jueves, enero 05, 2012

En el DF, Taibo 2 y Noroña radicales; Martí mejor ubicado y Barrales muy verde



Pedro Echeverría V.


1. Pienso que gobernar bien la ciudad de México y su zona metropolitana que con 23 millones de habitantes es la quinta parte de la población del país -pero primera en todo lo demás- es más difícil que gobernar la República, con 113 millones de mexicanos. En México están reconcentrados todas las bondades y todos los malestares. Desde 1970, cuando se alcanzó el mayor porcentaje de crecimiento poblacional del país, se pensaba también en políticas que hicieran que parte de la población del Distrito Federal (DF) se fuera a trabajar y vivir en provincia, es decir, a los otros estados de la República como Quintana Roo, California Sur y otras entidades de baja población. Los inversionistas y los negocios siguieron en esa gran urbe y la reconcentración continuó. Quizá tuvo que esperarse una gran tragedia, como los sismos de septiembre de 1985, para que muchos dejemos la ciudad de México o regresáramos a nuestros estados de origen. Pero el DF sigue siendo el DF.

2. La ciudad de México, junto a las zonas conurbadas, parte del Estado de México (Ecatepec, Netza, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapan), representan más de 23 millones de habitantes, la quinta parte del país. Es sin duda una de las tres ciudades más grandes del mundo. Se han construido –particularmente a partir de los años setenta- largas y anchas avenidas, periféricos, ejes viales, viaductos, primeros y segundos pisos, 10 líneas de Metro, cinco líneas de metrobuses, trenes ligeros y urbano, y los problemas de tránsito de la ciudad están muy lejos de resolverse. ¿Qué decir de la contaminación atmosférica, los problemas de seguridad, de falta de agua, de depósitos de basura, de vivienda y muchos problemas más. Pero lo más importante es el gigantesco desempleo que daña a todo el país, los salarios de hambre, los trabajos informales, la venta de droga, los problemas de salud y educación. Los problemas son 20, 100, 1000 veces más complicados que los de la mayoría de las ciudades.

3. Como en toda la República, en la ciudad de México el 75 por ciento de la población es pobre y miserable a pesar de que allí la producción de riquezas y el consumo de ellas sea también muy alto. En esa ciudad y sus conurbados están concentrados los más grandes centros comerciales, los gigantescos bancos y centros de negocios; las residencias más lujosas de millonarios, pero también las colonias proletarias y las casuchas más miserables de las barrancas. Allí viven los nacidos en el DF, junto quizá a la mitad de nacidos en los otros 31 estados de la República. En esa ciudad están los más grandes y numerosos centros educativos, de investigación, bibliotecas, librerías, editoriales, museos, cines, teatros; así como también es la zona donde están los poderes económicos y políticos, las grandes reuniones nacionales y concentraciones de protesta. Gobernar esa ciudad es muy difícil, pero se necesitan personajes identificados y probados en las luchas de los pobres.

4. ¿Quién debe gobernar en el DF? Pues nadie más que un gobierno de izquierda que se dedique a resolver los problemas más graves de la ciudad, pero en particular del 80 por ciento de la población más pobre y miserable de esa enorme urbe. Los primeros dos gobiernos electos del DF (Cárdenas y López Obrador) no estuvieron mal como los anteriores designados del PRI, pero pudieron estar muy bien si hubiesen dedicado más tiempo "primero a los pobres". Los gobiernos de izquierda deben ser claramente superiores y muy diferentes a los del PAN y del PRI por lo menos en la ciudad de México, porque en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Michoacán, han sido igual de funestos y corruptos que PRI y PAN. ¿O, por qué no demuestran que fueron distintos? Si la izquierda no es izquierda real bajándose el salario, extirpando los privilegios, sirviendo a los pobres, combatiendo el nepotismo, entonces es pura basura.

5. A mi me encantan las ideas anarquizantes e izquierdistas del escritor Paco Taibo 2, así como las del papá de los polemistas legisladores mexicanos Gerardo Fernández Noroña y me gustaría que las pusieran en práctica en el DF; pero ellos no podrían ser candidatos porque políticos, empresarios y curas, lo impedirían aunque tuvieran que pedir la intervención del ejército yanqui. Pienso que Martí Batres –por la historia política que le conozco- es el único indicado para que las administraciones socialdemócratas continúen evitando que fascistas del PAN como Luege Camargo o las parientes de Calderón, así como la dirigente burócrata del PRI: Paredes, recuperen esa gigantesca urbe fundamental en la República, para devolverla a los más grandes empresarios y el clero. El actual gobierno centrista de Ebrard busca dejar a su sucesor en las personas de Delgado, Mancera o Navarrete identificados con los Chuchos y Calderón.

