Calderón y sus generales culpables del odio que crece en la población contra el ejército y la policía
Pedro Echeverría V.
"La inseguridad no la ocasionan los grupos delincuenciales, es la federal que viene, se mete a las casas hogares, en todo el municipio". Presidente de Apatzingán.
1. Ayer domingo se realizaron tres marchas en distintos municipios de Michoacán para pedir la salida de los cuerpos de seguridad federales al presidente Felipe Calderón. La primera manifestación se realizó en Apatzingán por la mañana cuando 200 personas y transportistas salieron a las calles a protestar. Posteriormente, en Pátzcuaro, se reportó la presencia de 50 personas que marcharon con cartulinas solicitando la salida de las fuerzas federales de Michoacán. Finalmente, en la capital Morelia, por la tarde, se registró la tercera marcha de la jornada con una concurrencia de unas 100 personas. "Pedimos que el gobierno federal retire sus fuerzas, porque sólo nos perjudica su guerra contra esos señores. Sólo nos ocasiona que nos cierren negocios, nos cierren trabajos, nos cierren carreteras y no podamos vivir en paz", aseguró el representante de Comerciantes de Ciudad Hidalgo, Michoacán.
2. No se si el ejército y la policía, a través de la historia, han tenido prestigio en algún lugar del mundo. Yo creo que no porque siempre han querido someter a los seres humanos a un orden y a una disciplina fabricados por el Estado que siempre busca salvaguardar sus propiedades, riquezas y dominación. Pienso que en una sociedad autogestiva e igualitaria el ejército y la policía se convertirían en innecesarios y pasarían sólo al mundo de los recuerdos. ¿Qué son el ejército, la policía, las cárceles, los tribunales, las armas, los centros de tortura, el lenguaje despótico y autoritario, la represión y los asesinatos, sino no productos de las sociedades opresoras del esclavismo, la servidumbre, el caciquismo, el liderismo? El ejército y la policía no son causa, sino simple efecto que demuestra la inmensa desigualdad en que vivimos, siempre en beneficio de una minoría, que sólo puede subsistir gracias a los gendarmes.
3. Me duele escribir esta crítica porque he tenido muchos amigos humildes que han llegado a ser militares y otros que han tenido miembros de sus familias en estos cuerpos. Pero mi crítica nunca ha sido contra personas que suelen ser simples piezas de la maquinaria, sino dirigidas a las instituciones usadas para dominar a las clases mayoritarias del país. Conozco incluso militares que levantan mucho menos la voz que muchos padres de familia que actúan como dueños de los hijos y la esposa. Por eso cuando en Michoacán, Ciudad Juárez o Tamaulipas se pide la salida del ejército, de la marina y la policía no se solicita que una u otra persona salga, sino toda la institución que actúa por mandato contra los intereses del pueblo. Si esas conductas represivas de los militares continúan puede suceder que incluso cuando ofrezcan auxilios contra sismos, huracanes e inundaciones, sean rechazados por malas experiencias vividas.
4. Se supone que el ejército y la policía son "servidores públicos", según declaraciones de la burocracia gubernamental; pero a éstos los han convertido en servidores del gobierno, del presidente, no del público, no del pueblo. Y lo lamentable es que el 99 por ciento de los soldados y policías viene de la clase campesina pobre, miserable, explotada; pero apenas son contratados por esos aparatos represivos les imponen una disciplina absolutamente autoritaria que los lleva a tratar a los débiles –sus hermanos de clase- como delincuentes. Es el motivo porque el ejército y la policía son odiados y ese sentir crece más porque el presidente Felipe Calderón y los generales y jefes policíacos, son culpables –junto con los narcos- de las muertes y asesinatos de más de 35 mil personas en el país. Ejército y policías se transformaron de "servidores públicos" en fuerzas represivas que aterrorizan a la población.
5. En vez de usar la inteligencia, el buen trato, la explicación, para que las poblaciones comprendan el contexto violento de estos seis años de Presidencia de Calderón, el gobierno engaña y los policías y soldados imponen el terror, la persecución y la cárcel a los habitantes con la acusación de ser cómplices de los narcotraficantes. En México, como en varios países, los narcotraficantes no sólo legan a ser muy apreciados por la población sino que llegan a ser convertidos en ídolos y santos porque son parte del pueblo y los ayudan a vivir; es el motivo por lo que en varias marchas ellos son tratados como héroes populares. ¿Por qué los gobiernos, que se dicen electos y representantes del pueblo, no sólo están lejos de sus electores sino que incluso son "ilustres desconocidos" de ellos? Se da el caso que gobiernos y empresarios ponen precios multimillonarios de recompensa por los líderes del narco y la población los protege.
6. El ejército, la marina y las policías tienen que construir, con toda honestidad, su filosofía acerca del papel que deben cumplir como aparatos de poder. ¿Puede olvidarse que son aparatos de servicio público porque les paga el pueblo o de servicio al gobierno o al Estado que mal administra el presupuesto? No es el gobierno el que paga (con su dinero) al ejército, la educación, los servicios de salud, etcétera, sino el pueblo con su trabajo. ¿Cómo pueden evitar esas instituciones que cada día están más desprestigiadas por funestas políticas gubernamentales, evitar derrumbarse hasta la estulticia? Esos cuerpos deberían tener un código de ética que les impida reprimir el descontento y las protestas justas del pueblo; así como el derecho a resistir órdenes para reprimir a la población inocente. ¿Cómo pueden aceptar entrenarse en las escuelas del imperialismo yanqui cuyo único papel ha sido invadir pueblos indefensos y asesinar a diestra y siniestra?
7. Mientras la sociedad mundial siga dividida en clases sociales extremadamente desiguales, las clases minoritarias dominantes seguirán justificando la existencia del Estado despótico y autoritario (ejército, policía, cárceles, leyes) para mantener a raya a la clase trabajadora. Para evitar que la población se levante en armas –haciendo causa común con otros levantados- se requiere respetarla. Pero si, como dice el Presidente Municipal de Apatzingán, Michoacán: "la policía federal viene y se mete a los hogares" muy pronto –justamente- podrán surgir movimientos armados del pueblo para expulsar a los aparatos de ocupación militar. Y si, además, el ejército yanqui decide invadir México para adueñarse de los estados fronterizos del norte y del sur, entonces lo único que podemos esperar es una tremenda guerra civil que llevará adelante a la muerte a más de 100 mil seres inocentes. Así que hay que pararle, ¿0 no?
Salinas, falso activista ciudadano
Carlos Salinas, expresidente de México.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 13 de diciembre (apro).- Con un mamotreto de casi mil páginas, volumen análogo a sus otras dos obras propagandísticas editadas en la reciente década, Carlos Salinas irrumpe este fin de año en México para hacerse pasar como activista de la participación ciudadana y encubrir su condición de matraquero de Enrique Peña Nieto y gurú del priismo.
Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, es el título del más reciente libro de Salinas, que en realidad representa un instrumento de su propósito supremo: Reinsertarse de manera abierta en la vida pública de México y diluir su reputación de destructor del país.
Apenas el martes 12 de octubre, cuando su amigo Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), lo invitó a impartir una conferencia en el Palacio de Minería como invitado estelar del 20 aniversario de ese organismo, en cuyo sexenio se creó con todo el control de su gobierno, le pregunté a Salinas si creía que ya no era repudiado por los mexicanos.
Guardó silencio y, con la sonrisa cínica que lo caracteriza, se escabulló hacia el Palacio de Minería donde impartió la conferencia en la que disertó sobre la creación del IFE y pontificó sobre el poder ciudadano, justamente el tema de su nuevo libro.
A las preguntas que se le formularon sobre su gestión como responsable del gobierno de México les sacó la vuelta y ofreció responderlas. "Seré veraz, seré autocrítico, pero sobre todo me gustará conocer la respuesta de ustedes a mi propia respuesta", ofreció Salinas.
--Yo me quedé esperando la respuesta suya a la autocrítica. No me la dio, espero que algún día me la dé –le reprochó la periodista chilena Mónica González, que moderó la mesa.
--Se la voy a dar hoy en la tarde en que le voy a mandar un libro de mil 400 cuartillas, que es una primera autocrítica a mi responsabilidad como presidente de México. Obsequiado, por cierto.
Pero en ese libro de mil 400 páginas --mil 392 exactas— que es México, un paso difícil a la modernidad, editado en el año 2000, no hay ninguna autocrítica a su catastrófica gestión --que sentó las bases del actual capitalismo de cuates-- y sí una catarata de autoelogios por haber impulsado reformas, pese a la "nomenclatura" de su partido.
En su siguiente libro La década perdida, 1995-2006 neoliberalismo y populismo en México, editado en 2008, tampoco hay asomo de autocrítica a lo largo de las 959 páginas, más de un tercio de las cuales dedica a su nueva obsesión: El neopopulismo.
Las referencias que hace Salinas a personajes son reveladoras: A Felipe Calderón, que ya tenía dos años den el cargo cuando apareció ese libro, no lo menciona ni una sola vez, pero a Andrés Manuel López Obrador lo refiere por su nombre 50 veces.
Ni siquiera a quien identifica como su principal enemigo, Ernesto Zedillo, le dedica tanto espacio, porque sólo hace 17 menciones, poco menos que a Vicente Fox, 22 citas, una más que a su hermano Raúl Salinas, quien goza de una fortuna mal habida con impunidad absoluta, que resultó –como él mismo confesó-- del saqueo al patrimonio de los mexicanos.
Una fortuna que también tendría su origen en el crimen organizado si nos atenemos a lo que llegó a afirmar Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en conversaciones grabadas en las que afirma que Raúl Salinas "entregó el país al narco".
En fin, ahora Salinas --en su papel de activista ciudadano-- postula que, a doscientos años de la Independencia y cien de la Revolución, la República está en riesgo, según el sitio animalpolitico.com, que difundió fragmentos de su nuevo libro.
La clave para salir de la crisis, según él, es apostar por la acción ciudadana, y pasar de "sólo votar y comprar", a grupos que se organicen para transformar su realidad y formar una democracia republicana. "Es el momento de los ciudadanos participativos", dice Salinas de Gortari, quien postula la democracia republicana de los ciudadanos para los ciudadanos.
Neoliberal vergonzante, Salinas condena "los efectos nocivos que sobre el país han tenido el neoliberalismo y el populismo". Salinas se presenta también como una especie de ideólogo del PRI.
"A partir del 2000, año del triunfo de un candidato presidencial no priista, el PRI perdió también la batalla de las ideas, olvidó la capacidad de su gran movimiento para generar los mitos fundadores", dice, y propone reactivar el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el esquema clientelar de su gobierno.
"Solidaridad no sólo consiguió acrecentar el capital humano: consolidó la fuerza social que durante varias generaciones se había conformado en diversos ámbitos del país, sobre todo en las comunidades rurales, las clases medias urbanas y las colonias populares."
Hay algo muy claro con el nuevo libro de Salinas: Le apuesta no sólo a capitalizar la ineptitud suprema de los panistas, socios suyos, por cierto, sino a la desmemoria de los mexicanos para reinsertarse en la vida pública para ejercer, abiertamente, el poder, por ejemplo a través de su pupilo Peña Nieto.
Que los mexicanos opinen…
Apuntes
El colega Horacio Jiménez, de El Universal, le preguntó a Cecilia Romero, la nueva secretaria general del PAN, si El Yunque, la organización ultraderechista de la que ella forma parte, estaba de regreso en ese partido: "No sé, no tengo idea. Regresa… pues no sé en quién". "¿Existe El Yunque?", le preguntó Horacio, y la respuesta: "No sé, yo supongo que sí, ahí salen muchas cosas de eso. Pero si se trata de Cecilia Romero, pues yo tengo 28 años aquí, eso de regresar es un decir, por qué íbamos a regresar." Tiene razón la señora: El Yunque no puede regresar, sencillamente porque nunca se ha ido del PAN. Al contrario, su poder crece y crece…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
López Dóriga, la inmoralidad mediática
López Dóriga y Calderón Hinojosa. Maquillaje.
MÉXICO, D.F., 13 de diciembre.- Poco antes de la maquillada transición democrática, cuando el gobierno señoreaba abiertamente al país como una dictadura, los medios noticiosos –en particular los de Televisa, encabezados entonces por Jacobo Zabludovsky– estaban perdidos en los principios y en la moral. El apetito del dinero y la indiferencia por la dignidad habían actuado para dar a México medios cuyo único objetivo era aumentar el poder del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas y el envilecimiento de todos.
En esos tiempos, el Excélsior de Julio Scherer y –después del golpe perpetrado por el gobierno de Echeverría– la revista Proceso, que se fundó con el apoyo de una ciudadanía indignada, eran la excepción. Sus batallas, su periodismo de investigación, su devoción por la verdad, su negativa a pactar con los poderes, no sólo mantuvieron viva la voz de la nación, sino que sentaron las bases de lo que ahora es la libertad de prensa en nuestro país.
