domingo, septiembre 11, 2011

400 jueces y magistrados del DF, en el banquillo de los acusados

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Más de 800 miembros del Poder Judicial del Distrito Federal han sido denunciados ante la Procuraduría General de Justicia local en los últimos seis años, básicamente por los delitos de prevaricación y retardo o negación en la impartición de justicia. De ellos, 400 son jueces y 12, magistrados. Únicamente 23 han sido consignados. A nivel interno, de las 140 sanciones aplicadas por la contraloría del Poder Judicial capitalino desde 2005, sólo dos han sido para jueces. Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal y exconsejero de la judicatura local, señala que las exiguas sanciones que se imponen a los juzgadores exhiben los intereses gremiales y la falta de rendición de cuentas que persisten en el Poder Judicial
Una de las quejas actualmente pendiente de resolución en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) es la que el 16 de mayo pasado presentó Irma Paz Contreras Yáñez, en la que denuncia el supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral del magistrado José Cruz Estrada.
De acuerdo con la abogada de 27 años, quien se desempeñaba como secretaria proyectista de Cruz Estrada en la Tercera Sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el magistrado le habría hecho insinuaciones sexuales durante una comida de fin de año.
Irma Contreras asegura que el 11 de diciembre de 2009 acudió a un restaurante en la colonia Polanco para celebrar el fin de año con sus compañeros de trabajo y con el magistrado; pero a la cita únicamente se habría presentado Cruz Estrada. De acuerdo con la denunciante, en ese momento el funcionario le dijo que ninguno de sus compañeros llegaría. Durante la comida, el magistrado le hizo insinuaciones de carácter sexual, sugiriéndole que ella conservaría su puesto siempre y cuando accediera a sus proposiciones. También le habría dicho que tenía que celebrarle su ratificación, que estaba por definirse. A decir de la afectada, el magistrado además la habría besado a la fuerza: "No sabía qué hacer, estaba conmocionada".
Al reincorporarse al trabajo, luego de las vacaciones decembrinas, el magistrado presuntamente volvió a hacerle insinuaciones cuando ella acudía a su oficina a revisar los proyectos de sentencia que elaboraba. Para entonces, Cruz Estrada ya había sido ratificado en su cargo y a razón de ello le habría dicho que seguía esperando que "lo festejara". Irma Contreras afirma que ante los supuestos comentarios del magistrado prefería mantenerse callada, por temor a perder su empleo.
A finales de febrero de 2010, el juzgador habría pasado del supuesto acoso al "hostigamiento laboral". Primero, se habría quejado del trabajo de la proyectista –que hasta entonces no había sido objetado, a decir de la denunciante–. Posteriormente, le habría dejado de asignar proyectos e incluso habría pedido que le quitaran su lugar de estacionamiento.
El 10 de junio de 2010, el magistrado aparentemente le pidió su renuncia. "Yo ya no te necesito a ti, ni a tus servicios profesionales, ya ves lo que pasa por no cumplir con lo que quedamos", asegura la abogada que le dijo éste.
La joven refiere que primero lo cuestionó, pero al ver que su decisión era irrevocable le pidió tiempo para encontrar un nuevo puesto. El magistrado habría accedido, sin que los supuestos hostigamientos cesaran. Para diciembre de 2010, de nueva cuenta Cruz Estrada le habría pedido que firmara su renuncia, pero ella se habría negado. A principios de 2011, la petición del magistrado supuestamente se repitió y ella dijo que no existían motivos para forzarla a dejar su puesto.
De enero a mediados de abril, la supuesta hostilidad laboral persistió: no le eran turnados expedientes. Luego, comenzaron a darle trabajo, pero en una condición de desventaja respecto de sus compañeros. La situación habría llegado a su límite el viernes 13 de mayo pasado, cuando el director jurídico del TSJDF, Ángel Velázquez, le pidió que firmara su renuncia, ya que de otra forma no tendría más posibilidad de trabajar posteriormente en la institución. La reunión se habría dado en la oficina del magistrado y en presencia de éste y de otras dos personas. Irma Contreras asegura que se negó. El lunes siguiente, le fue impedido el paso a su lugar de trabajo. Hasta entonces, la abogada no había hecho público el supuesto acoso sexual del magistrado, pero ese mismo día acudió al CJDF para interponer su queja y solicitar su cambio de adscripción.
La Ley Orgánica del TSJDF estipula en su artículo 211 que toda queja o denuncia que se presente en contra de un servidor público de la administración de justicia deberá sentenciarse "inexcusablemente" en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La queja interpuesta por Irma Contreras lleva más de tres meses sin resolverse. En la misma situación se encuentra el procedimiento administrativo iniciado en su contra, supuestamente por "pérdida de confianza". La abogada señala que no se ha respetado su garantía de audiencia y que ni siquiera se le ha notificado de forma oficial. Incluso solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como consta en la queja presentada el pasado 23 de junio, cuya copia tiene este semanario.
Contralínea buscó a Cruz Estrada para conocer su versión sobre el supuesto acoso sexual y hostigamiento laboral del que se le acusa. El magistrado declinó hacer comentario alguno al respecto. También se buscó al director jurídico del Tribunal, Ángel Velázquez, para conocer las razones por las que se inició un procedimiento administrativo contra Irma Contreras, ya que a decir de ella la pérdida de confianza tiene que acreditarse a través de un procedimiento legal, lo que hasta ahora no se ha hecho. El área de comunicación social del Tribunal no dio ninguna información con respecto del caso de Irma Contreras. Tampoco, una respuesta a la petición de entrevista con el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, quien a su vez está al frente del órgano encargado de la disciplina en el Poder Judicial local.
A más de tres meses de que presentara su queja, Irma Contreras se lamenta de que no existan mecanismos eficaces para atender situaciones similares. Asegura que no se trata de un caso aislado: "Es uno de miles que existen en el Tribunal; pero las mujeres tienen miedo a perder su trabajo, al escándalo, a que no les crean, porque no hay mecanismos prontos y expeditos como se necesita en estos casos".

