jueves, julio 20, 2017

PRENSA MÉXICO JUEVES 20 DE JULIO 2017

PORTADAS:Hay nueve pesquisas contra Odebrecht y OHL, confirma SFP/Gastan millones y crece ordeña/Buscan México y EU no mezclar TLCAN con 2018/La "nueva generación" del PRI rompe su código de ética/Estados reprobados, sin fiscal ni magistrados: así arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción/En el INE no somos indolentes a las críticas: Lorenzo Córdova/Diputado del Partido Verde operó lavado de Duarte/En México, periodistas y defensores enfrentan entorno hostil: relatores de ONU/TLCAN: controversias prohibidas/Complicado tratado entre México y UE, si no se combate corrupción y esclarecen asesinatos a periodistas: parlamentarios europeos/La PGR de Peña no resuelve casos "complicados", como el de Duarte, revelan datos de la ASF y el Cidac

REFORMA

Gastan millones y crece ordeña

Pemex gasta millones de pesos en estrategias contra la ordeña, pero este delito continúa en ascenso.En los últimos siete años, la empresa destinó 411 millones de pesos anuales para un software que detecta daños en ductos, sin embargo acumula pérdidas anuales por 20 mil millones de pesos debido al robo de combustible.El sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) permite a Pemex detectar caídas de presión en su red nacional de ductos.Datos públicos de la Gerencia de Medición, Calidad y Balances de la empresa, a cargo de Rodrigo García Mendívil, revelan que para la operación de este equipo se destinaron 2 mil 879 millones de pesos entre 2010 y 2017.El número de tomas clandestinas en ductos de la empresa se incrementaron en 894% al pasar de 691 en 2010 a 6 mil 873 tomas en 2016.La Auditoría Superior de la Federación criticó los supuestos beneficios del sistema SCADA.Según la ASF, la Gerencia de Medición, Calidad y Balances de Pemex sostuvo que el SCADA no identifica ni disminuye las tomas clandestinas. 

EXPANSIÓN CNN

Cantos y porras enmarcaron en 2010 los actos masivos en los que Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte asumieron las candidaturas del PRI a las gubernaturas de sus respectivos estados: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Meses después, luego de ganar sus elecciones en julio de ese año, el mismo ambiente reinó en sus tomas de protesta, en las que prometieron mejorar la calidad de vida de sus gobernados.Pero esa no fue su única promesa. Como candidatos y posteriormente como funcionarios que representaban al tricolor, los tres se comprometieron a respetar un Código de Ética Partidaria que los obligaba a actuar de forma honesta, y que después rompieron por medio de diversas irregularidades presuntamente cometidas en sus administraciones.El artículo 9 del ordenamiento partidario señala que los militantes del PRI deben comportarse con "alto sentido de dedicación a los intereses del pueblo". Sin embargo, según las denuncias formales que pesan en su contra, estos exmandatarios —a quienes el presidente Enrique Peña Nieto se refirió en 2012 como ejemplo de una "nueva generación" en el priismo— violaron esta regla al aprovechar sus cargos públicos en beneficio personal.La caída de Javier Duarte.Cuando se convirtió en candidato al gobierno de Veracruz, el 17 de abril de 2010, Javier Duarte respondió "¡Sí, protesto!" cuando la entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, le preguntó si actuaría "con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia" como abanderado tricolor.Luego compitió con el lema "En mí sí puedes confiar" y ganó los comicios, aunque prácticamente desde que asumió el poder su administración fue objeto de cuestionamientos en materias como seguridad, desarrollo económico, libertad de prensa y respeto a los derechos humanos, otro aspecto que el código de ética del PRI obliga a sus militantes a cuidar.Javier Duarte, el caso que pone a prueba a la justicia mexicana."Los dirigentes y servidores públicos de origen priista tendrán la obligación en todo momento de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo a las personas su protección más amplia", dice el artículo 18 de la normatividad.A siete años de que Duarte inició su gobierno —en el que fueron asesinados al menos 19 periodistas y se registraron más homicidios, secuestros y desapariciones forzadas—, él se encuentra en prisión preventiva en México, donde espera el inicio de procesos penales en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (a nivel federal), y de abuso de autoridad, peculado, incumpliemiento del deber legal, tráfico de influencias y coalición (correspondientes al nivel local).En ese marco, además, el 25 de octubre pasado fue expulsado de las filas del Revolucionario Institucional.

ANIMAL POLÍTICO

Estados reprobados, sin fiscal ni magistrados: así arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción

Chihuahua y Veracruz son los únicos estados que no tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción; además, Chihuahua es la única entidad que permanece sin una reforma constitucional.El Sistema Nacional Anticorrupción arrancó sin pies ni cabeza. El plazo para que los estados reformaran sus Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción se cumplió el pasado 18 de julio; sin embargo, dos entidades no cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron pero con deficiencias. Además, falta el nombramiento de un fiscal nacional y de los magistrados.En ese contexto, este 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones, luego de que las entidades y los legisladores federales no cumplieron con los plazos, a pesar de que tuvieron más de un año para hacer las modificaciones correspondientes.A continuación, Animal Político te presenta las fallas con las que arranca el Sistema Nacional Anticorrupción.Los retrasos en Chihuahua y Veracruz.Chihuahua y Veracruz son los dos únicos estados en los que ni siquiera tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción, de acuerdo con el #SemáforoAnticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Además, ocho entidades diseñaron una ley del sistema local anticorrupción regular, indica el reporte, que coloca a Baja California, Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas en esta categoría.En el caso de Tlaxcala, el informe de las organizaciones establece que cuenta con una iniciativa de ley satisfactoria y saben que el Congreso del estado ya sesionó, pero aún no hay información oficial sobre la aprobación.Mientras que en Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio; sin embargo, no se ha revisado el dictamen.En este panorama, el IMCO, la Coparmex y Transparencia Mexicana indican que 29 entidades ya cuentan con una ley del sistema local anticorrupción, de las cuales 21 son satisfactorias.En este contexto, la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, dijo que "debe ser prioridad para los congresos locales   finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, con el propósito de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país".

