Pedro Echeverría V.
1. Quizá el 12 de octubre, el llamado "día de la raza", sea el plazo para ser removido el conquistador español Francisco de Montejo de su alto pedestal -construido por la alcaldía panistas en la última semana de gobierno- situado al final de la prolongación del aristocrático Paseo de Montejo de Mérida, Yucatán. Dado que ni la presidenta municipal de Mérida ni la gobernadora del estado (ambas del PRI) han hecho caso de las protestas de sectores liberales, así como a los argumentos demoledores de profesores y estudiantes universitarios, es probable que sea derrumbado el monumento de la misma manera en que cayeron el de Miguel Alemán en la UNAM en los sesenta, el de López Portillo en los ochenta en la ciudad de Campeche y el de Vicente Fox en el puerto de Veracruz, tan pronto dejó la Presidencia. Nunca se supo cómo la población se hizo representar para bombear esos monumentos con estructura de hierro, pero cuando menos se pensaba se fueron para abajo.
2. Los panistas y sus asesores españolistas han argumentado que "los yucatecos serían muy malagradecidos si no se le hace honor a nuestros padres españoles que nos dieron religión, lengua, cultura, costumbres y formas de vida". Que los españoles, además que nos dieron todo para integrarnos a la "civilización" europea, nos trataron como seres humanos; y que si algunas veces cometieron excesos fue porque así era el "espíritu de la época". Pero también han llegado a decir que cuando "descubrieron lo que sería la Nueva España y los demás territorios de América los indios aún eran salvajes porque adoraban a imágenes de piedra, a varios dioses y no se cubrían con sus vestidos todo el cuerpo. Habría que preguntar entonces: ¿Fue por eso que los conquistadores españoles buscaron destruir y sepultar todos los monumentos arquitectónicos y arqueológicos mayas, toltecas, mexicas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecas y demás que representaban culturas mucho más avanzadas que la "civilización que nos imponían?
3. En Yucatán, dado que no hubo lucha por la independencia -como la lucha que encabezaron en el centro del país Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, durante once años- sino un simple acuerdo después de que el país la logró, la clase conservadora yucateca criolla sólo se reacomodó para convertirse en "casta divina" y continuar en sus grandes haciendas maicero-ganaderas, luego henequeneras, explotando a los trabajadores "encomendados". Esa clase social explotadora –con métodos de explotación parecidos al feudalismo y el esclavismo- jamás rompió sus vínculos con "la madre patria", conservando sus valores y creencias como herederos de los conquistadores españoles. Por eso pudieron mantener atada a la población a la doctrina ideológica de la iglesia y de los grandes hacendados. Por eso también la ideología de los yucatecos, a pesar de su miseria económica, es predominantemente clerical, pacífica y resignada.
4. La realidad es que la actual alcaldesa de Mérida formalmente no tendría problemas para aprobar –casi por unanimidad- con los regidores del cabildo el desplazamiento de ese personaje (Francisco de Montejo, el conquistador) muy mal visto en Yucatán, así como en República a los conquistadores Cortés, Alvarado y otros personajes que trataron como animales a nuestro pueblo. Si ese era "el espíritu de la época", entonces el trato que recibe hoy la mayoría del pueblo mexicano de parte de la clase política y empresarial también hay que aceptarlo de igual manera porque no puede ser de otra forma. En Santa Cruz Tenerife aún pude ver en 2003 un monumento al dictador Francisco Franco y seguramente hay muchos más erigidos a este general fascista que encabezó la destrucción del gobierno republicano español; pero no hay que olvidar que este personaje tiene hasta hoy mucha presencia entre los monarcas y los gobiernos españoles.
5. En Yucatán, Mérida en particular, casi no hay monumentos con personajes de la política pasada y presente; más aún las calles no tienen nombres y se facilita muy bien caminar por su cuadrícula numerada que parte de la plaza principal. Quizá por ello su "patriotismo" o patrioterismo no es acendrado. En última instancia, ¿cuáles son los nombres predominantes en calles, parques, plazas, escuelas, jardines en otras ciudades del país, sino nombres de políticos de uno o de otro partido? Quizá sería menos malo que las calles y parques llevaran nombres de países, ciudades, frutas, árboles, animales, fenómenos naturales, etcétera, porque los nombres de personas siempre son polémicos por los intereses que representan. El PRI en su largo gobierno impuso -sin consultar- los nombres de sus héroes; el PAN también comenzaba a hacerlo con sus políticos en varios estados de la República y seguramente el PRD lo haría si tuviera oportunidad.
