Pedro Echeverría V.
1. Todos los años, cuando se empieza hablar de la aprobación en el Legislativo de la llamada "Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos", los presidentes de la República hacen la propuesta –siempre conservadora- y los diputados buscan lucirse otorgando un poquito más –una limosna- de gastos a educación, a la UNAM, a los campesinos y a los servicios de salud. No se cubre lo que se pide o necesita, pero parecen quedar todos conformes. Sin embargo, en los fines de año se descubre que muchos secretarios de Estado –para congraciarse con el presidente- devuelven fuertes cantidades "ahorradas" de lo recibido a pesar de las enormes necesidades de dinero de sus secretarías. A fin de año, dado que llega la Navidad y los aguinaldos millonarios entre los políticos, nadie reclama nada y todo queda en santa paz; esto hace pensar que la llamada discusión del presupuesto sólo es una bobada más, pero lo peor es que le ven la cara de tonto al pueblo.
2. Hoy en La Jornada, por ejemplo, la ANUIES señala que "los rectores estaremos presentando la solicitud de ampliación de presupuesto por 6 mil 500 millones de pesos". Pero además, en tanto la UNAM señala que busca un incremento de 5.4 por ciento adicional, la ANUIES busca que también que las otras universidades obtengan el 5.4 que pide la UNAM. Es decir, el estira y afloje alrededor del presupuesto se convierte en algo así como un mercado en el que todos piden. Esta situación es realmente ridícula, muy vergonzosa para las instituciones que deberían trabajar sin la ley del mercado. En este contexto otra vez el presupuesto que se invierte anualmente en educación vuelve a aparecer como un pilar del sistema educativo mexicano. ¿Sabías que en México, desde que la UNESCO en 1946 recomendó dedicar como mínimo el ocho por ciento del PIB a educación México sólo ha dedicado el 3.9, el 4, el 4.1 y otros países aplican el 7, 8 o 12 por ciento?
3. Fox, siendo presidente, fue el más cínico y tramposo en la aplicación del presupuesto porque al 4 del PIB a educación pública sumó un 2 o 3 por ciento de la educación privada y comenzó a difundir que su sexenio había alcanzado la meta de aplicar el 7 por ciento a educación. Obviamente con Calderón la situación presupuestal en educación ha empeorado porque no solo no se destina más del 4 por ciento sino que se devuelve una parte y se presiona a los padres de familia a "colaborar" en la compra de artículos para construcción, de material técnico y de limpieza, que se necesitan con urgencia en las escuelas. Pero además ese presupuesto de 4 por ciento no se maneja con honradez porque de él salen gigantes salarios -millonarios- de los más altos funcionarios de educación, así como susidios a medios de información y dinero para decenas de miles de comisionados de la SEP. Además del funesto manejo del presupuesto educativo hay más problemas.
4. La defensa de la educación pública, gratuita y laica. El presupuesto educativo ha jugado un segundo lugar, porque en primer lugar siempre debe estar la defensa de los principios básicos más importantes de la educación: a) La educación pública, contra la privatización educativa, que garantice que todos los mexicanos tengan acceso a ella; b) la educación gratuita que garantice que ningún mexicano tenga que pagar nada porque los impuestos deben servir para ello, y la educación laica que garantice la libertad de pensamiento o de religión para que todos tengan la libertad para pensar y decidir por cuenta propia. ¿Cómo poder permitir que se reduzca el presupuesto público en educación para dar lugar al crecimiento de la escuela privada de paga y la mayoría de las veces religiosa? México durante 50 años mantuvo a la educación un 95 por ciento de carácter público; a partir de 1982 ha crecido la educación privada hasta controlar más del 30 por ciento.
5. Eliminación del sindicalismo charro o espurio. La realidad es que, además de la defensa de los principios básicos de la educación y de la lucha por mayor presupuesto, la batalla más importante debe darse contra la dirigencia sindical que controla desde hace 67 años el sindicato de educación (SNTE) A través de las décadas, esa organización que hoy agrupa a poco más de millón y medio de educadores –en convivencia (y hasta asociación delictuosa) con el gobierno y los altos funcionarios de la SEP- han sido los responsables del desastre del sistema educativo. El problema es que ese liderazgo pertenece al sistema corporativo de dominación del gobierno y al mismo tiempo ha contado con poderosos medios para controlar al magisterio y someter a cualquier grupo de oposición. La Coordinadora (CNTE) ha lucha durante 31 años, ha logrado miles de movilizaciones, pero su fuerza no ha alcanzado para eliminar el charrismo.
