Levanta una piedra en México y saltará la corrupción de gobierno, empresarios y narco
Pedro Echeverría V.
1. Se denuncia a un gobernador y se descubre todo una red de empresarios de la mezclilla totalmente metidos en la pornografía infantil. Se denuncia a un cura y se descubre todo la corrupción y protección del alto clero en pederastia. Se quema una guardería más 48 niños y salen a la luz enormes negocios en guarderías concedidas a familiares de funcionarios y empresarios para enriquecerse. Se hacen disparos en un estadio de fútbol y salen los enormes negocios que se hicieron en su construcción y en las de otros estadios. Hace una semana murieron 53 personas quemadas en un casino de juegos y aparecen los funcionarios, empresarios y narcotraficantes que están alrededor de estos fantásticos negocios. ¡Por favor, levanten más piedras para ver como hierve la corrupción!
2. El PAN levanta una piedra en Coahuila y descubre el gigantesco endeudamiento del estado durante el gobierno del hoy presidente Nacional del PRI; el PRI levanta una piedra (usando las cámaras de televisión) en Monterrey y descubre que el hermano del presidente del PAN de Monterrey recibía grandes cantidades de dinero de los dueños de casinos. Quiebra una línea de aviones (Mexicana) y aflora la corrupción de Azcárraga y el gobierno. Mueren enterrados varias decenas de obreros mineros y se descubre el gigantesco negocio de los empresarios mineros en colusión con el gobierno. Asesinan a migrantes centroamericanos y se descubre toda una red protegida para la misma secretaría. Parecería que son simples denuncias, sin embargo es una realidad que sucede diario en este país
3. Hoy publicó la revista Proceso que Felipe Calderón exigió a diez destacados narcoempresarios de Monterrey -dueños de casinos- 10 millones de dólares a cada uno. Después de leer revista Proceso de hoy yo le diría a la mojigata Vázquez Mota que no pida permiso para asegurar su candidatura porque el seguro candidato del PAN será el secretario de Hacienda, el señor Cordero. ¿O algún ingenuo podría pensar que el narco va quedar al margen? De todas maneras sea quien fuese el candidato del PAN sólo servirá de pantalla porque la clase empresarial, de los medios de información y hasta el narco que ahora será más importante su intervención, ya escogieron al PRI: en primer lugar a Peña y de emergente a Beltrones. Parece que el PAN ya tuvo su oportunidad y no pudo, fue peor que el PRI.
4. Proceso publicó: "El ataque al casino Royale de Monterrey destapó un entramado de corrupción entre empresarios, autoridades y la delincuencia organizada que conviven en la industria del juego o bien se la disputan abiertamente. El individuo más representativo de esa amalgama es conocido como el 'zar de los casinos' cuyo dinero se ha usado presuntamente en las campañas de varios políticos panistas. Son ganancias de 24 millones de dólares anuales por cada casa de apuestas". Así que pobres aquellos políticos tontos, o que quieren hacernos tontitos a nosotros, que niegan que los narcotraficantes no influyen en las campañas, los procesos electorales y luego sobre los gobernantes. Los "topes de gastos de campaña" son una vacilada engañabobos; los candidatos gastan el doble y el triple.
5. Siguen aún pendientes –sin aclarar- los gastos multimillonarios en los festejos y en las obras del "Bicentenario" en los la SEP de Lujambio intervino. No se sabe nada de los millones que desaparecieron en el ISSSTE de Miguel Angel Yunes, de los negocios de los medicamentos que tanto reclaman los derechohabientes, pero tampoco de los 21 mil maestros comisionados por Esther Gordillo en el SNTE que no imparten clases y se dedican a encabezar la delincuencia electoral. Son mil y un problemas que el pueblo desconoce o que sabe que existen, pero no se organiza para reclamar. ¿Cuánto hay que esperar para que la población tome conciencia para salir a la calle junta a la izquierda social honesta? Por ahora hay que seguir levantando piedras y desenterrando la enorme corrupción del poder.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
V Informe, sin informe
http://alainet.org/active/49142
De héroes
Aquiles Colimoro Sarellano con dos niñas rescatadas. Foto: Manuel Ortiz
La tenía atada con una cadena. Era su dueño y era policía. Las mordidas formaban parte de su vida cotidiana. También los abusos. Se las prestaba a sus amigos. Todos tomaban y se divertían a su alrededor. Un día dejaron una botella de cerveza olvidada, la quebró y lo intentó; intentó suicidarse. Eso le salvo la vida.
Se llama Patricia y es víctima de trata. Tenía 10 años cuando el hombre que la compró en el Distrito Federal la sometió a todo tipo de tormentos. Cuando llegó al refugio se bañaba con camiseta, algo que a las demás niñas les sorprendía. A los pocos días de llegar a la Casa de las Mercedes, un refugio ubicado en el centro neurálgico de la prostitución y la trata en México, el famoso mercado de La Merced, entró a la oficina de Aquiles Colimoro Sarellano y le dijo que le quería enseñar algo, pero que era necesario cerrar las ventanas
.
Estaba frente a él. Se giró y se quitó la camiseta. La espalda la tenía llena de cicatrices. Eran mordidas. No se las había hecho un perro. Se las hizo el hombre que la compró. Mordidas en la espalda. No eran las únicas. Se quitó su ropa interior y le mostró su vagina: "El individuo le cortó el clítoris de una mordida. También le fue cortando con unas tijeras, poco a poco, los labios de la vulva".
El que habla es Aquiles Colimoro Sarellano, un héroe anónimo de esos que pueblan la tierra. Lleva una década rescatando niñas de las garras de los tratantes que en México son muchos. Ha estado amenazado de muerte y lo han perseguido los criminales que se benefician del segundo "negocio" más lucrativo en el mundo después del tráfico de drogas. Anualmente arroja 6 mil millones de dólares en ganancias.
Camino junto a él. Nos adentramos en el lumpen de La Merced. Los lenones nos siguen, nos vigilan. Más de 5 mil mujeres y mil 500 niñas son explotadas sexualmente en este mercado ubicado en pleno centro de la capital mexicana, según datos de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (Catwlac).
Aquiles entra en los moteluchos. En la mayoría hay niñas para venderlas a los clientes V.I.P. Las tienen escondidas. No están a la vista de todos. Hay una escena sórdida: una especie de desfile de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales por apenas cien pesos (cinco euros). Los clientes las ven caminar en circulo.
Aquiles se hace pasar por cliente especial; aparenta ser un hombre honorable e importante con dinero, dispuesto a comprar la virginidad de una niñita. Hay tantos. La masculinidad mal entendida produce auténticas crueldades. ¿Qué tipo de hombres pueden hacer lo que le hicieron a Patricia y a tantas otras más?
Cuando lo dejan solo con ellas les cuenta sus verdaderas intenciones y las rescata. Su labor es complicada. A las niñas las cuidan lenonas generalmente. Son señoras que las arreglan, las visten y las alimentan; también las castigan y las maltratan. El empresario del negocio esta afuera de las habitaciones vigilando sus inversiones. Y en la calle el próspero comercio está custodiado por policías del Distrito Federal. Es una cadena de complicidades en donde todos llevan tajada a costa de las niñas.
Pero Aquiles está decidido a seguir rescatándolas. Hace honor a su nombre. Es un guerrero de Troya. En el refugio todas ríen después de meses de terapia, después de padecer depresiones, insomnio, pesadillas, neurosis diversas. Hay tantas historias, todas terribles como la de Patricia. No es fácil recuperarse de un trauma de esa magnitud. Ellas son fuertes y quieren una vida distinta, desean empezar de nuevo.
Aquiles sostiene este refugio a base de donativos. A veces hay poca comida, pero siempre hay algo. Todos los días les coloca un brincolín afuera donde los rayos del sol alegran su existencia. Las niñas saltan y ríen. Aquiles las ve y disfruta también. Es un héroe, de esos héroes que pueblan la tierra sin que nos demos cuenta que existen.
Play City y los Casinos de Otros Medios (Segunda Parte)
Alejandro Soberón Kuri, presidente de CIE. Foto: Duilio Rodríguez. Fuente: http://www.cnnexpansion.com
Consulta la primera parte aquí.
El otorgamiento de 7 permisos para establecer hasta 198 bingos y sport books en todo el país, durante el paso de Santiago Creel por la Secretaría de Gobernación, no sólo permitió que Grupo Televisa entrara de lleno en esta industria que estaba antes controlada por dos grandes consorcios: Caliente y CIE.
También le abrió las puertas a otros grupos relacionados con medios de comunicación y de telecomunicaciones. A Promojuegos de México le otorgó un permiso para establecer hasta 10 books y 10 bingos. El director general de la empresa constituída es Raúl Quintana Fernández, quien fue representante del Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean. Burillo dirigió durante un tiempo los destinos de Televisa y fue presidente del Club América, propiedad de la televisora, de los freseros de Irapuato y los Tiburones Rojos de Veracruz.
Otro grupo beneficiado fue Eventos Festivos de México, cuyo permiso también es para abrir hasta 10 books y 10 bingos. Entre los accionistas de la empresa aparece José Alberdi González, socio de Olegario Vázquez Raña, accionista principal de Grupo Angeles, propietario de estaciones de radio (Grupo Imagen), del periódico Nuevo Excélsior, y de la concesión del canal 28 (Cadenatres), además de la serie de hospitales privados. De la mano de Vicente Fox y de Marta Sahagún, el crecimiento del Grupo Angeles llegó hasta los medios y los centros de apuesta en el sexenio anterior.
Un tercer grupo beneficiario fue Juega y Juega, que obtuvo permiso para 18 books y 18 bingos. Entre sus socios aparecen Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud. El primero es un empresario de Nuevo Laredo, conocido por ser concesionario de la cerveza Miller, señalado como uno de los financiadores de la precampaña presidencial del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El segundo es un empresario de origen yucateco, accionista en la repetidora local de TV Azteca, junto con su hermano Roberto Abraham Mafud. El ascenso de estos empresarios se dio también durante el sexenio de Vicente Fox (ver Proceso Nos. 1495 y 1503).
Un cuarto consorcio beneficiado con aquellos permisos de 2005 fue Entretenimientos de México, propiedad de Arturo Rojas Cardona, hermano de José Rojas Cardona, a quien se le identifica como el "zar de los casinos" en Monterrey, vinculado a Zeferino Salgado, socio de Fernando Larrazabal, según publicó el 1 de septiembre el periódico Reforma. Rojas Cardona tuvo como socio a Héctor Gutiérrez Cortés. No se les conoce, hasta ahora, ningún vínculo con grupos mediáticos fuertes.
Los otros beneficiarios fueron Mío Games, de Jorge Alberto Fernández Rodríguez y María del Carmen Alvarez Calderón, que se les entregó permiso para abrir 2 salas de books y 2 de bingos; así como el consorcio Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos y Joaquín Riva Palacio, hijos del ex director del ISSSTE en el sexenio de José López Portillo, Carlos Riva Palacio. Se asociaron al grupo internacional GEM Global Yields Funds. Su permiso les autoriza abrir hasta 58 books y bingos.
CIE y OCESA, El Gran Yak
El otro gran conglomerado involucrado en las apuestas es la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón Kuri, quien tiene el permiso para operar el Hipódromo de la Ciudad de México, así como 65 permisos para operar centros de apuestas deportivas remotas (sport books) y juegos basados en números (yaks) y se convirtió en la mayor expendedora de boletos de entrada a espectáculos, a través de Ticketmaster.
En 1990 surgió CIE, en pleno sexenio de Carlos Salinas y obtuvo sus primeros 45 permisos. En 2007, el gobierno de Felipe Calderón le autorizó permisos para operar 20 salas más.
En junio de 2007, CIE anunció su acuerdo de entendimiento para que la empresa española Codere adquiriera el 49 por ciento del corporativo CIE-Las Américas, que incluye la explotación al 50 por ciento de las salas de juegos y de apuestas remotas. Codere gestiona más de 45 mil máquinas tragamonedas, 116 salas de bingo, 51 salas de apuestas deportivas, 2 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
Sin embargo, CIE también tiene vínculos con Televisa. Los socios de CIE fundaron la Operadora de Centro de Espectáculos (OCESA) que obtuvo la concesión del Palacio de los Deportes y actualmente opera la mayoría de los locales claves como el Foro sol, el Metropolitan, y mantiene convenios con más de 60 foros no propios que incluye hasta el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes. Televisa actualmente es propietaria del 51 por ciento de OCESA.
