Pedro Echeverría V.
1. El sábado dos de octubre se cumplen 42 años del asesinato de estudiantes en la plaza de Tlatelolco por el ejército del gobierno de México. Durante 40 años los estudiantes han conmemorado esta fecha con grandes manifestaciones en la ciudad de México y algunas otras plazas del país. Pero es importante no olvidar que en ese mismo año de 1968 en otros países del mundo: Francia, Alemania, Italia, EEUU, se registraron con más o menos combatividad movimientos y confrontaciones como las de México contra la explotación y opresión capitalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1968 parecen haberse conjuntado todo el descontento juvenil de la década de los sesenta; pero que tampoco debe olvidarse que, con otras características, en Checoslovaquia el pueblo se rebeló contra el llamado "socialismo" autoritario y también sufrió una brutal invasión del llamado Pacto de Varsovia, en particular de la URSS.
2. Más que hablar o repetir actos heroicos, grandes manifestaciones o anécdotas de los dos meses una semana (del 26 de julio al 2 de octubre) que tardó el movimiento en México, parece más importante hablar del contexto mundial y nacional en que nació y lo que resultó de aquellas grandes luchas antiautoritarias que cambiaron modelos de familias, métodos en las iglesias, el autoritarismo en las escuelas, comportamientos juveniles, las relaciones sexuales, hizo aparecer las drogas, un música diferente, pero sobre todo impulsó el espíritu de rebeldía en todos los campos. En última instancia el anecdotario de confrontaciones con la policía en la toma de la UNAM y del Casco del POLI, de la elevación de la bandera de huelga en el Zócalo, de la gigantesca marcha de silencio, de la destrucción de coches estacionados en Chapultepec y la misma represión de Tlatelolco, sólo enseñan la brutalidad policíaca y del ejército.
3. Lo que en serio parece haber sido definitivo en las batallas de 1968 fue: a) la terrible guerra de liberación de Vietnam, b) la lucha antirracista de los negros en EEUU, c) La revolución cubana y otras guerrillas, d) los movimientos de liberación en África, e) la protesta juvenil en el mundo (liberación femenina, el rock, la marihuana, el LSD, el hippismo y la sicodelia) Eso y más se conjuntó para lo que luego se llamó "el corte histórico", el cambio de rumbo. Es decir, 1968 sólo fue la "coronación", el momento político, de los movimientos anticulturales que se venían dando en toda la década. Se habló incluso del existencialismo sartreano y más tarde de Marcusse y de la literatura Latinoamericana. ¿Y las comunas, el igualitarismo, los reventones, las barbas, el cabello largo, el pantalón de mezclilla y las faldas cortas? 1968 sólo fue la culminación, la acumulación comenzó con la revolución cubana.
4. Los jóvenes descubrieron que tras la llamada decencia, las buenas costumbre y palabras cordiales, se escondía la hipocresía, el engaño, el robo; que tras el vestido elegante, la corbata y los blancos puños de las camisas existían defraudadores de "cuello blanco" muy peores a los que aparecían retratados en sucesos de policía; se dieron cuenta que los discursos de los políticos de "los jóvenes del futuro" nada tenían que ver con la represión de que eran objeto. En fin, veían a diario que banqueros, empresarios, políticos, profesores, curas, sus mismos padres, eran cínicos, demagogos y engañosos que no se les podría guardar respeto alguno. Para encubrir el brutal autoritarismo reinante, se empezó a hablar de "choque de generaciones", de descomposición de los jóvenes por la "música alocada", por las drogas y el sexo, cuando en realidad era la educación autoritaria en todos los niveles la que estaba provocando el rechazo.
5. Las batallas estudiantiles/juveniles de 1968 demostraron que los jóvenes estaban hasta la madre con el sistema autoritario y represivo de los gobiernos y su policía que por todos lados exigía respeto y orden, la santa frase del positivismo del porfirismo. Los jóvenes decían: respeto a quien nos respeta y orden sin que nos lo impongan. "¿Por qué si ellos son unos farsantes nos quieren obligar a vestir como ellos y a cortarnos el cabello"?, preguntaban permanentemente el la casa, en la escuela, en el trabajo. Por eso en Francia se llenaron las paredes con la consigna: "Prohibido prohibir". Por eso también en las escuelas –llenas de maestros autoritarios y despóticos- los estudiantes comenzaron a confrontarse con los profesores y fue por eso que pronto éstos aprendieron la lección. ¿Qué pasó con aquellas mujeres esclavas del hogar que recibían resignadas los puños del marido? Pues que comenzaron a organizarse y liberarse.
6. Cuando se revisan los resultados de los movimientos ya históricos de 1968 en el mundo, se observa una tremenda revolución en todos los campos. Aunque los movimientos fueron bárbaramente reprimidos y se registraron cientos de asesinados, pudiéndose decir que fueron derrotados, la realidad es que todo cambió. Fue en ese año cuando surgió en la iglesia el formidable movimiento de la teología de la liberación y en la misma iglesia reaccionaria comenzó un proceso de modernización. En 1968 en educación desaparecieron las sociedades de alumnos verticales y surgieron los comités de lucha horizontales; al mismo tiempo –ante los reclamos de los estudiantes- los profesores comenzaron a ser tolerantes. Aunque existían movimientos de liberación de la mujer, en 1968 surgieron muchos más comités en el mundo con personalidades como Simone de Beauvoir, Susan Sontag y otras. Y así hay más ejemplos.
7. Desafortunadamente hoy en el mundo las formas de dominación han cambiado. El capitalismo ha profundizado la explotación y obtiene -tapándolo con un manto- muchas más ganancias que le permite acumular más riquezas. Hoy se habla con mayor cinismo de libertad, misma que le sirve a los medios de información para propagar la ideología del individualismo y el consumo que esclaviza a la población, pero sin que ésta se de cuenta. 1968, indudablemente, fue un gran jalón de la historia; pero el capitalismo –así como la iglesia reaccionario- ha sabido reacomodarse para continuar vivo y con fuerza. Necesitamos organizar más movimientos como los de 1968 –en los que ya no sean solamente estudiantes- pero buscando que sean más radicales, es decir, que arranquen todos los males desde la raíz. ¿Pero realmente estamos pensando en transformar el mundo o sólo queremos conocer historias como forma de ilustrarnos?
Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.
MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Algo tienen los publicistas de Enrique Peña Nieto que no contrastan las versiones que pretenden difundir en revistas del corazón como Caras, de Televisa, o la española Hola! o Quién, del Grupo Expansión, sobre el "romance genuino" entre el gobernador mexiquense y la actriz de Televisa, Angélica Rivera.
Ahora ambos aparecen en la portada de la revista de socialités de la empresa de Emilio Acárraga Jean. El despliegue es delirante: 25 páginas para informarnos que se casarán el 27 de noviembre y que su amor no es un spot ni un infomercial a cuenta del erario del gobierno del estado de México. Por supuesto, con la difusión de esta entrevista pretenden desviar el interés sobre las reformas electorales en el estado de México que representan un retroceso democrático de dos décadas.
La entrevista busca "aclarar" lo que tanto se ha señalado sobre el reality. En el segundo párrafo del publirreportaje se pretende desmentir lo que ha ganado en la percepción pública: que esta relación forma parte del montaje publicitario para "vender" una imagen adecuada para un precandidato presidencial sin luces propias ni mucha trayectoria.
"Como figuras públicas que son, mucho se ha dicho acerca de su romance de dos años. Comentarios desde que es estrategia de mercadotecnia para hacer una precampaña presidencial para 2012, que la relación es un montaje, que obligan a sus hijos a aparentar que se quieren y que todo es idea de Televisa, son algunos de los argumentos sin fundamentos que han circulado en los medios de comunicación en relación con su romance", advierte la nota firmada por Lucía Alarcón Zamacona.
Sin embargo, las incongruencias son claras en la "versión rosa" de una relación que debería estar en el ámbito privado, pero que tanto Peña Nieto como Televisa y Angélica Rivera han insistido en ventilar como si fuera un asunto digno de paparazzis.
En la revista Caras, Angélica Rivera y Peña Nieto dan una versión distinta a la que promovieron en la revista Hola!, en su edición del 30 de diciembre de 2009. En ambas aparecen como pareja de portada promoviendo el único tema que se les viene en mente: su futura boda.
El texto del publirreportaje de Hola! (donde pagaron 12 páginas para difundir la visita de Peña Nieto y Rivera a El Vaticano y su "boda inminente") relata esta versión de su romance:
"Superados los momentos difíciles y con los papeles que la declaraban soltera de nuevo en la mano, Angélica encontró un año más tarde nuevamente el amor en el atractivo político Enrique Peña Nieto, cuando él la buscó para que fuera la imagen de la campaña del estado de México (subrayado propio) 'Los 300 Compromisos Cumplidos'. Así se conocieron y, poco después, se enamoraron".
El guionista de este reality amoroso no leyó esta versión. En la última edición de la revista Caras, Rivera relata que así fue su incorporación al proyecto publicitario de Peña Nieto:
"Pasaron como dos años, me puse a trabajar, terminé la telenovela Destilando Amor y, de repente, me hablaron para que fuera la comunicadora del estado de México. Todo fue muy rápido, me llamaron de Televisa porque querían que estuviera en el proyecto; 'hola, con mucho gusto', se va a hacer esto y hasta ahí quedó. Hice los comerciales y la comunicación; y nos fue muy bien. El me habló por teléfono para darme las gracias y para invitarme a cenar. Yo no salía con nadie, estaba dedicada a mi casa, no tuve ese tiempo de una mujer soltera que iba a conocer a alguien".
¿Quién la mandó a llamar: Peña Nieto o Televisa? ¿Son lo mismo? Las contradicciones se relacionan con una historia poco conocida: en realidad, el artífice de que Angélica Rivera llegara a la campaña promocional del gobierno del estado de México fue el publicista Juan Carlos Limón García, de la empresa ByPower, que no pertenece a Televisa.
A recomendación de un amigo de Limón García, Angélica Rivera acudió en abril de 2008 a ByPower para pactar una cita con Enrique Peña Nieto. El quería tomar el control de su campaña publicitaria. Al enterarse, Televisa alegó que Angélica Rivera tenía un "contrato de exclusividad" con la empresa. Por tanto, ellos son dueños de su imagen y, si conviene, de sus relaciones amorosas, especialmente si se trata del gobernador priista, principal cliente de la televisora.
Más allá del montaje, lo que resulta grotesco es que Peña Nieto exhiba su vida privada como si él fuera un personaje de la farándula y que él mismo permita esta intrusión a algo íntimo. Además de Caras y de Hola!, el gobernador priista también apareció el 6 de febrero de 2009 en la portada de la revista Quién!, abrazado de "La Gaviota". Se autopromovió como "la pareja más atractiva de México". Ni más ni menos.
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MÉXICO, D.F., 28 de septiembre.- El domingo 19 El Diario de Juárez publicó un editorial en el que convocó a los "señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez" a que les expliquen "qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos".
El posicionamiento provocó la reacción de Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien respondió enérgicamente: "No cabe, en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales", y reclamó que "la única autoridad que debe reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales".
El editorial fue una forma muy heterodoxa, impactante e inusual de posicionar a un medio de comunicación frente a un evento trascendente para él mismo y para la comunidad juarense; pero más allá de la forma, el mensaje, los señalamientos y hasta la disposición a negociar no son para nada atípicos respecto de lo que han hecho otros medios de comunicación y el mismo gobierno federal que tanto se indignó.
En particular, el señalamiento de la inexistencia de una autoridad capaz de mantener el orden y hacer prevalecer el estado de derecho ha sido común en todos los comunicadores y medios que han enfrentado situaciones similares.
Tras la liberación de los tres periodistas secuestrados por el crimen organizado en Gómez Palacio, Durango, el pasado 2 de agosto, Denise Maerker escribió en su colaboración de El Universal: "El secuestro ocurrió en territorio liberado. Sí, pero de cualquier autoridad legítima".
