Narco, el cogobierno

josé gil olmos

México, D.F., 4 de julio (apro).- Dos hechos enmarcan el primer aniversario de la administración de Felipe Calderón: la supuesta narcocumbre avalada por un representante de su gobierno y la revelación del chino Zhenli Ye Gon, acusado de narcotráfico, quien denunció que el PAN le pidió que guardara 205 millones de dólares que estarían destinados a la campaña del 2006 del entonces candidato presidencial.

Ambos hechos ponen en entredicho la probidad del gobierno calderonista, ya que no se pueden evitar las dudas respecto a la forma en que representantes de su gobierno han enfrentado el narcotráfico y, principalmente, su implicación en este negocio ilícito.

Sólo para recordar está el caso del embajador de México en Canadá, Emilio Goicochea Luna, quien tuvo relaciones con Genaro Caro Quintero, hermano de Rafael Caro. Fotos de estos dos personajes juntos en 1992, reveladas en un reportaje de Alejandro Gutiérrez (Proceso 1590), nos muestran cómo el panista –que entonces buscaba la gubernatura de Sinaloa--, hecho diplomático al inicio de este gobierno, ha tenido nexos con uno de los narcotraficantes más poderosos.

Cuando se publicó el reportaje, uno pensaría que lo más lógico habría sido la destitución inmediata de Goicochea como embajador, pero el gobierno de Calderón no hizo nada, guardó silencio.

Esta actitud displicente, incluso comprometedora del gobierno calderonista, con el narcotráfico se evidencia nuevamente con la presunta participación de representantes gubernamentales en la narcocumbre --que se habría realizado en Aguascalientes, Tamaulipas o en Monterrey--, la primera semana de junio pasado.

Supuestamente un representante del gobierno de Felipe Calderón estuvo como “árbitro” entre las partes en ése cónclave del narcotráfico. De ser cierto, resulta preocupante que el gobierno federal juegue un papel de réferi, pues con ello estaría reconociendo una supeditación al poder del narcotráfico: en lugar de atacarlo, estaría aceptándolo como actor principal en el acto de gobernar.

Después de aquella jornada histórica en la que fueron ejecutadas 21 personas --la primera semana de junio--, los muertos por las luchas intestinas del narcotráfico disminuyeron drásticamente y nadie se explicaba el porqué, hasta que empezaron a circular las versiones de que los jefes de los principales carteles se habían puesto de acuerdo para dividirse el territorio nacional, como si fueran ejércitos vencedores de una guerra que ya lleva seis años con más de 10 mil muertos.

La primera noticia publicada en el diario Reforma llamaba la atención, pues se daba por hecho la supuesta asistencia de un representante del gobierno federal en calidad de árbitro. ¿De árbitro? fue la primera pregunta que surgía de esta versión. Y frente a la gravedad del hecho, el secretario general de Gobierno de Aguascalientes, Jorge Mauricio Martínez Estebanez, trató de salir al paso negando la existencia de dicha cumbre.

Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón guardó silencio y lo sigue guardando.

Ahora con el caso del chino Zhenli Ye Gon, prófugo de la justicia mexicana y que se encuentra en Estados Unidos, el gobierno de Calderón se encuentra otra vez envuelto no sólo en el escándalo mediático, sino en problemas judiciales, pues uno de los involucrados es el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a quien el presunto narcotraficante señala como el enviado de Calderón para hacer uso de dinero de procedencia oscura para la campaña presidencial del 2006.

Lozano Alarcón, exvocero del PRI en el 2000, quien participó en la campaña de Francisco Labastida como candidato priista a la presidencia en ese año, y quien para el 2006 cambió de camiseta y se incrustó en el equipo de Felipe Calderón, negó inmediatamente las versiones de Zhenli.

Pero la duda queda. No se encuentran razones para que el prófugo de la justicia mexicana lo mencione directamente a él e incluso señale la hora en que Lozano le pidió guardar el dinero. Habría que recordar que durante la campaña del 2006, nunca se tuvo claridad cuál era la función de Lozano en el círculo más cercano de colaboradores de Calderón. Lo único claro es que por sus actividades Lozano fue recompensado con una secretaría de Estado, la del Trabajo, sin que esté capacitado para ello, pues no tiene experiencia en la materia.

Otro aspecto que pone en tela de juicio al gobierno de Calderón es el hecho de que 204 millones de dólares, de los 205 que fueron incautados en la casa de Zhenli, ya no están en México sino que fueron enviados a las reservas federales de Estados Unidos.

Cuando se realizó la mayor incautación de dinero en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, Calderón dijo que ese dinero se quedaría en México y sería utilizado en programas contra las adicciones y en el combate a los carteles de la droga.

Ahora resulta que el presidente Calderón faltó a su palabra y que ese dinero, manchado por la duda de si estaba destinado para su campaña, ya está fuera del país. Pareciera que se quieren deshacer de una “papa caliente”, de una prueba clara de que el narcotráfico ha rebasado los límites de la política y busca el cogobierno.