PORTADAS:El elevado costo de la deuda presiona al déficit fiscal/Muerde burocracia mil 600 mdp a IP/Gobernador de Nayarit arropó a narcofiscal/Los empresarios admiten que compran gasolina a huachicoleros/El proyecto de nueva sede del INE registró irregularidades por un monto de 2.5 mdp: ASF/Espiar a periodistas y defensores no constituye un hecho de corrupción: SNA/Investigaciones independientes y exhaustivas sobre espionaje, pide Observatorio internacional/Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadiensesPalos de ciego/A gobierno de Michoacán no le interesa buscar fosas; ellos son victimarios, son parte de sistema criminal: sacerdote/México es cada vez más bárbaro y desigual, y alarma su Estado de derecho, coinciden especialistas/
En 2016, diversas instancias del sector público cobraron mil 600 millones de pesos en mordidas al sector empresarial.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, realizada por el Inegi, en promedio cada empresa gastó 12 mil 243 pesos en actos de este tipo.El 82.2 por ciento de las compañías, de las 34 mil 681 consultadas, refirió que los actos de corrupción son frecuentes por parte de servidores públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la agilización de trámites, evitar multas y sanciones, además de obtener licencias y permisos.Esta es la primera vez que el Inegi realiza una encuesta de esta naturaleza. El ejercicio fue aplicado del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016.Las empresas pertenecían a los sectores de minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y comunicaciones.Con anterioridad se han dado a conocer otras mediciones sobre el costo de la corrupción, por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha referido que ésta constituye hasta 10 por ciento del PIB.La encuesta del Inegi arrojó que 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante el año pasado experimentaron al menos un acto de corrupción.
EL UNIVERSAL
ANIMAL POLÍTICO
El proyecto de nueva sede del INE registró irregularidades por un monto de 2.5 mdp: ASF
La Auditoría Superior señaló anomalías en el proyecto ejecutivo de la nueva sede del INE, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados, como adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios. Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.Por esas irregularidades, la Auditoría generó seis observaciones, entre éstas cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y señaló la probable recuperación de 2.5 millones de pesos, de los 10.7 millones auditados.Una obra multimillonaria.Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.En agosto de 2016, se licitó el "Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral", un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.También se licitó el "Estudio técnico y trámites para la constitución de un polígono de actuación para el Conjunto Tlalpan", asignado a la empresa RDC: Operadora Mexicana de Contratistas, por un millón 174 mil pesos.Además se asignó, por adjudicación directa, un estudio técnico de actualización catastral al arquitecto Rogelio Miranda Martínez, y la elaboración del plan maestro del conjunto Tlalpan a la empresa Balau Arquitectos, por un total de 4.2 millones.En enero de 2017, sin embargo, el INE anunció una serie de "medidas de austeridad", entre las que se incluían la suspensión del proyecto de ampliación y remodelación, por lo que se regresaría el recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
PROCESO
Espiar a periodistas y defensores no constituye un hecho de corrupción: SNA
El espionaje político, primer escándalo de corrupción peñanietista con resonancia internacional desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue desestimado por este organismo, luego de que sus integrantes decidieron que intervenir las comunicaciones de defensores de derechos humanos y periodistas no constituye un hecho de corrupción.En la primera prueba para el recién creado SNA hay de antemano un contrasentido, pues Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, es una de sus integrantes, pero en su etapa al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) fue cuando se adquirió uno de los paquetes del software espía conocido como Pegasus.De hecho, Gómez fue una de las que votaron en contra de la moción, lo mismo que el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas; el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Carlos Chaurand, y Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal.El comité ciudadano del SNA, a través de Jaqueline Peschard –la única que votó a favor–, propuso que se hiciera un exhorto a las dependencias del Poder Ejecutivo involucradas, para que hicieran llegar los expedientes de compra con contratistas de seguridad. En síntesis, intervenir en el asunto.Sin embargo, los miembros del SNA rechazaron mayoritariamente la propuesta bajo el argumento de que no existen evidencias de corrupción, y dijeron que dejarían en manos de la PGR y el futuro fiscal anticorrupción la indagatoria correspondiente.La propuesta realizada por el comité ciudadano enfatizaba la relevancia del caso al considerar que podría implicar graves violaciones a los derechos humanos.Para el comité coordinador, en palabras de Pérez Daza, la intervención de comunicaciones sin orden judicial no constituye un hecho de corrupción, y Chaurand abundó que el espionaje no está "ni remotamente probado".
