¿Qué prefieres? Un Estado corrupto que reparta migajas o una iniciativa privada que se queda con todo.
Pedro Echeverría V.
1. Los organismos cúpula del sector privado, aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), plantearon ayer viernes directamente al presidente panista Felipe Calderón que "bursatilice" (que ponga a la venta o en remate) cualquier empresa pública de México utilizando los fondos de pensiones y de seguros. En reunión privada con el mandatario en el Club de Industriales, los empresarios aplaudieron (rabiosamente) el anuncio sobre la venta de acciones de Pemex que Calderón Hinojosa hizo el martes pasado en Nueva York, pero le solicitaron que el mismo esquema se aplique para el resto de las empresas estatales (o paraestatales) y en principio consideraron la viabilidad de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) sea la "punta de lanza". ¿Cómo no aprovechar la "venta de garaje" que desesperadamente realiza Calderón si puede ser su última oportunidad?
2. Hasta la década de los años setenta, es decir, hasta hace 40 años, en el país existían unas dos mil empresas estatales y paraestatales controladas por los gobiernos del PRI. La mayoría funcionaba con números rojos (con pérdida) pero también subsidiaban a los empresarios dándoles precios en fletes, electricidad y demás de regalo y servían para garantizar que los trabajadores no se vayan a la calle por las crisis y conserven sus ingresos; por eso se les llamaba empresas sociales. Las paraestatales fueron siempre odiadas y combatidas por los empresarios privados porque decían, "les hacían una competencia desleal". La educación pública, el IMSS, sobre todo la Conasupo, los bancos, las empresas de electricidad, ferrocarriles, teléfonos y Pemex, fueron siempre motivo de propaganda calumniosa y de descrédito impulsada por los empresarios. Sólo pararon su campaña cuando se les empezó a vender todo.
3. Los gobiernos priístas que antes de 1982, es decir, antes que el neoliberalismo y la abierta privatización se impusiera con el gobierno de De la Madrid y sus sucesores, aún conservaban el discurso del "nacionalismo revolucionario". Se cuidaban los gobiernos priístas de no identificarse abiertamente con los grandes empresarios y el clero porque se sentían herederos de la revolución mexicana. Pero a partir de 1982 la política priísta cambió radicalmente en beneficio del sector privado y –como dijo De la Madrid en su discurso: "El Estado comenzaría a devolver a la sociedad (léase empresarios) lo que le había quitado". Entonces se devolvieron los bancos a los empresarios privados (que luego los vendieron a los extranjeros) y las otras mil 500 paraestatales fueron vendiéndose a los hombres más ricos del país. Los empresarios y clericales entraron abiertamente al gobierno.
4. Todo cambió en México. Los priístas comenzaron a ir a misa, a besarle el anillo al Papa, a arrodillarse frente a Televisa y a apoyar la alianza PRI-PAN. El PAN comenzó a decir que los priístas le estaban robando su viejo programa porque estaban privatizando las tierras ejidales, porque habían restablecido relaciones con el Vaticano y porque estaban regresando, al fin, las empresas a sus dueños privados de antes. Los panistas brincaban de alegría y festejaban porque cada día (sobre todo durante el gobierno de Salinas) el PAN recibía más subsidios y se le otorgaban más cargos en el gobierno vía elecciones. Los "nacionalistas revolucionarios" del PRI fueron hechos a un lado viéndose obligados a acercarse al PRD. La realidad es que en 1982 se inició una revolución política porque el PRI poco a poco le fue entregando el gobierno al PAN, a los empresarios y al clero.
5. No se si hoy los empresarios empiezan a escuchar "pasos en la azotea"; si empiezan a sentir que López Obrador, después de más de seis años de campaña política, pueda ser el nuevo presidente que llegue bloquearles magníficos negocios. No se si vean que su partido real como empresarios –el PAN- está despidiéndose del gobierno y sea necesario aprovechar su último año. Lo que sea, pero los empresarios no quieren más ninguna empresa pública (CFE, Pemex) y buscan que se las entreguen en la bolsa de valores por ese presidente funesto y privatizador (Calderón) que es además el provocador de 50 mil muertos por gobernar con las fuerzas armadas ocupando las calles del país. Mientras tanto la población ignora lo que sucede y no mueve un brazo para defenderse. ¿Qué le importa que el país se venda si en la iglesia le han enseñado que vino al mundo a sufrir?
