¿De quién son las órdenes?

Abraham Nuncio

El Ejército sigue las órdenes del Presidente, dijo Rafael Rangel Sostmann, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (el Tec) en el curso de una entrevista con Carmen Aristegui durante su conocido programa radiofónico.

En esa entrevista, el rector Rangel Sostmann reconocía haber cometido el error de confiar en la versión del procurador de justicia de Nuevo León en el sentido de que durante una refriega con balas de grueso calibre y granadas entre criminales y militares, las bajas registradas no eran de estudiantes del Tec. Tal versión, de acuerdo con esto, le fue proporcionada al procurador por el Ejército. Al fuego cruzado siguieron las declaraciones cruzadas, pues el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmaba que la especie no había provenido del Ejército sino de la PGR. Hasta ese día no cesaron sus declaraciones precisando que los tres niveles de gobierno estaban debidamente coordinados en la lucha contra el crimen organizado.

Habla bien del rector Rangel Sostmann reconocer ese error agravado por el hecho de que buena parte de la comunidad del Tec conocía, en el momento mismo en que ocurrían los hechos sangrientos, el testimonio que transmitía uno de sus compañeros, Mauricio Santos, estudiante de Comunicación, a través del sistema Twitter. Entrevistado por El Norte (22/03/10) dijo: “Yo estaba junto a un policía del Tec… Él traía su radio, su frecuencia, entonces, se escuchó cuando el policía de la puerta de Luis Elizondo –la 19– estaba gritando: ‘No se dejan de tirar; los soldados (sic) no dejan de tirar’, y luego gritó: ‘Le acaban de dar a otro alumno.’”. A las 2:10 horas escribía desde su refugio: “¡Soldados adentro del Tec!!!”. “Una hora después, a las 3:31, el twittero del Tec completó su reporte… ‘Militares retiran radios a policías del Tec en momento del caos, justo cuando se informaba que habían herido a alumno (yo lo escuché).’”

En el Tec no existe lo que

pudiera considerarse una dirección estudiantil. Lo relativo a este renglón es manejado por una coordinación de asuntos estudiantiles siguiendo el modelo sindical de las empresas regiomontanas donde los dirigentes de los trabajadores son empleados a quienes designan los patrones para la gestión de los intereses de aquellos. ¿A los oídos de esa coordinación no llegó lo que era un secreto a voces entre los estudiantes? Y si llegó, como es de suponer, desde las primeras horas del día de la metralla, ¿no tendrían que haber avisado sus responsables al rector del campus Monterrey del ITESM, Alberto Bustani? De hecho, este funcionario afirmó que la primera información que recibió del personal de seguridad fue que las dos personas que resultaron heridas en el enfrentamiento no eran sicarios, sino estudiantes de esa institución. Pero tanto él como el rector general del Tec se quedaron con la parte tranquilizadora de la duda.

De lo que se trata, por lo que el panorama permite inferir, es no sólo de relevar a los militares de cualquier responsabilidad, sino de fortalecer su posición y con ello la del personaje que les da órdenes: Felipe Calderón. El vicerrector Bustani declaró que, al cabo, el guardia que reportó lo escuchado por Mauricio Santos no estaba seguro de que hubieran sido estudiantes los caídos. Organismos empresariales, el cardenal Francisco Robles Ortega, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y la dirección del PAN en el estado han asumido lo dicho por Ervey Cuéllar, presidente de Vertebra: “Deben seguir con todos sus operativos porque hoy por hoy es el único resultado positivo que tenemos (sic).” Horas después de la muerte de los dos estudiantes y, en otro rumbo de la ciudad, de una mujer a quien las balas militares también confundieron con una sicaria, unos 100 empresarios miembros del IPADE escucharon la conferencia dictada por el general Guillermo Moreno Serrano. Lo aplaudieron de pie y por más de un minuto. Recordé, involuntariamente, el filme de Michael Moore, Bowling for Columbine. En su entrevista con Carmen Aristegui, el rector Rangel Sostmann se mantuvo en esa línea: no nos queda sino el Ejército.

El tufo dictatorial y golpista que se respira en los espacios de los empresarios regiomontanos parece atravesar episodios como el que vivió el Tecnológico de Monterrey. Apenas unas semanas atrás, Dionisio Garza Medina, anterior presidente de Alfa, afirmó sin estremecerse: Luego a Pinochet lo critican. Sí, está bien, quién sabe a cuántos mató. Está muy mal, perfecto. Pero Pinochet dejó el carro afinado, de primer mundo.

