Se eliminaron los informes por las protestas y comenzaron los mensajes en familia
1. En septiembre de 1988, en el último informe del presidente De la Madrid, fueron tan grandes las protestas durante el acto en el Congreso, que se acabó para siempre el monólogo que llevaba más de 60 años. Se llamaba el día del presidentes al 1 de septiembre porque era una lamisconería, un besa manos, un día en que el presidente estaba en la radio y televisión, en cadena nacional, desde que despertaba él y su familia. Televisa imponía su poder y hacía que millones de mexicanos estuvieran frente a la tele viendo los chismes presidenciales, enfocando la Casa Presidencial, los jardines e inventando historias del presidente y su familia. Luego la TV lo seguía por todas las calles de la ciudad de México hasta llegar al Congreso. Un verdadero espectáculo.
2. En 1988, cuando De la Madrid rendía su último informe -en medio del descontento por el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, así como por la profunda crisis económica y las protestas en el Congreso con Muñoz Ledo al frente, algunas "personalidades" actuaron y declararon: Los gobernadores Barberena, Leyva y Borges le mentaron la madre a Muñoz Ledo y buscaron golpearlo físicamente. Los periodistas Guillermo Ochoa de "Hoy mismo", José Cárdenas de "7 días", Ricardo Rocha "Para gente grande", Abraham Zabudovski de "Canal 2", Pedro Ferriz de Enlace y Jacobo Zabludovski de "24 horas" condenaron fuertemente las protestas como lamentables y escandalosas y alabaron el comportamiento de los panistas por no abandonar el Congreso.
3. Los informes siguieron, pero teniendo que soportar protestas adentro del Congreso y con manifestaciones afuera. El último informe en el Congreso fue el de 2004, cuando el presidente Vicente Fox ordenó rodear el gigantesco edificio del Congreso, desde la tarde del 31, con kilómetros de muros de acero para contener las protestas de decenas de miles de trabajadores. En aquellos años la gente no parecía soportar más y fueron bloqueados –desde el mercado de la Merced, Candelaria, San Lázaro, cerca de Balbuena y la Moctezuma- todos los accesos con más de 10 mil policías y soldados. Los trabajadores del SME, de la CNTE, de Pascual, los Panchos, no pudimos movernos ni hacer nada más que golpear los muros y mentarles la madre.
4. A partir de entonces la clase gobernante y política recordó que la Constitución no obligaba al presidente a rendir su informe desde la tribuna del congreso sino que bastaba con que cualquier alto funcionario lo entregara por escrito. Desde entonces se acabó una faramalla del "día del presidente", pero dio paso a otra faramalla que comenzó a celebrarse entre la familia panistas y empresarial donde nadie protesta y sí aplaude por obligación. Ahora se usa un salón del Palacio Nacional, del Castillo de Chapultepec o el Museo de Antropología. Se invita a toda la derecha mexicana (panistas, empresarios, clero y socialdemócratas sumisos de absoluta confianza) Muchos gobernadores del PRI, por su parte, aprovecharon también entregar por escrito su informe y hacer un mitin ese día.
5. De todas maneras la dilapidación de recursos para aplaudir al presidente se ha hecho más grande: duplicado o triplicado, si tomamos en cuenta que durante un mes antes de esa faramalla informativa, la propaganda por el informe y "los grandes logros gubernamentales" usando los medios se intensifican dilapidando miles de millones de pesos. La socialdemocracia, en vez de obligar a cambiar el estilo del informe –obligando al presidente a responder cuestionamientos básicos- con sus protestas inconsecuentes, logró mejores condiciones para que el presidente "rindiera su informe" invitando sólo al PAN, a los empresarios, a los militares y al clero. Luego, dicen, se analizará en el Congreso, pero sin que fuera cuestionado o emplazado el presidente en persona.
6. El día 1 de septiembre debió informar Calderón, pero ha sido el 2 cuando –en cadena nacional, desde el Museo de Antropología y frente a mil incondicionales- lanzó su mensaje absolutamente lleno de falsedades fácilmente demostrables. (Publiqué dos días antes artículos sobre los pésimos y lamentables servicios de salud y de educación en México) Desde hoy se reanudará la propaganda que corresponderá a la radio y la TV propagar intensamente esas falsedades del presidente durante los días siguientes porque para ello reciben los medios de información cantidades multimillonarias. Sobre todo que, aunque de manera informal, las campañas políticas presidenciales se han iniciado y el PAN no está dispuesto a dejar la Presidencia. ¡Qué joda para la población!
7. Azcárraga Milmo, dueño de la empresa Televisa, dijo que "él sólo fue un soldado del presidente en turno" y por ello –como respuesta- los presidentes, para compensar a esa empresa, sólo han sido servidores de Televisa; ello demuestra que, por lo menos desde 1968, a raíz de la rebeldía estudiantil que terminó en una matanza, la radio y la TV han marchado como "uña y mugre" con el gobierno. En vez de que el país cada año o cada década se demuestre que siempre avanzamos superando la miseria que sufre casi la mitad de sus habitantes, puede verse exactamente lo contrario: que cada día empeora el desempleo, se hace más grande la miseria, la explotación, la migración y la inseguridad. Llevamos por lo menos cinco sexenios perdidos, desde 1982; pero en esos sexenios empresarios y clase política se han enriquecido.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
ONU-DH repudia nuevos asesinatos de periodistas en México
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos repudió los asesinatos de dos periodistas, cuyos cuerpos sin vida fueron identificados este jueves en la Ciudad de México.
Ana María Marcela Yarce Viveros era miembro del equipo de la revista Contralínea, y Rocío González era periodista independiente.
Estos crímenes se suman al ocurrido la semana pasada que segó la vida del comunicador social Humberto Millán en Culiacán, Sinaloa.
En un comunicado esa instancia de la ONU afirmó que estos asesinatos agravian profundamente al gremio periodístico mexicano, cuyo reclamo de eficacia a las varias instancias oficiales destinadas a brindarles protección y seguridad, tienen indiscutible vigencia y legitimidad.
En lo que va de año suman ocho los periodistas mexicanos asesinados, cifra que eleva a 74 el número de los homicidios de informadores acontecidos en México desde el año 2000.
La Oficina del Alto Comisionado instó a las autoridades a investigar esos crímenes con el objetivo de capturar, juzgar y sancionar a los responsables.
Asimismo, invitó a la ciudadanía a unirse activamente en el rechazo de todo acto de agresión en contra de los comunicadores, cuya victimización constituye además un gravísimo atentado contra la libertad de expresión.
Seguridad: Las propuestas de la UNAM
*Académico de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Revela Calerón que Autorizó 146 nuevos Canales Digitales de TV
Foto: Reuters.
En materia de telecomunicaciones el V Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón admitió que casi el 90 por ciento de la inversión provino de fondos privados (58 mil 719. 4 millones de pesos) y una menor parte de recursos públicos (5 mil 755.3 milones de pesos), siendo el área de telefonía móvil la más dinámica, con un crecimiento de 10.7 por ciento para totalizar 95 millones 733 mil líneas contra un débil crecimiento de apenas 1.4 por ciento de telefonía fija que llega a sólo 19.9 millones de hogares.
Entre las novedades de esta área, el informe de Calderón advierte que entre septiembre de 2010 y junio de 2011 se autorizaron 146 canales digitales para televisión con lo que suman hasta ahora un total de 224 canales digitales: 207 son para estaciones concesionadas (como Televisa y TV Azteca que concentran más del 90 por ciento) y 17 para estaciones permisionadas, lo cual equivale al 44, 9 y al 6 por ciento de la infraestructura en concesiones y permisos, respectivamente.
En materia de otorgamiento de frecuencias de radio en FM a aquellas concesiones que operan en AM, el informe de Calderón afirmó que el 77.5 por ciento de las estaciones de AM tuvieron la factibilidad para hacer el cambio. De septiembre de 2010 a junio de 1011 "se han resuelto 233 solicitudes, las que, sumadas a las 163 que se tenían autorizadas, dan un total de 396 estaciones de radio AM que cambiarán su operación a la banda de FM".
El documento no da avances sobre la posibilidad de licitar una o dos cadenas nacionales de televisión digital terrestre durante este año –tal como lo había anunciado el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones- ni tampoco aclara si se le otorgará a Telmex el cambio de título de concesión para que pueda dar servicios de televisión restringida.