6. Los educadores también deben ser educados. Por último, otro problema de la educación nacional es el autoritarismo y el verticalismo con el que se manejan ideológica y prácticamente los profesores. Pareciera que ha los profesores se les enseña a mandar, a imponer su autoridad a "sus" alumnos y no están dispuestos a entender lo que Freire enseña: "no hay educando y educadores, los que saben y no saben, todos juntos construyen el conocimiento". Este autoritarismo que se puede observar desde el momento que el profesor se para frente a los estudiantes con un programa (sin discusión) del Estado, dicta su cátedra, impone disciplina, realiza exámenes y pone calificaciones, en vez de educar para la libertad, la reflexión y la crítica, reafirma el autoritarismo que representan la SEP y el SNTE. Si los profesores no logran romper con este modelo autoritario, despótico y tradicional, no podremos ser nunca libres ni crear seres libres.
7. Ninguno de estos cuatro problemas de la educación nacional pueden aislarse por eso la lucha de los profesores de la CNTE por transformar la educación tienen que ser integral. Si la lucha logra más presupuesto lo seguro es que se lo roben los funcionarios y los líderes si seguimos manteniéndolos en sus puestos. Si sólo defendemos los principios educativos y los profesores siguen contaminados de autoritarismo y verticalismo todo se convertiría en demagogia. La CNTE ha centrado su lucha contra el charrismo sindical que significa confrontar a la fuerza magisterial más importante, pero ha tratado poco (casi nada) la conformación ideológica de los maestros como simples transmisores de la ideología de la clase dominante. Quizá este último punto sea hoy el problema más importante porque la dominación del sindicalismo charro descansa en la ideología individualista y autoritaria de los profesores.
La Secretaria de E
stado de EE.UU. Hillary Clinton afirmó el miércoles pasado que México y Centroamérica están enfrentando una "insurgencia" que exige aplicar el equivalente del Plan Colombia en la región. Sus comentarios despertaron al instante la ira del gobierno mexicano, así como temores de una intervención militar más extensa de Estados Unidos.
"…nos enfrentamos a la amenaza creciente de una red bien organizada de narcotráfico que en algunos casos se transforma o está haciendo causa común con lo que consideraríamos una insurgencia en México y en Centroamérica", declaró Clinton, añadiendo que "estos cárteles de la droga están demostrando índices cada vez mayores de insurgencia; de súbito aparecen coches bomba donde antes no los había."
Irónicamente, la pregunta a la que Clinton estaba respondiendo fue en torno a qué ha estado haciendo Estados Unidos en lo tocante a su "responsabilidad en el hecho de que las drogas vengan hacia el norte y las armas vayan hacia el sur". En lugar de contestar la pregunta, Clinton comparó a México con Colombia y pronunció la declaración más audaz hasta la fecha sobre la intervención estadounidense, que incluye apoyo militar, en la guerra de México contra el narcotráfico.
"Se está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años", dijo Clinton. "Y Colombia… llegó hasta el punto en donde más de una tercera parte del país, casi el 40 por ciento del país en una u otra época estaba controlado por los insurgentes, por las FARC. Pero se requerirá una combinación de capacidad institucional y cumplimiento de la ley mejorados y, cuando sea apropiado, respaldo militar a ese cumplimiento de la ley, conjugados con la voluntad política para ser capaz de evitar que el problema se extienda y procurar reducirlo…" Clinton sostuvo que el Plan Colombia dio resultados positivos y añadió que "necesitamos idear cuáles serían los equivalentes para América Central, México y El Caribe."