6. En Mérida hay un parque en pleno mercado y zona comercial en honor de Eulogio Rosado, un personaje de la clase dominante que asesinó indígenas en la llamada "Guerra de Castas" de mediados del siglo XIX y si no me equivocó en pleno Paseo de Montejo hay un monumento a Justo Sierra O Reilly (padre de Justo Sierra Méndez), que ofreció Yucatán a los Yanquis a cambio de ayuda militar para derrotar a los indígenas de la "Guerra de Castas" o rebelión indígena. En los últimos años, los priístas bautizaron una islita como "Isla Cervera" y los panistas levantaron un monumento a las "haciendas henequeneras" y a la avenida correspondiente se le puso el nombre del ex alcalde panista fallecido Correa Rachó. ¿Por qué tanta necesidad de lograr trascendencia buscando gravar nombres en calles y plazas para luego no tener ningún significado? ¿De dónde viene ese terrible individualismo de la trascendencia y la herencia?
7. Mover la escultura del conquistador Francisco de Montejo para llevarla a una bodega puede ser significativo para un partido como el PRI que niega estar identificado con la derecha yucateca clerical. Dejar la escultura donde la colocó la alcaldía panista el último día de su mandato significa que el gobierno priísta es una continuidad del anterior, además que tendría que colocar vigilantes especiales permanentes para que no sea removida alguna madrugada por los liberales yucatecos. De todas maneras lo importante es que la población yucateca empiece a liberarse del pensamiento conservador, clerical y complaciente que le han formado a través de los siglos que ha sido sometida. Sólo así comenzará a defenderse de la explotación y la miseria que ha sufrido durante siglos. Se espera que los nuevos gobernantes demuestren su inteligencia y habilidad política. ¿O tampoco la tienen?
Progreso femenino en la política
GUATEMALA, feb (IPS) - La victoria de Laura Chinchilla en las elecciones presidenciales de Costa Rica y la creciente participación femenina en los poderes legislativos centroamericanos son una prueba de avance en la política de esta región. Pero aún falta mucho, dicen especialistas.
"La elección de una mujer como presidenta de Costa Rica es un avance en el área política de la región y un paso cualitativo hacia adelante en materia de democratización política", dijo a IPS el analista político José Dávila Membreño.
Chinchilla, del gobernante Partido Liberación Nacional, se convirtió en la tercera mandataria electa democráticamente en América Central después de Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004) y de Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997).
"Las mujeres han sido discriminadas, consideradas un ser de la casa y no de responsabilidades públicas. Pero esto ya se viene superando porque la mujer ha demostrado que su presencia en cargos públicos puede mejorar la calidad política", agregó el politólogo.
En Costa Rica, la representación femenina en el parlamento pasó de 15,8 a 38,6 por ciento, en Panamá de ocho a 15,3 por ciento y en Honduras de 9,4 a 23,4 por ciento, según el estudio "Participación de las Mujeres en los Ámbitos de Decisión", del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw, por sus siglas en inglés), realizado entre 2006 y 2009.
"La participación política de las mujeres de la región sí ha mejorado, aunque todavía hay mucho por hacer", dijo a IPS la presidenta ejecutiva del gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y ex presidenta del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, Mayra Díaz.
Según la funcionaria, las reformas para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en la legislación nacional e internacional, y la presión ejercida por los movimientos feministas, promovieron el ingreso de ellas a este campo.
Una de las medidas más importantes en Costa Rica fue la aprobación de una ley de cuotas en 1996, que estableció un mínimo de 40 por ciento de participación femenina en los puestos de elección popular y en las estructuras internas de los partidos políticos. En 2009, ésta se amplió a 50 por ciento.
"Para que sean efectivas estas medidas deben estar incorporadas en la legislación electoral. Si bien en Costa Rica se establecieron disposiciones en la legislación para la igualdad, no fue sino hasta su inclusión en la legislación electoral que se logró un aumento efectivo de mujeres en los puestos de elección popular", señaló Díaz.
Costa Rica, Honduras y Panamá son los únicos países centroamericanos que han fijado un sistema de cuotas para atraer a más mujeres a la política. Otros países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, también cuentan con legislaciones de este tipo.
"El aumento de la participación de las mujeres en la vida política de los países de la región es un proceso en curso, vigoroso e irreversible", concluyó en 2009 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tras consultar a 400 funcionarios públicos, legisladores y otros tomadores de decisiones.
La mayoría de los entrevistados por la Cepal en la "Consulta a líderes de América Latina sobre las perspectivas presentes y futuras del acceso de las mujeres a los puestos de decisión política" señalaron que en sus países se amplió el acceso de las mujeres a puestos en el parlamento, el gobierno o los municipios en la última década. La proporción media de mujeres en los parlamentos de América Latina pasó de ocho por ciento en 1990 a 18 por ciento en 2008, mientras que su participación dentro de los gabinetes ministeriales durante los últimos tres períodos presidenciales aumentó de 13 a 27 por ciento a fines de 2006, según la Cepal.
Los avances en Centroamérica se notan en el plano local. Por ejemplo, en El Salvador 29 alcaldesas fueron elegidas para el período 2009-2012, mientras que sólo 13 corrieron la misma suerte entre 2000 y 2003, según la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador.