Simplemente se informa que entre enero y junio de 2011, la SCT otorgó 17 nuevas concesiones para instalar, operar y explotar redes de televisión restringida por cable, "con ello totalizan 415 concesiones las que se han otorgado en este sexenio".
En materia de televisión y radio sólo se otorgaron 35 permisos, es decir, estaciones no comerciales, de las cuales 30 son de radio y 5 de televisión. Se resolvieron 28 refrendos de televisión y se encuentran en proceso de resolución otros 53 refrendos en radio.
Triple Play
En materia de servicios de triple play (telefonía, televisión restringida e internet), el informe de Calderón afirma que durante el primer semestre de 2011 las tarifas de telefonía fija disminuyeron 6.1 por ciento en términos reales, 6 por ciento las tarifas de larga distancia, 9.5 por ciento las tarifas de telefonía móvil y en materia de internet en banda ancha se registró una disminución de 3.2 por ciento.
No menciona ni fija su posición con relación al conflicto desatado entre las empresas televisivas más importantes (Televisa-TVAzteca), en alianza con otras empresas de telefonía celular y fija, que durante los primeros 4 meses del año sostuvieron una agria disputa con Telmex-Telcel.
En relación con el acceso a internet, Calderón apunta en su V Informe que hasta diciembre de 2010 existían en México casi 35 millones de usuarios de este medio, según cálculos de Cofetel. En junio de 2011 esta cifra se elevó a 37.3 milones de usuarios y esperan llegar a 40.9 millones a finales de 2011, lo que representará un crecimiento de 17.3 por ciento anual.
Sin embargo, aún existe una densidad baja de acceso a internet en banda ancha (11.4 suscripciones por cada 100 habitantes). El documento estima que las suscripciones a internet se incrementarían en 7.3 por ciento, destacando las suscripciones a internet en banda ancha con 7.9 por ciento.
Licitación 21
En el apartado de licitación de bandas de frecuencia, Calderón admite que en la polémica Licitación 21 (para la banda de 1.7 Ghz) quedó "desierto un bloque de 30Mhz nacional" y se alcanzó por el monto de pago de las empresas licitantes un total de 5 mil 248 millones de pesos.
El gobierno federal presume que las licitaciones 20 (de la banda de 1.9 Ghz) y la 21 se "logró aumentar el promedio de espectro concesionado para servicios móviles, reducir la dispersión en la tenencia del espectro entre los operadores de telecomunicaciones en el país" menciona como competidores de Grupo Iusacell y Telcel a los nuevos concesionarios: Grupo Pegaso; Nextel, y Televisa.
Masacres en México, crímenes de lesa humanidad: juez Garzón
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El juez español Baltasar Garzón calificó de crímenes contra la humanidad las masacres registradas en México, como la de San Fernando, Villas de Salvárcar y el Casino Royale.
En su opinión, esos trágicos acontecimientos han rebasado la categoría de crímenes con el fin común de terminar la vida, por lo que el Poder Judicial, agregó, debe hacer una revisión a fondo.
Garzón impartió la conferencia "Justicia universal" en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde sostuvo que de no haber respuesta por parte de los juzgadores, lo que procede es buscar la intervención de organismos internacionales.
No obstante, consideró que pactar con el crimen organizado sería una "ofensa" para las víctimas que no resolvería nada, además de que se estaría faltando a las instituciones y el Estado.
Ayer, en entrevista con Carmen Aristegui en CNN, el juez español señaló que en su combate contra el crimen organizado, México necesita luchar con "liderazgos valientes, no héroes, los héroes de hoy son las víctimas".
"Se necesita gente participativa, cohesión social", puntualizó.
De acuerdo con Garzón, la situación en el país no es la más positiva, pero tampoco la más desesperada. "Hay violencia grave, como los últimos casos de Monterrey, y es el momento necesario para hacer una reflexión", enfatizó.
Asimismo, señaló que la propia sociedad tiene un compromiso ante la difícil situación que vive el país, y aseguró que así como sufren las consecuencias, los ciudadanos deben participar a través de organizaciones con bases constructivas.
"Por lo tanto, hay que generar espacios sociales, no hace falta crear miles de leyes, pero sí debe haber un acuerdo de los diferentes grupos políticos, ya que el problema del crimen organizado es un asunto de corresponsabilidad", añadió.
Espanto en Monterrey
Crece la confusión, el miedo y la desesperanza
MÉXICO, 2 sep (IPS) - "¿Cómo se le hace para quitarse de encima este desasosiego, esta sensación de que todo lo que hacemos no vale para nada?", escribió en su cuenta de Facebook una periodista mexicana, luego del asesinato de dos colegas en esta capital.
La aparición de los cuerpos de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, ambas de 48 años, conmocionó a la sociedad mexicana tanto por la brutalidad con que las mataron como por la relación laboral de la primera con la revista Contralínea, que ha sufrido un acoso permanente en los últimos años.
También porque son las primeras periodistas asesinadas en la ciudad de México desde que el gobierno del conservador Felipe Calderón le declaró la "guerra" al narcotráfico, poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006.
"Los periodistas mexicanos estamos de luto, no sólo por este crimen sino por todos los demás cometidos contra el gremio", declaró, en una carta abierta al alcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard, el colectivo "Los Queremos Vivos", que en agosto del año pasado convocó a una insólita marcha de periodistas.
A la condena se sumaron distintas asociaciones de periodistas y de mujeres, además de dirigentes de todos los partidos políticos. Pero, a diferencia de 2010 cuando la indignación por el secuestro de cuatro reporteros derivó en la manifestación gremial más grande que ha habido en México, lo que ahora prevalece es el estupor.
"Cada día, hay algo más terrible que el anterior. Todos miramos con el estómago revuelto, pensando en las personas que amamos, en el país. Tristeza y rabia. ¿Qué hacemos con esta desafortunada combinación?", dijo una locutora de radio.
La violencia en México dejó en más de cuatro años, según datos oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil, más 40.000 personas muertas, 10.000 desaparecidas y 700.000 desplazadas de sus hogares, además de una cantidad no cuantificada de viudas, huérfanas, mutiladas y heridas.
En las últimas semanas, empero, la violencia se acercó a lugares que habían quedado al margen. Primero fue un cruce de balazos afuera de un estadio de fútbol en el norteño estado de Coahuila, durante la transmisión en vivo del partido, y luego el incendio provocado por mafiosos en un casino de la nororiental ciudad de Monterrey, que causó la muerte de 52 personas.
Ahora, el asesinato de estas dos periodistas en la ciudad de México.
Ninguna de ellas ejercía actualmente el periodismo activo. Yarce era responsable de las relaciones públicas de Contralínea y González Trápaga, quien trabajó para Televisa, estaba dedicada a un negocio privado.
Sus cuerpos fueron encontrados, sin ropa, amordazados, golpeados y con un cable alrededor del cuello, el jueves en un parque del sudoeste de la ciudad de México, pocas horas después de que sus familiares denunciaron su desaparición.
El asesinato tuvo un efecto devastador en el ánimo de los mexicanos y mexicanas.
Clemencia Correa, investigadora de la Universidad de la Ciudad de México y especialista en el manejo del miedo, aseguró que en este país se está implementando una política de terror que busca paralizar a la sociedad.
"Es muy complejo hablar de México hoy. Lo que vemos es que se está implementando una política de terror que pasa por diferentes dimensiones y que, a diferencia de antes, que había políticas de Estado contra defensores de derechos humanos o movimientos sociales, ahora están ocurriendo contra la población general y están marcados por una estructura de impunidad", explicó.
Por su parte, Verónica Martínez Solares, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del consejo directivo de la Organización Internacional para el Apoyo a Víctimas, coincidió en que las consecuencias de estos actos pueden ser devastadoras para las comunidades, porque el miedo y la desesperanza provocan una ruptura profunda en los tejidos sociales.
"La lógica del miedo es una forma de dominación y control social muy poderosa, porque alimenta la pérdida de identidad individual y social y causa parálisis, aislamiento y segregación", puntualizó.
"Y esto favorece el autoritarismo y legitima la violación de derechos humanos en nombre de la seguridad", explicó.
Esto ya comenzó a ocurrir. El 25 de agosto, una información falsa difundida en la red social Twitter desató el pánico en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, y 22 escuelas clausuraron las clases ante el rumor de que criminales disparaban contra niños.
