Eduardo Ibarra Aguirre
La comparecencia del director de Petróleos Mexicanos y del procurador general de la República ante las comisiones de Energía, Medio Ambiente y dos especiales de la Cámara de Diputados, el 10 de marzo para responder a 15 preguntas formuladas sobre la intervención ministerial a partir del 28 de febrero del consorcio Oceanografía, vinculado a los hijos de la “pareja presidencial” (2000-2006), deja más dudas e interrogantes con las respuestas que brindaron Emilio Lozoya y Jesús Murillo.
Así, por ejemplo, Lozoya Austin, titular de la paraestatal número uno de México, arguyó ante los diputados que de “conformidad con la legislación vigente” la información debe ser “clasificada como reservada, y manejada por las partes” (Oceanografía, Banco Nacional de México y Pemex) “con el sigilo y la secrecía que la ley prevé”.
Bajo ese supuesto jurídico, Lozoya se negó a explicar por qué en los sexenios de la llamada docena trágica (del también conocido como El Alto Vacío y de Felipe Calderón) se benefició a la empresa de Amado Yáñez, pues en los últimos nueve años le otorgaron “112 contratos por 49 mil millones de pesos, gracias en parte a la mediación que hicieron Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún” (hijos de Martha Sahagún Jiménez) y de Juan Camilo Mourino, todo ello en la voz de varios diputados de distintos partidos. Sólo en 2006, el último año de Calderón en Los Pinos, Oceanografía recibió contratos de Pemex por 514 millones de pesos y por 33 millones de dólares.
Conforme las denuncias abundaban en nombres y apellidos, hechos y circunstancias –documentados por Ana Lilia Pérez en el libro Camisas azules, manos negras y en la revista Contralínea, práctica periodística que la obligó a vivir en Berlín–, la negativa a proporcionar información pasó a ser tajante, con base, presuntamente, en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia.
Tanta fue la cerrazón que el procurador Murillo Karam se apresuró a dictaminar que el litigio es “entre particulares”, además de “un hecho aislado” y que trabaja con las defraudadas acreedoras de Oceanografía “para que el escándalo termine en un simple incidente penal, sin perturbar la economía del país”.
Es un propósito plausible no “perturbar la economía”, de muy precario crecimiento, pero lo anterior no empata con otros juicios del propio hidalguense, como que el fraude es “una práctica repetida” en la empresa de Amado Omar Yáñez (promotor entusiasta de la reforma energética oficial), y tampoco con el “No entiendo cómo es posible que tanto dinero pueda darse de una manera simple. Ésa es la gran interrogante de mi investigación”.
Para disipar la “gran interrogante” es necesario que el titular de la PGR registre bien la presencia del magnate Roberto Hernández Ramírez como miembro del Consejo de Administración de Citigroup y Grupo Financiero Banamex (además de Grupo Televisa, Ingenieros Asociados, Gruma y CIE) y los fuertes vínculos de diverso orden que mantiene con Fox Quesada.
La convenenciera tesis del “conflicto entre particulares” cae por su propio peso ante los fraudes cometidos por el recomendado de los Bribiesca Sahagún y no porque estos voraces jóvenes sean caritativos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la entidad de la vivienda del Estado.
En todo caso el sexenio de “¡Mover a México!” está frente a su primera gran prueba para separar los compromisos políticos por el apoyo brindado por Fox a la campaña presidencial y la aplicación estricta de la ley, el muy discursivo estado de derecho, que no es lo mismo que de derecha.
Acuse de recibo
Una disculpa a los lectores de Utopía por la práctica repetición de un párrafo, que los editores de El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, detectaron y omitieron… María Soledad Peralta apunta sobre Consecuencias impredecibles con Guzmán (7-III-14): “Yo tenía entendido, tras leer Los señores del narco, que fue Carlos Salinas quien rompió con el esquema de impuestos extraoficiales, pero fijos, que los narcotraficantes pagaban al gobierno por exportar la mariguana y heroína a EU, la última para ‘atender’ a los veteranos de guerra ya adictos de las invasiones de Corea y Vietnam. Es decir, CSG dejó a su hermanito RSG encargado de atender a dichos traficantes advirtiéndoles que quien disparara los tiros más sustanciosos (palabras para ese efecto), sería el más favorecido de allí (su toma del poder) en adelante. Tú dices que habrían sido la Casa Blanca y el Pentágono. ¿Habrían actuado entonces de común acuerdo con CSG para ‘liberalizar los mercados’?”… Yo sólo pregunté: “Lo que sigue en la incertidumbre es en qué momento la Casa Blanca y el Pentágono abandonaron la estrategia de coexistir con un duopolio del crimen organizado azteca y optaron, como en Colombia, por la ‘liberalización’, por los llamados ‘cárteles chiquitos’”… El húngaro de nacimiento y mexicano por adopción, Pedro Reyner Vamos cumplió 18 años de fallecido el pasado 8 de marzo.
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