Juzgadores juzgados

En el ámbito interno, las instancias encargadas de vigilar a los servidores públicos del Poder Judicial capitalino son el CJDF y la Contraloría del TSJDF.
Aunque se trata de información pública, la Comisión de Disciplina Judicial del CJDF no difunde datos sobre los funcionarios sancionados. La Contraloría resguarda en su portal electrónico los procedimientos administrativos que derivaron en sanciones de 2005 a 2010.
De acuerdo con dicha información, ninguna sanción ha alcanzado a los máximos juzgadores a nivel local. En el caso de los jueces, únicamente dos (uno de ellos interino) han sido penalizados en ese periodo.
Aunque ello se podría explicar debido a que no han habido motivos para sancionarlos, datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sugieren una situación distinta: en los últimos seis años 859 servidores públicos del Poder Judicial fueron denunciados penalmente, incluidos una docena de magistrados, 247 jueces civiles y 153 jueces penales.
Los delitos más comunes son la prevaricación y la negación o retardo en la impartición de justicia. Pero también figuran 18 casos de jueces denunciados por abuso de autoridad; 10 por ejercicio ilegal del servicio público; siete por aceptar sobornos; cuatro por discriminación; tres por fraude; y dos por amenazas y sendas acusaciones por extorsión, falsificación de documentos públicos, daño en propiedad ajena y acoso sexual. También han sido acusados penalmente los actuarios, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas y empleados administrativos del TSJDF.
A través de una solicitud de información, la PJGDF indica a Contralínea que de 2006 a junio pasado, 243 actuarios, 150 secretarios de acuerdos, cinco proyectistas, y 49 trabajadores administrativos, fueron denunciados ante dicha instancia. Del total de imputados, la cuarta parte es por el delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Los jueces civiles son los más proclives a ser acusados por este delito, con 114 casos denunciados en seis años.
Las denuncias relativas a la denegación, retardo o administración de la justicia suman 252, le siguen en incidencia el abuso de autoridad con 79 casos, la mayoría de actuarios. El ejercicio ilegal del servicio público se denunció en 35 ocasiones, que involucra a jueces, actuarios, secretarios proyectistas y de acuerdos y personal administrativo.
Por cohecho se presentaron 27 imputaciones; 17 por falsedad; 11 por robo, siete por fraude; cinco por falsificación de documentos; cuatro por extorsión; cuatro por lesiones; y cuatro por tráfico de influencias.
Otras acusaciones involucran a un juez penal por tortura; a un secretario de acuerdos por tentativa de homicidio; a otro por peculado; a uno por abandono del servicio público; y a un empleado administrativo por usurpación de profesión. La PGJDF refiere que de estas denuncias sólo en 23 casos fueron consignados. Aunque se trata de procesos concluidos, la instancia no indica los nombres ni cargos de los consignados.
El diputado federal y exconsejero de la judicatura local, Jaime Cárdenas Gracia, califica estos datos de "inaceptables", ya que demuestran la crisis del sistema judicial en la que prevalecen "vicios" en las prácticas judiciales e impera la falta de profesionalismo de los jueces.

Disciplina interna, sometida a intereses gremiales


La mayoría de los servidores públicos del Poder Judicial que recibieron alguna penalización de la Contraloría ocupan cargos de actuarios, secretarios de acuerdo y proyectistas. De los 140 trabajadores sancionados, más de la mitad fue por no presentar su declaración patrimonial.
Cárdenas Gracia, quien fuera consejero de la judicatura local entre 2007 y 2008, recuerda que durante el tiempo que ocupó el cargo sólo procedía alrededor del 5 por ciento de las quejas o denuncias presentadas. Y de este ínfimo porcentaje, hasta la mitad de los casos se impugnaban mediante amparos que lograban revocar las decisiones del CJDF.
A decir del diputado federal, las exiguas sanciones se explican por los "intereses gremiales" que persisten en el Poder Judicial. El legislador critica que el "sentido corporativo" de los funcionarios judiciales se traslada a su órgano de vigilancia y disciplina, pues el CJDF está compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial (incluso el presidente del TSJDF funge también como presidente del CJDF). En este sentido, Cárdenas Gracia señala que los juzgadores actúan como "juez y parte" al ser los encargados de atender las faltas disciplinarias de sus pares.
Los datos de la Contraloría revelan que 140 servidores públicos fueron sancionados de 2005 a 2010, la mayoría de ellos por no presentar su declaración patrimonial, lo que amerita la inhabilitación en el cargo por un año. Quienes más penalizaciones recibieron fueron los proyectistas, pero 39 de los 49 casos registrados corresponden a inhabilitaciones por no presentar sus declaraciones patrimoniales. Le siguen en incidencia los secretarios de acuerdos, cuya sanción más recurrente es la inhabilitación por un año.
Una docena de actuarios fueron penalizados en esos cinco años, nueve de ellos por no presentar su declaración patrimonial. La pena más grave fue una inhabilitación por 10 años (el periodo máximo previsto en la ley) y una sanción económica.
La resolución del expediente PAD-064/2008 no detalla el cargo de la persona ni la causa de la sanción, que exclusivamente se atribuye a faltas al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relativo a incumplimientos en el servicio público. Otro caso relevante es el consignado en el expediente PAD-005/2005, que resultó en la destitución y sanción económica de un chofer y un trabajador administrativo.