Tras un año de retraso, gobierno federal crea unidad clave para evaluar riesgo de detenidos

Animal Político dio a conocer el 10 de julio pasado que el sistema penal acusatorio en el ámbito federal operaba sin la unidad clave, y que la responsable de no ponerla en marcha era la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).Con más de un año de retraso el Gobierno Federal anunció la creación de la Unidad de Medidas Cautelares, un área clave dentro del sistema penal acusatorio, pues es la responsable de evaluar la peligrosidad de los detenidos y elaborar un dictamen en el que se establezca si deben estar en prisión, o si se les debe someter a otra medida de vigilancia como brazaletes electrónicos, arraigos, etcétera.Animal Político reportó el pasado 10 de julio que el sistema penal acusatorio – que entró en funcionamiento en junio de 2016 – estaba operando en el fuero federal sin esta unidad, y que la dependencia responsable de no haberla puesto en marcha era la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que encabeza el comisionado Renato Sales.En una tarjeta informativa entregada a este medio, la CNS justificó el retraso por un tema de recortes presupuestales, pero sostuvo que el comisionado nacional ya había instruido al jefe de la Policía Federal para que se apresuraran los trabajos.Este miércoles, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el "Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso", firmado por el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto."Se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso como una Unidad de Apoyo del Comisionado General, cuyo objeto será proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en términos del artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales", señala el documento.

PROCESO

En el INE no somos indolentes a las críticas: Lorenzo Córdova

Luego de que la organización civil Ahora exigió la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que han entregado la institución al gobierno de Enrique Peña Nieto, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que no es indolente a las críticas y observaciones de personajes políticos, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas.Sin embargo, agregó, en estos momentos está centrado en el proceso electoral del próximo año, y destacó que el trabajo de los consejeros del INE es vigilado como nunca antes en la historia."No es que seamos indolentes y refactarios –hablo por mí y creo que también puedo hablar por mis compañeros– a la crítica y a las observaciones, al contrario, es importantísimo que tengamos esta lógica de aprendizaje institucional", señaló en entrevista con Radio Fórmula.Añadió: "Yo soy un académico que hoy está aquí, que tiene una función de Estado, y más adelante volveré a la academia. Hoy me toca aquí dar un rol".Sobre la renuncia solicitada por la iniciativa Ahora, a la que sumó Cuauhtémoc Cárdenas, Córdova dijo que platicará con él porque le tiene gran respeto y aprecio."Voy por supuesto a platicar. La opinión del ingeniero es una opinión central. Es una persona respetable y respetada con la que, si hay alguna diferencia, me importa claramente aclararla".De igual manera, informó que hoy se aprobarán los lineamientos de cancha pareja, es decir, "lineamientos que establecen cómo deben comportarse los aspirantes a un cargo de elección popular desde que arranca el proceso electoral, el próximo 8 de septiembre. Estamos nosotros ya organizando la elección y eso es en lo que nos vamos a centrar", apuntó.

La SFP tiene nueve investigaciones sobre OHL y Odebrecht y una contra "El Rey de los Dragones"

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas al menos nueve investigaciones sobre las empresas OHL y Odebrecht por su presunta relación con distintas entidades del gobierno federal, así como otra contra Luis Carlos Castillo Cervantes, el llamado Rey de los Dragones y su vinculación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).La dependencia respondió así en una solicitud de información a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de acuerdo con información del portal de información Capital México.De la respuesta se deriva que, en relación con la constructora OHL, la dependencia tiene ocho expedientes de investigación en proceso:Uno radicado en la Unidad de Responsabilidades en Pemex; dos en el Órgano Interno de Control en la SCT; cuatro en el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y uno más en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria.Respecto al proceso de la SFP contra Odebrecht, existe un expediente en proceso en la Unidad de Responsabilidades en Pemex.La dependencia dirigida por Arely Gómez informó también que tiene otra averiguación vigente contra Luis Carlos Castillo Cervantes, El Rey de los Dragones, radicada en el Órgano Interno del Control en la secretaría que aún dirige Gerardo Ruiz Esparza.El sujeto quedó en libertad tras declararse culpable en una Corte de Texas por "lavar" dinero producto de fraudes bancarios.Su caso se replicó en los medios debido a los sobornos que presuntamente entregó a exgobernadores como Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, y Humberto Moreira Valdés, de Coahuila.El Rey de los Dragones fue liberado tras llegar a un acuerdo con las autoridades a las que les cedió un avión, cinco millones de dólares, automóviles, motocicletas, centenarios y diamantes.Sus vínculos con el presidente Enrique Peña Nieto salieron a relucir durante su juicio, llegó a ese acuerdo luego de declararse culpable de lavado de dinero.

