¿A Grecia y México, en bancarrota por saqueo capitalista, sólo les que queda llorar su tragedia?
Pedro Echeverría V.
1. Muchos mexicanos piensan que hablar de los problemas de Grecia, de China o de Irán, es tratar problemas abstractos o ajenos. No se dan cuenta que así como en México viven seres humanos que son trabajadores, explotados y miserables, igual suerte sufren en otros países donde el capitalismo, los señores de la riqueza, se adueñan de todo lo que producen los obreros y los campesinos. No se dan cuenta que los que se dicen "salvadores" de los pueblos griego y mexicano son siempre los mismos: una treintena de grupos bancarios que hacen negocios especulando con el trabajo y los ingresos de los mismos obreros. Y peor aún: desde que hace 50 años comenzaron a extenderse las empresas transnacionales como los fabricantes de coches, de armas, de refrescos, son los mismos grupos monopólicos imperialistas los que explotan aquí, allí y todas partes. Por eso cuando hablamos de un país es como si lo estuviéramos de México.
2. Los líderes europeos banqueros (o también americanos), están sedientos por recobrar deudas de Grecia en profunda crisis. El sable europeo y la bota yanqui (FMI) de la llamada troika, sin importarles el destino del pueblo griego, la solidaridad que requiere en este momento que su economía está desplomándose, exigen el inmediato pago de las deudas. Pero la sociedad griega –defendiéndose tímidamente- no parece dispuesta a someterse y exige: a) la suspensión unilateral de pagos, acompañada de b) una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, c) repudiar toda la deuda ilegítima y, d) castigar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Tal y como están las cosas en ese país europeo, ésta propuesta de lucha parece la única salida razonable y realmente democrática; es decir, la única que permitirá al pueblo griego recuperar el poder de su soberanía económica, social y política.
3. Grecia es un pequeño país de 12 millones de habitantes comparado con México de 114 millones. Sin embargo, con una deuda pública de Grecia que habría llegado a los 355.000 millones de euros, cifra que ya supone el 165% de su PIB. Casi un 75% del total (unos 260.000 millones) son bonos que se negocian –con cuantiosos márgenes de beneficios– en los mercados secundarios de valores, y que están en manos de agentes privados (fondos, aseguradoras y bancos poseen casi el 70% de los mismos), del BCE (que ostenta otro 20%) y de la seguridad social griega (10% restante) ¿Qué sucede? Que viendo su debilidad orgánica y la insignificancia de las luchas de su pueblo, los multimillonarios controladores de la economía de Europa (gobierno alemán, francés, yanqui) han decidido embargarla imponiendo una economía que reduce todos los ingresos del pueblo griego llevándolo a más hambre y a más necesidades no satisfechas.
4. Veamos México. Según leemos en La Jornada, después de sanear el sistema financiero con cargo a los contribuyentes y la entrega de los principales bancos a un nuevo grupo de inversionistas después del rescate de 1995, las ganancias de las instituciones de crédito crecieron en los pasados 11 años a una tasa que multiplica por 20 el avance de la economía en conjunto en el mismo periodo. Las ganancias netas del conjunto de bancos que opera en el país entre 2000 y 2011 alcanzaron 569 mil 434 millones de pesos Esta cantidad equivale a dos terceras partes de los recursos de los contribuyentes que han sido empleados para financiar el costo del saneamiento bancario de 1995. La deuda generada por FOBAPROA siguió en aumento y requirió cada año de cuantiosos recursos públicos, destinados básicamente a cubrir los intereses generados por esos pasivos, como reveló la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.
5. ¿Qué carajos hemos hecho los trabajadores en México para remediar ese terrible despojo que es un profundo dolor por el hambre de nuestro pueblo? Los ricos se han hecho inmensamente millonarios con el dinero que les han entregado desde 1995, hace más de 15 años, los mismos gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón (569 mil 434 millones de pesos) del trabajo directo del pueblo mexicano y lo único que hemos hecho el llorar nuestra tragedia. Somos por lo menos 70 millones de pobres y 40 millones de miserables y toda esa gran fuerza de nada ha servido –por lo menos- en los últimos 30 años. No me cabe duda de que estamos 10 veces más jodidos en participación y reclamos que los griegos. Pero estamos esperanzados en que algo harán, en que no permitirán que los reduzcan los salarios, las pensiones y se hagan más caros los artículos de primera necesidad para seguir llenando las bolsas de los poderosos banqueros.