Juzgar a los juzgadores, el brete del Poder Judicial

Desde las reformas al Poder Judicial de 1994, los consejos de la judicatura, federal y locales, son los encargados de la vigilancia, la disciplina y la administración de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, poco se conoce el trabajo de estos órganos, dado el hermetismo que prevalece en el Poder Judicial.
En marzo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer, por primera vez y públicamente, los datos sobre los servidores públicos del Poder Judicial federal sancionados en los dos últimos años. A este inusitado hecho siguieron otras acciones igualmente inusuales, como hacer pública la negativa de ratificación en el cargo a un magistrado, quien fue sancionado por acosar laboralmente a una subalterna. Otro caso emblemático fue la suspensión de un juez, después de que la Procuraduría General de la República acusara a su secretario de acuerdos de enriquecimiento ilícito.
En opinión de Pedro Raúl Suárez, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, este tipo de acciones son utilizadas para "aparentar la impartición de justicia, pero lo cierto es que no: ellos mismos se cubren las espaldas". El abogado acusa que el "contubernio" entre los funcionarios judiciales, tanto a nivel local como federal, explica el porqué son pocos los jueces y magistrados sancionados.
Para el exconsejero Cárdenas Gracia, se trata de uno de los asuntos nodales que deben modificarse inmediatamente, ya que la actual composición del CJDF establece que cuatro de sus siete consejeros provengan del ámbito judicial, incluido su presidente. El doctor en derecho recuerda que en el Poder Judicial persiste el nepotismo, lo que abona a que prevalezca un sentido "corporativo" y "gremial" en su interior. Otra falla que percibe es el sistema de sanciones. Explica que al tratarse de penalizaciones progresivas, algunas acciones pueden quedar impunes, ya que una falta cometida por primera vez puede saldarse sólo con una amonestación. Tal es el caso de Carlos Gabriel Cruz Sandoval, quien en 2005 fue sancionado por incumplimiento en el servicio público durante su encargo como secretario particular del entonces presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez. La penalización que ameritó su falta fue una amonestación pública. Actualmente, Cruz Sandoval se desempeña como director de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones.
Cárdenas Gracia añade que se trata de sanciones que se adecúan a los criterios emitidos por el Poder Judicial federal. De este modo, jueces y magistrados dictan criterios diseñados en protegerse a sí mismos en caso de que tales criterios les sean aplicados. "Es una ley que no está hecha para sancionar, sino para protegerlos [a los impartidores de justicia]".

¿Patear el pesebre?

Los datos de la PGJDF muestran que los delitos por los que más se inculpa penalmente a los funcionarios judiciales son los relativos a la impartición de justicia, función central del Poder Judicial. Se trata de la prevaricación y la negación o retardo en los procesos judiciales, que representan el 64 por ciento del total de denuncias presentadas en los últimos seis años.
El abogado Pedro Raúl Suárez bosqueja un panorama de indefensión para los ciudadanos sometidos a un proceso judicial, ya que "no solamente te acusan de un delito sino que también tienes como enemigo al juez, cuando debe ser imparcial [y] aplicar la ley nada más. Pero no, estamos en una situación de desventaja completa".
Para el integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas no son ajenos los casos en que los impartidores de justicia cometen faltas durante los procesos. Sin embargo, asegura que muchas veces éstas se eluden, ya que la prioridad para los litigantes es que el enjuiciado obtenga su libertad o pruebe su inocencia. De este modo, faltas que pueden ser motivo de sanción de servidores públicos permanecen en la impunidad.
Suárez agrega que tampoco la denuncia es ninguna garantía, toda vez que quienes conocen las quejas y se encargan de resolverlas son sus pares. "Te encuentras en un cajón donde las propias autoridades son quienes juzgan y pueden sancionar a las personas que están bajo su responsabilidad".
Cuestionado sobre la posibilidad de modificar el mecanismo actual a través del cual se sanciona a los miembros del Poder Judicial, Suárez se muestra reservado: en su opinión, el interés de los funcionarios judiciales por ascender los hace mantener un "contubernio". Y concluye: "no pueden patear el pesebre".
Cuestionar el trabajo de los jueces, atentado contra la estabilidad: CJF
En un hecho inusitado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial federal, ha salido en defensa de los juzgadores.
En un comunicado emitido el 6 de septiembre pasado, el CJF asegura que "en todo momento" revisa la actuación de jueces y magistrados federales, así como de sus auxiliares. Asimismo, afirma que atiende todas las quejas sustentadas que se presenten en contra de ellos.
El inusual mensaje se dio luego de que Felipe Calderón criticara a los juzgadores involucrados en el caso de Néstor Moreno Díaz, exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de aceptar sobornos y que fue puesto en libertad por un juez de distrito.
Sin referirse al mandatario por su nombre, el CJF expresa su rechazo a que se hagan señalamientos contra los impartidores de justicia sin contar con pruebas.
Además de defender su rol de juzgar e imponer las sanciones necesarias "con la energía que corresponde", el CJF ha dicho que "cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad nacional".

Calderón: barbas a remojar en el volcán árabe






Dos estallidos sociales (y políticos) agudizan las metamorfosis de las manifestaciones en las calles, con visos de revueltas y anuncios de revoluciones. Uno de ellos, constituido por las crisis económicas en los diversos capitalismos, cuyas cúpulas financieras y empresariales practican el capitalismo salvaje con la punta de lanza del neoliberalismo económico, amparados por los gobernantes que arriesgan a sus Estados y los arrastran, incluso, al despeñadero de la ingobernabilidad por el malestar no atendido de sus sociedades. Esta desazón tiene lugar en Europa (Grecia, Italia, Irlanda, España, Francia, Portugal). La otra causa es la sorpresiva rebelión, casi revolución, en Túnez, Egipto, Libia, y Yemen; con síntomas de contagio en China, e Irán; rebeliones sangrientas en Irak, y Afganistán; choques de las dos Coreas; y la inestabilidad en las excolonias rusas.

