México D.F., a 05 de octubre 2014
Boletín de Prensa:
Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen una idéntica definición, lo mismo que el artículo 149 bis del Código Penal Federal:
Se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: A) Matanza de miembros del grupo; B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; E) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
La matanza de los estudiantes normalista de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México.
La causa de las causas: Un Genocidio Equiparado. Responsabilidad del Estado Mexicano.
El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida 7 personas, entre éstas cuatro estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 25 más resultaron heridas, y de los 43 sin conocerse su paradero. En dichos actos participaron tanto polícias municipales de Iguala, Guerrero en coordinación personas vestidas de civil, ante la total "ausencia, pasividad y tolerancia", de las fuerzas federales, la gendarmería, y las fuerzas armadas cuya presencia es notoria en el estado de Guerrero, ante la vigencia del operativo "Guerrero Seguro".
Fueron detenidos 22 policías municipales y con base en las declaraciones de algunos policías involucrados, se realizó un operativo alrededor del mediodía del 04 de octubre y fueron ubicadas tres fosas clandestinas ubicadas, en las inmediaciones de un cerro de Pueblo Viejo, comunidad cercana al punto donde fueron agredidos a balazos los normalistas. Existe una alta responsabilidad que los cadáveres allí encontrados correspondan a los desaparecidos.
Ante tales hechos la Red de Alerta Temprana señala:
1. Existen ataques sistemáticos en los que en contra de las Normales Rurales que a lo largo y ancho del país, tratan de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance para su desaparición que van desde: el recorte presupuestal, el cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio, la imposición de autoridades en los planteles; las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados; la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus egresados; la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, des parición forzada, detenciones arbitrarias.
2. Las reformas estructurales y concretamente la educativa, trata de acabar con este modelo de formación de los normalistas y en este marco se inscribe la masacre de Iguala.
3. Un operativo de la envergadura con la que los autores materiales actuaron, es un acto planificado para su ejecución y debe de investigarse la complicidad tanto de las fuerzas policiacas estatales, federales y de las fuerzas armadas al cargo de la zona, quienes quedaron pasivas dejando en la indefensión a las personas y cuyo desenlace ha sido tan grave.
4. De la misma manera, los órganos que dicen velar por la seguridad nacional, quedaron pasivos ante los hechos. Ellos sabían perfectamente de la movilización de los jóvenes estudiantes, a quienes les siguen y vigilan constantemente y esta vez, extrañamente les dejaron solos y a merced de los agresores.
5. Existen la alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno y sobre todo le resulta responsabilidad por negligencia criminal al presidente de la república Enrique Peña Nieto, al gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez.
6. Destacamos, que según información dada a conocer por CNNMéxico — El presidente Enrique Peña Nieto dijo en un evento en el municipio de Coacalco, Estado de México, que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad sobre los hechos violentos ocurridos el fin de semana en el municipio de Iguala, donde seis personas murieron y 57 normalistas desaparecieron, y pidió que Ejecutivo estatal realice una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. "Hay coordinación del Gobierno de la República con los gobiernos estatales, pero también es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales".
7. Además no podemos dejar pasar por alto, el efecto corruptor y anestésico de las declaraciones de varias autoridades, magnificadas por los medios de comunicación, que minimizaron los hechos y acallaron a la opinión pública al decir que los estudiantes, se habían escondido.
8. Nos pronunciamos por una investigación integral y exhaustiva a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de tales delitos, y toda la cadena de complicidades.
9. Se investigue la responsabilidad de las fuerzas policiacas municipales estatales y federales así como de las fuerzas armadas por omisión, negligencia, tolerancia o aquiescencia en dichos actos.
Se dé cumplimiento a las demandas reiteradas de los normalista de Ayotzinapa y de todas las normales rurales; se proceda a la declaratoria inmediata como víctimas, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y a la reparación integral, que va desde investigar adecuadamente las fosas clandestinas donde se dice que pueden estar parte de los desaparecidos normalistas, con expertos antropólogos forenses; el cuidado de la red de guardia y custodia de acuerdo a protocolos internacionales; el castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como la responsabilidad de los servidores públicos, civiles, políticos y militares; la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; las garantías de no repetición de las violaciones; la disculpa pública y; la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.
Atentamente
Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana
Dr. Adrián Ramírez López
Presidente de la Limeddh
Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG) y Alzando Voces.
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