México: En algún lugar... Un plazo inexorable
(especial para ARGENPRESS.info)
En algún lugar de la solemnidad, cuando se extingue el eco de la última ovación se inicia el proceso inexorable del declive; la figura del poder se torna vulnerable, y en esa condición deberá enfrentar el juicio de la posteridad... En el código de las reglas no escritas de la política mexicana, se estipula que inmediatamente después del quinto informe de gobierno se inicia el ocaso de los sexenios y es entonces cuando la clase gobernante inaugura la temporada de deslindes y agandalles, que por una mera coincidencia, alcanzarán una intensidad insufrible en la contienda electoral.
El ocaso del calderonismo fue más que evidente en la ceremonia oficial organizada para el mensaje político con motivo del quinto informe de gobierno. En esta versión panista de la tradición priísta del Día del Presidente se advirtieron las señales inequívocas del fracaso del régimen: el evento masivo que debería realizarse en el Auditorio Nacional se trasladó al Museo Nacional de Antropología bajo exageradas medidas de seguridad por el terror galopante que aflige al paladín de la seguridad nacional.
Si la reducida lista de invitados refleja la disminución paulatina de incondicionales admitidos en el círculo del poder, la magra asistencia indica la pérdida inexorable de simpatizantes, aproximadamente doscientos lugares estaban vacíos cuando Felipe Calderón hizo acto de presencia. A pesar de los tres días de preparación, el discurso del ocaso calderonista persiste en legitimar el régimen con el monopolio de la violencia: la ovación más larga se le rindió a las fuerzas armadas y ya bajo la sombra del fracaso, el presidente pidió un minuto de silencio por las 50,000 víctimas de su cruzada contra el crimen organizado.
La indiferencia institucional hacia las necesidades de cincuenta millones de mexicanos que subsisten en condición de pobreza fue evidente en la breve exposición de las cifras que pretenden sustentar la eficiencia de la administración pública. El evento resultó gris, el discurso no logró convencer y la figura del líder de los nanócratas parece cada vez más pequeña justamente ahora que inicia la temporada de ajustes en la partidocracia. Las críticas lacerantes iniciaron en la víspera del quinto informe y se espera una secuencia insufrible de revelaciones.
Si la alternancia en el poder es, en efecto, un hecho inminente, atestiguaremos negociaciones y alianzas aborrecibles, porque desde ahora, durante el proceso del declive, se expande la percepción del fracaso calderonista: la fórmula del éxito político indica que los aciertos deberán ser lo suficientemente contundentes para minimizar los estragos de los excesos; cuando el resultado es positivo, los líderes consolidan la magnificencia de su talla en la memoria colectiva, pero ahora, la escasa estatura de la figura en el poder se torna vulnerable, y en esa condición deberá enfrentar el juicio de la posteridad…
Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM.
Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.
Falacias de un criminal
Netzaí Sandoval Ballesteros*
El presidente Felipe Calderón ha quintuplicado la violencia y la muerte en México. Los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado pasaron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Frente a ello, el Ejecutivo continúa negándose a instrumentar un plan para el regreso del Ejército a los cuarteles a pesar de que existen propuestas serias y contundentes en este sentido, como la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de agosto.
Calderón reiteró en su encuentro con el escritor Javier Sicilia su explicación sobre el aumento de las ejecuciones: sostiene que las organizaciones criminales dejaron de ver nuestro país como un espacio para el tránsito de drogas y comenzaron a disputarse los mercados locales.
Los datos lo desmienten. El Distrito Federal es la tercera entidad con mayor número de adictos a las drogas y la primera en el número de personas que consumen drogas ilegales sin llegar a la adicción (Encuesta nacional de adicciones 2008). Sin embargo, la capital del país ocupa el lugar decimotercero entre las entidades con más fallecimientos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con la base de datos de fallecimientos del gobierno federal (actualizada a diciembre 2010). El argumento también es insostenible a nivel internacional. El país con el principal mercado de consumidores de droga en el mundo no es el más violento. Estados Unidos asume una política de tolerancia hacia el consumo de drogas, considera la marihuana como medicina y no vive una guerra interna.
Es claro que la violencia no proviene de un crecimiento del consumo o de la lucha por los mercados locales sino del sesgado intento de Calderón por combatir solamente a algunos cárteles de la droga, en beneficio del cártel de Sinaloa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox y durante el gobierno de Calderón, sólo 2 por ciento de los detenidos en relación con la narcoguerra pertenecían a éste ("Organised crime in Mexico: outsmarted by Sinaloa", The Economist, enero de 2010).
Manuel Clouthier, panista de cepa, señala que "el narco no ha sido tocado en Sinaloa". Y tiene toda la razón. Las acusaciones en contra de servidores públicos por recibir sobornos de algún cártel son ilustradoras. Por pagos provenientes del cártel de Sinaloa sólo suman 19. En contraste, las acusaciones en contra de los Beltrán Leyva duplican las del de Sinaloa; para el cártel de Tijuana, resultan ser el triple; y por los sobornos provenientes del cártel del Golfo y de los Zetas, hay 13 veces más acusaciones ("Mexico seems to favor Sinaloa cartel in drug war", mayo de 2010, National Public Radio).
Lo que padecemos es en realidad una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. A largo plazo, el Chapo será una figura prescindible, tal como sucedió con Osama bin Laden. Joaquín Guzmán Loera será traicionado por los gobiernos mexicano y estadunidense, probablemente cuando decidan legalizar las drogas y tomar el control directo del gran negocio monopólico. Pero por ahora es necesario para eliminar la competencia.
Se descalifica a quienes criticamos la estrategia del gobierno al argumentar que no ofrecemos alternativas. ¿Por qué no escuchan cuando insistimos en dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República?
Urge instituir protocolos de actuación para los cuerpos policiacos, como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Atenco. Debemos ampliar la matrícula en la educación superior de forma inminente. Otra propuesta es combatir realmente el lavado de dinero. Y finalmente, exigir que las autoridades cómplices de los criminales sean juzgadas. Por ello hemos impulsado el juicio penal contra de Felipe Calderón y sus mandos militares ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La competencia de la CPI se actualiza, entre otras cosas, porque México carece de un tipo penal que prevenga posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La eventual aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que legaliza la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, también ratifica la existencia de una política de Estado violatoria de derechos humanos.
La violación y el ultraje de mujeres se han convertido en una estrategia represiva cotidiana por parte del Ejército que es encubierta y fomentada por Calderón. Ello también actualiza la competencia de la CPI.
Los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de Estado.
Si quedara alguna duda de la responsabilidad directa de Calderón, hay que recordar que en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal bajo el mando directo del Ejecutivo. No obstante, en 2007 sus propias cifras reconocieron 2 mil 826 homicidios ligados a la narcoguerra. Las órdenes directas que giró a ese Cuerpo Especial llevaron a la muerte a muchas de esas personas.
Las decisiones del Ejecutivo Federal arrastran al país a un conflicto armado permanente. Cada día la vida de nuestra sociedad se encuentra más lacerada. Sabemos que Calderón es responsable de la muerte de cerca de 50 mil personas y la desaparición forzada de más de 3 mil (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011). Llevémoslo a él y a los capos que protege ante la CPI para que sean juzgados por sus crímenes.
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia
[TEXTO PARA TWITTER: Las razones jurídicas y sociales de juzgar a Calderón: Netzaí Sandoval]
Las Fuerzas Armadas y el diálogo por la paz
Jorge Luis Sierra*
En un esfuerzo hasta hoy infructuoso, grupos de la sociedad civil demandan que los militares participen en una mesa de diálogo para discutir los efectos más graves de la violencia que el gobierno genera en su combate al narcotráfico. Por la respuesta que han recibido y el ambiente tan enrarecido de los últimos meses, se prevé que ese diálogo no ocurrirá en un futuro cercano, al menos no en los términos que demandan los representantes de esos grupos no gubernamentales.
La participación de los militares fue una petición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el escritor Javier Sicilia, hecha en el contexto del conflicto armado en el que han perecido decenas de miles de mexicanos, entre ellos un número aún desconocido de civiles sin conexión con el narcotráfico. Estos ciudadanos, conocidos en el argot militar como "bajas colaterales" murieron por deambular accidentalmente por una zona de enfrentamiento armado, por atravesar un retén militar o por ser víctimas fatales de la violencia de narcotraficantes que reciben la protección de autoridades locales y federales.
Como parte fundamental de este conflicto interno, las Fuerzas Armadas llevan a cabo la mayor parte de sus operaciones contra el narcotráfico en zonas urbanas o cerca de éstas y se enfrentan, de manera planificada o azarosa, con células de delincuentes fuertemente armados. Las quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas se han multiplicado en más del 300 por ciento en los últimos años, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esta difícil situación ha sido desfavorable para la participación de las Fuerzas Armadas en la mesa de diálogo de grupos ciudadanos con el gobierno federal, porque abriría la posibilidad de sentar a los militares en el banquillo de los acusados y exponerlos directamente ante los reclamos de una sociedad cada vez más arruinada y abatida por todas las partes del conflicto armado.
El gobierno federal responde con una negativa previsible. Éste explica que la presencia de las Fuerzas Armadas no había sido materia de la negociación de las reglas de la mesa de diálogo y que no habría por el momento ninguna representación directa de las instituciones militares en las pláticas con los representantes de la sociedad civil. La Secretaría de Gobernación será la transmisora de cualquier información proveniente de las Fuerzas Armadas y ésta decidirá más adelante si la consulta con los militares se da de forma interna o externa.
La petición de Sicilia, sin embargo, dista mucho de ser extravagante y es otro más de los esfuerzos infructuosos de un diálogo directo de la sociedad civil con militares. De hecho, existen previas experiencias de diálogo directo entre jefes y mandos militares con líderes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos que respaldan la petición hecha por el Movimiento. No todas ellas, sin embargo, han sido satisfactorias para todas las partes.
Los primeros intentos fallidos de diálogo ocurrieron tras el alzamiento armado en Chiapas en enero de 1994, cuando grupos de derechos humanos internacionales pidieron entrevistas con mandos militares durante su investigación de casos de abuso de la fuerza. La información que entregaron los mandos del Ejército fue contraproducente para la institución militar, pues levantó un escándalo internacional por casos de tortura y ejecución extrajudicial en el ejido Morelia, Altamirano y en el mercado de Ocosingo, Chiapas, que terminaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En una respuesta a la presión internacional, el Ejército abrió sus oficinas en los cuarteles militares para recibir quejas de violación de derechos humanos por parte de los civiles. Sin embargo, esto no disminuyó la animadversión del uso de la fuerza militar en el patrullaje en las comunidades indígenas simpatizantes con los movimientos armados.
La relación con los grupos de la sociedad civil se tensó aún más durante las olas subsecuentes de contrainsurgencia para contener a las comunidades autonomistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las operaciones armadas del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero y Oaxaca. La actividad de movimientos armados y las presiones intergubernamentales para confrontarlas con la fuerza militar atrajo de nuevo la atención internacional. Esa situación llevó, al final del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, a las primeras reuniones de grupos de derechos humanos con representantes de la Procuraduría de Justicia Militar, la sección de derechos humanos de la V Agencia adscrita de la Secretaría de Defensa Nacional y de la sección V del Estado Mayor Naval de la Armada de México.
Esas reuniones entre defensores de derechos humanos y representantes militares ocurrieron como parte de la comisión intersecretarial para la atención a compromisos internacionales en materia de derechos humanos y en la víspera de la visita a México de Mary Robinson, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en octubre de 1999. Paradójicamente, la agenda de las reuniones no incluyó el tema militar. Sin embargo, esos acercamientos tuvieron mucha importancia porque fueron las primeras experiencias de diálogo entre defensores de derechos humanos y miembros de las Fuerzas Armadas.
Los intentos posteriores con militares y activistas en el gobierno del presidente Vicente Fox incluyeron un encuentro académico entre organizaciones de derechos humanos y representantes del Ejército, la Armada, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Policía Federal Preventiva en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con el auspicio del gobierno británico. El seminario tenía como objetivo crear enlaces entre las Fuerzas Armadas y los grupos de derechos humanos.
La energía despertada por la alternancia en el gobierno facilitó las reuniones de las organizaciones no gubernamentales con Rafael Macedo de la Concha, en ese entonces procurador general de Justicia Militar. Ésas fueron las primeras y quizá las últimas reuniones directas entre grupos no gubernamentales y un procurador de justicia militar.
Dichas experiencias suavizaron el clima generalmente hostil entre grupos de derechos humanos y mandos militares, pero la falta de continuidad y de una práctica sistemática de conversación impidieron la formación de enlaces preparados para desarrollar ese vínculo.
Aunque en el fondo puedan compartir el interés común de garantizar la viabilidad nacional, ambas partes parecen estar atrapadas siempre en posiciones antagónicas. Hasta el momento, los militares conservan la noción de que los grupos de derechos humanos suelen ser fachada de bandas criminales o insurgentes, mientras que, por su parte, los grupos de la sociedad civil suelen protestar contra la impunidad de los militares en la violación masiva de los derechos humanos.
