Zedillo, como Salinas y Fox, no tienen fuero, así que pueden ir a la cárcel por asesinatos y robos
1. El ex presidente Ernesto Zedillo –pensando que los mexicanos somos idiotas- alega tener inmunidad por el hecho de haber sido jefe del Poder Ejecutivo (1994-2000) ante la demanda civil que enfrenta en Estados Unidos por la matanza de decenas de indígenas en la iglesia de la población de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997. Es obvio para todo el mundo que no es un recurso legal válido, ya que el fuero no sirve para proteger a funcionarios que ya dejaron el cargo ni en el caso de delitos de lesa humanidad, señalaron activistas de derechos humanos y especialistas en asuntos jurídicos. La inmunidad presidencial –aunque no se ha logrado desaparecer para siempre- sólo es válida mientras el funcionario está en el cargo, pero una vez que lo deje, puede ser llamado a cuentas por cualquier tipo de acusación. El "brother" que nunca tenía "cash", el que vendió FFCC y luego se convirtió en su destacado miembro de administración en EEUU, sí puede ir a la cárcel.
2. Lo raro y dudoso es que sólo Zedillo esté en estos momentos sufriendo este trance, cuando todos los expresidentes –y presidentes- en particular los neoliberales y privatizadores Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, deberían estar en la cárcel por asesinatos, desfalcos, por hipotecar a la nación y provocar más miseria en la población mayoritaria. Pero suenan a risa estas acusaciones sobre estos tipos que parecen tener fuero vitalicio porque nunca un expresidente o presidente de México –a pesar de decenas de acusaciones fundamentadas y justas- ha pisado la cárcel. Salinas y Zedillo se "autoexiliaron" de México viviendo un sexenio en Europa o los EEUU. También el expresidente Elías Calles fue expulsado del país por el presidente Cárdenas en los años treinta por el hecho de estar metiéndose en política y por hacer grandes negocios a la sombra del enorme poder que aún tenía. Pero nada más porque hay "respeto presidencial".
3. Zedillo, siendo presidente (1994-2000) logró encarcelar al hermano de Salinas acusado (con enorme cantidad de pruebas) de desfalcador y asesino, orillando al expresidente al exilio mientras Zedillo gobernó. Pero luego regresó de Europa -tan campante- que desde entonces sigue manejando tras bambalinas, pero también de manera abierta, la política nacional porque quienes siguen como legisladores manejando al PRI, incluso muchos del PAN en el gobierno, fueron de su círculo de amigos favorecidos. Quizá Zedillo piensa que estando gozando sus riquezas y trabajando en diversas empresas fuera de México gana más dinero se aleja de las posibles acusaciones en su contra; se olvida Zedillo que estando México tendrá más cobertura porque todos los políticos y empresarios que favoreció en su sexenio –sobre todo los panistas que recibieron la Presidencia con su apoyo- le devolverán su presencia, como ha sucedido con Salinas. Se espera su regreso.
4. El gobierno de Zedillo, a pesar de todo, aplicó la política neoliberal y privatizadora del sexenio salinista que le antecedió. Lo mismo hicieron los panistas Fox y Calderón en sus respectivos seis años de gobierno. Los grupos económicos beneficiados fueron los mismos aunque los banqueros: Cabal Peniche, Ángel Rodríguez y Jorge Lankenau hayan sido chivos expiatorios. Sustituyó a Donaldo Colosio asesinado siendo candidato, pero nada cambió. Con De la Madrid (1982-88) el PRI abrió de par en par sus puertas a los empresarios, se hizo mucho más derechista y comenzó a negociar gobiernos con el PAN. En el gobierno de Salinas (1988-94) el PAN fue introducido con Alvarez, Cevallos y Castillo hasta Los Pinos obligando al PRI a transformarse definitivamente en derechista con el nombre de "Solidaridad" y en el gobierno de Zedillo –mediante una gran cantidad de acuerdos- el PRI derechista le entregó casi sin chistar, la Presidencia al PAN.
5. Zedillo, después del desplome económico de diciembre de 1994 –del que él y Salinas fueron culpables- aplicó una política restrictiva siguiendo las órdenes del llamado "Consenso de Washington" y del Fondo Monetario Internacional. Incrementó el IVA de 10 al 15 por ciento, mantuvo la política de "topes salariales" absolutamente inferiores a la inflación y continuó reduciendo o frenando las inversiones presupuestales en salud y educación. Siguió la apertura comercial, el TLCAN, nuevos acuerdos de Libre comercio con Europa, justifica las privatizaciones pasadas y se emprenden nuevas privatizaciones (Ferrocarriles, aeropuertos, puertos, comunicación satelital, petroquímica, incluso presenta la iniciativa para privatizar la generación y comercialización de energía eléctrica. Privatiza pensiones del IMSS y se crean las afores, asimismo se mantiene la apertura indiscriminada al capital extranjero. Así que Fox y Calderón sólo se han dedicado a profundizar la privatización.