En medio de esa libertad, Proceso, dirigida ahora por Rafael Rodríguez Castañeda, ha seguido el mismo camino y continúa siendo una referencia incómoda para el poder y para esos medios que, como los auspiciados por Televisa, no han dejado de ser lo que siempre han sido: la vergüenza de este país. No es otra cosa lo que López Dóriga –ese periodista inescrupuloso, continuador del Zabludovsky del antiguo régimen– mostró cuando –días después de la publicación del reportaje de Ricardo Ravelo Testigo estelar (Proceso 1777), y de la publicación de un capítulo del libro de Anabel Hernández Los señores del narco (Proceso 1778)– divulgó y magnificó en su noticiario que Sergio Villarreal, El Grande –testigo protegido que en el reportaje de Ravelo había manifestado conocer a Calderón a través del senador Guillermo Anaya–, decía haber dado al periodista 50 mil dólares para que guardara silencio con respecto a su persona.
Se trataba –como lo dijo el propio López Dóriga en un alarde de servilismo avalado por los periodistas que lo acompañaban en el programa Tercer Grado– no de una noticia, sino de un lección: mostrarle a Proceso, primero, que la fuente de Ravelo, El Grande, que dice conocer al presidente, se volvía ahora contra él; segundo, que si en ese caso la fuente mentía, también mentía en relación con sus declaraciones sobre Calderón y Anaya; tercero, que Proceso, el cual recurre a testimonios de testigos protegidos, se ha convertido en un semanario corrupto que tiene relaciones con el narcotráfico y que utiliza cualquier tipo de información para desprestigiar al gobierno; cuarto, que a partir de ese momento todo lo que ha dicho o diga Proceso es sospechoso de falsedad. Se trataba, bajo una moralina seudoperiodística, de linchar a Proceso, de desprestigiarlo, de reducirlo a un periodismo de calumnia, a un pasquín que dejó de ser lo que fue para mentir.
La evidencia más clara de esta bajeza está en la manera en que el propio López Dóriga manipuló los argumentos que Ravelo utilizó en su reportaje Testigos protegidos: creerles a conveniencia (Proceso 1778). Según Ravelo –palabras que el propio López Dóriga utilizó para darle esa supuesta lección a Proceso– los testigos protegidos "mienten". Lo que, sin embargo, López Dóriga omitió es, primero, que mienten porque "en manos de las autoridades sufren presiones económicas, malos tratos y frustración"; segundo, que cuando esos mismos testigos "se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal no se les toma en cuenta"; tercero, que "con frecuencia los testigos protegidos se quejan de que en la SIEDO son obligados a declarar en contra de gente que no conocen…".
Ni López Dóriga, quien sí ha difamado muchas veces para servir a sus patrones –recordemos sus ataques contra el diario Reforma por denunciar los beneficios obtenidos por Televisa y Nextel en la asignación de frecuencias radioelectrónicas y la reciente divulgación de una supuesta corrupción entre directivos de la industria farmacéutica y del Seguro Social porque así convenía a esa empresa televisiva–, ni quienes lo acompañaban en Tercer Grado tuvieron el profesionalismo de verificar si los señalamientos de El Grande sobre su encuentro con Calderón eran falsos; ni si la acusación de ese testigo protegido contra Ravelo era el producto de una coerción de la SIEDO para golpear a Proceso.
Reunidos en el foro televisivo, Dóriga, Marín, Maerker, Gómez Leyva y Micha habían dejado de ser periodistas para convertirse en los inquisidores de Proceso, en servidores de esas Iglesias degeneradas llamadas Gobierno y Televisa, y en verdugos impolutos de un periodismo que no ha dejado de denunciar sus corrupciones y desaciertos. Habían dejado de honrar la palabra, a la que un día sirvieron con dignidad, para volver al viejo objetivo de los medios verdaderamente corruptos: aumentar el poder autoritario del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas de las que viven y el envilecimiento de todos.
A los que hacemos Proceso nunca nos ha interesado caminar apoyándonos en los pobres privilegios de los que saben arreglárselas con el poder. Nuestra ambición es y ha sido dar testimonio y gritar cada vez que es posible en nombre de aquellos a quienes los poderes aplastan. Eso, para honra de la verdad, jamás podrán acallarlo.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.
Doña Isabel y don Alejo, suplentes del Estado
Isabel Wallace. Reclamo de justicia
Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 13 de diciembre (Proceso).- La discusión teórica sobre el punto en que es dable declarar fallido a un Estado incluye considerar muchos elementos, derivados de las facultades que los ciudadanos confieren a la autoridad para que haga posible la convivencia. Es difícil que coincidan deficiencias estructurales al mismo tiempo en todos los órdenes de la vida pública que hagan necesario reconocer que el Estado se vino abajo, que es incapaz de cumplir sus atribuciones.
Alejados de esa discusión teórica –examinar los hechos cotidianos que afectan la seguridad de las personas, que el gobierno está obligado a garantizar, mediante la prevención del delito o mediante su persecución y castigo cuando no se le haya impedido–, es claro que en amplias porciones del territorio mexicano y en no pocas parcelas sociales crece la incapacidad estatal para salvaguardar los derechos de las personas.
Dos ejemplos en boga ilustran esa disminución del poder público, su deterioro, sus insuficiencias y la consiguiente necesidad de los ciudadanos, los gobernados, los particulares, de suplirlo. No hablamos de casos de venganza privada, de justicia por propia mano, sino de conductas que toman para sí responsabilidades que debían ser ejercidas por órganos del Estado, en todos los niveles de gobierno, y que no son cumplidas.
La detención del último de los implicados en el secuestro y asesinato de su hijo ha hecho reaparecer en la escena pública a la señora Isabel Miranda de Wallace, que no cesa en su lucha por que se castigue a los responsables de ultimar a su querido Hugo Alberto. Y, post mórtem, el episodio en que perdió la vida ha generado una suerte de culto inmediato al señor Alejo Garza Tamez, que hace un mes fue asesinado no sin que antes él mismo matara a algunos de los atacantes que querían desposeerlo de su propiedad.
No es posible trazar con la amplitud deseada la circunstancia en que se produjo el acto tenido muy ampliamente ya como heroico y del que fue protagonista Garza Tamez, don Alejo. Fue víctima de la sustitución del gobierno legal en Tamaulipas por gavillas de maleantes, especialmente dedicadas al narcotráfico, pero también a la extorsión y al despojo. Don Alejo recibió el aviso de una de estas bandas de que abandonara para ellos su propiedad, el rancho ganadero San José, en el municipio de Güémez, en el centro del estado de cuyo gobierno al fin está por irse Eugenio Hernández, uno de los gobernadores priistas que pusieron los recursos de que disponían al servicio del candidato panista Felipe Calderón, y no pudieron ejercerlos para la protección de Rodolfo Torre Cantú, que estaba destinado a suceder a Hernández en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.