A su vez, el diario Noroeste de Sinaloa, luego del ataque que sufrió en sus instalaciones de Mazatlán, señaló en un editorial desplegado en la primera plana, como nota principal, el jueves 2: "…el ataque sufrido por esta casa editora (…) es un claro síntoma del grave deterioro del estado de derecho en Sinaloa, donde el ciudadano común ve cómo cada día van siendo constreñidos y anulados muchos de sus derechos por la ineficacia e ineficiencia de las autoridades de todos los niveles (…) En esas condiciones, por supuesto que se torna mucho muy difícil ejercer el periodismo con la responsabilidad y profesionalismo que esta tarea reclama".
En la forma hay una gran diferencia con el posicionamiento de El Diario, pero en el mensaje no tanta: "Ustedes son (publicó El Diario refiriéndose a los jefes de la delincuencia organizada), en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido".
Mencionó nuevamente el "vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad…".
Sin embargo, por las declaraciones de Poiré, lo que más irritó al gobierno federal fue la disposición de El Diario para "pactar, promover una tregua o negociar" con la delincuencia organizada, a pesar de que la propia autoridad federal había negociado en el caso de los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio, Durango.
El 26 de julio, el crimen organizado secuestró a Héctor Gordoa, jefe de información del programa Punto de Partida, que conduce Denise Maerker; a Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; y a Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna. Ese mismo día, de acuerdo con lo publicado por Milenio, edición del 28 de julio, los comunicadores (bajo presión de los secuestradores) hablaron con sus medios y les expresaron que "la condición de sus captores para liberarlos era que transmitieran tres videos del narcoblog en el noticiario del mediodía del canal local de Grupo Milenio".
Según el mismo diario, "a la 1:40 horas los videos fueron transmitidos en el Telediario de la Laguna, en un enlace especial originado desde Milenio Televisión, en el DF. Tuvo una duración de 15 minutos y fueron emitidos sin ninguna edición".
Es decir, se aceptó la solicitud de los secuestradores, con la esperanza de que éstos cumplieran su parte: liberar a los rehenes.
Esto es claramente pactar con la delincuencia organizada.
Por su parte, Denise Maerker suspendió el 29 de julio la transmisión de su programa Punto de Partida, tras un mensaje en el que advirtió: "No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos, sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico".
El 2 de agosto, en la ya mencionada colaboración de Denise en El Universal, manifestó: "A Héctor lo soltaron el jueves en la mañana porque querían que hiciera una nota donde destacara que el video que llevó al arraigo de la directora del penal de Gómez Palacio estaba truqueado. Esa 'información' debía salir en Punto de Partida en la noche, así como una entrevista con él para que contara 'lo bien' que lo habían tratado. Se quedaron con los camarógrafos de Televisa y Milenio para asegurarse de que cumpliríamos con esa exigencia. Nadie, ni Héctor ni ningún negociador de Televisa ni de Milenio, prometió nunca que se cumpliría con esa exigencia".
Y aclaró: "La decisión de Televisa fue inmediata: ni esta vez ni nunca se iba a negociar el contenido de un programa porque alguien tenía de rehén a un compañero nuestro".
Esto significa que Televisa no está de acuerdo en negociar el contenido de un programa, aunque en otros aspectos sí esté dispuesta a negociar.
El lunes 20, en su colaboración semanal en El Universal, Denise Maerker reveló: "Que quede bien claro, la actuación de la Policía Federal fue determinante para que los tres periodistas secuestrados en Gómez Palacio recobraran su libertad sanos y salvos. Lo fue durante la negociación con los secuestradores gracias a su equipo especializado en manejo de crisis".
Es decir, la Policía Federal estuvo al tanto o quizá hasta fue el negociador en este caso.
Y algo similar ha ocurrido en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos. El 21 de mayo, su hijo mayor emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades mantenerse al margen del caso a fin de favorecer el proceso de negociación para liberarlo. De inmediato, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró: "El gobierno será muy respetuoso respecto a las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito. Todos estamos obligados a generar un ambiente propicio para que esto se desenvuelva con absoluto respeto a la vida de don Diego y con el absoluto respeto que hoy maneja su familia". El gobierno no negoció, pero respaldó las negociaciones de la familia y aceptó las condiciones de los secuestradores.
No son los medios de comunicación o las familias de los secuestrados los únicos que pactan con el crimen organizado.
El jueves 23, el periódico regiomontano El Norte publicó en su primera plana una información sobre las cuotas que el crimen organizado cobra a los transportistas, con el apoyo de elementos de la Policía Federal, por permitirles transitar por la carretera Monterrey-Altamira. Se incluyó allí la declaración de un transportista que, al ser cuestionado sobre cómo le hacían para transitar de noche por la carretera Reynosa-Ciudad Victoria, respondió: "¿Cómo le hacemos? Pues preguntando a quién se le debe pedir permiso, y, una vez que nos autorizan a viajar de noche, nos dan una clave por si nos detienen más adelante, que sepan que ya estamos autorizados para circular por ahí".
Los ejemplos de acuerdos tácitos o explícitos con el crimen organizado para evitar ser víctimas de su violencia son múltiples; están presentes en la decisión de los medios de comunicación tamaulipecos de no publicar ninguna información sobre los hechos violentos que ocurren en su entidad; en la de los empresarios que aceptan pagar las cuotas para seguir operando, etcétera.
En su mensaje a los "señores" del crimen organizado, después de pedirles señalar qué quieren que El Diario de Ciudad Juárez publique o deje de publicar, aclaró: "Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar".
Así, en consonancia con la actitud que han asumido otros comunicadores, políticos, empresarios y ciudadanos amenazados, El Diario reconoce su disposición a "pactar, promover una tregua o negociar con los criminales".
Pero en esta ocasión el gobierno federal no sólo no respetó la decisión de la publicación ni apoyó "el manejo de la crisis", sino que le reclamó su proceder.
El editorial no es ortodoxo y su posición es cuestionable; pero el trato gubernamental es desigual, incongruente e injusto, pues además, sin información suficiente, pretendió desvirtuar el atentado contra la libertad de expresión al retomar las versiones de que el asesinato del periodista fue un delito del orden común.
MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que dé a conocer los nombres de mandos militares sentenciados y condenados por su participación en delitos contra la salud, crimen organizado y/o uso de recursos de procedencia ilícita, del 1 de diciembre de 2000 al 28 de mayo de 2010.
La información fue requerida por un particular, quien pidió nombre del sentenciado, grado en la escala jerárquica, fecha y lugar de detención, delito y modalidad, sentencia impuesta, número de causa, juzgado instructor, y nombre de la organización criminal con la que el sentenciado se involucró.
Asimismo, solicitó los grados de los militares involucrados y el número total de sentenciados.
En su respuesta, la Sedena se limitó a proporcionar una tabla con dicha información del tiempo requerido, en la que omitió incluir los nombres, los cuales dijo tener bajo reserva por 12 años, bajo el argumento de que su publicación pondría en riesgo la vida de dichos militares y de sus familias.
Además, basó su respuesta en el criterio 06-09 del IFAI: Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción puede considerarse información reservada.
El solicitante de la información presentó un recurso de revisión ante el IFAI, argumentando que algunos de los nombres ya se han publicado en boletines de prensa.
Para la resolución del asunto, la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard pidió a la Sedena que le informara qué datos de los entregados al particular están relacionados con casos que ya causaron estado y cuáles están en proceso. La respuesta fue que sólo uno tiene este último estatus.
La ponencia determinó que la Sedena no sustentó el daño que implicaría a la seguridad nacional y pública dar a conocer los nombres; además, desechó la invocación del criterio 06-09, pues éste no se aplica a militares que, valiéndose de su encargo, atentaron contra la seguridad nacional.
El pleno del IFAI decidió modificar la respuesta de la Sedena, pues no existe un nexo concreto, sino generalizado, entre la difusión de los nombres de los militares sentenciados y los posibles riesgos a la vida y seguridad de éstos y de sus familiares.
En sesión pública, la comisionada presidenta expuso que el hecho de que los militares hayan incurrido en delitos relacionados con la delincuencia organizada, siendo servidores públicos, y de que se les sometiera a juicio público, sustenta la determinación de dar a conocer los nombres.
Con el voto disidente de la comisionada Sigrid Arzt, se resolvió instruir a la Sedena entregar los nombres, confirmando la reserva del militar cuya sentencia aún está en proceso.Mito (genial) y fotografía
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Sin el adjetivo de "genial", mito a secas, juzgó el secretario de Hacienda los 500 mil millones de pesos que deja de recabar por los beneficios que reciben los grandes contribuyentes con el régimen de consolidación fiscal.
Con mito y todo, pero sin el crédito a Pedro Aspe Armella, autor de la frase, Ernesto Javier Cordero Arroyo, también fuerte aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional, no se molestó en explicar a cuánto ascienden los beneficios fiscales que perciben las 500 empresas más poderosas, pero si adelantó su propio mito para defenderlas: "ello implicaría una pérdida de competitividad a los empresarios", sabedor de que sin el apoyo de éstos el gobierno del que forma parte sería impensable y menos aún que arribe a puerto el 30 de noviembre de 2012.
Fue en una sesión de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que sesionaron durante dos horas y media, con cinco minutos para los posicionamientos y un minuto para las preguntas, porque así lo exigió el funcionario que llegó decidido a derribar los mitos de la oposición parlamentaria y, en cierta medida, de la opinión pública y publicada.
"No son 40 ni 50 millones, son sólo seis" millones de mexicanos que viven con un dólar al día, aclaró el actuario y economista doctorante a una autodenominada clase política que tiene la pésima costumbre de aplicar la danza de las cifras a un tema tan delicado, como antiguo y agraviante. Así lo demostró también, con las preguntas a modo que le fueron asignadas, el diputado y empresario curtidor José Guadalupe Vera Hernández, quien explicó el milagro producido bajo los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que disminuyeron la pobreza alimentaria del 28.5 por ciento, en 2000, a 14.5 por ciento en 2008. Y su fuente informativa es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y no el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De ese tamaño la confusión e incompetencia.
Sería deseable, por supuesto, que a Cordero Arroyo y Vera Hernández les asista la razón, también a Jorge Castañeda Gutman al jurar, el domingo 26 a Leo Zuckerman Behar en Canal 4, que no recuerda tres lustros en los que el país estuviera mejor como de 1995 a la fecha. Y no se sonrojó el polémico doctor.
Genaro García Luna no se refugió en el recurso de los mitos ni en la comparecencia organizada de acuerdo al gusto propio, para eludir la cascada de acusaciones de los diputados ante los que acudió para la glosa del IV Informe de Gobierno. No protejo a Joaquín Guzmán Loera --uno de los 200 más acaudalados del orbe--, mi patrimonio es producto de 22 años de servidor público, como una casa de 20 millones de pesos y no soy asesino, respondió en síntesis. Preocupante al extremo es que, con independencia de las preguntas, el secretario de Seguridad Pública tenga que hacer tales aclaraciones en la víspera de comenzar el quinto año de su desempeño.
También existe, al parecer, el mito de la foto de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto que se exhibió en los concurridos mítines de la Gira por la lealtad estado de México, que realiza Andrés Manuel López Obrador. El joven de la sobreexposición televisiva a cuenta multimillonaria del erario mexiquense, dice que "ojalá la siga mostrando para que me conozcan quienes aún no me conocen".
Pero Jorge Alcocer Villanueva sí mostró mucho malestar "porque así se las gasta Andrés Manuel", y explicó a Mvs Noticias que una foto no demuestra nada, "es como si a mí me tomaran una con el licenciado Salinas". Que la esconda bien, es de recomendarse.
Entretanto, se elude debatir la táctica más pertinente para los comicios de 2011 como una de las llaves para 2012.