6. ¿Cómo iba Zedillo a permitir que el movimiento zapatista extienda su influencia y que el EZLN se fortalezca? Por eso el presidente preparó una trampa en Aguascalientes, Chiapas –quizá acordada con los panistas que tenían a Lozano Gracia en la Procuraduría General de la República- para apresar y asesinar a los líderes indígenas y a su principal dirigente, tal como la emboscada que el presidente Carranza organizó en 1919 en el estado de Morelos logrando engañar y asesinar al fin al líder campesino Emiliano Zapata. Zedillo no pudo, pero no dejó de cercar con decenas de miles de soldados la zona de rebeldía indígena y de organizar a paramilitares que los estén provocando de manera continua. En ese contexto se registró ese salvaje asesinato de 45 indígenas aquel 22 de diciembre cuando se encontraban en un templo en pleno rezo. A Zedillo, mucho más que hoy, le importó un bledo las acusaciones y las protestas por el fuero presidencial de que hacía gala.
7. De mi parte todos ellos, ex presidentes y el mismo Calderón deberían estar en la cárcel y no cobrando sus millones de pesos de compensación por el hecho de haber sido presidentes. Bastaría con ver si con sus políticas redujeron la pobreza del pueblo o la incrementaron, si por sus políticas erróneas, equivocadas o asesinas, murieron personas inocentes. ¿Cómo es posible que partidos y políticos que durante muchos años han demostrado hasta la saciedad que son corruptos y corruptores, represores y asesinos sigan en el poder y el pueblo hambriento no haga nada para liberarse? Bueno, para eso sirven los medios de información, la escuela, la iglesia y esa terrible jerarquía que impone la sumisión desde el hogar. Así que Salinas, Zedillo, Fox y Calderón pueden seguir riéndose con carcajadas porque el México, quizá en América Latina toda, la justicia del pueblo tendrá que esperar muchas décadas más.
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Mexicana, las contradicciones de la SCT
Foto: David Deolarte
MÉXICO, D.F. (apro).- Dentro de 35 días vence el plazo para que el juez Felipe Consuelo Soto declare en quiebra a Mexicana de Aviación. De no presentarse algún inversionista que pretenda "rescatar" a la aerolínea, la empresa desaparecerá y con ella los cientos de trabajadores que desde agosto de 2010 perdieron su fuente laboral.
Mexicana, de haberlo querido el gobierno, bien pudo haber obtenido recursos adicionales luego de decidió "parar" la aerolínea; no quiso hacerlo y luego presionó al juez para que no lo obligara a ello. Y es que Mexicana tiene en Estados Unidos "bienes intangibles" como son las rutas o slots privilegiados (derechos de despegue y aterrizaje) que ninguna aerolínea del país posee.
Mary Johasen, la representante legal de Mexicana, aceptó que todos esos bienes intangibles existen y que Volaris e Interjet son las empresas que hoy se están beneficiando del mercado que abrió la primera aerolínea y que desde hace años adquirió.
Entonces, si Mexicana tiene bienes intangibles que bien puede comercializar y recibir excelentes recursos como para aminorar un poco el desasosiego que generó a pilotos, aeromozas y empleados de tierra al grado de que hoy están a punto de perder sus créditos hipotecarios porque los bancos ni siquiera pueden disponer del seguro de desempleo, ¿por qué no lo hizo?
En primer lugar, el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, supo que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes decidió "prestar", que no rentar, los slots y las rutas a Volaris e Interjet.
Recientemente el juez confesó a uno de los legisladores del grupo de trabajo para atender el caso Mexicana, que la SCT lo ha estado presionando para que permita este préstamo; la argucia utilizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que las propias leyes le dan atribuciones al gobierno, para que mantenga "la conectividad del país". Es decir, que debe mantener comunicados a los ciudadanos y, por lo tanto, las rutas (que permiten la conectividad) deben seguir utilizándose.
El argumento de la SCT para presionar al juez resulta contradictorio, pues si de atribuciones y obligaciones se trata, el gobierno jamás debió permitir que Mexicana "parara", pues se perdería la conectividad. Entonces, cómo es posible que primero la SCT permita que se pierda la conectividad y luego, para mantenerla, entregue las rutas a otras aerolíneas. ¿Por qué no seguir con Mexicana? Es la pregunta.
Otra medida que bien pudo haber utilizado el gobierno es que si, efectivamente como dice, la empresa Mexicana de Aviación era ya inoperable financieramente por qué no buscó "un patrón sustituto". Esto es, que Mexicana como empresa se detuviera pero que los empleados –que el propio gobierno entregó al particular junto con la empresa cuando desintegró CINTRA–, fueran contratados por su patrón sustituto, en este caso Volaris e Interjet, para que trabajaran únicamente en los vuelos extranjeros.
