Denuncias y llamados a misa

Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre

Con el 43 por ciento de los ciudadanos que estiman que los procesos eleccionarios no son limpios ni transparentes, sino fraudulentos, de nada sirven los llamados a misa que hacen los integrantes del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

            Y es que la burra no era arisca, la hicieron con las polémicas pero inolvidables experiencias de 1988 y 2006. La primera jornada presumiblemente fraudulenta, a cargo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, fue en contra del Frente Democrático Nacional y de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. La segunda permanece en la memoria colectiva, pues un tercio del electorado está convencido del presunto fraude cometido por Vicente Fox y Felipe Calderón con todo y “transición a la democracia”, misma con la que los Aguilar de Televisa pretenden demostrar que es imposible tal acción en un país que invirtió tanto dinero y esfuerzo político.

            Tan simple como recordar que fue Elba Esther Gordillo, como jefa de la bancada del Revolucionario Institucional en San Lázaro, la diputada que impuso en alianza con Acción Nacional a los consejeros ciudadanos y a Luis Carlos Ugalde como presidente. Los partidos de las izquierdas simplemente fueron hechos a un lado. Con tal aborto de la presidenta vitalicia del sindicato magisterial y su posterior compromiso con Felipe Calderón, estaba el terreno abonado para que sucediera cualquier cosa.

            Y los costos están a la vista, 43 de cada 100 ciudadanos estiman que las elecciones son fraudulentas.

Pero ni los consejeros ciudadanos ni los magistrados se hacen cargo de tal situación. Suponen que los votantes no tienen memoria y que basta con sus solemnes pero vacíos llamados. Leonardo Valdés, por ejemplo, postula que “La ciudadanía debe de confiar en las instituciones”. Y lo declaró el mismo día que el Sistema de Administración Tributaria recibió por cuarta ocasión la orden del Instituto Federal de Acceso a la Información para que dé los nombres de los favorecidos con créditos fiscales, en 2007, por 73 mil 960 millones de pesos. Cuando de defender los intereses de los dueños de México se trata, la Secretaría de Hacienda puede “mandar al diablo a las instituciones”.

En tanto que el magistrado presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, jura que trabajan para que la elección “sea más transparente, más real, más confiable a la ciudadanía”. En 2006 demostraron lo contrario, al sentenciar que Vicente Fox con su intervencionismo presidencial claramente ilícito puso en grave riesgo la elección, pero fueron incapaces de amonestarlo.

Las denuncias públicas sobre supuestas irregularidades saturan el panorama en la recta final: gastos excesivos de campaña de candidatos presidenciales que además viajan en aviones y helicópteros privados, boletas duplicadas, operaciones partidistas para exigir a gobernadores cuotas millonarias de votos, entrega de tarjetas de débito Banco Monex –la gran lección de Eruviel Ávila en el estado de México y los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila–, para no hablar del repunte en 58 por ciento de las quejas ante inútil Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

A todo esto se pretende responder con discursos de las autoridades y llamamientos del Consejo Coordinador Empresarial –apoyado con entusiasmo por Leonardo Valdés pese al papel faccioso que desempeñó en 2006–, la Comisión Permanente del Congreso y los que surjan.

Finalmente, Pedro Joaquín Coldwell, el anticomunista tardío que también estigmatizó a estudiantes de la Iberoamericana para “defender” a Enrique Peña, sentencia sin más que “está a punto de reventarnos otro conflicto electoral”.

Acuse de recibo

Antonio del Campo pregunta a Josefina Vázquez Mota: “Y los que ya no hacemos cuchicuchi ¿qué?, a propósito de “Doble cuchicuchi” y nerviosismo tricolor (20-VI-12)… Segunda y última parte del comentario de Arturo Sandoval a Basta de crímenes de periodistas (18-VI-12): “La realidad nos indica el triunfo de la impunidad total a asesinos de periodistas. ¿Por qué no se avanza imponiendo este seguro, mientras se dan las condiciones o fórmulas para realmente protegerlos? Me pregunto, qué pasa en estos momentos con cada familia de cada periodista muerto. ¿Cómo se la están viendo sin la fuente de sustento o ingresos que aportaban a sus familias? ¿Quién cubre los gastos de los heridos y dañados psicológicamente? ¿Se les da alguna atención de cualquier tipo por parte del Estado? ¿Sus empresas los ayudan?”… Miriam Saldaña, integrante del Grupo María Cristina y candidata a diputada local por el distrito XV del DF, presentó el examen profesional para obtener la licenciatura en filosofía por la Universidad Nacional. Con la tesis Del Estado soberano a la república simulada, obtendrá la tercera licenciatura esta bella lagunera… Enrique Semo, Rosa María Cabrera, Teresa Gurza, José Luis Alonso, Efraín E. Pérez y Juvenal González deploran el fallecimiento de Yolanda Gaytán, militante del Partido Comunista Mexicano en 1960-81.

forum@forumenlinea.com

www.forumenlinea.com