La comprensión de que seguridad, democracia y derechos humanos forman un todo inseparable aún no parece estar suficientemente desarrollada ni en el medio castrense ni en el medio no gubernamental.
Bien haría el gobierno en permitir la participación de representantes de las Fuerzas Armadas en sus reuniones con grupos de la sociedad civil. De otra manera nunca habrá oportunidad de desarrollar enlaces y lograr una comprensión mutua más cercana a la objetividad.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
TEXTO PARA TWITTER: Diálogo Fuerzas Armadas-Organizaciones No Gubernamentales, más que necesario en el México de hoy: Sierra]
Asunto de justicia, no de más leyes
Guillermo Fabela Quiñones*
No es una coincidencia que la descomposición social en el país se haya profundizado a partir de que la ultraderecha está en el poder. Esto no significa que antes de la llegada del Partido Acción Nacional a Los Pinos todo caminara de manera ejemplar, sino que los priístas aún conservaban resabios de un sistema político surgido de un pacto social que tenía como finalidad conservar equilibrios razonables en las relaciones sociales, situación que se modificó de manera negativa a partir del arribo de los tecnócratas al poder. En consecuencia, lograr que la nación recupere la paz y se generen condiciones de estabilidad y gobernabilidad, no es un asunto que se corrija mediante una Ley de Seguridad Nacional, sino de crear un entorno político donde el común denominador sea una convivencia equitativa entre los factores de la producción, y donde no tenga cabida la impunidad como norma generalizada.
Mientras no se pongan en práctica mecanismos institucionales para favorecer una realidad con las anteriores características, de nada servirá todo lo que se haga supuestamente para lograr que la paz vuelva a reinar en México. El marco de criminalidad existente no es más que una consecuencia de las condiciones desfavorables que se viven en el país que afectan a las clases mayoritarias. Se trata de una manifestación de la lucha de clases derivada de la preeminencia de la elite sobre el grueso de la población de una manera cada vez más injusta, realidad que se complica debido a los problemas de una economía prácticamente estancada, mientras que la oligarquía es favorecida por las políticas públicas de un gobierno carente de un elemental compromiso con los sectores mayoritarios.
En tal virtud, es válido afirmar que la solución a los grandes problemas nacionales no es un asunto de leyes y reformas estructurales, sino de justicia social, concepto que se borró por completo de la agenda del grupo en el poder a partir, sobre todo, de 1983. Mientras no se entienda esta premisa, se pierde el tiempo al dialogar sobre la necesidad de cambios en la superestructura del Estado, cuando lo que urgen son modificaciones de fondo en las relaciones sociales. Es absurdo suponer que puedan haber condiciones de gobernabilidad cuando una minoría disfruta de privilegios y riquezas inagotables, junto a una multitud de ciudadanos que carece de lo necesario. Esto lo comprendió muy claramente el gran insurgente José María Morelos y lo plasmó en su inmortal ideario que denominó Los Sentimientos de la Nación.
En ese contexto, recobrar la estabilidad y la gobernabilidad no es un asunto de leyes y reformas sino de simple sentido común. Lo demás es perder el tiempo y hacerse tontos, con la esperanza de que la población crea que la clase política está preocupada por el futuro de la patria. El caso es que es tal el abuso de la buena fe de la gente, que nadie se cree que los políticos estén buscando soluciones a los graves problemas del país, mucho menos que la oligarquía, la minoría privilegiada, tenga intenciones de reducir sus ambiciones y voracidad en aras de hallar salidas a una problemática que amenaza rebasar la capacidad del Estado para enfrentarla.
Ciertamente, como lo señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), "nuestras instituciones no funcionan correctamente. Hay que ponerlas a la altura de las circunstancias y [de] la nueva realidad mexicana". Sin duda es un imperativo inaplazable generar "el pacto social que se necesita para tener certidumbre de que la situación mejorará y la esperanza de que es posible un México seguro, sin impunidad, donde se respeta y cumple la ley". Con todo, sin que haya sacrificios compartidos de todos los sectores, no será posible dar ese paso. Es abusivo que se exija a las clases mayoritarias hacer más esfuerzos, como lo quieren la oligarquía y la burocracia dorada, cuando la injusticia social es la causa principal de la terrible disfuncionalidad de las instituciones nacionales.
Es más que obvio que existe una "profunda crisis de seguridad pública, y que no se hace lo suficiente para superarla a corto plazo", como indica la Coparmex. Sin embargo, se quiere "curar" el cáncer de la inseguridad con aspirinas, con una Ley de Seguridad Nacional que de inmediato sería letra muerta porque quienes deberían acatarla no lo van a hacer. No, mientras no se modifiquen las condiciones sociales y políticas que propician tan grave problema. ¿Acaso se cree que con dicha ley se iba a poner fin a la impunidad con que operan los cárteles del narcotráfico? Es como pensar que con spots, por más caros que sean, se pondrá fin a la inseguridad y a la violencia.
Conviene insistir en la idea de que mientras no cambien las condiciones sociales y económicas actuales, de nada servirá toda la demagogia que despliega el grupo en el poder para engañar a la sociedad. Lo que urge es que se generen condiciones de cambios estructurales reales, de fondo, que abran la puerta a la justicia social. Entonces un nuevo pacto social se dará de manera natural.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: México necesita un nuevo pacto social; no más policía ni más spots: Fabela]
128 niñas desaparecidas en Chihuahua desde 2008
A partir del despliegue de la Operación Conjunta Chihuahua, las desapariciones de mujeres y niñas se incrementaron en 400 por ciento respecto de los últimos 14 años en esa entidad. En lo que va de 2011, ya suman 92 las mujeres desaparecidas, en su mayoría menores de edad. Para la diputada Teresa Incháustegui y organizaciones no gubernamentales el hecho evidencia el fracaso del operativo. La PGR considera todo lo contrario: "La sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia", ya que hace cinco años la desaparición era un "asunto de vecindad: no tenía mayor impacto"
Flor Goche
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Chihuahua, en 2008, año en que entró en vigor la Operación Conjunta Chihuahua –con el despliegue de 2 mil 500 efectivos federales, entre éstos 2 mil 26 militares en labores seguridad pública–, se registraron 30 reportes de extravío y/o ausencia de mujeres y niñas. Desde entonces, las desapariciones de mujeres han venido en aumento. Entre 1994 y 2007 desaparecían en promedio cuatro mujeres cada año. A partir de 2008 se presentan alrededor de 52 casos anualmente.
Según el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua, de 2008 a agosto de 2011, las mujeres y niñas desaparecidas suman 210: 30, en 2008; 34, en 2009; 54, en 2010; y 92, en 2011. Sólo 13 (el 6 por ciento) han sido localizadas. Conjuntamente, de 1993 a la fecha, en la entidad ninguna persona ha sido consignada por haber desaparecido a una mujer o a una niña, afirman Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En lo que va de 2011 –en el que la cifra de mujeres desaparecidas es la mayor de los últimos 17 años–, han desparecido en Chihuahua alrededor de tres mujeres por semana, en su mayoría menores de edad.
Similar a lo que ocurre a nivel federal, durante este sexenio el número de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua supera el de las administraciones pasadas. En este caso, 457 por ciento. Mientras que en los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox los reportes de extravío y/o ausencia en el estado suman 47 (20 y 27 por ciento, respectivamente), el número de mujeres y niñas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón llega ya a 215.
Al ser cuestionado con respecto del incremento de desapariciones de mujeres y niñas, específicamente a partir del inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, Carlos Manuel Salas, titular de la Fiscalía General de Chihuahua, declina responder a Contralínea. A las preguntas de la reportera, formuladas luego de su comparecencia ante la Comisión Especial para atender los feminicidios en la Cámara de Diputados federal, el pasado 23 de agosto, sólo responde que Carlos González, vocero de dicha fiscalía, es el autorizado para hablar del tema. Por su parte, González reconoce que los cientos de casos de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad "son reales, son concretas y son desapariciones en las que se está trabajando". También se disculpa por "no poder decir más".
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados, manifiesta: "Yo no quisiera dar una conclusión que imputara, por este hecho [el incremento de las desapariciones a partir de la Operación Conjunta Chihuahua], responsabilidad a estos operativos. Pero lo que sí se puede decir, sin temor a equivocarme, es que estos operativos no han servido para proveer seguridad ni para reducir el trasiego de personas, de drogas, de armas, de dinero sucio". Además, continúa la legisladora integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, "hay evidencias, quejas, de no pocas familias que han denunciado abusos por parte de la policía federal y de los militares".
El fenómeno de las desapariciones de mujeres en el estado se transformó luego de la puesta en marcha del programa de Operación Conjunta Chihuahua, aseguran Salas Ramírez y Peña Rodríguez, integrantes también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Con la presencia de policías federales y militares en la calles de esta entidad, las desapariciones de mujeres, lejos de disminuir, se incrementaron en 400 por ciento.
José Antonio Pérez Bravo, coordinador general técnico de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), prefiere no "suponer la existencia de mayores hechos de esa naturaleza. Lo que observamos es que la sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia". Hace cinco años una desaparición era como "asunto de vecindad: no tenía mayor impacto". Ahora, aunque "no sabemos bien a bien cómo está el fenómeno social en toda la República", las desapariciones ya son atendidas por el gobierno que realiza acciones públicas de prevención".
Para Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las cifras de la Fiscalía General de Chihuahua no reflejan necesariamente un incremento en el número de mujeres y niñas desparecidas.
Cuando se supo que "el 60 por ciento de las mujeres habíamos vivido en alguna etapa de nuestra vida violencia, se indicó que había aumentado ésta". No obstante, no se considera que antes de la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, que arroja estos resultados, no existían registros.
Lo mismo sucede con el caso de mujeres desaparecidas: a partir de noviembre de 2009, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras ("Campo Algodonero") contra México, las autoridades mexicanas están "obligadas" a elaborar un registro de mujeres desaparecidas, expone García Gaytán. "¿Quién dice que en 1994 sólo desapareció una mujer?", increpa la funcionaria, "nadie las registraba".
Para Emma Saldaña Lovera, presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, lo más preocupante es la relación de éstas desapariciones con la delincuencia organizada. Entre las acciones que el gobierno estatal impulsa para combatir las desapariciones de mujeres y niñas, se encuentra la campaña "Las desapariciones en Juárez tiene que desaparecer". A finales de septiembre se pondrá en marcha y tendrá un costo al erario de alrededor de 1 millón y medio de pesos, refiere Saldaña Lovera.
Desapariciones, vinculadas con trata de personas y feminicidios
El registro de la Fiscalía General de Chihuahua indica que en la zona Norte de Chihuahua es donde desaparecen más mujeres y niñas (128 reportes). Mientras, en la zona centro, Sur y Occidente se han registrado 87 reportes de extravío y/o ausencia durante este sexenio.
Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, quienes desde hace más de una década dan acompañamiento jurídico a familiares de desaparecidas en Chihuahua, señalan que recientemente han aumentando los casos de desapariciones en el centro de la ciudad. Una red de tratantes opera en esta zona, aseguran. Sus víctimas son principalmente niñas de entre 13 y 18 años, de escasos recursos, que salen a buscar trabajo y que son llevadas en contra de su voluntad, por desconocidos.
En enero de 2011, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa presentaron, ante la Unidad de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Chihuahua, la única denuncia que existe en la entidad por trata de personas.
Un mes después, Malú García Andrade, directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa tuvo que abandonar su ciudad, por las amenazas que recibía. La noche del 16 de febrero pasado, un grupo de personas, que no han sido identificadas, incendiaron su casa, el único patrimonio de la activista.
Ahora que García Andrade regresó a Chihuahua, las intimidaciones no han cesado, indican Salas Ramírez y Peña Rodríguez. Por eso, aunque conocen al menos un caso de trata de personas en el que estarían involucrados altos funcionarios de Ciudad Juárez, los abogados prefieren no dar más detalles. No obstante, afirman que en Chihuahua hay "tolerancia" e incluso "complicidad" de las autoridades con los delincuentes.
Las desapariciones de mujeres y niñas están vinculadas también con el fenómeno del feminicidio. Desde hace un par de años, para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el hecho es innegable. "Muchas de las víctimas de feminicidio antes fueron privadas de su libertad", asegura María de la Luz Estrada Martínez, coordinadora ejecutiva de la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres.
Por eso, los abogados de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y el OCNF exigen a las autoridades mexicanas que todos los casos de desaparición de mujeres sean atendidos como si se trataran de delitos. Puesto que la desaparición no implica por sí misma un delito, los reportes administrativos de extravío y/o ausencia que recibe la autoridad no se atienden de inmediato. Además, los encargados de los ministerios públicos tienden a suponer que la desaparecida "escapó con el novio", lo que también resta eficacia a la búsqueda, crucial durante las 48 horas que siguen a la desaparición.
