La delincuencia internacional (EEUU-Reino Unido) asesina la verdad destruyendo Wikilik
Pedro Echeverría V.
1. Julián Assange, director de Wikileaks -que en los últimos meses ha desnudado con miles de denuncias al imperialismo yanqui y las burguesías nacionales- acaba de ser encarcelado en Reino Unido con el fin de destruirlo y frenar su enorme tarea. El pretexto usado para encarcelarlo es intrascendente cuando el mundo sabe la causa fundamental de ponerlo tras las rejas: por dar a conocer en el orbe todas las maniobras que el imperio realiza para mantener engañado y dominado al mundo. Assange no fue "engañado" por las dos putas de la CIA sino que su encarcelamiento estaba determinado y cualquier pretexto era válido para el imperio. ¿Por qué a la gente le encanta perderse tontamente en la particularidad cuando lo esencial está a la vista? Cuando el imperio o las burguesías "nacionales" determinan reprimir, encarcelar, asesinar a alguien encargan a sus agentes, consejeros y abogados cumplir la acción sin importar las formas.
2. La realidad es que no es posible que los EEUU sigan actuando como "Policía Mundial"; no pueden seguir sometiendo al mundo a su antojo sin que nosotros no podamos hacer nada. Hemos visto muchas veces que cuando los yanquis necesitan apropiarse de petróleo y riquezas, o vender armas para poner en movimiento sus grandes fábricas, deciden y buscan cualquier pretexto para hacerlo. Han colocado en todo el mundo aparatos de espionaje, tienen informe de todos los movimientos políticos y económicos de cada país, cuentan con organismos muy especializados para determinar sus políticas y no existen obstáculos serios que les impida actuar de acuerdo a sus intereses. En nuestro pasado, presente y, parece que en nuestro futuro como seres humanos, no se vislumbra cuando tendremos la fuerza suficiente para oponernos efectivamente a su calidad de delincuentes internacionales todopoderosos.
3. Nunca la delincuencia organizada –bien organizada y secreta- ha estado abajo (en el pueblo) sino siempre arriba; la delincuencia, la corrupción, los fraudes van siempre de arriba –de los altos niveles del gobierno, de los empresarios, del imperialismo, del clero, hacia abajo, entre los empleados y los sectores miserables y desempleados. La llamada "transparencia" como política de Estado es un engaño para imbéciles porque como dice el insulso Alonso Lujambio, ex funcionario de Transparencia en México, opinando de Likilik y justificando la represión: "hay documentos muy privados que el Estado determina que sólo deben darse a conocer entre 25 años". Imagine nada más esa tontería cuando se habla de transparencia. ¿No debe saberse acaso que EEUU considera tonto al gobierno mexicano, que sus funcionarios y el empresariado están penetrados por el narco, que busca invadir Venezuela y que usa a Colombia como base militar?
4. Imagínense que tuviéramos que esperar 25 años para conocer el espionaje telefónico de Nixon que lo obligó a renunciar; el sexo oral de Clinton con Lawinski que debilitó a los "Demócratas"; la autodestrucción bushiana de la Torres Gemelas para justificar la invasión a Afganistán e Irak; el golpe de Estado en Honduras asesorado por EEUU; que el avión de Mouriño fue derribado y que Calderón anda arrastrándose pidiendo apoyo económico y militar al gobierno de Obama. De eso y mucho más debemos enterarnos para trazar nuestras estrategias políticas. ¿Por qué ayer en Cancún -después de caminar más de 17 kilómetros por alrededor de más de tres mil manifestantes contra la cumbre del "Cambio Climático"- los organizadores realizaron su mitin a tres kilómetros de los militares que bloqueaban la carretera pudiendo hacerlo a una cuadra? ¿Qué arreglos secretos hubo entre dirigentes de Vía Campesina y el gobierno de Calderón?