La respuesta mexicana
Miembros del Congreso Mexicano reaccionaron con indignación. En sesiones para analizar el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, un diputado señaló que en el gobierno estadounidense "son buenos para criticar a otros países y no reconocer que son una parte importante de esta negra cadena de narcotráfico y crimen organizado. El pueblo mexicano debe rechazar cualquier actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos." Algunos congresistas demandaron que la Secretaria de Relaciones Exteriores envíe una nota formal de protesta al gobierno de Obama.
La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa declaró que "no comparto una apreciación en este sentido", refiriéndose a las declaracines de su contraparte estadounidense. A su vez, el vocero del gabinete Alejandro Poire rechazó la comparación con Colombia.
En Washington, funcionarios de Obama se apresuraron a tratar de reparar el daño. El Secretario de Estado Adjunto Arturo Valenzuela corrigió a su jefa, explicando que el empleo "[d]el término 'insurgencia' no debería ser visto de la misma forma en que nos referimos a una insurgencia colombiana. No una insurgencia de un grupo militarizado que opera dentro de una sociedad e intenta apoderarse del Estado por motivos políticos." Posteriormente el Presidente Obama descartó la comparación en observaciones hechas a La Opinión.
El comentario desató un remolino dentro del gabinete de Obama y en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.
La comparación colombiana
Lo único sorprendente de los conceptos vertidos por Clinton es que los mencionó en voz alta. La Iniciativa Mérida originalmente se propuso como "Plan México" hasta que el nombre fue desechado. La comparación directa con el Plan Colombia se consideró como una desventaja. En México, la idea de la presencia militar estadounidense inflama el sentimiento nacionalista. Mientras tanto, en Estados Unidos el impacto insignificante sobre el tráfico de drogas y el incremento de violaciones de derechos humanos que implicó el Plan Colombia a un costo de 7.300 millones de dólares vuelve preocupante el que sea copiado en la frontera con México.
Cualquiera que sea su nombre, el plan de Bush para México y Centroamérica siempre guardó una relación estrecha con su antecesor del cono sur. El Plan Colombia comenzó como un plan antinarcóticos estructurado según los lineamientos del modelo de guerra antidrogas de aplicación de la ley, bloqueo y uso del ejército, todo ello con la cercana participación de Estados Unidos. El Plan México no incluye la presencia del ejército estadounidense pero sigue el mismo modelo.
La fusión intencional que establece Hilary Clinton de la insurgencia con el narcotráfico surge de una de dos fuentes posibles: ignorancia o desinformación maliciosa. Una insurgencia busca apoderarse de territorio para producir un cambio profundo en la estructura de la sociedad y, por lo general, tomar a su cargo el gobierno. Los narcotraficantes, pese a declaraciones de Calderón en contra, no lanzan ofensivas contra el Estado para sustituirlo. Su ocupación principal es proteger y expandir su extremadamente lucrativo negocio. El malentendido –al parecer intencionado- respecto de esta distinción es en parte el fundamento de la fallida política con la que se libra la guerra contra las drogas.
Si la distinción se entendiera, la estrategia obvia debía ser atacar el negocio, no a quienes lo manejan. Contratar sustitutos dentro de un cártel es extremadamente fácil en México. La estructura de los cárteles es flexible, en ellos nuevos dirigentes o pandillas rivales reemplazan a los eliminados o debilitados. Existe una fuente inagotable de hombres jóvenes con escasas perspectivas en la vida en un país donde el gobierno ha fracasado en proporcionarles oportunidades educativas o laborales adecuadas.
Atacar el negocio significa ir tras las estructuras financieras trasnacionales que lo soportan, y ambos gobiernos han parecido renuentes a hacerlo con decisión dado que el dinero de la droga fluye a través de las principales poderosas instituciones financieras, aporta liquidez y financia empresas exteriormente legítimas.
La adopción de políticas regresivas
Poco antes de los señalamientos de Hillary Clinton, el Congreso de EE.UU. asignó $175 millones de dólares más para la guerra antinarco mexicana sin ninguna revisión o análisis estratégico comprehensivos de los terribles resultados que el modelo ha arrojado hasta la fecha. La violencia vinculada con la droga estalló al sur de la frontera con cerca de 30.000 muertos desde que se declaró la guerra a finales de 2006. Las violaciones de derechos humanos de que se acusa al ejército se habían sextuplicado el año pasado, y justo en los últimos meses efectivos del ejército han matado a tiros a varios civiles.