Ignoro si Garza Tamez acudió a la autoridad para denunciar las amenazas que se le asestaron, o si consideró inútil, ante la desolación que lo rodeaba (ranchos abandonados por sus propietarios, temerosos de ser atacados, como se le avisaba que ocurriría a él mismo), presentar denuncia alguna. Comunicó a su familia su decisión de impedir el despojo y pidió a su personal que el domingo 13 de noviembre se ausentara por completo, para encarar a solas el amago que había señalado con puntualidad el momento en que los delincuentes irían por él. Se pertrechó en su casa, donde disponía del arsenal propio de un cazador avezado, y cuando los asaltantes llegaron al rancho los recibió a balazos. Mató a cuatro de ellos, y él mismo quedó destrozado por las andanadas disparadas en su contra. Tardíamente, consumados los hechos, llegaron infantes de marina a dar cuenta de la trágica escena. Su deber, así como del resto de las fuerzas federales y locales, hubiera consistido en impedir la exacción de que iba a ser blanco don Alejo. Pero ninguna autoridad estaba allí con él para repeler la ilegal acción anunciada. Garza Tamez perdió la vida y también la propiedad que buscó defender hasta ese extremo, porque sus hijos no podrán heredarlo ante el temor de que se repitan los amagos de los bandoleros, que no han sido reducidos por la autoridad.
El 11 de julio de 2005 fue secuestrado Hugo Alberto Wallace Miranda, un joven empresario al que un excomandante de la Policía Judicial de Morelos, César Freyre, quiso cobrar una cuenta personal. Según narraron después los delincuentes, Wallace Miranda "se les murió". Por la golpiza que le asestaron padeció un paro cardiaco. Fuera o no verdadera su versión, no les sirvió para atenuar su delito, porque Freyre ordenó a sus cómplices Alberto y Tony Castillo, al igual que a Jacobo Tagle Dobín, deshacerse del cuerpo. Lo destazaron con una sierra eléctrica y tiraron las partes en diversos lugares, entre ellos un predio baldío en Cuemanco, junto a Xochimilco, en el sur del Distrito Federal. Habrán supuesto que el secuestro y homicidio pasarían inadvertidos y ellos disfrutarían de la impunidad que beneficia a un gran número de delincuentes. Freyre lo sabía bien porque agentes ministeriales morelenses delinquían en vez de perseguir a delincuentes y no les pasaba nada, nunca.
En ese cálculo no contaron con la madre de su víctima, la señora Isabel Miranda de Wallace, que denunció la desaparición de su hijo y que, ante la notoria indolencia oficial, emprendió su propia investigación, al mismo tiempo que propagaba el suceso a través de anuncios espectaculares en que solicitaba la cooperación pública. Su perseverancia, que al mismo tiempo le permitía caminar sola en sus indagaciones y presionar a la autoridad para que se sumara a ellas o emprendiera otras, fue obteniendo resultados. Uno a uno fueron identificados y detenidos los participantes en el secuestro y muerte de su hijo. El último de ellos, Tagle Dobín, cayó apenas la semana pasada, cinco años y medio después de perpetrada la atrocidad de que se le acusa.
Más de un lustro de su vida ha dedicado doña Isabel a suplir al Estado incapaz de garantizarle justicia ante la pérdida de su hijo. Y, sin embargo, le espera todavía un largo camino. Aparte de la negligencia en la procuración y administración de justicia, tiene que enfrentar nuevos obstáculos. El proceso contra Freyre y cómplices (incluidas dos mujeres) está apenas recomenzado, porque un tribunal de amparo protegió a los maleantes afirmando que el delito que cometieron no es de la jurisdicción federal sino de la local, por lo que tiene que ventilarse en ésta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se había previamente rehusado a atraer el asunto, no obstante el activismo que también frente a ella practicó la tenaz doña Isabel.
El Estado no pudo preservar la vida de don Alejo y de Hugo Alberto. Tampoco está siendo capaz de garantizar que habrá justicia en uno y otro caso. Doña Isabel ha tenido que llegar al extremo de dotar a las autoridades de instrumentos para mejorar su acción frente al delito. Insistió, junto con el señor Alejandro Martí y los deudos de otras víctimas, en impulsar ante el Congreso disposiciones legales contra el secuestro, que partan de la perspectiva de las víctimas. Hasta en eso ha tenido que actuar la señora Miranda de Wallace al suplir las deficiencias de un gobierno que debía ofrecerle, si no la imposible reparación del daño, sí la justicia que reclama.
Violencia de género: De la imagen al cuerpo
La Habana, 13 dic. 10. AmecoPress/SEMlac.- La violencia contra las mujeres se ejerce no solo en el plano físico, psicológico, económico, legal, político y laboral. Los medios de comunicación masiva, el cine, la publicidad y el video clip son también espacios de perpetuación de la violencia de género.
Así lo expresaron especialistas, realizadoras, líderes indígenas latinoamericanas y estudiantes durante los debates del taller Imágenes Generan Reflexión. Acerca de la Violencia de Género y su Representación Audiovisual, convocado por la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños, en La Habana, en el contexto de la Jornada por la No Violencia contra las Mujeres.
"El tratamiento que hoy tipifica a los grandes medios de comunicación masiva y su expresión en las industrias culturales es profundamente sexista y, por tanto, es violencia simbólica hacia las mujeres", señaló la periodista cubana Isabel Moya Richard, directora de la Editorial de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas.
La también presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí habló del papel de los medios de comunicación como uno de los socializadores más importantes en la contemporaneidad, que establece referentes para las personas y ha llegado a sustituir, en algunas sociedades, el protagonismo de la familia y la iglesia.
El concepto de violencia simbólica fue establecido por el teórico francés Pierre Bourdieu como la articulación de mecanismos, imágenes y prácticas que tratan de imponer una visión del mundo que se pretende legítima.
"Me parece central dejar esclarecido que toda relación social se estructura a nivel simbólico y todo orden simbólico se establece como discurso", dijo Moya, explicando cómo, en pleno siglo XXI, se continúan reproduciendo roles e imaginarios decimonónicos.
Con nuevas ropas, retoques estéticos y halo de contemporaneidad se perpetúa el poder masculino, al tiempo que se vende una imagen que induce a las mujeres a construir una identidad basada en su representación como objeto y víctima, promoviendo el inmovilismo y la desarticulación ciudadana.
La publicidad y el video clip constituyen discursos fundamentales en la actualidad, aseguran especialistas. Hijos de las sociedades capitalistas y globalizadas, ambos venden la imagen de las mujeres como meros objetos de deseo e intercambio comercial.
El cuerpo femenino se fragmenta y cosifica de tal manera que pierde su esencia como ser humano, relegando la existencia femenina al ámbito de la biología, indica la periodista Lirians Gordillo en su investigación "La representación de género en el video clip cubano actual", que en 2008 analizó más de 25 productos de ese tipo hechos en la isla.