6. Alguien me diría con razón que no sólo es Grecia y México sino también España, Chile, Honduras, Irán, África, los mismos EEUU. Y sí, son en todos los países donde la miseria de millones y millones de trabajadores se ha incrementado por la explotación y el desempleo producto de economías que sólo benefician a unas cuantas familias. Y parece no tener solución, pero sí que la tiene. La solución profunda y total sólo puede venir de los trabajadores mismos que con su fuerza asuman el control de la economía y la política; pero también hay soluciones pasajeras en las que los grupos de poder de enfrentan y negocian para no provocar problemas mayores. Por ejemplo si los griegos logran presionar fuerte es posible que le bajen a la brutal intervención de Alemania y Francia que buscan imponer la política del euro con toda su fuerza. Aunque los helenos no tengan en sus manos, por ahora, la solución definitiva, pueden remediar su futuro.
7. En México no hemos podido defendernos. Cada año o cada sexenio no saquean y nada sucede. Quizá los procesos electorales sirvan de entretenimiento y de esperanza en que las cosas cambien a favor del pueblo. Pero nada importante sucede después de más de 70 años de gobiernos del PRI y 12 años de gobiernos del PAN porque son exactamente iguales: al servicio de la clase empresarial, clerical y de los inversionistas extranjeros. Por lo menos los últimos cinco presidentes (tres del PRI y dos del PAN) deberían estar en la cárcel. Pero no. La pasan tan campantes gozando de sus enormes riquezas que parecerían estar recibiendo más premios y más aplausos. Por eso no tenemos derecho de exigir que otros pueblos como el griego salgan a las calles y luchen contra la lesión de sus intereses si los mexicanos que somos 10 veces más numerosos tampoco hemos tenido la dignidad y la valentía para defendernos.
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Tal como estaba programado y citado, el miércoles 22 de febrero el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se presentó a comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados. El tema de su comparecencia no fue sobre el sector más dinámico y litigioso de la economía mexicana sino por supuestos beneficios y tráfico de influencias que Mony de Swaan ha ejercido al frente de este organismo regulador.
Sin embargo, a De Swaan le hicieron el vacío los legisladores del PRD y del PRI que se retiraron cuando se dieron cuenta que no estarían los otros cuatro integrantes del pleno de la Cofetel. Y los otros cuatro comisionados (Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alex Milo Carranza y José Luis Peralta) afirmaron que no asistieron porque así se los ordenó la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con una nota publicada en el portal de El Univeral, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Alfonso Fernández Aceves, les ordenó que no se presentaran e informó a los integrantes de la comisión legislativa que, en virtud de recaer en Mony de Swaan la organización, dirección y representación legal de Cofetel, sólo él debía comparecer.
¿Desde cuándo un organismo que se pretendía autónomo (¿no fue ese uno de las supuestas ventajas de la Ley Televisa?) debe recibir instrucciones de un subsecretario de Gobernación?
En protesta por esta instrucción o injerencia del Ejecutivo federal, los diputados del PRI y del PRD "reventaron" la sesión de comparencia ante la comisión.En su página de Facebook, la fracción del PRD argumentó que "al no acudir, sino solamente el 20 por ciento de la misma hay un desacato, hay un incumplimiento de un acuerdo de la comisión y hay, por otro lado, un involucramiento de la Secretaría de Gobernación en funciones que no le corresponde".
Sin embargo, la página oficial de Cofetel distribuyó el documento de 9 cuartillas de Mony de Swaan para explicar los procedimientos de contratación de servicios que realizó entre 2011 y 2012, en particular a la empresa Asesoría Estrategia Total S.C., así como la renta de un departamento en Valle de Bravo.
De Swaan advirtió que las acusaciones en su contra "no tienen fundamento alguno y en buena medida están diseñadas no sólo para dañar mi prestigio, sino a la misma institución, debilitándola frente a los intereses particulares de los agentes regulados".