6. El PAN –no puede olvidarse- nació en 1939 para luchar a favor de los intereses de los grandes empresarios privados contra el Estado (al que bautizaban falsamente de comunista). Fueron los hacendados terratenientes, la alta clerecía y los empresarios inversionistas ligados al capital extranjero, quienes fundaron el PAN en aquellos momentos del gobierno de Cárdenas recién había expropiado el petróleo (1938), nacionalizado los ferrocarriles (1937), expropiado tierras que transformó en ejidos (1937) y había creado la CTM (1936). El famoso fundador del PAN, el tal Gómez Marín, fue un empleado del gobierno del presidente Calles, participó en la creación de Banco de México y luego –siguiendo a Vasconcelos- se dio cuenta de que los empresa privada le ofrecía mejor carrera política. Así fue que en 1939, con los fascistas hitlerianos en México, se fundó el PAN.
7. El PRI fue gobierno desde que se fundó en 1929 y el PAN, hasta 1985, fue sólo un partido de presión que recibió grandes subsidios del PRI. Para asumir la Presidencia Salinas en 1988 –después del fraude contra Cárdenas- tuvo que negociar con el PAN, darle todo lo que pidió, hasta lograr la Presidencia en el año 2000. Así se aceleró la privatización de la economía, se establecieron estrechas relaciones con el Vaticano, se arrebataron las tierras ejidales a los campesinos y las empresas paraestatales y los bancos se vendieron a la empresa privada. El Estado y el gobierno se transformaron en un pequeño juguete en manos de los empresarios, los medios de información y el capital extranjero buscan ahora que las dos o tres empresas que aún cuentan con intervención estatal pasen ya definitivamente en manos privadas. ¿Y el pueblo? Sigue durmiendo arrullado por los medios.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
pedroe@cablered.net.mx
Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad avanza hacia el Pacto Nacional en Juárez
Cencos
La intención de éste es desarrollar sus 6 principales punto de una manera amplia, respetando la pluralidad de la organización de organizaciones que se está conformando y siempre teniendo en cuenta que el fundamento de esta convergencia son todas las víctimas que en México han sido asesinadas o desaparecidas en el marco de la estrategia de guerra contra el crimen organizado que mantiene el gobierno, explicó Javier Sicilia, escritor y poeta que inició el movimiento luego de que asesinaran a su hijo en marzo pasado.
Estos son los 6 puntos del Pacto Nacional ciudadano que serán desarrollados con la idea de que los ciudadanos lo firmen en Ciudad Juárez, Chihuahua dentro de un mes, el 10 de junio:
A demás, Clara Jusidman, de Inside Social, y Raúl Vera, Obispo de Saltillo, exigieron al Poder Legislativo que no apruebe la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (#LSN) sin que antes se haga una consulta amplia con la sociedad, porque aprobarla en los términos actuales "sería prácticamente un golpe de Estado", señaló Vera. Esto en referencia a que se ha reactivado nuevamente la intención de aprobarla vía fast track.
Los ponentes también hicieron la aclaración de que el Pacto que se busca no es con el gobierno sino entre todos los sectores de la sociedad y reiteraron que si en un proceso más adelante las autoridades quieren entrar en diálogo con el movimiento deberá ser teniendo como base sus 6 puntos y que sea público.
Eduardo Gallo rechazó que el movimiento se trata solamente de un "ya basta" al crimen organizado, porque frenar la violencia es una responsabilidad de Estado. Sobre este punto también dijo desconocer cual es la estrategia del gobierno, porque el Ejecutivo nunca a dicho cual es el objetivo de su lucha, "si el objetivo es llegar a 100 mil asesinatos, entonces si que va bien", dijo en tono irónico.