Acuse de recibo
Javier Andrade, médico hidalguense, reporta: "Aquí, en los Estados Unidos Mexicanos, este 23 de septiembre se conmemoraron 45 años del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, en esa población un grupo del Movimiento 23 de Septiembre acudió como cada año a rendir homenaje a los caídos en esa gesta, en esta ocasión coincidió con la presentación de la novela Las mujeres del alba, de Carlos Montemayor. Además en otras ciudades también hubo actos por la efeméride. En Madera, los habitantes tienen vivo ese hecho… Claudio E., informa desde Canadá: "Un pequeño grupo de manifestantes se congregaron ayer frente al consulado de Chile en Vancouver para mostrar su solidaridad con los mapuches y anarquistas presos políticos en Chile", en huelga de hambre desde el 12 de julio… Homenaje: "La familia Ibarra Aguirre recuerda con gratitud y cariño a doña Graciela Aguirre Chávez por la cotidiana enseñanza que nos brindó, sobre todo a partir de 1960, para sobreponerse a la adversidad a base de esfuerzo, respeto a sí mismo y perseverancia. En el 15 aniversario de su fallecimiento le expresamos nuestro reconocimiento como madre y jefa de un clan, en su acepción irlandesa, por el que luchó todos los días. Estados Unidos-México, 30 de septiembre de 2010".
Día Internacional por la despenalización del aborto
Aborto en Centroamérica:
Una región donde se acumula la injusticia
Sylvia Torres , Tacuazina Morales
Managua, 28 sep. 10. AmecoPress/SEMlac.- Tres de los seis países que, en todo el mundo, definen como delito todo tipo de aborto y sancionan con cárcel tanto a proveedores de servicios como a las mujeres, están en Centroamérica.
En El Salvador, Honduras y Nicaragua muchas mujeres mueren por falta de acceso a servicios legales y seguros para interrumpir sus embarazos, aun en casos en que el producto no es viable o pone en peligro su vida, mientras que otras han sido condenadas hasta con 30 años de cárcel, acusadas por haberse sometido a esa práctica.
El aborto terapéutico, realizado por razones médicas o cuando es producto de una violación, existía en estas naciones a partir de las Constituciones liberales del siglo XIX. Para eliminar este centenario derecho, en medio de contextos electorales, se aliaron congresistas de derecha e izquierda en El Salvador y Nicaragua. En Honduras se le atribuye el hecho a la derecha.
No obstante, pese a la prohibición y el silencio oficial, organizaciones feministas no han dado tregua a sus gobiernos en la lucha por restituir el aborto terapéutico y han presentado a la opinión pública estadísticas y/o testimonios que muestran la crudeza de la prohibición total de esta práctica.
En Nicaragua, según un informe publicado por la organización no gubernamental IPAS, desde la criminalización del aborto, en 2006, perdieron la vida 31 mujeres. Ellas pudieron haber sobrevivido de haber recibido tratamiento oportuno a diversos tipos de cáncer u embarazos extrauterinos.
Nicaragua: Amalia un caso emblemático
Un caso emblemático es el de la joven de 27 años conocida por la prensa como Amalia. A pesar de tener un diagnóstico de cáncer extendido por su cuerpo, en el hospital de su ciudad, León, la mantuvieron 36 días sin interrumpirle el embarazo para aplicarle la quimioterapia, por temor a la Ley anti aborto. La organización no gubernamental IPAS publicó este y otros testimonios.
De haberse aplicado el engavetado Protocolo del Ministerio de Salud para este tipo de emergencias médicas, a esta mujer se le hubiera interrumpido inmediatamente la gestación de apenas seis semanas y media, y se hubiera iniciado el tratamiento para alargarle la vida. La petición pública de interrupción del embarazo y tratamiento hecha por los familiares de Amalia, fue recogida por organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
Tras días de plantones frente al hospital local, y después de haber acudido a la Corte Interamericana de Justicia, la que demandó al Estado nicaragüense que aplicara medidas cautelares para Amalia, las autoridades de salud decidieron aplicarle carboplatino y paclitaxel. Según éstas, tales medicamentos —a los que no tienen accesos otras pacientes de cáncer— permitirían que Amalia llevara a término su embarazo.
Sin informar a la enferma de los riesgos reales del tratamiento, el producto del embarazo no creció lo suficiente y, tras nueve meses de tratamientos, Amalia dio a luz a un feto muerto.
El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derecho a decidir, el Grupo Feminista de León, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe denunciaron como inhumano haber ocultado información para obligar a Amalia a una carga que, además de inviable, le quitaba energías para luchar contra su enfermedad. La joven es madre soltera de una hija de 10 años.
El Salvador: Treinta años de cárcel
Desde 1997, con la nueva legislación penal, El Salvador anuló todos los artículos referidos a los casos de abortos no punibles (eugenésico, terapéutico y ético), y con ello se convirtió en uno de los países más restrictivos en esta materia.
A partir de ese año, muchas mujeres salieron del hospital a la cárcel acusadas de haberse practicado un "aborto consentido", o peor, de haber cometido "homicidio agravado", cuya pena es de 30 años.
Desde su total penalización, las organizaciones feministas salvadoreñas han denunciado las presiones ejercidas en contra del personal médico para mostrar como asesinas a las mujeres que han tenido partos prematuros extra hospitalarios, y obligar a quienes sufren de embarazos extrauterinos a mantener la gravidez hasta que el feto "se les venga", aún a costa de morir por las hemorragias que esto conlleva.
En 2008, el Ministerio de Salud de El Salvador registró más de 6.000 abortos espontáneos o sépticos.
En este duro clima, según informó la periodista Miroslava Rosales, de la revista digital Contrapunto, fueron anuladas por la Corte suprema de Justicia las condenas de siete y 30 años a tres mujeres: Marlene Ponce, de sólo 18 años, Karina Clímaco y Cristina Quintanilla.
Ellas, según señala la publicación, habían sido condenadas por practicarse abortos ilegales sin las debidas pruebas o con pruebas insuficientes, y denunciadas por el personal del hospital Nacional de San Bartolo.
De acuerdo con un reporte en el marco de la campaña que realiza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, una de sus integrantes, Mariana Moisa, señaló que muchas mujeres tienen temor de buscar servicios médicos cuando sufren complicaciones durante el embarazo.