En este caso ambas empresas no dejarían sin fuente de trabajo a sus propios empleados, pues éstos jamás habían volado en esas rutas, al contrario, se les incrementó el trabajo. Si Volaris e Interjet tan amable y samaritanamente se prestaron a trabajar las rutas y slots de Mexicana para que el gobierno cumpliera con su obligación de mantener la conectividad, ¿por qué la SCT no le exigió que esto se hiciera con empleados de la compañía que se estaba desapareciendo?
Entonces el gobierno debió rentar las rutas o, en su caso, prestarlas pero contratando a los desempleados de Mexicana. Lo que sucede es que el gobierno no quiso buscar una salida menos gravosa para los empleados que dejó sin su fuente de trabajo; el gobierno de Felipe Calderón lo que quiso, y quiere, es acabar con Mexicana, sin importarle sus empleados y entregarles a las nuevas aerolíneas consentidas un gran tesoro.
Quien tiene la palabra en este caso es el juez, porque aun si se declara la quiebra el 10 de febrero próximo y no hay inversionista a la vista, lo cierto es que la "concesión y las rutas de Mexicana" se pueden mantener para así, por un lado, beneficiar a los hoy desempleados y por otro mantener "vivo" el caso de Mexicana en lo que llega el nuevo inversionista.
No hay que olvidar que, junto con la quiebra de Mexicana no sólo se pierde la empresa, sino también puede perderse la concesión y ante ello el gobierno bien puede decidir someterla a concurso o determinar, "bajo el mismo esquema de la conectividad", que el mercado está cubierto, que la conectividad está perfectamente distribuida y que no se requiere una nueva aerolínea, pues basta con las que ya hay, léase Volaris e Interjet.
¿Y quién gana? Pues, sencillo, estas dos últimas aerolíneas. Y ¿quién pierde?: los trabajadores de Mexicana, como perdieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, como han perdido los mineros y tantos mexicanos que el gobierno del PAN y de Felipe Calderón han enviado a las calles.
Pero habrá que esperar qué es lo que sucederá en los próximos 35 días en que el juez deberá resolver el destino final de Mexicana. Hay rumores fuertes de que algún inversionista más tiene avanzadas pláticas para quedarse con la empresa y los trabajadores, pero ¿lo dejará el gobierno de Calderón? Al tiempo.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Estela de Luz, Monumento a la Opacidad
Con 15 meses de retraso, con un costo que se incrementó de los 390 millones de pesos originales a más de 1 mil millones de pesos, con cuatro auditorías que revelaron en su investigación las triquiñuelas de funcionarios de la empresa Triple I y de la constructora GUTSA –la misma que fue investigada por denuncias en su contra por las fallas en la Autopista del Sol de Acapulco-, la Estela de Luz fue inaugurada este sábado por Felipe Calderón Hinojosa.
Unico orador en una ceremonia desangelada y adelantada un día antes de la fecha programada, Calderón tuvo el sarcasmo de señalar que "el monumento da una razón más para sentirnos orgullosos de ser mexicanos".
La Estela de Luz, un monolito de 104 metros de altura, hecho con 704 paneles formado por 2 planas de cuarzo, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma y Circuito Interior, pretendía ser el "gran monumento" de las fiestas del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Y resultó ser una burla mayúscula para la población. Resulta que esta obra es más cara que la misma Torre Eiffel de París y, por supuesto, infinitamente menos hermosa.
Ninguno de los elementos de opacidad y corrupción que han rodeado a la Estela de Luz fueron mencionados por Calderón en su discurso. Encarrerado con aquello de "romper Récord Guinness" con obras de relumbrón que no están terminadas (como el Puente Bicentenario de Mazatlán a Durango), el primer mandatario afirmó ante los 400 invitados:
Este monumento "es un sentido homenaje a los héroes que en los últimos dos siglos han forjado una gran nación, a toda una generación de insurgentes que se lanzó a romper las cadenas de la esclavitud".
¿Qué pensarían los insurgentes que siguieron al cura Miguel Hidalgo si supieran que 200 años después, en su nombre, se enriquecieron funcionarios de muy gris trayectoria, pero de ambición sin límites.
Entre los implicados directos de las corruptelas de la construcción están: Agustín Castro, director general de la empresa Triple I, el coordinador de la obra; Alberto Bravo, quien trabajó en GUTSA, renunció a la empresa para coordinar los trabajos de licitación de la Estela de Luz que le fueron otorgados ¡a GUTSA!; el coordinador de las fiestas del Bicentenario, José Manuel Villalpando, por autorizar una obra que no estaba bien planeada; y algunos analistas mencionan en medios a la ex todopoderosa colaboradora de Felipe Calderón, Patricia Flores.
SOPA y los nuevos intentos de control
En los próximos días, el miedo de muchos cibernautas podría volverse realidad: la ley antipiratería en internet, conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act), podría ser aprobada el próximo domingo 24 de enero. De ser así, miles de sitios y cuentas de usuarios de Internet podrían ser cerrados sin ton ni son por cualquier indicio de promoción de la piratería: desde quien comparta un link hasta quien use contenido del que no tenga los derechos.