La diputada salvadoreña del Parlamento Centroamericano, Gloria Anaya, militante del izquierdista y gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dijo a IPS que la mujer de esta región ha conseguido mayores espacios gracias a la apertura social, pero que esto se debe en gran parte a la lucha que ella misma ha emprendido.
En el caso salvadoreño, Anaya destacó la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla izquierdista en 1992, tras 12 años de guerra civil, que permitieron promulgar un marco jurídico e institucional para la promoción de derechos en el ámbito familiar, laboral, social y político.
"Hemos dado pasos importantes pero no estamos conformes todavía", dijo la congresista.
A pesar de conformar la mitad de la población de la región, de 42 millones de habitantes, la más alta participación parlamentaria la ostenta Costa Rica, con 36,8 por ciento, y su inclusión en cargos de alto nivel gubernamental fue de 21,8 por ciento en promedio en los siete países entre 2005 y 2009, según el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
En tanto, su representación en las alcaldías oscila entre 1,8 por ciento en Guatemala y 11,9 por ciento en República Dominicana, miembro asociado del SICA.
La diputada guatemalteca Anabella De León, del derechista Partido Patriota, dijo a IPS que el machismo, el racismo y la exclusión subyacentes son causas de que este país tenga uno de los peores indicadores regionales de participación femenina.
De hecho, en Guatemala todavía no existen condiciones para que una mujer ocupe la Presidencia de la República, cree De León, si bien varias han buscado la primera magistratura, entre ellas la líder indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.
De León cree que el país debería adoptar una ley de cuotas puesto que "la igualdad de la que habla el artículo cuarto de la Constitución es lírica y utópica porque los sectores de la sociedad son tratados de forma desigual", señaló.
El director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Renzo Rosal, dijo a IPS que las leyes de cuotas pueden ser una respuesta para equiparar la participación política de mujeres y jóvenes en la región.
De lo contrario, "habría que esperar mucho tiempo para que las instituciones maduren y tengan conciencia de la importancia de la participación femenina en una sociedad democrática", afirmó el experto. (FIN/2010)
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
MÉXICO, D.F., 17 de septiembre (apro.- Hace un año, justo por estas fechas, un bloque de gobernadores priistas empezaba a ver con buenos ojos la propuesta de Felipe Calderón de crear en 2010 un nuevo gravamen: el llamado "impuesto a la pobreza". Para ello, los entonces secretarios de Gobernación y de Hacienda, Fernando Gómez Mont y Agustín Carstens, ofrecieron una jugosa zanahoria a los priistas de 27 mil millones de pesos a distribuir entre todo los gobiernos, particularmente los de ese partido.
El evidente repudio de la población a nuevos impuestos hizo al PRI dar marcha atrás en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sus gobernadores les exigían cumplir ahora con la obtención de recursos que sustituyeran los nuevos ingresos. Se empezó a hablar entonces de un incremento al IVA en un punto porcentual, el cual equivaldría a 34 mil millones de pesos. En medio de toda esa vorágine de demandas, todas con la mira de mantener el poder en las elecciones del año que venía, 4 de julio de 2010, el diputado panista Javier Corral, denunció, en septiembre, que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz estaba presionando al PAN.
Decía que el PRI condicionaba ahora su respaldo al IVA a cambio de que el gobierno federal no realizara alianzas electorales con el PRD. Meses después se reveló que sí había existido tal acuerdo, pero que el eje de la propuesta no sólo era Oaxaca, sino que de la mano iba comprometer al PAN en las elecciones del estado de México para 2011.
Proceso reveló a detalle la reunión del 20 de octubre de 2009 entre panistas y priistas, convocada por Fernando Gómez Mont en sus oficinas de Bucareli, para afianzar los acuerdos con la dupla PAN-PRI.
Los asistentes fueron César Nava y Beatriz Paredes, presidentes de PAN y PRI, así como los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en cuya agenda estaba discutir la propuesta de "no alianzas electorales".
Después de que Gómez Mont ofreció la no alianza electoral del PAN con otras fuerzas políticas en diversos estados, aquél tomó la línea y entabló un diálogo breve con Calderón. Le dijo:
--Presidente, estamos hablando del tema de las alianzas y del paquete fiscal. ¿Se ratifica el compromiso?
Enseguida colgó y les dijo a los presentes: "Tienen ustedes la palabra del presidente y, si no se cumple, me comprometo a renunciar."
Esta reunión fue descrita, con detalles, por personajes familiarizados directamente con la negociación encabezada por Gómez Mont, quien asegura que Calderón sólo se enteró del pacto hasta enero, aunque Nava sí estuvo al tanto.
En realidad, según operadores de Ruiz, Calderón siempre supo de las negociaciones y el pacto que estableció su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont con los dirigentes nacionales del PRI y PAN, Beatriz Paredes y César Nava.