Gordillo describe que, en esos espacios de comunicación, se construye una imagen de mujer eternamente joven, delgada, blanca y con rasgos faciales simétricos, referentes con implicaciones en la vida cotidiana y de manera especial en la salud de las mujeres.
Especialistas llaman la atención ante la tan alarmante proliferación de las llamadas "enfermedades de la belleza", como lo son la anorexia y la bulimia, además del incremento de las cirugías estéticas en las adolescentes y jóvenes.
Sin embargo, la violencia simbólica tiene diferentes significados para las mujeres en diversas regiones y culturas. Además de negar la diversidad y los límites del cuerpo, se violenta y discrimina mucho más a las negras, asiáticas y a las indígenas de América Latina, quienes no encuentran referentes acordes a su cultura en las trasnacionales mediáticas.
Para Evelin Acosta, coordinadora de la Asociación Fuerza de Mujeres Wayuü-Sütüin Jieyü Wayuü, la violencia de género se relaciona también con la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
La Asociación Fuerza de Mujeres Wayuü-Sütüin Jieyü Wayuü es una organización orientada a la protección y exigencia de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia y especialmente el Wayuü.
"Si destruyen y maltratan la madre tierra, también violentan a cada uno de sus hijos e hijas, se rompe el contacto espiritual que tenemos con ella, provocando la pérdida y extinción de cada pueblo y su cultura", declaró Acosta.
En opinión de Moya, una estudiosa de los nexos entre la teoría de género y la de comunicación, "la identidad cultural se cuenta, por eso los medios tienen que ser hoy un espacio que, desde los estudios de comunicación, incorporen en su andamiaje teórico todos los aportes del feminismo y de la teoría de género".
La periodista insiste en que el análisis del sexismo en los medios no puede quedar circunscrito al sexismo en el lenguaje. "Si bien esta dimensión resulta muy importante, debemos llegar a analizar sus causas estructurales", comentó.
Entre las condicionantes estructurales están las ideologías profesionales, las leyes del mercado, las políticas culturales y de medios que reproducen de manera constante el sistema de dominio patriarcal.
En su artículo "Género, feminismo y patriarcado", la feminista e investigadora costarricense Alda Facio menciona, entre las instituciones de las sociedades patriarcales, al lenguaje ginope (cuando en una cultura el lenguaje no registra la existencia de una sujeta femenina), la familia patriarcal, la educación androcéntrica, la maternidad forzada, la historia robada, la heterosexualidad obligatoria, las religiones misóginas, el trabajo sexuado, el derecho masculinista, la ciencia monosexual y la violencia de género, entre otras.
Cambiar la imagen de las mujeres es tarea ardua pero posible, opinaron algunas de las participantes en el encuentro, entre ellas jóvenes cursantes del Taller de realización documental para mujeres cineastas y videastas líderes indígenas y comunitarias, celebrado en la EICTV durante el mes de noviembre.
Jaquelín Romero, miembro de la Asociación Fuerza de Mujeres Wayuü-Sütüin Jieyü Wayuü, comentó que ese tipo de acciones "nos brinda las estrategias necesarias para seguir visibilizando cuál es la situación del pueblo indígena en Colombia, y en especial del Wuayü. Lo que hemos aprendido aquí son herramientas fundamentales en nuestra lucha", afirmó.
Una cineasta que ha testimoniado desde el celuloide el duro bregar de las comunidades indígenas en Colombia es Marta Rodríguez, una veterana luchadora aboga por la resistencia pacífica.
"La solución aún dista de visualizarse, pero creo en la resistencia pacífica, sin armas. Por ejemplo, el propio pueblo Wuayü que lucha por retornar a la tierra, por las semillas, por circular por los ríos pacíficamente sin que los paramilitares los masacren, por sus cantos y su identidad. Creo en la resistencia a través de la cultura, con la paz y la convivencia", señaló.
La resistencia pacífica a lo largo de estos años ha incluido capacitaciones, el trabajo comunitario, la aprobación de leyes y debates constantes. Sin embargo, la violencia y el feminicidio —que ha llevado a definir los crímenes contra las mujeres como terrorismo machista—, no solo se mantienen sino que aumentan.
Por ello, feministas y mujeres de organizaciones sociales abogan por fortalecer las acciones colectivas de enfrentamiento a la violencia. En conversación con SEMlac, la escritora dominicana Chiqui Vicioso alerta sobre el incremento de la violencia contra la mujer.
"Yo ahora me encuentro en un punto extremo, porque las feministas llevamos décadas trabajando contra la violencia y, por el contrario, la violencia aumenta", reflexionó.
"Creo que no hay otra alternativa que la movilización, y lo que estoy promoviendo en Santo Domingo es la organización de comités barriales contra la violencia. Estoy abogando por pasar a los hechos. Nosotras tenemos tantas cosas en contra, como los medios de comunicación y el alcohol, entonces hay que organizar la resistencia solidaria con las mujeres".
Foto: SEMlac
Mujeres, violencia y derechos humanos
Madrid, 13 dic. 10. AmecoPress/SEMlac.- Entre los conceptos derechos humanos, mujer y violencia existe una vinculación muy íntima porque, aunque parezca obvio que los derechos humanos de la mujer están teórica y formalmente contenidos en el concepto de derechos humanos, nuestro mundo cotidiano revela una realidad bien diversa.
El hecho es que la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales, convenios, acuerdos y tratados; en la actuación de los Estados-Parte comprometidos con los documentos sobre la igualdad que firmaron y ratificaron e inclusive, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la actuación de los diversos grupos no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos humanos, se puede constatar que las cuestiones específicas de las mujeres reciben tratamiento secundario y marginal, por cuanto los mismos sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: el sexo masculino, que es considerado como el paradigma de lo humano.
En ese sentido, consideramos que el logro más visible del género femenino es el de haber colocado en la agenda pública mundial la temática de la mujer, en todos sus aspectos, especialmente la referida a la violencia contra la mujer como una violación a sus derechos humanos.
La violencia contra la mujer constituye un grave problema social a nivel mundial, que ha sido considerado hasta las últimas décadas como un problema del ámbito privado, no siendo hasta años recientes, ante las constantes demandas de las mujeres y de grupos femeninos organizados, que se ha logrado ponerlo en la palestra pública, para tratar de prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo.
* Abogada panameña, autora de "Mujer y derechos humanos"
Foto: Archivo AmecoPress
DIGNA OCHOA; IMPUNE
Mancera cantinflea para justificar su actuación en las pesquisas, acusan
Blanche Petrich
Lunes 13 de diciembre de 2010, p. 14
Un grueso paquete de más de 400 páginas con peritajes de criminalística, química y medicina forense fue aportado hace tres años por la familia Ochoa y Plácido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El expediente contiene pruebas técnicas que demuestran que la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, fue un asesinato, no una acción suicida.