Rumbo a la firma del Pacto en Ciudad Juárez, se anunció que planean una caravana que llegaría allá para celebrar el Pacto Nacional e hicieron un llamado a todas las organizaciones y ciudadanas y ciudadanos que quieran una paz justa y con dignidad a sumarse, tanto en México como en Estados Unidos y otros países.
http://www.cencos.org/node/26837
Esperan armonizar los códigos penales desde una perspectiva de género
Consejo ciudadano pide tipificar delitos como feminicidio
La Jornada
Consideran que este tema es fundamental para el país porque 50 por ciento de las llamadas que se reciben en los teléfonos de emergencia no se relacionan con delitos comunes o atribuidos a la delincuencia organizada, sino con violencia contra las mujeres, en particular las de tipo intrafamiliar.
Consejo ciudadano pide tipificar delitos como feminicidio
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 33
El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres detalló las 16 propuestas legislativas con base en las cuales se intenta armonizar
los códigos penales de todo el país con perspectiva de género, a fin de tipificar diversos delitos como violación, esterilidad provocada
y feminicidio.
Los integrantes de este consejo confiaron en que los diputados dictaminen a más tardar en septiembre y que el proceso no se contamine
con intereses partidistas o electorales.
Consideran que este tema es fundamental para el país porque 50 por ciento de las llamadas que se reciben en los teléfonos de emergencia no se relacionan con delitos comunes o atribuidos a la delincuencia organizada, sino con violencia contra las mujeres, en particular las de tipo intrafamiliar.
El jueves pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradictar la Violencia contra las Mujeres presentó en la Cámara de Diputados una serie de reformas a los 33 códigos penales y de procedimientos del país para que se incorporen los derechos humanos de las mujeres, en especial cuando son víctimas de delito.
El plan legislativo considera que el nuevo sistema penal acusatorio (conocido como juicios orales) debe establecer con claridad los derechos de las víctimas, especialmente las de los llamados grupos vulnerables.
Las reformas incluyen medidas de protección para las denunciantes; facilitar la asistencia en espacios en donde sean escuchadas por abogados con experiencia en atención a víctimas, y contar con asesoría sicológica y asistencia médica y, en especial, mecanismos para reparación del daño.
En conferencia de prensa, los miembros del consejo precisaron que una parte importante de la serie de iniciativas de reforma presentadas tiene que ver con delitos sexuales.
Por ejemplo, se propone, entre múltiples aspectos, ampliar las penalidades en caso de abuso cometido contra niños; incluso, se plantea que las relaciones sexuales con menores de 18 años –aun con cosentimiento– deben ser consideradas como violación.
La Secretaría de Gobernación impulsa los centros de justicia para las mujeres
; en principio se incluyen en Tlapa, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Campeche, Campeche; Gustavo A. Madero, Distrito Federal, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adicionalmente, existe un proyecto para combatir la denominada violencia institucional
, el cual promueve que las mujeres sean sometidas a cirugías ginecológicas y de obstetricia sólo cuando se requiera, y con pleno consentimiento de la paciente.
Urgen expertos a modificar usos discriminatorios del lenguaje
La Jornada/México
"Un uso incorrecto del lenguaje al referirse a las preferencias religiosas y sexuales o la condición socioeconómica puede ser fundamento de argumentos de marginación", dijeron.
Los derechos humanos intentan cambiar los usos discriminatorios del lenguaje que violan la dignidad de las personas, señaló José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Durante la inauguración del "Segundo seminario interdisciplinario: Lenguaje y derechos humanos", organizado por la UIA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), especialistas abordaron el tema de la combinación del icono, lo visual y el lenguaje escrito en el tratamiento de aspectos específicos del lenguaje.
Ibáñez Aguirre subrayó que en debates como este seminario, los resultados pueden ser positivos para reeditar algunas situaciones de discriminación en el lenguaje, con el cambio de paradigma que supone emplear unas nuevas formas de uso lingüístico.