El origen de esa versión fue el incendio de un vehículo afuera de una escuela, que se mezcló con un enfrentamiento armado en otro lugar de la ciudad,
Un día antes, una intercambio de disparos en el exterior de una escuela de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, dejó heridas a cuatro mujeres que esperaban a sus hijos, por lo cual el rumor en Veracruz, que se difundió en al menos 17 cuentas de Twitter, causó pánico.
Un día después, las autoridades detuvieron a dos de los que difundieron la información. Se trata de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, empleada del gobierno estatal y quien el mismo día del rumor había aclarado que la información fue falsa.
Ambos están presos, acusados de delitos de "terrorismo equiparable y sabotaje", y sujetos a un proceso penal que tiene una sanción de tres a 30 años de cárcel.
El miércoles 31 de agosto, el parlamento del sureño estado de Tabasco siguió la misma ruta y aprobó una reforma que penaliza con seis meses a dos años de cárcel a quien difunda falsas alarmas vía telefónica o redes sociales que provoquen movilización, pánico y caos social.
La organización internacional Artículo 19 asumió el lema "yo también soy twiterrorista" y declaró que "antes que atacar a twiteros, alentamos al gobernador a que respete los derechos humanos, en especial el de la libertad de expresión".
"La severa crisis de seguridad de Veracruz no se debe a expresiones en Twitter. Se debe a la incompetencia de las autoridades", agregó.
El mismo día que en Veracruz se dictaba formal prisión contra los twiteros que difundieron la versión de ataques a niños en escuelas, en la periferia de la ciudad de México un conductor baleó un bus escolar de un centro privado que transportaba a siete alumnos.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia colectiva como "el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a sí misma como miembros de un grupo, ya sea transitorio o de larga duración, contra otro grupo, sea real o imaginado con el fin de conseguir determinados objetivos políticos, económicos y sociales".
"El problema es que en México no hay aún estudios de los efectos sociales que está provocando esta violencia", dijo Martínez Solares.
Correa señaló que el discurso oficial de que hay que dirigir las condenas a los grupos criminales, y no solo al gobierno busca, confundir a la gente.
"Sería absurdo reclamarle a los criminales la justicia, porque estaríamos negando el estado de derecho", afirmó.
"La desmilitarización no es solo sacar al ejército de las calles, es desmantelar una política de terror que va a provocar mucho daño a la sociedad", concluyó.(FIN/2011)
#VINFORME, un Epitafio más que un Balance de Calderón
Foto: AP. Fuente: foxnews.com
Fueron 90 minutos de discurso, de los cuales, casi la mitad, 40, el presidente Felipe Calderón se dedicó a justificar y a explicar su persistencia en la política militarista y policiaca en contra del crimen organizado. Primero fueron los 35 minutos de su mensaje inicial y después, casi al cierre, lanzó una frase que bien puede constituir un epitafio involuntario de su sexenio: "la noche más oscura es la que precede a un nuevo amanecer".
Precedido de la campaña más costosa en spots, infomerciales y entrevistas sin noticia en las dos principales cadenas televisivas, el V Informe de Gobierno de Calderón quedó también marcado por la reciente tragedia del Casino Royale en Monterrey y así lo dejó sentir el primer mandatario.
Esta tragedia la enmarcó en "una de las luchas más cruentas", realizada entre el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas, antes aliados en el noreste del país en contra del Cártel de Sinaloa, según explicó el propio Calderón. Pidió un minuto de silencio para estas víctimas y paso seguido anunció la única novedad de su mensaje: la creación de una Procuraduría Social a las Víctimas de la Violencia.
El anuncio de esta procuraduría –demanda del movimiento encabezado por Javier Sicilia- es otro epitafio involuntario: a un año de culminar su sexenio debe crear una instancia federal para los "daños colaterales" (sic) de su cada vez más cuestionada guerra contra el narco.
El otro mensaje nuevo fue la orden de "una revisión minuciosa" a "todos los casinos del país", como si esto no hubiera ocurrido en los cinco años precedentes. Suponemos que, entre esos que vivirán una "revisión minuciosa" serán los 25 centros de bingo, máquinas tragamonedas (supuestamente ilegales) y apuestas remotas que pertenecen a Televisa, así como a los de Corporativo Interamericano de Entretenimiento y a las propias ampliaciones que su gobierno ha dado a varias de la treintena de empresas que dominan la industria del juego "legal" en este país.
Fuera de estos momentos y del largo aplauso a las fuerzas armadas (como si involuntariamente se solidarizara la clase política reunida a la tragedia de un ejército y una marina que no pidió entrar a esta guerra contra el narco), el V Informe de gobierno no generó la empatía necesaria en los medios de comunicación masiva y menos en las redes sociales.
Los mismos conductores de Milenio TV y los comentaristas de ForoTV destacaron que no hubo ninguna novedad en el mensaje calderonista. Insistió en lo que durante cinco años ha sido su mantra: "la única manera de enfrentar al crimen organizado es preservar la estrategia", con sus distintas variaciones "las fuerzas federales que intervienen son consecuencia, no causa de la violencia", "no actuar a tiempo fue lo que hizo que los delincuentes llegaran a este poder".
En redes sociales, especialmente en Twitter, diversas cuentas siguieron paso a paso los mensajes y cifras principales de Calderón. Prácticamente todos los rubros del V Informe merecieron réplica en las redes sociales: que tengamos 137 mil millones de dólares de reservas internacionales, pero esto no se refleja en una economía en crecimiento; que existan 100 mil nuevos jóvenes egresados de institutos tecnológicos, pero no encuentran trabajo; que se hayan destinado 1.7 billones de pesos al campo y los trabajadores del agro estén peor; que "pronto seremos" la quinta potencial mundial de turismo; que 45 millones de mexicanos se incorporaron a algún esquema de seguridad social; que más de 6 millones de niños mexicanos tienen una beca para educación básica, etc.
Quizá el rubro que menos cuestionamiento generó entre redes sociales fue en materia de salud, reconocimiento al titular de la SSA, José Angel Córdova Villalobos, al tiempo que hubo un silencio sepulcral entre los asistentes al Museo de Antropología cuando hizo un reconocimiento a la policía de García Luna.
En este gobierno, mil desaparecidas y un consignado
En México, casi 1 mil mujeres y niñas han desaparecido durante el gobierno de Felipe Calderón, 900 por ciento más que en los dos últimos sexenios. No obstante, sólo cuatro casos son investigados a nivel federal, reconoce la PGR. Uno de ellos derivó en la consignación de un individuo por el delito de trata de personas. En la desaparición de al menos 15 mujeres podrían estar implicadas autoridades de uno de los tres niveles de gobierno
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa han desaparecido, al menos, 917 mujeres. De éstas, 411 son menores de 18 años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –consultado por Contralínea en agosto pasado– los reportes de mujeres y niñas extraviadas se incrementaron en 900 por ciento respecto de los dos últimos sexenios: 31 casos con Ernesto Zedillo Ponce de León y 71 con Vicente Fox Quesada.
El Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel nacional y encabeza la lista de mujeres y niñas desaparecidas, con 195 reportes de extravío. Le siguen el Distrito Federal, con 170, y Guanajuato, con 164. Al momento de su desaparición, la edad del 38 por ciento de estas mujeres, en realidad adolescentes, oscilaba entre los 12 y 17 años.
Los datos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) son diferentes. La instancia dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) indica que del 1 de febrero de 2008 al 29 de julio pasado, 1 mil 15 mujeres, en su mayoría niñas que cursaban estudios de secundaria, desaparecieron. De éstas, 502 fueron localizadas: 87 en 2008; 105 en 2009; 190 en 2010; y 120 en 2011; en tanto que 513 continúan desaparecidas.
A pesar de que la Fevimtra sólo recoge los casos de mujeres y niñas desaparecidas a partir de febrero de 2008 –cuando se crea esta Fiscalía–, su conteo supera en 10 por ciento el de la SSP, este último constituido a partir de los reportes que las familias de las desaparecidas ingresan a un banco de datos electrónico.