Si bien, la idea original de esta ley pretende salvaguardar los derechos tan vejados de una monumental industria (o varias), lo cierto es que la línea entre el derecho y el abuso en este caso es muy delgada, y ya ha sido más de uno el que ha hecho notar las posibilidades de censura y control que SOPA ofrece.
Y es que esta ley posee uno de los rasgos más delicados que se puede tener en materia de Internet: el control ¿Es posible controlar al espacio incontenible por excelencia? ¿Es debido?
Desde su integración en la sociedad como un medio de comunicación e información fundamental, Internet se ha destacado por ser uno de los espacios que goza de las libertades que muchos espacios físicos lamentablemente no tienen. Por lo mismo, la red y, particularmente, las redes sociales, se han convertido en un nuevo espacio de insurrección que ha colaborado con situaciones que van desde la Primavera Árabe hasta las marchas de nuestro país, pasando por las revueltas en Londres o el movimiento de los Indignados en España.
Si bien, existe una gran distancia entre los movimientos sociales y la promoción de la piratería, no deja de llamar la atención que distintos gobiernos -particularmente el de Estados Unidos- intenten tomar cada vez medidas más severas en cuanto al control del Internet. Y es que lo que ha llamado la atención de muchos respecto a SOPA es el grado de poder que le otorgaría al gobierno sobre la red.
Medidas como ésta se suman a las demandas como la del pasado 11 de noviembre, que un juez ordenó a Twitter entregar información de las cuentas de tres socios relacionados con Wikileaks. Es curioso como, en estos casos, han tenido que ser las compañías mismas las que han tenido que defender a sus usuarios. En aquella ocasión, la empresa de microblogging había conseguido un amparo con el que no tuvieron que entregar la información solicitada por el gobierno estadounidense; sin embargo, el pasado miércoles, un juez federal insistió en esta moción, obligando de nuevo a la compañía a hacer pública la información privada de Liam O'Grady, Birgitta Jonsdottir, Rop Gonggrijp y Jacob Appelbaum.
La compañía se ha reconocido por defender constantemente a sus usuarios. La semana pasada, un fiscal de Boston le solicitó a Twitter la información de una serie de usuarios supuestamente relacionados con el grupo de hackers Anonymous. La compañía no sólo se negó a participar, sino que le hizo saber a estos usuarios que el información de ellos les estaba siendo solicitada.
Por las mismas fechas se hizo público que el senador Joseph Lieberman está buscando que el sitio cancele todas las cuentas que sean consideradas pro-talibanes o de cualquier otro grupo que sea pro terrorista. Si bien, al igual que con SOPA es comprensible la base del razonamiento, es un hecho que si Twitter accede a medidas como ésta los intentos de censura y control no se harán esperar.
Hasta ahora, Twitter se ha negado rotundamente a ceder la información de sus usuarios o a controlar cuentas argumentando que les preocupa el mal uso que se le pueda dar a este tipo de medidas.
De hecho, a partir de que SOPA sea una posible realidad, varias compañías se han reunido para hacer un durante un día un "apagón" en forma de protesta por esta ley. De igual manera, grupos como Anonymous han comenzado a atacar a los sitios que apoyan la ley antipiratería y personajes como el ex vice presidente Al Gore se han pronunciado en contra.
Lo cierto es que cada vez son más fuertes y crecientes los intentos por el control del Internet. Habrá que esperar al próximo 24 de enero para ver la postura que el Congreso de Estados Unidos decide tomar en torno al medio más poderoso del momento. Habrá que ver también las consecuencias que una ley como SOPA tendrá para un país como el nuestro, donde ya es posible encarcelar tuiteros por "perturbar el orden público" y donde, además, ocupamos los primeros lugares de piratería en el mundo.
Nos gustaría saber situaciones como ésta qué opinión le merecen ¿Debe haber un control sobre los usuarios y los sitios de Interner? De ser así ¿Qué tipo de control considera usted que debería aplicarse?
Comienzan Ciberataques a Empresas que Apoyan la Ley SOPA
Ante la oposición de los corporativos más grandes de internet (Google, Yahoo!, Twitter, Facebook, Paypal, AOL, Amazon, Mozilla) al proyecto de ley Stop Online Piracy Act (SOPA), el grupo de ciberactivistas Anonymous también pasó a la acción directa y atacó el sitio web de Sony Pictures, una de las grandes compañías que están a favor de esta polémica ley criticada por incluir mecanismos para "silenciar internet".
Anonymous intervino en el perfil de la división fílmica de Sony en Facebook, mientras otros grupos conocidos como S3rver.exe, Anonnerd y N3m35151 publicaron videos en Youtube para demostrar el éxito de la operación en contra del gigante tecnológico japonés, creador de PlayStation.