ARISTEGUI NOTICIAS

Diputado del Partido Verde operó lavado de Duarte

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Spinoso Carrera, operó los 38.5 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) identificó como posible lavado de dinero desde la Secretaría de Educación del estado del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.Edgar Spinoso Carrera fue el oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz hasta el año 2014 y se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló los contratos concedidos por la dependencia -unos 325 millones de pesos- a empresas fantasma que fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).La Procuraduría General de la República (PGR) buscará el próximo sábado demostrar la conexión que existe entre Duarte de Ochoa con su socio y operador financiero Moisés Mansur Cysneiros y la empresa Consorcio Brades.En la audiencia de control del lunes 17, los fiscales de la PGR sólo pudieron acreditar la relación de al menos 38.5 millones de pesos, que Duarte habría utilizado mediante sus prestanombres.Para acreditar esa cifra, la PGR considera que el 23 de diciembre del año 2012, Duarte de Ochoa como titular del gobierno del estado de Veracruz, tuvo conocimiento de una operación realizada a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).El Oficial Mayor de la SEV, Spinoso Carrera, autorizó la transferencia financiera aquel domingo 23 de diciembre desde las cuentas de esa dependencia, según consta en documentos internos.En ella, la empresa Solaria Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable recibió en su cuenta de Banco Multiva 132180000039623262 una transferencia de 38.5 millones de pesos, desde la cuenta 014840655042417786 de Banco Santander. La cuenta aparece a nombre de GVER Secretaría de Educación de Veracruz.

Piden que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.Expertos de las Naciones Unidas exhortaron al gobierno de México a llevar a cabo una investigación "transparente, independiente e imparcial" tras las denuncias de espionaje contra defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas."El llamado de los expertos se produce a un mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado 'Pegasus' para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016", apuntó la ONU en una nota de prensa."Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México", afirmaron los expertos."Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia", recalcaron los expertos de la ONU."La posible implicación en la compra y el uso de 'Pegasus'de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación", indicaron. "En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador".Asimismo, los expertos hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas."Urgimos al Gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo", señalaron. "Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado".Para los expertos de la ONU, "la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México".

Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron este 19 de julio en Ginebra que, en México, los defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas enfrentan un entorno hostil y de desprotección.Al exhortar al gobierno de Enrique Peña Nieto a investigar el espionaje gubernamental, Michel Forst, relator especial sobre la  situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad, advirtieron que este tipo de vigilancia vulnera seriamente los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y la libertad de asociación.Por ello, indicaron que la indagatoria sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas debe ser "transparente, independiente e imparcial".De acuerdo con  un comunicado emitido por la ONU, este exhorto se da "a 1 mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado 'Pegasus' para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016".La ONU recuerda que dicha intervención ilegal "habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad".Agrega que "también se habría visto afectado el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa".Para los relatores, "dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia".

REPORTE ÍNDIGO

El mecanismo de resolución de controversias podría convertirse en la mayor disputa entre México y Estados Unidos en la renegociación del acuerdo comercial, abriendo la puerta a que la administración de Donald Trump  presente su faceta más agresiva y proteccionista

REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO

Complicado tratado entre México y UE, si no se combate corrupción y esclarecen asesinatos a periodistas: parlamentarios europeos

Parlamentarios europeos advirtieron que el tratado comercial entre México y la Unión Europea resultará complicado. Esto, si México no demuestra que combate a la corrupción, si no esclarece la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y si no castiga los asesinatos de periodistas.Los legisladores del viejo continente declararon, durante una reunión privada realizada anoche en el Senado, que, así como el tratado exige a Europa el combate a la impunidad, México está obligado a cumplir también."Europa se compromete por este tratado a defender el Estado de derecho, pero se le va a exigir a México lo mismo; se compromete a perseguir la impunidad, pero se le va a exigir a México lo mismo" – afirmó Esteban González, diputado español."No nos unimos solo en lo económico, sino que nos unimos también en la defensa del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad y vamos a exigirle a México, tanto como nos vamos a exigir a nosotros".El vicepresidente de la delegación del grupo del Partido Popular del Parlamento Europeo indicó que algo que también dificulta la situación son las imágenes y noticias que llegan a Europa sobre la crisis de violencia en México."Las noticias que llegan a Europa de México no son buenas y no puedo engañarles. Cuando en Europa se habla de la muerte de periodistas o de la desaparición de estudiantes, la imagen de México se ve gravemente perjudicada" – afirmó."Necesitamos que se aclare el asunto de los estudiantes desaparecidos, necesitamos respuestas para la muerte de los periodistas".Por su parte, la diputada Sandra Kalniete, vicepresidenta de la delegación, aseguró que,  desde hace medio año, se propuso ante el Parlamento una propuesta que abordaría el tema de los asesinatos de periodistas en México.Según Kalniete, el debate fue pospuesto debido a la decisión de que una delegación de parlamentarios visitara el País.Ahora, en el marco de la renegociación del tratado con la Unión Europea, reafirmó la necesidad de que México informe los avances que ha tenido el caso Ayotzinapa y las agresiones contra comunicadores.