A decir de José Antonio Pérez Bravo, coordinador General Técnico de la Fevimtra, el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Chihuahua, son las entidades en las que las desapariciones de mujeres son más frecuentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (Sinpef), elabora su propia estadística. Se basa en los reportes del Servicio Médico Forense y de las procuradurías estatales, "que son las que reciben directamente cualquier queja o denuncia por desaparición", explica María Emilia Montejano, directora General del Programa sobre Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. De acuerdo con el Sinpef, a cargo del Programa de Presuntos Desaparecidos del organismo autónomo, de 2006 a abril pasado, 5 mil 397 personas han desaparecido en México. De éstas, 1 mil 885 (el 32 por ciento) son mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alerta: el Estado no cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la desaparición de mujeres en el país. Por eso esta "guerra de cifras" es producto de la inexistencia de un registro único, confiable y objetivo del fenómeno, indica María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora Ejecutiva de la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres.
A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, las procuradurías estatales informaron al OCNF que en 2010 desaparecieron en total 2 mil 971 mujeres. En el Estado de México, 352; Distrito Federal, 1 mil 952; Jalisco, 301; y Nuevo León, 366. Las cifras de la SSP para el mismo año reportan que el número de desaparecidas en estas entidades fueron sólo 142.
Autoridades gubernamentales reconocen sus deficiencias. Pérez Bravo admite que las estadísticas del gobierno mexicano no reflejan la magnitud de las desapariciones de mujeres en el país: "No sabemos bien a bien cómo esté el fenómeno social en toda la República". No obstante, se muestra confiado de que en lo que resta de este sexenio el panorama mejorará: "Se está haciendo un esfuerzo para georeferenciar los hechos" y "tener información objetiva de lo que está pasando a nivel nacional".
1 mil desaparecidas; sólo un consignado
Si bien los registros de la Fevimtra refieren 1 mil 15 casos de desapariciones de mujeres, sólo en uno de éstos se ha acreditado plenamente la comisión del delito de trata de personas y corrupción de menores, indica Pérez Bravo. En octubre de 2010, el hombre que "sedujo" a una menor de edad en Puebla para después obligarla a prostituirse fue consignado. En otros tres casos se ha "advertido que hubo la comisión de delito y están en investigación". A través del engaño, tres niñas originarias de Chiapas, Oaxaca, y del Distrito Federal, respectivamente, abandonaron sus hogares; luego fueron obligadas a realizar trabajos forzados y a prostituirse.
"Hasta la fecha, el Estado mexicano no ha consolidado debidamente cómo dar tratamiento a las desaparecidas", reconoce Pérez Bravo, coordinador General Técnico de la Fevimtra. El hecho es también evidente para las organizaciones no gubernamentales que acompañan a las familias de las desaparecidas. Y es que la desaparición de una mujer o una niña no representa, por sí misma, un delito. Para que éste pueda configurarse como tal, debe probarse que la mujer fue llevada en contra de su voluntad. Sólo entonces podría hablarse de secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, trata de personas e incluso de feminicidio.
En Chihuahua, las desapariciones de mujeres y niñas se encuentran estrechamente vinculadas al fenómeno del feminicidio o al de la trata de personas, lo que representa un obstáculo para las investigaciones y resta efectividad a la localización de las víctimas, aseguran Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Prueba de ello es que, desde 1993, en Chihuahua ninguna persona ha sido consignada por haber desaparecido a una mujer o a una niña.
Lo anterior se replica en otras entidades del país. Cuando se informa de la desaparición de alguien, las autoridades inician un reporte administrativo ya sea por extravío (cuando una persona no puede regresar a su domicilio por una causa propia o inherente a su persona como la edad, una enfermedad o problemas mentales) o ausencia (cuando una persona no puede regresar a su domicilio por una causa propia o ajena, como conflictos familiares, problemas económicos o por haber sido víctima de delito); y no una averiguación previa, lo que implicaría la movilización del aparato gubernamental durante las 72 horas siguientes a la desaparición.
Los estereotipos también influyen, asegura Salas Ramírez. Si el hijo de Carlos Slim desapareciera, se asumiría que se trata de un secuestro y la búsqueda sería inmediata. No obstante, cuando una mujer desaparece lo primero que suponen los encargados de los ministerios públicos es que "se fue con el novio".
Desaparición forzada de mujeres
En su informe preliminar el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, que recientemente visitó México, advierte que "no hay información pública disponible sobre la desaparición forzada de mujeres. Por ejemplo, la CNDH no cuenta con información acerca del número de víctimas mujeres denunciadas como desaparecidas".
Cuestionado al respecto, Tomás Serrano Pérez, director General del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que en el país las desapariciones de mujeres y niñas no están asociadas al fenómeno de las desapariciones forzadas. Al menos, el programa que preside no ha recibido casos de desaparición de mujeres en los que se presuma la participación de agentes del Estado o de personas que actúan bajo su autorización, apoyo o aquiescencia. No obstante, Pérez Serrano no descarta la posibilidad de que "un extravío pueda convertirse en una desaparición forzada".
Para José Antonio Pérez Bravo, la desaparición forzada es "una situación muy diferente" a lo que investiga la Fevimtra. Refiere, sin embargo, que la instancia que coordina, en conjunto con la Fiscalía General de Chihuahua, investiga un caso de privación ilegal de la libertad, conocido como Alvarado, que se atribuye a elementos del Estado mexicano.
De acuerdo con la información que los familiares de las mujeres y niñas desaparecidas ingresaron al sistema electrónico de la SSP, al menos en seis de los casos que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas, se puede advertir la participación de agentes del Estado. Se trata de los casos de Licia Edith Zavaleta de los Santos, en Tabasco; María Antonieta Gracia Ahumada, en Tamaulipas; las hermanas Gabriela y Adriana Sosa Hernández, en Coahuila; y Graciela Flores Nieto, en San Luis Potosí.
El más reciente es el de María Concepción Delgado Martínez quien, en febrero de 2010, fue raptada por un soldado en las inmediaciones de su domicilio ubicado en San Luis Potosí. En la relatoría de hechos, el esposo de la joven de 23 años apunta: "Según datos de conocidos de mi esposa, el tipo tenía tiempo acosándola y le dijo que de cualquier forma ella sería y estaría con él a como diera lugar. Ella no quiso hacer denuncia porque era soldado de la zona y tenía miedo de él por sus amenazas".
Asimismo, de acuerdo con información que la Secretaría de Gobernación proporcionó a Contralínea a principios de este año, se sabe que hasta ese momento la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos conocía de la desaparición forzada de cinco mujeres. Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidas el 29 de diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua; Marisela Terrazas Guerrero, Socorro Martínez Galindo y Teresa Nava, desaparecidas en Durango.
Organizaciones sociales presumen la desaparición forzada de otras cuatro mujeres, activistas y defensoras de derechos humanos, que podrían obedecer a motivos políticos. Grupos paramilitares podrían estar involucrados en la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; así como en la de Malena Reyes Salazar, defensora de derechos humanos, quien el 23 de febrero pasado fue ejecutada extrajudicialmente. Durante el vigente sexenio, Alicia Salaíz Orrantía, de la Asociación Civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, también sería detenida-desaparecida.
Incumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia sobre el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs México, relativo a la "desaparición y ulterior muerte" de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001.
El Estado ha incumplido el fallo del organismo internacional, no obstante dicha sentencia establece plazos fijos para el cumplimiento de sus 26 disposiciones –cuatro de éstas, relacionadas específicamente con las desapariciones de mujeres en el país–, advierten organizaciones no gubernamentales.
La resolución de CIDH, que preside Cecilia Medina Quiroga, obliga al Estado a adecuar, conforme a los estándares internacionales, sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar los delitos relacionados con desapariciones. Uno de los protocolos a adecuar –"o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo"– es el Alba, mecanismo de búsqueda urgente de mujeres y menores desaparecidas, que hasta el momento sólo se aplica en Chihuahua, en promedio dos veces al mes, refiere José Antonio Pérez Bravo, coordinador General Técnico de la Fevimtra.
Si bien, desde julio pasado opera en Ciudad Juárez un nuevo diseño del protocolo Alba, que a decir de las autoridades mexicanas responde a los parámetros establecidos por la CIDH, para Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, quienes acompañan casos de mujeres desaparecidas en esta entidad, el protocolo sigue siendo ineficaz.