Concluido el encuentro entre Gómez Mont, los dirigentes partidistas y los gobernadores, Ruiz se comunicó, vía celular, con quien detalló aquella reunión para darle instrucciones de que operara en favor de los impuestos:
"Vamos con el IVA. Acabo de negociar este tema de que no habrá alianzas del PAN en el estado. Así es que opera por el sí al IVA", recuerda el operador de Ruiz quien, incrédulo, le advirtió: "No te van a cumplir Ulises", pero él insistió: "Sí, vamos a darles el beneficio de la duda; tu empuja por el IVA".
Para ese momento, la mayoría de los 237 legisladores priistas había rechazado públicamente incrementos al impuesto, pero ese mismo día, después de seis horas de discusión interna, la fracción accedió, incluso los mismos legisladores de Oaxaca que en 2004 habían ocupado la misma curul y habían operado por un no al IVA propuesto por el entonces presidente Vicente Fox.
Una de las estrategias del PRI para no responsabilizarse del aumento al IVA, y con ello terminar de convencer al resto de los legisladores, fue solicitarle al gobierno federal un oficio fechado un día antes --el 19 de octubre--, donde el subsecretario de Hacienda, Meade Kuribeña, ante la negativa generalizada de un nuevo impuesto del 2 pro ciento, propuso como alternativa incrementar el IVA del 15 al 16%
El documento de no alianzas finalmente salió a la luz pública y apareció fechado el 30 de octubre de 2009; es decir, 10 días después de la reunión que hubo en Bucareli, donde estuvieron los gobernadores de los estados de Oaxaca y México, pero solo apareció firmado por el secretario de gobierno del estado de México, Luis Enrique Miranda Nava. Y no solo eso: la no alianza estaba circunscrita únicamente para el estado de México.
Las alianzas entre el PRD y PAN se concretaron el 4 de julio de 2010 en los estados de Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Durango. En las tres primeras las coaliciones ganaron y el PRI sólo mantuvo Durango.
A un año de distancia y viendo lo que ocurre en el estado de México, no es descabellado pensar que, en realidad, el PAN aún no ha faltado a su palabra y que negociar IVA por las no alianzas, que tanto rechazó Beatriz Paredes en marzo pasado desde la tribuna, sí fue cierto.
¿Por qué tal señalamiento? Sencillo: la reunión en Gobernación se celebró el 20 de octubre, fecha en que sí estuvo el gobernador de Oaxaca, pero la firma del documento ocurrió el 30 de octubre y no figura ningún representante de ese estado, solo del estado de México.
Dos, el convenio entró en vigor a partir de ese 30 de octubre de 2009 con una vigencia hasta el 31 de julio de 2011. Esto es, nunca se pensó en los demás estados, sólo en el estado de México, pues es en agosto de 2011 cuando se habrá de elegir al sustituto de Enrique Peña Nieto.
Tres, y muy importante: la primera cláusula habla estrictamente que "las obligaciones y compromisos establecidos por las partes en el presente convenio son aplicables a sus actividades políticas y electorales en el estado de México". Nunca se hace mención a los comicios del 4 de julio de 2010.
En la segunda se habla de mantener un diálogo permanente, ordenado y respetuoso "respecto de los asuntos públicos del estado de México". Y la quinta, que llama la atención, tanto PAN como el PRI se comprometieron a revisar la "normatividad jurídica que regula las coaliciones y, en su caso, promover las reformas correspondientes, a fin de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral".
Esto último es justamente lo que acaba de hacer Peña Nieto: promovió la reforma y ahora se están impedidas las coaliciones en el estado de México para la elección de agosto de 2011.
Esto nos lleva a pensar que, efectivamente, el PAN no traicionó, pues nunca se incluyeron los demás estados donde hubo alianzas durante las pasadas elecciones, y el PRI no negoció el IVA por las no alianzas, sino más bien utilizó a Ulises Ruiz para que pensara que se incluiría a Oaxaca en las no alianzas para julio de 2010 y con eso tener el respaldo de sus críticos diputados federales.
Esto también hace pensar que, efectivamente, como dijo el propio Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI, cuando se descubrió el citado convenio de no alianza: la negociación de esto y la del IVA "estaban siendo en paralelo"; es decir, una no condicionaba a la otra, pero sí se estaban haciendo los acuerdos justo por las mismas fechas.
Es posible que Peña Nieto y los diputados panistas mexiquenses hayan estado analizando desde hace un año la forma en que se harían los cambios a la legislación local para impedir las alianzas. Al ser el número de diputados locales mayoría en esa entidad, es obvio que no necesitaba exponer a los panistas --que posiblemente ya estaban de acuerdo-- para que votaran a favor de la reforma de Peña Nieto, la cual finalmente se concretaría.