En su oportunidad, Alejandro Márquez Aguayo, coordinador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, precisó que uno de esos errores del lenguaje es el uso indiscriminado y plenamente consciente, en la mayoría de los casos, del masculino sobre el femenino.
"Una carga peyorativa a nivel semántico de adjetivos y sustantivos femeninos sobre la carga positiva que en cambio tienen esas mismas palabras, pero utilizadas con el género masculino", explicó.
Destacó que esa tendencia ejemplifica la importancia de reflexionar, discutir y pensar el lenguaje y los derechos humanos para comprender mejor las lagunas, contradicciones y errores que regularmente comete la sociedad al hablar sobre determinados grupos vulnerables.
"Un uso incorrecto del lenguaje al referirse a las preferencias religiosas y sexuales o la condición socioeconómica puede ser fundamento de argumentos de marginación", expuso Márquez Aguayo…
Condecora la Unión de Periodistas de Cuba a la directora general de La Jornada
Actuamos en nombre de quienes no se resignan a una decadencia de la moral pública: Carmen Lira
Este compromiso de identidad nos ayudará en los tiempos por venir
, expresa en La Habana
Sábado 14 de mayo de 2011, p. 7
La Habana, 13 de mayo. En 27 años de vida de La Jornada, hemos actuado del lado, en nombre y por cuenta de esa parte de nuestras sociedades no resignada a una decadencia de la moral pública
, dijo aquí la directora general del diario, Carmen Lira, quien hoy recibió la Distinción Félix Elmuza, una condecoración que entrega la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).
"Este compromiso de identidad es el que guía a La Jornada y la ha ayudado a atravesar estos trabajosos, confusos y dolorosos años de historia mexicana y universal y nos ayudará en los tiempos por venir", añadió Lira. "Se trata simplemente de una convicción, de un acto de fe en el periodismo, nuestro oficio, un oficio que, como decía el gran periodista polaco (Ryszard) Kapuscinski, no es para cínicos.
Con la entrega de la Distinción, la Upec reconoció la trayectoria profesional de Carmen Lira y destacó la entrevista que hizo la directora general de La Jornada a Fidel Castro en agosto del año pasado.
Esa entrevista representaba el acercamiento al hombre que dirigió la gesta revolucionaria más importante de la segunda mitad del siglo XX
, dijo la directora general de este periódico. La que no sólo marcó nuestras vidas, sino que representó la realización de un sueño libertario, el sueño de humillados y ofendidos del mal llamado subcontinente americano. Cuba ha sido y sigue siendo para una gran parte de mi generación, un desafío de orden ético contra los convencionalismos de la época.
Lira explicó la cuestión en estos términos: "Una revolución acosada, sitiada, nunca es atacada, al menos en nuestro periódico, indicó el director [Manuel Becerra Acosta] del primer diario independiente que intentamos en la década 70-80 [unomásuno]. Una revolución acosada, sitiada, nunca será atacada por nosotros, ratificó en su momento Carlos Payán, director fundador de La Jornada. Y esa es la línea que ha prevalecido en nuestra comunidad y que se respeta. En ella nos formamos y en ella nos desarrollamos".
Otra cosa es la crítica
, agregó la directora general. Pero la independiente, no la que dicta el poder ya sea desde Washington, Miami o Madrid. Se trata de una convicción, de un acto de fe y de respeto al periodismo en que creemos, de un acto de convicción y respeto a la política, entendida ésta en el sentido más alto y más noble: en su posibilidad de cambiarse a sí misma cambiando su relación con el poderoso.
Payán, quien dirigió La Jornada desde su fundación en 1984 y hasta 1996, escuchaba las palabras de Lira, en el Palacio de los Capitanes Generales, antigua sede del poder español, en el casco antiguo de La Habana. También estaban el ministro de Cultura, Abel Prieto; el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, y el embajador mexicano, Gabriel Jiménez Remus.
Lira criticó que desde la declaración del socialismo en Cuba, en 1961, por una supuesta defensa de la seguridad nacional, el imperio más poderoso que el mundo ha conocido, tejió una espesa y perversa red de criterios, paranoias y abusos de poder contra la isla rebelde
.