Otras compañías que han expresado una posición de apoyo "con reservas" a la Ley SOPA son la Motion Pictures Association of America (MPAA) que agrupa a las grandes productoras de cine estadounidense y su similar en la industria discográfica, la Recording Industry American Asosciation (RIAA). Alrededor de estas dos grandes acaparadoras de los contenidos fílmicos y discográficos, orbitan otras 140 empresas que apoyan la Ley SOPA.
Hay compañías con una posición ambigua, como Microsoft Corporation que favorece en algunos puntos a la SOPA, mientras está en contra como miembro de la Business Software Alliance.
La Asociación de Software de Entretenimiento (ESA), representante de varias compañías de videojuegos en el Congreso de Estados Unidos mantiene también una posición ambigua.
Otras compañías como Disney Interactive, Konami y Namco Bandai han expresado su posición a favor de la ley SOPA.
El debate en Estados Unidos está cada vez más candente y se expresará en México y en otros países con fuerte influencia de la industria cinematográfica y del entretenimiento norteamericano. También Google, Facebook, Yahoo! y Twitter harán valer sus argumentos en contra de esta iniciativa que le da facultades al Departamento de Justicia norteamericano para criminalizar a todo sitio web que aloje contenidos ilegales, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
La Ley SOPA es diferente al Digital Millenium Copyright Act, que rige la persecución de la piratería en internet desde 1998. Esta acta sólo puede obligar a un sitio web a retirar el material ilegal. En cambio, la SOPA responsabiliza legalmente a los proveedores de internet, a los grandes buscadores, a las redes sociales y a las empresas de publicidad y de pago online a bloquear los servicios a escala mundial de toda web que esté investigada por el Departamento de Justicia.
Zedillo: inmunidad, no inocencia
Editorial La Jornada
Es posible, sin embargo, que semejante estrategia no resulte del todo inconveniente para los intereses del ex mandatario. El alegato de los abogados de Zedillo tiene como precedente la declaración de interés
, emitida por el gobierno de Washington en marzo del año pasado, con respecto a la pretensión de llamar a testificar a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, por los presuntos vínculos entre su gobierno y grupos paramilitares del país andino. A petición del gobierno actual de Bogotá, la administración de Barack Obama sugirió
que el ex mandatario colombiano gozaba de inmunidad judicial en Estados Unidos, habida cuenta de que los señalamientos en su contra se referían a actos cometidos en su desempeño oficial como miembro de un gobierno
.
En primer término, es significativo que los abogados de Zedillo utilicen, como parte central de su argumentación, un alegato similar al que sustenta la defensa del ex mandatario colombiano, quien es acusado de encabezar una presidencia delictiva en el ámbito nacional e internacional –recuérdese, por ejemplo, la incursión ilegal de las fuerzas colombianas en Sucumbíos, Ecuador, en marzo de 2008– y cuyos vínculos con el narcotráfico y con los paramilitares están ampliamente documentados.
Por otra parte, sería erróneo inferir, a partir de lo sucedido con Uribe, que la solicitud de inmunidad presentada por la defensa de Zedillo vaya a ser respondida en forma favorable, pues uno y otro casos revisten, pese a sus similitudes, una diferencia fundamental: en el primero, la solicitud de inmunidad estuvo respaldada por el actual gobierno colombiano; en el segundo, en cambio, ha quedado de manifiesto que el ex mandatario mexicano se ha vuelto figura indefendible e indeseable en muchos ámbitos, incluido el de la política de nuestro país. Con todo, los intereses empresariales y políticos estadunidenses, a cuya defensa se dedicó el propio Zedillo durante su mandato, así como la cercanía entre el ex mandatario y el gobierno entonces encabezado por William Clinton –cuya cónyuge se desempeña actualmente como secretaria de Estado– hacen aventurado descartar que Ernesto Zedillo pueda verse favorecido, al igual que Uribe, por una intercesión de la Casa Blanca ante el Poder Judicial de Estados Unidos.
Mucho más insostenibles son los señalamientos de la defensa del ex presidente de que las acusaciones en su contra por la masacre de Acteal carecen de fundamento
y de que el hoy acusado heredó el conflicto en Chiapas del gobierno anterior
. La responsabilidad de su gobierno en los hechos referidos está debidamente documentada no sólo en el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la Investigación del caso Acteal, difundido en octubre pasado, sino también en documentos oficiales desclasificados por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, en los que se asienta que el Ejército Mexicano dio apoyo directo
a paramilitares en Chiapas como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y que aquellas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, cuando Zedillo detentaba ya la titularidad del Ejecutivo federal y el cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas.
El actual académico de Yale tiene, pues, una responsabilidad insoslayable por crímenes de Estado que no ha sido cabalmente deslindada, y que amerita ser investigada en el contexto de la demanda civil en la corte de Connecticut y en otras instancias. La solicitud de inmunidad para Ernesto Zedillo, en cambio, más que reivindicar la pretendida inocencia del ex presidente, abona a la percepción generalizada sobre su culpabilidad.