Sin descartarla, Rangel Sostmann se ha mostrado remiso a realizar una protesta con cara de marcha. Él ya era rector cuando los estudiantes del Tec (la coordinación de asuntos estudiantiles) organizaron la Caravana de la Honestidad que remató frente a palacio de gobierno, donde les esperaba el discurso de Francisco Barrio Terrazas, entonces secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el gobierno de Vicente Fox. Fue un acarreo apenas disimulado. ¿Es válido marchar cuando se trata de una reverencia política, pero no tanto cuando se trata de exigir que se informe con veracidad?

Es cierto, el rector del Tec se ha pronunciado por ello y porque se reglamente la actuación del Ejército en las ciudades. Ha hablado de acciones a fondo. Creo que se pueden sugerir algunas. En primer lugar, que se aclare el asesinato –imprudencial o no– de las numerosas víctimas inocentes de una guerra que cada vez se torna más sucia e impune. A pocas horas de que cayeran los estudiantes del Tec, por ejemplo, fueron muertos en una refriega entre grupos criminales dos niños en Villa Cuauhtémoc, Veracruz. Acaso con una mayor prioridad, que se respete la Constitución, la cual no establece que el Ejército asuma funciones de policía. Y, en seguida, que las fuerzas armadas no dependan del mismo funcionario que hace las veces de jefe de Estado, de gobierno, del ministerio público, de la judicatura, del tesoro, de las entidades autónomas, de Pemex, de la CFE y del IFE; es decir, el Presidente de la República que sigue teniendo las facultades constitucionales y metaconstitucionales de siempre.

El presidencialismo mexicano está en plena crisis, de lo cual pocos se hacen cargo. Es hora de cambiarlo por un régimen más responsable donde el poder representativo tenga un mayor peso.

País en guerra

Enrique Calderón Alzati

Los hechos más recientes, de los cuales han dado parte los medios de comunicación nos indican que actualmente México, nuestro país, está en estado de guerra; las estadísticas publicadas sobrepasan más de mil muertes violentas relacionadas con acciones del crimen organizado o contra este, en lo que va de 2010, siendo superiores a las conocidas en torno a Irak y a Afganistán. Ello me llevó a escribir dos artículos recientes sobre la situación de violencia en la que estamos sumidos, a partir de la decisión del actual gobierno de realizar un ataque frontal contra el crimen organizado, cuya presencia ha crecido en forma inusitada durante décadas recientes, ante la permisividad de los sucesivos gobiernos que hemos padecido y la complicidad de algunos de sus altos funcionarios.

En el primero de estos artículos traté de explicar por qué la estrategia del gobierno actual me parece inadecuada, al combatir de manera violenta la cara visible de las organizaciones delictivas, en lugar de centrar las acciones en las causas que han propiciado su florecimiento, aunque ello resulte más complicado. En el segundo artículo hice manifiesto mi desacuerdo con la utilización del Ejército para resolver el problema, en virtud de los efectos negativos que conlleva su intervención en asuntos de carácter civil, al perturbar la estructura y las relaciones propias de la sociedad civil, pero también por el riesgo que implicaría el fracaso del Ejército en tal misión, al dejar al gobierno sin opción alguna, aparte de la capitulación o de solicitar la injerencia de organismos extranacionales, las cuales implican riesgos aun mayores para la integridad misma de la nación.

Los hechos más recientes revelan la presencia de nuevos problemas: la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que al abandonar su centro de estudios fueron acribillados por el fuego cruzado entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes, así como la tragedia de un matrimonio que viajaba en su auto por una vía pública de esa ciudad, cuando una bala mató a la esposa mientras circulaban por una avenida, indican con claridad que las policías federales y estatales cuentan ya con la autorización de disparar, sin tomar en cuenta el riesgo que implica para los ciudadanos que transitan por la vía pública, cualquiera que sea el lugar y la hora en que se encuentren con posibles delincuentes.

Este tipo de cosas sucede sólo cuando un Estado se encuentra en guerra con otro, y luego de una declaración formal de su gobierno, que entre otras cosas indica a sus ciudadanos del peligro al que la población toda esta expuesta; este no ha sido el caso en nuestro país, de manera que lo que estamos viviendo es ya un estado de excepción ilegal, inducido por las autoridades, sin que el Congreso de la República, ni los partidos políticos parezcan estar interesados en el problema. De no corregirse éste, estaremos viviendo la sensación generalizada de inseguridad, que puedo imaginar se vive ya en algunas partes del país; junto con una caída en las actividades económicas, no sólo por el riesgo que implica para los inversionistas, sino por el más directo a la integridad de las personas.