En la misma ceremonia, el presidente de la Upec, Tubal Páez, entregó la Distinción a José Pertierra, abogado estadunidense de origen cubano, que reseñó el juicio que se celebró en El Paso este año a Luis Posada Carriles, el confeso autor de atentados contra objetivos de la isla durante tres décadas.
Este año también recibió la medalla el cantautor Silvio Rodríguez, por su blog Segunda cita. La condecoración fue establecida por decreto del Consejo de Estado en 1979 para honrar méritos periodísticos y en memoria del reportero cubano Félix Elmuza (1917-1956), quien criticó la corrupción durante el régimen de Fulgencio Batista y fue uno de los expedicionarios del yate Granma.
Que actúe la justicia
Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com.
Por promover la justicia a costa de su bienestar
Yo no buscaba que me invitaran a comer, pero ni la comida se realizó y mucho menos la sesión de análisis para analizar las acciones debía realizar el gobierno para recuperar la confianza social y apoyar a la consolidación social. Ante la inacción gubernamental la violencia fue en ascenso, supongo que ante la pasividad gubernamental los criminales vieron un espacio propicio de expansión, incluido su propio sistema de justicia. Mientras esto sucedía era notoria la nula presencia de las autoridades federales.
Agregando el factor corrupción, tenemos que las fuerzas policiales se agregaban a la depredación y por las múltiples evidencias anecdóticas, se hacían cómplices del crimen. Cuando la policía se corrompe –siempre que detienen bandas de secuestradores aparece un policía involucrado- es el gobierno que agrede a su sociedad. Cuándo Felipe Calderón se equivoca al militarizar un problema delincuencial, los factores perversos se potencian, la corrupción avanza, los abusos contra la sociedad se extienden y llegamos a una cantidad de muertos que tienen crispada a la sociedad. Las respuestas del gobierno son erráticas, la falta de investigación es irritante, y se nota acción cuándo personajes notorios son directamente golpeados: hijos de empresarios, escritores o agentes del gobierno de Estados Unidos, entonces sí aparecen culpables –algunas veces fabricados- y hasta algunas de las muchas fosas clandestinas que existen en el país.
El presidente llama a la guerra y no a la reconciliación, mientras que toda sociedad requiere de paz y concordia. Dentro de la guerra de Calderón son notorios y denunciados los abusos de las tropas armadas que se encuentran a su mando, al ser el comandante el jefe de las fuerzas armadas, condición que el ratifica al ponerse la casaca militar. Más de mil quejas sobre abusos militares han sido ignoradas por el gobierno, la jerarquía militar, designada por el, frena la acción penal respecto a las denuncias presentadas.
En cambio Calderón ha propuesto ampliar el poder y fuero militar con lo que se amplía el marco legal para los casos de abuso. Dadas las graves circunstancias de los excesos militares, dado el elevado número de víctimas civiles, es pertinente entablar un juicio acusando a Felipe Calderón y a los generales bajo cuya jurisdicción se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Se debe exigir que se dé cause a las demandas que hoy están congeladas por decisión de la jerarquía militar, y consecuentemente se debe proceder contra esa jerarquía. Me adelanto al argumento sobre la presunta culpabilidad de los que murieron.
Aquí no se trata de juzgar a priori a las decenas de miles de muertos, a quienes el gobierno debió haber protegido, se trata de juzgar a los responsables de esas muertes, y a los acusados en el ejército y las policías de muertes y desapariciones. Las víctimas tienen derechos y ante las desapariciones el delito no prescribe. Es particularmente serio que el gobierno haya permitido y facilitado la descomposición del tejido político, que por su omisión o complicidad el crimen organizado haya impuesto sus reales, pero más grave ha sido la tolerancia y complicidad ante la putrefacción de los cuerpos policíacos y militares.