En palabras de Estrada Martínez: "La autoridad desdeña, minimiza, desvaloriza el hecho mismo".
Reconoce que, a partir de la sentencia del caso Campo Algodonero –relativa a la "desaparición y ulterior muerte" de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001–, las autoridades de Chihuahua se han visto "forzadas a generar mecanismos reales"; pero "los avances han sido mínimos", asegura la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.
El micrositio de internet en el que la Fiscalía General de Chihuahua da a conocer la lista de mujeres desaparecidas desde 1993, no cumple con los estándares de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de ser una "página electrónica" que permita "que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos".
Además, el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda urgente de mujeres y menores desaparecidas, resulta ineficaz todavía, aunque que se aplica dos veces por mes y que en enero de 2010 se conformó un equipo encargado de rediseñarlo. Al respecto, el fallo de la CIDH establece la adecuación de dicho protocolo o, en su defecto, la creación de "un nuevo dispositivo análogo" que permita "implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna" y "eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que reste efectividad a la búsqueda".
La creación de un banco nacional con la información genética de las mujeres desparecidas, de sus familiares y de los cuerpos sin vida de cualquier mujer o niña no identificada (como lo señala el resolutivo 10 de la sentencia del organismo internacional), "se encuentra en marcha", según palabras de Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, pronunciadas durante su comparecencia ante diputados federales el 23 de agosto pasado.
Para tal fin, trabajan en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación (a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, bajo la coordinación de la PGR.
No obstante, hasta 2010, sólo 10 entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Baja California Sur) contaban con un banco de información genética.
A partir de 2004, con la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense a Chihuahua, hay avances. Sin embargo, hasta la fecha existen 70 cuerpos de mujeres no identificados y que no corresponden a las mujeres desaparecidas recientemente.
La dificultad ahora es contactar a los familiares de las mujeres y niñas que desaparecieron hace tiempo, para cotejar su ADN con el de las 70 osamentas encontradas, explica Salas Ramírez.
[TEXTO PARA TWITTER: Desaparición de mujeres y niñas en Chihuahua se dispara desde el Operativo Conjunto ordenado por Calderón]
Para entretener, el mayor uso que se da en México a Internet
Experto: sustituyen niños y adolescentes el contacto físico por el virtual
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Aun cuando la masificación de Internet y los teléfonos móviles tiene apenas poco más de una década, millones de personas no conciben hoy la vida sin conectarse diariamente a una red social, chatear a través del teléfono inteligente, conseguir algún dato en Google, bajar música a su reproductor portátil, buscar alguna calle de la ciudad por el GPS o escapar del alcoholímetro gracias a tuits. Sin embargo, el uso de estas tecnologías puede generar gran dependencia.
El caso de Soyer, roquero de 32 años, es sólo uno de los miles que muestran las ventajas y desventajas del uso de estas tecnologías: en 1994 dejó de saber de sus compañeros de la secundaria cuando se graduó y hace poco, gracias a Facebook, los rencontró.
"Me enteré de una reunión que organizaban. La cita fue un viernes en un restaurante de la colonia Roma. Abrazos, sonrisas y anécdotas acompañaron la velada. Era igual a las fiestas de hace casi 20 años, salvo por una diferencia: noté que de repente muchos se clavaban en su celular chateando, enviando mensajes, haciendo llamadas e incluso algunos volteaban a verlo constantemente, era como una inercia", relata.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado al mundo, afirma Mario Revilla Basurto, profesor de teoría de la comunicación en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Amplían las posibilidades e interacciones de la comunicación, pero también dependen de cómo y para qué la usamos. Muchas personas no se desprenden de ellas. Y el tiempo que dedicamos al uso de estos aparatos es tiempo que le quitamos a otras actividades. Si estoy mandando mensajitos o chateando mientras me tomo un café con un amigo, le quito tiempo a mi relación con esa persona. Hoy nos tenemos que administrar entre la interacción cara a cara y la interacción a través de Internet."
Gracias a las TIC, actualmente el flujo de información es horizontal y muy rápido, lo cual ha sido aprovechado por varios sectores: negocios, medios de comunicación, actores sociales, organizaciones civiles, escuelas y universidades, entre otros. Sin embargo, argumenta Revilla, una de las grandes contradicciones
de esta herramienta es que hoy cualquier persona puede subir cualquier contenido sin someterlo a un proceso de evaluación de calidad y pertinencia. Lo que encontramos en la red puede volverse redundante.
Las TIC han generado una revolución en la manera de comunicarnos e informarnos; sin embargo, en México su uso se limita mayoritariamente a la interacción con otros y al entretenimiento.
El estudio más reciente de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), titulado Hábitos de usuarios de Internet en México 2010, revela que en el país existen 34.9 millones de usuarios de esta tecnología (51 por ciento son hombres y 49 mujeres).
De este total, 90 por ciento aseguró que su principal actividad en la web es enviar y recibir correos electrónicos; 75 por ciento usa mensajeros instantáneos, 68 por ciento descarga o ve fotografías y videos, 61 por ciento entra a las redes sociales, 38 por ciento envía postales electrónicas, 33 por ciento sube fotos y videos a sitios electrónicos para compartirlos, 22 por ciento accede, crea o mantiene páginas propias, 21 por ciento lo hace en blogs; mientras 14 por ciento busca pareja por este medio.
María Santos Corral, especialista en tecnología y cultura de la información del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, subraya que Internet ofrece infinidad de opciones, aunque su uso depende de las capacidades tecnológicas y la formación de los internautas
.
Las redes sociales han cobrado gran auge en México. El país, dice, ocupa el primer lugar de usuarios de Facebook en América Latina, con 25.6 millones y es el sexto a escala mundial –el listado es encabezado por Estados Unidos, con 150 millones–; además existen 21 millones de cuentas de Twitter. De acuerdo con la encuesta de la Amipci, 60 por ciento de los usuarios de la web acceden diariamente a una red social.
Son varios los usos que los mexicanos damos a Internet: como medio de comunicación, entretenimiento y para buscar información, pero existe una tendencia a la trivialización en los contenidos. Los nativos digitales (personas que nacieron cuando ya estaba la tecnología digital) le dan un uso amplio, pero podría explotarse aún más
, a través de aulas virtuales, educación a distancia, aprendizaje de idiomas, culturas, entre otros, señala.
Internet es un espejo del usuario, es lo que tú quieres que sea. Si no tienes claro qué buscas, qué necesitas y para qué, pierdes mucho tiempo. Si la utilizas con un objetivo determinado resulta ser una gran plataforma. Puedes hacer negocios, te ofrece acceso a todo el mundo, a idiomas, cultura, conocimientos, tradiciones, música casi imposible de conseguir. Pero si nuestro mundo es demasiado pequeño, nuestros horizontes en la red serán así
, asienta Gabriel Ramírez, quien se dedica a la comunicación desde hace más de una década.
Recompensar insatisfacciones
Los datos de la Amipci revelan que en el país Internet es utilizada sobre todo por jóvenes. De los 34.9 millones de internuatas mexicanos, 27 por ciento (9.4 millones) tienen entre 12 y 17 años, 23 por ciento (poco más de 8 millones) están entre 18 y 24 años de edad y los usuarios de 25 a 34 años son 17 por ciento (5.9 millones). Diez por ciento tienen de seis a 11 años; 12 por ciento, de 35 a 44 años; 7 por ciento, de 45 a 54, y los mayores de 55 años llegan a 4 por ciento.
Estudios realizados a escala mundial han revelado que Internet, al igual que algunas sustancias adictivas, puede ser para muchas personas un escape de la realidad, ya que recompensa insatisfacciones que se tienen en el mundo real; incluso, para algunos usuarios conectarse más de dos horas diarias supone riesgos, debido a sus perfiles sicológicos.
Saúl, adolescente de 14 años, es un chico muy popular en las redes sociales. Hasta ahora tiene casi 2 mil amigos en Facebook, pero prácticamente no conoce a ninguno en persona. Paradójicamente le cuesta mucho trabajo mantener relaciones personales afectivas. "En la escuela no hablo con nadie, sólo tengo un amigo, el resto me cae mal. En el Face soy distinto, es como si fuera otro, me siento aceptado, chateo con muchos amigos y me divierto, la paso casi todo el día conectado."
La investigadora del IIS de la UNAM sostiene que las redes sociales han modificado la manera de socializar, pues muchas personas prefieren esta interacción a la personal. Los chavos están prendidos todo el tiempo para enterarse de lo que hacen sus pares y para actualizar sus perfiles, incluso manejan sus propios códigos de comunicación. Pero debemos estar conscientes de que los amigos de Facebook realmente no lo son; se trata de contactos con quienes se comparte cierta información y que sólo conocen lo que nosotros queremos y viceversa; no damos a conocer todo de nosotros
.
Rodrigo, Pakis y Víctor, de 13 y 12 años, no sólo ingresan a Internet para ver videos, chatear, visitar Facebook o hacer trabajos escolares. La usan además para otros intereses: a los dos primeros les gusta tocar la guitarra, por lo que mucho de su tiempo en línea lo dedican a buscar información de guitarristas, grupos de rock y guías para practicar y aprender a tocar. Víctor se inclina por la fotografía (su papá es fotógrafo) y muchos de sus portales favoritos son de noticias y agencias fotográficas.
Emilio Reyes tiene tres años, y aún no conoce las letras, pero es capaz de entrar a sus juegos favoritos en red. Sabe encender la computadora, cómo conectarse, qué caracteres teclear para acceder a los juegos en línea. Mientras juega presiona teclas y manipula el mouse.
También entra a Discovery Chanel y a Youtube. Aún no va a la escuela, pero gracias a Internet ya conoce algunos números y letras
, narra Verónica, madre del menor. Agrega que si bien ha visto que el uso de la computadora ha beneficiado a su hijo, cuida que su entretenimiento no sólo sea virtual. Aunque a veces no quiere, lo llevo a la calle, al parque y con otros niños para que aprenda a convivir fuera de casa
.
El uso de las TIC se ha sumado a las condiciones sociales que hoy enfrenta el país, alerta el profesor de la FES Acatlán. Cuando era chavito lo normal era que después de la escuela nos echáramos una cascarita en el parque o en la calle; después regresábamos solos a casa. Hoy los padres ya no permiten que sus hijos lo hagan, por la inseguridad. Los niños y adolescentes de hoy no tienen posibilidad del contacto físico y lo han sustituido por el virtual. No sólo son las TIC las que han alejado al ser humano del acercamiento físico; también las circunstancias
.
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El uso constante de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha generado una nueva serie de malestares físicos y sicológicos entre muchos usuarios. Los más comunes son:
Uso compulsivo de Internet (tanto en computadoras como en teléfonos móviles), que provoca en las personas la necesidad constante de estar en línea y deseos irrefrenables de adquirir nuevos gadgets, incluso sin que el precio importe. Según los especialistas esto puede transformarse en adicción.
Tendonitis. Este padecimiento se presenta por el uso constante de la computadora y el teclado. Se manifiesta con dolor intenso en los tendones de manos, muñecas y dedos.
Mutación del pulgar, también conocido como pulgar de Blackberry. Hay hinchazón, dolor y calambres en los dedos, particularmente en el pulgar, por el esfuerzo al usar smartphones. Un estudio de la universidad de Warwick, Inglaterra, demostró que los pulgares de los jóvenes menores de 25 años se han convertido en los más hábiles y de mayor desarrollo muscular por el uso continuo de celulares, videojuegos y teclados de computadoras. El pulgar ha sustituido muchas de las acciones que regularmente se realizaban con el dedo índice.
Codo de tenista o wiitis. Se presenta dolor en el antebrazo y codos por el uso de controles remotos interactivos para juegos de video.
Síndrome del túnel carpiano. Lesión causada por la presión de un nervio, más común en mujeres que en hombres. Quienes lo padecen sufren de dolores o calambres en los dedos y en el corazón de la mano.
Síndrome ocular de la computadora. Diversas investigaciones han mostrado que cuando una persona pasa mucho tiempo frente al monitor pestañea con más frecuencia de lo normal, lo que produce lagrimeo, ardor, irritación, visión borrosa e incluso dolores de cabeza.
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Daniela, de 30 años, es una mexicana de origen libio. Lleva el apellido de su padre: Tarhuni. Su madre, mexicana, lo conoció en Italia, mientras ambos realizaban una maestría; se enamoraron y de esa relación nació Daniela.