ARISTEGUI NOTICIAS
Investigaciones independientes y exhaustivas sobre espionaje, pide Observatorio internacional
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgió en una carta abierta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a investigar los presuntos casos de espionaje contra activistas y periodistas.
El uso de software espía como Pegasus "atenta contra la libertad de expresión y asociación, el derecho a la intimidad y sobre todo criminaliza la labor de periodistas y defensores de derechos humanos al ponerlos como objetivos de programas que son utilizados a nivel global contra criminales y terroristas", afirmó el Observatorio.
Por ello, exigió a las autoridades mexicanas investigaciones independientes y exhaustivas sobre el hecho.
A continuación, la carta íntegra:
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco de su programa conjunto el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos humanos – el Observatorio, manifiestan su preocupación sobre las denuncias acerca del uso de programas de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas en México[1], por lo cual urgen a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a que adelanten las debidas investigaciones y se sancione a sus responsables.Conforme la información publicada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica de Citizen Lab, un centro de investigaciones de la Universidad de Toronto, han sido documentados casos en los que el gobierno mexicano estaría utilizando sofisticados programas informáticos de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas[2].CONTRALÍNEA
Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses
Doce mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares.El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Los RFC revelados en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver's, Yamana Gold Inc.Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los "contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos".Los deberes incumplidos. El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. "Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una 'doble' tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.
REPORTE ÍNDIGO
Palos de ciego | Reporte Indigo
En Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancariasJuárez, Chihuahua, municipio con graves problemas de seguridad, se dio el lujo de devolver 3.7 mdp a la federación, por no aplicarse en seguridadPara retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan la creación de empleos de mayor calidad y mejor remunerados, las autoridades deben atender el clima de inseguridad que se vive en el país, dice Gustavo de Hoyos WaltherGustavo de Hoyos Walther dijo que acudirá al Congreso de la Unión para demandar que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea prioridad la revisión del marco legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad"El sector patronal reclama que la Procuraduría General de la República y cada una de las procuradurías de los estados intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes"Gustavo de Hoyos Walther.Presidente de la Coparmex.La ASF establece que en nueve meses el órgano de seguridad recibió 203 mil 248 bienes, entre uniformes, material de seguridad y prendas de protección, por un monto de 238 millones 847 mil 800 pesosEl incumplimiento de la Secretaría de Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito puede tener impacto en el incremento de la violencia que ha repuntado en todo el paísOtro renglón en donde la ASF encontró falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los elementosAlgunas de las acciones que no fueron cumplidas por la Segob, pese a contar con los fondos económicos, fueron en relación con la atención a los factores de riesgo, como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas y el abandono escolar
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Para final del mes del junio, el sacerdote y activista Carlos Ramírez, denunció que la fiscalía de Morelia envió peritos para hacer el embalaje de un cuerpo encontrado en una fosa clandestina y al irse se percataron que dejaron restos humanos en el lugar, "sin duda un trabajo 'profesional' de la fiscalía", señaló.El sacerdote Carlos Ramírez forma parte de un colectivo que ha realizado distintos trabajos en fosas clandestinas en entidades como Sinaloa, Coahuila, Veracruz y ahora Michoacán. Él señala que además de la parte espiritual, "también formo parte como rastreador buscando en las fosas los restos e identificándolos". A su vez también hace presión para que el Estado mexicano brinde las facilidades y el apoyo para desarrollar las diligencias. "Especialmente en Michoacán nos encontramos con que la autoridad bloquea las diligencias y coacciona el apoyo a la ciudadanía", indica. En este caso, luego de dar a conocer la ubicación d una fosa clandestina, el gobierno estatal, comenta, acordó enviar "a los mejores peritos de toda la entidad", para que realizaran la diligencia, sin embargo, señala, es la primera vez que no existe voluntad para trabajar en conjunto.Esto, porque "lo que se hace es que la institución y la ciudadanía trabajan a la par y como nosotros nos apegamos a la ley General de Víctimas, que establece que los familiares y los acompañantes pueden ser observadores en las diligencias, podíamos estar ahí", sin embargo, "estando presentes durante el embalaje de los restos, desde que llegaron los peritos (con una actitud prepotente) nos dijeron que solamente ellos iban a entrar.Cuando estábamos en la zona marcaron el perímetro desde 500 metros antes, lo cual es muy absurdo y nos dijeron que solamente los familiares de la víctima a quien pertenecían los restos óseos podrían pasar a verlos."Lo cual es absurdo porque para comprobar quien es familiar se necesita una prueba de ADN, es una locura lo que están pidiendo. Además no se necesita ser familiar para poder ingresar. Pero aún así ellos hicieron el embalaje", señala el sacerdote Carlos Ramírez, en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO. Sin embargo, en cuanto los peritos dijeron haber terminado en el lugar, Ramírez denuncia que el proceso lo hicieron en bolsas de plástico, cuando "todo protocolo internacional de peritajes demuestra que ese tipo de acciones son una negligencia total".