La visión del Estado plasmada en las líneas de acción de este mecanismo de búsqueda, tiende a reducir la desaparición de las mujeres al ámbito familiar, sin considerar el contexto de violencia estructural que se vive en el país, mismo que ha marcado un incremento en las desapariciones de mujeres perpetradas por desconocidos y en espacios públicos, apuntan los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Puesto que la desaparición no representa por sí misma un delito, en muchos de los casos los agentes de los ministerios públicos se niegan a atender a los familiares de las desaparecidas y los mandan al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes a "levantar un reporte administrativo". En caso de atenderlos, las autoridades empiezan a indagar el paradero de la mujer o de la niña en sus círculos más cercanos. En palabras de los defensores de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa: "Hacen lo que tú ya hiciste; pero además se toman más tiempo porque lo hacen a través de oficios".
En este sentido, la sentencia de la CIDH es clara: "Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna" y "eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda".
La CIDH dispone también la creación de una página electrónica, "que deberá actualizarse permanentemente", con la información personal necesaria de todas la mujeres jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.
"Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos".
Con el objetivo de cumplir con la sentencia de la CIDH, la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, que da cuenta de la desaparición de mujeres en Chihuahua desde 1993 a la fecha. Sin embargo, apuntan Micheel Salas y David Peña, lo hizo a través de un micrositio –al que se accede desde la página electrónica de esta fiscalía– que no satisface las directrices de la CIDH. Para María de la Luz Estrada, quien forma parte de las organizaciones de la sociedad que han empujado a las instituciones mexicanas a cumplir con sus obligaciones en materia de erradicar la violencia contra las mujeres, la existencia de ese micrositio "no significa que la autoridad esté comprometida realmente a hacer un registro". Y eso se nota, por ejemplo, "cuando los datos no son precisos".
Finalmente, la CIDH determinó que dentro del plazo de un año a partir de la notificación de su sentencia, el Estado debería tener una base nacional de datos, con la información personal disponible de las mujeres y niñas desaparecidas. También, con información genética y muestras celulares de los familiares de las desaparecidas y de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada, que fuera privada de la vida en Chihuahua.
A casi dos años de su publicación, la disposición 21 de la sentencia es letra muerta. La federación no cuenta con una partida etiquetada para este rubro, señala Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, de la Cámara de Diputados.
Hasta 2010, sólo 10 entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Baja California Sur) contaban con bancos de información genética; todos financiados con recursos locales. El gobierno de Colima notificó al OCNF que "no va a poder hacer obligatorio un banco de datos de ADN porque no hay presupuesto". El banco nacional de información genética, indispensable para fijar las bases de una política integral en materia de desaparición, enfrenta, al menos, otro obstáculo: la falta de profesionistas mexicanos especializados en la materia, apunta Salas Ramírez.
Cheney, Rumsfeld y el oscuro arte de la propaganda
Publicado el 1 de septiembre de 2011
Por Amy Goodman
"Cuando se miente, se debe mentir a lo grande y ser fiel a esa mentira", escribió Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich alemán en 1941. El ex Vicepresidente Dick Cheney parece haber tomado el famoso consejo nazi en su nuevo libro: "En mi tiempo". Cheney continúa siendo fiel a sus convicciones en temas que van desde la invasión a Irak hasta el uso de la tortura. Durante una entrevista en el programa Dateline de NBC News, dijo en referencia a las revelaciones del libro: "Harán rodar muchas cabezas en Washington". Las memorias de Cheney siguen a las de su colega y amigo Donald Rumsfeld. Mientras ambos promueven su propia versión de la historia, hay gente que los desafía y enfrenta.
El título del libro de Rumsfeld, "Conocido y desconocido", proviene de una tristemente célebre respuesta que dio durante una conferencia de prensa en el Pentágono cuando era ministro de Defensa. El 12 de febrero de 2002, cuando intentaba explicar la falta de evidencias que vincularan a Irak con armas de destrucción masiva, Rumsfeld dijo: "Hay conocidos que conocemos, hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay conocidos a los que desconocemos, lo que quiere decir que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, aquello que no sabemos que no sabemos."
La enigmática declaración de Rumsfeld se hizo famosa y emblemática de su desdén por los periodistas. Es considerada como un símbolo de las mentiras y manipulaciones que llevaron a Estados Unidos a la desastrosa invasión y ocupación de Irak.
Una persona que se convenció gracias a la retórica de Rumsfeld fue Jared August Hagemann.
Hagemann se enlistó en el ejército para servir a su país, para hacer frente a las amenazas que repetidamente mencionaba el Ministro de Defensa Rumsfeld. Cuando el soldado de comando del ejército de Estados Unidos recibió la citación para su más reciente despliegue (su esposa no recuerda si era el séptimo o el octavo), la presión fue demasiada. El 28 de junio de 2011, Jared Hagemann, de veinticinco años de edad, se disparó a sí mismo en la Base Conjunta Lewis-McChord, cerca de Seattle. El Pentágono indica que Hagemann murió a causa de una herida de bala "auto infligida", pero aún así no lo llamó suicidio.
Jared había amenazado con suicidarse varias veces antes. No era el único. Según se informó, cinco soldados cometieron suicidio en Fort Lewis en julio. Se estima que más de trescientos mil soldados que volvieron de la guerra padecen trastornos de estrés post traumático o depresión.
La viuda de Hagemann, Ashley Joppa-Hagemann, se enteró de que Rumsfeld firmaría ejemplares de su libro en la base. El viernes 26 de agosto, Ashley entregó a Rumsfeld una copia del programa de los servicios fúnebres en memoria de su fallecido esposo. Ella me contó: "Le dije que quería que viera a mi esposo, y así conocería, así podría poner rostro a al menos uno de los soldados que han perdido sus vidas debido a sus mentiras en relación al 11/S."
Le pregunté acerca de la respuesta de Rumsfeld: "Todo lo que recuerdo es a él diciendo 'Ah sí, oí algo de eso.' Y luego, todo lo que recuerdo es haber sido acosada por personal de seguridad, empujada hacia afuera y advertida de no regresar." Desafortunadamente es el Sargento del Estado Mayor Hagemann el que nunca va a regresar a su esposa y a sus dos pequeños hijos.
En su entrevista para la NBC, Cheney afirmó haber desempeñado un rol en la renuncia del entonces Secretario de Estado Colin Powell. Consulté al respecto al ex jefe de despacho de Powell, el Coronel Lawrence Wilkerson, quien respondió: "Por los extractos que leí, vale decir que no he leído el libro completo, lo más penetrante que dice el vicepresidente en su libro es que tuvo algo que ver con el alejamiento de Colin Powell de su cargo en enero de 2005. Eso es un disparate total." Más importante, sin embargo, resulta el decidido llamado de Wilkerson exhortando a que los involucrados en llevar al país a la guerra en Irak sean responsabilizados por sus actos, lo que implicaría castigo para él mismo. Un pilar central de la invasión a Irak fue el discurso de Powell del 5 de febrero de 2003 ante Naciones Unidas, en el que se expuso el caso de las armas de destrucción masiva. Wilkerson asume plena responsabilidad por la coordinación del discurso de Powell: "Desafortunadamente, y lo he reconocido muchas veces públicamente y en privado, fui la persona que preparó la presentación de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de febrero de 2003. Probablemente fue el mayor error de mi vida. Lo lamento hasta el día de hoy. Lamento no haber renunciado en ese momento."
Pregunté al Coronel Wilkerson qué piensa de grupos como el Centro por los Derechos Constitucionales y el abogado y bloguero Glenn Greenwald que han pedido el juicio penal de Cheney, Rumsfeld y otros funcionarios del gobierno de Bush. Me respondió: "Estaría dispuesto a testificar, y estaría dispuesto a enfrentar cualquier castigo que merezca."