No lo menciona en el documento, pero el vacío que se le ha hecho a Mony de Swaan coincide con la discusión reciente sobre la posibilidad de licitar una tercera y cuarta cadena de televisión digital, así como la parálisis del sector frente a la guerra que emprendieron las televisoras contra las empresas de telefonía de Carlos Slim.
Esa es la verdadera soledad. El vacío de un ente regulador que debiera estar actuando frente a la situación más delicada que se ha vivido en décadas en el sector.
La herencia que dejará Calderón al país
Mientras va en aumento la crisis penitenciaria, como consecuencia obvia de la que se vive en el país luego de doce años de dramático retroceso en todos los campos de la vida nacional, Felipe Calderón nos sale con que la solución está en construir más reclusorios, porque hace dos décadas no se construye uno solo. Aun cuando ese fuera el caso, lo cierto es que por más penales que se edificaran a lo largo y ancho de la República, no alcanzarían para dar cabida a tantos miles de jóvenes que se ven obligados a delinquir porque son las principales víctimas de un sistema social y económico que obstaculiza su desarrollo humano.
La situación que se vive en la mayor parte de los centros penitenciarios, tiene su razón de ser en la descomposición que padecen, la que a su vez reproduce la que experimenta el país luego de tres décadas de exclusión creciente de la mayor parte de los jóvenes del proceso de desarrollo. Tal realidad se agravó a partir de este sexenio por la malhadada política anticrimen de Calderón, que en realidad sirvió para avivarlo y darle una dimensión inédita, mucho más redituable para quienes se aprovechan de ella. Esto también se vive al interior de los penales, con saldos cada vez más trágicos.
El sangriento episodio del penal de Apodaca, Nuevo León, que dejó 44 muertos y decenas de heridos (que favoreció la fuga de 30 miembros de Los Zetas), es la reproducción de lo que se vive al exterior, donde la banda de Los Zetas lleva a cabo una labor de "limpia" de rivales. Tal realidad es la herencia que dejará Calderón al país, pues gracias a su "estrategia" surgió este grupo delictivo de origen paramilitar que cuenta con todos los recursos para ganar terreno en el mundo del hampa. El nuevo gobierno federal, y particularmente la Secretaría de la Defensa, tendrá el insoslayable compromiso de poner fin a esta organización delictiva que amenaza la estabilidad del país, que podría ser utilizada con una finalidad política de corte nazi-fascista por fuerzas conservadoras reacias a perder el poder.
No es casual que dicha organización paramilitar no tenga ningún tipo de compromiso con nadie, pues eso facilita y amplía su campo de acción. Tampoco debe serlo que se haya fortalecido muy rápidamente en este "gobierno", afectando severamente la paz social, problema que antes no existía porque los cárteles tradicionales lo que menos necesitaban era una situación que los pusiera en el ojo del huracán, como sucedió a partir de que el inquilino de Los Pinos desató su "guerra" contra ellos. Queda claro que el último recurso de tal estrategia fue la creación de una organización delictiva confiable y que sirviera a su interés fundamental: desarticular el mercado de estupefacientes para crear uno nuevo, más funcional.
Si así como ha beneficiado a los miembros de las fuerzas armadas, lo que sería justo si paralelamente beneficiara también a los trabajadores, Calderón hubiera apoyado el fortalecimiento del tejido social del país, sin duda no existiría el descontrol delictivo que se vive en buena parte del territorio nacional. Ahora quiere arreglarlo con medidas de emergencia, como un nuevo incremento salarial a las tropas. En este sexenio, los aumentos salariales al Instituto Armado fueron de 150 por ciento, al pasar un soldado raso de ganar 4 mil 300 pesos en 2006, a devengar hoy 10 mil 800 pesos. Esto, desde luego, no es criticable, pues se trata de un sueldo justo. Lo censurable es que no se actúe con igual justicia con el resto de la población asalariada.