Mi mamá regresó a México y aquí nací. Él vino cuando yo tenía dos años, se casaron y me registraron. Después regresó a Libia y manteníamos contacto postal, pero dejé de saber de él a los cinco años de edad.
El tiempo pasó y, Daniela tenía curiosidad por saber de su padre, pero la distancia lo impidió. Hasta que un día, una chica con su mismo apellido le envió una invitación de amistad en Facebook. Fue en 2009; me llamó la atención su apellido; ella radicaba en Inglaterra y también es de origen libio. Exploré sus contactos y me di cuenta de que había muchos con mi apellido. Agregué algunos, entre ellos un señor que vive en Libia
.
Relata: "A algunos les conté mi historia y comenzaron a apoyarme, en particular Salem, que vive en Trípoli. Me pidió datos sobre mi papá. Sólo tenía su registro académico en Italia y el apartado postal donde enviábamos las cartas. El año pasado, Salem me escribió y me dijo que había encontrado a mi papá. Pensé que era broma; me pidió mi número de celular y se lo mandé.
"Ese mismo día en la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Insistieron varias veces, pero se cortaba la llamada. Cuando por fin pude escuchar, oí una voz en inglés que me dijo 'soy tu papá'. Me quedé fría, es difícil explicar lo que sentí. Le hice preguntas personales cuya respuesta nadie conocía y confirmé que sí, era él."
Tras varios meses, llamadas telefónicas, correos electrónicos, chat y Skype, Daniela fue a Libia. A finales de 2010 se rencontró con su padre y conoció a cinco hermanos, menores que ella.
Incendio y terror
un aberrante acto de terror y barbarie. Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la
protección extorsivay la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.
Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: "No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas". Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la unidad nacional
y al alineamiento de todos los mexicanos de bien
detrás de su cruzada contra la criminalidad.
En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la hiperpresidencia
–en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de su
guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.
El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la militarización informativa
(la diseminación uniforme de la versión oficial de la guerra
), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: terrorismo
. Incluso se habló de narcoterrorismo
, según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de unidad
a nombre de México
, como suelen generalizar los amos del país.
Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.
En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al agente provocador
o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.
Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.
Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el secuestro
de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de narcoterrorismo
en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las lecciones
de Afganistán en el territorio nacional.
Tuiteros terroristas
terrorismoen la utilización de sus cuentas de Twitter y Facebook podría tener efectos similares, al detonar un amplio repudio social tanto nacional como internacional hacia el gobernador.
Bravo y Martínez evidentemente cometieron un acto de irresponsabilidad al esparcir un rumor que resultó ser falso: Confirmo en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron cinco niños, grupo armado, sicosis total en la zona
. Pero no existe el menor indicio de que estos ciudadanos lo hubieran hecho con el fin de generar temor o zozobra entre la población, sino todo lo contrario. Al enterarse de esta noticia, por medio de amigos y familiares para ellos confiables, quisieron realizar una labor social alertando a sus cercanos para que pudieran auxiliar a sus hijos. Prueba de ello es que mandaron la información desde sus cuentas personales y nunca intentaron disimular sus identidades.
La circulación de los mensajes detonó una amplia preocupación entre usuarios de Internet e hizo que los padres de familia se desplazaran inmediatamente a rescatar a sus hijos. Si bien se interrumpieron tanto la jornada laboral de los padres como el día escolar de los niños, nadie se lastimó ni se generó zozobra
generalizada en la sociedad veracruzana, la mayor parte de la cual ni siquiera tiene acceso a Internet. En todo caso, la sicosis que sí se manifestó no se debe a la circulación de un par de mensajes en las redes sociales, sino al contexto generalizado de temor que existe en la sociedad veracruzana por el fracaso y la irresponsabilidad de las autoridades en materia de seguridad pública.
Sin embargo, en una acción inédita, absurda y reprobable, la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) ha decidido castigar al mensajero y acusó a Bravo y Martínez de ser terroristas
, ya que supuestamente realizaron actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población... para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación
(Código Penal de Veracruz, artículo 311). La idea de que los internautas hubieran agredido directamente a personas, cosas o servicios al público
fue tan ridícula que hasta la juez Beatriz Rivera tuvo que reclasificar el delito como de terrorismo equiparado
a la hora de dictar el auto de formal prisión
el miércoles pasado.
Lamentablemente, esta modificación no cambia en absoluto el destino de los acusados, ya que la sanción para este delito resulta ser exactamente la misma que para el terrorismo genérico
: hasta 30 años de cárcel y multa de 750 días de salario mínimo. Así mismo, la juez simultáneamente dictó auto de formal prisión a los acusados por el delito de sabotaje
, lo cual podría agregar hasta 20 años de prisión y una multa de 150 días de salario mínimo adicionales a la sentencia.
Pero la ley indica que la AVI tendrá que demostrar que Bravo y Martínez no solamente difundieron los mensajes, sino que buscaron intencionalmente simular
que estaban ocurriendo los hechos referidos. Asimismo, tendría que comprobar que existió dolo
, es decir, la plena intención de perturbar la paz pública
de parte de los acusados. Es claro que jurídicamente el caso no tiene pies ni cabeza. Pero políticamente sirve al gobernador para dar la imagen de mano dura
y también para ejercer control sobre la información que se difunda sobre Veracruz.
Nos encontramos entonces ante un abierto desafío a la libertad de expresión y el estado de derecho. Duarte atestiguó en carne propia la fuerza que han llegado a tener las redes sociales y busca desesperadamente cerrar la llave de la comunicación ciudadana. Desde su punto de vista, Twitter y Facebook deberían funcionar como cualquier medio local subordinado que se dedica a enaltecer al gobernador y se limita a transmitir información previamente aprobada por las autoridades o la delincuencia organizada.
Con el caso de Bravo y Martínez se pone en juego nada menos que nuestra convivencia democrática, así como la vigencia del derecho a la información consagrado en el artículo sexto constitucional. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Artículo 19 ya han emitido fuertes reclamos al respecto y medios internacionales como Los Ángeles Times, McClatchy, Associated Press y Global Voices han puesto luz sobre estos preocupantes hechos. Sin embargo, con pocas excepciones y de manera inexplicable, la mayoría de los medios y comentaristas en nuestro país han desdeñado la noticia. Urge que la sociedad se solidarice con la causa de los #tuiterosterroristas y levante la voz en contra del recrudecimiento del autoritarismo en México.
http://www.johnackerman.blogspot.com Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman
La violencia económica en México
Marcos Chávez M*
La nueva desgracia que se avecina para la mayoría de los mexicanos es que ante la patente desaceleración productiva, cuyo proceso se inició antes de lo reconocido oficialmente, es decir, previamente a la actual convulsión de los mercados financieros internacionales, y cuya extensión y duración podría ser más amplia que la prevista, el gobierno, otra vez, nada tiene que ofrecer (más allá de volver a repetir sus desgastados conjuros de siempre y de proponer la aplicación de la misma receta para tratar de atenuar la violencia del ciclo económico, cuyos resultados fueron inútiles en 2009, si se considera la profundidad del desplome, 6.1 por ciento, y la duración de la recesión, 15 meses, registrada entre el último trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2009).
Como sucedió en aquella ocasión, para tratar de despejar la incertidumbre que se cierne sobre el curso de la economía y la consecuente inquietud social, primero se recurre a la construcción de una fantasiosa realidad. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, nuestra "situación económica ante la presente incertidumbre financiera mundial nos posiciona (sic) favorablemente para retomar, si actuamos y tomamos las medidas pertinentes, en la senda del crecimiento económico sostenido".
A diferencia de Estados Unidos –que atraviesa una turbulencia por "gastar más de lo que tiene"– o de la "profunda inestabilidad" que ha generado el escepticismo de que países como Grecia, España y Portugal puedan poner en orden sus cuentas públicas, "México ha trabajado para reducir el impacto desfavorable que tienen los choques externos sobre la economía nacional a través del saneamiento de las finanzas públicas, el refinanciamiento y la reducción del endeudamiento externo de su deuda a largo plazo con tasas más bajas, el orden monetario, la flexibilidad cambiaria, la acumulación de reservas internacionales para defender la moneda y el fortalecimiento del sistema financiero". Por ello, "México ha salido bien librado", aunque Cordero agrega, cautelosamente, que "si bien es imposible garantizar que estamos perfectamente blindados, que nunca nos va a volver a pasar nada, nadie puede asegurar eso, sí podemos asegurar que nunca más habrá una crisis… o al menos en este momento no hay condiciones para que se origine una en México como las que se generaron en las décadas de 1980 y 1990".
Después de su apología a "la favorable conducción económica", Cordero recurre a la letanía de las cuentas alegres. Para enfrentar cualquier choque externo y garantizar un eventual ajuste ordenado, se dispone de 136 mil millones de dólares por concepto de reservas internacionales y la línea de crédito flexible abierta por el Fondo Monetario Internacional, poco más de 70 mil millones. La fallida "fortaleza financiera" de 2008-2009 ahora aparece revestida como el "blindaje financiero".
Ante el escenario de incertidumbre y volatilidad internacional, ¿qué medidas preventivas se han adoptado oficialmente? Para "mitigar los efectos adversos", añade Cordero, se han realizado "reuniones con los diferentes actores económicos y políticos del país: cámaras empresariales, líderes parlamentarios, intermediarios financieros y comisiones reguladoras del sistema financiero mexicano"; a los que se les ha presentado "la estrategia integral de financiamiento para mejorar las condiciones crediticias del sector rural"; "el lanzamiento de programas de impulso al financiamiento de la banca de desarrollo para pequeñas y medianas empresas"; "el anuncio de programas para fortalecer el financiamiento de infraestructura y desarrollo de empresas mexicanas"; y la "presentación de programas de garantías para el refinanciamiento de la deuda pública de estados y municipios".
Es decir, en sentido práctico, nada. Pese a que a principios de junio de 2011 el banco central señaló que el ritmo del crecimiento empezó a desacelerarse desde finales del primer trimestre del año, y que la crisis financiera y la menor actividad en Estados Unidos lo obligó a reducir su meta de expansión para 2011 (de 4-5 por ciento a 3.8-4.8 por ciento, y 2012, de 3.8-4.8 por ciento a 3.5-4.5 por ciento) así como en la creación de empleos (575 mil-675 mil vacantes este año, 25 mil menos respecto del cálculo hecho en el trimestre anterior, y 570 mil-670 mil para 2012), tales ajustes, empero, son irrelevantes. Subestiman la situación interna y externa, y la capacidad oficial y de la economía para asimilar el desorden mundial.
Las metas del producto interno bruto (PIB) manifiestan una declinación respecto de 2010 (5.4 por ciento) y no un proceso de recuperación del crecimiento sostenido. En nada contribuyen a recuperar el potencial histórico del crecimiento de 1950-1982 (6.1 por ciento). Ni siquiera permiten que el calderonismo iguale la mediocre tasa media de 1983-2006 (2.5 por ciento). Su sexenio promedia 1.8-2.2 por ciento, en el mejor de los casos, por lo que el PIB durante el ciclo neoliberal priísta-panista cayó 2.1-2.3 por ciento, o más. En materia de empleo serían inservibles: sólo generarían la mitad de las 1.3 millones de plazas formales requeridas anualmente.
¿Qué se ofrece oficialmente a los próximos marginados del mercado laboral? Nada, más que reforzar las filas del desempleo, la informalidad, la migración o, lo más grave, de la delincuencia. De todos modos, éstos no tienen nada que envidiar a los que logran ocuparse, debido a la inestabilidad e inseguridad laboral, los bajos salarios, las decrecientes prestaciones recibidas, la falta de servicios de salud y la imposibilidad de jubilarse alguna vez, aunque sea indignamente.
El gobierno panista exagera la supuesta fortaleza de la economía. Hasta el momento las secuelas de las diferentes fases de la crisis sistémica irresuelta iniciada en 2007, el colapso financiero, la depresión (desplome del producto y el consumo, altas tasas de desempleo y de quiebras de empresas), los problemas fiscales y de endeudamiento de los estados, y las nuevos síntomas de la deflación (recesión con baja de precios), se ha concentrado básicamente en los países avanzados. En 2009 la economía del Grupo de los Siete (G7) decreció 3.7 por ciento; la Unión Europea 4.1 por ciento; la de los países subdesarrollados creció 2.7 por ciento; y la de América Latina y el Caribe cayó 1.7 por ciento. En 2010 se reactivaron 2.8 por ciento, 1.8 por ciento, 7.3 por ciento y 6.1 por ciento, en cada caso. El mundo subdesarrollado resintió sus efectos, pero no en la misma intensidad, y su recuperación fue más rápida y con mejores tasas económicas. Unos por la reducción de su dependencia con dicha región y la reorientación de sus exportaciones (minerales, alimentos y otros productos primarios) hacia China. Otros, como Argentina, descansaron en su mercado interno y en una política económica estatal activa (mayores salarios reales, apoyos a las familias, el gasto público, los altos precios de los commodities, el tipo de cambio competitivo, la administración de comercio que sostienen el superávit externo). México, en cambio, en 2009 y 2010 ha tenido uno de las peores tasas de crecimiento de América Latina, similar a los países más humildes de la región.
