Profesionistas a la guerra
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Diversas son las lecturas que se hacen sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas, enviada por el titular del Ejecutivo federal al Senado.
Destacan, entre otras, las provenientes de fuentes castrenses y que registra el reportero especializado Jesús Aranda, de que "tiene el propósito de arropar legalmente al Ejército en labores que no son directamente de su competencia, como es la seguridad pública y el combate al narcotráfico". A juicio de las misma fuentes "no es necesario" reformar la ley para que personal de servicio participe en acciones contra los corporativos criminales.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, no se requieren acciones de "bote pronto", sino una política integral. Otros legisladores de las dos cámaras, juzgaron que "no se entiende" la iniciativa de Felipe Calderón si la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública es temporal (César Augusto Santiago); es hacia la dignificación del propio personal, que siendo de servicio no podía tener los beneficios de ascensos que tiene el personal de armas" (Ardelio Vargas Fosado); y persiste en la pretensión de "instaurar un Estado policiaco militar (Ricardo Monreal). Voceros de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, la consideran reflejo de una "obstinación" presidencial, que refrenda un rumbo de militarización y "desnaturaliza" las profesiones dentro del Ejército.
Es preciso subrayar que la exposición de motivos establece que tiene como propósito aumentar el número de efectivos militares que "puedan hacer frente a situaciones de emergencia". La intención es permitir que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, pueda reclasificar de manera rápida al personal de servicios: cirujanos, odontólogos, veterinarios, ingenieros, arquitectos, meteorólogos, contadores públicos y otros, a la "clase de armas", es decir, a tareas militares.
En la actualidad el Ejército y la Fuerza (débil) Aérea cuentan con 206 mil 13 integrantes. De ellos, 60 por ciento son personal operativo y 40 por ciento no están familiarizados ni actualizados en el uso de las armas. Con las iniciativas de ley de Calderón Hinojosa se busca incorporarlos a las anticonstitucionales labores de seguridad pública, en las que ya participan 95 mil soldados.
Las fuentes castrenses consultadas por el reportero de La Jornada no tuvieron empacho en reconocer que la iniciativa parte de "la necesidad de contar con ciento por ciento del personal especializado y adiestrado para realizar funciones operativas".
Con una altísima tasa de deserciones que no logró abatir el sustancial incremento de salarios y prestaciones brindado a la tropa y, sobre todo, a la elite, el comandante supremo de las fuerzas armadas reconoce con estas iniciativas de ley que la aventura guerrerista que impuso al país y sus instituciones, el 11 de diciembre de 2006, pasa por momentos hartos difíciles y complejos, que éstos distan mucho de lo que la propaganda para párvulos divulga en las muy bien pagadas televisoras del duopolio y las radiodifusoras del oligopolio.
En la víspera del anuncio legislativo de Felipe de Jesús Calderón, la Procuraduría General de la República y su impugnado titular, Arturo Chávez Chávez, filtraron a los medios de comunicación que un lugarteniente del jefe de La familia michoacana declaró –se supone que ministerialmente-- que el cártel y su cabeza atraviesan un momento de suma debilidad.
Más allá de las afamadas percepciones ciudadanas, si la guerra contra la ridícula minoría se fuera ganando "7 a 1", como dicen los discursos presidenciales, no tiene pies ni cabeza la comentada reforma legislativa.
Acuse de recibo
Reporteros Sin Fronteras recuerda: "Cuatro periodistas se encuentran aún desaparecidos en el estado de Michoacán (sudoeste), uno de los epicentros de la ofensiva federal contra los carteles de droga, emprendida poco después de la investidura del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006". Ellos son José Antonio García Apac, desaparecido el 20 noviembre de 2006; Mauricio Estrada Zamora, desde el 12 de octubre de 2008; María Esther Aguilar Cansimbe, a partir del 11 de noviembre de 2009, y desde el 6 de abril de 2010, Ramón Ángeles Zalpa…El precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática, Enrique Bautista Villegas, dice que Fox, Calderón y Michoacán (12-XI-10) es "Buena reflexión"... Aunque usted no lo crea. "Recuperados todos los empleos perdidos durante la crisis. 850 mil 889 nuevos empleos, creados en el año 2010", fueron los titulares del Boletín electrónico número: 195 de la Presidencia de la República… Seguramente, como acostumbran justificar, "es un problema de percepción"… La Unión de Juristas de México anuncia que "hemos decidido aliarnos a la candidatura presidencial y movimiento de Andrés Manuel López Obrador". Firman, entre otros, Eduardo Miranda Esquivel y José Enrique González Ruiz.
Misterio mexicano, Reflexión a la luz de la celebración del bicentenario
Aunque los italianos crearon el gatopardismo, reformar todo para que no cambie nada, los mexicanos lo han convertido en práctica cotidiana. Es así que México se reputa la cuna de la primera revolución social del siglo XX (le seguiría la rusa de 1917), un país con una legislación laboral que le hace justicia a los trabajadores aunque es evadida con facilidad, gobiernos que sostuvieron una política educativa consistente que sin embargo tiene al país con una oferta cubierta pero una calidad ruinosa que se marca en ocupar los escalones más bajos en la evaluación educativa en el mundo, y un sistema económico que posiciona al país como el más desigual de América Latina.
Sin embargo los mexicanos no dudan en gritar Viva México cuando los gobernantes y burócratas los arengan. Es muy significativo el chiste que dice que se va a cambiar el escudo nacional, en lugar de un águila será una foca, porque tenemos el agua hasta el cuello y todavía aplaudimos.