SINEMBARGO

La PGR de Peña no resuelve casos "complicados", como el de Duarte, revelan datos de la ASF y el Cidac

La PGR tiene a su cargo uno de los casos más importantes en años: la investigación en contra del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien le adjudica el lavado de más de 438 millones de pesos. Desde la detención y ahora con la llegada del ex mandatario al país, la dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade ha tenido tropiezos que han llevado a la oposición y a analistas a hablar sobre su incapacidad para sostener las acusaciones y llevar a prisión a Duarte de Ochoa, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Si a ello se suma el número de casos que la PGR llega a judicializar, el futuro del Gobernador de Veracruz no pinta tan oscuro. Diversos análisis recientes dan muestra de ello: el Centro de Investigación para el Desarrollo expuso que entre 2016 y 2014, delitos como los que infringen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tuvieron un índice de "judicialización" de cero. Mientras que la ASF en su adelanto de revisión del año pasado señaló que "la persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad, ya que de las dos mil 26 averiguaciones en materia de delitos financieros que el Ministerio Público de la Federación recibió durante 2016, despachó el 21.9 por ciento (444), de las que el 22.1 por ciento (98) fue consignado ante la autoridad judicial y, de éstas, el 3.1 por ciento (tres) obtuvo una sentencia judicial". La posibilidad de que alguna investigación "sofisticada" en manos del Gobierno de Enrique Peña Nieto avance hasta los tribunales y obtenga sentencia condenatoria es casi nula. Tratándose de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los que se atribuyen al ex Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, menos.Al respecto, datos tanto del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que la Procuraduría General de la República (PGR), que de por sí judicializa casi exclusivamente cuando tiene a alguna persona detenida, es particularmente inútil cuando se trata de avanzar en investigaciones "complejas".

El abogado del activista ambiental John Moreno, preso desde hace dos meses en Baja California Sur, por oponerse a un proyecto inmobiliario de la empresa Mira, ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, exigió al Gobernador de esa entidad que retire el uso de la maquinaria del Estado "para proteger a sus amigos de la empresa"."El uso de la fuerza del Estado para contener la protesta social en defensa del medio ambiente convierte al Estado en  terrorista. Es lo peor que puede hacer una entidad que se denomina democrática y es lo que estamos padeciendo en Baja California", expuso Arturo Rubio Ruiz.El abogado y defensor de los derechos humanos John Joseph Moreno Rutowski se encuentra encarcelado desde hace dos meses sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno. El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.John Moreno fungía como abogado de un grupo de pescadores de esa comunidad del Pacífico mexicano que se opone al proyecto minero "Los Cardones" y a la edificación de "Tres Santos", una villa de lujo de 435 hectáreas, que acusan está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil destacaron que el proyecto es ejecutado por Black Creek Group, una compañía que pertenece Mira, ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México.El 12 de julio pasado, el nombre de Gerard Rivero también destacó en la prensa por el hallazgo de un megayacimiento petrolero en el Golfo de México. Éste fue realizado por el consorcio de Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil. Sierra Oil and Gas es una compañía mexicana que ha sido una de las más favorecidas por las diferentes rondas y contratos de la Reforma Energética.Fue fundada en 2014 con capital de la empresa Infraestructura Institucional, fundada ésta a su vez por Jerónimo Gerard, cuñado de Salinas de Gortari y también del actual director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González.

LA JORNADA 

También se investiga a empresas creadas por Carlos Castillo

El contenido de los expedientes está bajo reserva para no afectar diligencias

Responde en un documento a punto de acuerdo de la Comisión Permanente

Todos los casos se encuentran en trámite en diferentes dependencias, reporta

Roberto Garduño y Víctor Ballinas

Fotoportada

Desmantelar el Obamacare, exige Trump a senadores republicanos

El presidente Donald Trump, durante la mesa redonda Made in America, celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca Foto Ap

Intenta resucitar el tema 24 horas después del fracaso de su contrarreforma

Insta a suspender receso de agosto hasta la aprobación de un plan seguro de salud

"Tenemos que quedarnos aquí hasta que el proyecto de ley esté en mi escritorio"

Hay optimismo de lograr consenso, aunque persisten las trabas presupuestarias

Su proyecto dejaría sin protección a entre 22 y 32 millones de estadunidenses

El voto fraudulento cancela el sufragio legal, sostiene ante comisión

Divulgan más detalles del octavo participante en cita de su hijo con abogada rusa

Sorprenden a viajeros medidas de seguridad en vuelos a EU

Serán revisados todos los dispositivos más grandes que un teléfono celular

La CNDH pide a Yunes apoyar en indagatoria de Tierra Blanca

Policías y miembros del cártel Jalisco mataron a cuatro jóvenes y una menor

Rayuela : En vivo y a todo color, Trump y su alicate muestran el talante de un gobierno errático y arbitrario.