El gobierno ha generalizado sobre la condición de corrupción de las policías sin asumir que asegurar la limpieza del aparto represivo del Estado es su responsabilidad, las policías no son entes autónomos, posiblemente sea cierto como aduce el gobierno que no todos los militares sean malos, no se propone juzgar al ejército sino a los militares que delinquieron y con ellos a sus protectores; el abuso no castigado de algunos militares es un mensaje de tolerancia a la iniquidad de otros. México no cerró las heridas del 68 por la protección a los responsables de matar estudiantes inocentes, de la desaparición de activistas políticos que fueron cremados, se ignoró la guerra sucia; a Echeverría, después que se burlara de las comisiones de la verdad, se le encontró culpable de genocidio, Calderón ha superado aquel momento negro, hoy la justicia tiene que actuar y si no hay un solo juez con agallas para actuar, acudamos, ya, a los tribunales internacionales..
Juicio internacional a Calderón
El responsable directo de esta grave situación es Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra
en el país y decidió utilizar al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011.
Como han documentado diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación 45/2010.
Las fuerzas armadas también han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.
Los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108 onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.
Tampoco es viable someter a la justicia nacional a los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos (caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los estándares internacionales.
Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI). Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.
Para robustecer esta denuncia hace falta que participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares. Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo de que nuevas firmas respalden la denuncia.
Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e, numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de guerra en la CPI.
http://twitter.com/@elNetza Petición disponible en: http://nomassangre.mx
catalizador de un vasto pero hasta el momento informe movimiento que combina rabia, afrenta, irritación y rechazo al triste papel en el que nos quieren colocar los hombres de la guerra. Y en segundo lugar, señalando un camino a seguir para que la indignación no quede en una explosión de rabia momentánea. Así se ha pasado de la indignación y del reconocimiento de la magnitud de la emergencia al obligar y obligarse a obtener un registro detallado del nombre de las víctimas. No son un número, tienen nombre: tiene el propósito de enfrentar a autoridades y ciudadanos frente a la cruda realidad de los crímenes. De ahí también la propuesta de un monumento en su honor. De la indignación se pasa a la acción con la convocatorias de las dos marchas en abril y ahora en mayo. Ahí aflora lo que es el hilo conductor de las movilizaciones hoy: agravio e impunidad.Como las grandes movilizaciones que han acontecido en México llevan a definición de una plataforma mínima y ésta a la generalización de la movilización. Los seis puntos de esta plataforma leídos en el Zócalo el domingo pasado se resumen en:
1. Exigir verdad y justicia.
2. Exigir poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
3. Exigir combatir la corrupción y la impunidad.
4. Exigir combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.
5. Exigir la atención a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
6. Exigir democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios.
Con ese pliego de exigencias se comienza a dar un cierto grado de cohesión a un movimiento que de por sí es diverso y disperso. Viéndole bien se trata de un conjunto de redes con pequeños nodos autónomos que han surgido a lo largo y ancho del país en reacción a la ausencia de gobiernos que respondan a las necesidades de sus ciudadanos, sobre todo en el ámbito de la seguridad humana, o como se plantea en el documento de la manifestación: seguridad ciudadana. Estas redes no pueden ser articuladas con medidas clásicas como implicaría la formalización de un organismo, por ello el factor clave para aglutinarlas es el discurso.
Teniendo discurso –y un pliego de exigencias que expresa muchas y muy variadas demandas de diversos sectores de la sociedad– se define un método de lucha. De las posteriores entrevistas y conferencias de prensa con varios de los organizadores, se derivan dos métodos de lucha: uno que privilegia la movilización y de ahí la convocatoria a la siguiente etapa con la marcha a Ciudad Juárez. Otro que enfatiza el diálogo y la conversación democrática. Así por un lado convocan a especialistas y en general a la ciudadanía a elaborar, depurar y suscribir un pacto social. Por otro lado frente a las autoridades proponen un diálogo público en el Palacio Nacional para discutir los seis puntos. Para que ese diálogo funcione –en el sentido de que no sea un simple acto mediático– se requieren varios acercamientos previos que permitan establecer reglas. Pero lo esencial es que el gobierno federal acepte una conversación pública que será ríspida si es auténtica pero que a diferencia de los actos artificiales de consensos artificiales que terminan con una foto; en este caso podría confluir hacia la construcción de procesos que encaren y resuelvan los dos temas centrales: agravio e impunidad.