La revolución mexicana de 1910 fue una guerra civil que causó, según la historia oficial, un millón de muertos, destruyó una parte importante de la infraestructura económica, dio lugar a un nuevo acomodo de poder que entre otras cosas se tradujo en el surgimiento temprano de varios partidos políticos que luego dieron lugar a un partido de estado cuya dominación dejo fuera del juego electoral a las demás fuerzas. Fue tal el dominio del PRI que Vargas Llosa con bastante imprecisión lo denominó la dictadura perfecta. Hoy el PAN gobierna con mayor cinismo y depredación del que se hubieran atrevido los priistas y la alternancia muestra que no hay nada escrito respecto al abuso desde el poder.
Uno de los resultados de esta construcción autoritaria fue un régimen con una muy larga estabilidad política que ha sido la envidia de muchos países, algunos de ellos fueron a México a tratar de entender el modelo. Sin embargo, comparado con los latinoamericanos, aunque casi todos ellos sufrieron inestabilidad y golpes de estado nefastos hoy tienen condiciones de viabilidad mucho mayores a las que le ofrece México a sus ciudadanos.
La revolución mexicana debe ubicarse en el campo de la construcción simbólica. El lenguaje revolucionario alimentó a los gobiernos al grado que Carlos Salinas en nombre de la revolución destruyó algunas de las políticas que emanaron de la misma, es la reversión de la política agraria.
La revolución facilitó la construcción de una cultura nacionalista que permitía homogeneizar la identidad nacional y sostener al régimen, en el campo por ejemplo los campesinos votaban por la bandera nacional, cuyos colores coincidían "accidentalmente" con los del PRI. La pirámide, los charros y el son de la negra se volvieron en emblemas nacionales aunque se ahogara el folklore de otras regiones.
En nombre de la revolución el mexicano fue paciente para que ésta algún día le hiciera justicia, esto reforzó a caciques y caudillos que dejaban caer algunas migajas que recogían con ansia los desplazados de las oportunidades a cambio de una obediencia absurda. Hoy se sostiene que los expulsados deben tener el derecho de migrar, o sea que otros países –especialmente Estados Unidos- los acojan, pero también deben tener el derecho a quedarse en casa con una vida digna y decorosa, mientras el gobierno busca de que manera sacarles más dinero tratando de crearles una sensación de culpa por haberse ido.
Lo que no hizo la revolución fue eliminar el sistema de privilegio que genera una sociedad con profundas desigualdades y enormes injusticias y que a cien años de distancia no le puede garantizar condiciones de viabilidad a las grandes mayorías, las que entonces o tienen que salir del país –hoy está fuera arriba del 10% de la población-, se convierten en criminales, o engrosan las filas de la informalidad, las que no solamente los exponen a los caprichos y corrupción gubernamental, sino que los ponen al alcance de las garras del crimen organizado que controla todo tipo de tráficos, incluido la piratería. El gobierno se desentiende de las heridas que se abren constantemente y que llevan a la gente a hacerse justicia con su propia mano.
En la construcción mítica el millón de muertos ha servido para convencer a los mexicanos de bajar la cerviz, es importante no arriesgar otro episodio revolucionario porque cualquiera podría morir en el mismo, propiciando la inmovilidad. El sexenio, lapso fatídico de duración de los gobiernos, nos muestra que el mito de la renovación funciona y que se puede tener la esperanza de que los nuevos sean mejores que los que se van, aunque fatídicamente la calidad de los gobernantes va de picada.
La suerte es que terminan los festejos y yo no llegare al próximo espectáculo. schmidt@mexico.com
Focos rojos en Sedena ante posible intervención de EU
Zósimo Camacho
Militares en activo, generales y coroneles –que ocupan cargos operativos en el Ejército Mexicano– manifiestan su preocupación ante la posible intervención militar de Estados Unidos en México. Se muestran frustrados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa ante los duros del Pentágono, y advierten que se construye el "escenario" para el ingreso de tropas estadunidenses a territorio nacional. Señalan que una parte del caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida desde el exterior con la anuencia del gobierno federal. Especialistas en seguridad nacional coinciden en que se generan las condiciones que justifiquen una "cooperación más estrecha" en el plano militar entre ambos países
El pasado 18 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como "superpotencia" a las bandas del narcotráfico que operan en México. El hecho apenas mereció unas líneas en páginas interiores de algunos medios impresos. Pero militares de la Segunda Sección del Ejército Mexicano (encargada de las labores de inteligencia) terminaron por desesperarse: observan como inminente la llegada de tropas estadunidenses al país, una demanda de los sectores castrenses más duros de la Defensa Nacional de Estados Unidos.
"Institucionales", acostumbrados a callar sus diferencias con los civiles y renuentes a comentar las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, esta vez los militares prefieren hablar. Señalan que parte de la violencia que se ha desatado en las últimas semanas podría ser "inducida". Y acusan al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de preparar el "escenario" para una intervención estadunidense abierta.
Aseguran contar con información de que los atentados con carros bomba (uno realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de julio, y dos más en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 26 de agosto de 2010) pudieron no ser obra de las bandas de narcotraficantes. Incluso, es probable que no hayan sido realizados por mexicanos.
"No es el modus operandi de los cárteles ni de los grupos armados con reivindicaciones políticas", dice uno de los divisionarios que solicita mantener bajo reserva su identidad. Agrega que en círculos castrenses existe inquietud ante la desestabilización del país y las acciones del gobierno federal que, más que contenerla, parecen propiciarla.
Las declaraciones a Contralínea de militares en activo del Ejército son válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense. A decir de Guillermo Garduño –especialista en Fuerzas Armadas e investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional–, los militares están desesperados porque los comanda un grupo de civiles que "ni idea tiene de lo que son las Fuerzas Armadas". México no ha creado una elite civil que conozca al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México ni a la Fuerza Aérea.
De acuerdo con los generales y coroneles que solicitan no revelar sus nombres, la supuesta "estrategia" para permitir el ingreso de tropas estadunidenses a territorio mexicano con los menores costos sociales contaría con dos vertientes: al interior, donde se buscaría que la propia sociedad mexicana demande más "seguridad" sin importar el origen de la "ayuda"; y al exterior, en el que los países consideren que la intervención sería "humanitaria", ante bandas criminales que han superado al Estado mexicano.