De ser cierto todo esto, entonces llegaríamos a otro punto: Calderón, Televisa, Beatriz Paredes y Peña Nieto, caminan en un mismo proyecto político: hacer del aún gobernador mexiquense el próximo presidente de México.
La única forma de revelar todo este misterio y de fechas coincidentes, es esperar a ver qué ocurre previo a las elecciones de 2011 en el estado de México; es decir, ver si prospera el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la reforma de Peña Nieto.
Se verá si el PAN apoya este proceso y dejará solo al PRD, que ya vislumbra una posible alianza con el PAN para echar al PRI del estado de México y, por supuesto, restarle puntos electorales a la imagen de Peña Nieto evitando con ello que llegue fortalecido a la posible candidatura presidencial de su partido.
Por lo pronto, esa posible alianza ya está haciendo reflexionar a los dirigentes del PT, quienes consideran un error político no ir en alianza con el PAN, a contrario de lo que dice Andrés Manuel López Obrador, quien insiste con las no alianzas.
Dicen en algunos círculos "de izquierda" que el presidente municipal de Ecatepec, el priista que logró sacar al PRD de ese ayuntamiento, el número uno del estado de México y, por lo tanto, emblemático, Erubiel Ávila es el nombre que ya se maneja como parte de una escisión del PRI. La consecuencia sería que el PAN, PRD y PT lo lanzaran como el candidato que le podría hacer sombra al que imponga Peña Nieto. Dicen que Erubiel es el único que puede ganar porque no sólo recuperó el municipio para su partido, sino que además tiene un gran respaldo detrás: el controvertido obispo, Onésimo Cepeda, quien por cierto nunca ha perdido una elección..
Y si el factor Peña Nieto formó parte de la negociación del presupuesto el año pasado, hoy más que nunca esta figura será, ahora sí, el centro de todo próximo acuerdo.
BRUSELAS, 18 de septiembre (apro).- Por primera vez de manera pública, el gobierno mexicano confrontó en las instituciones de la Unión Europea (UE) los cuestionamientos de varios eurodiputados que califican de "lamentable" la situación de los derechos humanos en San Juan Copala, Oaxaca.
El pasado 16 de septiembre, la delegación para México del Parlamento Europeo reunió a los representantes de la embajada mexicana ante la UE con las eurodiputadas Satu Hassi y Franzisca Keller.
Ahí, las eurodiputadas presentaron, por escrito, el reporte oficial de la visita que realizaron a la Ciudad de México y Oaxaca, a principios de julio, con el propósito de recabar información acerca de las investigaciones policiacas en torno del asesinato de los activistas Jyri Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, y Beatriz Cariño.
Keller y Hassi también hicieron uso de la palabra.
Aunque la embajadora Sandra Fuentes Beráin fue invitada a exponer la posición mexicana frente al referido reporte, ésta no pudo hacerlo porque tuvo que asistir a un evento con la comunidad mexicana en el marco de las fiestas del Bicentenario, explicó a los asistentes Víctor Hugo Morales, jefe de cancillería de la embajada, quien respondió en su lugar. Lo acompañaban Alberto Glender Rivas, responsable de las relaciones con el Parlamento Europeo, y Alejandro Sousa Bravo, encargado de derechos humanos.
En esa misma sesión, Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea, anunció que el gobierno de Felipe Calderón asumió la contratación y el pago de dos expertos europeos que evaluarán los campos de cooperación de la UE con México en materia de seguridad y combate contra la delincuencia organizada.
El pasado 16 de mayo, las autoridades mexicanas y europeas sellaron con bombo y platillo una "asociación estratégica" que, como consecuencia de la violencia desatada en México por las políticas gubernamentales contra el narcotráfico, integra por primera vez un diálogo bilateral en temas de seguridad.
El hecho de que México sufrague completamente el trabajo de dichos expertos europeos choca con la actual política de cooperación de la Comisión Europea con México, la cual estipula que el financiamiento de los proyectos se divide en partes iguales entre el gobierno mexicano y la mencionada institución europea.
Mavromichalis insistió en que el gobierno panista fue el que solicitó expertos europeos en seguridad, por lo que su remuneración correrá a cargo del erario público mexicano. Esta semana, Mavromichalis comunicará al gobierno de México, para su aprobación, el nombre de los expertos, los cuales no quiso revelar.
Críticas
El 6 de mayo pasado, días después del asesinato de los activistas el 27 de abril en San Juan Copala, Hassi y su colega Heidi Hautala, ambas de origen finlandés, se entrevistaron en sus oficinas del Parlamento Europeo con la embajadora Fuentes Beráin.
En ese breve encuentro, la embajadora minimizó el nivel de violencia existente en la región, negó la existencia de grupos paramilitares en México y consideró la agresión contra los activistas una consecuencia de un conflicto interétnico y no político (Proceso 1749).