5. El periodismo de investigación –como Wikilik- sirve precisamente para denunciar lo que gobierno, empresarios y políticos buscan tapar para que la población no se entere y permanezca sumisa, oprimida o mediatizada. La política es pública o no es política. Lo que interesa no es lo que se puede ver o conocer, sino precisamente lo que se esconde. Los dirigentes priístas y panistas en México negocian todo, siempre todo; si están siempre dispuestos a negociar a sus hermanas y hasta a la mamá, ¿qué problema tienen para negociar el aumento del IVA, los votos para la privatización de la electricidad y el petróleo a cambio de dos o tres gubernaturas, senadurías y diputaciones? Por eso cuando se habla de democracia electoral, de elecciones y de votos, me da risa y me carcajeo; al pobre elector lo manipulan fácilmente por la televisión, el "estado de las encuestas" y con regalos. No conoce a los candidatos ni partidos, pero vota por ellos.
6. Wikilik está despertando, abriéndole lo ojos y la mente a gran parte de la población mundial. Inmediatamente se ve cuando nuestros enemigos saltan, hacen declaraciones y demuestran quien realmente les preocupa. ¿Por qué toda la clase imperial, política y empresarial del mundo se ha unido para condenar a Wikilik? Porque está cuestionando todas sus bases de dominación. Pareciera que a Aquiles, el de los pies ligeros, se le ha encontrado su tendón más débil: que el mundo conozca de manera directa los secretos de los EEUU en las guerras, la producción y venta de armas, los acuerdos entre gobierno para saquear riquezas. Pero también que los pueblos conozcan cómo funcionan sus burguesías, como entregan a sus riquezas al imperio y cómo realizan sus negocios para continuar su dominación. Wikilik ha emprendido una gran batalla mundial, pero también en pequeños países y pueblos se da continuidad a su ejemplo contaminador.
7. Mi Cartel de la Plaza de Mérida, después de 16 años de renovarlo cada semana con textos anarco-zapatistas, al fin fue secuestrado y parece definitivo – lo más seguro que por las órdenes- de la señora Gobernadora Ivone Ortega –enloquecida políticamente por el precandidato presidencial Peña Nieto. Cuando apareció el Cartel desde la primera semana de 1994, junto con la rebelión del EZLN, fue respetado durante los periodos de gobierno de Dulce Sauri, Federico Granja, Víctor Cervera y Patricio Patrón; sin embargo Ivone Ortega –a quien le puse una amplia carta pública el domingo y lunes últimos de noviembre que mandó arrancar en horas de la madrugada- no responde. ¿Qué hacer? ¿Quedarme con los brazos cruzados sin usar por lo menos la denuncia pública? Por ese motivo, y mil más, puedo apreciar la enorme labor de Wikilik, mentarle la madre al poder del imperio y de la burguesía mexicana y exigir la excarcelación inmediata de Assange.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
La guerra perdida de Calderón
MÉXICO, D.F., 8 de diciembre.- Felipe Calderón libra una guerra que está perdida de antemano: es la guerra por su legitimidad.
En su campaña por la Presidencia de la República puso en el centro de su discurso la economía, incluso habló de las desigualdades, y por ello se propuso ser "el presidente del empleo". También tocó el tema migratorio, y recogió demandas de los empresarios. Criticó el endeudamiento y enfatizó la conducción responsable de la economía. Pero nunca habló de una guerra contra el narcotráfico.
Esa agenda, que se ha convertido en el discurso monotemático de su administración, nació el 2 de julio del 2006.
Impuesto por un fraude electoral en el gobierno federal, Calderón se dio a la tarea de encontrar un tema que lograra cohesionar a todos a su alrededor, que lograra aislar a sus adversarios, que permitiera colocar las cosas en blanco y negro, en buenos y malos, en héroes y criminales, y que de paso le ayudara a resguardarse detrás del uso de la fuerza y de la intimidación hacia el resto de la sociedad. Por eso apareció de repente la guerra contra el narco. Fue el consejo de sus asesores, no la idea propia. Fue la respuesta de coyuntura, no la estrategia largamente pensada.