Las presiones, en ascenso
En el estudio La globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado trasnacional, presentado el pasado 18 de julio, la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito señala que la "superpotencia" mundial de criminales organizados "ha generado una guerra por territorios y nuevas rutas entre bandas de traficantes, particularmente en México".
Ya antes, el informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprobado para su publicación el 25 de noviembre de 2008 y dado a conocer en enero de 2009, Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (JOE) –título cuya traducción sería Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas– advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años. Y colocó al país como un Estado fallido con características similares a Afganistán. En el mismo documento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos "recuerda" que "un México inestable podría representar un problema de seguridad de enormes proporciones" para ese país.
EU-México: entre la cooperación y la injerencia
El trabajo de la Comisión Binacional Estados Unidos-México y el conjunto de mecanismos de cooperación en temas fronterizos, sanitarios, ambientalistas y de alcance educativo salen a la luz por la información que hace pública la propia sede diplomática de aquel país en México
La Comisión Binacional Estados Unidos-México (BNC, por sus siglas en inglés) administra la amplia agenda gubernamental entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, comercial, financiera, migratoria, medio ambiente fronterizo, educación y salud. Esa instancia, establecida en 1981, también cobija la presencia y actuación de agentes estadunidenses de distintos niveles y agencias en territorio mexicano.
De acuerdo con la información pública de la embajada estadunidense, la BNC reúne a funcionarios de nivel ministerial y a ejecutivos de otras agencias en "discusiones intensas" de uno o dos días. La prioridad de la BNC son los asuntos sin resolver que dividen a ambos países, y en su seno se discuten posibles soluciones.
Esa fuente cita que tales reuniones conducen a resoluciones y ocasionan "lluvia de ideas" para encabezar programas innovadores, diseñados con el fin de administrar los asuntos en un margen muy amplio de temas fronterizos. Actualmente, describe, la BNC tiene 13 grupos y subgrupos de trabajo. Éstos "reflejan los asuntos políticos, económicos, de aplicación de la ley, sociales y ambientales" que conforman el tejido de las relaciones entre Estados Unidos y México.
Respecto de la forma como opera la Comisión Binacional, el embajador mexicano Benito Andion, representante de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte y también responsable de coordinar la Iniciativa Mérida desde la cancillería, precisó que esa instancia "no es un nido de espías".
El diplomático aludió así a la crítica sobre la falta de información, permanente y clara, sobre los trabajos que coordina ese órgano. Esa precisión tuvo lugar en la participación de Andión en el Seminario Internacional de Seguridad Nacional, Relaciones Cívico Militares y Combate al Crimen Organizado, celebrado en octubre pasado.
En materia de cooperación antidrogas, el gobierno estadunidense afirma, desde su sede en México, que ambos países "continúan trabajando activamente en una variedad de frentes antinarcóticos". Agrega que un grupo de contacto de alto nivel se reúne, al menos dos veces por año, para supervisar la puesta en marcha de la Estrategia Bilateral de Drogas. Conduce las discusiones en curso el Grupo Plenario de Oficiales Sénior de Aplicación de la Ley.
Destaca que Estados Unidos lleva a cabo "más investigaciones sobre lavado de dinero con México que con cualquier otro país". Refiere que la cooperación entre la Marina mexicana y la Guardia Costera de Estados Unidos ha resultado en decomisos de "multitoneladas" de narcóticos.
Esto es producto de las acciones del Grupo de Trabajo sobre Intercepciones, establecido en 2000 para intercambiar información sobre drogas. Según la visión estadunidense, sus medidas han "mejorado las comunicaciones y la cooperación".
¿Ponerle un policía a cada periodista?
Álvaro Cepeda Neri
Ya está en la basura la propuesta demagógica de Calderón de poner un policía a cada reportero y a cada uno de los mexicanos que ejercen los derechos constitucionales, sintetizados en la libertad democrática-republicana para publicar en la prensa escrita; para difundir, comentar, en los medios audiovisuales y en la radio, como a través del internet, toda clase de información, y para cuestionar los actos de los protagonistas de la vida pública, así sean del sector privado que inciden en lo público y más cuando se trata de funcionarios y políticos. Las libertades de prensa en esos términos son (como fueron desde siempre en cuanto se conquistaron) el pivote de la democracia, del buen gobierno republicano y de las políticas económicas, ya que sin el periodismo en todas sus manifestaciones, el Estado y su gobierno (éste dentro del esquema de su división y separación) se convertirían absolutamente en autocracias contra la sociedad. Si ya de por sí el "poder se corrompe" y tiende al autoritarismo, sin el periodismo que informa y que cuestiona, ese poder "se corrompería absolutamente", como perfiló Lord Acton.
En nuestro país, el calderonismo no ha querido ejercer una política económica para gobernar en beneficio del pueblo, como manda la Constitución, y no ha podido mantener la paz pública ante las embestidas de los cárteles del narcotráfico y las delincuencias a las que, con o sin ironía, se les califica de "organizadas". Y que están organizando, a sangre y fuego, un auténtico desafío a las instituciones, mientras soldados y policías federales no saben qué frente atender, ya que los sicarios mantienen una guerra de guerrillas por todo el territorio. Para cubrir esa información, los periodistas, sobre todo los reporteros, padecen toda clase de agresiones, e incluso secuestros y homicidios por parte de los delincuentes. Y también de los funcionarios que pisotean todos los derechos humanos.