Pocos días después de que regresaron de México, Hassi y Keller ya habían divulgado por separado reportes internos de su viaje a México tanto en el Parlamento Europeo como en el alemán, país del que proviene Keller.
En esos documentos las legisladoras europeas denunciaron el cerco que mantiene sobre San Juan Copala la organización de corte paramilitar ligada al gobernador Ulises Ruiz, Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Documentaron también graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población, en su mayoría indígenas triquis, sin que el gobierno estatal ni federal intentaran siquiera intervenir, por lo que las eurodiputadas advertían la posibilidad de más hechos de violencia, como finalmente sucedió (Proceso 1765).
Pero a diferencia de esos reportes, el que presentaron la semana pasada lo dirigen, además de las embajadas de Finlandia y Alemania, así como a la representación de la UE en México, al gobierno de Felipe Calderón.
El contenido del nuevo reporte es prácticamente el mismo que los anteriores: éste conserva su fondo crítico y alarmante, aunque se observa una formulación más diplomática de las denuncias.
En la sesión del 16 de septiembre, Hassi se refirió al activista Jyri como extremadamente soñador. Platicó cómo sucedieron los hechos el día de los asesinatos y, en ese sentido, subrayó que las autoridades oaxaqueñas ya tenían información de que la caravana de paz iría a San Juan Copala, pero que aún así "no estuvieron dispuestas a proteger al convoy".
"El caso no está resuelto en absoluto", espetó la exministra de Cooperación de Finlandia.
Posteriormente, Keller señaló que tales asesinatos están forzosamente vinculados con la pésima situación de los derechos humanos en México.
Recordó a los funcionarios mexicanos presentes en la sala que México ha sido denunciado por ese motivo por muchas organizaciones no gubernamentales, instituciones y observadores internacionales.
Keller consideró que la situación en San Juan Copala "es muy complicada y difícil", e identificó a Ubisort como un grupo paramilitar que "de una u otra manera" cuenta con el respaldo del gobierno saliente de Ulises Ruiz, como lo dijo también Hassi.
Narró rápidamente las penurias y los peligros que pasan los habitantes de ese poblado cuando tienen que salir a buscar alimentos o atención médica, así como la carencia del suministro de electricidad y de agua. Contó además que los paramilitares utilizan contra la población civil un tipo de proyectiles expansivos prohibidos por las leyes internacionales.
Y sentenció: "Son muchos los problemas que se tienen que superar. Pero el gobierno federal no interviene, no quiere solucionar esos problemas. Y las autoridades de Oaxaca tampoco hacen nada".
Silencio oficial
Morales respondió que el gobierno de México "lamentaba los hechos acontecidos en San Juan Copala", y que éste "continuaría informando a la opinión pública sobre ese 'acontecimiento'".
Mencionó que las autoridades mexicanas iniciaron "inmediatamente" las investigaciones de los "hechos", y que desde entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa de los avances a las embajadas europeas "interesadas", de manera particular a las de Finlandia y la UE. El funcionario jamás mencionó la palabra "asesinatos".
Morales reprochó la actitud de las eurodiputadas. Recordó a Hassi y Keller que la SRE les ayudó a coordinar su visita a México, "a pesar de lo precipitado y el cortísimo tiempo que tuvimos desde que nos la anunciaron".
Manifestó que las eurodiputadas pudieron entrevistarse sin obstáculos con las autoridades federales, por lo que no podían quejarse de falta de "apoyo y apertura" por parte del gobierno calderonista.
El funcionario presumió que "México practica una política de total y absoluta apertura de monitoreo internacional de derechos humanos". Ese fue el caso, expuso, durante la visita de los padres de Jyri Jaakkola al país del 27 de agosto al 7 de septiembre, quienes se reunieron con las autoridades federales y con el gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, quien les ofreció "continuar con las investigaciones sobre el fallecimiento" de su hijo, a lo que también se comprometió la PGR, según añadió Morales.
Según él, al final de su visita, los padres de Jyri "manifestaron su satisfacción por los resultados de la misma".
"La posición del gobierno de México --sentenció Morales-- ha sido franca, abierta y permanente en este tema".
El presidente de la delegación europarlamentaria, Ramón Jáuregui, intervino:
--A mí me queda una sola pregunta: ¿hay algún acusado ante la Procuraduría? ¿Hay alguna persona inculpada por estos asesinatos?
--Según mi información, nadie ha sido acusado oficialmente --contestó Hassi.
Los funcionarios mexicanos prefirieron guardar silencio al respecto. Y es que ese era el reclamo central de las eurodiputadas: la impunidad que reina en México.
México, DF; 18 de septiembre (Apro).- A diferencia de lo que ocurre en las democracias consolidadas, en México las Fuerzas Armadas gozan de una autonomía que ya quisieran organismos formalmente autónomos, capturados por los intereses políticos y monopólicos o dominantes en los sectores que supuesta regulan y controlan.