Improvisadamente, sin el personal preparado, sin la información adecuada, sin los instrumentos necesarios, se lanzó a una guerra. Lo importante era empezar, aparecer, salir a cuadro, hacer como que hacía. Lo importante no era, y no es, derrotar el narcotráfico y el consumo de drogas. Lo importante era lo político. Lo importante era legitimarse. Encontrar en una gran causa la legitimidad que no obtuvo en las urnas.
En los primeros dos años de guerra contra el narco, sin embargo, las adicciones se dispararon en 120%, de acuerdo con las cifras oficiales de su propio gobierno. Cerca de 30 mil personas han muerto en dicha guerra, sin que sepamos con precisión cuántos han sido narcos, cuántos soldados y policías y cuántos inocentes. Han sido acribilladas por las fuerzas del orden, los "héroes" que nos "protegen", familias enteras, por rebasar un retén y aun sin rebasarlo. Jóvenes universitarios han muerto por aparecer en fuegos cruzados. Algunos han sido despojados de sus identificaciones para hacerlos parecer narcos. Otros jóvenes han sido acribillados en fiestas o reuniones familiares por sicarios que llegan a realizar masacres como forma de venganza contra actos de las autoridades. En el proceso de militarización se cometen abusos, se violan derechos, se violan personas, mueren mujeres indígenas. Pero los costos se minimizan. Son "daños colaterales".
La guerra contra el narco desnudó la debilidad del Estado mexicano. El crimen organizado sabe ahora a ciencia cierta cuál es la fuerza y la capacidad real del poder público. Se ha perdido el efecto de disuasión. Le han tomado la medida al gobierno federal, a las policías y al Ejército. Y las mafias se han engallado. En ciudades como Nuevo León, en pleno día se realizan los narcobloqueos en las calles más céntricas. Han dejado de temerle al Estado.
Calderón no puede, pero aprovecha la situación. Sabe que no ganará la guerra contra el narco, pero se refugia en la confusión. Persigue a personajes cercanos de sus opositores. Detiene espectacularmente a alcaldes de su estado natal para generar un efecto electoral, aunque éstos sean liberados después. No importa si eran culpables o no. No importa si había solidez en las acusaciones en su contra. Lo importante era lo político, lo electoral. La guerra contra el narco es ahora el gran discurso para buscar hacer a su hermana gobernadora de su estado natal.
En dicha guerra caen algunos narcos, pero a otros, con todo y sus modernos instrumentos tecnológicos de inteligencia, el gobierno federal no los puede hallar.
Para el año 2011 se prevé un presupuesto de 50 mil millones de pesos para financiar la guerra contra el narco. Para el combate a las adicciones se destinarán 5 millones de pesos. En realidad, se ha perdido el horizonte original. No importa ya disminuir el consumo de drogas. Lo que importa es la guerra; es un fin en sí mismo.
Estamos obligados a preguntarnos: ¿Qué habría pasado si los cuantiosos recursos que se desvían a esa guerra se hubieran utilizado para el desarrollo del país? Es decir, si se hubieran construido las refinerías y las nuevas universidades por cada estado de la república; si se hubieran establecido la beca universal y la pensión universal; si se hubieran financiado el desarrollo comunitario, la empresa pública, la economía social y la pequeña industria; si se hubiera construido el tren bala… Se habría potenciado el desarrollo, la gente sería más feliz, y por supuesto, habría más seguridad.
Fuero de guerra, debate en boga
José Francisco Gallardo Rodríguez
Al alto mando que abdicó en su
mandato constitucional: la Defensa Nacional.
El artículo 13 constitucional da subsistencia al fuero de guerra, intocado desde la Ley Juárez, 1855; la discusión ahora en boga, se debe a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida a fines de 2009, contra el Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla en 1974 a manos militares.