Los representantes elegidos por los estadounidenses deberían asignar los dólares de sus impuestos con base en un minucioso análisis de cómo los recursos alcanzarán efectivamente los objetivos relacionados con el bien público. Hoy, cuando se trata de asignar recursos para la defensa en general, y el Plan México es un ejemplo extremo, el modus operandi es: gastar ahora y lidiar con los resultados desastrosos después… gastando todavía más. De acuerdo con un informe reciente de la General Accounting Office (Oficina de la Contraloría General de E.U.), la Iniciativa Mérida ni siquiera contiene objetivos a alcanzar por medio de los cuales evaluarla.
La asignación suplementaria para México estipula que las normas bajo el rubro "Control y Cumplimiento de Leyes Antinarcóticos a nivel Internacional" (INCLE) requieren que el Departamento de Estado emita un informe que demuestre el cumplimiento de los requisitos de su Sección 7045(e). Estas "condiciones de derechos humanos", que algunos legisladores y grupos de Washington impulsaron, reflejan serias preocupaciones de que los fondos estarían fluyendo a fuerzas de seguridad mexicanas notoriamente corruptas y abusivas.
No obstante, en la práctica el Congreso diluyó las condiciones de tal manera que proporcionen una cortina de humo para esconder preocupaciones más graves respecto a la estrategia. El Congreso ignoró las críticas contra la Iniciativa Mérida de la AFL-CIO y organizaciones de ciudadanos y aprobó cinco asignaciones separadas que en total suman casi 1.500 millones de dólares. La iniciativa se transformó de un compromiso de tres años a un pacto permanente.
El 5 de septiembre la Secretaria de Estado Clinton anunció que el gobierno de EE.UU. estaba reteniendo el 15% de la nueva asignación suplementaria con base en las "condiciones de derechos humanos". El gobierno mexicano se quejó públicamente y en voz alta pero lo celebró en privado. Las matemáticas son bastante claras: 'te daremos 175 millones de dólares en fondos extraordinarios pero te retendremos 26 millones de dólares'–de lo que resulta una ganancia neta de 149 millones de dólares. Ambos gobiernos hicieron declaraciones santurronas. El de Estados Unidos criticó a México "olvidando" el hecho de que el crimen trasnacional no podría funcionar sin corrupción dentro de sus propias fronteras. El gobierno de Calderón protestó contra el escándalo sobre los derechos humanos que hacía su vecino cuando tiene una guerra que librar. Hasta la prensa convencional señaló las contradicciones del juego de cifras.
A estas alturas se pensaría que la estrategia de imponer condiciones para lograr una guerra antinarco más bondadosa y amable (como diría Bush padre) estaría absolutamente desacreditada. La interpretación más generosa es que fue una estrategia de parte de grupos y congresistas que malentendieron tanto la situación en México como la nueva relación binacional del Pentágono que se estaba forjando a través del Plan. En lugar de proceder a la necesaria rectificación inmediata, la administración Obama planea pedir todavía más fondos públicos para la política fracasada mientras, de dientes para afuera, defiende los derechos humanos.
Dudas cada vez mayores
La última controversia sobre políticas para el narcotráfico en México sobreviene en medio de las dudas a ambos lados de la frontera. Los senadores mexicanos de todos los partidos políticos, excepto el de Calderón, criticaron con acritud el "fracaso" de la guerra contra las drogas del presidente en un análisis del cuarto informe anual de la administración. El Partido Revolucionario Institucional señaló que el informe anual presentado por el presidente Calderón mostraba menos incautaciones y ningún aumento notable en arrestos comparados con niveles históricos, y una asignación de tan sólo 1.500 millones de pesos a la prevención de adicciones. Un miembro del Partido de la Revolución Democrática deploró la ecuación de "a más recursos, más muertes", ya que a la fecha, la guerra contra las drogas le ha costado al castigado presupuesto mexicano cerca de 7.000 millones de dólares.