6. La ciudad de México es importantísima, sobre todo a partir de 1997 cuando sus gobernantes dejaron de ser designados por el presidente de la República. Es el centro cultural, económico, político, turístico; es la identidad del país, sin olvidar otras grandes ciudades como las de Guadalajara, Monterrey, Puebla u Oaxaca. No concibo que en pleno siglo XXI, cuando el mundo ha logrado muchísimos avances científicos, culturales, literarios, artísticos y en todos los campos de la libertad, sigamos teniendo gobernantes que implantan estados militares, represivos y autoritarios con el fin de seguir beneficiando a minorías explotadoras. Tokio, Japón; Mumbai, India; Sao Paolo, Brasil; Nueva York, USA y Shanghai, China, son otras tantas populosas ciudades del mundo que cuentan con los 20 millones de habitantes. Y no para vanagloriarse estas megaurbes, pero sí para que sean gobernadas en beneficio de las mayorías.

7. En las izquierdas no pueden aceptarse más gobiernos que apoyen privilegio alguno ni mucho menos el centralismo. Nuestra constante lucha debe ser por gobiernos plurales y horizontales que impulsen o que no impidan que se desarrollen colectivos, cooperativas y las variadas formas de autogobierno. Pienso que Martí Batres, acompañado de otros jóvenes identificados con las luchas de los trabajadores -que ya estaba enfilado para gobernar el DF desde 2006- puede ser el que establezca un gobierno definido de izquierda –no simple socialdemócrata- en la ciudad de México. Un gobierno que apoye las luchas de los trabajadores electricistas, de los profesores, de empleados de la salud y de todos aquellos que han tenido que acudir a las calles en busca de justicia. Pero puedo equivocarme. Alejandra Barrales también se ha identificado con las izquierdas, pero aún le faltan muchas batallas que definan más su identidad.


Blog: http://pedroecheverriav.wordpress.com
Correo: pedroe@cablered.net.mx

Los Gigantes de Internet Convocan a "Apagón" contra la Ley SOPA

Escrito por

Imagen del sitio EFF que promueve la lucha contra SOPA.

En vísperas de que el próximo 24 de enero, el Congreso de Estados Unidos discuta y quizá apruebe la ley antipiratería en internet, conocida como Stop Online Piracy Act (SOPA) –muy similar al ACTA que se desechó en México-, los gigantes de esta plataforma tecnológica (Google, Facebook, Twitter, AOL) analizan sumarse a un "apagón digital" para protestar contra esta iniciativa de ley.

Desde diversos flancos, se ha expresado que esta ley tiene ingredientes de censura porque permite la suspensión de sitios de internet, de cuentas de redes sociales que divulguen o retransmitan contenidos supuestamente "piratas", sin que exista una investigación previa y dándole entrada a las autoridades para intervenir en los mensajes y en la dinámica de las redes sociales.

La discusión coincide con el inicio de una competencia cada vez mayor entre Google y Facebook, los dos gigantes de internet, y con el cumplimiento de los primeros 15 años de Yahoo! que acaba de cambiar a sus directivos y planea nuevos contenidos para enfrentar el desplazamiento de Gmail y Hotmail.

Google ha lanzado tres spots televisiviso para promocionar las videollamadas en Google +, la nueva plataforma de redes sociales. La posibilidad de conectarse en video con diez personas de forma simultánea sería el valor diferenciador de Google + frente a Facebook. En 2011, Google invirtió 137.5 millones de dólares en anuncios en internet, televisión, radio y prensa, para promocionar sus nuevos productos, incluyendo el sistema operativo Android, adversario de iOS de Appple como sistema operativo para los Smartphone o teléfonos inteligentes.

Una ley como la que se discutirá en el Congreso de Estados Unidos frenaría la expansión de Google, el buscador más grande de internet, que lanzó en septiembre la red social Google + para desafiar a Facebook y Twitter.

También afectaría a Facebook en sus planes de transformarse en una red social cada vez más audiovisual y convergente con telefonía.

Pone gobierno "bajo llave" cifras de ejecutados

Un vendedor de autos asesinado en Chihuahua. Foto: Ricardo Ruíz
Un vendedor de autos asesinado en Chihuahua.
Foto: Ricardo Ruíz

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón decidió poner "bajo llave" las estadísticas sobre el número de personas fallecidas en 2011 por la guerra contra el narcotráfico.

