaría de Hacienda, el cual deja de lado la verdadera razón por la que la multicitada agencia privada elevó
su calificación de la deuda pública mexicana, la cual no es otra que la garantía del gobierno peñanietista de pagar puntualmente el servicio de tal débito, o lo que es lo mismo, primero morirían de hambre los habitantes de este país que la autoridad financiera dejara de pagar un solo centavo. Así, se aleja el fantasma
de una eventual suspensión o, como diría el extinto titular de Hacienda, Jesús Silva Herzog, un problema de liquidez
.
Lo llamativo de todo esto es que, como es su costumbre, Standard & Poor's se desoye a sí misma, pues la deuda pública mexicana no ha dejado de crecer y el compromiso
del gobierno peñanietista de reducir su tamaño como proporción del PIB mexicano ha sido permanentemente incumplido, a pesar de las advertencias que en tal sentido han hecho públicas organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Cuando Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, el gobierno de Vicente Fox le heredó una deuda pública equivalente a 28 por ciento del PIB (algo así como 3.13 billones de pesos); seis años más tarde, cuando el tal Jelipe por fin dejó la residencia oficial, tal proporción había crecido a 35 por ciento del producto (alrededor de 5.9 billones), y de allí en adelante el gobierno peñanietista la elevó –cierre de 2016– a 48 por ciento (en algún momento de 2017 la autoridad financiera reconoció que tal proporción rondaba 50 por ciento). Así, la estimación de la citada agencia calificadora se cumplió a cabalidad.
Pero de cualquier suerte Standard reconsidera su decisión y eleva su calificación de negativa
a estable
. ¿Qué la llevó a deshacer el entuerto
? La única posibilidad es la garantía de la Secretaría de Hacienda –léase del gobierno de EPN– de primero muertos que incumplidos, por mucho que el margen de maniobra del erario nacional sea cada día más limitado.
Carlos Bonfil: Foro de la Cineteca
Piden colonos de Tepepan más seguridad ante constantes robos
John Saxe-Fernández / V: Bloque energético y el trauma nacional
La catástrofe humanitaria que padece la nación se lanzó sobre México como parte del añoso diseño de intervención, privatización y desarticulación del país y su sector energético desde 2006 bajo la Iniciativa Mérida
. Es un arreglo de facto Bush/Calderón cuya desestabilización se dinamiza en la desregulación e inusitado incremento del magno torrente de armas de asalto de Estados Unidos hacia cárteles/crimen de México (Bush/2004) y de enormes flujos de dólares a la banca de Estados Unidos. Asentado en corrupción y violencia que el derecho penal internacional tipifica de "crímenes de lesa humanidad, el esquema que opera sea como guerra al narco, el crimen o el terrorismo, es conocido en el Pentágono como guerra irregular
e inició con fondos sacados de partidas destinadas a la brutal masacre y destrozos por el crudo en Irak, otro gran crimen de lesa humanidad
repleto de jugosos contratos.
Ciudad Juárez: 13 años de programas para huérfanos del feminicidio
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