Cabe recordar que el último aumento a los salarios mínimos fue de sólo dos pesos. Luego se espantan los miembros de la oligarquía por las protestas de los trabajadores, que en México no han adquirido la violencia que se ha visto en otras naciones, como en Grecia. Luego se desgarran las vestiduras por los sangrientos sucesos de las cárceles mexicanas, cuando son ellos los causantes indirectos de lo que está sucediendo por su terquedad en mantener inalterable una realidad sumamente injusta, y dar su aval a "políticos" como Calderón, cuya capacidad gubernativa está a la vista de todos, con resultados negativos por donde quiera que se vea, realidad que se manifiesta a pesar de las costosas campañas en los medios electrónicos con el fin de ocultarla.
Los líderes de Los Zetas dicen que se llaman así porque después de dicha letra no hay más en el abecedario, con lo que quieren señalar que más allá de ellos no hay nada. En efecto, no hay un Estado de derecho, no hay un país de leyes, no hay democracia, no hay gobernabilidad. Los grupos empresariales deberían preguntarse si eso es lo que quieren que se perpetúe en el país, en vez de una nación con estabilidad y paz social, con oportunidades para todos, con clases medias sólidas y en ascenso, única opción real para desterrar la violencia y el crimen organizado. Es muy claro que más violencia, como quiere Calderón, sólo nos llevará a vivir en una nación sin futuro.
Circo, maroma y teatro en San Lázaro
De nuevo la Cámara de Diputados se convirtió en un gran circo en el que lo que sobran son payasos y malabaristas. Se desgarraron las vestiduras acusándose unos, justificándose otros y algunos más escondieron la cabeza porque hasta las cuentas que les corresponden resultaron fallidas, alteradas, no justificadas, mal utilizadas y estando así las cosas en la casa en donde debe prevalecer la legalidad, en donde se dictan las Leyes, ¿qué podemos esperar que no sea un mayor desorden en las finanzas públicas y en otros órdenes de gobierno?. Fue mucha la alharaca, mucho el ruido y pocas, muy pocas las nueces. Contemplamos como se culpan y saltan las acusaciones aquí, allá, acullá, de un partido, de otro, del de enfrente y al final no pasa nada que no quepa en una mesa de negociación en la que se llegue al acuerdo de no dañarse más, como si el daño realmente se lo hicieran entre ellos y no a los ciudadanos, al país.
Que la administración de Felipe Calderón ha sido un desastre administrativo lo sabían hasta quienes no concluyeron la primaria pero se percataban de la falta de empleo, del detrimento de su salario, de la caída del poder adquisitivo, del empobrecimiento que cada vez se hace más notorio y afecta a la inmensa mayoría de familias mexicanas y todo ello no puede tener otra base que la mala administración, que el despilfarro, que la pésima jerarquización de las necesidades y de la falta de planeación a corto, mediano y largo plazo que permita contar con una estable situación tanto macro como micro económica.
Las culpas saltaron de curul en curul. Unos por tener 70 años en el poder y haber llevado, dicen, al país a la ruina cuando y pese a tener en Los Pinos a un sujeto como Ernesto Zedillo los índices de crecimiento eran mucho mayores que el actual y las tasas de desempleo no llegaron durante sus seis años de administración -y con todo y los graves errores de diciembre, enero, febrero y dos años más- a las tasas actuales. Otros porque en sólo en 12 años han generado ruina. Pero para unos y otros o los ataques son electoreros o se trata de dañar la imagen de los partidos y de sus candidatos a la presidencia para ganarse el voto popular. El reporte que entregó la Auditoría Superior de la Federación es lo suficientemente claro y devastador para sentar a más de cinco ante el Ministerio Público y no para andar en el chacoteo en el que han convertido los diputados tan serio y revelador documento.
El panista Carlos Alberto Pérez dijo que hay histeria priísta porque la Vázquez Mota le está pisando los talones a Enrique Peña Nieto; Gerardo Fernández Noroña del PT, sentenció que los gobiernos panistas han sido peores que los priístas y que la barrera de la corrupción la superaron y con creces. Los del PAN dicen que si se trata de expertos en corrupción los priístas son campeones. El tricolor Sebastián Lerdo de Tejada señala que los blanquiazules quieren hacer su cortina de humo cuando se trata de hacer revisiones al detalle que no aprobarán porque existe en el presente un gobierno caro, malo y corrupto.