La cifra de muertos del año que acaba de concluir fueron declaradas como reservadas y confidenciales, de acuerdo con dos expedientes elaborados en noviembre pasado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), según una nota del portal periodístico Animal Político.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Presidencia, en respuesta a las solicitudes de acceso a la información de dos ciudadanos, indicaron que esos datos son reservados; además, no hay fecha para que puedan conocerse en el futuro, como lo marca la Ley Federal de Transparencia.

La Presidencia explica que estos datos están reservados porque son cifras preliminares que aún no son verificadas, sin embargo no indicó cuánto tiempo tardará en completarse ese proceso. Y justificó: divulgar números sin realizar una verificación, causaría un daño en lugar de informar con veracidad.

Y así lo detalla textualmente: "(…) De proporcionarse lo solicitado por el recurrente –constancias o documentos con los cuales se alimenta la base de datos, de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada– se estarían entorpeciendo las actividades que realizan las dependencias inmiscuidas en el tema de la seguridad pública puesto que se entregaría información que no fue sujeta al proceso de validación y que podría constituir información que no cumple con la categorización o que fue duplicada lo que propiciaría confusiones o equívocos entre los ciudadanos".

En tanto, la PGR argumentó que dicha información es confidencial por razones de seguridad y que ni siquiera podrá conocerse en el futuro, señala Animal Político.

El reportaje, firmado por Daniel Lizárraga, señala que las cifras de muertos que se han registrado en la guerra contra el narcotráfico ahora sólo la tendrán disponibles medios como los periódicos Reforma, El Universal y Milenio, que esta semana publicaron sus propios números. El primero aseguró que en 2011 hubo 12 mil 359 muertes y Milenio reportó 12 mil 284 decesos. Por su parte, La Jornada contabilizó 11 mil 890 víctimas.

En un recuento de los diarios de circulación nacional y las cifras publicadas hace un año por el gobierno de Felipe Calderón, el total de muertos en cinco años de guerra antinarco ya ronda los 50 mil.

No obstante, un cómputo realizado por el semanario tijuanense Zeta (Proceso 1832) arrojó que de acuerdo con información de instancias de seguridad y de procuración de justicia de los estados, se puede afirmar que en el país el número de muertos en los cinco años de guerra calderonista ya rebasó los 60 mil muertos.

En esta cifra figuran presuntos delincuentes, sicarios, policías, soldados, marinos y civiles –"daños colaterales", según el gobierno federal– y más recientemente defensores de los derechos humanos.

Respecto a que el gobierno clasifique como confidencial la información sobre las ejecuciones de 2011, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter, declaró hoy a Milenio Diario que debe haber una mayor transparencia sobre la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado.

Agregó que la opacidad en ese tema no sólo significaría reconocer que la estrategia antinarco ha fallado, sino que generaría un gran escepticismo entre la sociedad.

Desclasificada, información sobre número de muertos: PGR

A través de un comunicado, la PGR precisó que lo más importante en este tema es garantizar que cada uno de estos casos esté siendo investigado con la capacidad que las autoridades estatales tienen con el apoyo de la autoridad federal en el ámbito de su competencia.

Señaló que los datos estadísticos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial en 2011 se encuentran desclasificados y se harán del conocimiento de la ciudadanía conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de la dependencia.

En un comunicado, precisó que a finales de 2007 el Ejecutivo federal instruyó al Gabinete de Seguridad Nacional conformar un grupo de trabajo integrado por dependencias federales, responsable de crear un sistema de información para contabilizar de la manera más precisa posible los homicidios que podrían haber ocurrido por la rivalidad entre organizaciones delincuenciales.

Desde entonces, apuntó, el grupo de trabajo interinstitucional sesionó de manera permanente para consolidar la información que diversas dependencias federales y estatales recaban.

Este ejercicio, expuso, permite al gobierno federal contar con información estadística inédita y aproximarse a una mejor comprensión de este aspecto del fenómeno delictivo.

La dependencia precisó que en enero de 2011 se hizo pública una versión del registro y con ello se contribuyó a un análisis más completo por parte de estudiosos y líderes de opinión.

Desde su origen, este registro fue diseñado como un acervo con fines estadísticos, sabiendo que ello no proveería información ministerial o judicial de los casos, pues estos datos eran de las procuradurías estatales y recolectarla superaba los fines de estricta contabilización que motivaron este primer esfuerzo, agregó.

Puntualizó que con el objetivo de que los casos registrados en esta herramienta tengan asociadas su respectiva averiguación previa, la cual permitiría identificar plenamente a la víctima y otorgar a sus deudos acceso a la justicia, la PGR, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, conformó la base de datos de homicidios dolosos por presunta rivalidad delincuencial.