Ante eso, Calderón y sus empleados (el titular de Gobernación, el de la Procuraduría General de la República, etcétera) han propuesto que los periodistas sean "protegidos por policías". Es una estupidez. Esto sólo sería viable si cada uno de los más de 100 millones de mexicanos tuviera esa clase de protección. Son todos los mexicanos los que, como los reporteros, están en medio del vendaval sanguinario de las delincuencias. Y del fuego militar y policiaco. La "perturbación grave de la paz pública" tiene a todos los mexicanos como sociedad, periodistas o no, en gravísimos peligros que llegan a hechos consumados. Necesitamos todos que se restablezca la seguridad social y que los delincuentes que interrumpan el orden constitucional, como la paz pública, sean sometidos al imperio de la ley.
No se trata de privilegiar a los periodistas, acompañándolos de un policía. Se trata de restaurar la seguridad y desterrar las amenazas cumplidas, la zozobra y el miedo que generan los narcotraficantes. Y obligar a los funcionarios a cumplir con la Constitución y sus leyes en toda la Federación, para que respeten el ejercicio del periodismo que ha de informar y criticar. No son los periodistas los únicos expuestos a la actual inseguridad: son todos los mexicanos. Por ningún concepto ha de aceptarse la vigilancia personalizada a los reporteros ni a cualquier otro periodista. Exigimos a los gobernadores, presidentes municipales y al gobierno federal que cumplan con su obligación de garantizar la paz pública. Algo está fallando (por eso la imputación de calderonismo fallido) en la manera de combatir a los delincuentes, ya que los "daños colaterales" de Calderón para justificar su estrategia son mexicanos asesinados por sicarios y soldados.
Los periodistas necesitan que la nación vuelva a tener seguridad al máximo para llevar a cabo las tareas de la prensa en todas sus modalidades. No necesitamos un policía para cada periodista ni para cada uno de los 100 millones de mexicanos (los ricos y los funcionarios tienen sus sistemas de seguridad). La sociedad pide la implantación de la seguridad en todo el país. Y no un policía para cada periodista.
Rentable, coyotaje en Pemex
Miguel Badillo
En México, la gestoría, el coyotaje, la intermediación o los brokers son un lucrativo negocio para empresarios y funcionarios corruptos, mientras que para productores, gobierno, empresas y consumidores finales, esas prácticas viciosas sólo encarecen la producción y los bienes y servicios, traduciéndose en millonarias pérdidas.
Un claro ejemplo es lo que ocurre en Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal empresa del Estado que ha sido convertida en un verdadero botín por gobiernos priistas y ahora panistas, sobre todo a finales de sexenio.
Tan sólo hace unas semanas, fue declarada desierta la licitación pública internacional ROLP906001 para la adquisición de cinco buquetanques de doble casco, que se tenía presupuestado adquirir por debajo de los 200 millones de dólares, pero que gracias a la intermediación de empresarios voraces y a la corrupción interna de Pemex, el costo se elevaría hasta los 250 millones de dólares, es decir 50 millones más, que seguramente serían las ganancias de esos brokers.
En esas negociaciones estaba la Dirección General de Pemex, a cargo del cuestionado Juan José Suárez Coppel cuando el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, frenó de tajo la licitación y la declaró desierta para impedir el cuantioso desfalco de las arcas públicas a cargo de los brokers.
¿Por qué Pemex no compra los buquetanques a las armadoras y evita el intermediarismo que sólo sangra las finanzas públicas de la paraestatal? ¿Será que también representa un negocio de comisiones para funcionarios petroleros? Hay que revisar el pasado de las empresas privadas interesadas en dichos contratos para entender su permanente intervención en negocios con la empresa petrolera mexicana.
Crónica de una licitación anunciada
El 13 de octubre pasado, la Dirección General de Pemex solicitó a su filial PMI Comercio Internacional que procediera a través de sus brokers a la búsqueda y localización de buques que atendieran los requerimientos técnicos establecidos en la licitación, a efecto de proceder a la compra de los navíos correspondientes. PMI proporcionó a la Subdirección de Distribución un listado de ocho buquetanques ofertados por su broker RS Platou, empresa que, coincidentemente, el 4 de octubre de 2010, presentó una carta a Pemex Refinación donde manifiesta su inconformidad respecto del proceso licitatorio para la compra de los cinco buquetanques.
La participación de empresas intermediarias sólo incrementa el precio de los buquetanques. En esta licitación, Pemex recibió ofertas con 33 por ciento por encima del precio del mercado internacional.
Extrañamente ha habido una reiterada insistencia de PMI y de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria (GOMP) de Pemex por invitar a brokers a participar en la compraventa de todo tipo de embarcaciones, plataformas y artefactos flotantes, lo cual no sólo evita obtener los mejores resultados y precios para la paraestatal, sino que, adicionalmente, distorsiona el mercado al generar artificialmente una demanda extraordinaria de buquetanques de porte mediano. Además de mandar señales equivocadas y confundir a las empresas armadoras de buquetanques, se impulsa los precios de dichos navíos al alza, al ser solicitados por diferentes brokers para satisfacer una misma demanda. Es decir, los coyotes se pelean por la presa y sólo calientan la plaza, lo cual ya causó molestia a las armadoras extranjeras que ahora se quejan de esta práctica viciosa del coyotaje mexicano.
Relaciones ocultas entre Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos
Como parte de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México, mandos castrenses mexicanos se han capacitado en instituciones militares estadunidenses desde hace décadas. Con la Iniciativa Mérida, esa relación militar se fortaleció y amplió
Cuando el Ejército y la Marina asumieron la misión de combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, experimentaron una profunda transformación, tanto interna como en sus relaciones con las autoridades civiles y militares de Estados Unidos, afirma el especialista Roderic Camp. Al asumir misiones de seguridad interior, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de la Marina (Semar) fueron obligados a interactuar muy de cerca con las Fuerzas Armadas y agentes de las agencias de seguridad estadunidenses.