La sentencia toca al Código de Justicia Militar, sin embargo, esta discusión tiene tiempo y repunta con la guerra de Calderón, que arroja saldos que ofenden a las mentes más reservadas.
Defensa y Marina, quieran o no, son carteras de la administración pública, cuya actividad político-administrativa tiene por objeto proveer la seguridad a la nación a través de la función militar donde el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa nacional. Lo que infiere su plena integración al conjunto de la administración del Estado bajo la dirección del gobierno, y la subordinación militar al poder civil, dentro de una relación civil-militar democrática.
Sin duda, ambas dependencias están sujetas a varias ramas del derecho: administrativa, penal y laboral, y otras; sin embargo, la cúpula militar tiene la percepción, a su conveniencia y prerrogativas, que todo lo referente a la res militaris cae dentro del fuero, cuando únicamente se refiere a la materia penal; es decir, a la infracción de la ley militar.
Por tanto, no resulta baladí que a la administración militar, no por cuestión de opinión doctrinal, sino por imperativo de nuestra propia Constitución, le sea aplicable todo principio que de ella dimana y qué sucede con la función administrativa, la transparencia y la rendición de cuentas que no tienen nada que ver con el fuero. En este sentido, las secretarías deben estar sujetas al marco regulador y supervisor de la opinión pública y de los controles institucionales; nada de ello ha sucedido en la vida independiente del país; no obstante que así lo ordena la ley militar:
"Dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan la Secretaría y las Entidades paraestatales del Sector Defensa, e informar siempre que sea requerido para ello por cualquiera de las Cámaras, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades". Artículo 10, fracción VIII del Reglamento Interno de la Sedena, facultades indelegables del secretario (reformado en 2008); su incumplimiento trastoca la disciplina militar, es decir, el alto mando no cumple los principios de la disciplina militar: el fiel y exacto cumplimiento de los preceptos constitucionales y del cuerpo de leyes militares. A contrario sensu y en una actitud servil, los legisladores integrantes de las comisiones de Defensa, acuden ante el secretario a rendirle cuentas; a lamerle las botas.
Así las cosas, el soldado, antes de ser militar, es ciudadano, por tanto, no tiene más prerrogativas que las que señala la ley; en el caso, sólo puede ser juzgado por sus pares, cuando ha quebrantado la disciplina en actos del servicio, es decir, en su condición del status militari. De esta manera, en un juicio militar, el Estado contra el soldado, a berrinche militar, mando y disciplina no pueden sobreponerse a las garantías constitucionales; el soldado entrega su voluntad toda, para servir, pero no su dignidad.
Por otra parte, si el militar realiza funciones y actividades que no tienen que ver con la disciplina militar: actividades policiacas, lucha contra las drogas, o cualquiera otra orden estúpida de la autoridad civil como matar estudiantes o indígenas, y llega a violar derechos humanos o comete un ilícito debe ser juzgado no por sus pares, sino por la autoridad civil competente, tal cual lo previene el 13 constitucional.
Además de que esa actuación es violatoria tanto por el mando civil y militar, del artículo 129 de la máxima ley: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar"; esto es, en tiempo de paz, la fuerza armada debe estar permanentemente adiestrándose en sus cuarteles para la defensa nacional por una agresión del exterior, o para la guerra en donde ejercerá, ahí sí, la violencia legítima del Estado.
Aunado a ello, quien "administra" la justicia militar es el alto mando (artículo 29, fracción X de la ley orgánica federal), por tanto, se trata de una justica de mando, de una impunidad legalizada, que lógicamente desquicia el orden jurídico e institucional del Estado y trastoca la disciplina militar que se arroga tutelar.
En este orden de ideas, si bien el presidente tiene la facultad de disponer de la fuerza armada para la seguridad nacional; requiere del dictado de un estado de excepción, marco jurídico que permitirá que el Estado haga uso del Ejército para el orden interno (artículo 29).