Esta base, subrayó, se alimenta conforme las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas del país hacen del conocimiento de la PGR los casos que recaen en su competencia.

A jugarse la vida por la justicia



¿Deberían las y los procuradores jugarse la vida por la justicia? Es decir, arriesgarse cada día para asegurarse de que toda la sociedad tenga acceso adecuado a la protección de sus derechos, al resarcimiento del daño a través de la procuración de justicia. La respuesta obvia es que sí, que en el contexto en que el país se encuentra es la única salida para debilitar los altísimos índices de impunidad que se generan en todas las procuradurías del país, desde que una persona se acerca por primera vez a la mesa del ministerio público hasta que llega al vía crucis, años después, ante un juez que asegura que el expediente fue mal consignado y no hay nada que hacer.

De cara a los medios, los gobernadores dan una orden clara para limpiar sus agencias ministeriales y policías investigadoras, mientras por el teléfono rojo giran a sus procuradores, una tras otra, cientos de órdenes cada año para ocultar, desaparecer, fabricar, rasurar o crear expedientes judiciales sobre los cuales tienen intereses políticos, de amigos, empresarios o que resultan de deudas de honor con algún mafioso que en su momento hizo importantes aportaciones a su campaña política. En todo el país, y cada vez con mayor frecuencia, se fabrican expedientes en contra de periodistas que resultan de gran incomodidad para el Sistema, y se "facilita" y hace expedita la recepción de expedientes absurdos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que evidencian con su trabajo y datos duros, la verdadera situación en que se encuentra una comunidad y sus instituciones oficiales.

Resulta curioso que un procurador estatal llamado Gaspar Armando García Torres, se atreva por primera vez en la historia de Quintana Roo a romper las inercias de la estructura de impunidad creada por gobernadores y alcaldes desde 1974 y fortalecida por los procuradores amafiados que han estado al servicio de los mandatarios estatales. Esta semana, el joven García Torres (que otrora fuera presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos) informó que 80 trabajadores de la PGJE enfrentan procedimientos por la vía legal con órdenes de aprehensión por la comisión de delitos. Explicó que al hacer un recuento de 2011, encontró que en las agencias del Ministerio Público de Playa del Carmen, Cancún y Chetumal existe un rezago de 50 mil a 60 mil expedientes.

Además, advirtió ante los medios que para este año se prevé un programa amplio para el mejoramiento operativo y administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para equilibrar el desfase de varios años reflejado en el "enorme" porcentaje de averiguaciones "rezagadas". Entre ellas, se encontraron cientos de expedientes en los "cajones secretos" creados para proteger actos delictivos, para amedrentar a personas falsamente acusadas, que desconocen por completo las acusaciones hasta que de la noche a la mañana aparecen ordenes de aprehensión fabricadas para un abogado que pagó por ellas para dañar a alguien, o para algún político harto de una o un periodista que le sigue la pista a sus desmanes. El procurador de Quintana Roo anunció que tuvo que crear tres grupos de trabajo de personas de su absoluta confianza, y que han logrado avanzar con cerca de 10 mil expedientes.

Efectivamente en todo el país se están haciendo exámenes de confianza a policías judiciales, peritas y peritos, así como a ministerios públicos, incluso al Subprocurador de Justicia del DF, quien no pasó la prueba de confianza del polígrafo y tuvo que renunciar. Desde hace años existe ya un debate internacional sobre la validez de las pruebas de polígrafo. Hay expertos en Scotland Yard (una de las policías más confiables y profesionales del mundo) que lo descalifican por completo y aseguran que es un instrumento obsoleto para saber si alguien puede o debe trabajar en una corporación policiaca. Las famosas pruebas de polígrafo y algunos exámenes que encabezan las oficinas del secretario Genaro García Luna, son, para criminalistas, un verdadero despropósito que hace de elemento publicitario para que la sociedad perciba que efectivamente se está haciendo algo al despedir a personal capaz de mentir hasta en una nimiedad. Por ello, el foco del análisis sobre la transformación de las procuradurías debe centrarse eminentemente en sus líderes y en la transparencia u opacidad con la que operan bajo el mando del gobernador que les designa.