En Estados Unidos también han crecido las dudas en cuanto a la eficacia de la estrategia. El Subdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) Alonzo R. Peña lamentó que el gobierno mexicano a menudo no tome en cuenta los servicios de inteligencia de EE.UU. antes de actuar. Peña comentó que en ocasiones el motivo podía ser simple precaución pero que en otras "era completamente corrupción". En Washington, el aumento de consecuencias negativas ha conducido a inquietudes sobre la falta de una estrategia de salida o un camino claramente definido hacia el éxito.
No hay fórmulas mágicas que se presenten, en particular si se atiende al grave deterioro de la situación en México. No obstante, el Congreso de EE.UU. no debe ignorar la violencia desencadenada bajo los términos de la política actual, y no puede aceptar los asesinatos como daño colateral. En México, los especialistas calculan que a este paso las muertes relacionadas con el narcotráfico alcanzarán más de 70.000 hacia el final de la presidencia de Calderón, a un ritmo de 50 muertes diarias en todo el país.
Estados Unidos debe empezar por reconocer la responsabilidad que comparte en el crecimiento del crimen organizado en México. Estados Unidos se enfrenta también a enormes desafíos dentro de sus fronteras y comparte la responsabilidad por respaldar una estrategia que de forma tan evidente ha incrementado la brutalidad de los cárteles de la droga. Hay muy escasa información sobre las actividades anticorrupción en Estados Unidos que no sólo no han prevenido, sino que de hecho han facilitado el trasiego transfronterizo de sustancias ilegales para su distribución a ciudades de una a otra costa. Los programas de tratamiento contra adicciones y prevención de abuso de drogas tienen un presupuesto de miseria. Medidas como la del referendo sobre la regulación de la mariguana podrían eliminar una enorme parte del ingreso de los cárteles sacando la droga del mercado negro.
Las declaraciones de Hillary Clinton revelan las fuertes corrientes dentro del gobierno estadounidense que buscan intensificar la injerencia de EE.UU. en la guerra mexicana contra las drogas. Nunca es fácil admitir un fracaso de tal magnitud en las políticas, o revertir planes como el Plan México que involucran a los poderosos grupos cabilderos de empresas de defensa y de seguridad privada. Pero el Presidente Obama ha demostrado valor para admitir errores en el pasado y buscar rectificarlos. Tanto su administración como el Congreso de EE.UU. deben demostrar hoy ese valor para reorientar decisivamente la descontrolada guerra contra las drogas.
Aunque para todo hay asignaciones eufemísticas y se habla de lograr interrupciones legales del embarazo, en lugar de aborto; de abortos seguros, como el contexto de la demanda, y el lenguaje cambia a veces con el peligro de que cambien los contenidos, el 28 de septiembre se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, recordada como el día del "vientre libre" para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres.
Como principal argumento, en 1990 se planteó el aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Hoy, no obstante, se trata de un problema de la democracia, un problema de justicia e impunidad.
Los jueces, como se ha documentado en Guanajuato, condenan a las mujeres hasta por 25 años, argumentando que la interrupción del embarazo es un delito equiparado a homicidio en grado de parentesco.
No sabemos cuántas mujeres están enfrentando procesos por esta torcedura legal, que fue puesta en los códigos penales como un recurso que agrava el abuso de la autoridad familiar cuando se comete homicidio, principalmente en menores o mujeres. Las abogadas están a favor de mantener este tipo delictivo, pero no de la torcedura mañosa que se aplica.
Este recurso torcido puede significar mayores desgracias a las mujeres. Se sabe que este tipo penal existe en 19 entidades del país, incluido el Distrito Federal, y ya se hace un estudio profundo para saber dónde más se ha torcido la ley que se utiliza para castigar a las mujeres, quienes en uso de sus derechos interrumpen su embarazo por alguna de las siete causas de no penalización que establecen nuestros diferentes códigos penales en la República Mexicana.
Con frecuencia, en el caso del aborto se olvida que desde 1929 hay excepciones para no criminalizar esta acción. En el Distrito Federal el aborto no es delito cuando se interrumpe el embarazo antes de cumplir 12 semanas la concepción, simplemente por voluntad de la involucrada, lo que ha salvado ya miles de vidas.