La ciudad: imágenes contra propuestas
Esta vez fueron, entre otras motivaciones, el retraso en el proceso interno del PRD y la desigualdad incontrolada entre aspirantes los obstáculos principales para una contienda democráticamente competitiva.La urgencia de resolver la cuestión a mediados de este mes hizo nugatorias nuestras demandas por un aplazamiento que permitiese enderezar el procedimiento mediante la rendición de cuentas, el desmantelamiento de la aparatosa propaganda instalada, la rigurosa supervisión de instrumentos y gastos y la instauración de un periodo de debates y discusión de ideas a través de los medios de comunicación.
El método sumario no se interrumpió y apenas se logró la presentación monologal de las diversas propuestas durante una semana.Tal parquedad difícilmente podría modificar las tendencias ni menos cambiar la naturaleza de una confrontación que continúa presidida por el exceso ofensivo en las erogaciones y la vaciedad de los contenidos publicitarios. El predominio de la mercadotecnia sobe la deliberación y de los anuncios espectaculares sobre las trayectorias y las propuestas. La intrascendencia de la imagen aparencial de los candidatos por encima de la dimensión de las tareas a emprender. Las encuestas sirven, en ausencia de reglas democráticas, para sondear la popularidad inducida de las personas pero no transparentan proyectos ni capacidades.
Han propiciado la feria abusiva de vacuas vías de promoción: todo género de retratos acompañados de no más de cinco palabras, libros de dudosa manufactura propia, revistas desconocidas que se exhiben en las bardas, botargas réplica del Dr. Simi, informes innecesarios y tumultuarios, vinculación de programas públicos a los funcionarios, tanto como una avalancha de llamadas telefónicas y cartas a los domicilios, en combinación con las empresas encuestadoras.
Mi declinación a la precandidatura implica también una denuncia respecto de la permisibilidad de las leyes y autoridades electorales —sobre todo en el nivel local— y entraña una exigencia de reformas sustantivas a las reglas e instituciones creadas para resolver las contiendas dentro de los partidos y garantizar limpieza y equidad en los comicios constitucionales. No debieran encubrir ya más subastas al mejor postor.Significa un llamado a mis compañeros para la construcción entre todos de un proyecto renovado de ciudad. No basta reconocer sus virtudes vanguardistas sino es menester definir con claridad hacia dónde vamos. La capital ha de ser en todo sustentable, comenzando por su plena autonomía política y suficiencia financiera. Pero sus habitantes deben serlo también por el respeto a sus derechos fundamentales, la satisfacción de sus necesidades esenciales y la realización de sus aspiraciones civilizatorias. Resulta imprescindible culminar la transformación que emprendimos, de una ciudad al servicio del poder a una al servicio de los ciudadanos.
La batalla primordial es la conquista del derecho a la autodeterminación. La reforma del artículo 122 de la Constitución federal, detenida en el Senado, para que la ciudad pueda tener su propia constitución con prerrogativas semejantes a las demás entidades, restaurar los municipios, crear instituciones propias y organismos autónomos, establecer mecanismos de democracia directa y participativa en todos los niveles y volver exigibles los derechos económicos, sociales y culturales.La ciudad del conocimiento y el ejemplo de la educación, la ciudad humana y cosmopolita que hemos soñado. Pero, ante todo, la ciudad igualitaria que nos defina categóricamente en la izquierda.
Guerrero condena por segunda vez a mujer por abortar
Acusada de "homicidio", indígena sufre proceso amañado
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 6 ene 12 (CIMAC).- A pesar de que el estado de Guerrero no ha reformado sus leyes locales para "proteger la vida desde la concepción-fecundación", ni limitar o eliminar las causales para la interrupción legal del embarazo (ILE), su sistema penal ratificó una condena de prisión contra una mujer indígena que sufrió un aborto espontáneo.
Y es que por segunda ocasión, el juzgado del municipio de Huamuxtitlan, dictó auto de formal prisión contra Virginia, indígena náhuatl que desde hace tres años permanece en la cárcel acusada de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo durante el tercer trimestre de gestación.
Verónica Cruz, coordinadora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que la acusación contra Virginia "no tiene sostén jurídico, y es un ejemplo de la falta de justicia para las mujeres, agravada por ser pobres e indígenas".
Con el auto de formal prisión, tras permanecer tres años encarcelada sin recibir sentencia, la indígena náhuatl es víctima por segunda vez de la "deshumanización de las autoridades" guerrerenses, las cuales hasta ahora han sido incapaces de actuar ante una "injusticia evidente", denunció la activista.
CONTRADICCIONES JURÍDICAS
En abril de 2006 Virginia sufrió una caída en su casa que no le permitió levantarse. Varias horas después fue trasladada a un hospital en Puebla, donde los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público (MP) por supuestamente inducirse un aborto, ya que su útero presentaba desgarres.
Sin orden judicial, las autoridades catearon la casa de la guerrerense y encontraron rastros de que la indígena tuvo una hemorragia; hallaron al producto sin lesiones, pero no la evidencia sobre la causa de su muerte. Al feto no se le practicó la necropsia para conocer el por qué del deceso.