El Coronel Wilkerson dijo sobre el libro de Cheney: "Es un libro escrito sin miedo. Sin miedo de que un día alguien haga de Dick Cheney un 'Pinochet'". El Coronel Wilkerson se refiere al caso del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue arrestado en Inglaterra y detenido durante un año antes de ser liberado. Un juez español quería que lo extraditaran para juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
A pocos días del décimo aniversario del 11 de Septiembre y mientras aumentan las víctimas en todos los bandos, los libros de Rumsfeld y Cheney nos recuerdan una vez más cuál es la primera víctima de la guerra: la verdad.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.© 2011 Amy GoodmanTexto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español. Democracy Now! en español, spanish@democracynow.orgAmy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
El gobierno tacha el crimen de "terrorismo" y justifica la ampliación de la estrategia militar, auspiciada por los EEUU
Horror y narcopolítica
La muerte de 52 personas en el Casino Royale de Monterrey es el atentado más cruento de la historia reciente mexicana
El crimen tuvo lugar a pocos kilómetros de un centro de inteligencia estadounidense instaurado en México para combatir al narcotráfico
Flores en recuerdo de los 52 muertos en el Casino atacado en Monterrey (AP Photo/Hans-Maximo Musielik)
México tiene los pelos de punta. La violencia le estalla hasta donde no se lo esperaba y cada vez más cruel. El sábado 20 de agosto se televisó un tiroteo en vivo en todo el país. Uno de los dos canales nacionales retransmitía un partido de la primera división cuando los criminales asaltaron el estadio y las balas ganaron el juego. Este jueves, la ruleta se tornó contra más de un centenar de personas que apostaban en el Casino Royale de Monterrey. Un grupo de sicarios entraron a media tarde en el establecimiento y en poco más de dos minutos le prendieron fuego y se largaron, convirtiendo la casa de apuestas en un infierno. Los clientes salieron en estampida, pero 52 personas, 39 de ellas mujeres, no consiguieron escapar y murieron. Asfixiadas o calcinadas. Ha sido el atentado más sangriento en la historia reciente de un país donde diariamente son ultimadas una treintena de personas a manos de la delincuencia organizada. "Los asesinos fueron a la hora de la comida porque sabían que iba a estar lleno. La mayoría de la gente iba a esa hora para distraerse un rato. Era un lugar de diversión. En Monterrey ya no podemos ir a ningún lado: ni a los restaurantes, ni a caminar a la plaza. Tampoco podemos salir en la noche", contaba una clienta habitual que ese día no fue al Casino al diario mexicano La Jornada.
52 personas fallecieron en el Casino Royale, cuando seis sicarios le prendieron fuego. El atentado se produjo a la hora de más afluencia de gente, la comida, cuando está lleno de amas de casa y gente mayor. AP Photo/Hans Maximo Musielik
El cerco de la violencia se estrecha. La mañana siguiente el cadáver de un hombre aparecía decapitado delante de las instalaciones de Televisa, la principal cadena de televisión nacional, en la zona alta de la Ciudad de México. La capital del país era hasta ahora una de las ciudades más seguras, donde el narcotráfico no hacía valer su metralla.
Monterrey en cambio, vive atrapada en una espiral de violencia desde hace meses. Sin embargo, los 52 muertos rebasan todo lo anterior y generalizan la angustia y la impotencia. "Hasta ahora la violencia tocaba de una manera individual, secuestros, asesinatos, desapariciones cotidianas pero que quedaban en el secreto familiar, ahora estamos hablando de un atentado público contra 'señoras bien' que estaban en un centro de diversión y eso ha impactado a la clase media alta. Ya ha pasado antes en Juárez, en Reynosa, en Torreón… y estamos hartos", explica Pablo Pérez, un regiomontano que vive en la Ciudad de México.
Pablo decidió salir a las calles en una concentración de protesta que se organizó en la capital mexicana este fin de semana. También lo hicieron en su ciudad y en otros lugares del país. La consigna era la misma en todos lados: Paz. "Ante una tragedia como ésta es momento de replantear la estrategia y pensar la seguridad desde las personas", señala Jesús Robles Maloof, defensor de Derechos Humanos en Contigente MX, la organización que convocó la protesta en el Distrito Federal. Su visión, aunque recoge el sentir de una gran parte de la ciudadanía, contrasta con la política del gobierno, que sigue aplicando su receta de mano dura. El presidente Felipe Calderón calificó enseguida el crimen como "terrorismo" y ya ha ordenado el despliegue de 3.000 policías y militares más en la ciudad norteña.
La ciudadanía salió a las calles en varias ciudades del país para repudiar el atentado en Monterrey y la violencia que azota todo el territorio nacional. Foto: Parika Benítez
Esto no es casual en un momento en que el ejecutivo pretende aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que ataca directamente las libertades individuales, otorgando más poder a las fuerzas de seguridad y al gabinete de gobierno. Si ésta estuviera en vigor ya el Ejército podría tomar el control de Monterrey; entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a cualquier ciudadano en la misma calle arbitrariamente, incomunicarlo hasta por 24 horas y obtener información con los métodos que considerasen oportunos, sin atenerse a los derechos humanos y abriendo una puerta legal a la tortura. Como resume Robles Maloof, la Ley de Seguridad Nacional "le otorga más facultades a quienes han demostrado ser inútiles para combatir el narcotráfico". En el mismo sentido se pronuncia el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que está canalizando la voz de la ciudadanía crítica con la estrategia militar del gobierno de Calderón. "Para enfrentar estos hechos las autoridades no requieren extralimitarse en sus funciones. Tienen todo el marco legal necesario para investigar y responder institucionalmente a estas atrocidades sin que tenga que ejercerse más violencia, la violencia puede contenerse y reducirse sin violar la ley. México debe transformarse en un Estado democrático de derecho con políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas que ayuden a reducir la violencia sin concentrarse, torpe y ciegamente, en operativos armados, en retenes, en arrestos ilegales, en violaciones a los derechos humanos que sólo aumentan la violencia y la inseguridad", alegan. Sin embargo, el gobierno mexicano avanza en otra dirección. Calificar al narco como terrorista supone una alineación directa a las tesis de EEUU, que por la boca de la secretaría de Estado, Hillary Clinton, ya calificó en septiembre pasado la espiral de violencia mexicana como "narcoinsurgencia". Este marcaje se agrava después de que en las últimas semanas conociéramos que los Estados Unidos están trabajando "codo con codo" con el gobierno de Calderón para combatir la delincuencia organizada.
Injerencia estadounidense
Los EEUU tienen espías en México, así lo admitió el propio gabinete de Seguridad mexicano, después que el New York Times publicase que EEUU mantiene un centro de inteligencia dentro de una base militar mexicana. Casualmente este centro de inteligencia está junto al aeropuerto de Monterrey, a unos kilómetros de la masacre del Casino Royale. Allí, miembros de la CIA, de la agencia antidrogas DEA (por sus siglas en inglés) y civiles estadounidenses con formación militar recopilan información sobre la delincuencia organizada, planifican las operaciones de choque, entrenan a soldados y policías federales y hasta interrogan a sospechosos.
La secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton en una de sus visitas a Monterrey en 2009, en el marco de la Iniciativa Mérida. AP Photo / Eduardo Verdugo
Esto es un paso más allá de lo acordado en la Iniciativa Mérida, un tratado de seguridad entre EEUU y México firmado en 2008, por el cual los mexicanos ya ha recibido cerca de 1.400 millones de dólares en equipo militar, tecnología y asesoría en técnicas de combate antiterrorista. Según el diario La Jornada, los agentes estadounidenses además, someterían a pruebas de confianza a los altos funcionarios del gobierno mexicano. Así las cosas, la exacerbación de la violencia viene como anillo al dedo para justificar la injerencia extranjera y el aumento de la militarización. "Conviene que haya un deteriorio de las condiciones para imponer las doctrinas de seguridad norteamericana. Pero los agentes de los EEUU cuidan la seguridad de su país, no de los ciudadanos mexicanos. Para ello, necesitamos agentes y funcionarios propios a los cuales les podamos pedir cuentas y quitarlos si no funcionan", señala Robles Maloof. Cabe tener en cuenta que el vecino del norte es el destino principal de la droga y a nivel interno no persigue el narcotráfico, el lavado de dinero o el contrabando de armas con mucho ahínco. Sin embargo, cada día entran ilegalmente a México cerca de 2.000 armas.