Este martes 28 las mujeres del país hicieron una jornada de denuncia, porque hay evidencia de que hay un retroceso, en virtud de legislaciones estatales en 16 entidades del país que buscan nuevas formas de penalizar el aborto y criminalizar a las mujeres, principalmente a las más pobres; de perseguirlas y condenarlas.
Parar el retroceso es vital. En América Latina el atraso, desigualdad e injusticia se unen a la negativa a liberar y ampliar las posibilidades de interrupción legal del embarazo. Hay zonas de Mesoamérica donde está totalmente prohibido, no hay excepción que lo permita.
De ahí las campañas de salud sexual y reproductiva, para que gobiernos y sociedades se sensibilicen ante la problemática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una de cada ocho muertes maternas es resultado de un aborto inseguro. Y agrega que siete mujeres mueren cada hora en algún país en vías de desarrollo a causa de complicaciones post-aborto.
Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, lo que significa que pobreza, desigualdad y ausencia de democracia conducen a esta injusticia, donde la vida de las mujeres es la que está en juego.
Se calcula que el aborto inducido --en forma clandestina y condiciones inseguras-- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región latinoamericana y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
Datos investigados por el Colegio de México y difundidos por el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres revelan que en México los abortos inducidos han aumentado en las últimas décadas en una tercera parte: de poco más de 500 mil abortos en 1990 a 870 mil en 2006.
La tasa de aborto inducido subió de 25 a 33 por cada mil mujeres en edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del mundo. La derecha y su avance en zonas de poder son responsables de estos hechos.
Sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto obtiene atención hospitalaria, o sea que las otras cinco mujeres no buscan hospital o se les niega el servicio y recurren a la clandestinidad. Del año 2000 a la fecha, en promedio 500 mujeres en México son hospitalizadas diariamente tan sólo en los servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de un aborto.
Se trata, pues, de un hecho que pone en riesgo muchas vidas, una cuestión que debiera no existir. Se trata con claridad de muertes evitables. El derecho a la salud garantizado en la Constitución se viola. La igualdad entre mujeres y hombres, signado por las naciones del mundo, es una mentira.
Con ello, el retroceso en 16 entidades del país y las demandas pendientes son de una urgencia que lacera la esperanza de que un día en México se pueda hablar de laicismo y democracia, ambos elementos base, contexto de las luchas libertarias de nuestras antepasadas.
En el Distrito Federal, hace poco más de tres años se despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. La constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente al avance, la embestida conservadora no se hizo esperar: gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), subordinados a la jerarquía católica, promovieron contrarreformas en las constituciones de 16 estados del país para perseguir y penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.
Las contrarreformas no sólo imponen a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sino que institucionalizan la violencia contra los derechos reproductivos d elas mismas, profundizan la injusticia y la impunidad, y ponen en riesgo el uso de métodos anticonceptivos, especialmente los dispositivos conocidos como DIU y la anticoncepción de emergencia.
El texto del Pacto, que se leyó el pasado martes 28, también denuncia que las contrarreformas frenan el avance científico en la investigación con embriones y células madre, una imposición moral religiosa conservadora, con lo que se vulnera el carácter laico del Estado mexicano; además, se profundiza el déficit democrático por razón de género.
Es decir, en la práctica, en esta sociedad fundada en una Constitución, producto de una gesta histórica en la que perdieron la vida un millón de mexicanas y mexicanos, sólo en el caso de este derecho, el de interrumpir legalmente el embarazo, se evidencia el carácter patriarcal de un sistema en el que las mujeres –más de la mitad de la población– se someten a un Estado que viola la ley, una sociedad que lo permite y un mundo global que se dedica a elaborar bonitos proyectos y convenios, campañas, que no consiguen nada para las mayorías empobrecidas, sino que se convierten en guardianes del capital y sus intereses.
Son las campañas financiadas por los grandes capitales, mientras que en mi país se mueren las mujeres, muchas de esas 500 que ingresan todos los días a los hospitales. Una cruzada contra la desigualdad social es lo que urge.
La sesión en el IFE.