Semanas antes de anunciar su ratificación a la versión del suicidio, Mancera recibió a los familiares de Digna y a su actual abogado, David Peña. Nos dijo que nuestras pruebas y dictámenes fueron aceptados y agregados al expediente del Caso Digna Ochoa, pero que su contenido no fue analizado o contrastado con las actuaciones que en su momento realizó una fiscalía especial. Así de cantinflesca fue su explicación
, señala el penalista.
La nueva conclusión del suicidio simulado
–que implica que Digna montó una falsa escena del crimen para aparentar su propio homicidio– va a ser rebatida nuevamente por la defensa, pero ahora en un foro internacional. Puede convertirse en la primera demanda por el asesinato de una defensora de derechos humanos atendida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con posibilidades de llegar a la más alta instancia legal, la Corte Interamericana.
Nos estamos preparando para una batalla legal aunque sea muy prolongada
, asegura el hermano de la víctima, Jesús, maestro de escuela que a lo largo de estos años ha actuado como representante de la familia Ochoa Plácido desde su natal Misantla. Tenemos claro que a Digna la mataron y que las autoridades del DF volvieron a ignorar todas las pruebas que les aportamos desde abril de 2006.
Se trata de una nutrida batería de dictámenes en criminalística, química y medicina forense realizados por peritos independientes que trabajaron bajo la coordinación del penalista Antonio Becerril. Con ellos se demuestra, entre otras cosas, que antes de ser ejecutada de un disparo en la cabeza en las oficinas del bufete donde laboraba, la luchadora social fue golpeada y sometida por uno o varios agresores, que tuvieron un lapso de entre 10 y 12 horas para alterar la escena del crimen.
En el expediente constan varias fotografías tomadas durante la autopsia donde se aprecian esas lesiones. La anterior fiscal Margarita Guerra desechó estas pruebas, convencida a priori de la versión del suicidio. Cuando fueron exhibidas, alegó que la herida en una ceja que se aprecia en la fotografía es una gota de agua
. También mandó rehacer otros peritajes en los que los técnicos que participaron en la autopsia cambiaron sus versiones para que constara que los moretones en el cuerpo de la víctima eran anteriores a la agresión.
Diez años, justicia negada
David Peña asegura que en marzo próximo la defensa estará lista para presentar un trámite de admisibilidad ante la CIDH. Tenemos un argumento muy fuerte: en octubre se cumplen diez años y el Estado mexicano sigue negando un proceso justo, científico y transparente.
Peña fue representante de las madres de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en el conocido caso del campo algodonero ante el sistema interamericano. El año pasado la Corte falló en contra del Estado mexicano.
El caso de Digna Ochoa siempre ha tenido una atención extraordinaria por parte de la CIDH, que incluso envió a sus propios peritos para observar la actuación de la procuraduría capitalina. El informe del coordinador de investigadores de la CIDH, Pedro Díaz Romero, fue muy crítico a las actuaciones de la PGJDF.
El trayecto puede ser largo, pero si ante una eventual recomendación de la comisión las autoridades insistieran todavía en no acatar una revisión a fondo de la investigación penal, el Gobierno del Distrito Federal podría encontrarse dentro de algunos años sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Encubrimiento
Entrevistados por La Jornada, Peña y Ochoa opinaron que el procurador Miguel Ángel Mancera optó por cubrir las espaldas a su antecesor Bernardo Bátiz.
–¿Por qué lo hace?
Responde Jesús Ochoa: Hay una decisión política del Gobierno del Distrito Federal de no confrontarse con Andrés Manuel López Obrador por este asunto. No puedo olvidar que fue durante el gobierno de AMLO que se decidió desviar la investigación
.
Peña añade: Me parece que Mancera está cuidando las espaldas de los investigadores del equipo anterior. Ya no está la fiscal Guerra, pero los demás funcionarios siguen en puestos públicos. Entre ellos se encubren
.
La abogada abatida, egresada de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana, fue monja hasta pocos meses antes de su asesinato. Perteneció a una congregación de religiosas dominicas. Dirigió durante años el área jurídica del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, donde llevó a juicio a dos militares del batallón 40 de infantería de Petatlán, Guerrero, acusados por torturar a dos campesinos ecologistas.
Acosada durante años por amenazas de muerte y ataques físicos, al igual que muchos defensores en la época, tuvo que salir de México por una temporada. En Estados Unidos laboró en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Recibió numerosos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos de Amnistía Internacional y de la fundación Speak Truth to Power, de Kerry Kennedy.
De regreso a México como litigante independiente, colaboró en el despacho de sus colegas Pilar Noriega y Lamberto González Ruiz en casos de represión política muy delicados, como el de los hermanos Cerezo y los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente Jacobo Arenas y Gloria Arenas (que en esa época todavía estaban presos en el penal federal de La Palma).
La investigación de la fiscalía especial fue duramente criticada por instancias jurídicas no gubernamentales por fabricar elementos, ocultar indicios y obstaculizar el trabajo de la coadyuvancia. Pero, sobre todo, por la inconsistencia de las líneas de investigación de los militares y la conexión guerrerense.
Los investigadores de la PGJDF acudieron a Guerrero a interrogar a los militares sospechosos, pero, según consta en los expedientes, se limitaron a preguntarles si conocían y tenían algún motivo para matar a la abogada.
En la última fase de la investigación, ahora bajo el mando de Ana Lilia Soria Cerca, fiscal de homicidios, los peritos de la procuraduría capitalina fueron al penal de La Palma, en Almoloya, a instancias de la defensa, a interrogar al cacique de Petatlán Rogaciano Alba, preso por narcotráfico pero también señalado como posible autor intelectual. El hombre se dio el lujo de responder: No tuve el gusto de conocer a la dama
. Y hasta ahí llegaron los investigadores.
Peña explica que en la reciente reunión que sostuvo con Mancera éste le dijo que los peritajes independientes fueron tomados en cuenta porque no convencieron
.
–¿Los analizaron?
–Parece que no. No se atrevieron a confrontar la investigación oficial con la independiente. Por eso el procurador ha tenido que recurrir finalmente al examen sicológico post mórtem, el aspecto más desacreditado de la investigación. Y esto nos lleva otra vez al punto de partida.
En torno al caso Digna Ochoa existen cinco perfiles sicológicos que describen, cada uno a su manera, a la mujer muerta a los 37 años. Tres estudios descartan la hipótesis oficial de que la abogada tenía tendencias suicidas. Sólo uno está basado en el conocimiento personal y clínico del objeto de análisis. Los otros dos describen a una mujer perturbada, mitómana y proclive a presentarse como víctima
con la justificaciónde su trabajo en el área de derechos humanos.