Así las cosas, la presencia estadounidense no parece justificarse solo en el combate a la delincuencia organizada y para entenderla habría que voltear a ver otras intervenciones en la región. La Iniciativa Mérida cada vez se asemeja más al Plan Colombia, que ya en 1999 marcaba las bases estratégicas para acabar con el narcotráfico y la guerrilla en el país caribeño. Allí, Estados Unidos han invertido más de 6 mil millones de dólares invertidos para instaurar bases, pagar asesores militares, pertrechos bélicos, aviones de combate, bombarderos, helicópteros e instalaciones de espionaje electrónico, que han tenido un resultado nulo para reducir el poder de las mafias, aunque sí han conseguido cambiar los grupos que las controlan. Como apuntaba la escritora colombiana residente en México, Laura Restrepo en una entrevista reciente, Colombia ha pasado por tres etapas fundamentales, "la primera es la de Pablo Escobar, una mafia plebeya, muy poderosa pero marginal, venida de estratos sociales bajos y aunque se volvieron dueños del país, fueron siempre rechazados por las clases altas. La segunda fase es de cuello blanco, personificada por el cártel de Cali, una mafia menos salvaje al menos a la vista y más ligada al capital financiero internacional. La tercera fase es el narco a través de los grandes cárteles militares, y es la que hoy ha ido eliminando a los demás". El negocio de la droga está ahora en manos de los llamados cárteles militares en un entramado social e institucional aliado con los grupos de poder. Y todo esto ocurre bajo la atenta mirada de más de 800 asesores militares estadounidenses desplegados en el territorio a través de siete bases militares instauradas con el Plan Colombia.
A la marcha de los acontecimientos, las comparaciones pues, entre México y Colombia, son inevitables. Beatríz Torres, del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, asevera que el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica es "el gran paso militar y político para instalar una guerra regular y controlar así los gobiernos y recursos en la región". Esta experta recuerda además que la economía criminal, que combina el tráfico de drogas, personas y armas, es el segundo negocio mundial después del que se deriva del petróleo. En este sentido, señala que EEUU aplica la narcopolítica desde los años '80 cuando justificó la intervención a Panamá por el narcotráfico. Este combate "ha sido un gran escudo imperial para justificar el control económico, social, político y militar en América Latina desde que se acabó la Guerra Fría".
El acuerdo entre los EEUU y México va mucho más allá de lo que se anunció públicamente y ya ha facilitado la entrada de espías yanquies en el país azteca con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. AP Photo/Daniel Aguilar
La DEA en Wikileaks
Y el propio EEUU parece reconocerlo en los cables filtrados por Wikileaks. La Agencia Antidroga Norteamericana (DEA) cuenta con 87 oficinas en 63 países del mundo, y se está convirtiendo en una agencia de inteligencia global mucho más parecida a la CIA que al solo combate a las drogas. Así lo revelaban algunos de los cables difundidos en esta filtración. Por ejemplo, en el caso de Panamá el presidente se comunica con la DEA para pedir apoyo para pinchar teléfonos de opositores. En Myanmar los informantes de esta agencia hablaron sobre las actividades políticas de los opositores a la junta militar mientras ésta se enriquecía con el dinero del narcotráfico, y así un sinfín de ejemplos. En México ahora ya tienen un centro de inteligencia. Para el jurista especializado en la relación bilateral entre el país azteca y EEUU, John Ackerman, el gran problema es "la subordinación mexicana a la estrategia de Washington". En este sentido, exige al gobierno azteca que "cancele urgentemente la Iniciativa Mérida, e implemente un modelo similar al que aplica EEUU en su interior: ejercer la discreción prosecutorial, priorizar la investigación de los delitos graves de la población mexicana y no preocuparse tanto por el tránsito de drogas hacia el norte".
El atentado en Monterrey ha mostrado la vulnerabilidad de toda la sociedad ante la violencia. Foto: Parika Benítez
Sin embargo las autoridades siguen en su estrategia militar. El gobierno mexicano ya ha anunciado que en la siguiente etapa de la Iniciativa Mérida, se capacitará a los policías locales, pues los estadounidenses ya han formado a 4.500 policías nacionales y soldados. "Las fuerzas federales detienen a los criminales. Déjenos hacer nuestro trabajo. Dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan frenar la acción de las fuerzas federales" repitió el presidente Calderón después del atentado en Monterrey. Estas fuerzas sin embargo, no consiguen impedir que la violencia siga creciendo, y en los últimos cinco años ha habido más de 40.000 muertos, según cifras oficiales. Los más recientes, descansan aún en sus féretros regiomontanos mientras sus familiares salen a las calles a decir basta ya.
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CASINO ROYALE
Fotografías de Hans Musielik
Luis Carrazco "el Chihuas" del cártel Los Zetas detenido por el ataque al Casino Royale
Un supuesto miembro del cártel Los Zetas detenido con cuatro cómplices por el ataque al Casino Royale
El casino
1. El incendio del casino Royale de la capital regiomontana el 25 de agosto por un grupo criminal que causó 52 muertes fue manejado desde un primer momento con dolo y torpeza por Felipe Calderón, que lanzó –ese mismo día– a radio y televisión a repetir un sinnúmero de barbaridades, porque entendió que constituía la lápida de su sexenio de corrupción y violencia. Buscó sin razón culpar al PRI de los permisos a los casinos, acusó al gobernador priísta de Nuevo León de responsabilidad en los hechos y terminó pidiendo apoyo a Washington, haciéndole una vez más el juego. La tesis que ordenó repetir, haciéndose el agraviado, es que el atentado constituía un acto de terrorismo
, a sabiendas de que la administración Obama le ha exigido que caracterice de esa manera las acciones criminales ya que, según ellos, eso le permite al Pentágono, conforme a la doctrina Bush
, intervenir militarmente en esos sitios.
2. La rectificación de algunos locutores de Televisa el miércoles 31 señalando en su emisión de Tercer Grado que tal caracterización fue un desbarre más de Calderón, que no quiso decir lo que dijo, olvida que, como lo hemos señalado en este espacio, el Presidente panista de facto no desaprovecha ocasión para calificar a todo grupo criminal de terrorista
, a sabiendas de que así crea las condiciones para la intervención de Washington en México, y que no hubo en su aseveración torpeza sino maldad.
3. La acusación que le hizo Calderón a los priístas de ser responsables de la proliferación de los centros de juego la echó abajo la prensa con múltiples notas que dan cuenta cómo a partir de 2004 los gobiernos de Fox y de Calderón multiplicaron las concesiones para estos negocios, que entregaron precisamente a miembros del PAN y a sus amigos; y ante la acusación que se le formulara, Rodrigo Medina, el gobernador priísta de Nuevo León, le recordó a Calderón que los permisos a los casinos los concede la Secretaría de Gobernación, y la operatividad de los mismos está bajo la supervisión del gobierno municipal, en manos del PAN, que en este caso autorizó que el casino funcionara sin puertas de seguridad.
4. El asunto se ha terminado por complicar para el gobierno del PAN, ya que el miércoles 31 y el jueves 1º el diario Reforma publicó múltiples fotos –acompañadas de videos en la red– que muestran cómo Jonás Larrazábal, hermano del presidente municipal panista de Monterrey, Fernando Larrazábal, estuvo recibiendo dinero en los casinos de la capital neoleonesa, que muchos interpretaron como el pago por el derecho de piso
, todo lo cual hace evidente la connivencia del PAN con el crimen organizado, sobre todo cuando el señalado pretendió que no era un moche y que ese dinero provenía de sus ganancias en los casinos, lo que corrigió poco después diciendo que eran pagos por la venta de quesos que hace a los casinos.
5. Los primeros casinos de estilo francés
se establecieron en México durante el porfiriato, pero fueron cerrados por la Revolución Mexicana, lo que no obstó para que en los años 30 el presidente Abelardo L. Rodríguez abriese en Tijuana hipódromo, galgódromo y centros de juego. El 1º de enero de 1935, sin embargo, el presidente Lázaro Cárdenas mediante decreto declaró prohibidas las casas de juego y ordenó clausurar los casinos, entre ellos el Agua Caliente de Tijuana, El Tecolote de la capital, el famoso Foreign Club de Naucalpan y el Casino de la Selva de Cuernavaca. Las casas de salto
y otros negocios reaparecieron a pesar de todo en el sexenio avilacamachista y el país vivió en una ambigüedad legal.
6. Lejos de esclarecerse este panorama se hizo más turbio en los años siguientes. La mañosa Ley Federal de Juegos y Sorteos de Miguel Alemán del 31 de diciembre de 1947, redactada según se dice para favorecer a su amigo Jorge Pasquel, prohibió en su artículo primero los juegos de azar y con apuestas (lo que suscitó el cierre de los centros existentes), y exceptuó expresamente en su artículo 2 los bolos, las damas chinas, el ajedrez y el conquián, pero en su artículo 4 (destinado a legalizar la lotería, los hipódromos y los casinos de los amigos) se estableció que la Secretaría de Gobernación fijaría las condiciones y requisitos que deberían cumplir los centros de juego (que se suponía prohibidos) y así se aceptó discrecionalmente que reabrieran algunos pequeños casinos, como el del salón de baile del Hotel Rosarito en Tijuana y los de algunos yates anclados en la bahía de Acapulco.