Aunque predomina la percepción sobre el carácter "nacionalista" del Ejército y más "liberal" de la Marina, su relación con los institutos armados estadunidenses y con otras agencias de seguridad era, hasta hace poco, "fría pero cordial". Camp, mexicanólogo del Colegio Claremont McKenna de California, comenta que se trata de "una larga historia de sospecha y desconfianza".
No obstante ese recelo mutuo, el número de militares mexicanos (especialmente de la Marina) que ha recibido entrenamiento en Estados Unidos en las pasadas dos décadas fue tan significativo que preparó el escenario para el fortalecimiento de los lazos institucionales. Así lo asegura Roderic Camp en su análisis Fuerzas Armadas y drogas: percepciones públicas y retos institucionales, publicado en octubre pasado.
Ahí describe que, desde 2006, el Ejército Mexicano colocó a oficiales de enlace en instalaciones militares estadunidenses. Al mismo tiempo, aumentó significativamente la cantidad de oficiales mexicanos que ha recibido capacitación en aquel país.
Para el especialista en Fuerzas Armadas mexicanas, varios elementos contribuyeron a cambiar la naturaleza de la cooperación bilateral civil o militar en seguridad, pero el fundamental fue la Iniciativa Mérida. Entonces aumentó la cooperación bilateral en seguridad y, a la par, proliferaron los lazos institucionales entre militares de las dos naciones y "un gran apoyo público" para aceptar la asistencia estadunidense en la lucha contra el tráfico de drogas.
Camp señala que esos elementos "se combinaron para cambiar profundamente la naturaleza de la cooperación bilateral en seguridad". Además, dice, el expansivo rol de los militares en seguridad interior genera críticas. Es notable que en la gestión de Calderón Hinojosa aumentaran dramáticamente las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos.
En 2006, hubo 182 denuncias por ese motivo; en 2009 se incrementaron a 1 mil 500. De acuerdo con el especialista, la mayoría de esas denuncias procede de zonas en las que son altas la presencia militar y la violencia relacionada con las drogas. El analista encontró que sólo 10 militares fueron sentenciados por crímenes contra civiles entre 2000 y 2009, y ninguno recibió sentencia mayor a 12 años de prisión.
IMSS: el negocio de la seguridad social
Manuel Fuentes
Una grave amenaza se cierne en los derechos de los trabajadores por el anuncio presidencial, del pasado 3 de noviembre, de "otra crisis" en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es curioso que, cuando se usa este argumento, los grupos empresariales y los sectores financieros del país y extranjeros se ponen en primera fila para beneficiarse.
Ello se confirma con el discurso lacónico de Felipe Calderón para que, al margen de coyunturas políticas, ideológicas o partidarias, se "inicie la discusión sobre nuevas reformas en materia de jubilaciones y pensiones".
Es un aviso, una petición urgente, para que la maquinaria legislativa reforme la Ley del Seguro Social para aumentar requisitos de edad y número de cotizaciones en perjuicio de los trabajadores que pretendan obtener una pensión o una jubilación.
La evaluación de las últimas reformas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, que acabaron desconociendo derechos adquiridos en materia de jubilación de los trabajadores burócratas, puede estar en el ánimo de las anunciadas reformas.
En estas reformas se unieron, como delincuencia organizada, los grupos dominantes mexicanos contra los trabajadores. En apenas 16 días naturales (del 15 al 31 de marzo de 2007), consiguieron una ley que derogó la anterior y que impuso nuevos requisitos a los trabajadores burócratas para obtener su derecho a la jubilación.
La nueva Ley del ISSSTE se aplicó de manera retroactiva, pisoteando la Constitución y anulando con ello los derechos adquiridos jubilatorios de los trabajadores burócratas al declararlos "como una expectativa de derecho". En ese agravio, participó de manera vergonzosa la Suprema Corte de Justicia, para permitir la destrucción de la seguridad social y que los fondos pensionarios se entregaran a los banqueros.
Es por ello sospechoso que los más altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de la República, se rasguen ahora las vestiduras al anunciar que al IMSS ya no le alcanzan sus reservas para cumplir con sus propios fines y "ni siquiera para hacer frente a la propia operación", cuando ellos mismos lo han estado descapitalizando (saqueando).
La enorme sangría –ligada a la compra de medicamentos supeditados a constantes y desmesuradas alzas que benefician los intereses de las grandes empresas trasnacionales y la subrogación de los servicios médicos– es fuente de lucrativas ganancias en beneficio de unos cuantos. No hay nadie en el gobierno que los detenga o quiera hacerlo porque también son beneficiarios.
La corrupción ha permeado como un cáncer en esa institución.
Día con día, los funcionarios del IMSS junto con el Ejecutivo Federal y la mayoría de los legisladores se hacen de la vista gorda al permitir que los empresarios de todos los niveles (muchos de ellos también lo son) defrauden las cotizaciones que deben cubrir a sus empleados.
Inscriben con un salario inferior a sus trabajadores o simplemente no lo hacen, y estas acciones que se dan en todo el país representan una pérdida mayúscula en las finanzas de la institución y nadie hace nada para evitarlo, simplemente no les importa. El artículo 308 de la Ley del Seguro Social prevé condenas de tres meses hasta nueve años de prisión cuando se cometa ese delito, pero ese ordenamiento es de mero ornato.
Lucha de clases y educación
FECSM
Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México*
La grave crisis económica por la que atraviesa México –generada por una política neoliberal que entrega la industria nacional a los capitales globalizados– ha provocado una marginación como no se veía desde hace décadas. La pobreza en que se encuentra la mayoría de la sociedad mexicana no se puede ocultar con los discursos de los gobernantes, cada vez más alejados de la realidad.