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 30 de septiembre.- No sería exagerado afirmar que el perfil de los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), a ser nombrados antes del 30 de octubre, determinará el destino de la democracia en el país durante la siguiente década. Los nuevos funcionarios se convertirán rápidamente en una suerte de "superconsejeros", ya que permanecerán en sus cargos durante nueve años, hasta finales de 2019. Ellos atestiguarán la salida de todos y cada uno de los actuales integrantes del Consejo General y serán los primeros consejeros en la historia en organizar dos elecciones presidenciales, las de 2012 y 2018.
Así, el actual proceso de selección cobra una mayor importancia que el que tuvo lugar en junio de 2008, cuando fueron elegidos Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero para miniperiodos de cinco años que vencerán en 2013. Este proceso incluso podría llegar a ser más trascendente que el de principios de junio de 2008, cuando fueron designados el actual consejero presidente y dos consejeros electorales más.
Tendrían que llegar tres verdaderos demócratas para que hubiera alguna posibilidad de recuperación de la confianza en las instituciones electorales del país. El IFE cuenta con vastas responsabilidades de regulación del espacio público-electoral y con un enorme potencial institucional para reconstruir la democracia del país. Del éxito o fracaso del IFE en los próximos años dependerá que en algún momento futuro lleguemos a tener un gobierno federal realmente interesado en atender las necesidades más básicas de la población.
El pasado 20 de septiembre, Ulises Beltrán informó que 14% de los mexicanos no cree que "las condiciones de desigualdad y pobreza pueden resolverse actualmente poco a poco en forma pacífica", sino que "sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución". El mismo día, El Universal nos informó que 29% de los ciudadanos encuestados piensa que la democracia no "es la forma de gobierno más adecuada para el futuro", sino que "sería mejor otra forma de gobierno". Asimismo, 74% cree que "el sistema político actual de México está mal".
Sin duda, las condiciones para un nuevo estallido social están listas. Una revuelta armada en favor de la justicia tendría un universo potencial de varios millones de mexicanos. Y si la revuelta social no fuera armada, sino pacífica, el apoyo fácilmente podría duplicarse y quizá incluir a los insatisfechos con el sistema político.
La concreción de un IFE independiente fue un eje central de la transición democrática. Hoy el fortalecimiento de este instituto sería una de las tareas claves para conquistar la paz social y auspiciar una genuina participación ciudadana. Sin embargo, todo parece indicar que una vez más los partidos privilegiarán las lealtades políticas y personales por encima de las capacidades de los nuevos consejeros. Adicionalmente, lo más probable es que la izquierda vuelva a quedar sin representación alguna, lo cual implicaría una peligrosa ausencia de pluralidad en el seno del Consejo General.
Frente a esta situación, algunos analistas han llegado a proponer que se excluya a los partidos políticos del proceso de selección y que los nombramientos se encarguen a una comisión de ciudadanos independientes. Un sistema similar existe en Ecuador y otros países latinoamericanos.
La propuesta, aunque es atractiva, plantea dos grandes dificultades. Por un lado, para la selección de los integrantes de la comisión ciudadana nos enfrentaríamos exactamente a los mismos problemas de cuotas y lealtades. Las negociaciones palaciegas simplemente se trasladarían desde el proceso de designación de los consejeros electorales al proceso de nombramiento de los ciudadanos integrantes de esta comisión.
Por otro lado, la propuesta también emerge de una visión equivocada del perfil del consejero electoral. La historia nos ha demostrado que los mejores consejeros no son necesariamente aquellos con la mejor preparación "técnica" o quienes cuenten con mayor "carisma mediático ciudadano", sino quienes verdaderamente aseguren la necesaria pluralidad del Consejo General y se conduzcan de forma autónoma. Necesitamos consejeros con principios tan firmes como diversos, sin padrinos políticos o sociales, y dispuestos a defender el espacio público-electoral a toda costa.
Lo mejor entonces no es imaginar un proceso idealizado para encontrar un conjunto de "ángeles guardianes" de la democracia, sino un procedimiento práctico que corte de tajo el vínculo entre consejeros y partidos, que abra paso a personajes verdaderamente "incontrolables" desde el poder.