Por otro lado, médicos y enfermeras no pueden ejercer sus deberes profesionales y asistir a mujeres con complicaciones, por temor a ser procesados como cómplices del crimen del aborto u homicidio.
En el Salvador, la ley obliga al personal de salud a notificar a la fiscalía cualquier irregularidad o embarazo interrumpido, ya sea espontáneo o voluntario.
Frente a esta situación, Morena Herrera, ex comandante guerrillera y líder feminista, denunció en declaraciones a Contrapunto que asociar el aborto con el homicidio grave castiga sobre todo a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza.
Honduras: Abortos clandestinos
El aborto en Honduras está penalizado en todas sus formas, con reclusión de tres a seis años, y las mujeres que interrumpen sus embarazos lo hacen clandestinamente, poniendo en peligro su vida, sin las condiciones sanitarias adecuadas para este tipo de procedimiento.
Una joven que acudió a esta práctica en marzo último y prefirió omitir su nombre, comentó que, en su caso, "todo salió bien, no tuve complicaciones, pero me sentí pésimo durante todo el proceso de antes de la intervención porque una sabe que lo va a hacer a escondidas, sin garantías de nada y sin tener donde acudir si algo sale mal".
Entre las consecuencias del aborto clandestino están la soledad y la consecuente culpa con que lo viven las mujeres, en medio de una sociedad permeada por la religión católica y donde se genera una condena social muy fuerte hacia aquellas mujeres que deciden abortar.
Las hondureñas se enferman y se mueren, casi siempre, por problemas relacionados con el ejercicio de su sexualidad y de su reproducción, absolutamente prevenibles en la mayoría de los casos, de acuerdo con el último informe alternativo presentado por CLADEM al Comité de la CEDAW, en 2007.
Desde que se llevan registros hospitalarios en el país, el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario después del parto. En 2005, salían de los hospitales nacionales 21 mujeres diariamente con ese diagnóstico, precisa un boletín de registros hospitalarios de la Secretaría de Salud.
Aun cuando las autoridades de salud no reconozcan la problemática, las cifras dan cuenta de que el aborto es un problema de salud pública que debe ser abordado libremente, sin prejuicios sociales ni religiosos.
Claudia Herrmanndofer, del Centro de Derechos de Mujeres, dijo a SEMlac que si bien un informe oficial que será presentado en noviembre ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja entrever que existe la figura del aborto terapéutico como legal, ello no es cierto.
"No existe ninguna fundamentación legal para esa afirmación, más que el intento de querer lavar la imagen de un gobierno violador de derechos humanos de las mujeres a nivel internacional", aseveró.
En este contexto, el movimiento feminista se prepara para una campaña de divulgación y acción por el próximo 28 de septiembre, día de la despenalización del aborto con la consigna "Por el retorno de nuestro cuerpo y nuestra democracia", que incluye diversas actividades de grupos de mujeres organizados en todo el país, así como acciones internacionales de denuncia sobre la situación actual del aborto y los derechos reproductivos de las mujeres.
Izquierda conservadora y derecha implacable
A pesar de contar con gobiernos que se autocalifican de izquierda, el retroceso en materia de derechos reproductivos en Nicaragua y El Salvador no parece dar marcha atrás. En Honduras, en tanto, todo apunta a que la situación se ha recrudecido tras el golpe de estado y el nuevo gobierno de derecha.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, a despecho de la Constitución que declara laico al país, se proclama "cristiano, solidario y socialista", y en nombre de esta definición orientó a los diputados de su partido a votar por la penalización y cerrar oídos ante la evidencia médica.
Una posición favorable a la discusión sobre el aborto terapéutico, emitida por la primera ministra de salud del gobierno de Ortega, Maritza Quant, fue rápidamente desmentida por la Primera Dama de la República, Rosario Murillo. Unas semanas más tarde, Quant perdió su puesto.
En Nicaragua, en junio de 2010, 26 representantes ante la Asamblea Nacional liderados por la diputada Mónica Baltodano, de la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista, y Yamileth Bonilla, del Partido Liberal Constitucionalista, ambos opositores del gobierno, presentaron una propuesta para permitir el aborto terapéutico, pero sólo consiguieron el compromiso de 26 diputados y diputadas de los 47 necesarios para pasar la Ley.
Mientras tanto en El Salvador, la posición a favor del aborto terapéutico de dos funcionarias parece haber caído en el desierto.
En mayo de 2010, según reporta el diario El Mundo, la ministra de la Salud, María Isabel Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reconsiderar la Ley en los casos en que están en riesgo madre e hijo; por ejemplo en los embarazos ectópicos o extra uterinos.
Mas recientemente, Julia Evelyn Martínez, directora del Instituto Salvadoreño de la Mujer, firmó en nombre de su país un documento conocido como "El Consenso de Brasilia", en el que el país se comprometía, entre otras cosas, a revisar las leyes relativas al aborto.
La desautorización pública del presidente Mauricio Funes no se hizo esperar, a pesar de que él mismo encabeza un gobierno de la antigua guerrilla izquierdista. Para algunas lideresas, esto no debía sorprender, pues los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) votaron con la derecha para prohibir todo tipo de aborto.
Morena Herrera ha reclamado públicamente al gobierno por la desautorización de Julia Evelyn, así como por el incumplimiento de las autoridades de gobernar para "asegurar los derechos de las mujeres y la igualdad de género".
En una carta pública dirigida a su presidente, Herrera le recuerda la obligación del Estado salvadoreño de actuar conforme a los compromisos internacionales, y se pregunta si tienen más validez para Funes los compromisos comerciales que los relacionados con los derechos de las mujeres.
El panorama sigue complicado para las hondureñas. Desde el golpe de estado, la situación de salud, y específicamente de salud reproductiva para las mujeres, se ha agravado, ya que el gobierno de facto de Roberto Micheletti decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), respaldado por un dictamen del Colegio Médico de Honduras, que señala que las pastillas tienen efectos "abortivos".
El decreto menciona en el artículo 3 que "quien contravenga las disposiciones de este decreto se le aplicarán las penas establecidas en el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal". Un decreto que sigue vigente.