La lucha de clases no sólo está vigente, sino que es aguda y contundente. La distribución de la riqueza coloca a las personas en extremos antagónicos. Por un lado, hay quienes (los menos) viven en la opulencia y se colocan entre los hombres más ricos del planeta; por otro, están las personas (en un número superior a los 80 millones) que viven en la pobreza. Cabe decir que 50 millones de este grupo sobreviven en la pobreza extrema: sin vivienda, con alimentación precaria y en el desempleo. Esta injusticia es una de las principales razones de la inestabilidad social.
Habrá varios caminos que busquen frenar el proceso de desigualdad social y económica. Uno de ellos, fundamental, es el de la educación. Pero no cualquier tipo de educación. Sólo aquélla que genere una conciencia de clase otorgará a las personas las herramientas necesarias para participar en la construcción de un mundo más justo para todos.
En esta misión se inscribe el modelo de las normales rurales del país. Por ello, estas escuelas de campesinos pobres habrán de jugar un papel protagónico, como ya lo han hecho en toda su historia, en la defensa de la educación laica, gratuita y crítica. Ya en artículos previos, publicados en esta revista, hemos mencionado la esencia e importancia del normalismo rural; el compromiso de nuestras escuelas con nuestros pueblos.
Nos hemos referido, en otra entrega, al modelo de "educación por competencias" como una de las modas que acechan a la educación pública en México. Ahora nos detenemos en la depauperización de los salones de clase, las escuelas y las familias de los estudiantes. No hay entidad federativa que no cuente con zonas rurales con alto grado de marginación. Y no hay ciudad de la república que no tenga cinturones de miseria (éstos, cada vez más robustos y empobrecidos).
Somos testigos de la miseria en que se encuentran las zonas campesinas porque provenimos de ellas; pero también porque en ellas realizamos nuestras prácticas docentes y allí laboran nuestros egresados, quienes deben fungir en esos lugares no sólo como maestros, sino como gestores, albañiles, carpinteros y músicos.
Nos preguntamos cómo puede hablar la Secretaría de Educación Pública de "calidad educativa" y demás programas diseñados desde oficinas alfombradas para lugares que no cuentan con energía eléctrica, agua potable, drenaje ni servicios de carácter básico. ¿Sabrán los funcionarios que los programas que están diseñando son para lugares donde los niños nunca han visto una computadora y ni por asomo saben qué es el internet?
El Estado mexicano pretende disfrazar la falta de estrategias educativas con cursillos, como los del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Con ello, claudica de su responsabilidad de ofrecer educación sin distingos a todos los mexicanos. Así, pretende que para los niños del medio rural no haya maestros formados como tales, sino improvisados que, con un curso de seis meses, suplan al maestro. Ni de lejos, éstos concientizarán a las clases desprotegidas de su situación y de la necesidad de un cambio.
IMSS, convertido en coto privado de depredación y pillaje
Marcos Chávez
Si algo tiene que reconocerse a los industriosos gobiernos panistas, es su habilidad para aprender y asimilar rápidamente las ingeniosas lecciones de sus predecesores Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Ante la imposibilidad de rematar las pocas entidades propiedad de la nación que sus mentores priistas no alcanzaron a privatizar (Petróleos Mexicanos; la Comisión Federal de Electricidad; el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE; la Secretaría de Educación Pública, etcétera), los "innovadores" Vicente Fox y Felipe Calderón, solapados por los poderes Legislativo y Judicial, les depararon un mejor destino: las convirtieron en becerros de oro. Torcieron ilícitamente sus objetivos constitucionales, vaciaron el contenido que justifica su existencia en el desarrollo económico y sociopolítico de la nación y las convirtieron en sus cotos privados de pillaje, los cuales comparten espléndidamente con los grandes hombres de presa a través de los diversos tipos de contratos diseñados a su medida, de cuestionada legalidad. ¿Con sus respectivos y sacrosantos diezmos? En el engranaje de la corrupción, por ejemplo, Raúl, míster diezmo, hermano de Carlos Salinas de Gortari, fue acusado por el juez suizo Paul Perraudin de presuntos ilícitos, como el cobro de comisiones de 10 por ciento por contratos otorgados en obras y servicios estatales y el desvío de fondos públicos, que involucraron al propio Carlos Salinas y a empresarios, como Carlos Peralta, Adrián Sada González, Carlos Hank Rhon y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, según el periodista Miguel Badillo ("Revela Suiza la red de complicidades de RSG [Raúl Salinas de Gortari]", El Universal, 28 de julio de 2001).
Es obvio que Calderón no ha privatizado hasta la Presidencia por falta de ganas o porque sea respetuoso de la Constitución. Su problema radica en su esquizofrénico temperamento que ha obstaculizado la oportunidad de alcanzar los consensos necesarios con la mayoría legislativa –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza–, como en su momento lo hicieron los gobiernos neoliberales priistas, y en que el vasallaje de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo ya no es absoluto como ocurrió hasta 1997, lo que a De la Madrid, Salinas y Zedillo les permitió privatizar y destruir alegremente a la nación (sin contratiempos, sin temor al estado de derecho, porque éste no existía ni existe actualmente). Los congresistas señalados no se volvieron súbitamente, por arte de magia, en escrupulosos respetuosos de lo que no existe. Simplemente han sido incapaces de comprar generosamente sus voluntades. Porque ellos han sido sus deferentes compinches en sus tropelías, e incluso solícitamente le ayudan a torcer la legalidad. ¿Quién ha legitimado la turbia privatización de las telecomunicaciones; la arbitraria desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que atropelló los derechos de sus trabajadores y los usuarios del servicio, el cual fue entregado al pillaje empresarial? ¿Quién formalizó los anticonstitucionales contratos de inversión financiada por el sector privado (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) o la "asociación" entre el capital público y privado, el aprovechamiento de activos, las concesiones carreteras, la educación, la salud o el transporte? ¿Quién supervisa el contratismo, ensombrecido por la sospecha de la corrupción, los diezmos, la dilapidación y el saqueo del presupuesto, la pésima calidad de las obras realizadas?