El músico Gustavo Dudamel pide suspender la convocatoria

Rechaza Caracas la cobarde y vil amenaza de EU

El presidente Nicolás Maduro llama a la unidad para proteger la soberanía

El Consejo de Defensa se declara en sesión permanente hasta el domingo

Washington presiona con la finalidad de impedir la Asamblea Constituyente

La Casa Blanca acusa al gobierno de no cooperar contra el terrorismo

Dpa, Afp, Ap y Xinhua

Consar cumple 20 años, con $2.9 billones y 58 millones de cuentas

El reto, aumentar ahorro voluntario, dice el director

En promedio, cada trabajador tendría $51,724

Se investiga si existe grupo de autodefensa en Santa Julia

"Un éxito, el doble trasplante de manos en un niño de 10 años

Ya es capaz de comer y escribir, revela la revista británica The Lancet

Fotocontraportada

Homenaje a Francisco Villa

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, participó en la Cabalgata Villista, realizada en el municipio de Hidalgo de Parral, en homenaje al general Francisco Villa con motivo del 94 aniversario de su muerte. Como parte de las gira por aquella entidad, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores donó a la administración municipal cinco vehículos Charger, modelo 2014, para tareas de seguridad pública. En el desfile participaron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; así como los alcaldes de Parral, Alfredo Lozaya Santillán, y Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez Foto La Jornada


LOS PERIODISTAS

Julio Hernández López: Astillero

El ministro oficiante del Sacro Rito de Bucareli, Miguel Ángel Osorio Chong (MAO), pidió ayer a la feligresía, escamada por la aparición de nefastos signos en el proceso contra el presunto pecador extremo, Javier N (también mencionado en las escrituras, judiciales, como Javier Duarte de Ochoa), que tengan fe. Es decir, que se tenga confianza en los buenos hombres de la Procuraduría General de la República (y de la Secretaría de Hacienda, que también participa en el ayuno jurídico en favor del veracruzano). Fe, que, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, es definida así: En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia.

Mala, llegando a pésima, ha de ser la realidad de una institución, la PGR, que teóricamente es la encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal, cuando, en lugar del estricto apego a la ley y el riguroso cumplimiento de los procedimientos adecuados, se invoca la fe como único asidero posible para enfrentar las fundadas acusaciones y sospechas de que esa procuraduría, y el gobierno federal en sus áreas conexas (con Los Pinos como centro de decisiones), están cometiendo tales y tantas pifias que pareciera que están programadas para favorecer a su presunto adversario, un exgobernador tildado de ladrón y delincuente en general, en un trote judicial intencionalmente fofo, complicitario con el acusado.

El propio MAO, en otra de sus facetas, había reconocido en otra parte de su alocución de ayer que la ley no es un asunto de fe; es un asunto de norma que hay que prepararse para dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana. Entonces, la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad. Dejando a un lado la sintaxis del secretario 8ng, sabidamente ingobernable, queda de manifiesto que el delicado tema de la siembra de errores en favor del imputado N de Ochoa es de tan difícil abordaje declarativo que el susodicho secretario se ha encomendado a la Santa Chimoltrufia: como dijo una cosa (que le tuvieran fe a la PGR del amigo de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade), dijo otra (que la ley no es un asunto de fe). O, a lo mejor, tal vez sí y tal vez no (esta columna se suma, alborozada, al contradictorio estilo discursivo MAO); lo que los mexicanos deben tener es fe, pero en la próxima fe de erratas: "Usted disculpe, doctor Javidú" (claro, luego que pasen los comicios presidenciales del año próximo, pues liberar antes a N Duarte de Ochoa, o colocarlo en la antesala de una salida, sería desastroso en términos electorales. Presencia y, luego, ausencia, con la ayuda de Presidencia).

Ayer se cumplió una semana de la tragedia que dejó dos muertos en un socavón del libramiento de Cuernavaca, denominado Paso Exprés. En este lapso se han acumulado evidencias gráficas y técnicas de la irresponsabilidad criminal de constructores privados y de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con enorme tufo a corrupción sistemática, en cuanto a esa y otras vías federales de comunicación.

Hasta ahora, el saldo burocrático más relevante ha sido el despido del director del centro de la SCT, José Luis Alarcón, un directivo y propietario de una cadena de escuelas de idiomas, a quien las relaciones amistosas llevaron a ocupar un cargo en que el presupuesto público es enfilado aplicadamente a negocios particulares que benefician a esos funcionarios y a sus jefes políticos. Alarcón fue propuesto a la SCT por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y, además, tiene productivas conexiones con personajes del entorno del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A pesar de todo, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se mantiene en su puesto, organizando estudios, peritajes y dictámenes (en 15 días habrá algunos resultados técnicos). Intocable en cuanto ha sido una pieza fundamental en el engranaje oscuro del grupo político al que pertenece, Ruiz Esparza apuesta al paso del tiempo, a la prevista disminución del enojo social y al auxiliar revuelo de novedades corruptas (en turno, la de Duarte de Ochoa). Mientras tanto, los negocios siguen adelante, con la vista puesta en la contribución sectorial a las campañas priístas de 2018.

Entre las propuestas de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está la de establecer fórmulas que impidan a México tomar decisiones por sí mismo sobre políticas cambiarias. Al respecto, Angelina Mejía entrevistó para el portal Don Dinero a especialistas que alertaron acerca del riesgo que significaría ceder a esas pretensiones. Alfredo Coutiño, director de Moody's Analytics para América Latina señaló que, de aprobarse dicha intención de Washington, México dejaría que la política monetaria dependa de las decisiones de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos (http://goo.gl/i6ETw9).

De cara a unas elecciones federales que se prevén muy reñidas, la élite decisoria del Instituto Nacional Electoral parece no sólo débil e impreparada sino, sobre todo, fuertemente tocada por la percepción de que su actuar es faccioso, manipulado y torpe. Los consejeros electorales, con una que otra excepción, actúan abiertamente como representantes ejecutivos de los grupos políticos que les colocaron en tan jugosos cargos.