Para defender la resolución de la PGJDF, que reiteró el dictamen inicial de que la muerte de la abogada Digna Ochoa, hace nueve años, fue una acción suicida
y no un homicidio planificado y ejecutado por profesionales
, como concluyeron los primeros peritajes, el procurador Miguel Ángel Mancera eligió el argumento más polémico: el supuesto perfil sicológico de la abogada con tendencias suicidas
.
En sus declaraciones públicas, Mancera dio crédito a dos peritajes de sicología y sicoanálisis forense, elaborados por profesionales que nunca conocieron personalmente a la víctima y se basaron exclusivamente en elementos seleccionados por los fiscales. Ambos apuntan hacia un trastorno autodestructivo de la activista.
Un quinto estudio, elaborado por la sicóloga Sigfried Frandsen, del Centro de Servicios Humanos en Washington, podría arrojar luz definitiva sobre la personalidad real de la abogada veracruzana, ya que es el único sustentado en el tratamiento clínico de Digna. Pero ninguno de los fiscales lo ha admitido como parte del expediente. La doctora Frandsen nunca fue llamada a declarar.
Este documento describe a la paciente como una mujer impresionante, que mantuvo su capacidad de seguir funcionando al más alto nivel a pesar de haber vivido experiencias traumáticas. Era capaz de pedir ayuda para poder manejar el estrés (...) No registra indicios de pensamiento o acciones suicidas ni intentos suicidas
.
Durante las primeras semanas a raíz del homicidio (19 octubre de 2001), la averiguación judicial fue conducida por el entonces director de Averiguaciones Previas de la procuraduría capitalina, Álvaro Corcuera, quien ordenó dos perfiles forenses: uno firmado por Arturo Mendoza Vega, de la Dirección de Servicios Periciales, y otro por los especialistas Adalberto Levy Hambra y Miguel Matrajt. Ambos concluyen que la tesis del suicidio es altamente improbable
.
Corcuera fue retirado de la investigación y el entonces procurador Bernardo Bátiz nombró a Renato Sales Heredia, quien orientó todo su trabajo a crear un andamiaje para sostener su versión del suicidio simulado. Sales desechó los dos primeros peritajes sicológicos (como desechó también dos primeros peritajes de balística y varios indicios de la autopsia que probaban que Ochoa no pudo haber disparado el arma y que hubo señales de violencia previos a su muerte) y encargó otro.
Jaime Ayala Villarreal, de la Asociación Sicoanalítica Mexicana, elaboró un estudio sicodinámico de la personalidad
post mórtem que describe una notoria sintomatología obsesiva compulsiva, conductas esquizoides, antisociales y pensamientos paranoides
, rasgos congruentes con la versión del suicidio y la pretensión de fingir un asesinato. Este documento fue filtrado profusamente por el ex procurador Bátiz a varios periodistas; incluso fue colocado en Internet.
La periodista canadiense Linda Diebel, reportera de The Star de Toronto y autora del libro Traicionada: el asesinato de Digna Ochoa, dio a conocer un cuarto perfil sicológico forense
firmado por Lucía Bustos y Jovita Bravo, basado en el estudio de su lenguaje corporal
a partir de un video y dos archivos. A partir de su forma de vestir y de las particularidades de sus relaciones de pareja (sin tomar en cuenta su etapa de monja), se le diagnostica esquizo-paranoica
, personalidad mitómana, que utiliza su profesión (defensora de derechos humanos) para compensar su falta de relaciones afectivas, capaz de atentar contra su vida aparentando ser víctima.
Consultado sobre esta pieza de la averiguación, el siquiatra canadiense Peter Collins –criminalista adscrito a la policía de Ontario y consultor de la Real Policía Montada– apunta escandalizado que dicho estudio es un absurdo
y que ninguna institución policiaca seria debería aceptarlo, ya que trata de armar toda una película a partir apenas de una instantánea.
Siete años después, el procurador capitalino vuelve a los elementos más volátiles de la hipótesis del suicidio simulado
. Y elige los dos perfiles forenses más cuestionados para explicarse ante la prensa.
El presidente Felipe Calderón y el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, recibieron el pasado 24 de noviembre un comunicado del Observatorio de los Derechos de los Abogados de Canadá (LRWC, por sus siglas en inglés) que advertía que si el gobierno reiteraba la desacreditada hipótesis del suicidio
en el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, estaría otorgando validez a una investigación judicial que estuvo plagada de inconsistencias, que a lo largo de su desarrollo fue desviada y obstaculizada de manera sistemática por distintos actores de las instancias judiciales y militares.
Refrendar el resultado que rindió el anterior procurador de justicia del DF, Bernardo Bátiz, pondrá en evidencia un claro intento de encubrimiento
, sostiene la organización canadiense que, junto con otras asociaciones no gubernamentales de derechos humanos internacionales y nacionales, dió seguimiento al proceso de investigación y cuestionó las conclusiones que llevaron al no ejercicio de la acción penal desde 2003. Pero el documento no alcanzó a tener impacto. Antes de que llegara a la opinión pública, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal apresuró el anuncio de la nueva resolución. Apenas dos días después (26 de noviembre) reiteró la determinación de no ejercer la acción penal, ya que la muerte de la abogada veracruzana no fue provocado por terceras personas, sino que fue ella quien se privó de la vida en una acción de tipo suicida
.
Le debemos respeto
Blanche Petrich
Carmen Pedrazzini, que fue investigadora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (PRODH) y amiga de la abogada Digna Ochoa, exige
respeto para quien fuera una valiente luchadora socialy una retractación pública del procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, quien justificó la ratificación de la versión de que la defensora de derechos humanos no fue asesinada sino que,
por sus tendencias suicidas, se quitó la vida:
Te puedo asegurar que ella no tenía tendencias suicidas. Yo la conocí bien, trabajamos juntas, vivió nueve meses en mi casa para refugiarse de las amenazas de muerte que recibió, y sólo salió cuando se fue a Estados Unidos.
Expresa que más que la incompetencia de la PGJDF para resolver el caso, lo que me indigna es que recurra a la salida fácil, diciendo que se trata de un suicidio
.
Y relata: A su regreso de Estados Unidos la vi; estaba contenta, comenzaba una nueva vida. Viajó a Guerrero y cuando regresó me habló por teléfono, unos días antes de su muerte. Me pedía datos para un nuevo proyecto que quería iniciar para ayudar a los campesinos
.
Pedrazzini fue citada a declarar en tres ocasiones diferentes, cada vez que llegaba un nuevo fiscal
del caso. Les conté todo esto. ¿No sirvió para nada?
