Eduardo Ibarra Aguirre
Acostumbrado como está Enrique Peña en demandar "que nadie pretenda confundir a la sociedad", como si el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio no estuvieran básicamente a su servicio, en el festejo del Día del Maestro exigió a los sin voz gracias a la mediocracia, reconozcan que en "en el marco de la reforma educativa, aprobada por el Constituyente Permanente, no se privatizará ni concesionará a la educación del país". Más aún, "en el esquema de evaluación nadie pretende culpar ni exhibir a los maestros", como lo hace todos los días y en forma obtusa, digo yo, el aparato mediático oligopólico.
Acompañado de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Juan Díaz, integrante del grupo dominante que desde la cárcel encabeza Elba Esther Gordillo, Peña Nieto dijo que la reforma "reafirma el carácter obligatorio, laico y gratuito de la educación que imparte el Estado".
También reveló el señor que se vio precisado a "remover" a su maestro, Humberto Benítez, de la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, que "los derechos laborales de los maestros están a salvo", que en la evaluación educativa se tomarán en cuenta las dificultades particulares que enfrenta cada plantel, y se pondrá al día la infraestructura educativa.
Infraestructura que en 2006, con base en informes de la Secretaría de Educación Pública, tres de cada 10 escuelas carecían de drenaje, la cuarta parte no contaba con electricidad y tampoco con sanitarios, y 44 de cada 100 profesores eran compartidos por grupos de distintos grados.
Y ahora que, dice el mexiquense, "Por primera vez, la educación de calidad es una meta nacional explícita", la Cámara de Diputados revela que de 2007 a 2012 se destinaron 12 mil 500 millones de pesos a programas de fortalecimiento y actualización docente. Mientras el año pasado los recursos llegaron a su nivel más bajo, pues las autoridades sólo asignaron 29.5 millones de pesos para la profesionalización de un millón 280 mil maestros. Dramática realidad que la retórica presidencial no refiere ni de pasadita.
Sin duda es significativo que Enrique Peña asuma que los derechos de los trabajadores de la educación "están a salvo", sobre todo después de las inconsultas reformas de los artículos 3 y 73 constitucionales, cocinadas por la elite de la partidocracia del Pacto por México, y aprobadas por el Congreso.
Pero resulta que ni la Comisión Permanente le da crédito al juicio del esposo de Angélica Rivera, pues acordó por unanimidad que durante la aprobación de las leyes General de Educación y del Servicio Profesional Docente, así como la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se incluya que "el sistema de evaluación de los profesores sea objetivo, integral, incluyente, participativo y sin fines punitivos", amén de que "se garantice el principio constitucional de la gratuidad de la educación pública".
El pronunciamiento de Peña y el punto de acuerdo de la representación del Congreso entre pleno y pleno, ponen en relieve que con independencia de la beligerancia y hasta rijosidad empleadas, sobre todo en Guerrero por los profesores agrupados en la Coordinadora Nacional, éstos tienen causas y motivaciones ahora reconocidas desde Los Pinos, la cúpula del Legislativo y el Consejo Rector del Pacto por México, con el que sostuvieron una primera reunión que puede hacer la diferencia entre un pasado reciente de cerrazón oficial, demonización de la creciente protesta magisterial, como observamos en ciudades de 16 estados del país, y un diálogo indispensable no sólo con los actores del proceso educativo, sino con una sociedad hasta hoy ignorada.
Acuse de recibo
"Queremos que el rescate de Pasta de Conchos sea ejemplar, íntegro y seguro, y además de que cumpla con todas las normativas como siempre lo hemos pedido", respondió la Organización Familia Pasta de Conchos a las declaraciones de Ricardo García Cervantes, sobre la realización del rescate de los restos mortales de los mineros caídos el 19 de febrero del 2006… Por fortuna sigue la mata dando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso No. 12.288, García Cruz y Sánchez Silvestre, México. Los hechos se refieren a la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a tres y 40 años de prisión respectivamente, como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso… Reporteros sin Fronteras "considera una falta de respeto gravísima a la libertad de información la violación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia The Associated Press (AP)". El Departamento de Justicia notificó (10-V-13) a la AP que obtuvo los registros de 20 líneas telefónicas durante abril y mayo de 2012. La carta no precisa motivos ni argumentos jurídicos de tal procedimiento.
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