Ante esas circunstancias, se ha alzado la voz de políticos de oposición, en un abanico que va de Andrés Manuel López Obrador a Emilio Álvarez Icaza, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, que consideran imprescindible la renovación de ese cuadro de consejeros electorales. De otra manera, desde ahora estarán instaladas las reticencias y la desconfianza, que no alcanzan solamente al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Y, mientras Miguel Ángel Mancera se la pasa más en giras de proselitismo (ayer, en Chihuahua), repartiendo bienes de la CDMX (patrullas, por ejemplo), como si en la demarcación que gobierna no hicieran tanta falta, ¡hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx


Carlos Fernández-Vega: México SA

En la Secretaría de Hacienda están más que contentos, porque una de las principales calificadoras internacionales, Standard & Poor's Global Ratings, mejoró la prospectiva de la trayectoria de largo plazo de la voluminosa deuda pública mexicana, al elevarla de negativa a estable. Con tal decisión amaina el intenso dolor de muelas que en el gobierno peñanietista provocó la degradación que casi un año atrás decretó la citada agencia privada.

En agosto de 2016 Standard & Poor's redujo su calificación crediticia asignada al gobierno mexicano (de estable a negativa) como resultado del deterioro de la expectativa por el incremento sostenido en la deuda pública, dejando en claro que podría abatirla aún más, toda vez que en 2015 tal débito representó alrededor de 42 por ciento del producto interno bruto nacional; para 2016 esa proporción se elevó a 45 por ciento y en 2017 llegaría a 50 por ciento, por lo que –según su propia advertencia– podría degradar aún más su calificación en el presente año.

En apenas una década la deuda pública mexicana aumentó cerca de 20 puntos porcentuales (de Calderón a Peña Nieto). De allí la degradante decisión de la calificadora descalificada (recuérdese que Standard & Poor's fue una de las agencias que fingieron demencia y dejaron pasar la bomba de la llamada burbuja hipotecaria en Estados Unidos, la cual finalmente reventó y generó la profunda crisis económico-financiera en el país norteño y, de pasadita, a nivel mundial).

Amenazó con rebajarla aún más, pero en los hechos sucedió lo contrario y así como la agencia decide cuándo degradar una que otra deuda pública por el deterioro de la expectativa, al año siguiente mejora la prospectiva, por mucho que para el caso mexicano sus estimaciones se cumplieron prácticamente al pie de la letra, porque el débito público de nuestro país, como proporción del PIB, no ha dejado de crecer.

Desde luego que la Secretaría de Hacienda no desperdició la ocasión ni el anuncio de la calificadora, y de inmediato presumió que "Standard & Poor's reconoce una reacción pronta y eficaz de las autoridades actuales ante los recientes choques negativos como los de tipo de cambio. La perspectiva estable refleja la mejoría del balance fiscal de México, el cual es reflejo de la política fiscal del gobierno y el persistente crecimiento económico. La calificadora enfatiza que la reforma fiscal apoyó de manera sustantiva para hacer frente al decrecimiento en los ingresos petroleros. Destaca que la mejora en la perspectiva refleja el historial positivo de las políticas fiscal y monetaria, el cual ha contribuido a déficits moderados y baja inflación, así como deuda externa sustentable".

Hasta allí el autopiropo de la Secretaría de Hacienda, el cual deja de lado la verdadera razón por la que la multicitada agencia privada elevó su calificación de la deuda pública mexicana, la cual no es otra que la garantía del gobierno peñanietista de pagar puntualmente el servicio de tal débito, o lo que es lo mismo, primero morirían de hambre los habitantes de este país que la autoridad financiera dejara de pagar un solo centavo. Así, se aleja el fantasma de una eventual suspensión o, como diría el extinto titular de Hacienda, Jesús Silva Herzog, un problema de liquidez.

Lo llamativo de todo esto es que, como es su costumbre, Standard & Poor's se desoye a sí misma, pues la deuda pública mexicana no ha dejado de crecer y el compromiso del gobierno peñanietista de reducir su tamaño como proporción del PIB mexicano ha sido permanentemente incumplido, a pesar de las advertencias que en tal sentido han hecho públicas organismos como el Fondo Monetario Internacional.

Cuando Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, el gobierno de Vicente Fox le heredó una deuda pública equivalente a 28 por ciento del PIB (algo así como 3.13 billones de pesos); seis años más tarde, cuando el tal Jelipe por fin dejó la residencia oficial, tal proporción había crecido a 35 por ciento del producto (alrededor de 5.9 billones), y de allí en adelante el gobierno peñanietista la elevó –cierre de 2016– a 48 por ciento (en algún momento de 2017 la autoridad financiera reconoció que tal proporción rondaba 50 por ciento). Así, la estimación de la citada agencia calificadora se cumplió a cabalidad.

Pero de cualquier suerte Standard reconsidera su decisión y eleva su calificación de negativa a estable. ¿Qué la llevó a deshacer el entuerto? La única posibilidad es la garantía de la Secretaría de Hacienda –léase del gobierno de EPN– de primero muertos que incumplidos, por mucho que el margen de maniobra del erario nacional sea cada día más limitado.