Se trata por tanto de un movimiento social que funciona como acordeón –tienen momentos de expansión y otros de retracción–, que actúa en diversos niveles: movilizaciones, política mediática, negociaciones con la autoridad –cabildeo– y que, si se fortalece políticamente, producirá nuevas reglas del juego en el espacio público mexicano. Es decir movilización social como medio de producción de instituciones.
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"Alarmante" violación de DH de las mujeres en México
AI documenta inacción del Estado
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- La situación de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en México es "alarmante" debido a que continúa la impunidad en los casos de tortura sexual, el hostigamiento contra defensoras humanitarias es constante y la legislación para prevenir y castigar la violencia es insuficiente.
Durante la presentación del informe 2011 "El estado de los Derechos Humanos en el mundo", que hoy se realizó en la Cineteca Nacional, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), condenó que durante 2010 se registraran 300 asesinatos violentos contra mujeres, lo que, criticó, muestra una realidad preocupante.
En entrevista, Herrera Aragón lamentó que los abusos, la impunidad y la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres sean la regla. Señaló que aunque México cuenta con leyes aceptables, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el problema es cómo se aplican en la práctica.
"Cuando una mujer llega a una agencia del Ministerio Público, por lo general se topa con agentes insensibles que no tienen protocolos de reacción, que no tienen mecanismos para dar cobijo a las víctimas de delito y que además están desbordados de trabajo, lo cual hace que pongan poca atención a estos casos. El efecto inmediato es que las mujeres no estén dispuestas a denunciar", explicó.
Herrera Aragón dijo que en el informe de AI —que abarca el periodo de enero a diciembre de 2010— se documenta que la violencia contra las mujeres y las niñas aún es un fenómeno generalizado, pese a ello, explicó que el Estado mexicano no ha adoptado medidas para combatir la constante violencia y discriminación contra la población femenina.
Como ejemplo citó el incumplimiento de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tres de las cuales se refieren a graves abusos contra las mujeres: el caso de feminicidio en Campo Algodonero en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dos casos de violación sexual ejercida por soldados contra indígenas tlapanecas en 2002, en Guerrero.
Explicó que hay una falta de voluntad política para cumplir con estas sentencias ya que, entre otras cosas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído los casos de violaciones de DH en los que los presuntos responsables son militares. "Eso no ha sucedido pese a que no se necesita infraestructura ni recursos económicos", criticó.
Alberto Herrera dijo que el estado de Chihuahua es una de las zonas más críticas para los DH de las mujeres por el fenómeno de la violencia y por la ineficiencia de las autoridades ministeriales y judiciales que no le hacen frente.
Mencionó que el asesinato de Marisela Escobedo en diciembre de 2010 es quizás el más representativo porque el Estado no respondió a su exigencia de justicia y tampoco la protegió.
Asimismo dijo que los casos que han llegado al sistema interamericano de DH no son los únicos en el país. Refirió que hay muchos otros que no han encontrado justicia, como el de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en 2006, en Atenco, quienes al no encontrar justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.
Durante su discurso, Herrera dijo que 2010 fue un año de promesas incumplidas. Desde aquella promesa del gobierno federal de instalar un mecanismo permanente de protección para periodistas y defensoras y defensores de DH en situación de riesgo, hasta la promesa de dar cumplimiento cabal a las cinco sentencias de la CoIDH.
Otros temas que destaca el informe 2011 de AI, son la falta de imparcialidad en los procesos jurídicos, los abusos perpetrados por las fuerzas armadas y policíacas, los ataques y amenazas contra periodistas y la libertad de expresión, y las violaciones, secuestros y asesinatos de personas migrantes.
"El recuento de abusos cometidos durante 2010 es sencillamente ensombrecedor", sentenció Herrera. Finalmente lamentó que las autoridades hayan fallado en su compromiso con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer de los DH una realidad.
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