A pesar de ello, el MP inició la averiguación contra Virginia por el delito de homicidio en razón de parentesco, sin proporcionarle un traductor y un defensor que conozca su cultura y costumbres, ya que ella sólo habla y entiende su lengua.
En contraste con los 17 estados del país que desde 2008 reformaron sus constituciones locales para "proteger la vida desde la concepción-fecundación", Guerrero no tiene una modificación en ese sentido y mantiene en su Código Penal causales para el aborto legal.
Entre ellas está cuando el aborto sea espontáneo, sea resultado de una violación sexual o una inseminación artificial no consentida, y cuando el producto tenga malformaciones genéticas o congénitas.
Entre 2010 y 2011, en estados como Guanajuato y Baja California –donde se aplicaron las contrarreformas constitucionales– fueron encarceladas decenas de mujeres que sufrieron abortos espontáneos y a quienes –al igual que a Virginia– se les acusó de "homicidio en razón de parentesco".
JUSTICIA PARCIAL
En febrero de 2009 Virginia fue detenida sin orden de aprehensión e internada en el Centro de Readaptación Social en Tlapa, Guerrero. Siete meses después, el Tribunal de Apelación de Huamuxtitlan ordenó el auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio en razón de parentesco. Pasaron dos años y 10 meses sin que la indígena recibiera sentencia.
En abril de 2011, apoyada por el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Colectivo Nosotras y Las Libres, la defensa de Virginia interpuso un amparo indirecto ante un juez federal en el que enunciaron las múltiples violaciones a sus derechos. La Federación ordenó a César Abraham Calderón Torres, juez mixto de Primera Instancia en Huamuxtitlan, reponer el proceso.
Sin embargo, el juez guerrerense "no entendió que reponer el proceso significa que no tienen elementos para mantenerla presa y, por ende, debió concederle su libertad".
En lugar de ello "él interpretó la orden como rectificar lo que hicieron mal, que según él consistió en entregar las 'pruebas' en una sola, y lo que hizo fue desglosar una por una y repetir lo que ya estaba", detalló Verónica Cruz.
La defensa de Virginia apeló y presentó un amparo ante el juzgado federal en Chilpancingo, en el que se inconforma por la respuesta de Calderón Torres y demanda que la liberación inmediata de la mujer.
Cruz indicó que con la segunda apelación, que deberá resolverse este mes, espera que se conceda la libertad a la indígena náhuatl.
Semefo de Juárez, negligente para identificar restos de mujeres
Algunos llevan años ahí; las madres, en la incertidumbre
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 6 ene 12 (CIMAC).- En una muestra más del desprecio que sienten las autoridades judiciales de Chihuahua por las mujeres desaparecidas y asesinadas, así como por sus familias, el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez mantiene en la incertidumbre a por lo menos 26 madres de jóvenes, cuyos restos llevan años sin ser identificados.
En entrevista desde la localidad fronteriza, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres –una de las organizaciones que documenta casos de mujeres desaparecidas y asesinadas–, dijo que se trata de las familias de 26 jóvenes desaparecidas, que aún están a la espera de respuesta por parte de las autoridades.
Espinosa relató que el pasado 12 de diciembre, el Comité de Madres con Hijas Desaparecidas –que agrupa a las familias de las 26 jóvenes– se reunió con la fiscal de Control Interno de la Fiscalía General, Rosa María Sandoval, a quien le pidió que implementara un Programa de Identificación Humana en todo el estado.
Las familias le reclamaron a la funcionaria que durante 2011 el Semefo sólo logró identificar seis cuerpos de mujeres, mismos que fueron entregados a sus familiares tres años después de tenerlos en sus instalaciones, por lo que exigieron que se implemente un mecanismo de identificación de restos más eficaz.
Entre las mujeres identificadas están: Hilda Gabriela Rivas Campos, Janeth Rivera Chávez, Mónica Liliana Delgado Castillo, Adriana Sarmiento y Jessica Terraza, éstas dos últimas identificadas en diciembre pasado.
Cecilia Espinosa acusó que mientras las autoridades deciden si identifican o no a los cadáveres, las familias siguen con la angustia de saber si sus hijas están vivas o muertas. Con todo, la activista señaló que las madres aguardan la esperanza de volverlas a ver con vida.
UNA BURLA MÁS
De acuerdo con lo narrado por Espinosa, la fiscal Rosa María Sandoval dijo a las familias que se realizará un "inventario" de los cuerpos en manos de las autoridades, y que en los primeros días de este mes les llamaría para informarles los resultados. Además adelantó que se citaría a las mamás de las jóvenes desaparecidas que quisieran identificar las evidencias.
La fiscal propuso llevar a las madres al Semefo para que ellas comparen las prendas de las mujeres encontradas con la ropa que llevaban sus hijas cuando desaparecieron, así el Semefo podría establecer una posible relación.