Es decir, hay que saber si los procuradores en realidad saben que se juegan la vida al descubrir que casi la tercera parte de sus policías judiciales y Ministerios Públicos operan directamente para determinados cárteles, y que por lo tanto no deben aplicarles el polígrafo y despedirlos, sino llevarlos a juicio y buscar una sentencia condenatoria ejemplar. Son muchos los mecanismos que deben desactivarse para que esto suceda, pero son factibles y posibles. El problema es que dependen de dos factores: la verdadera división de poderes (que el gobernador saque totalmente las manos de las procuradurías) y la valentía de quienes descubren delitos graves como el ocultamiento, rasurado, o fabricación de miles de expedientes "a modo". La valentía no consiste en declarar a la prensa el descubrimiento, eso cualquiera lo hace, sino en atreverse a desaparecer los pequeños actos de corrupción, las cadenas de favores y los "cajones secretos" que tanto daño le han hecho a este país. Para lograrlo, este procurador, y cualquiera otro que en verdad intente hacer un trabajo limpio, debe enfrentarse al propio sistema que le dio el puesto, negarse a los favores de poderosos abogados, diputados o alcaldes y del propio gobernador. Ese es el verdadero triple salto mortal: investigar, denunciar, desarticular y mantenerse vivo para ver los resultados. Sólo así podremos creer en los cambios de fondo. Ver para creer.

@lydiacachosi

Critican en EE.UU. detención indefinida de sospechosos de terrorismo


WASHINGTON.— La recién firmada Ley de Presupuesto de Defensa Nacional de Estados Unidos para el 2012 ha generado hoy fuertes críticas entre analistas políticos, pues uno de sus acápites permite la detención indefinida de sospechosos de terrorismo.

El último día del 2011, el presidente Barack Obama rubricó el documento que asigna un monto de 662 mil millones de dólares para el sector defensivo, si bien mostró inconformidades con algunos aspectos como la cláusula que modifica el régimen de interrogatorios a extranjeros encarcelados.

Las discrepancias de la Casa Blanca surgieron no precisamente por motivos éticos relacionados con el maltrato a detenidos, sino cuando el Ejecutivo se percató de que nuevas regulaciones debilitan la autoridad presidencial en determinados casos.

La ley, no obstante, consolida dos polémicos principios de la llamada guerra contra el terrorismo: la detención indefinida de sospechosos de terrorismo sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso, criticó el sitio digital All Gov.com.

La legislación permite, asimismo, que los casos relacionados con el terrorismo salgan de la competencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del sistema judicial civil, y caigan en manos de los militares, añadió.

Grupos de defensa de los derechos civiles critican la decisión, al tiempo que desconfían del anuncio del mandatario quien aseguró en un comunicado poco después de firmar la ley que su gobierno no permitiría a los militares detener a un estadounidense por tiempo indefinido.

La acción de Obama constituye una mancha en su legado, porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio, reprochó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Cualquier esperanza de que el actual gobierno revierta los excesos constitucionales de George W. Bush en su alegada lucha global contra el terrorismo, se extinguió en la actualidad, lamentó Romero.

La administración del expresidente Bush envió a sospechosos de terrorismo pertenecientes a Al Qaeda, insurgentes talibanes y otras personas a la cárcel que Estados Unidos mantiene en la ilegal Base Naval en la bahía de Guantánamo, Cuba.

Numerosas denuncias verifican que allí se torturó a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento solitario, algo en lo que Washington ocupa el primer lugar mundial con más de 20 mil casos, según informes de Naciones Unidas. (PL)

Integración de América Latina preocupa a EU


Prensa Latina PL

Por primera vez en varias décadas, los esfuerzos de integración latinoamericana encienden los focos rojos en Estados Unidos. La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, impulsada principalmente por los gobiernos de orientación de izquierda de América del Sur, podrían arruinar los planes políticos y económicos de Washington en la región. América Latina corre ahora una carrera contra el tiempo: deberá fortalecer su organización antes de que surtan efecto la inestabilidad y el militarismo que impulsará Estados Unidos