Por otra parte, uno de los últimos incidentes ocurridos en Ciudad Juárez es en el que perdieron la vida ciudadanos estadunidenses y empleados del consulado de Estados Unidos, produciendo una airada declaración del presidente de ese país, que ha tenido como consecuencia inmediata declaraciones y foros de análisis de los que se desprenden información también preocupante. Así, la declaración televisada de un ex alcalde de esa ciudad fronteriza, en la que hizo del conocimiento público la existencia, de tiempo atrás, de un grupo organizado de delincuentes llamados Los Aztecas, con alto grado de peligrosidad, que ha venido operando desde El Paso, Texas, con ramificaciones en México, sin que la policía de ese estado del país vecino haya mostrado interés de colaboración con las autoridades mexicanas en el combate a dicho grupo, le da al problema dimensiones internacionales.

Resulta así tan inexplicable que el gobierno estadunidense se declare sorprendido y disgustado por los acontecimientos recientes, tanto como que el gobierno mexicano no hubiese solicitado formalmente la intervención del primero, para enfrentar de manera conjunta ese problema en particular, tomando en cuenta su interés declarado de apoyar al gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

Un tema que no ha sido tocado por el gobierno mexicano, pero tampoco por el Congreso o los partidos políticos, no obstante la indudable importancia que tiene, es el referente al armamento con que cuentan los cárteles de la droga y sus sicarios, el cual, en buena parte, parece ser adquirido en Estados Unidos, e introducido a nuestro país de manera subrepticia e ilegal con el apoyo y encubrimiento de autoridades mexicanas.

Las leyes estadunidenses, consideran la venta de armas una actividad comercial como cualquier otra, siendo posible para un ciudadano estadunidense hacerse de una pistola o de un rifle con bastante facilidad; sin embargo, la utilización de ametralladoras, lanzacohetes y otras armas de alto poder supuestamente reservadas para usos militares por parte de las bandas criminales que operan en México, indica la existencia de irregularidades serias por parte de las autoridades estadunidenses. ¿Por qué razón el gobierno de México y el Congreso de la República han ignorado este hecho?

Cuando entendemos las dimensiones de la crisis nacional en la que estamos inmersos, debemos preguntarnos cómo entramos en ella y en torno a qué debemos organizarnos para enfrentarla.

Visas y soberanía

Editorial La Jornada...

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer una serie de medidas orientadas –según dijo– a incentivar la llegada de turistas a México, entre las que se incluye una nueva regulación en materia migratoria, elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración: los ciudadanos extranjeros que requieran de visa para ingresar a nuestro país podrían omitir dicho trámite, siempre y cuando cuenten con el mismo documento emitido por Estados Unidos. Adicionalmente, el gobernante planteó permitir el ingreso al territorio nacional de los visitantes que vengan en vuelos registrados y ya autorizados en aeropuertos de Estados Unidos (...) sin requerirles más que el pasaporte

Aunque el propio político michoacano advirtió que los mecanismos señalados no se orientarán a una sola nación –Estados Unidos, en este caso–, sino que se harán extensivos a países que tienen convenios y certificados de alta seguridad que sean avalados por autoridades mexicanas, es inevitable percibir en aquéllos una claudicación de elementos esenciales de la soberanía nacional: la facultad de proteger las fronteras, de organizar el desplazamiento de los visitantes en el territorio nacional y establecer mecanismos de seguridad y control para el ingreso de extranjeros en el país.

Lo anterior no es una mera suposición: el propio Felipe Calderón reconoció ayer que la imposición de muchas de las medidas actuales de control migratorio en México obedecen a la seguridad de Estados Unidos. Ahora, la percepción de que la política exterior y las reglas migratorias vigentes aquí obedecen en buena medida a los designios e intereses de Washington se refuerza, pues según puede verse –y en política, forma es fondo–, la administración calderonista está dispuesta incluso a delegar en el gobierno de ese país la decisión y el control sobre quién ingresa y quién no al territorio nacional.

Por añadidura, y si se toma en cuenta que los controles al arribo de extranjeros no sólo están relacionados con el ámbito turístico, sino también –y ante todo– con los terrenos de la seguridad pública y nacional, el anuncio que se comenta reaviva los temores –suscitados a raíz de la visita reciente de los más altos mandos de la diplomacia, la seguridad, la defensa y el espionaje de Washington– de una escalada injerencista por parte de las autoridades estadunidenses en esos aspectos. Cabe preguntarse si la disposición anunciada por Calderón tiene algo que ver con la presencia de esos funcionarios en México, o si se trata simplemente de una desafortunada coincidencia y de un mal manejo de los tiempos y las formas por parte del gobierno federal.

En suma, si lo que se quiere es incentivar el desarrollo turístico de la nación –lo cual es, en principio, deseable y plausible–, el actual gobierno tendría que valerse de mecanismos distintos, más eficaces y menos nocivos para la soberanía, que los referidos.