En lo que va de 2011, la mayoría de los países del mundo resienten una declinación en su expansión, sobre todo desde el segundo trimestre, en consonancia con el nuevo desorden financiero mundial y sus efectos negativos sobre el sector real, así como por la deflación que empieza a resentirse en el G7 y la Unión Europea.
México no es la excepción. Sin embargo, su desaceleración se inició antes de la renovación de la salvaje especulación financiera y contracción del mundo industrializado. A partir del segundo trimestre de 2011, cuando creció 7.6 por ciento, se redujo el ritmo de crecimiento hasta ubicarse en 3.6 por ciento en el segundo trimestre de 2011. Y caerá aún más, en sincronía con la contracción estadunidense, debido a la dependencia estructural y la falta de políticas contracíclicas.
La mayor parte de las actividades productivas, los sectores primario, secundario (la minería, las manufacturas y la construcción) y terciario (el comercio, el transporte, los servicios financieros) ya muestran su desaceleración. Incluso, algunas como la minería o las manufacturas de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y la industria química, están en recesión; los servicios educativos, de salud y de asistencia social, estancados; las compras y las ventas al mayoreo y al menudeo se debilitan, al igual que el crédito vigente real de la banca comercial destinado a la vivienda, social y residencial; la construcción, el sector agropecuario, la minería y la industria, pese a la política monetaria que mantiene las tasas de referencias reales en casi cero por ciento y negativas las pagadas a los ahorradores, en detrimento de su patrimonio. Lo mismo sucede con la tasa nominal de crecimiento de las exportaciones totales: en mayo de 2010 ésta fue de 43 y de 27 por ciento. No fue mayor debido a las ventas petroleras. Las no petroleras declinaron de 41 a 18 por ciento. Esas mismas tasas registran las manufacturas. En junio de 2010 las exportaciones de la industria automotriz crecieron 99.5 por ciento; en 2011 aumentaron 27 por ciento.
El gasto público real en inversión presupuestaria que pudo atenuar el ciclo se contrajo 10 por ciento en el primer trimestre de 2011. El consumo de la población nada ha podido hacer a favor de la demanda porque el poder de compra de los salarios reales es lamentable y el alza del desempleo tiene efectos contractivos.
La desaceleración se explica por factores internos. Los externos sólo complican los problemas, pese al "blindaje financiero". La adversidad mundial se transmite por mecanismos conocidos: el financiero, el comercial y el productivo. El pánico del mercado bursátil (su índice ha caído 9 por ciento en lo que va de 2011), la entrada especulativa de capitales y la incertidumbre afectan el nivel de la moneda (desde el 23 de julio pasado a la fecha se ha depreciado 6 por ciento), lo que afecta las tarifas de las importaciones, presiona a la inflación y desalienta a la inversión productiva. Un alza de los réditos aceleraría la caída económica.
Del lado comercial y productivo se resentirá aún más la dependencia estructural de Estados Unidos. El sector orientado del mercado local está aletargado por el débil poder de compra de la población. El "moderno", el exportador, depende de la demanda estadunidense. El consumo privado, que representa el 70 por ciento del PIB, declinó de 3.1 por ciento en el último trimestre de 2010 a 1.6 por ciento en el segundo de 2011, afectado por el desempleo, la caída de los salarios reales y los altos niveles de endeudamiento, entre otros factores. La inversión productiva declinó de 7.4 a 4.2 por ciento. El gasto público en consumo e inversión que había crecido 0.1 por ciento decreció en 2.2 por ciento. El ritmo de crecimiento anual se desaceleró de 3.5 por ciento en el tercer trimestre de 2010 a 1.6 por ciento en el segundo de 2011.
La política monetaria y fiscal contracíclica impuesta por el gobierno estadunidense se agotó sin que se superara la crisis iniciada en 2007 y se consolidara la reactivación. Ahora ésta última declina y se impondrá un ajuste fiscal procíclico en lo que resta del mandato de Barack Obama, lo que debilitará aún más a la economía en lo que resta de este año.
Lo anterior será mortal para la economía mexicana que coloca el 80 por ciento de sus exportaciones en aquel mercado. En junio de 2010 las ventas anualizadas a ese país aumentaron en 44 por ciento; en junio de 2011 apenas crecieron 22 por ciento. Desde el punto de vista de las estadísticas estadunidenses, entre junio de 2009 y junio de 2010 su importación total de bienes mexicanos se expandió en 39 por ciento; en junio de 2011 por 16 por ciento. Las compras de equipo y transporte bajaron de 87 a 16 por ciento; las de equipos electrónicos y de cómputo de 29 a 1 por ciento; Las petroleras de 46 a 38 por ciento; las de equipo eléctrico de 24 a 12 por ciento. Todas representan el 64 por ciento de las importaciones. A medida que decline su demanda afectará más a la producción mexicana.
A nadie debe sorprender que a finales de 2011 la economía estadunidense inicie una segunda recesión que se desarrollaría hacia 2012. Lo más preocupante es que ese país se hunda en una depresión similar a la japonesa, que duró de 1992 a 2002. Cualquiera de los dos escenarios serían desastrosos para México, cuyo gobierno neoliberal priísta-panista no sólo no hizo nada para reducir la dependencia estructural, sino que, por el contrario, la agravaron desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Le vendieron el alma al diablo y nos arrastran hacia su averno. Nuestro futuro inmediato es sombrío: recesión y más estancamiento económico, mayor descomposición social e inestabilidad política que podrían ser saludables porque pueden forzar a un cambio postneoliberal, aunque muy costoso también.
*Economista
[TEXTO PARA TWITTER: Ante recesión mundial, el panorama de México es sombrío. Gobierno aplicará de nuevo medidas que ya fracasaron]
El deterioro de las instituciones
Jorge Meléndez Preciado*
Corrupción, impunidad e intereses extralegales impiden que la justicia funcione, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional –la anterior se realizó en 2003–, llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó en mayo pasado.
Un amplio grupo –encabezado por el director del Instituto, Héctor Felipe Fix Fierro, y la doctora Julia Isabel Flores Dávila– efectuó la muestra. Se entrevistaron a 2 mil 208 personas de todo el país, en cuatro regiones. Y como siempre, hay algunas cuestiones que destacan. Para siete de cada 10 personas las cosas empeoraron, y el 50 por ciento ve con pesimismo 2012, lo cual muestra claramente que no obstante los innumerables anuncios gubernamentales de "vamos bien", la gente no lo percibe así. Hay un foco rojo muy brillante para el año electoral que se avecina, algo que debe preocupar a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional, especialmente, pero también a los demás partidos.
El 18 por ciento percibe la situación política muy peligrosa. Lo que nos trae a la memoria los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Juan Francisco Ruiz Massieu. Varios analistas han alertado sobre ello, por lo que no debemos ignorar la advertencia; menos después de escuchar las campañas de lodo que salpican a todos los grillos, las cuales se exacerbarán más en las jornadas posteriores.
Si bien antes los crímenes, el secuestro y el robo eran lo preocupante –lacras que han crecido ciento por ciento o más, según un reciente estudio de organizaciones sociales–, hoy lo que amenaza es la violencia generalizada y la delincuencia organizada. Y es verdad, los recientes acontecimientos como el allanamiento y robo al escritor Efraín Bartolomé –a quien todavía no le regresan los objetos sustraídos, ni se han detenido a los culpables, policías del Estado de México en activo–, y la balacera ocurrida cerca del estadio de futbol de Torreón, Coahuila, muestran que la violencia ha crecido desmesuradamente y no es ya dolor de cabeza de unos cuantos.
Varias pruebas de ello: campos de cultivo abandonados, emigración a Estados Unidos incluso de ricos, unidades habitacionales abandonadas en el Norte del país, aumento de los feminicidios y de trata de personas. En esto y más está metido el narcotráfico.
Y es que la justicia es deficiente, de acuerdo con el 50 por ciento de la muestra. Para el 60 por ciento, alcaldes y gobernadores hacen poco caso a los habitantes, y el 50 por ciento expresa lo mismo de los jueces y magistrados. En tanto, el Ejecutivo no está tan mal evaluado, seguramente por sus intensas giras donde inaugura obras y otorga favores y por su cotidiana propaganda de "todo va bien".
Además, que los derechos humanos no se respetan, indica el 60 por ciento, lo que debe ser una llamada de atención a las oficinas encargadas del asunto, las cuales muchas veces piensan que por emitir recomendaciones todos quedarán satisfechos.
El 36 por ciento señala que los políticos son quienes más violan las leyes, después de la policía. Es paradójico: quienes elaboran las normas, y hacen campañas intensivas en radio y televisión para decirnos que los reglamentos nos benefician, son reprobados por sus representados. Nuevamente vemos que la propaganda no hace milagros permanentes, cuando más parciales y distractores.
Cabe desatacar que siete de cada 10 están a favor de un Congreso Constituyente y la elaboración de una nueva Carta Magna, lo cual hará sentirse muy orondo a Porfirio Muñoz Ledo, el principal impulsor de esas iniciativas. Y por lógica, el 50 por ciento señala que la Constitución ya no responde a las necesidades actuales. Esto se acentúa en la zona centro del país y entre las clases con mayor escolaridad, lo que debe llamar la atención de los partidos políticos en sus estrategias rumbo a 2012.
Dos cuestiones trascendentes que empatan con lo anterior: el 60 por ciento está por la revocación de mandato cuando haya faltas graves y el 75 por ciento por transparentar la información, incluso en la llamada "guerra" contra el narcotráfico. En este último asunto, las producciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y las series televisivas como El equipo y La teniente sirven de poco a los fines de ensalzar a quienes se enfrentan contra los malosos, pero que en ocasiones utilizan la prepotencia con el fin de resolver supuestos problemas y, en el fondo, violan las leyes.
El 80 por ciento de los mexicanos afirma que no tiene protección contra abusos de la autoridad. A pesar de las múltiples instituciones creadas, autónomas o no, ninguna es confiable a ojos de las personas.
No obstante las violaciones al Estado laico y las reiteraciones de que la Iglesia Católica deba estar presente en nuestra vida cotidiana, en los últimos 10 años de panismo, el 60 por ciento está en contra de que los ministros religiosos opinen de política, lo cual es un balde de agua fría al portavoz de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, al obispo Onésimo Cepeda Silva, y al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entre otros.
La encuesta señala que seis de cada 10 opinan que no debe existir enseñanza religiosa en las escuelas, lo que traerá dolores de cabeza a los seguidores del padre Marcial Maciel, y a muchos colegios privados que utilizan el credo supuestamente para impartir educación. De las instituciones, resultan mejor evaluadas las universidades públicas y el Ejército. Al fondo: partidos políticos, diputados y policías. Los tres últimos tienen largos años en esa pésima situación y no rectifican, más bien insisten en deteriorar su imagen.
En síntesis, hay un despertar ciudadano, incipiente, que muestra la necesidad de cambios serios, de fondo, en todos los organismos sociales, a riesgo de que haya inconformidades mayúsculas. Pero ya sabemos que los encargados del poder ven llover y no se mojan, algo muy nítido en esta temporada de aguaceros donde muchos sufren y unos cuantos se ríen del tiempo entre charlas de café y copas.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: Políticos y policías, quienes más desconfianza despiertan entre la sociedad: Jorge Meléndez]
La responsabilidad del PRI de Peña Nieto
Martín Esparza Flores*
Una sonora bofetada con guante blanco retumbó en las mejillas de los funcionarios que en su momento acusaron al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin prueba alguna, de sabotear las líneas subterráneas del Centro Histórico, tras las estruendosas explosiones registradas en las mufas, que por la falta de mantenimiento empezaron a volar tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dieron la razón al SME, al determinar que lo obsoleto del cableado y los transformadores con más de 60 años de vida útil, y la falta de mantenimiento oportuno, son las causas fundamentales de las fallas que ponen en riesgo la vida de quienes a diario transitan por el corazón de la ciudad de México.
Es decir, que contra las afirmaciones tendenciosas de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la PGR y de la Secretaría de Energía (la exsecretaria Georgina Kessel Martínez fue de las más entusiastas detractoras del SME en este sentido), el detallado estudio pericial determinó que nunca existió sabotaje alguno; incluso, establece la impericia con que los contratistas de la CFE operan el sistema, al determinar con claridad que en años anteriores a la extinción de LFC, los casos de explosiones en las mufas o fallas técnicas en éstas, "eran escasas".