Para lograr este fin habría que considerar un retorno al mecanismo democrático por excelencia: la lotería. Una selección completamente al azar de los nuevos consejeros entre los candidatos que cumplan con una serie de requisitos mínimos acabaría con las humillantes pasarelas y sucios cabildeos de los anteriores procesos. Se abriría la posibilidad a la llegada de consejeros electorales sin compromiso alguno con los políticos, los partidos o los poderes fácticos.
Si se adoptara esta fórmula, por lo menos podríamos dar el beneficio de la duda a los nuevos consejeros. De otra forma, una vez más los ciudadanos tendríamos la obligación cívica de mantenernos radicalmente escépticos con respecto a las intenciones y acciones de los nuevos integrantes del Consejo General. l
La UE aprueba la Euroorden para proteger a víctimas del machismo
Madrid, 30 sep (10). AmecoPress El Parlamento Europeo dijo sí a la Euroorden de protección de víctimas de violencia, con especial atención a las de género. Las Comisiones de Libertades Públicas, Justicia e Interior y de Derechos de las Mujeres aprobaron casi por unanimidad (63 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones) la iniciativa presentada por las eurodiputadas Carmen Romero (socialista) y Teresa Jiménez-Becerril (conservadora).
La decisión permite retomar el camino abierto durante la presidencia española, para lograr que "cualquier víctima que esté protegida en un país determinado continúe siéndolo si cambia su residencia a otro país de la UE", según Carmen Romero.
Romero destacó la importancia de los plazos, ya que según se recoge en el informe, los Estados miembros tendrán un máximo de 20 días para poner en macha una orden europea de protección desde que lo solicita la autoridad competente.
En ese sentido, según explicó la eurodiputada socialista, la aprobación de la Euroorden en comisión parlamentaria es un paso importante, "porque la Unión Europea, por primera vez, pone en marcha un mecanismo de prevención del delito".
Carmen Romero señaló que es fundamental conocer las cifras reales de esta lacra, ya que en algunos Estados miembros los asesinatos relacionados con violencia de género no son registrados como tales, sino como homicidios ordinarios.
"En algunos países la violencia de género sigue siendo un tema tabú y al no existir datos reales y fiables, la necesidad de prevención no es tan palpable", indicó la eurodiputada. No obstante, Romero apeló a la presidencia belga de turno de la Unión Europea para que se esfuerce al máximo en esta negociación y trabaje con los Estados miembros más reticentes para alcanzar un acuerdo lo antes posible, "porque estamos hablando de terrorismo doméstico, y con sólo una víctima que salvemos, las medidas estarán justificadas".
La Euroorden había tropezado con las dificultades que implica la diversidad de sistemas de protección en la UE (penales, civiles y administrativos). La propuesta de las eurodiputadas permite superarlos intentando un acuerdo entre Parlamento, Consejo y Comisión Europea para que pudiera aprobarse en primera lectura. La presidencia belga exigía acuerdo previo del Parlamento para poner en marcha la iniciativa.
En 2008, se emitieron 118.000 órdenes de protección por violencia machista. En España, entre 2008 y 2009 hubo 19.602 denuncias por maltrato contra ciudadanos comunitarios, según datos de Justicia. Además, 14.278 mujeres procedentes de la UE presentaron denuncias por maltrato.
Justicia e Igualdad se congratulan
El visto bueno dado ayer por las comisiones de Derechos de la Mujer y de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europea a la Orden de Protección contra la Violencia de Género supone un importante respaldo a la iniciativa lanzada por la Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010.
Tanto la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, han mostrado su satisfacción por el paso adelante dado por el Parlamento Europeo en la adopción de esta propuesta dirigida a proteger a las víctimas de violencia, con especial atención a las de violencia de género.
La propuesta de directiva, que ahora cuenta con un respaldo mayoritario en el Parlamento Europeo, está destinada a proteger no sólo a las víctimas de violencia de género sino a las víctimas de crímenes de honor, mutilación genital, a las víctimas del crimen organizado y matrimonios forzosos y a las víctimas del terrorismo.
Fotos: archivo AmecoPress
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