Stella Calloni/Prensa Latina
Buenos Aires, Argentina. La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el 3 de diciembre de 2011, en Caracas, Venezuela, es un hecho histórico de grandes alcances sólo entendible si se considera un proceso de integración que une a más de 550 millones de habitantes de toda la región, que abarca un territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados, con enormes recursos y reservas, lo cual significa el mayor paso de resistencia conjunta lograda en 200 años, al reunir a 33 mandatarios y con la ausencia de Estados Unidos y Canadá.
La Celac es uno de los mayores desafíos después de las independencias frustradas del siglo XIX, que se asume frente a un poder hegemónico en pleno proceso de recolonización mundial y que lleva adelante guerras coloniales por la ocupación de territorios y recursos: Afganistán (2001), Irak (2003) y Libia (2011), ante lo cual la Celac se constituye en un inédito acto de autodeterminación y soberanía.
El lugar elegido para su lanzamiento fue Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, que junto a otros héroes latinoamericanos entendió desde un primer momento que sólo la unidad podía asegurar el desarrollo independiente y soberano de la región.
Los Estados que se integran –aún con las dificultades que deberán enfrentar– representan un territorio diverso de extraordinarias riquezas, fuentes de energía, minería, agua potable, biodiversidad, producción de alimentos, paisajes diversos de gran belleza y también, como una contradicción que es necesario superar en el siglo XXI: una pobreza y desigualdad enormes entre sus habitantes, millones de los cuales viven en la absoluta indigencia.
Se trata de pueblos hermanos que se liberaron juntos del colonialismo español en el siglo XIX, pero quedaron subyugados bajo otros imperios y redes coloniales que expoliaron, explotaron y colonizaron este continente, y que perpetúan la dependencia hasta hoy, lo que produjo también un verdadero genocidio a lo largo de todo el siglo XX.
La riqueza cultural (clave en la resistencia de nuestros países y especialmente de los pueblos originarios) es uno de los huesos más duros de roer para el imperio dominante, como lo señala Zbigniew Brzezinski, el analista polaco, eterno estratega y asesor de la política exterior de Estados Unidos, quien advirtió a los políticos estadunidenses que no se podría doblegar a sus "vasallos" de América Latina si no antes se dominaba la cultura.
Ahora esos políticos observaron con nerviosismo la Cumbre de Celac, donde tenían algunos representantes locales, pero no es lo mismo que en los tiempos en que la batuta estaba en sus propias manos.
Por eso ciertos senadores estadunidenses como Robert Bob Menéndez, (demócrata por Nueva Jersey), y Marco Antonio Rubio (republicano de Florida), condenaron en Washington la presunta "pasividad" del presidente Barack Obama frente a una América Latina que se está yendo "del control de Estados Unidos".
Fueron varios los dirigentes republicanos que a viva voz dijeron, en diciembre, que hay que reivindicar la Doctrina Monroe de 1823, aquella de América (Latina) para los americanos (de Estados Unidos) con que daban a conocer a Europa y demás, que este era "su territorio", su "patio trasero" y que nadie podría poner las manos sobre "sus" posesiones.
La preocupación de Estados Unidos responde también a una razón de mercado: la cantidad de población y la extensión territorial que presupone un bloque de gran poder, que tendrá un peso fundamental, en momentos en que la Unión Europea se diluye en una crisis que cada día se profundiza más, en buena parte provocada por Washington para eliminar la "amenaza" que significaba una Europa unida.
La solución que los organismos dependientes del poder hegemónico ofrecen a los países periféricos de la Unión Europea (los más afectados por la crisis) es una receta sin salida que sólo llevará a la destrucción social, humanitaria y económica para transformarlos en neocolonias.
Esas mismas recetas del Fondo Monetario Internacional, impuestas en nuestros países en la década de 1990 –cuando lograron colocar gobernantes como gerentes de empresas del poder hegemónico–, provocaron grandes tragedias en América, pero crearon contradicciones liberadoras.
Fueron como el golpe final sobre los pueblos que protagonizaron rebeliones contra el neoliberalismo, al abrir otros caminos que llevaron al surgimiento de nuevos gobiernos y líderes políticos, otros renaceres concretados en uniones imposibles de imaginar, incluso para los propios estrategas imperiales de esa década.
Al emerger de las dictaduras criminales de las décadas de 1970 y 1980, los pueblos se vieron sometidos a otra tiranía global en la de 1990, que sepultaba los sueños y aspiraciones de democracias en paz y con justicia.
Y la rebelión fue generalizada al originarse los nuevos movimientos sociales y políticos, al rescatar lo mejor del pasado, desde aquel febrero de 1989 con el levantamiento popular que dio lugar al "caracazo" en Venezuela, y continuó en todo el continente.
De alguna manera la respuesta política revelaba una raíz oculta: las dictaduras intentaron acabar con las dirigencias políticas más importantes y revolucionarias, al matar a miles en todos los países, pero el resurgimiento popular desde las cenizas demostró que no lo habían logrado.
La semilla sembrada en tantos tiempos de lucha seguía germinando y crecía con nuevos troncos y hojas. Ahora se suman miles de jóvenes a aquéllos que libraron tantas batallas, al inaugurar otro tiempo para América Latina.