Malos gobiernos políticos y económicos cierran el circuito con el cansancio de los pueblos frente a sus dictaduras, donde el factor común de todos ellos es el empobrecimiento masivo, la corrupción de las élites dirigentes públicas y privadas, la impunidad en la impartición de justicia y el entramado de leyes cuyas redes capturan a los ciudadanos para controlarlos. No es el "fantasma" del comunismo el que recorre al mundo (el inmortal documento de 1848; consultar la edición del historiador marxista, Eric Hobsbawm, El manifiesto comunista, Crítica-Grijalbo, 1998).

Lo que se pasea por el mundo capitalista y los resabios míticos del socialismo, que sitia a las democracias, monarquías constitucionales, dinastías tribales, presidencialismos y el resto de los caudillismos, es la respuesta violenta de los pueblos que soportan toda clase de explotaciones –no se diga la económica– y, hartos de las vías pacíficas, caen en cuenta de que en esos callejones cerrados por los autoritarismos no hay más salidas que las revueltas civiles, antesalas de revoluciones, para deshacerse de los malos gobernantes.

Y es que como no se van por su propio pie, como el presidente Felipe Calderón, entonces y por la falta de mecanismos constitucionales para destituirlos, no hay más opción que echarlos. Deshacerse de ellos o de él mediante revueltas-revoluciones, como sucede en el mapa de los árabes y en cuyo impetuoso estallido social debe poner a remojar sus barbas el panista (cómplice de las alianzas con los chuchos y asesorado por el expriísta Manuel Camacho Solís, traidor de Andrés Manuel López Obrador).

Los mexicanos tenemos ya un régimen de más de 10 años, que va para 12, y que con su militarismo Calderón quiere prolongar a 18 años al imponer su sucesor. Tenemos un mal gobierno, incapaz en políticas públicas económicas; torpe en su estrategia contra el narcotráfico que deja al país bañado en sangre y violencia (esto con Televisa y Tv Azteca con sus programas que promueven más terror) al acrecentar la ya de por sí atroz barbarie de la inseguridad nacional que provoca la intervención militar estadunidense (que ya lo hace con sus policías encubiertos, cónsules y el embajador Anthony Wayne).

Calderón debe poner a remojar sus barbas en el volcán árabe y no subestimar que el malestar social de la nación se desborda por el desempleo masivo, los salarios de hambre, alzas de precios privados y de bienes y servicios públicos. Más la impunidad de los ricos y multimillonarios, la compra de resoluciones judiciales, los más de 300 mil pesos que cobran sus empleados del primer nivel, el reparto de bonos, todo en un mar de corrupciones, de beneficios cupulares y del subconsumo generalizado en una crisis social, económica y política, donde las élites y sus directores desprecian al pueblo, entretenidos como están, en la disputa del poder presidencial, no muy lejos del volcán árabe que ejemplifica con revueltas-revoluciones contra los malos gobernantes.

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 250 / 11 de septiembre de 2011


Integración a sangre y fuego



En los últimos días México ha sufrido continuas matanzas, balaceras. El pasado 14 de agosto, en el Acuario de Veracruz, hubo hasta granadas; el 21 del mismo mes, un tiroteo en el estadio de fútbol Territorio Santos Modelo, en Torreón, Coahuila, y un crimen terrible en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, el 25 también del mismo mes: un incendio intencional que provocó la muerte de 53 personas. Estos actos buscan crear una situación de pánico y parálisis. Constituyen actos de terrorismo, de los que no había antecedentes en México hasta hace muy poco tiempo. Estos ataques coinciden con la intención del gobierno de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que le daría amplias facultades al Ejército para intervenir en la vida social y política en todo el país, al establecer un modelo de "estado de excepción" que viola principios básicos de la Constitución.

Se está preparando un clima propicio para la aprobación a una legislación similar a la "Acta" o "Ley Patriótica" que promulgó el gobierno de George W Bush en Estados Unidos, luego del atentado en contra de las Torres Gemelas. Estas acciones impulsan el proceso de militarización del país, así como la imposición del gobierno y la policía federal por encima de los estados y municipios, como sucedió con el michoacanazo (sin tomar en cuenta al poder local, se detuvo a 35 presidentes municipales, que meses después fueron liberados por falta de pruebas).

Es la misma forma de gobierno "por decretos ejecutivos" que se implanta en Estados Unidos al imponer el mando del presidente por encima de los otros poderes: el Congreso de la Unión, los estados y los policías locales. Ese mismo modelo se está desarrollando en México. El caso más grave lo constituye la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmada el 23 de marzo de 2005 por los exmandatarios Vicente Fox, George W Bush y Paul Martin, al representar el Ejecutivo de los tres países saltándose olímpicamente a sus respectivos congresos. El ASPAN comprometió a Canadá, Estados Unidos y México a una integración en seguridad y energética. Así, el Ejecutivo se otorga facultades legislativas que no le competen, según la Carta Magna (artículo 89).

En 2002, al anunciar "las estrategias de seguridad de Estados Unidos", Bush se adjudicó el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado y garantizar la seguridad energética y atacar a quien considere una amenaza a sus intereses. El gobierno de Estados Unidos está empeñado no sólo en controlar nuestro petróleo sino también en integrar militarmente a México. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington creó el Comando Norte (el 1 de octubre de 2002).