¿Cuál es el fondo de la inseguridad? El gobierno no puede apelar el respeto al estado de derecho, violando la Constitución; pero eso nada más lo puede hacer un gobierno legítimo.
Baño de sangre
José Luis Pérez Canchola / El Nuevo Mexicano
Tijuana, Baja California. Todo indica que al finalizar el 2010, vamos a despedir el cuarto año del gobierno de Calderón, con un saldo de 30 mil muertos a consecuencia de la guerra declarada en contra del crimen organizado. Entre las víctimas se incluyen policías y militares, así como 12 alcaldes ejecutados al igual que varios candidatos a puestos de elección popular, además de 110 niños y adolescentes muertos a consecuencia del fuego cruzado. A esto hay que agregar el saldo de 3 mil 700 huérfanos documentados según la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Este número de víctimas resulta en verdad cuantioso si lo comparamos con los 13 mil 200 muertos registrados de 1846 a 1848 durante la guerra de Estados Unidos contra México; o con los 32 mil combatientes que fallecieron durante la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Más aún, resulta oportuno recodar la guerra de 11 años entre las mafias norteamericanas durante la llamada Ley Seca que arrojó un saldo de 2 mil muertos.
La terquedad del actual gobierno de continuar con esta guerra resulta alucinante. Se trata de una matazón donde la mayoría de las víctimas son jóvenes marginados, que si bien son seducidos por grupos criminales que los atraen con dinero y droga, antes fueron víctimas de la falta de oportunidades y del abandono por parte de la sociedad y del gobierno.
Hace tiempo que la violencia alcanzó proporciones de crisis nacional. Por un lado se acumulan los cuerpos descuartizados y por otro se multiplican los casos de soldados y policías que colaboran con el crimen organizado.
Así mismo, a la vez que aumentan las víctimas inocentes de esta guerra, igualmente crece la sospecha sobre políticos que pagan campañas electorales con dinero de las drogas.
No es ninguna exageración cuando la sociedad le reprocha a la clase gobernante no sólo por ser incapaz y negligente en el combate al crimen organizado, sino además por la creciente complicidad de autoridades con la misma delincuencia.
A pesar del saldo dramático de muertos y a pesar de las decenas de miles de soldados y de policías patrullando las calles, lo cierto es que las drogas se siguen produciendo, consumiendo y exportando.
Cada año, en México se siguen comercializando según datos oficiales, un promedio de 18 toneladas métricas de heroína y 16 mil toneladas métricas de marihuana, que generan ganancias por decenas de miles de millones de dólares.
"Los esfuerzos de México en contra del tráfico de drogas –se dice en un informe del Departamento de Estado de marzo del 2009–, coincide con una baja dramática en la calidad de la cocaína y las metanfetaminas en Estados Unidos y con un aumento del precio en las calles. Lo cierto es que el flujo masivo del dinero que sale de Estados Unidos se está utilizando para financiar operaciones criminales y para corromper autoridades mexicanas", según el mismo documento.
En medio de este caos, aparecen altos funcionarios del gobierno norteamericano declarando estar complacidos por la colaboración "sin precedentes" por parte del gobierno de México, actualmente muy interesado en ampliar las áreas de cooperación y de coordinación con Estados Unidos. La consecuencia, ante tal entreguismo del actual gobierno, fue la asignación de mil 400 millones de dólares como ayuda bajo el llamado Plan Mérida para el periodo de 2008 a 2010, cantidad que ahora el presidente Obama se propone ampliar en varios cientos de millones para el 2011. La realidad es que los norteamericanos saben muy bien que la guerra contra el crimen también es un buen negocio.
Por lo mismo, desde un principio se decidió que el 70 por ciento de los dólares destinados al Plan Mérida serían invertidos en la transferencia de equipos y tecnología estadunidense, beneficiando directamente a empresas de Estados Unidos dedicadas a la fabricación de helicópteros, aviones, tanques blindados y sistemas de comunicación como es el caso de las compañías Bell, Cessna, Dyncorp y Harris entre otras.