7. La discrecionalidad del poder para otorgar licencias se volvió la regla a finales del siglo XX y así pudo abrir en 1989 Jorge Hank su cadena de Caliente, que se ha señalado que controla, además del galgódromo y el hipódromo tijuanense, más de 50 casinos, aunque nada se compara a lo acontecido en los años de los panistas que se fueron de bruces sobre el negocio. Manuel Espino, ex presidente del PAN, declaró el miércoles 31 a Carmen Aristegui, que Calderón personalmente le exigió que lograra que los diputados de Acción Nacional votaran la legalización de los casinos. Y ese mismo año Santiago Creel fue acusado de que, como titular de Bucareli, otorgó en un mes más licencias para casinos que las que se habían dado entre 1917 y 2004, generándose entonces un escándalo más porque decenas de esos permisos eran para la cadena Apuestas Internacionales, de Televisa, cuyo apoyo reclamaba Creel en su afán fallido de ser candidato presidencial en 2006.
8. El ejemplo del casino Viva Las Vegas de Matamoros fue mostrado entonces en el mundo en la campaña foxista destinada a impulsar los casinos, y en ese escenario de indignidad muchos tropezaron. El entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, recibió desde 2004 la petición de empresarios del norte para que la máxima casa de estudios se pronunciara a favor de los casinos y envió al Congreso una petición de la UNAM en ese sentido, avalada por un estudio de investigadores que hablaban de los beneficios que traerían al país los casinos (confundiendo al parecer a un grupo de mafiosos con el país).
9. La experiencia del gobierno espurio de Calderón, que desde 2006 ha resultado el más entreguista de nuestra historia, es también la de uno de los más corruptos, y los cientos de permisos para centros de juego a empresarios panistas y a sus amigos son la muestra que no han podido desmentir las gentes de Bucareli.
10. El Ya basta
es un grito surgido desde abajo con el que los mexicanos exigen a la oligarquía panista que detenga sus políticas de saqueo y violencia, y aunque los panistas han tratado de robárselo, como todo, al pueblo, y desviar su sentido, hay que repetírselos y decirles de nuevo que: ¡Ya basta!
El "Presidente del empleo" le incumple a las trabajadoras
ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES
En 5 años, están más pauperizadas y violentadas en sus derechos
México, DF, 1 sep 11 (CIMAC).- Precariedad, desempleo, bajos sueldos, informalidad, inequidad salarial… ésa es la sombría realidad para millones de trabajadoras mexicanas que en cinco años de gestión de Felipe Calderón –"el Presidente del empleo" –, lejos de ver mejoras en sus bolsillos vislumbran cada vez más un futuro sin esperanza para ellas y sus hijos.
El 63 por ciento de los 16.9 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere un estudio a partir de cifras oficiales de la sindicalista Beatriz Luján, coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).
La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social. A partir del año 2000 (cuando asumió la Presidencia el panista Vicente Fox), la proporción de trabajadoras sin esa prestación aumentó 34.4 por ciento, sumando hasta 2010 10.8 millones de mujeres sin seguridad social.
Luján añade que la disminución de garantías en el trabajo se origina por una política económica y laboral que no vela por los derechos de las trabajadoras sino por los del sector empresarial.
Muestra de ello son los bajos salarios que perciben las mujeres del país, ya que en 2010 el 46 por ciento de los 16.9 millones de empleadas ganaba entre uno y dos salarios mínimos (de 57 a 114 pesos diarios), los cuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación.
MENOR PODER ADQUISITIVO
Entre las consecuencias del deterioro laboral está la reducción del poder adquisitivo, evidente en el sexenio de Felipe Calderón, pues en diciembre de 2006 el salario mínimo permitía adquirir 60 por ciento de la canasta básica recomendable.
En enero de 2010 el salario mínimo permitía adquirir sólo 36 por ciento de los 13 productos recomendables para tener una alimentación sana y suficiente, refiere un análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El centro señala también que hace cinco años las y los trabajadores tenían que laborar 13 horas al día para comprar la canasta básica. En 2010 las personas que perciben el salario mínimo deben trabajar 21 horas y 57 minutos para acceder a una alimentación recomendable.
En cinco años de calderonismo el aumento salarial fue del 3 al 4 por ciento, "muy por debajo del crecimiento de los precios de los alimentos que solamente en el mes de agosto de este año fue de 6.43 puntos". Además, por la crisis económica 36 de cada 100 empresas "congelaron sueldos y salarios", explica Carmen Ponce, economista especializada en género.
A esta circunstancia se añade la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, ya que en promedio ellos reciben 30 por ciento más que las mexicanas por el mismo trabajo, aun cuando ellas tienen mayor preparación.
Así, las que cuentan con instrucción escolar media superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los hombres con la misma formación académica, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
INFORMALIDAD
El crítico escenario de las mujeres en el mundo del trabajo empeora cuando están en la economía informal. En 2007 había 1.9 millones de mexicanas ocupadas en micronegocios, y en 2011 el número creció a 7.6 millones. Hay "una informalidad laboral desbordada" que se traduce en trabajadoras sin derechos, alerta Ponce.
Actualmente, de los 12.8 millones de personas con empleos informales 5 millones son mujeres, según datos del Inegi. La participación en este sector se debe a la generación insuficiente de empleos formales permanentes, acota Carolina Ledezma, encargada del área de Formación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
Por cada 10 empleos generados por la administración de Felipe Calderón, se han perdido seis y mantenido cuatro, ya que de los 2 millones 970 mil empleos creados se han perdido un millón 829 mil y mantenido únicamente un millón 140 mil nuevos puestos, según el análisis hecho por Animal Político con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la mayoría de las fuentes de trabajo generadas carecen de las prestaciones a las que obliga la Constitución y en promedio son por contratos eventuales de tres meses.
El panorama puede ser todavía más adverso, ya que 1.6 millones de mujeres en el país no obtiene ingreso por el trabajo que realizan; muchas de ellas están ocupadas en negocios familiares, señala Carolina Ledezma.
TRABAJO DOMÉSTICO
Un ejemplo claro del escaso o nulo reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, son las trabajadoras del hogar, quienes a pesar de exigir desde los años 30 el respeto a garantías mínimas como una jornada establecida, un contrato escrito y seguridad social, aún no lo han logrado.
Para revertir el pobre ejercicio de los derechos laborales entre las mexicanas es necesario que se reconozca su desventaja en el mercado de trabajo, y se aplique una política laboral que mejore sus condiciones, demanda Ledezma.
"No queremos más simulación como la reforma laboral que pretenden aprobar PRI y PAN, en la que las trabajadoras sólo están en el discurso", acusa.
Ledezma afirma que la propuesta de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional representa un "serio problema" porque mientras favorece "malas prácticas" como la subcontratación y la contratación eventual "por horas o por aprendizaje", contraviene derechos de las trabajadoras como la estabilidad en el empleo.
La iniciativa PRI-PAN, cuya discusión se prevé en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, sólo plantea la prohibición del acoso sexual y de la petición de la prueba de no gravidez para que las mujeres sean contratadas. Sin embargo, "olvida" señalar cuáles serán los mecanismos para castigar ambos delitos, advierte la integrante del CILAS.
CONCILIAR LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Al mismo tiempo, la propuesta de reforma laboral deja de lado la conciliación de los ámbitos familiar y del trabajo remunerado a través del fortalecimiento de programas de guarderías y la creación de servicios de cuidado de personas adultas mayores, enfermas crónicas o con alguna discapacidad, apunta María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Ante este oscuro panorama laboral, Carolina Ledezma destaca que la organización sindical es la alternativa para pugnar por el respeto de los derechos laborales de las mexicanas.
"Ante la 'nueva' composición del mercado laboral, donde sólo entre el 10 y 11 por ciento de las y los empleados está sindicalizado, es preciso buscar otras formas de organización, crear un marco de defensa de trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias sin representación sindical", convoca la activista.
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