Según documentos oficiales, se creó el Comando: "con el fin de proveer mando y control de los esfuerzos del Departamento de Defensa de Estados Unidos para la seguridad del territorio nacional y para coordinar el apoyo del Departamento de la Defensa a las autoridades civiles. Este organismo defiende el territorio nacional [sic] –protege a la población, el poder nacional y la libertad de acción. El Comando Norte se encuentra localizado en la base aérea Peterson, Colorado Springs, Colorado. El área de responsabilidad de Estados Unidos Comando Norte [mando combatiente unificado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos].Incluye vías de acceso aéreo, terrestre y marítimas y abarca Estados Unidos continentales, Alaska, Canadá, México (sic) y las aguas hasta aproximadamente 500 millas náuticas. También incluye el Golfo de México y los estrechos de la Florida. Éste se consolida bajo un comando unificado de las misiones existentes que fueron ejecutadas previamente por otras organizaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto provee unidad de comando, lo cual es crítico para realizar la misión."

Esta medida busca claramente subordinar e integrar a las fuerzas de seguridad mexicanas bajo el mando unificado del Departamento Defensa de Estados Unidos. Cuando se anunció éste plan, el Ejército mexicano rechazó abiertamente su participación. El 2 de abril de 2002, el general Javier del Real Magallanes, subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, indicó que "el denominado Comando Norte no involucra al ejército nacional ni cambia la relación entre los dos países (BBC Mundo)".

Pero Washington comenzó a considerar oficialmente a Canadá y a México no sólo como parte de su seguridad nacional, sino también de su territorio. Desde ese momento inició la integración de nuestro país a su área de seguridad, en otras palabras, propició el control militar directo de México para "salvaguardar la seguridad de Norteamérica". En esas fechas hubo resistencia del Senado y el Ejército, y México se negó a integrarse formalmente al Comando Norte, lo que violaría nuestra Constitución y soberanía. Sin embargo, la "colaboración" se fue estrechando.

En 2005 aprobó el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y continuó la insistencia de que México se uniera a "la lucha contra el terrorismo". Pero en México no había terrorismo, y ese fue el principal argumento para evadir el compromiso de integración. Sin embargo, Washington sigue procurando sus objetivos paso a paso. Las presiones se intensificaron; en febrero de 2006, John Dimitri Negroponte, director de inteligencia de Estados Unidos, declara: "México junto con Haití se encuentra en la lista de países de alto riesgo, en cuanto a la penetración del narcotráfico y crimen organizado debido a la incapacidad del gobierno para combatir el clima de violencia e inseguridad patente en la frontera Norte, vulnerable a la penetración de terroristas".

Antes de comenzar el gobierno de Felipe Calderón, en octubre de 2006 la administración Bush "mandó a Karen Tandy, administradora general de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA), y a David Gaddis, jefe de la DEA, a reunirse con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, yel embajador de México en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, para preparar el inicio de la "guerra", que arrancó el 12 de diciembre de 2006, en Michoacán.

También en octubre de ese año se discutió el Plan México 2030, en el que el futuro gobierno planteó claramente el objetivo de la integración militar y la entrega de los recursos nacionales al vecino del Norte. Ya en 2007 se dio otro paso para la implementación de la ASPAN y la integración militar al acordarse la Iniciativa Mérida o Plan México, entre Bush y Calderón. El 22 de octubre de 2007 se anunció un financiamiento de 1 mil 400 millones de dólares bajo el concepto de "cooperación bilateral". La iniciativa Mérida implica la integración del aparato de inteligencia mexicano a las agencias estadunidenses, que son quienes proporcionan los equipos de espionaje, armamento y mandan "capacitadores" que más bien son supervisores. Toda la información que compete a la seguridad interna de México se comparte sin límites con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Precisamente con el mismo país que ha sido el que nos ha invadido tantas veces a lo largo de los siglos XIX y XX, que nos robó más de la mitad del territorio y que es el principal peligro para la soberanía nacional.

Casualmente el ascenso de matanzas y crímenes en México (en Michoacán, Tijuana, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero) ha crecido a partir de que Fox y Calderón firmaron la integración en materia de seguridad y energética con George W Bush. Y desde el momento en que muy agresivamente Estados Unidos presiona a México para obligarlo a unirse a su "lucha contra el terrorismo", ayudar en sus guerras imperiales e implementar medidas fascistas que nieguen las garantías individuales. A la colaboración de Fox, siguió el abierto sometimiento de Calderón (quien ante el presidente Barack Obama habló de "corresponsabilidad").

En 2008 se intensificó el baño de sangre y coincide con la intención abierta de Calderón de privatizar Petróleos Mexicanos, al buscar crear un clima de pánico entre la población para ayudar a justificar la injerencia estadunidense en un México "ingobernable": impulsar la militarización y medidas fascistas de control sobre la población para cerrar el paso al movimiento democrático que busca transformar nuestro país en un México soberano, en el que podamos vivir en bienestar, paz y seguridad. Un punto de quiebre fue el bombazo en Morelia durante el grito de Independencia del 15 de septiembre de 2008. En ese momento ya se podía hablar de "terrorismo" en México, pues el blanco fue la población civil.

A la semana siguiente, el lunes 23 de septiembre en una cena con la Foreign Policy Association, en Nueva York, Felipe Calderón señaló que "si Estados Unidos y México quieren ganar la guerra, deben trabajar juntos. Al día siguiente en la Organización de las Naciones Unidas habló del terrorismo e indicó que en el mundo actual hay desafíos que no reconocen fronteras. Así dio otro paso para la integración y subordinación militar de México ante Estados Unidos.