Desafíos

Durante la Cumbre surgieron algunos de los problemas acuciantes del momento. Entre éstos el intento de Estados Unidos de desconocer el triunfo del presidente Daniel Ortega, reelecto con más del 60 por ciento de los votos, después que Washington gastara millones de dólares en tratar de robustecer a una oposición de por sí debilitada por sus propias alianzas.
Enviados y observadores europeos y de otros países juzgaron las elecciones como correctas y limpias, pero la Organización de Estados Americanos (OEA) traía un libreto para desacreditar los comicios.
Aún así, sus conclusiones forzadas mencionaron "algunas irregularidades" que de ninguna manera podían modificar los resultados.
Ante esta situación, políticos republicanos y funcionarios del gobierno de Obama (como la secretaria de Estado, Hillary Clinton) hablaron de "fraude y de un no reconocimiento del triunfo de Ortega, al considerar los comicios casi un ?golpe de Estado'".
Los duros intentan que se suspenda a Nicaragua por (supuestamente) violar la Carta Democrática Interamericana, en realidad destinada al tema de los golpes militares, y mencionan la necesidad de restaurar "el orden constitucional en Nicaragua", como si éste se hubiera roto.
La intención es clara: aplicar la misma maniobra a todo proceso electoral que no favorezca a Estados Unidos. América Latina y especialmente Venezuela deben estar alertas ante esta situación al considerar que Washington gasta millones de dólares, especialmente en medios de comunicación masivos para manipular elecciones en América Latina, a pesar de que los pueblos han derrotado al poderoso armado mediático en varios países.
Por todas estas razones la Cumbre de la Celac es un enorme desafío a esas intenciones recolonizadoras. A pesar de las asimetrías, diversidades y enormes diferencias entre algunos países, ante los alcances de la crisis europea, todos intentan ponerse a salvo.
Sin embargo no se puede dejar de advertir que algunos pueden estar dispuestos a jugar como "caballos de Troya" dentro del nuevo organismo regional, pero las propias circunstancias internacionales están apretando el cuello de todos. Y hay millones que no quieren morir asfixiados.
Se dejó en claro que la Celac no intenta reemplazar a la OEA. De hecho, las diversas acciones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) actúan con celeridad asombrosa ante los intentos golpistas, como el de septiembre de 2008, en Bolivia, o el golpe en Honduras, en 2009 –difícil de revertir ya que es un país ocupado militarmente por Estados Unidos–, y después el caso de Ecuador, en 2010, evidenciaron la inexistencia de la OEA y desenmascararon a ese organismo atado a las necesidades del poder hegemónico.
Además de la Celac, continuarán actuando Unasur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Ambos grupos de integración han producido resultados concretos y positivos tanto en lo económico, como en lo político y cultural con ejemplos de intercambios múltiples y creativos, y con mutuo respeto. Tanto la Unasur como Alba trabajan activamente en el caso de Haití, cuando las grandes potencias mantienen congelados los escasos fondos de ese país, a pesar del terremoto que mató a 200 mil personas y acentuó la tragedia del hambre, la pobreza y las enfermedades.
Existe un debate regional respecto a la salida de las tropas de la Organización de las Naciones Unidas que integran varios países latinoamericanos.
Lo que es claro en ese caso –y que se oculta– es que ese lugar lo ocupará abiertamente Estados Unidos, cuyas tropas llegaron para "auxiliar" durante el terremoto y se quedaron porque su plan para instalar una base en territorio haitiano está previsto desde hace tiempo.
No es el pueblo haitiano el que tomará las riendas de su defensa y al que le darán armas sus actuales gobernantes, sino más cerca de Washington que de la subregión caribeña.
Por eso se necesita conocer a fondo cada una de las situaciones en los países de América Latina, como una obligación de los movimientos y partidos políticos y del periodismo comprometido con la verdad.
En Colombia, la situación tiende a empeorar ante la insistencia oficial por desdeñar los apoyos regionales para una negociación de paz, como sucedió en otros países en distintos momentos de la historia. Su política interna está marcada por la dependencia de las necesidades de Washington, ya que Estados Unidos mantiene siete bases militares en territorio colombiano, y una de las misiones desde hace años es impedir la paz.
Estas bases, como las existentes en Honduras y en otros Estados latinoamericanos, están diseñadas para el proyecto geoestratégico de recolonización regional, que es el Plan Colombia y otros anexos, y que amenazan al resto de América Latina y el Caribe.
En estos momentos las naciones más amenazadas por el nuevo esquema expansivo y de guerras coloniales de Estados Unidos son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, pero también hay una serie de planes sobre el resto de los gobiernos más progresistas. Otro país que está en la mira de las intervenciones armadas es México, a pesar de que Estados Unidos ya maneja los hilos de la brutal "guerra" antidrogas desde 2006, cuando se firmó el Plan Mérida similar al Colombia. Más de 56 mil muertos y miles de desaparecidos, ante el silencio indiferente y cómplice de los grandes medios y el gobierno.
En diciembre de 2011 también varios senadores de Estados Unidos advirtieron que México es un "Estado fallido" sin control y que representa un peligro para su seguridad. El precandidato republicano Mitt Romney, quien aspira a que su país controle "ya" el mundo entero, planteó, junto a otros halcones, la "necesidad" de intervenir el territorio mexicano.
Desde que entraron las tropas y asesores estadunidenses, se involucró a las Fuerzas Armadas en la supuesta lucha contra el narcotráfico y como en Colombia se creó un "enemigo interno" sobre el que se aplica un terrorismo de Estado encubierto.
Florecieron los grupos paramilitares, como Los Zeta, similares a los Kaibiles de Guatemala, famosos por su extrema crueldad en las masacres que protagonizaron en ese país.
Mientras el militarismo crece en la región, las redes de fundaciones como la National Endowment for Democracy, distribuye dinero entre opositores y medios de comunicación, lo que antes hacía la Agencia de Inteligencia Central desde la sede diplomática, como también lo realiza la triste y célebre Agencia Internacional para el Desarrollo, que tantas injerencias criminales hizo en el pasado.
Éstas y otras, como el Instituto Republicano Internacional, o una institución similar de los demócratas, están a la orden del día en el tema de conformar redes de organizaciones no gubernamentales destinadas a desacreditar y desestabilizar gobiernos, infiltrar y manejar las oposiciones políticas, movimientos sociales, incluso agrupaciones de izquierda, sindicales, culturales y otras.
No son los únicos casos desafiantes para el futuro cercano; en Honduras continúa la represión y la muerte; Panamá, con una población y trabajadores levantados contra el gobierno títere de Ricardo Martinelli, quien tres meses después de asumir el cargo firmó con Clinton acuerdos para instalar bases en ese país; o Guatemala, donde gobernarán militares responsables de una dictadura que sucedió a otras y que dejaron 250 mil muertos y desaparecidos.
Mientras se festeja la llegada de la Celac, que precisamente obliga a poner la mirada en una línea estratégica como nunca antes, existen estos peligros y amenazas.
Por eso completar el proceso abierto en la región para la defensa de la región necesita de un consenso latinoamericano político, económico y social en momentos en que la política comienza a ser el principal motor de transformación y crea esperanzas y desafíos múltiples, hacia las independencias definitivas. El dilema es recolonización o independencia, está en manos de los latinoamericanos decidir y lograrlo.