Así, a cada reclamo como el hecho por Carlos Flores Rico en el sentido de que la deuda acumulada por el gobierno federal ya alcanza los 4 y medio billones de pesos, la bancada panista respondió con el grito de "¡Moreira, Moreira"! Fue, sin duda, todo un espectáculo cuando empezaron a saltar nombres y contratos como los de Juan Molinar Horcaditas y del primo de la primera dama, Carlos Castañeda Gómez del Campo. César Augusto Santiago sostuvo que es una pena, una tristeza que mientras miles de millones de pesos se aprueban al gobierno para combatir la delincuencia y pobreza, "aumenten los muertos y los pobres".
Sin duda que la expresión de Avelino Méndez Rangel, del PRD fue exacta: ironizó sobre la posibilidad de que hubiese un candil en el centro del salón de sesiones que tuviera un ventilador porque "el estiércol que hoy se ha aventado no nos tocaría sólo a nosotros sino a todo el país". Y es esa materia la que han aventado sobre los ciudadanos que muy puntualmente pagamos sus salarios, que cubrimos sus necesidades, pagamos sus seguros médicos, los autos, compramos las medicinas de la madre, de la hermana, de la esposa, de las amantes, de los hijos, se les entregan boletos de avión, se les pagan viajes al extranjero, se les subvencionan a familiares, se les otorgan becas hasta en el extranjero para sus vástagos, hacen negocios, venden contratos, rematan sus votos y su posición. Sin duda que su mierda nos alcanza.
Debate que sólo prometen
Eduardo Ibarra Aguirre
Por enésima ocasión discursiva, sólo que ahora en voz de la secretaria de Relaciones Exteriores, el gobierno jura que "México está dispuesto a participar y abrirse a un debate sobre la legalización de las drogas aunque con ello no se terminaría el problema del narcotráfico y el crimen organizado en el país".
Patricia Espinosa lo dijo sin ruborizarse ante parlamentarios de la Asamblea Euro-Latinoamericana, expertos de la Organización de las Naciones Unidas y de los observatorios Interamericano sobre Drogas y Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, pero como se trata de la cara tarea de defender los dogmas de Felipe Calderón, cuando le faltan nueve meses para que parta no sólo de Los Pinos sino del país, entonces la funcionaria repitió el casete sobre abrir el debate en torno a regular o no la producción, distribución, comercialización y consumo de las drogas, mientras no hacen nada para que se produzca, como bien registró Leo Zuckermann (Excélsior, 22-II-12, p. 4).
No se necesita formar parte del gobierno del general de cinco estrellas para entender que el problema de la creciente producción de estupefacientes y la multiplicación de los consumidores a edades cada vez más tempranas, es un problema tan antiguo como la humanidad, complejo y multifactorial, pero sólo en la cabeza de Espinosa caben expresiones para de antemano descalificar posibles vías que abran paso a soluciones, igual que como confundió a este gran y vigoroso país con el grupo gobernante.
Recientemente, México Unido Contra la Delincuencia organizó un encuentro internacional con ponentes diversos, entre ellos Margarita Zavala, acaso en su calidad de "esposa del Presidente de México Felipe Calderón", como dice que le gusta la llamen, para defender la moralina con la que el michoacano de Morelia mal envuelve su fracasada estrategia punitiva y militarista. Los medios electrónicos y varios impresos, privilegiaron el discurso oficial y los argumentos prohibicionistas, pese a que en la aldea se relativizan cada día más.
De esa manera ningún debate se abre paso. Es solamente para aparentar que la ilegal estrategia que Calderón Hinojosa, y por su conducto la Casa Blanca, impuso al país hace casi seis años, es democráticamente debatible.
Tan no es así que Vicente Fox, el entonces presidente que hizo lo indecible para imponer a Calderón como sucesor, ahora lo acusa de "intolerante por rechazar opiniones" opuestas en materia de seguridad, además denunció "la cancelación de libertades".
En la perspectiva del marido de Martha Sahagún, candidato o candidata que no presente "nuevas propuestas" para resolver el problema de la violencia y las drogas, perderá la elección presidencial de julio próximo, "pues esto no puede seguir así".