Y por si alguna duda queda sobre la certeza del dictamen técnico de la PGJDF, sus peritos intercambiaron información con expertos de la propia CFE, de la PGR, de Bomberos y de Protección Civil. Todas estas áreas confirman que los sabotajes sólo están en las mentes perversas de quienes buscan denostar la lucha del SME.
Ante tal evidencia de irresponsabilidad en el manejo del sector eléctrico en la antes zona de influencia de LFC, se hace más urgente la definición política que debe tomar, en el Congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto. Esta mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, dirigida por Francisco Rojas, puede impulsar, con el decidido apoyo del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista, la iniciativa de ley que plantea la creación de una nueva empresa que se interconecte con CFE, desde el centro del país, al Sistema Eléctrico Nacional.
Es urgente que el PRI haga valer, de manera responsable, su condición mayoritaria para mejorar el servicio eléctrico en la capital de la república. La explosión de las mufas en el Centro Histórico son sólo una parte de las innumerables fallas que a diario se registran y que afectan no sólo a miles de hogares, sino a pequeñas y medianas industrias y comercios, cuyas pérdidas se convierten en una amenaza de quiebra.
Los foros organizados por los legisladores del PRI también dan la razón al SME en cuanto al inusual y excesivo cobro en los recibos de luz que afectan a miles de usuarios, sobre todo de escasos recursos, no sólo en la zona centro, sino en todo el país. Dar la pauta a la creación de una nueva empresa contribuiría a poner fin al conflicto social originado tras la extinción de LFC que mandó a la calle a 44 mil electricistas, la causa y razón de la lucha de resistencia del SME.
El reclamo generalizado de una población indignada con el pésimo y costoso servicio eléctrico que recibe desde hace casi dos años, es una poderosa razón para que el PRI de Peña Nieto, asuma su responsabilidad de cara a los grandes problemas del país y apoye la iniciativa de ley a discutirse en el próximo periodo de sesiones, para dar paso a una nueva empresa que sustituya a LFC. Millones de mexicanos se lo agradecerán.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[TEXTO PARA TWITTER: La responsabilidad del PRI en la solución del conflicto eléctrico: Martín Esparza]
Detrás de cada familia…
Esas mujeres que hacen posible que millones de personas ejerzan su profesión, salgan de paseo y vacaciones, son por un lado indispensable y por otro uno de los grupos sociales más opacos y minusvalorados en México.Su nombre es Matilde, llegó a trabajar a nuestra casa cuando yo tenía unos nueve años. Venía desde un rancho en Hidalgo y su madre y padre eran campesinos trabajadores en Pachuca.
Por las mañanas acudía a la escuela, por las tardes limpiaba la casa y nos cuidaba; sábado y domingo visitaba a sus padres. Yo estaba entrando en preparatoria cuando fuimos a la UNAM a acompañar a Matilde a su graduación como Química. Nunca antes la vi tan feliz y segura de sí misma. La misma joven que limpiaba la casa aparece en la fotografía tomada del brazo de su novio con su diploma universitario en mano.
Esa es una escena que debería ser absolutamente natural en México, pero no lo es. Resulta sorprendente que aun millones de personas crean que esclavizar a las trabajadoras domésticas, sean o no indígenas, es no sólo normal sino incluso motivo de beneplácito y presunción. Consideran que "rescatar de la pobreza" a una joven les autoriza a arrebatarle el derecho a estudiar, a tener vida social y familiar.Basta pensar en los millones de madres y padres que pueden trabajar fuera del hogar gracias a una empleada de confianza que hace de nana, cocinera, enfermera, telefonista y agente de limpieza.
Cuántas familias mexicanas en sus anécdotas incluyen siempre a una mujer que les cantaba en la cocina, que les caminaba hacia la escuela, que cocinaba los platos favoritos de la infancia cuya remembranza aromática les hace pensar en el calor de hogar y una familia gozosa.Ellas mismas han transformado su profesión poco a poco. Candy limpia un departamento en Cancún, lleva consigo el teléfono celular. Por las tardes estudia computación e inglés y recientemente abrió una cuenta bancaria para poder, a los 25 años, comprarse su primer pequeño auto a crédito.
Para ella ser trabajadora doméstica es un privilegio, le gusta la limpieza, lo hace muy bien y se sabe merecedora de un buen sueldo, considera de gran importancia la confianza de sus clientas y la honra con un pacto de respeto y profesionalismo. Candy nació en un pueblo de Yucatán y su infancia no le deparaba un destino muy promisorio, ella, como Matilde y muchas otras trabajadoras domésticas aseguran que no son "chachas" ni "sirvientas" sino trabajadoras o asistentes del hogar.
Marcelina Bautista es una visionaria, líder de trabajadoras domésticas, quien conformó una asociación civil denominada CACEH A.C. (marce_baumx@yahoo.com.mx ) Ella lleva más de 10 años haciendo un increíble esfuerzo para que sean dignificados los derechos de las trabajadoras domésticas. No lo hace desde la grilla inútil, sino desde la experiencia y el profesionalismo; reconoce la importancia de este oficio y la necesidad de replantear cómo lo vivimos y valoramos en nuestro país. Marcelina es una fuerza de la naturaleza que ha elaborado un programa de capacitación y asesoría legal para ellas.
Gracias a su esfuerzo miles de personas han aprendido a dejar atrás el racismo, el sexismo y la sumisión que subyacen en el trabajo doméstico y le han dado el matiz imprescindible de un trabajo formal y digno que amerita no solo reconocimiento moral, sino laboral que incluya jubilación y seguridad social.Para Marcelina al país se le transforma desde el hogar, con los pactos de congruencia que se hacen en el ámbito personal.
Ella plantea que debemos ser capaces de entender que profesionalizar a las trabajadoras domésticas llevará a un pacto social de igualdad, pero también será un factor vital para erradicar el racismo y la explotación laboral. Por eso ella ha sido una actora vital para que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulse el Convenio 189 por los derechos de las trabajadoras del hogar y que el gobierno mexicano lo ratifique. Pero más allá de lograr un tratado formal, lo que Marcelina nos propone a todas y todos los mexicanos es mirar desde una nueva perspectiva a estas mujeres cuya fuerza laboral es un impulso vital para el país y debe ser reconocida, valorada y protegida.
www.lydiacacho.net @lydiacachosi
Crucificado
El juicio al Presidente Felipe Calderón pareciera terminar en una sentencia cruel por que se le atribuyen culpas ajenas además de las propias.Emulando a los antiguos romanos, la resolución es la crucifixión pública Felipe Calderón víctima de un método antiguo de ejecución. Atado y clavado a una gran cruz, esperando una muerte lenta, estrujante, dolorosa. Obligado a cargar a cuestas – camino al patíbulo- con los errores de once años de gobierno panista.
Colocado allí por una guerra contra al crimen que no provee los resultados deseados; por una economía que no despliega el dinamismo deseado; por una alternancia que ha sido fuente de persistentes inercias en lugar de grandes cambios. La crucifixión utilizada por los romanos ahora es emulada por los mexicanos, que han clavado al Presidente a una estaca. Un castigo infligido por acciones y omisiones que el Quinto Informe de Gobierno no logra sobremontar. Felipe crucificado por los hombres entambados.
Los cuerpos decapitados. Los militares acribillados. Los ciudadanos atemorizados. Los automóviles quemados. Los 45 mil muertos. Felipe cuestionado por un país donde las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Donde se atacan los efectos, pero no las causas. Donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero e instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías y policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Felipe crucificado porque el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir.
Ese Estado mexicano que declara que va ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga, como lo revela el caso de Jonás Larrazábal y los multimillonarios quesos que vendía. El narcotráfico se nutre de una vasta red, tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del Estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para hablar y actuar honestamente. Felipe crucificado porque argumenta en su Quinto Informe que los operativos están dando resultados.
Que vamos ganando aunque no parezca. Que la violencia es resultado de la eficiencia; el aumento en las ejecuciones es indicador de las interdicciones; la multiplicación de las muertes es evidencia de mano firme y no de mano ineficaz. El y sus colaboradores cerrando los ojos ante fuerzas sociales y económicas demasiado arraigadas para ser combatidas tan sólo con más armas, más balas, más policías, más militares, más sangre en el suelo, más soluciones simplistas a problemas complejos. Felipe crucificado por los problemas estructurales de un país con una subclase permanente de 50 millones de pobres. Con un sistema policiaco disfuncional. Con una corrupción que por conveniencia nadie quiere combatir. Con un sistema educativo demasiado maltrecho como para asegurar la movilidad social, y por ello la economía ilegítima del narcotráfico se vuelve la única solución para tantos mexicanos.
Felipe atado por una combinación de causas: patrones históricos, patrones intransigentes, patrones recalcitrantes que abonan el terreno para el crimen y quienes viven y se enriquecen con él. Felipe crucificado porque sus acciones han estado encaminadas hacia una reconquista temporal de territorios tomados. Pero la posibilidad de un México más seguro y menos violento dependerá de la capacidad del Gobierno para remodelar el andamiaje judicial, para reformar el aparato policial, para sancionar la corrupción en vez de solaparla. Para iniciar investigaciones necesarias sobre quién hace qué y quién protege a quién.
En pocas palabras, el Gobierno tendría que combatir a narcotraficantes y a funcionarios que los protegen. Tendría que confrontar a criminales en la calle y a sus cómplices en los pasillos del poder. Tendría que atrapar a hombres que violan la ley y remodelar a las instituciones que han puesto a su disposición. Felipe crucificado a pesar de que la situación macroeconómica no podía ser mejor, las finanzas gubernamentales están en orden, la inflación no es un problema.
Pero he allí nuestra dependencia de un recurso natural no renovable –el petróleo– cuya producción va en picada; nuestra dependencia del mercado estadounidense cuyos consumidores se baten en retirada ante una nueva recesión; nuestra dependencia de las remesas cuyo envío cae mes tras mes. México, durante once años de panismo, ha sido incapaz de construir motores internos que desaten el dinamismo económico, alienten la inversión, promuevan el empleo, y empujen al país a alcanzar su verdadero potencial.
En el siglo 16, la crucifixión no era tan sólo una ejecución; equivalía también a una humillación. Era utilizada para aterrorizar, para disuadir, para servir de ejemplo. Y el ejemplo que provee la presidencia de Felipe Calderón en su trecho final es preocupante. Quienes no combaten con la suficiente fuerza o consistencia al viejo régimen, acaban crucificados por él.
Liberación, descrédito y responsabilidad
Editorial La Jornada
no existía motivo legal que impidiera detenerlo, y anunció que impugnará la liberación de Moreno Díaz
para que enfrente el proceso penal por el delito que cometió.
Con independencia de los vericuetos legales y de la viabilidad jurídica de que la PGR logre la reaprehensión del ex funcionario, el hecho de que éste haya sido liberado a unas horas de su captura constituye un nuevo fracaso de esa dependencia, la coloca en una nueva sima de descrédito frente a la población, y alimenta el escepticismo ciudadano ante las autoridades federales de procuración de justicia, que en otras ocasiones han quedado exhibidas por su deficiencia en la integración de acusaciones y expedientes, por la irregularidad en que suelen llevarse a cabo las aprehensiones y por su papel de gestoras de revanchas y golpeteos contra opositores políticos.
En el caso que se comenta, ese descrédito es justificado si se toma en cuenta que el ex funcionario liberado ayer arrastra un largo historial de acusaciones por corrupción: desde 1998, Moreno Díaz –quien entonces se desempeñaba como coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE– había sido inhabilitado como servidor público por diversas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones
; sin embargo, permaneció en su cargo. Posteriormente, en 2000, fue presentada ante la PGR una denuncia en contra de Moreno Díaz y otros funcionarios de la CFE por un quebranto de 16.2 millones de pesos, pero las investigaciones correspondientes determinaron que no era responsable, y permaneció en su puesto. Dos años más tarde, el ex directivo de la CFE fue acusado por diversos ilícitos contra la paraestatal por el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al que por entonces pertenecían los actuales titulares de Gobernación, Francisco Blake, y del Ejecutivo federal, Felipe Calderón. En ese mismo año, sin embargo, Moreno Díaz fue ascendido a la Subdirección de Generación de la CFE y, posteriormente, a la Dirección de Operaciones de la paraestatal, en 2007, bajo la gestión de Alfredo Elías Ayub.
Fue necesario que en una corte de Estados Unidos se demostrara que Moreno Díaz aceptó millonarios sobornos de una empresa trasnacional –entre los que se incluyen un auto de lujo y un yate– a cambio de contratos en la CFE, para que el funcionario solicitara licencia a su cargo y la PGR atendiera las inveteradas acusaciones de corrupción en su contra e iniciara las pesquisas correspondientes.