SINEMBARGO
México es cada vez más bárbaro y desigual, y alarma su Estado de derecho, coinciden especialistas
Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar [Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.] #DatosCerrados | Desde el anonimato, benefactores de México y el extranjero le entregan millones de pesos cada año a los ex Presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a través de las fundaciones que forjaron cuando retomaron la vida civil. El promedio anual de los donativos que recibe Fox para el Centro Fox es de 40 millones de pesos, un flujo en efectivo y en especie que viene tanto de México como de otros países. A Calderón no le ha ido tan bien con su Fundación Desarrollo Humano Sustentable que consigue 12 mdp sin que hasta ahora tenga algún donativo del extranjero. Los montos recibidos son públicos. Los nombres de quienes se han desprendido de su dinero para las causas de los ex Mandatarios son datos cerrados. En esta foto del 1 de diciembre de 2006 se observa a los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, durante la toma de posesión de este último. Foto: Gustavo Benítez, Cuartoscuro. Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– No se sabe quién o quiénes ni sus porqués. Pero los Presidentes de la alternancia, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) –ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN)– reciben millones de pesos cada año a través de las fundaciones que forjaron una vez que salieron de la residencia oficial de Los Pinos y retomaron la vida civil. El Centro Fox recibe en promedio 40 millones de pesos al año. En comparación, a la de Felipe Calderón Hinojosa, la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), no le va tan bien. Para esta organización el promedio anual es de 12 millones de pesos desde 2014. Y si el año pasado, el flujo de dinero para la agrupación de Fox fue de 23 millones 516 mil pesos, la de Felipe Calderón, alcanzó sólo tres millones 606 mil pesos. Lo anterior se desprende de los reportes de donatarias autorizadas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en que cada año debe entregar al Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación. En el documento, la dependencia debe señalar los montos de donativos recibidos, especificar si fueron en efectivo o en especie, así como si su procedencia es nacional o extranjera. Pese al flujo de millones de pesos para estas entidades con causas sociales, no hay ningún elemento legal para conocer la identidad de los donadores, que al brindar su dinero obtienen deducibilidad de impuestos. Tampoco hay ningún reporte público que los mencione. Las
LA JORNADA
La posibilidad de un menor remanente del BdeM para el gobierno es otro factor
El pago de los intereses a los acreedores del gobierno creció 34.5% en cinco meses
Roberto González Amadora
Fotoportada
El enfant terrible, el rupturista y el Gato Macho que creó un "mundo de deformes y desdichados", falleció a la edad de 83 años en Ciudad de México. Fue un artista plástico multifacético, quien recibió gran cantidad de premios y reconocimientos. A él se atribuye haber bautizado a la Zona Rosa. Ahí dibujo el Mural efímero para mofarse "de los afanes continuistas del muralismo". En la imagen posa en 2008 con La Giganta, la cual se expone en el museo que lleva su nombre en el Centro Histórico Foto Archivo La Jornada
Gastó $1,802 millones cuando le asignaron $897 millones en 2016
ASF: no estableció metas para el reordenamiento territorial del país
El riesgo es que continúe el crecimiento anárquico de las ciudades
Anuncia que se modificará el trazo
Mancera: el tren México-Toluca ya no afectará a El Ocotal
Se evitará el derribo de 3 mil árboles
"Tuvo prioridad el reclamo de pobladores"
Rayuela :''La ruptura fui yo'', dijo José Luis Cuevas. Cierto o no, la potencia de su trazo y su genialidad abrieron nuevas formas de ver en la plástica mexicana.