Por cierto, el simpático sociólogo funcionalista Robert K Merton reconocía, en su "categoría" de "innovadores" –los que aceptan los valores establecidos, pero no los medios para alcanzarlos– a los delincuentes
Cuando se instaure por primera vez un régimen democrático en México, sometido al imperio de las leyes, en un acto de justicia, se tendrá que investigar y sancionar las privatizaciones y el contratismo, como forma de ajustar cuentas y limpiar el sucio pasado presidencialista autoritario y capitalista neoliberal mafioso.
Víctor Sánchez Espinosa: heredero de la ultraderecha poblana
Edgar González Ruiz
Nombrado en 2009 arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa representa la tradición ultraderechista de esa entidad, pero adaptada a los tiempos en los que la derecha gobierna tanto en el país como en ese estado.
Como otros prelados, es enemigo del Estado laico, de las libertades y de la diversidad sexual, a la vez que partidario de la persecución implacable contra las mujeres que abortan.
Heredero de Márquez y Toriz
Nacido en Santa Cruz, Puebla, el 21 de mayo de 1950, Víctor Sánchez Espinosa estudió la primaria en una escuela parroquial y en 1963 ingresó al seminario.
Fue colaborador del entonces arzobispo, belicoso y ultraderechista Octaviano Márquez y Toriz.
En 1975, recibió el diaconado de manos de monseñor Octaviano Márquez, a quien sirvió hasta su muerte, que ocurrió ese mismo año (www.siame.com.mx).
Márquez y Toriz abanderó en la década de 1960 el anticomunismo de grupos violentos, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y el Frente Universitario Anticomunista (FUA), y combatió las tendencias progresistas que florecían en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Sánchez Espinosa fue su pupilo y es su heredero ideológico en una época en que gobierna la derecha.
En mayo de 2009, fue entrevistado por Radio BUAP, ocasión en que el prelado se explayó sobre temas como el aborto y la homosexualidad (La Jornada de Oriente, 25 de mayo de 2009).
En 1976 fue ordenado sacerdote por Ernesto Corripio Ahumada.
Fue enviado a estudiar a Roma; a su regreso ocupó cargos en el seminario palafoxiano y fue párroco en Nuestra Señora de Ocotlán, Puebla.
En febrero de 2009, Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Puebla, en sustitución de Rosendo Huesta Pacheco, quien pasó a ser emérito.
En su toma de posesión, con vestimenta color dorado, Sánchez Espinosa recibió el báculo arzobispal, en una ceremonia a la que asistieron Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México; Francisco Robles Ortega, de Monterrey, y Juan Sandoval Íñiguez, de Guadalajara" (El Universal, 3 de abril de 2009).
Política arzobispal
Sánchez Espinosa ha hecho gala de influyentismo en sus campañas contra las libertades.
En 2009, además de apoyar la nueva legislación para encarcelar a las mujeres que abortan, recurrió a sus vínculos gubernamentales para evitar cualquier intento de despenalización.
El Seguro Popular y la carabina de Ambrosio
Álvaro Cepeda Neri
Hay cientos de miles de enfermedades que padecen más de 90 millones de mexicanos por los embates del empobrecimiento masivo, iniciados por la desnutrición, pues ni los que tienen alguna entrada (míseros salarios mínimos, propinas, préstamos en miles de casas de empeño que se multiplican para dizque auxiliar las urgentes necesidades de quienes quisieran vender hasta sus vidas y los que obtienen por otros medios dinero no les alcanza para comprar ni la mitad de la canasta básica y cuyos precios siguen a la alza, con todo y la inflación reprimida de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), algún obrero, las degradadas clases medias o quienes apenas si entran al mercado formal, aunque el mayor consumo lo hacen en los ya carísimos tianguis, tienen para nutrirse, ya que obtienen artículos para domar un poco el hambre.
Son ya cuadros urbanos el ver a mujeres con sus niños y hombres en torno a los changarros de tamales y atole (tamales y atole ya de muy baja, bajísima, calidad) y en otras variedades de las llamadas "fritangas", donde medio se sacian su hambre para encaminarse a las escuelas y a sus centros de trabajo. Por todo el territorio, sobre todo en casi sus tres cuartas partes, los mexicanos o están obesos, por la comida chatarra, o sus cuerpos acusan anemias. Y los que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inscritos y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde no hay medicinas (¡y menos vitaminas!), se emparejan con los que, dice Calderón y su eco Córdova Villalobos (éste ya en campaña rumbo a Guanajuato, haciendo escala en Michoacán para apoyar a la hermana del inquilino de Los Pinos), son ya 40 millones de mexicanos con su Seguro Popular para atención médica (y con cuyas credenciales se enriquecieron los foxistas José Antonio Fernández y el actual director de Pronósticos Deportivos, otro botín, Blanco Tatto, al que se niegan a investigar por corrupción).
Ese Seguro Popular, del que Calderón hace alarde asegurando que los estadunidenses tienen bajo ese amparo gubernamental a los que ya existen en México. En las últimas dos notas de los reporteros Jorge Ramos Pérez y Alonso Urrutia (El Universal y La Jornada, 29 de octubre de 2010), los dos funcionarios federales hicieron las cuentas alegres, pasando por alto que esa supuesta atención médica es parecida a la famosa carabina de Ambrosio, la cual no servía más que de adorno. Y es que las instituciones públicas para prestar ese servicio, diseñadas para atender un máximo de 3 millones de pacientes, se dedican a hacer lo mismo que el ISSSTE y el IMSS: despachan con recetas al "ahí se va" o al "haiga sido como haiga sido" (lo escribí con ache para ayudarle a Calderón con algo de ortografía), y si las hay en existencia, con un surtido de medicinas "made in China" que no sirven para nada y mejor fuera que les dieran una cafiaspirina legítima, para cuando menos quitarles momentáneamente el dolor por el coraje de la pésima consulta que ampara el Seguro Popular… que ni es popular y mucho menos es un seguro. Dice Calderón y su cómplice Córdova que al menos en el renglón de los programas de salud han cumplido… ¿han cumplido? No. Porque son los Ambrosios azules.