Mujeres sonorenses presentan lista de precandidatas de izquierda


Pugnan por equidad de género en cargos de elección


Por la Redacción

México, DF, 4 ene 12 (CIMAC).- La Red de Mujeres Progresistas en Sonora demandó la inclusión de más candidatas a diputadas y senadoras por la coalición Movimiento Progresista, integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, de cara a las elecciones federales de este año.

En un comunicado, la Red de Mujeres –instancia que representa los intereses femeninos dentro de la coalición Movimiento Progresista– se pronunció porque haya más equidad de género en las candidaturas de la izquierda en la próxima contienda electoral, con la que se renovarán la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

La Red presentó una lista de 46 sonorenses que aspiran a ser candidatas a diputadas federales y senadoras, y entre las que se encuentran mujeres de las etnias seri y yaqui, para que sean consideradas en las encuestas que orientarán la selección de candidaturas por parte del Movimiento Progresista.

"Las mujeres representamos el 51 por ciento de la población, en tanto la gran mayoría de los cargos de representación popular y de gobierno están ocupados por hombres.

"En la representación federal (Sonora) sólo cuenta con una senadora y dos diputadas federales; a nivel local siete diputadas, cinco presidentas municipales y ninguna mujer ocupa algún cargo de primer nivel en el gobierno actual de Sonora", subrayó la Red de Mujeres Progresistas.

La Red solicitó que en la Comisión de Candidaturas se integren mujeres representantes de cada uno de los tres partidos que integran la coalición de izquierda.

Las candidatas progresistas tendrán que comprometerse a un "nuevo pacto social" basado en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, una representación igualitaria efectiva en las instancias de toma de decisiones, y a impulsar políticas de Estado y de gobierno paritarias para que mujeres y hombres asuman las tareas dentro y fuera del hogar.

Entre las firmantes del comunicado están la ex senadora del PRD Leticia Burgos, Amanda Ruiz (Movimiento Ciudadano), y Rosario del Castillo Aguilar (Partido del Trabajo).


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