Hacedores del sistema político que gobernó con el PRI casi todo siglo XX, los militares se reservaron grandes espacios políticos y de impunidad que generaron no pocos casos de riqueza de su cúpula.La llegada del PAN a la presidencia no representó ningún cambio.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han sido fieles al proyecto político en turno.Nunca en su historia, los militares mexicanos han sido controlados ni por el Congreso ni por el Poder Judicial.
Por años, hubo militares habilitados como diputados y senadores con el propósito de mantener a las Fuerzas Armadas intocadas, lejos de cualquier escrutinio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación que por años era un "poder de tercera" y no el tercer poder del Estado, y que ahora tanto se presenta a la sociedad como Tribunal Constitucional, no ha querido propiciar ningún control.
Su reciente fallo para darle vuelta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano precisamente por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, es una vergüenza internacional.
Vergonzante también es que sea en el Congreso estadounidense donde Calderón tenga que rendir cuentas de los abusos de los militares.
Atado a la Iniciativa Mérida, Calderón tiene que informar junto con el Departamento de Estado sobre las sanciones impuestas a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico.
De esos informes depende la entrega de parte de los recursos.Sin autoridad moral para hablar de respeto a los derechos humanos, el Departamento de Estado anunció el 2 de septiembre pasado su intención de liberar cerca de 36 millones de dólares que habían sido retenidos de los recursos comprometidos para el año pasado y el actual.
En ese contexto de escrutinio internacional hay que entender que en julio pasado la secretaría de la Defensa Nacional haya decidido abrir en su página oficial un micrositio sobre derechos humanos, en el que da a conocer, sin precisar, sus cifras sobre militares procesados y sentenciados en este tema, siempre por tribunales castrenses.
No fue una concesión graciosa de transparencia y rendición de cuentas.
La lealtad de los militares con los proyectos políticos sexenales ha sido compensada con impunidad.
Ocurrió con el PRI, que los protegió de los delitos de lesa humanidad que cometieron principal, pero no únicamente, durante los años de la guerra sucia contra la guerrilla urbana y rural.
Se repitió con Vicente Fox, quien decidió no molestar a los militares con investigaciones sobre esos atentados contra la dignidad humana de cientos de personas en todo el país.
Mucho menos, con el establecimiento de responsabilidades. La fiscalía sobre delitos del pasado fue un fiasco.
En tiempos recientes, ningún otro titular del Ejecutivo había usado a los militares tanto como Calderón. Está obligado a dar la cara por sus principales aliados. Al defenderlos, se defiende a sí mismo. Y lo quiere formalizar con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional cuyo propósito es legitimar la participación de los militares en lo que inicialmente definió como "guerra al narcotráfico".
Ahora llamada "estrategia para la seguridad", la decisión de Calderón derivó en lo que muchos advirtieron desde el principio: que regresaríamos a los tiempos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
Por décadas, la referencia en este tema siempre fue el Ejército. Ahora, hay que sumar a la Marina.
Ya desde fines del foxismo, los marinos empezaron a tener protagonismo, pero con Calderón los marinos, en particular la infantería de Marina impulsada en este sexenio, han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Hay casos documentados, por lo menos, en Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.Desde hace meses, Calderón y las Fuerzas Armadas han sometido al Congreso a presión para que aprueben dicha reforma, que al legitimar la presencia militar en tal estrategia garantiza también la impunidad, pues deja intocado el tema central: el control civil hacia los militares.
La reforma propuesta por Calderón y elaborada en los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas se aprobó en el Senado en abril pasado. No como lo querían sus autores.
Aunque fue muy ambigua respecto a la jurisdicción militar y los derechos humanos, a los jefes militares no les gustó.La decisión está en la Cámara de Diputados. Y es ahí donde la presión no cesa.
Primero, para que se apruebe lo antes posible; segundo, para que modifique lo aprobado por el Senado, en especial sobre el control civil de los operativos y la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia ordinaria y no la militar, como ha ocurrido por décadas.
La reforma trasciende al calderonismo, que con ella busca una cobertura legal, incluso de los asesinatos de civiles a manos de militares. Incumbe directamente al PRI.
No sólo por tener una mayoría en la Cámara de Diputados, sino porque de esa manera definirá el tipo de relación que tendrá con el Ejército en los próximos años, sobre todo si regresa a la presidencia de la República en el 2012.
Hechura de los militares de la Revolución Mexicana, es casi seguro que en esta votación el PRI quiera quedar bien con los militares. No por Calderón, sino porque buscan recuperar la lealtad castrense.