En el pasado México ha sido un país con una política propia que era capaz de oponerse a Washington: se negó a romper relaciones con Cuba, promovió el Tratado de Tlatelolco contra la proliferación de armas nucleares, se rehusó a colaborar en las invasiones a Corea y a la República Dominicana. Hoy, ante la situación mundial y de Latinoamérica, los planes geoestratégicos de Estados Unidos incluyen necesariamente el control total de México. Estados Unidos está en decadencia económica, en una crisis sin salida por lo que le urge imponerse por la vía militar. Su salida es la guerra y ahora luego de Irak y Afganistán, se lanzan contra Libia a través de laOrganización del Tratado Atlántico Norte, bombardean Pakistán y amenazan a Yemen, Siria e Irán.
Para sus planes de guerra necesitan, como nunca antes, adueñarse de nuestro espacio geoestratégico y de nuestro petróleo (Fox nos convirtió en el segundo proveedor de Estados Unidos), riquezas y población como plataforma para su lucha por la hegemonía mundial. En julio de 2008, luego de 58 años, Estados Unidos puso a funcionar la IV Flota Naval –que había actuado de 1943 a 1950 en el marco de la Segunda Guerra Mundial– que cuenta con armas nucleares, para enfrentar la oposición de Venezuela, Bolivia, Cuba, en Latinoamérica y aspira a implementar bases militares en México. En Colombia ya tiene siete bases.

Estados Unidos haría cualquier cosa para crear el clima en el que nos incluya en "la lucha contra el terrorismo" que le serviría de pretexto para intensificar su guerra por el imperio mundial. Así se las gastan, recordemos que Estados Unidos se caracteriza por realizar autoatentados con el objeto de iniciar las guerras que le convienen como sucedió con el hundimiento del acorazado Maine en Cuba, para iniciar la guerra contra España; las explosiones de minas en el Golfo de Tonkin en Vietnam, para escalar la intervención en ese país; el hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro en el Golfo de México para obligar al gobierno mexicano a integrarnos a la Segunda Guerra Mundial; y la caída de las Torres Gemelas en Nueva York dio pie a las guerras de Afganistan e Irak, que necesitaba para salir de la crisis del 2001.

En las últimas semanas se anunciaron públicamente hechos que aunque eran ya sabidos, no se les ha prestado atención. El escándalo lo detonó el artículo de Ginger Thompson, corresponsal del New York Times, el pasado 7 de agosto, quien revela la presencia en México de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la DEA y del Pentágono "en retiro" en una base militar en el Norte. Antes, el 10 de mayo pasado el director de la Iniciativa Mérida, el militar estadunidense Keith Mines anuncia la apertura de una base militar en Puebla, disfrazada como "Academia de Formación Policial".

Es ahora cuando se pone atención al crimen de la integración militar con Estados Unidos cuando comenzó desde el 23 de marzo de 2005, en que Vicente Fox firmó con George W Bush el ASPAN y se intensificó con Obama en 2009 al aceptarse la apertura de la Oficina Binacional de Inteligencia, en Reforma 265, y la integración a las maniobras militares "Unitas" con la armada de Estados Unidos. La integración militar Estados Unidos-México se realiza luego de culminar la integración económica a través del TLCAN y la integración política que significó la subordinación de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón a las políticas de Washington, a nivel nacional e internacional. Ahora para fines prácticos ya estamos integrados en el Comando Norte. A fines de agosto pasado nuevamente The New York Times da a conocer la implementación de la Operación Boomerang en la que actúan fuerzas militares mexicanas en coordinación con el Comando Norte, para la seguridad norteamericana. Pero aclaran que "no son operaciones conjuntas" (sic).

Ya el 10 de mayo pasado se había anunciado la apertura en Los Encinos, San Salvador Chachapa, Puebla, de una "Academia de Formación Policial", inaugurada por Keith Mines, un militar con 22 años de servicio y que viene de Afganistán, quien declara en la inauguración que en esa instalación en un terreno que era reserva ecológica que ahí actuarían directamente la Oficina Federal de Investigación, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Servicio de Investigación Criminal Naval y otras agencias. Ya sobrevuelan los cielos mexicanos los "drones" o aviones no tripulados y ya se anunciaron las "aduanas internas", es decir, aduanas de Estados Unidos en territorio mexicano.

Vivimos de lleno un sistema neocolonialista en el que las riquezas de México están al servicio de las grandes corporaciones extranjeras. Ya se dio la concesión de tres campos maduros en Tabasco a empresas privadas que se adueñaran de porciones de territorio nacional que abarcan una superficie total de 312 kilómetros cuadrados, con una reserva de 207 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y se preparan para entregar otros campos maduros de la región Norte, Chicontepec y aguas profundas. En abierta violación a la Constitución.

En las últimas décadas, Washington impulsa políticas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para desmantelar la soberanía económica y política de México. El TLCAN, significó la subordinación económica de México; el ASPAN, la subordinación política. El neoliberalismo lleva gradualmente a la desintegración de México, en beneficio de Estados Unidos. En éste contexto, la "guerra" contra las drogas –que inició el expresidente, Richard Nixon hace 40 años– es un pretexto para intervenir en los demás países, como lo demuestran Colombia y México y las extensiones de las redes criminales una consecuencia del neoliberalismo y la globalización salvaje que sufrimos. El aumento de la criminalidad se dispara en un primer momento en 1995, con la firma del TLCAN; y las matanzas, a partir de la firma de la ASPAN en 2005.

Han sido el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional los que conducen a México al desastre. Hace falta una fuerza que recupere el proyecto nacional, la soberanía y los derechos del pueblo. En éstos momentos la tarea central es derrotar al PRIAN y a sus aliados (Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, cúpula del Partido de la Revolución Democrática).