Las radios perseguidas
Sergio Méndez
Un movimiento revolucionario recorre todo el territorio nacional: el de las radios comunitarias y alternativas. A lo largo y ancho del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las comunidades y los colectivos de ciudadanos politizados e inquietos se organizan para instalar y operar sus propios medios informativos. La gente necesita instrumentos de comunicación cercanos, útiles, eficaces y que sean operados con sentido solidario, humanista y democrático. Para concretar estas exigencias, nada mejor que las radiodifusoras comunitarias y alternativas.
En tanto proyectos autogestivos, estas radios facilitan la organización y la movilización con sentido político de los núcleos sociales a partir de sus propias aspiraciones. Surgidas de la base social, están seriamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda del medio ambiente o la protección de la democracia, así como con la denuncia sin concesiones de los abusos cometidos tanto por la clase política como por la empresarial.
Sin embargo, este levantamiento cívico, pacifista y libertario generó una dura reacción de la oligarquía empresarial y política. Las radios comunitarias han sido excluidas del marco regulatorio en materia de radio y televisión. Ni la Ley Federal de Radio y Televisión ni la Ley Federal de Telecomunicaciones reconocen la existencia, a partir de su propia naturaleza, de las radios comunitarias y alternativas. Esto ha provocado que la radiodifusión comunitaria esté sujeta a una serie inacabable de trabas burocráticas para obtener el reconocimiento del Estado.
Para una radio comunitaria o para una radio alternativa, la obtención de un permiso de transmisión, otorgado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se convierte en un viacrucis legal y financiero que suele acabar en fracaso. Las leyes les otorgan a las autoridades un amplísimo margen de discreción para conceder o negar un permiso, y los estudios técnicos necesarios para motivar una solicitud de uso de una frecuencia son muy caros. El gobierno federal, además, cuenta con eficaces filtros políticos y técnicos. Para que se niegue un permiso de transmisión, basta que la Secretaría de Gobernación señale que el peticionario no es idóneo para obtenerlo, o bien que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diga que los estudios técnicos demuestran que hay saturación de frecuencias y que no cabe una más o que la Comisión Federal de Competencia manifieste que el peticionario del permiso representa una competencia desleal para los empresarios de la radio y la televisión. Asimismo, el peticionario se encuentra en absoluto estado de indefensión ante la negativa de las autoridades de otorgar el permiso de transmisión, puesto que la Cofetel les niega ilícitamente a los interesados el acceso a sus propios expedientes, con lo que se les impide que conozcan las actuaciones de las autoridades, así como los trámites que se realizaron ante ellas.
El trato discriminatorio al que son sometidas las radios comunitarias y alternativas las orilla indefectiblemente a la ilegalidad y, con ello, el Estado encuentra el pretexto perfecto para criminalizarlas mediante la imposición de sanciones penales y administrativas. La Ley General de Bienes Nacionales sanciona hasta con 12 años de prisión a quienes operen una radio sin el permiso de la Cofetel, y la Ley Federal de Radio y Televisión permite que el Estado decomise los bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas que transmitan sin la autorización legal.
Prensa: impunidad y alineamiento
Jorge Melendez Preciado
A Rogelio Naranjo, caricaturista excepcional y amigo generoso
Lo dijo Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la sexagésima sexta reunión, llevada a cabo en México: da escalofrío que los asesinatos de periodistas, aquí, sean 106 desde 1987; 42 en los últimos cuatro años y 11 en 2010. No mencionó, seguramente, el de Carlos Guajardo Romero, quien falleció en el tiroteo no aclarado –dos versiones oficiales– donde cayó Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta.
Para algunos veteranos informadores, el reportero de la publicación Expreso no supo que en una balacera hay que tener más cuidado, pues existen muchos lugares donde se dispara. Antes se decía que los reporteros caían por andar de borrachos, enamorados y trasnochadores. Pero, circunstancias aparte y consejos acertados o no, el hecho es que sigue la impunidad en la larga matanza de compañeros.
Para la Federación Latinoamericana de Periodistas, en realidad los últimos años hemos padecido 115 asesinatos y 12 desapariciones. Incluso hacen una división en la primera cifra: 109 periodistas y seis trabajadores.
Agregan que hay 79 bajas trágicas entre nosotros y 15 desapariciones de 10 años a la fecha. Y para no alargar y abrumar con las cifras, la organización documenta 49 homicidios en 47 meses de la administración calderonista.
Seguramente por esas diferencias, agrupaciones internacionales dicen que no existe una numeralia correcta, acertada para saber exactamente cómo está el problema, aunque todas las instituciones, sin excepción, coinciden en algo: la impunidad en nuestro país es de pavor.
Frente a ello y el reclamo de Gerardo Rodríguez, tecleador de El Diario de Ciudad Juárez, que señaló que "en México no se ha solucionado ningún caso de periodistas asesinados", Felipe dijo que se hacen esfuerzos increíbles para atrapar a los que liquidaron, el 13 de noviembre de 2008, a Armando Rodríguez, el Choco; incluso, mencionó, hay ya un presunto responsable en chirona.
Aprovechando el foro de la SIP, Calderón dijo que la prensa no debe hacerle el juego mediático a las organizaciones criminales; dar noticias que hagan apología del crimen y balancear la información convenientemente. Asuntos que ya había señalado hace tiempo, aunque su administración no ha citado a ninguna reunión para tomar las medidas adecuadas, en conjunto, con el fin de establecer códigos de ética, principios generales, estrategias adecuadas.
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