Ingresaron 2 mil 586 millones de dólares, reporta el BdeM
Remesas de mayo, las más cuantiosas desde hace 9 años
Considera que los envíos crecen en ese periodo por el Día de las Madres
En los primeros cinco meses del año el acumulado es de 11 mil 532 mdd
Siguen por arriba de inversión foránea, turismo y exportación petrolera
Israel Rodríguez
Hallan vestigios de un recinto mexica en el Centro Histórico
Está en la calle de Perú y pertenecía a nobles del barrio de Colhuacatonco
Figurillas, estructuras y restos humanos fueron hallados en una vecindad de la calle de Perú Foto INAH
Ataque de huachicoleros en Puebla; matan a tres personas
Reportan 4 desaparecidos; son comerciantes que se negaron a ser extorsionados
Fotocontraportada
Banderazo de Peña al nuevo macrotúnel en Acapulco
Durante la inauguración de la primera fase del macrotúnel Escénica, el Presidente señaló que su gobierno mantendrá la apuesta por Guerrero para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad. La obra tiene una longitud de más de tres kilómetros y cuenta con inversión pública y privada. Acompañan al mandatario el gobernador Héctor Astudillo y el empresario Carlos Slim Foto Presidencia
Julio Hernández López: Astillero
Los directivos del simulacro de lucha institucional contra la corrupción (denominado, de manera hilarante, Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, siglas que bien podrían cambiarse por Snif)) se negaron a exhortar (¡cuando menos a exhortar!) al gobierno de Enrique Peña Nieto a que informe respecto de los términos de adquisición y uso del sistema de espionaje Pegasus, que ha sido señalado de manera fundada y constante como ejemplo de desviación de recursos públicos para fines distintos de los oficial y legalmente contemplados.
El tema fue planteado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del citado SNA-Snif, Jacqueline Peschard, quien retomó las denuncias de que la adquisición y uso del malware Pegasus han coincidido con el envío de mensajes-anzuelo a periodistas, activistas y opositores al régimen para que, al dar clic a esas trampas, estuviesen instalando el programa que no deja huella de esas intrusiones ( Pegasus) y permite vigilar y manipular los teléfonos celulares deseados.
El citado Comité de Participación Ciudadana fue creado con la intención de que ahora, los ciudadanos participen activamente en el combate y prevención a (sic) la corrupción
. Con optimismo, se plantea en la página oficial: Con el SNA, la ciudadanía será escuchada por conducto del Comité de Participación Ciudadana
( https://goo.gl/oYzvQn ). Bueno, hasta se decidió que sea uno de esos ciudadanos quien presida el mencionado SNA-Snif.
Peschard, en ese contexto, señaló: Pensamos que las distintas autoridades que tienen este tipo de programa pudieran darnos información sobre quiénes lo tienen, cuánto se ha gastado y cuál es el marco jurídico, es lo que solicitamos para que podamos tener mayor información del caso, que nos parece particularmente relevante
. Dijo que podrían darse, en esos hechos, violaciones graves a la privacidad y, desde luego, actos de corrupción.
Pero cinco distinguidos votantes se negaron a tocar aunque fuera con el pétalo de un exhorto a la administración peñista que monta en caballos alados. Entre un efluvio de legalismos y formalidades que Los Pinos debería agradecer aunque fuera con mejores cargos para los deponentes, el punto fue rechazado: no está comprobado que sea un acto de corrupción y demás bla, bla doctoral y etcéteras solemnes: cinco votos en contra de molestar al cuaco pinolero espiador y uno a favor. Esos cinco adversos a la apertura representan a las siguientes instituciones teóricamente justicieras: el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de la Función Pública.
Ahora, bien (o, más bien: ahora, mal
), la titular de la oficina citada al final de la ristra de denominaciones, tan pomposas como ineficaces, es ni más ni menos que Arely Gómez, quien justamente tuvo a su cargo la operación inicial del sistema de espionaje Pegasus, adquirido por su antecesor en la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam. ¿Se abstuvo Arely Gómez, ahora titular de la Secretaría de la Función Pública, de votar en un caso que evidentemente representa para ella un conflicto de interés? O, ¿en un admirable lance cívico e institucional, fue ella quien demandó que se informara a fondo sobre el caso y se despejaran dudas y maledicencias? No. Como sus cuatro congéneres, votó en contra. Cinco votos institucionales, contra el voto solitario de la ciudadana
que preside, pero no gobierna. Carpetazo. Opacidad. Búsqueda de olvido. ¿SNA? ¡Snif!