La promoción del voto nulo y la abstención, como se vio en el Estado de México, sólo ayuda al PRIAN. La crítica a "todos los políticos" y el desencanto y desmoralización solo ayuda a éste. Hoy la alternativa para acabar con el PRIAN la representa el Movimiento de Regeneración Nacional y Andrés Manuel López Obrador. Luego de la derrota del PRIAN será necesario que el pueblo implante las profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales necesarias para el México del siglo XXI; la primera de todas, recuperar el pleno poderío económico, político y militar. Es responsabilidad social de todos los mexicanos entender ésta situación y buscar la solución al problema y amenazas que sufrimos y luchar para recuperar la soberanía y derechos. Esa es la condición necesaria para lograr el desarrollo, el bienestar y sobre todo la paz que anhelamos.
*Politólogo y urbanista; dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía

No se hagan bolas o la reelección de Carlos Salinas



La metáfora de Jean Bodin, destacado pensador francés –en el ensayo Los seis libros de la República–, de que el Estado es una nave donde todos deben de cooperar para contribuir a su desplazamiento en aguas calmadas o turbulentas, viene bien para referirse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) si es que, tras su expulsión a mar abierto, busca regresar a las playas de las urnas y conquistar (por primera vez después de nueve sexenios aferrado al presidencialismo autoritario y en ocasiones, sangrientamente represivo).

A un año de las elecciones para deshacerse del presidente Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN), todo indica que las competencia será entre ese nuevo PRI (salvo sus fardos de los que debe deshacerse) y Andrés Manuel López Obrador, con o sin el Partido de la Revolución Democrática que se agandalla el chuchismo-camachista.

Pero si es Peña Nieto el candidato priísta, fácilmente ganaría López Obrador al derrotarlo en debates, ya que solamente sabe posar como galán, sin nada en su copeteada cabeza de chorlito.
El expresidente Carlos Salinas de Gortari que supuestamente apoyaba a Luis Donaldo Colosio, pronunció la frase: "¡No se hagan bolas!". Manuel Camacho Solís y su grupo dejaban entrever que el PRI (es decir, Salinas) rectificaría de candidato, pretextando que la esposa de Colosio, Diana Laura Riojas, padecía un cáncer de páncreas irreversible (que al final la llevó a la tumba). Pero desde los pasillos del poder presidencial preparaban su eliminación, al no querer renunciar como se lo plantearon en Mérida, luego en Mazatlán y por último en Culiacán, hasta que lo asesinaron en Lomas Taurinas, Baja California. Aquel asesinato casi fractura al priísmo, máxime que Salinas impuso de sustituto a Ernesto Zedillo que no era priísta ni salinista y, como Calderón, sólo se entregó a los estadunidenses.

Zedillo, al saber que el PRI estaba herido de muerte y no se reponía, dejó que el PAN con su chocarrero Vicente Fox ganara las elecciones de una manera apretujada. Luego, con una ilegal y tramposa elección (que puso en serio riesgo al país), Fox impuso a Calderón con su cínico: "Gané dos elecciones: la mía y la de Calderón". Es tal el desastre de esta "década perdida", que el PRI se repuso y supone que puede regresar a Los Pinos… ¡con la mancuerna Salinas-Peña Nieto! Y lo peor del priísmo antiguo.

Peña Nieto acaba de hacer uso de la misma frase al evidenciar el trasfondo. Es la reencarnación de Salinas, empollado en la mafia del Grupo Atlacomulco y dándose a conocer como estrella de Televisa, quien ya actúa como presidente y con su "¡No se hagan bolas!", que pronunció en Michoacán, propone la reelección de Salinas (éste intentó quedarse en el cargo, con su proyecto Solidaridad, pero falló) con disfraz peñanietista.

Con Peña Nieto el PRI se va al des-Peña-dero y quienes apoyan a López Obrador ganarían fácilmente. Ante los electores decepcionados del PAN, no cabe más que el PRI presente a un candidato de pies a cabeza po-lí-ti-co y que ofrezca compromisos con un programa económico, social y cultural que convenza. Peña Nieto no es ese, ya que carece de todo ello. No hay otra manera de competir con López Obrador que se comería a un candidato producto de los medios de comunicación televisivos. Y que se presenta como la reedición de Salinas. ¡Es como si éste se reeligiera!


Todos somos responsables



Aurelio Morales Posselt*
Monterrey azar y muerte
Mujeres madres que yacen mancilladas
Llanto y cuerpos inertes
Familias abatidas y torrentes de lágrimas
Lágrimas y parálisis, defensa ante el horror
La ruleta muerte gira y sale 53
Vuelve la jugada, ahora sale 61 y sigue girando
El juego de la muerte en la guerra
Apuesta ya a más de 50 mil
Diversión y azar
Esperanza de ganar
Todos perdemos, ellos ganan
¿Quién nos protege?
Ellos y sus discursos
Tres días de luto nacional
Decreta el presidente del
Sexenio Luctuoso
Luto muerte, impunidad, corrupción
El azar toca un 25 de agosto, justo a
37 de la desaparición de Rosendo Radilla
Y la impunidad sigue, los discursos
Son la máscara de la indefensión
Ellos los armaron, los entrenaron
Los abandonaron, sin trabajo,
Sin escuela sin cultura
Y sólo se le apuesta a la muerte
Un casino, un destino
Monterrey cuidad víctima
Yaces abatida, indefensa, inmóvil
Llanto, luto, azar y muerte
Ellos refuerzan su guerra
Ellos se empecinan por la muerte
Por la noche sin luna
Por el toque de queda
Toma nuestro coraje
Llegó el tiempo de abrazarte
De llorar juntos y de saber
Que lo que se arranca contra tu voluntad
No macilla el amor
¡Levántate, Monterrey!, toma mi mano
Abrázame fuerte y conmigo todos
Lloremos juntos hasta lavar el dolor
Y que el azar que nos junta nos dé el amor
Construyamos la vida,
Todos a la escuela, al trabajo,
A la cultura, a la vida, a la lucha
A desterrar la impunidad
Les dejamos a ellos su sexenio luctuoso
Les dejamos a ellos su guerra
Y nos comprometemos por la vida,
Por la vida juntos y luchando un sólo ser.
Adrian Ramírez López, presidente de la Limeddh