Por si lo anterior no fuera suficiente, Fox Quesada ofreció respaldar al candidato presidencial "del partido que sea", siempre y cuando "le entre al toro de la violencia" y proponga nuevas ideas para "acabar con el miedo, la pérdida de turismo, empleos e inversiones, así como el aumento de la violencia, muertes y pobreza registrada en el actual sexenio", también panista.
Sin recato defendió a su gobierno: "No veo de dónde está funcionando; era mucho mejor la paz, la tranquilidad que teníamos antes y nadie nos estábamos haciendo tontos, estábamos persiguiendo el crimen, la droga; logramos muchos más decomisos de droga, particularmente de mariguana de lo que se ha logrado ahorita".
A pesar de las cuentas alegres de las encuestas, remató: "La presencia del Ejército en qué ha servido, es tiempo de recapacitar". Nuevo deslinde que pareciera trascender a los intereses en pugna en el establecimiento panista.
Acuse de recibo
EU-México: Más preguntas que respuestas (22-II-12), suscitó los siguientes comentarios. José Luis Ortiz Santillán: "Sin duda, sobre todo porque México no puede suscribir ningún acuerdo si antes éste no es aprobado por el Senado, lo que deja espacio para las suspicacias de quienes ostentan el poder y pudieran pretender colocar inversiones familiares en las áreas de explotación del petróleo en los yacimientos del Golfo de México ¿Y Cuba dónde está en estos acuerdos?"… Norma Esperanza Falcón Ruiz: "Los que obtienen los beneficios del petróleo en México, son esencialmente empresas extranjeras, dejando a los que vivimos en nuestro territorio nacional, a la clase trabajadora, en una desventaja muy significativa, bloqueando las oportunidades que deben ser por derecho para la canalización de dichos recursos económicos en bien de los programas en todos los ámbitos, de acuerdo a las necesidades apremiantes de la población"... Gustavo Cortés Campa: "Creo que sí había algo muy claro: si no se llegaba a un acuerdo en este asunto de los yacimientos transfronterizos, es decir, si dejaban las cosas como estaban, las empresas privadas (No Estados Unidos) de diferentes partes del mundo con licencia para operar en la frontera desde Estados Unidos, podían comenzar a explotar algún yacimiento localizado y que se extiende por el subsuelo mexicano…"
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Las imperfecciones de la democracia
Gerardo Fernández Casanova
(especial para ARGENPRESS.info)
Ni tampoco los miles de muertos inocentes."
Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas políticos, a excepción de todos los demás. Tenía razón cuando lo dijo y el tiempo se ha encargado de confirmarlo con creces. El afán de que sea la soberanía del pueblo la que decida los destinos de una nación, contrario al viejo supuesto del designio divino que la entregaba al rey, ha sido una lucha permanentemente inconclusa, las imperfecciones del sistema democrático resultan ser inherentes a la condición humana. La cultura universal tiene en el modo de organizarse la sociedad para la convivencia una de sus expresiones fundamentales.
En el proceso creativo se registran avances que pronto se convierten en retrocesos; los que ayer lucharon por la libertad la restringen cuando ocupan el poder. Sociedades que alcanzaron niveles superiores de aplicación democrática, con alto grado de educación cívica, pronto caen n la negación democrática, díganlo si no los países de Europa cuya soberanía sucumbió en la dictadura de "los mercados" cuya mano invisible responde a intereses siempre muy visibles. Ya no se diga de nuestros pueblos latinoamericanos enfrascados en el afán de liberarse de la condición colonial de más de quinientos años.
En la hipótesis democrática todos los votos cuentan y lo mismo vale el del más humilde ciudadano que el del magnate más rico del mundo. En la realidad imperante los votos pesan de manera diferente y el resultado es que, en vez de la mayoría numérica, sea el tonelaje el que determine el rumbo de la sociedad. Son votos pesados los del jerarca de la iglesia que dice por quien no votar; o el de los dueños de los medios masivos de comunicación que construyen o destruyen figuras políticas a su antojo; o la embajada gringa que se da la facultad de reconocer o desconocer regímenes, conforme a sus intereses; o el gran capital internacional y sus gerentes locales que hacen chantaje con la fuga de sus inversiones. Todos pesan excepto el pueblo y su hipotética soberanía. El caso mexicano es el prototipo más acabado de esta simulación de democracia.
