Jorge Carrasco Araizaga
MEXICO, D.F., 20 de febrero (apro).- El general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, está colocando en un predicamento al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sus insistentes llamados públicos para que el Congreso apruebe la reforma a la Ley de Seguridad Nacional están dirigidos principalmente a ese partido. Sin sus votos, el PAN carece de la mayoría necesaria para sacar adelante la reforma que el presidente Felipe Calderón propuso al Senado en abril del 2009.
La iniciativa busca redefinir la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto interno, más allá de la crisis de inseguridad que hoy padecemos por la delincuencia organizada. Abre la posibilidad de que los militares, identificados en la propuesta como Fuerza Armada Permanente, operen como máxima autoridad en aquellos lugares que decida el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en situaciones de crisis.
En la práctica, esa decisión quedaría en manos del presidente, pues el CSN está integrado sólo por miembros del gabinete presidencial, por lo que el Congreso quedaría como mero espectador. Detrás de la insistencia del general secretario está el propósito de proteger al Ejército, la Marina y Fuerza Aérea de eventuales reclamos por su intervención en conflictos internos.
Lo que se busca es evitarle a las instituciones armadas o a algunos de sus miembros futuros reclamos políticos y sociales como ocurrió en el conflicto estudiantil de 1968, el halconazo de 1971, la llamada "guerra sucia" de los setenta y ochenta, y en el levantamiento zapatista en la década pasada.
El general Galván aprovechó las festividades del Ejército de febrero no sólo para llamar públicamente al Congreso --es decir, al PRI-- para aprobar la reforma, sino para introducir en la sociedad el lenguaje de una nueva "política de defensa".
El su discurso del Día del Ejército, el pasado 19 de febrero, se refirió a la "Fuerza Armada Permanente" e insistió en la categoría de "seguridad interior". Ambos conceptos son centrales en la iniciativa de Calderón, que según el general es "impostergable". En su "nuevo diseño institucional" de las Fuerzas Armadas, Calderón y el general Galván consideran que en materia del fuero castrense no hay nada que hacer porque el Código de Justicia Militar "no es coto de impunidad".
En su visión de "modernidad", los militares ya cumplen con dos requisitos fundamentales de un estado democrático: la rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos, pese a los "errores" que cometen. Además, reivindican la transparencia como una de sus prácticas habituales. La realidad devora la retórica.
En manos del PRI está el tipo de Fuerzas Armadas que tendrá México en los próximos años. Ante la posibilidad de regresar a la Presidencia de la Republica en el 2012 tiene la disyuntiva de mantener protegidos a los militares que lo crearon como partido o avanzar hacia un verdadero control civil de las Fuerzas Armadas.
Pero por su historia y naturaleza, no hay mucho que esperar del PRI.
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