¿Es necesario que se repitan tragedias como la de Monterrey, que las balaceras se produzcan fuera de los estadios, que la violencia sacuda cada casa para que toda la sociedad reaccione en conjunto? Las muertes, las víctimas de ciudadanos aumentan y el presidente Felipe Calderón declara que no cambiará su estrategia. ¿Y ésta de qué ha servido? Todas las estadísticas indican un aumento significativo y continuo de los crímenes.
El presidente asevera en nuevos spots que su estrategia de guerra no es responsable de la delincuencia. Que la situación no era sencilla desde antes, es cierto; pero no podemos aceptar que las autoridades de ahora se laven las manos al culpar de todo lo que ocurre a la falta de escrúpulos de los criminales; esto está fuera de la lógica de guerra. Cuando hay tal, los bandos que atacan y se defienden se fortalecen con todos los medios posibles. El gobierno aumenta sus gastos en defensa, mejora sus armamentos, acrecienta la crueldad de sus ataques, impone mano dura; el crimen también. Nadie puede esperar ir a tirar piedras contra un avispero y no ser picado.
No se trata de solapar actos criminales que atentan contra la vida y los derechos. Pero la solución no está en exigir más violencia contra la violencia. Bien cuestionaba el escritor Javier Sicilia: ¿qué sentido tiene ser escuchado por el gobierno y que sus sentimientos de dolor sean sinceros y no van a cambiar nada?
Hace un par de meses la Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña nacional "Yo me declaro" (www.yomedeclaro.org). Ya no basta defender a los defensores. Declarémonos todos protectores directos de los derechos humanos. Sólo una sociedad involucrada puede dar una solución. Todos somos responsables. Hasta que no hagamos de las injusticias ajenas una injuria a nuestra propia dignidad, nada cambiará. Involucrarse no sólo significa exigir. Al reclamar, sólo otorgamos más poder a quien ya lo tiene. Pedir es el inicio. Involucrarnos significa informarnos, profundizar (la televisión no suele ser suficiente), ser críticos con el gobierno pero también con nuestras propias actitudes, vigilar, sacar a la luz las injusticias, proponer, actuar con responsabilidad social. Significa no hacer de nuestro trabajo o de la circunstancia una excusa. El policía, el abogado, el juez, todos podemos decir no a una violación y denunciarla. La indiferencia o la neutralidad, solapan el abuso.
*Área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

Concesiones del poder o la rapiña calderonista




El periodista (y académico de la Real Academia Española, en la España de los "indignados" contra el desempleo y los abusos del poder), Luis María Anson establece en su ensayo La prensa como contrapoder, contenido en el libro Contra el poder (varios autores, editorial Temas de Hoyy la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes) que la prensa siempre debe criticar el ejercicio del poder autoritario y rapaz.

Precisamente, el periodista Francisco Cruz Jiménez, no deja de sorprender con su periodismo de investigación en sus libros: El cártel de Juárez; Tierra Narca; Negocios de familia: biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, éste en coautoría con el escritor e investigador, Jorge Toribio Montiel.

Ahora publica el explosivo libro Las concesiones del poder: el tráfico de influencias que ha marcado al sexenio, sobre el presidente Felipe Calderón y su familia, la de su esposa, y de todo el grupo panista-calderonista. Es una investigación documentada y sustentada en la veracidad de la rapiña del calderonismo.

En 263 páginas de información condensada se indica que la suegra de Felipe Calderón "cariñosamente" lo llama pillo, además de entrelazar los cientos de de hechos que llenan la "voracidad" de éste: "Desde los primeros meses de la campaña de Calderón se presentaron evidencias sobre lo que sería su forma de gobernar: una espiral de beneficios al amparo del cuñadismo, del influyentismo, del corporativismo y de otros ismos de la pícara política mexicana. La sospecha salpica a todo tipo de personajes". En primer lugar desde que Calderón (con el exsecretario de Gobernación, Juan CamiloMouriño y el presidente del Partido Acción Nacional, PAN, César Nava) fue designado por el expresidente Vicente Fox director de Banobras y secretario de Energía.

Con títulos como: "La mujer del presidente"; "Los rostros ocultos de Margarita y Felipe"; "Tráfico de influencias en la familia presidencial"; "Con el visto bueno de Calderón"; "Presidente de los pobres, amigos de los otros"; "Una modesta casita"; "Los depredadores", y "La cueva del monstruo", el autor desnuda al calderonismo, cuya cabeza son la primera dama, Margarita Zavala, y Felipe Calderón.

Le faltó un índice de nombres, aunque es fácil enlistarlo sobre la lectura que arrebata al lector quien, constantemente debe salir a respirar, ya que la corrupción calderonista parece superar a la foxista-martista.

Rapiña en la que se sumerge el PAN, desde que los Sahagún-Fox entregaron a Calderón 150 millones de pesos para sus "gastos" de campaña electoral, con el lema: "manos limpias"… y que terminó siendo "manos con ojos" para la corrupción.

Es un libro para llevar a juicio penal y político a Calderón (junto con su enemigo Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México).

La obra posee datos cuantitativos sobre cada pillería calderonista. Y es que en 12 años, los panistas superaron al perredismo chuchista-ebrardorista, y al salinismo y zedillismo. Al menos, Calderón es igual que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. La investigación de este trabajo es un expediente de hechos sobre quien, como el presidente, cínicamente todo lo justifica con su frase "haiga sido, como haiga sido".

Ficha bibliográfica:
Autor: Francisco Cruz Jiménez
Título: Las concesiones del poder: el tráfico de influencias que ha marcado al sexenio
Editorial: Ediciones Temas de Hoy, 2011
*Periodista


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