La senadora priísta Lilia Merodio Reza ha solicitado de manera categórica que Enrique Ochoa Reza renuncie a la presidencia nacional del PRI. Usualmente acoplada a las prácticas más tradicionales de su partido (votó en favor, por ejemplo, del aumento del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza del norte del país, siendo nativa y representante de Ciudad Juárez), la senadora declaró a El Heraldo de Chihuahua (periódico integrante de la Organización Editorial Mexicana) que para sanear al PRI en toda la República, es necesario que el dirigente nacional, Enrique Ochoa, presente su renuncia, pues no conoce nada sobre la vida interna del partido ni de su militancia, pues él ni siquiera ha sido regidor
.
En particular, la mencionada legisladora denuncia que Ochoa Reza pretende imponer al futuro presidente del comité priísta (en una entidad donde no hay gobernador tricolor), mediante un juego sucio, muy perverso
, utilizando al delegado, Fernando Moreno Peña (cacique colimense) para presionar y amenazar a quienes elegirán
a Omar Bazán como nuevo dirigente chihuahuense. A Morena Peña le atribuye Merodio algo que en otras entidades le han achacado al citado ex gobernador de Colima: mecanismos y acciones gansteriles
( https://goo.gl/3R2TWR ).
El (todavía) gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (sin contacto afectivo en Los Pinos), ha pasado a engrosar el catálogo de priístas bajo documentadas acusaciones de corrupción. La procuraduría federal de justicia ha tomado en sus manos el expediente de quien pasó de jardinero indocumentado en Estados Unidos a ser político en su estado natal, donde acumuló escandalosa riqueza de la que hizo exhibición pública.
El consejero presidente del Instituto de la Nulidad Electoral (INE), Lorenzo Ugalde Zurita; perdón, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que la ciudadanía menosprecie lo que se hace en ese órgano autónomo
. Y es que, aseguró, en México se hacen las elecciones y se hacen bien
. Haciéndose, Córdova Vianello dijo que en el INE están en una lógica de no autocomplacencias, de autoconformismos, sino en una lógica de autocrítica
. Ya con tan lindas palabras, luego de emitir un suspiro de complacencia y conformismo, a esta columna no le queda sino plácidamente hacerse a un lado y decir, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Mientras en el Senado siguen dando un paso hacia delante y dos hacia atrás en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, los empresarios tienen que enfrentar una realidad: cuando se trata de hacer negocios con el gobierno, es necesario pagarle un moche a alguien del propio gobierno. Puede ser un secretario de Estado o un jefe de compras modesto, pero alguien se llevará algo. Tomen nota de los datos que arrojó la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, realizado por Inegi. Las empresas del país realizaron 76.5 millones de trámites en 2016, lo cual significa que en promedio cada negocio hizo 19.5 ante los tres órdenes de gobierno. El costo para cumplir con las regulaciones gubernamentales lo estimó el instituto en 115 mil 700 millones de pesos, que representan 0.56 por ciento del producto interno bruto (PIB). La corrupción en materia regulatoria en México costó mil 600 millones de pesos a las empresas. El costo promedio por empresa fue de 12 mil 243 pesos, según el reporte. Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo son los estados donde más empresas mexicanas son víctimas de la corrupción. El periodo de referencia de la encuesta es de enero a diciembre de 2016 y fueron seleccionadas 34 mil 681 compañías para la muestra nacional. Actualmente, en nuestro país hay 4.5 millones de empresas.
Tasas de interés
Ya pegó el aumento de las tasas de interés a la venta de vehículos nuevos. La industria automotriz (AMIA y AMDA) reporta que durante junio la venta de vehículos ligeros fue de 127 mil 410 unidades, 5.3 por ciento inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado. Hace seis meses el gobierno asestó el gasolinazo. Desató una inflación que no ha podido controlar (6 por ciento) y llevó al Banco de México a subir la tasa de interés. Todavía a principios del año pasado las firmas automotrices tenían planes de ventas de 7 por ciento anual; inclusive, algunas ofrecían a sus clientes preferentes una tasa de cero por ciento. Ahora la tasa de interés está por encima de 10 por ciento. Sin embargo, la comparación con el semestre 2016 sigue siendo positiva. Se registraron 743 mil 51 vehículos ligeros vendidos con un crecimiento de 2.9 por ciento en relación con el acumulado del mismo periodo del año previo.