Foto: Archivo AmecoPress
Feminismo en los Medios de Comunicación
Córdoba, 28 sep. 10. AmecoPress.- Desde la Revolución Industrial la tecnología ha ido avanzando e impregnando cada movimiento, casi cada pensamiento de mujeres y varones. En la actualidad nos hemos acostumbrado a utilizar tecnologías para levantarnos, para comer, para dormir… para comunicarnos.
En pleno s. XXI, en la era de la información, aparentemente o de manera formal, en las sociedades occidentales las mujeres hemos conseguido tener presencia en lo público. En teoría podemos dedicarnos a la política, la medicina, la docencia, la ingeniería, el deporte… sin embargo, la realidad es otra.
Es cierto que las mujeres ahora ya no sólo trabajamos en los hogares, sino que también lo hacemos fuera, eso sí que lo ha asumido el patriarcado, que las mujeres tengamos una doble o triple jornada de trabajo.
Sin embargo, las mujeres seguimos ocupando la base de la pirámide en cuanto a posiciones sociales se refiere, mientras que los varones son los que dirigen la banca, la universidad, el gobierno y cómo no los medios de comunicación.
La programación de televisión es absolutamente sexista, desde los informativos en los que las noticias que priman son aquellas en las que los varones son los protagonistas, exceptuando los sucesos en los que sí aparecemos las mujeres, como víctimas de violencia o asesinadas, mientras casi la mitad de estos informativos están dedicados desde el deporte masculino hasta las teleseries en las que se repiten una y otra vez los clichés que reproducen violencia contra las mujeres, ensalzamiento del amor pasional, mujeres objeto, sumisas madres y amas de casa, ejecutivas agresivas, frías y calculadoras…
Por ello, las mujeres debemos priorizar el dirigir nuestros esfuerzos para ocupar el cuarto poder, que son los medios de comunicación, porque tenemos muy claro que hoy por hoy es uno de los medios de socialización más potentes, y porque si queremos transformar el patriarcado vigente es necesario que se eduque en valores de respeto a la diferencia e igualdad de derechos y oportunidades.
Sabemos que las mujeres somos minoría en las carreras universitarias de ramas técnicas por lo que la "gran ventana" al mundo que es Internet está casi monopolizada casi en exclusividad por los varones, ellos dan la forma y llenan los contenidos, dándonos así forma a las mujeres y marcando la agenda de prioridades de todo el sistema social.
Si las mujeres queremos igualdad de presencia, de capacidad de gestión, de visibilidad, etc., debemos estar atentas y denunciar día tras día el lenguaje sexista de los medios de comunicación, las pocas cartas de opinión firmadas por mujeres que se publican en los periódicos, el escandaloso sexismo de las campañas de juguetes de navidad, el perfil de mujeres que se contratan para los medios de comunicación, y cómo no, la paridad necesaria en cualquier mesa de debate en radio o televisión.
De lo que no se habla no existe y de lo que se habla mal, se tiene mala opinión, ocupemos los medios de comunicación.
Foto: Lourdes Pastor Martínez, Presidenta del Colectivo de Jóvenas Feministas.
MÉXICO, 28 sep (IPS) - México ha retrocedido en materia de transparencia y acceso a la información, según los expertos Thomas Blanton y Kate Doyle, de la organización no gubernamental estadounidense National Security Archive (NSA).
Blanton reconoció, en entrevista con IPS, que México tiene una fortaleza institucional en su sistema de acceso a la información, que incluso sirve de modelo para el mundo. Pero, a la vez, funcionarios del gobierno ignoran hoy las decisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y no sufren ninguna sanción por ello, completó.
"No es posible que el Procurador de la República, que es el primero que debe reforzar la ley, no haga caso a las decisiones del Instituto", agregó el director del NSA, una entidad ligada a la Universidad George Washington que se dedica a la recolección y publicación de documentos gubernamentales desclasificados invocando la ley de libertad de información de Estados Unidos.
Ante ello, auguró que las próximas batallas por el acceso a la información en México se darán en la Suprema Corte de Justicia.
"Sigue la cultura del secreto, que es un problema mundial, pero en este país es más difícil por los altos niveles de corrupción", apuntó, para luego indicar que el "IFAI no puede sancionar a menos que la gente vaya a la Corte".
Por su parte, la analista Kate Doyle mencionó que las restricciones de información de las dependencias públicas se incrementaron en el segundo gobierno del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
"En México, estamos en un momento difícil en materia de acceso a la información, porque se han dado cuenta (en el gobierno) de que estas leyes están causando problemas y no les gusta", dijo Doyle, directora del Proyecto México del NSA y analista del IRC Programa de las Américas.
El equipo del NSA está en este país para participar en la segunda semana México Infórmate, la red social que busca dar a los ciudadanos herramientas para poner al gobierno bajo la lupa, para que fiscalicen el uso de recursos públicos y la forma en que las autoridades toman las decisiones que afectan a todos. Desde el lunes lleva a cabo al menos 75 actividades en diversos estados con el fin señalado.
En 2002, el gobierno de entonces de Vicente Fox (2000-2006) promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio paso, un año después, a la creación del IFAI y a un sistema de solicitudes de información al que están ligadas más de 200 dependencias federales.
La modificación constitucional para elevar a ese rango el derecho a la información pública, en 2007, y la aprobación, este año, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que amplió las facultades, atribuciones y responsabilidades del IFAI, han coronado un conjunto de leyes que hacen del sistema mexicano un ejemplo para el mundo.
El problema, advirtieron los especialistas del NSA, está en la aplicación de esas leyes.
Doyle señaló que, al principio del sexenio de Fox, el nivel de cumplimento de las solicitudes de información por parte de las dependencias y el nivel de satisfacción por parte de los solicitantes era bastante alto, en parte porque esos pedidos eran muy básicos.
"Desde nuestra perspectiva, ahora las solicitudes se han vuelto más complejas. En cuanto a nuestra experiencia, en los primeros meses y años hemos tenido más problemas de nuestros temas", dijo esta experta en archivos mexicanos relacionados con la "guerra sucia" contra la guerrilla y las desapariciones forzadas de personas.