Carlos Bonfil: Foro de la Cineteca

Un adelanto del infierno. Nocturno, segundo largometraje del mexicano Luis Ayhllón (Dodo, 2014), es una extraña mezcla de géneros cinematográficos, por momentos divertida, a ratos intensamente estremecedora. Lo que en un primer tiempo semeja una comedia negra muy efectiva y mordaz, con las frases punzantes que Oliverio (Juan Carlos Colombo), anciano misántropo y moribundo, asesta sin piedad a su imperturbable enfermera Ana (Irela de Villers), de modo paulatino se convierte en un ajuste de cuentas particularmente violento. En el exterior de la casona donde transcurre la acción, las escenas de crueldad se multiplican: la nota roja consigna el misterioso asesinato en serie de varias niñas aquejadas de un cáncer terminal. La gélida y metódica enfermera refiere estos sucesos al enfermo, que de algún modo deberá entender esa tragedia ajena como anticipo de la propia. El relato de revancha criminal se insinúa insidiosamente, librando poco a poco al espectador algunas claves interpretativas: una sórdida historia familiar narrada a través de un libro gráfico escrito por la propia Ana, una sucesión de animaciones fantasiosas insertadas en el filme como sustento del macabro cuento de hadas, y un clima de pesadilla que adquiere tonos de comedia negra con la visita intempestiva de Luis (Ari Brickman), hijo de Oliveiro, que acompañado de su mujer y un amigo, forman un trío casi infernal de voraces depredadores. La secuencia y diálogos de esta visita son el mejor hallazgo humorístico de la cinta: una estrafalaria familia gang, una banda de vividores rodeando, como buitres, la mesa del moribundo patriarca impotente.


Opinión


El presidente estadunidense Donald Trump obtuvo ayer en la Suprema Corte una victoria parcial en su intento de imponer un veto migratorio contra los ciudadanos de seis países musulmanes y cerrar temporalmente la entrada de refugiados de todo el mundo. En contraste con este avance de la política xenófoba del mandatario, BBVA Bancomer dio a conocer ayer un estudio según el cual durante los primeros seis meses del año −cinco de ellos transcurridos con el magnate al frente del gobierno− las deportaciones de mexicanos se redujeron 30 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016, cuando el demócrata Barack Obama despachaba en la Casa Blanca.

Piden colonos de Tepepan más seguridad ante constantes robos

Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El 6 de julio de 1892 ocurrió una de las batallas más feroces y más dramáticas de la lucha de clases entre la clase trabajadora y el creciente poder corporativo del siglo 19. Durante 12 horas se mantuvo el ataque en las orillas del río Monongahela por parte de las fuerzas privadas de seguridad de la empresa de Andrew Carnegie, en contra de los obreros de la industria acerera en el poblado de Homestead, a 30 minutos de la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania.

Fue en 1993, cuando 46 personas cargadas de intuiciones decidieron poner en marcha una audaz propuesta. No sabían que los temas que entonces les preocupaba y que estaban decididas a enfrentar son, casi 25 años después, los asuntos claves para los movimientos sociales de hoy. El libre comercio en el campo de la alimentación, avanzaba empujado desde la Organización Mundial del Comercio y contra ella se enfrentaron durante muchos años, de una forma más que decidida. Las mismas intenciones de liberalización las tenemos actualmente muy presentes en todos los tratados bilaterales conocidos y por conocer (TTIP, TLCAN, CETA, etc.). La llamada revolución verde, que campaba a sus anchas y sólo recibía vítores y aplausos, también estuvo en su punto de mira. Contracorriente denunciaron, con argumentos y experiencias, como representaba el principio del fin de una agricultura campesina integrada respetuosamente en los ciclos de la naturaleza. A ese supuesto avance que llegaba con las semillas híbridas y transgénicas, los pesticidas y los fertilizantes de síntesis, lo calificaron como un peligro que hoy –se sabe– es pura aniquilación y envenenamiento de la vida. A la vez, advertían que sólo serviría para entregar en bandeja de plata la agricultura y la alimentación a las multinacionales, como así ha sido. Es de todas sabido, que la sospecha de aquel grupo de campesinos y campesinas llegados de muchos lugares del mundo a Mons, Bélgica, se ha hecho cierta pues son muy pocas empresas las que poseen la casi totalidad del sector que da de comer al mundo.

La Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela encierra, a mi juicio, algunas ambigüedades que están a debate en estos momentos (18 años después). Al margen de la invocación de Dios como protector de los poderes del pueblo de ese país, como se refiere en el preámbulo de dicho texto legal, el punto de partida es que el poder originario del pueblo está representado en la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que lo aprobó y que ahora, por iniciativa de Nicolás Maduro, se quiere cambiar convocando a una nueva.

El empresario decide invertir sus ahorritos en la campaña del candidato a gobernador de un estado de la República Mexicana –que no es el Edomex, resultaría demasiado obvio. Un millón de dólares.

El 5 de julio pasado la industria estadunidense productora de azúcar aceptó a regañadientes el acuerdo al que habían llegado los gobiernos de su país y México un mes antes, como forma de resolver el conflicto del comercio de azúcar. A pesar de que México concedió sin chistar todas las demandas de Estados Unidos, el acuerdo les pareció poca cosa a las Big Sugar.