En más de una ocasión, ante los episodios de excarcelación de personajes impugnados y de presuntos infractores de la ley, el presidente Felipe Calderón ha señalado ineficiencia e incluso corrupción en el Poder Judicial. Tales dichos resultan improcedentes por partida triple: porque no es propio del titular de uno de los poderes de la Unión denostar en abstracto a los representantes de otro; porque, al no señalar casos concretos, las acusaciones se quedan en el terreno de la insinuación, y porque con afirmaciones como ésas pareciera que el jefe del Ejecutivo quiere eludir responsabilidad por la conducta cuando menos errática, omisa y descuidada con que se ha conducido el Ministerio Público en episodios como éste, lo mismo en administraciones pasadas que en la actual.
La deriva que acusa en la hora presente la procuración e impartición de justicia constituye un lastre fundamental para las perspectivas de un restablecimiento pleno del estado de derecho en el país, y eso no podrá corregirse mientras los responsables continúen culpando a otros ante la evidencia de su propia incapacidad.
Antorcha de poetas
Como sea, resulta cruel y a la vez un alivio que los poetas sirvan de fusibles sensibles en esta hora. (Sólo se mencionarán aquí casos de 2011). En su naturaleza está dar voz a su tiempo de la mejor manera posible. Y cuando el miedo o la muerte tocan a su puerta, lo expresan y dicen. Bueno, ya lo venían diciendo. Y como sucede con Susana Chávez, poeta y activista juarense asesinada cruelmente a principios de año, desde la irrevocable ausencia siguen haciéndolo. Susana vivía en la realidad y comprometida con el presente resistía de manera generosa y radical. Por eso las autoridades se esforzaron en confinar su muerte en la nota roja y quitarle cualquier significado a todo. Hombres necios que acusaís:
He perdido la cuenta de tus huesos/ introduciendo mi palabra al tiempo/ entonces me fui a alguna parte/ con el apetito dormido./ Fuiste tú el sitio del crimen,/ quien me volvió clandestina melodía,/ a quien contemplo mezclada de imágenes/ sentada en una butaca de cine/ para ver mi sombra
(Ocaso).
En México no se lee mucho, y menos poesía, pero los poetas
siempre han tenido un aura prestigiosa, aún si se les percibe desde un arcano de segunda mano. Con eso de que las suyas son las palabras de la tribu (según acuñara José Ángel Valente). Por lo general, gente tranquila y honesta que se esmera, como el viejo payaso de Eliseo Diego, en hacerlo bien. No molestan a sus vecinos ni son distraídos; al contrario, su trabajo es verla bien a la vida, sea en combate con ella, o como dicha inmerecida.
El absurdo asesinato de su hijo Juan Francisco y amigos puso a Javier Sicilia en un punto de máxima visibilidad. No sólo se trataba de un escritor pacifista con profunda orientación espiritual y libertaria, sino, sobre todo, de un poeta, premio nacional (el de Aguascalientes) apenas en 2009. Al ser tocado por la violencia, Sicilia elevó la voz, haciendo lo que siempre ha hecho: decir lo que piensa y siente. En una arena pública contaminada de mentira, trivialidad, gesticulación e intolerancia, el peso de sus palabras ofreció antídotos, respiros para las redadas del miedo y el baño nacional de sangre. Con la simple dignidad de la palabra.
Cuando en junio la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad llegó a ciudad Juárez en numerosos autobuses, uno de ellos trasladaba poetas. En otras condiciones hubiera sido anecdótico, pero allí resultaba significativo. Cerca de 30 poetas mexicanos (y de los buenos) se unieron a la movilización convocada por Sicilia, y muchos participaban en la caravana.
En días de agosto la violencia alcanzó a otro poeta, el chiapaneco Efraín Bartolomé. De la misma generación que Sicilia, Bartolomé ha elegido el camino de la poesía-poesía, creando una obra memorable; heredero inicial del aliento tropical de Carlos Pellicer y José Carlos Becerra, por su evolución poética y su magisterio merece ser considerado un vate en toda la extensión de la palabra. El allanamiento brutal, injustificado e ilegal de su domicilio en Tlalpan, con su narración visibilizó otra tajada de la realidad que nos tienen impuesta: los allanamientos policiacos y militares que se generalizan en el país, sin que se informe de ellos. Para no ir más lejos, el 23 de agosto se efectuaron un cerco policiaco y allanamientos domiciliarios en tres barrios del centro de San Cristóbal de las Casas: robos, golpizas, tortura sicológica, criminalización de personas inocentes; todo, ante el pasmo y la inacción de las autoridades municipales. Aunque sólo lo registrara el periódico local La Foja Coleta, es otro atropello que importa. Como importan los allanamientos militares en Zirahuén, Trinidad Regalado y Pomácuaro el día 24, en Michoacán. Y contando.
Ahora bien, no sólo vale mencionar a figuras de elaborada espiritualidad como Bartolomé y Sicilia. O a quienes a la Lou Reed caminan por el lado salvaje (como si quedara de otra). Dolorosamente, concurren jóvenes que apenas empezaban, como el también fotorreportero Emiliano Pozas, asesinado a balazos en Tepic por unos secuestradores en días de agosto. De la estirpe de los notables Ricardos Pozas, Emiliano alcanzó a dejar estos versos:
Horizonte de azules/ este que gobierna/ en mi paraíso;/ ahí donde mueren/ los hombres,/ donde acaba el mundo,/ donde se rompen/ las esperanzas,/ que nos espera/ ahí al borde del abismo,/ adonde van tu amor/ y mi amor/ al fugarse/ de este paisaje/ intentando conquistar/ paraísos inexplorados.
Podemos quejarnos de muchas cosas, y debemos protestar hasta el cansancio, pero si contamos con el privilegio de un clamor de poetas, ¿será que al fin aprendamos a ver, escuchándolos?
Corrupción y enriquecimiento ilícito, cargos contra el ex directivo
La orden, de la misma juez que mandó detener a Néstor Moreno Díaz
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 13
Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de uno de los casos más importantes de corrupción en los años recientes dentro de la paraestatal, fue liberado la madrugada de este domingo del Reclusorio Oriente por orden de la juez federal Taisa Cruz Parcero.
La juzgadora es la misma que libró contra Moreno la orden de aprehensión, pero decretó la inmediata libertad del detenido porque obtuvo información de otro juez federal de que el inculpado contaba con una suspensión definitiva vigente que impedía su detención.
La Procuraduría General de la República (PGR) indicó ayer en un comunicado que no comparte la interpretación hecha por Cruz Parcero, pues la institución interpreta que la suspensión de amparo no estaba vigente.
Moreno deberá presentarse en los próximos cuatro días hábiles al juzgado cuarto de distrito del Reclusorio Oriente para defenderse de la acusación que le imputaron los fiscales de la PGR y presentar pruebas en su defensa.
El ex funcionario de la CFE fue detenido el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando pretendía huir del país en un avión privado.
Aunque la PGR presentó un escrito durante la madrugada del domingo para pedir a la autoridad judicial que negara la libertad condicionada a Moreno Díaz, ante la posibilidad de que evadiera la acción de la ley, la juez décima de distrito optó por conceder la solicitud del inculpado, quien en los próximos seis días deberá aportar pruebas si quiere evitar el auto de formal prisión.
En un comunicado, la PGR explicó que Taisa Cruz, titular del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales, no tuvo por cumplida la aprehensión (de Moreno), porque estimó que la suspensión provisional que dictó otro juez federal en Monterrey seguía vigente, y por ello ordenó su libertad para que saliera del Reclusorio Oriente de la ciudad de México
.
Lo anterior, con base en que el pasado 3 de agosto Moreno Díaz presentó una demanda de amparo en el juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en Nuevo León, contra cualquier orden de aprehensión dictada en su contra.
Según la PGR, el ex funcionario de CFE debió presentarse en menos de una semana ante Cruz Parcero y, como no lo hizo, los efectos de la suspensión debieron cancelarse
.
Sin embargo, la juez cuarta de distrito "no tuvo por cumplida la orden de aprehensión, porque adujo que seguía vigente la suspensión otorgada por el juez quinto y ordenó su libertad.
El agente del Ministerio Público Federal interpondrá los recursos que correspondan y hará valer las acciones legales procedentes para que se niegue la suspensión definitiva a Moreno Díaz y se declare improcedente el juicio de amparo, para que enfrente el proceso penal por el delito que cometió
, destacó la PGR.
A Moreno se le acusa de enriquecimiento ilícito por 33 millones 99 mil 293 pesos, pues los señalamientos en su contra refieren que es responsable de otorgar contratos de arrendamiento de plantas eléctricas de emergencia a empresas estadunidenses a cambio de sobornos millonarios.
De al menos 2 mil quejas presentadas en 5 años, destituyó a ocho
Poco comúnque el CJF corra a jueces; aplica castigos menores
Incluso en conductas graves se opta por sanciones leves, dicen en la Judicatura
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 14
En los cinco años recientes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sólo ha destituido de manera definitiva a seis jueces de distrito y a dos magistrados de circuito por conductas indebidas, aunque en ese periodo se han presentado ante el órgano administrativo del Poder Judicial Federal (PJF) al menos 2 mil 300 quejas contra juzgadores de primera y segunda instancias, revelaron funcionarios del CJF.
La gran mayoría de las quejas administrativas son desechadas desde un principio por notoria improcedencia, debido a que únicamente se presentan con el propósito de modificar el sentido de alguna resolución que no haya favorecido a la parte quejosa.
No obstante, incluso cuando se han comprobado conductas graves, el órgano regulador de jueces y magistrados ha optado por sanciones más leves, como suspensión o cambio de adscripción.
La destitución definitiva más reciente ocurrió en julio pasado contra el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete, por usar a sus subordinados para litigar en favor de su hermana –quien es magistrada–, así como por nepotismo y maltrato al personal.
El caso anterior fue el del magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, quien formaba parte de un tribunal colegiado de circuito en el estado de México, pero no fue ratificado en el cargo debido a que fue acusado y se demostró que hostigaba a una de sus subordinadas, quien se negó a sostener una relación sentimental con él.
El 12 de noviembre de 2008 fue destituido Francisco Salvador Pérez, quien era magistrado del primer tribunal unitario del decimotercer circuito, en Oaxaca, por diversas irregularidades.
De enero de 2006 y hasta el jueves pasado, cuando se notificó a Ibarra Navarrete su remoción como juez primero de distrito en materia administrativa en Guadalajara, Jalisco, el CJF sólo había destituido a los magistrados Ramos y Pérez, así como a otros cinco jueces de distrito, aunque el universo de juzgadores federales ha crecido año tras año y actualmente hay casi mil 200 en funciones.
El actual lustro (2006-2011) es el más bajo en cuanto a sanciones de juzgadores respecto del mismo periodo anterior, pues de 2000 a 2005 la destitución se aplicó contra cuatro magistrados y seis jueces. En tanto, entre 1995 y 2000 la Judicatura sancionó con suspensión definitiva a 16 juzgadores.
Información estadística elaborada por el CJF revela que de 1995 a 2007 nueve de los 22 jueces y magistrados destituidos en esos años ganaron su reinstalación litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluidos cuatro juzgadores que habían sido sancionados por dictar fallos favorables a narcotraficantes.
Es poco común la suspensión definitiva de juzgadores; el CJF recurre más a las sanciones menores, que van desde apercibimientos por escrito hasta destituciones temporales de entre tres meses y un año sin goce de sueldo
, dijo a La Jornada uno de los funcionarios del PJF que proporcionaron la información.
Entre las suspensiones temporales más recientes está la de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez tercero de distrito en materia administrativa del cuarto circuito de Monterrey, Nuevo León, en tanto se investigan denuncias por presuntamente favorecer a casinos y otras irregularidades. Caso similar es el del juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, por la investigación que empezó a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.
En octubre de 2010, el juez Felipe Sifuentes fue suspendido un año por haber permitido a la aerolínea Aviacsa mantener sus operaciones, pese a que despachaba en un juzgado de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y carecía de competencia para conocer del caso.
El 17 de enero de 2009 fue suspendido tres meses el magistrado de circuito Jesús Guadalupe Luna Altamirano (uno de los pocos que transparentan sus resoluciones y ofrecen conferencias de prensa para dar a conocer sus fallos) por haber cuestionado públicamente a la juez Silvia Carrasco, quien en 2008 consignó a cinco años de cárcel a un hijo del presunto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Luna Altamirano, magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal del DF, revocó la sentencia condenatoria de Carrasco y exculpó a Archibaldo Guzmán, cono- cido como El Chapito.
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