Cassez y Peña, grandes beneficiarios

Utopía

 

 

Eduardo Ibarra Aguirre

 

Un hecho político e institucional es inocultable en las decisiones tomadas el 23 de enero por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el hombre que despacha en Los Pinos ya no es Felipe Calderón sino Enrique Peña.

Con los votos a favor de cinco consejeros, incluido el decisivo de Sergio García Ramírez –otrora secretario general del Revolucionario Institucional y amigo de la familia Fraga, involucrada en el caso Monex y por lo cual el jurista se excusó hace meses de intervenir en el tema–, exoneraron del pago de una multa de 75 millones de pesos que es nada para el partido y su entonces candidato presidencial que detentan el Ejecutivo federal, por financiar los monederos con un préstamo de más de 66 millones de pesos que le otorgó la empresa Atama y por no acreditar el destino dado a esos recursos, ambas cosas prohibidas por la ley.

En tanto que tres de cinco ministros votaron por otorgarle un amparo por las violaciones a los derechos humanos fundamentales de Florence Cassez, el derecho al debido proceso destacadamente –mismo que se atropella todos los días para los mexicanos más comunes que corrientes y el Poder Judicial no dice ni hace nada para evitarlo–, con lo que ordenaron "la inmediata y absoluta libertad" de Florencia María Luisa, al otorgarle un amparo liso y llano contra la sentencia de 60 años de prisión que cumplía desde hace más de siete años por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas.

Así, la francesa que siempre contó con el decisivo respaldo del anterior y del actual presidente de su país, no sólo fue liberada enseguida, sino salió de México escoltada como jefa de Estado, además de que el corruptísimo Instituto Nacional de Migración le tramitó el "retorno asistido" y partió del hangar de la Policía Federal, la máxima creación de Genaro García Luna –carcelero de Cassez e Israel Vallarta su pareja sentimental–, así como productor del montaje televisivo que acaba de reconocer como tal Carlos Loret de Mola pero no Televisa, el consorcio para el que trabaja manipulando información y enajenando conciencias.

Olga Sánchez Cordero fue la ministra clave en la liberación que con sobradas razones tanto irritó a las victimas de Cassez y Vallarta (de quien nadie se ocupa y afirma que no tiene sentencia), aunque hizo una observación que es preciso no perder de vista. La Sala de la Suprema Corte (corta para muchos) "no se pronunció por la inocencia o culpabilidad de Cassez, pues el amparo se le otorgó por las violaciones a sus derechos fundamentales". Cierto, también que "fue un día histórico para el debido proceso", como bien dijo Agustín Acosta Azcón, defensor de la excarcelada y también del Grupo México, consorcio que viola sistemáticamente los derechos humanos de mineros mexicanos (con la complacencia del gobierno federal) y peruanos.

Que las dos importantes decisiones se adopten cuando el mexiquense de Atlacomulco despacha en Los Pinos y el michoacano de Morelia pasea feliz por Suiza, mientras que su hasta hace dos meses secretario consentido se broncea en Miami, Florida, pone en relieve mucho más que una fortuita coincidencia en los tiempos políticos y judiciales. Evidencia la aún débil o incipiente autonomía de órganos como el IFE, que por definición debe ser autónomo, y no digamos la Suprema Corte.

La impartición de justicia tiene tiempos largos y procedimientos múltiples, perfectamente acotados por un enjambre leyes y reglamentos. Mas tanta coincidencia en el tiempo político e institucional no es recomendable interpretarla como fortuita a riesgo de incurrir en candidez.

Acuse de recibo

María Soledad Cervantes agrega a Cruzada contra un reto ancestral (23-I-13): "Tengo el dato de que el Programa Hambre Cero (en portugués Fome Zero) fue creado por Inazio 'Lula' Da Silva, el ejemplar presidente de Brasil. Sin embargo, poca gente sabe que México no ha firmado y ratificado en la ONU el Protocolo Facultativo (PF) del Pacto Internacional de los Derechos (humanos) Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que cubre derechos laborales, de salud, vivienda, seguridad alimentaria, en fin, todos los que permiten una vida digna. El PIDESC lo ratificó México desde 1981. Pero nuestro gobierno reiteradamente se ha resistido a firmar y ratificar el Protocolo, documento más moderno que vuelve estos derechos humanos legalmente exigibles a nivel internacional por medio del Comité de los DESC de la ONU. Si la 'cruzada' de EPN fuera en serio, ya habría mandado ratificar en la ONU el PF-PIDESC"… Rogelio Naranjo, portadista de la revista Oposición en 1970 y más tarde cartonista del periódico del mismo nombre, auspiciados ambos por el Partido Comunista Mexicano, tiene una exposición en el Centro Universitario Tlatelolco, titulada: Vivir en la raya… "Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas" exige la libertad de "nuestro hermano Alberto Patishtan Gómez, quien lleva 12 años de un largo e indigno encarcelamiento".

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