Premio Internacional al Escritor Valiente para Lydia Cacho
Por investigación y denuncia de red de pederastia en México
México, DF, 17 sep. 10 (CIMAC).- La periodista Lydia Cacho Ribeiro recibirá el próximo 20 de octubre el Premio Internacional al Escritor Valiente, que otorga la Asociación de Escritores PEN Internacional, distinción que se confiere a quienes escriben y sufren persecución por sus creencias.
En un comunicado, la Asociación sin fines de lucro informó que otorgará a Cacho el reconocimiento por su investigación y denuncia de una red de pederastia, y sus presuntos vínculos con autoridades y empresarios en México.
Mencionaron que después de la publicación de su libro "Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía" en 2005, la periodista y escritora fue arrestada, acusada de difamación y recibió amenazas de muerte.
Cacho Ribeiro es integrante del consejo editorial de CIMAC, agencia de la que ha sido corresponsal en Cancún, y es co fundadora de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe. Desde el año 2000 es consultora especialista en temas de derechos humanos y salud de las mujeres para la Agencia de las Naciones Unidas de la Mujer (UNIFEM).
En su más reciente libro "Esclavas del Poder. Un Viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo", la periodista revela que hay entre 20 mil y medio millón de víctimas de trata de personas, gran parte para nutrir a las mafias de la prostitución.
La periodista, rastreó durante cinco años las operaciones de las pequeñas y las grandes mafias internacionales y se entrevistó con una gran cantidad de víctimas e incluso se inmiscuyó con las organizaciones criminales para averiguar cómo funcionan las redes de trata. (http://www.cimacnoticias.com/site/10082004-Detener-la-trata-en.43817.0.html)
Entre los reconocimientos que Cacho Ribeiro ha recibido, se encuentran el Human Rights Watch (HRW), el Premio Nacional de Periodismo, el Amnesty Award 2007 y el Oxfam Award 2007.
En 2009 recibió el Premio "Hermila Galindo", junto con la asociación civil Defensoras Populares, por sus destacadas trayectorias en la defensa y promoción de los derechos de la población femenina.
En abril pasado, la periodista y escritora fue seleccionada como "Heroína Mundial de la Libertad de Prensa" por el Instituto Internacional de Prensa (IPI). En el marco del sexagésimo aniversario del Instituto, Cacho fue una de las 60 periodistas homenajeadas, durante el Congreso Mundial, celebrado en Viena.
A principios septiembre, Cacho recibió el Premio Internacional de Periodismo Manuel Leguineche, que otorga la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), mismo que dedicó a todos los periodistas mexicanos asesinados por el crimen organizado, declaró en entrevista para la FAPE.
Los resultados de los estudios sobre las capacidades y conocimientos de alumnos y maestros, realizados año con año, dan cuenta del sistemático abandono del sector y de la falta de reformas sustanciales, pues aunque ha habido varias modificaciones legislativas, no se han definido programas para acometerlas desde las aulas y las escuelas. La tendencia dominante sigue siendo evaluar por evaluar, controlar recursos y reproducir una visión cortoplacista, que se refleja en el constante cambio de personajes encargados de las distintas Secretarías de Educación, quienes se instalan en ellas con negligencia y baja altura de miras.
El impacto que esto tiene en la sociedad está a la vista: descomposición social, violencia, niños y jóvenes en el abandono escolar, altas tasas de deserción desde la educación básica y media, capacidades medianas o francamente mediocres, y burócratas que pasan de una Secretaría a otra como si pudieran entender cualquier asunto o problema.
Desde la óptica de este tipo de funcionarios, la educación se encuentra reducida a la retórica sobre las tendencias estadísticas, los recursos financieros y las mercancías, cuando el problema es que se trata de personas, de la formación de sus valores, del desarrollo de sus capacidades para construir su futuro social y laboral, y de la perspectiva cultural de su vida. Más grave aún, se está presentando un tipo de educación que tiende a fomentar el miedo, la insatisfacción personal, la represión y la prevención para un eventual estallido social.
Las comparaciones internacionales muestran que el haber incidido de forma sistemática y desde visiones de mediano y largo plazos en reformas educativas sustanciales impacta de manera positiva en la cohesión social y en el mayor desarrollo económico, en una mayor legitimación del Estado y en el fortalecimiento general de las instituciones. (Véase, por ejemplo, el reciente estudio editado por Simon Schwartzman y Cristian Cox, Politicas Educacionais e Coesao Social –una agenda latinoamericana–, Editorial Elsevier, Brasil, 2010.)
Los autores del estudio proponen desarrollar políticas educativas que se concentren en una agenda de transformación de las capacidades relacionadas con los desempeños docentes, los directivos de los centros escolares y el aprendizaje de los alumnos.
De acuerdo con lo que se ha estudiado sobre el sistema educativo, es ya evidente que, en este ámbito, no puede haber improvisados ni tampoco definiciones individuales. Las políticas educativas, o son participativas y llegan a involucrar a los actores directos del proceso, o carecen de sustancia, como ocurre ahora.
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