Esta última empresa, la Harris, se benefició con un contrato de 172 millones de dólares del Plan Mérida. Esta compañía es un conglomerado de empresas líderes en la fabricación de sistemas de comunicación inalámbricos especiales para cuerpos de seguridad y defensa.
El caso de la empresa Dyncorp es un asunto especial. Se trata de una empresa especializada en el desarrollo de sistemas de inteligencia y contrainteligencia, con operaciones en Bosnia, Haití, Colombia, Afganistán y otros lugares de conflicto siempre bajo contratos de gobiernos o de militares. Personal de esta empresa fue investigado y sancionado en Bosnia por haber organizado redes de tráfico sexual, durante su estancia en aquel país.
En Irak esta misma empresa fue acusada de fraude por haber facturado al Departamento de Estado más de 43 millones de dólares por concepto de diseño, equipamiento y uso de un campo de entrenamiento para soldados y policías de aquel país, con la circunstancia de que dicho centro de capacitación jamás existió.
A fin de cuentas la llamada guerra contra el narcotráfico no ha generado la tranquilidad y la paz que los mexicanos esperaban, pero en cambio ha propiciado una danza de miles de millones de pesos y de dólares que en México sólo han incrementado los presupuestos de las dependencias de seguridad y del Ejército, al tiempo que se favorece con jugosos contratos a las corporaciones norteamericanas antes mencionadas.
Para enredar más las cosas, los gobiernos y los legisladores de ambos países siguen organizando foros y conferencias, difundiendo estadísticas alarmantes sobre inseguridad y narcotráfico. Seguramente lo hacen para justificar el uso del dinero de los contribuyentes en una guerra irracional, sin importarles que siga corriendo la sangre de cientos de jóvenes delincuentes, pero también de policías, de soldados y de gente inocente.
En medio de este campo de batalla, no se vislumbra ninguna estrategia razonable. Lo único que tenemos a la vista es un verdadero baño de sangre con proporciones alarmantes que seguramente continuará durante todo el sexenio.
La guerra en contra del crimen organizado, más espectacular que efectiva, no se puede ganar sin combatir primero la corrupción de los políticos que utilizan dinero del narcotráfico para pagar sus campañas electorales; primero es necesario perseguir y castigar la complicidad de malos servidores públicos asociados con las organizaciones criminales; primero hay que destinar mayores recursos a educación, salud y empleo, antes que seguir aumentando el poder del Estado y de sus cuerpos de seguridad. Por este camino, nada bueno puede resultar.
Exhibidos por Wikileaks
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Ya puede usted dormir tranquilo después del categórico desmentido que formuló el vocero del gabinete de seguridad nacional: "el Estado mexicano está plenamente vigente y en control del territorio", para desmentir las "visiones parciales, inexactas y descontextualizadas", de los primeros reportes sobre México, Estados Unidos y la guerra contra el crimen organizado, dados a conocer por Wikileaks, de un total de 2 mil 800 que provocan insomnio al grupo gobernante.
Sólo a Alejandro Poiré y a la secretaria de Relaciones Exteriores se les ocurre batallar por lo imposible: tapar el sol con un dedo para poner a buen resguardo las políticas ilegales e irresponsables que frente al narcotráfico puso en juego Felipe Calderón para legitimarse en Los Pinos, la creciente subordinación de su gobierno a la Casa Blanca –incluso frente a Venezuela y los procesos emancipadores de América del Sur--, además del protagonismo creciente del aparato militar, diplomático y de espionaje estadunidense en México.
Pareciera que el académico venido a vocero no digiere que la labor de divulgación de documentos, reportes y cables --a cargo del portal que fundó el australiano Julian Assange--, es suficiente para que analistas, académicos y periodistas les brinden el contexto necesario. Pero desde que entraron en circulación prueban lo que medio mundo sabe y todos padecen del desacreditado y hegemónico imperio en pronunciado repliegue.