El siguiente paso –abundó Espinosa– serían las pruebas de ADN para hacer una identificación plena y confiable; sin embargo advirtió las familias no han vuelto a tener contacto con la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la que se condenó al Estado mexicano por el caso de tres jóvenes asesinadas y encontradas en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, las autoridades estatales deberían contar ya con tecnología de punta para identificar las osamentas de mujeres ultimadas, y realizar el cotejo de ADN desde que se presenta la denuncia de desaparición.
ZOZOBRA
El pasado lunes, integrantes del Comité de Madres con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres se encadenaron en cruces de madera y metal frente a la Fiscalía General en Juárez, en demanda de que se acelere el proceso de identificación de restos.
Cecilia Espinosa narró que se acordó con el coordinador de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, Ricardo Esparza, que el pasado miércoles se entregaría una lista de las madres que deseaban comparar la ropa de sus hijas con la que tenía el Semefo.
La activista indicó que las familias están a la espera de que las autoridades les llamen para hacer el reconocimiento de prendas, y después determinar si los cuerpos son de algunas de las jóvenes desaparecidas.
Espinosa recordó que ayer jueves habría sido el cumpleaños de María de la Luz Hernández; el 1 de enero, el de Andrea Guerrero Benzor; hoy sería el de Brenda Berenice Castillo, y el próximo 31 de enero el de Guadalupe Pérez Montes. Todas ellas están desaparecidas.
CIAM-Cancún concluye 10 años de labores
Por falta de recursos ahora será centro de estudios
Por Andrea Franco, corresponsal
Cancún, 6 ene 12 (CIMAC).- Tras 10 años de intensas labores a favor de la población femenina, y de soportar el desinterés gubernamental e incluso amenazas del crimen organizado, el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM-Cancún) –único refugio para víctimas de violencia de género en el sureste mexicano– anunció el fin de sus actividades.
Fundado en 2001 y presidido por la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el CIAM informó ayer que a partir de este año deja de ofrecer servicios de atención, rescate y refugio para mujeres e infancia víctimas de violencia en Cancún, debido a la carencia de recursos para sostener un espacio de alta seguridad, resultado del recorte al financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desde hace varios años.
"La crisis económica y la consecuente reducción de financiamiento que padecen las OSC en el país en los últimos años, repercute en la financiación de nuestras actividades como refugio de alta seguridad", explicó la secretaría técnica del CIAM en un comunicado.
"Esta crisis económica limita la capacidad de mantener un equipo profesional integrado por enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras para la paz y abogadas con salarios dignos para atender a más de 10 mil mujeres, jóvenes, niños y niñas a lo largo de cada año", abundó.
Durante una década, el CIAM-Cancún se convirtió en un refugio en el estado de Quintana Roo para miles de mujeres víctimas de violencia, y "subsanó la negligencia y abandono al respecto por parte del Estado".
El CIAM tuvo además incidencia a nivel legislativo al trabajar en conjunto con diputados federales y locales para mejorar el marco jurídico estatal en materia de violencia de género y combate a la trata de personas.
La campaña más reciente que desarrolló la organización fue precisamente para combatir la trata de personas, enfocada en adolescentes y jóvenes.
"Cada vida salvada, cada familia que logró desarrollar herramientas para reconstruir su vida en un contexto libre de violencia, valió todos los esfuerzos, amenazas y presiones, tanto gubernamentales como de los agresores y de los grupos de delincuencia organizada", se enfatizó en el comunicado.
NUEVA ETAPA
El CIAM-Cancún transitará de un refugio para mujeres víctimas de maltrato extremo a un centro de capacitación y educación para la paz, enfocado en la prevención de la violencia social y de género, informó la secretaría técnica de la organización.
"El cese parcial de estas actividades en nuestra institución es, sin duda, una mala noticia para la comunidad. Pero estamos decididas a convertir esta mala noticia en una buena. Esperamos que las nuevas actividades contribuyan significativamente a disminuir las causas de esta violencia en los años por venir", resaltó.
En sus 10 años de operación, el CIAM-Cancún logró acumular también experiencia valiosa para desarrollar un modelo depurado de atención a víctimas de la violencia, reconocido y premiado a nivel nacional e internacional, mismo que puede ser reproducido prácticamente en cualquier comunidad del mundo, particularmente de América Latina.
"El trabajo que llevó a cabo un equipo de mujeres y hombres profesionales arrojó frutos de gran valía, como la hiper-especialización de su personal en procesos de prevención, rescate, atención y reinserción social de las víctimas de violencia de género en todas sus categorías", añadió.
"Asimismo logramos crear una base de datos que documenta con precisión todas las características de las víctimas, de sus victimarios y de sus hijos e hijas, sus contextos socioculturales, orígenes, niveles educativos, lo que permitió derrumbar mitos sobre la violencia contra las mujeres, jóvenes, niñas y niños", concluyó.
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