John Saxe-Fernández / V: Bloque energético y el trauma nacional

La catástrofe humanitaria que padece la nación se lanzó sobre México como parte del añoso diseño de intervención, privatización y desarticulación del país y su sector energético desde 2006 bajo la Iniciativa Mérida. Es un arreglo de facto Bush/Calderón cuya desestabilización se dinamiza en la desregulación e inusitado incremento del magno torrente de armas de asalto de Estados Unidos hacia cárteles/crimen de México (Bush/2004) y de enormes flujos de dólares a la banca de Estados Unidos. Asentado en corrupción y violencia que el derecho penal internacional tipifica de "crímenes de lesa humanidad, el esquema que opera sea como guerra al narco, el crimen o el terrorismo, es conocido en el Pentágono como guerra irregular e inició con fondos sacados de partidas destinadas a la brutal masacre y destrozos por el crudo en Irak, otro gran crimen de lesa humanidad repleto de jugosos contratos.

Donald Trump demuestra una vez más la prepotencia e ignorancia imperiales con que se maneja su administración al amenazar de la forma más vulgar, soez e impúdica a la República Bolivariana de Venezuela con imponerle duras sanciones si se realiza la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada para el 30 de  julio. Pero más allá de las mamarrachadas del actual inquilino de la Casa Blanca, lo que está claro como el agua es que esta amenaza encaja perfectamente en el guión desestabilizador y golpista delineado en el manual Venezuela Freedom II, firmado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El mismo da continuidad al Venezuela Freedom I, endosado en su momento por el general John Kelly, ahora secretario de Seguridad del suelo patrio, el mismo que ha dicho que el triunfo del candidato a la Presidencia por Morena en 2018, Andrés Manuel López Obrador, no le convendría a México ni a Estados Unidos.


LAS NOTICIAS DE CIMAC


Ciudad Juárez: 13 años de programas para huérfanos del feminicidio

Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las  niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.

Silvia Núñez Esquer* Cimacnoticias | Sonora.- Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.
 
Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.
 
La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura. 
 
Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-Un juez sancionó económicamente a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) por no reinstalar como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural a Adriana Rodríguez Hernández, despedida y discriminada por funcionar de la instancia por padecer cáncer de mama (CaMa).
 
Son ya cuatro meses desde que la CES Edomex tiene la obligación de acatar la orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa: ubicar a Adriana Hernández en su mismo puesto con seguridad social por "estar en riesgo su vida", pero la negativa por hacerlo llevó el pasado 12 de julio al Juez Quinto de Distrito  -encargado de hacer cumplir el fallo- a sancionarlos.
 
De acuerdo con la información que brindó la subdirectora a Cimacnoticias (en el expediente 1919/2016) la Comisión tenía tres días para pagar el monto que haciende a más de 30 mil pesos, por lo que se venció nuevamente el plazo del cobro y la reinstalación laboral, como manda el juez.
  
 Elizabeth Alvarado Cimacnoticias | Ciudad de México .- Ante la falta de estadística sobre la situación de las mujeres en diferentes ámbitos, desde 1995 se trabajó en la creación de un "Atlas de Género" que contiene las diferencias sociales entre mujeres y hombres y que permitirá hacer más visibles estas diferencias, dijo la senadora y la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la priista Diva Hadamira Gastélum.
 
Durante la presentación realizada esta mañana en la Casona de Xicoténcatl, la senadora explicó que este Atlas de género se empezó a trabajar como una idea  desde el año 1995, cuando se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, y se percatan de que hacen falta más datos sobre la condición social de las mujeres.
 
Las presentadoras entre quienes se encontraban la senadora Angélica de la Peña Gómez, la vicepresidenta del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Paloma Merodio Gómez, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez y la especialista de Programas de ONU Mujeres en México, Juliette Bonnafé, coincidieron que en América Latina y en particular en México, existe un amplio desarrollo de información estadística con perspectiva de género por lo que este instrumento estadístico permitirá conocer más a detalle las desigualdades.

Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-A través del contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) busca que sus afiliadas puedan gozar de sus derechos laborales como es un salario justo, días de descanso, retiro y seguridad social, y no quedar bajo la voluntad de quienes las contratan.
 
Apegado a los instrumentos internacionales y nacionales en materia laboral, el contrato colectivo de trabajo es una propuesta del Sindicato Nacional, para frenar los abusos y la informalidad en la que se desempeñan las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  
 
En entrevista con Cimacnoticias, la principal impulsora del contrato colectivo, Marcelina Bautista Bautista, explicó que históricamente el trabajo del hogar se ha regido por un acuerdo verbal, donde siempre se sobrepone la voluntad de él o la empleadora: "cómo debe funcionar, cuánto debe de pagar, todo bajo su condición".
 
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-La periodista mexicana e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Patricia Mayorga, fue seleccionada como una de las ganadoras del Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017 que cada caño otorga el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
 
La corresponsal de la revista Proceso en el estado de Chihuahua fue elegida junto con el reportero de Camerún, Ahmed Abba; el columnista de Tailandia, Pravit Rojanaphruk; la bloguera de Yemen, Afrah Nasser; y la conductora de televisión estadounidenses, Judy Woodruff.
 
Actualmente Mayorga vive en el exilio. La periodista decidió salir del país luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea, quien fuera corresponsal del diario La Jornada y colaboradora del periódico Norte, publicación que decidió cerrar su versión impresa después del crimen contra su reportera, ocurrido el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua. 


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