Los papeles también aportan testimonios invaluables pero parciales, como toda labor diplomática o de espionaje individual, que servirán para documentar la cada día más baja calificación ciudadana del gobierno de Calderón Hinojosa que recorre su penúltimo año en medio de un baño de sangre sin precedente acaso desde la Revolución mexicana, la inseguridad pública fuera de control en regiones completas de la tercera parte de las entidades federativas, un desastre en materia de derechos humanos, disputas burocráticas por la guerra y el suculento botín que conlleva --amén de la inminente por julio de 2012--, los poderes fácticos desbordados y los imperiales moviéndose en el país como Pedro por su casa, entre otros resultados que no pueden subestimarse frente los saldos positivos en materias como vivienda, salud e infraestructura.
Poiré Romero jura y perjura que "el Estado fuerte y eficaz en todo el país, recaudará en el año 2010, 1.3 millones de millones de pesos, dato superior al del año anterior en medio punto porcentual del PIB". ¡Excelente! Pero otra tarea básica de cualquier Estado, incluidos los bananeros, es garantizar la vida y los bienes de los habitantes. Y esto lo entiende cualquiera, incluido el vocero, pero le tocó la ingrata tarea de tragar sapos.
La abundante información que está divulgando Wikileaks, aparte de lo que dispongan los jueces suecos --bajo la presión decidida y decisiva del Departamento de Estado y la Oficina Oval-- sobre su naturaleza lícita o ilícita, resulta una aportación para hacer realidad el derecho de los ciudadanos de la aldea global a estar informados de lo que legal e ilegalmente hacen los gobernantes y los diplomáticos de Estados Unidos para intervenir abierta y soterradamente en defensa de sus mezquinos intereses en muchos confines de la Tierra.
A los mexicanos les brinda una radiografía, tomada por funcionarios de la embajada estadunidense en el Distrito Federal y en otras latitudes, sobre lo que todos deberían saber acerca de sus autoridades. Por ejemplo, que "Felipe Calderón admitió que habría cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción y también sobre la penetrante influencia del narcotráfico en México, que estaba más allá de toda comprensión". Reconocimiento que aquí y en otros espacios se avizoró.
Acuse de recibo
Crímenes de género en el derecho penal internacional
Publicado por: LRM Comunidad de Conocimiento desde la Perspectiva de Género
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Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
Guía y propuesta de actividades
Autoras: Mónica Carretero, Itxaso Sasiain Villanueva, Sara Añino Villalva
Material especialmente recomendable tanto por la definición de conceptos como por la propuesta de actividades de trabajo en el aula
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La coeducación o educación en y para la igualdad de oportunidades es una de las bases sobre las que se puede prevenir la violencia. Con este material, queremos hacer una contribución a la comprensión de las causas y procesos que llevan a situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y a situaciones de violencia contra mujeres y niñas.
Asimismo, queremos facilitar la reflexión y la toma de conciencia acerca de nuestras capacidades y posibilidades para actuar y cambiar determinadas situaciones injustas, dando a conocer algunas prácticas de paz y recursos para prevenir e intervenir ante la violencia. Pretendemos responder, pues, a una realidad en la que existen tanto desigualdades, injusticias y violencia como posibilidades de cambio y esfuerzos individuales y colectivos por superar estos problemas.
Nuestro objetivo es que pueda servir de apoyo a talleres para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde la familia. Para ello, se presenta cada actividad junto con la teoría que la respalda y, al final, se incluye un glosario y una bibliografía que se pueden consultar para ampliar la información. Las actividades aparecen descritas con sus objetivos, su desarrollo y los materiales necesarios para su realización. De esta manera, se aportan tanto reflexiones teóricas como metodológicas para llevarlas a cabo.
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