Pero el mundo sigue dando vueltas. El momento actual en el mundo, particularmente en México, muestra los síntomas del agotamiento del sistema imperante. La concentración del poder ha llevado a la concentración de la riqueza y al empobrecimiento de la mayoría y, con ello, a la desesperanza y la violencia. El barco hace agua por boquetes y ya casi no hay capacidad para desfogarla; quien fungía como capitán y timonel está viejo y apoltronado, ya sólo le quedan las armas para someter el motín a bordo, a riesgo de quedarse sin tripulación ni pasajeros; surgen nuevos liderazgos alternativos y, más temprano que tarde, los propios pasajeros de primera clase decidirán negociar con los amotinados y atender a sus reclamos, so pena de perderlo todo.
El proceso electoral que estamos viviendo en México es un claro reflejo de la zozobra del régimen imperante; hay motín a bordo con pleitos entre quienes han llevado al barco al deterioro; en vez de invertir para mantenerlo lozano, se han gastado el presupuesto en su personal provecho y sus frivolidades; su pleito es por una abusiva ambición facciosa. Tripulantes y pasajeros de abajo vemos cómo se desgarran las vestiduras y hasta se despeinan (o despeñan) para satisfacer los caprichos del viejo capitán; entre tanto nos organizamos para tomar el control del barco, taponar los boquetes y llevarlo a mares promisorios.
No es fácil la tarea. La simulación democrática juega con sus brutales imperfecciones. Los curas hablan sin recato alguno; los levantacejas y sus encuestas dan por descontado a AMLO; la mezquindad de los burócratas dizque de izquierda asegura sus canonjías por venir si pierden; las dádivas compran votos por hambre, y la ignorancia campea. Pero el entusiasmo contagia y el Proyecto Alternativo de Nación se difunde y se comprende. Ni quien dirige ni quienes lo apoyamos nos arredramos ni nos cansamos: de salvar el barco se trata y lo vamos a lograr.
Gasta Calderón 160 mdp en encuestas para medir su popularidad, dinero suficiente para modernizar 920 escuelas
La Presidencia de la República gastó de 2007 a lo que va de 2012, 160 millones 897 mil 358 pesos en medir la popularidad del presidente Felipe Calderón.
26 contratos verifican que la oficina del Jefe del Ejecutivo contrató hasta 3 empresas al mismo tiempo para realizar encuestas telefónicas o cara a cara en México, sin embargo la unidad de transparencia dijo desconocer en qué municipios del país se realizan estos estudios.
Estos 12 sondeos, explicó Presidencia a través de transparencia, buscan medir la percepción y evaluación ciudadana sobre las acciones de gobierno realizadas por el presidente Felipe Calderón.
De igual manera se solicitó las preguntas y resultados de los cuestionarios más recientes, sin embargo Presidencia explicó que los informes realizados del primero de enero de 2009 a la fecha están clasificados como información reservada hasta el 31 de diciembre de 2012.
Mientras tanto, Sandra Murillo López, directora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión de la UNAM consideró que en estas encuestas no solo se busca medir la popularidad del presidente Calderón.
"Están interesados en ver por ejemplo como las tendencias en cuestiones de política, de poder ver cómo van las preferencias de los candidatos que van a la presidencia, si crecen o no crecen para tener un seguimiento de cómo van los resultados, las campañas electorales".
Lo contratos muestran diferencias en cuanto a los pagos por el mismo periodo de tiempo, por ejemplo a la empresa Perspectiva en Campo e Investigación le pagará 45 millones 333 mil pesos para realizar encuestas de 2010 a 2012, y a la empresa Mercaei por el mismo lapso le dio 11. 5 millones de pesos.
Otro ejemplo se presenta en el contrato CM -ITP- 018 -013- 02- 09 efectuado en septiembre de 2009 cuando la Presidencia de la República erogó a la encuestadora Mercaei la suma de dos millones 973 mil 348 pesos por dos meses de encuestas, teniendo igualmente un contraste notorio puesto que a finales de 2009 pagó por seis meses de encuestas un total de 941 mil 560 pesos a la empresa Investigaciones Sociales Aplicadas y aun más cuando en 2008 proporcionó arriba de 9 millones de pesos a Técnicos Encuestadores de Campo por 7 meses de trabajo.