Género y desastres naturales: vulnerabilidad y potencial de respuesta de las mujeres
Por: Teresa Sosa
Dado que frecuentemente la vivienda queda destruida por el desastre, muchas familias son trasladadas por los entes gubernamentales a refugios –la mayoría de éstos se convierten en depósitos de seres humanos y no reúnen condiciones mínimas de habitalidad por el hacinamiento-; en estos recintos, las mujeres por mandato de la cultura y la costumbre, están obligadas a aumentar la jornada de trabajo doméstico que ancestralmente han tenido, porque tienen que colaborar en la cocina, limpieza, y otros quehaceres, para cientos o miles de personas.
El hecho de que la mayoría de los residentes de un refugio son mujeres, los estudios han revelado un aumento en los niveles de violencia doméstica y sexual contra las mujeres durante su permanencia en estos lugares.
Asímismo, hasta ahora, la atención a la salud reproductiva y sexual de las mujeres en los refugios sigue siendo inadecuada y como resultado de esta situación la salud de las mujeres se ve afectada.
Género y consecuencias
Según datos de las Naciones Unidas, durante el tsunami, ocurrido el 24 de diciembre de 2004 en Indonesia, murieron cuatro veces más mujeres que hombres porque, entre otras razones, se quedaron a cuidar la casa, los niños o los animales; no tenían habilidad para subir a un árbol o a un techo y en su gran mayoría no sabían nadar.
Durante el huracán Mitch, que afectó a varios países de Centroamérica en 1998, 15% de las mujeres de las zonas afectadas se encontraban en situación de vulnerabilidad debido a su estado de gestación, lactancia, parto o, entre otras razones, no quisieron abandonar su hogar hasta que regresara su marido.
La imagen del sufrimiento de las mujeres y niños/as se ha hecho popular en los medios de comunicación durante éste último desastre. Lo que los medios de comunicación (sin excepción) no resaltan, es cómo las mujeres en esta tragedia por las lluvias que actualmente vivimos en Venezuela, son una parte vital de los esfuerzos de mitigación y respuesta a la embestida de las lluvias, actuando ellas dentro de sus papeles tradicionales o trascendiéndolos, por ejemplo, denunciando de manera directa, como voceras de consejos comunales, ante el ámbito público y altas esferas del poder político.
Como vemos, las mujeres son afectadas gravemente por los desastres naturales, pero esto es sólo una parte de la historia. Los desastres naturales a menudo proporcionan a las mujeres una oportunidad única de cuestionar y cambiar su posición de género en la sociedad.
Respuestas de las mujeres
Después del huracán Mitch en 1998, las mujeres guatemaltecas y hondureñas construyeron casas, cavaron pozos y canales, remolcaron agua y construyeron albergues. Estas mujeres demostraron ser capaces de asumir un papel activo en tareas tradicionales. Esto ayuda a cambiar la percepción social de la capacidad de las mujeres ya que estas actividades son consideradas "masculinas".
La ausencia de enfoque de género en las políticas de prevención y reducción de riesgos ante desastres naturales motivó, impulsada por las organizaciones de mujeres, en octubre de 2008, en Manila, la Declaración sobre la acción internacional y vínculo entre género, cambio climático y reducción de riesgos de desastres, así como la conferencia y declaración de Beijing sobre género, reducción de riesgos y desastres, en abril de 2009. En esta última se solicitó impulsar a escala internacional políticas de prevención de riesgos con perspectiva de género.
En México, desde el año pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, llevan a cabo talleres de capacitación para funcionarios que se desempeñan en este ámbito, con el objetivo de empezar a visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres ante los desastres naturales y diseñar políticas públicas que tengan en cuenta sus condiciones específicas.
Perspectiva de Género
Lisellotte Correa de la Torre, directora de Desarrollo Humano Sustentable del Inmujeres (México), sostiene que la gestión integral del riesgo 
con perspectiva de género abarca varias etapas: la preparación, prevención, atención, mitigación, resiliencia (habilidad para surgir de la adversidad) y reconstrucción. En la consecución de este objetivo, es indispensable reconocer la desigualdad en condición y posición entre mujeres y hombres, la cual coloca a éstas en desventaja.
Explicó que aquellas mujeres que pertenecen a un contexto socioeconómico más pobre tienen menos acceso a la información, porque se desenvuelven más en un espacio doméstico que público y también porque son numerosas las que habitan en sitios muy distantes, esto último hace que permanezcan más alejadas de la información que difunde Protección Civil o no les lleguen los mensajes de alertas. Agregó que otro factor de vulnerabilidad es la menor participación que tiene la mujer en la toma de decisiones.
Hasta ahora hemos visto en nuestro país, Venezuela, que inmediatamente después de un desastre, prevalece el "imperativo de lo urgente" y las 
inquietudes de género se ignoran o se desechan como irrelevantes. La oportunidad única que otorga una situación de desastre para cambiar los roles tradicionales de género se desperdicia si las mujeres no se aprovechan de ella, o si los tomadores de decisones lo pasan por alto.
Las mujeres seguirán siendo afectadas desproporcionadamente por los desastres naturales en este país a menos que los funcionarios reconozcan su estado vulnerable por condición de género y dirijan sus esfuerzos para cambiarlo.
Los partidiarios del enfoque de género han recalcado que para estudiar los desastres naturales desde una perspectiva de género, es necesario desagregar los datos por sexo, a partir de los proyectos pilotos para la fase reconstrucción; un diálogo abierto dentro de las comunidades y entre las comunidades y entre las comunidades y el gobierno, y la formación de capacidad para las mujeres antes, durante y 
después de los desastres.
Una ausencia de la capacidad institucional en el análisis de género se refleja en los esfuerzos de ayuda que no incluyen esa perspectiva en sus normas y procedimientos. Además esto significa que las necesidades e inquietudes particulares de las mujeres y su potencial para contribuir no se toman en cuenta durante los preparativos, respuesta y reconstrucción para los desastres.
Esto también sirve para destacar la necesidad de un enfoque de género organizado para el estudio de los desastres naturales y sus consecuencias, en el caso de Venezuela.
Un proceso de desarrollo eficaz debe incluir tanto las necesidades como las contribuciones potenciales de mujeres y hombres. El plan comunitario de preparación y de respuesta para desastres que toma en cuenta la vulnerabilidad física, psicológica, social y económica de las 
mujeres, ayudará a reducir esta vulnerabilidad.
Un plan que va aún más allá y reconoce las capacidades de las mujeres y las incluye en los esfuerzos de ayuda servirá para cambiar las creencias relacionadas con el género acerca de las mujeres. Un enfoque de género en el estudio y análisis de los desastres naturales es esencial para alcanzar esta meta.
Finalmente, la organización de las mujeres en la comunidad y en los niveles nacionales es esencial si se quiere que las medidas de recuperación gubernamental respondan a las necesidades e inquietudes reales de las mujeres vistas desde la perspectiva de género.
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