El hangar presidencial
En el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados se incluye la información referente a nuevas irregularidades halladas en la construcción del hangar presidencial, obra que el gobierno federal adjudicó de forma directa a Concretos y Obra Civil del Pacífico, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto. En las auditorías 2014 y 2015, la ASF ya había encontrado pagos irregulares por 208 millones de pesos. En los nuevos documentos se especifica que la SCT firmó un contrato por 74 millones para labores de conservación y mantenimiento del hangar, pero fue personal del Ejército el que en realidad realizó el trabajo, no la empresa de Hinojosa Cantú. Dice la Auditoría que no se garantizó el debido cumplimiento de la ejecución de los trabajos
y no se hizo constar cómo se gastaron 74 millones de pesos. En ninguna de las auditorías se han promovido responsabilidades penales a los funcionarios involucrados. Ya se había documentado que la obra estaba presupuestada para costar 685 millones de pesos, se encareció 70 por ciento y el gobierno al final pagó mil 182 millones de pesos; además era un diseño vanguardista pero terminó en un hangar tipo bodega.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Nadie sabe, nadie supo, pero se ha desinflado la euforia
que en ciertos círculos económico-financieros provocó el decreto oficial de que en esa materia todo funciona razonablemente bien
. El mes pasado –tras el resultado electoral en el estado de México– todo el circuito reaccionó positivamente
y decidió aumentar
–es un decir– su estimación sobre lo que ha dado en llamar crecimiento
, en el entendido –decía– de que los indicadores se muestran más sólidos
que lo previsto.
Pero tras la elección del virrey tricolor en la tierra peñanietista y como por arte de magia, los eufóricos
comenzaron a recular y parecen regresar a la realidad, es decir, se aleja de la verdad
oficial. Entre tales entusiastas
se contaron a los grupos de especialistas del sector privado nacional y foráneo consultados permanentemente por el Banco de México, quienes, tras muchos meses al hilo de reducir y reducir la expectativa de crecimiento
, en junio pasado decidieron, como por arte de la magia electoral, elevar
(apenas dos décimas de punto porcentual) por primera vez su pronóstico en la materia.
Sin embargo, el gusto apenas les duró un mes, porque en su nuevo pronunciamiento tal pronóstico a duras penas se movió una décima de punto porcentual con respecto al mes inmediato anterior, lo que para efectos prácticos no es nada, pues de cualquier suerte la posibilidad por ellos prevista es que la economía mexicana crezca
, si bien va, 1.98 por ciento en el presente año.
De concretarse tan raquítico pronóstico, y sumado éste a los cuatro años previos del gobierno peñanietista, el gran logro
del México en movimiento
arroja el siguiente resultado: la poderosísima economía nacional registraría una tasa anual promedio de 1.99 por ciento, una proporción que, dadas las urgencias del país, no alcanza ni para la propina.
Si se considera la estimación que el citado grupo de especialistas ha hecho pública para 2018 (2.23 por ciento, en pleno año electoral), entonces el brinco económico registrado por el país sería histórico, pues la tasa promedio anual se elevaría a… dos por ciento. La situación se complica aún más, porque tal grupo incluye su pronóstico para 2019 (2.29 por ciento), el cual sólo confirma que la tendencia de la economía mexicana es la misma de siempre, con todo y las reformas
que –versión oficial– provocarían un avance
anual superior a 5 por ciento.
Las reformas
no sólo se aprobaron, sino que –también versión oficial– se han llevado a la práctica, y de cualquier suerte la economía se mantiene estática, sin crecimiento y desarrollo. Y el sexenio peñanietista heredará la misma dinámica que recibió, la cual, según dijo el de Los Pinos, él se encargaría de romper
para crecer al ritmo que el país necesita
. Pero no. Deja a la siguiente administración gubernamental el mismo dos por ciento que tanto daño le ha hecho al país a lo largo de las últimas tres décadas y media.