Estos cerca de 161 millones de pesos gastados en encuestas de popularidad, es el mismo dinero que el gobierno federal destinó para construir 42 kilómetros de carreteras en Chihuahua, es el presupuesto que necesita durante un año la Universidad de Guadalajara, además es el equivalente al presupuesto 2012 que ejercerá el estado de Tlaxcala en el ramo de la seguridad pública, o bien la cantidad suficiente para rehabilitar y modernizar 920 escuelas.
POR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD EN OAXACA CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD
UNION DEJURISTAS DE MEXICO
Invitación
21 de febrero de 2012
A 6 años de la condenable represión a los pueblos de Oaxaca en sus aspiraciones de democratización social, por lo órganos policiacos y paramilitares del gobierno federal Fox- Calderón y local de Ulises Ruiz Ortiz no existe ninguna investigación exhaustiva de los sucesos ni mucho menos castigo de los responsables de tan salvajes y autoritarios hechos en contra de los pueblos de Oaxaca, constituyendo uno de los actos de impunidad más relevantes de este época.
Un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos de Oaxaca, como: CODEP, CERIDH, OIDHO, CODEI-XANICA, CODECI, UNTA, COCEI, ONIZA, FRPBM, OICOREMA, MNPP apoyados por agrupaciones como la Unión de Juristas de México, el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo y otras, te invitamos a participar en el FORO: INICIATIVA CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN OAXACA, que se realizará el 24 de febrero, a las 10 horas, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ubicadas en Av. Universidad 1449, DF (Metro Viveros, línea 3).
El propósito es realizar una reflexión y acción común desde la participación social, que siente bases para que se investigue, documente y proceda en las instancias correspondientes, sobre los crímenes cometidos por el gobierno PRIISTA de Ulises Ruiz Ortiz en contra de los pueblos de Oaxaca y por quien o quienes resulten responsables. En el acto participarán, entre otros, José Enrique González Ruiz, Jaime Cárdenas Gracia, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio, Eduardo Miranda Esquivel, Everardo Hugo Hernández Guzmán y Samuel Hernández Morales.
FRATERNALMENTE
POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA
DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA,
CESAR ADRIÁN DE LEÓN GUADIANA Y PABLO FRANCO HERNÁNDEZIntereses negros como el carbón
Foto: Eduardo Miranda
La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila… pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.
En las minas del carbón hay "condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi", dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.
Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.
Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.
"No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.
"La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país", expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.
A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.
La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.
Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.
Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que "se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores".
La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.
La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.
En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).
En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.
Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.
García Cervantes apunta: "El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.
"Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana".
La misma historia
La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.
Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.
El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: "No pos andaban trabajando con otro chavo", dijo.
Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.
De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para "preservar el orden". Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.
Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así:
"Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente".
Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.
El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.
En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.
De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.
El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.
Maraña de corrupción
"No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria", espeta García Cervantes al gobierno federal.
El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.
Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.
A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.
El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.
García Cervantes admite no ser experto, pero basado en los informes de la OFPC, la CNDH y la OIT –sobre ésta última refiere que el gobierno federal la ha desoído–, el legislador ilustra el vacío:
"Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.
"El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor…
"Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi", dice.
"Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio, como los Moreira".
El senador explica que los intereses han impedido el avance de la iniciativa, ahora mezclados con la urgencia de explotar el gas del carbón.
"Los intereses (para evitar la iniciativa) que hay en el Senado son impresionantes", exclama.
Añade que con la propuesta se prevé la seguridad de los trabajadores, el reordenamiento productivo que además permitiría ganar más a las empresas, pero protegiendo el ambiente.
Señala que los senadores Carlos Aceves y Ángel Díaz Caneja, implicados directos en el tema, se han negado a propiciar el dictamen.
"Si alguien tiene una mejor solución, propóngala. Si no, esta comisión incidiría en el estado de las cosas. Si no es por responsabilidad va a ser por la fuerza de las circunstancias. Esto llega a niveles insostenibles y no creo ni me puedo resignar a que toda la corrupción que ha habido durante décadas vaya a permanecer enterrada".
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