"Los instrumentos de acceso a la información son lentos y frustrantes, pero sólo por utilizarlas van a mejorarlas, situación en que se puede demandar, que cumplan sus obligaciones los gobiernos", puntualizó.
Desde la creación del IFAI, en junio de 2003, hasta diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo Federal recibió más de 489.000 requerimientos de información, según su séptimo informe anual, presentado en agosto.
El documento indica que en 2009 el número de solicitudes de información ingresadas a las dependencias y entidades federales tuvo un incremento de 12 por ciento, respecto de 2008. Más de la mitad de los solicitantes tiene entre 20 y 39 años y 97 por ciento del total de las solicitudes se hicieron por vía electrónica.
El Distrito Federal capitalino y el contiguo estado de México concentraron 57 por ciento de las solicitudes de información, y, como en años anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución con mayor número de solicitudes ingresadas, seguido de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y e la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Blanton sostuvo que México tiene un nivel de demanda que en Estados Unidos tomó más de 10 años conseguir y también estableció el mejor estándar de acceso a la información en el mundo. "¡En Estados Unidos nunca tuvimos un IFAI!", afirmó con énfasis.
Sin embargo, consideró que, con las nuevas tecnologías, todos los gobiernos tendrán que ir en esa dirección.
Los mexicanos deben cambiar su mentalidad hacia el tema de la transparencia gubernamental y no verla sólo como un "ente monolítico, sino como diferentes dependencias a las que hay que referirse".
Sobre todo, dijo, deben entender que la lucha por la transparencia gubernamental es un proceso largo, pero necesario. Y que "la mejor forma de hacer que la ley sea efectiva" es usando el sistema de acceso a la información.
"En México hay cientos de historias y no las estamos mostrando. No mostramos las consecuencias directas y el impacto del acceso a la información, ni cómo se pueden proteger las vidas tendiendo la información necesaria", comentó.
"Tal vez tomará otros 20 años para conseguir todos los archivos de narcotráfico. A lo mejor tomará otros 20 años dar a conocer lo que hizo la policía en Guerrero, con relación al caso de El Charco (masacre de indígenas a manos del ejército en 1998). Esto es una lucha muy larga. Pero hay que hacerlo", aseguró Blanton.
Denuncian crimenes de odio en Guanajuato
Organizaciones feministas defensoras de los derechos humanos exigieron que se frene la impunidad que predomina en torno a los crímenes de odio registrados en serie, ya que en la última semana ocho mujeres fueron asesinadas en la entidad. El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Las Libres y el Grupo Unido de Madres Solteras señalaron que la violencia de género coloca a Guanajuato en una emergencia de justicia, como la padecida en Ciudad Juárez.
Este año se han registrado 31 feminicidios en la entidad con diversas expresiones de odio hacia las víctimas, como tortura, cercenación, mutilación, maltrato, abuso sexual, abandono de los cadáveres en la vía pública, algunas desnudas, informó Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez. La defensora social señaló que la falta de una política integral para salvaguardar la integridad física y emocional de la población femenina ha contribuido a elevar los homicidios dolosos de mujeres hasta sumar un total de 171, desde el año 2006 a la fecha, la mayoría en la impunidad.
Los asesinatos recientes y acumulados atrajeron la atención de la Comisión Especial que da seguimiento a los feminicidios de la Cámara de Diputados que requirió al procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, para que el próximo miércoles comunique la realidad de esta entidad, informó la derechohumanista, quien también fue convocada. En tres días (12, 13 y 21 de septiembre) ocho mujeres fueron asesinadas en los municipios de Pénjamo, Celaya, Irapuato, Apaseo el Alto, Juventino Rosas y San Miguel Allende, seis a balazos, una ahorcada y otra acuchillada. Una de ellas fue decapitada y su cabeza tirada en una bolsa.
Minimizan homicidios
López García, titular del centro Victoria Diez, señaló que la autoridad estatal argumenta simples homicidios dolosos por el ambiente en que vivían las mujeres o las estigmatiza por sus ocupaciones, "que porque eran meseras o tenían problemas con sus parejas sentimentales y hasta han subido los casos al tema del narco".
Estimó que en más de 80% de los casos los homicidas no han sido castigados y no hay avances en el esclarecimiento de los hechos a causa de una ineficaz actividad de la Procuraduría de Justicia en materia de investigación sobre feminicidios, falta de peritos capacitados y de personal especializado para salvaguardar la escena del crimen o el levantamiento de evidencias. La titular del centro Victoria Diez dijo que es urgente que Guanajuato adopte medidas de protección y prevención efectiva y acate las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso del campo algodonero sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, además de que legisle sobre los crimenes de género y produzca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
"No basta con pláticas, con trípticos, talleres o distribución de silbatos, se requiere armonizar la ley local con la norma federal, modificar los criterios y Código Penal en materia de denuncias para que se investigue de inmediato la desaparición de una persona, sin necesidad de esperar que transcurran 72 horas, las cuales resultan cruciales", dijo López García.
Falta preparación
Norma Nolasco, directora del Grupo Unido de Madres Solteras, dijo que frente al estado de emergencia que enfrenta Guanajuato urge revisar el Código Penal para tipificar el delito de feminicidio y especializar al personal de procuración de justicia. La lideresa dijo sentirse indignada por el grado de impunidad que prevalece en este tipo de delitos y que la Procuraduría estatal argumenta, por ejemplo, que las muertas se dedicaban al sexoservicio. Agregó que han fallecido amas de casa, empleadas, estudiantes, meseras dentro de sus hogares y en la vía pública.
La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, explicó que el gobierno del estado y el Congreso local tienen pendiente el cumplimiento de la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, que le pidió revisar la ley local para prevenir, atender y erradicar la violencia y la atención especializada, después de concluir que en Guanajuato existen "preocupantes niveles de violencia contra las mujeres". El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, comparó los crímenes de mujeres ocurridos en Guanajuato con los feminicidios de Ciudad Juárez. "Hay que buscar las causas y el porqué está habiendo ese asesinato de mujeres como en Ciudad Juárez... y a qué se debe".
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