En el rubro en el que los citados especialistas se muestran mucho más generosos que en materia de crecimiento
es en el de los precios al consumidor, pues estiman que en 2017 –el año de la inflación temporal
, producto del mega gasolinazo de enero pasado– tal indicador se ubique, si bien va, en 6.02 por ciento, el doble de 2016 y el más elevado desde cuando menos nueves años.
Miguel Pineda: Negocios y empresas
México pasó de ser una gran potencia petrolera, que en los años setentas nos llevó a la ficción de que nuestro mayor problema sería ''la administración de la abundancia'', según José López Portillo, a ser un país altamente deficitario en hidrocarburos.
Los datos de la balanza comercial de los últimos dos años nos muestran con precisión esta cruda realidad. En 2015 exportamos 23 mil 100 millones de dólares de productos petroleros, contra una importación de 33 mil 288 millones de dólares de dichos productos. En 2016 vendimos a otros países sólo 18 mil 818 millones de dólares e importamos 31 mil 566 millones de dólares de hidrocarburos y, para colmo de males, el desequilibrio comercial en este sector crecerá durante los próximos años.
Pemex dejó de ser el gran exportador y productor de petróleo y derivados, para convertirse en una empresa que en 2016 representó menos de 5 por ciento de las exportaciones totales de México, que llegaron a 373 mil 939 millones de dólares y su tendencia es a la baja, no sólo por el crecimiento de otros sectores, sino por la caída de la eficiencia y productividad de esta empresa que tiene costos fijos muy altos, difíciles de reducir. Ningún político al frente de la empresa ha tenido la capacidad de bajar los costos y aumentar la eficiencia al promedio de las empresas del sector en el mundo y la corrupción y el robo es una constante en esta empresa estatal.
Otro elemento importante a considerar es la creciente participación de empresas privadas en este sector, por lo que en una década la participación de Pemex en las exportaciones totales de nuestro país bajará aún más, para representar tan sólo dos o tres puntos porcentuales.
Pemex fue un gran generador de divisas y de ingresos para el gobierno en la segunda mitad del siglo pasado, lo que permitió el financiamiento de parte del gasto corriente y del gasto de inversión pública; sin embargo, ahora representa una carga para la población que tiene que pagar el doble de precio de la gasolina en México con relación a la que se vende en Estados Unidos.
Carlos Martínez Rentería: Salón Palacio
La semana pasada se publicó en el Diario oficial la promulgación legislativa mediante la cual se legaliza la marihuana para usos médicos. Se sabe que esta iniciativa es muy limitada, pues aún no permite a quienes requieran de los beneficios terapéuticos de esta planta que recurran al autocultivo, entre otras limitaciones. Pero sin duda se trata de un gran avance para destrabar la inútil prohibición de la mota. Coincidentemente con esta noticia tan positiva para el movimiento antiprohibicionista, la Dirección de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc aceptó con una postura progresista y congruente de un gobierno de izquierda, programar tres presentaciones del libro Conversaciones pachecas: voces por la despenalización cannábica en México, que reúne una docena de entrevistas realizadas por quien esto escribe con especialistas en torno al tema, entre ellos Luis Astorga, Gady Zabicky, Julio Glockner, Jorge Hernández Tinajero y Leopoldo Rivera, así como artistas y escritores como José Agustín, Guillermo Fadanelli y Felipe Ehrenberg, entre otros. Estas conversaciones se han realizado en las casas de cultura de esta demarcación, José Romero Flores, Tepito y la última será el próximo viernes 6 de julio en la Casa de Cultura Santa María La Ribera (Jaime Torres Bodet 160, frente a la Alameda de Santa María) a partir de las cinco de la tarde. En esta ocasión estará Leopoldo Rivera, editor de la revista Cáñamo, Alejandra Sánchez, directora de cultura de la delegación, y el autor. También habrá un performance de la Chica Cannábica (Lily Angelos) y la actuación especial del artista el Muertho de Tijuana.
Solidaridad con La Jornada
conservarlas, promoverlas y revitalizarlas, como señalan diversos espacios institucionales, tanto dentro como fuera del país. Asimismo, es innegable la importancia de la lengua indígena como factor central en la cultura e identidad de los pueblos. Sin embargo, es necesario considerar que no podemos hacer abstracción de la lengua respecto de la situación histórica de los pueblos indígenas en relación con el Estado y la sociedad mayoritaria.
Violencia política, causal de anulación de elecciones en CDMX
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