Asistieron al foro legisladores, dirigentes sindicales, funcionarios, especialistas y trabajadores de base de diversos gremios; fue un diálogo fuerte, pero necesario. Destacó la presencia del recién nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el abogado Ramón Montaño Cuadra. La reflexión colectiva se sustentó en varias premisas, entre otras que un gobierno como el de la ciudad de México, que pretende implementar una política progresista, debe promover prácticas laborales sustentadas en un auténtico desarrollo productivo con justicia social y respeto a la legalidad, contrastante con las seguidas por los gobiernos federal y de otras entidades; la diferencia debe notarse en hechos concretos y no sólo en pronunciamientos. Se reconoció que la concentración de centros productivos y de servicios en el Distrito Federal, así como el crecimiento del trabajo informal, obligan a una política laboral vigorosa y activa; ello depende de varios factores, entre otros, de la política presupuestal dictada por la propia Asamblea Legislativa.
En este acto fueron planteadas tres dimensiones de la política laboral: la primera, relacionada con el Gobierno del Distrito Federal como patrón y de la propia Asamblea Legislativa en el espacio de sus atribuciones; la segunda, en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como órgano de justicia, y la tercera, vinculada con la política laboral en general, incluyendo la llamada justicia administrativa laboral
dependiente de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. La intención fue subrayar las limitaciones existentes, con una finalidad propositiva.
En relación con el primer punto, se cuestionó la política salarial del Gobierno del Distrito Federal y se enfatizó la necesidad de ser congruentes con un discurso que plantea la recuperación del poder adquisitivo y la exigencia de que los incrementos superen la inflación oficial, tal como se ha aplicado en el pasado, cuando se fijaban los salarios sobre la base de inflación más dos puntos. Se sugirió la necesidad de recuperar el servicio civil de carrera no sólo limitado a los llamados empleados de confianza, sino también a los trabajadores de base, para rescatarlos de su letargo que combina bajo salario con precario desempeño y rigidez en algunas condiciones de trabajo. Se hizo énfasis en la urgencia de revisar la política de contratación bajo la modalidad de honorarios, que priva a los empleados de los derechos más elementales, incluyendo la seguridad social. El gobierno debe dar un ejemplo de respeto a la ley laboral y a los principios de estabilidad y protección al trabajo que la misma señala. En este capítulo, se hizo notar que la Asamblea Legislativa ha descuidado en su prioridad presupuestal los recursos para superar la condición de estos auténticos trabajadores indocumentados.
Por lo que se refiere al desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se confirmaron sus limitaciones. El número de juicios que atiende ha crecido en grandes proporciones, no así la capacidad para resolverlos, provocando que la justicia sea cada vez más lenta e ineficiente. En materia colectiva, se reproducen muchos de los vicios que se critican en el ámbito federal, relacionados con registros sindicales, tomas de nota y titularidades en un escenario caracterizado por los contratos de protección patronal. Fueron denunciadas de manera dramática las dificultades para desahogar los juicios de titularidad contractual y se subrayó la presencia de grupos violentos en las propias instalaciones del tribunal, actuando a la vista de todos. Se hizo énfasis en la necesidad de tomar medidas de seguridad e implementar estrategias de inteligencia para inhibir estas crecientes conductas delictivas que ponen en riesgo no sólo a los trabajadores, sino también a litigantes, pequeños y medianos empresarios y al personal de la junta. Nuevamente salieron a relucir, como eje transversal del foro, las limitaciones presupuestales.
Respecto al tercer punto, se confirmó que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal cumple parcialmente sus funciones, ya que se dedica sobre todo al tema cooperativo y al seguimiento de programas de apoyo al empleo. Esta limitación inhibe su gigantesco potencial para convertirse en un promotor de planes y proyectos sustanciales, tales como la concertación entre empresarios y trabajadores en ramas de industria urgidas de protección, entre ellas la construcción, el mantenimiento y limpieza, el comercio y los servicios, en general, en donde se carece de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en perjuicio de los empleados. Funciones que deberían ser centrales como la inspección laboral son casi inexistentes y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se limita al litigio menor de asuntos individuales con un claro enfoque indemnizatorio, ausente de una defensa integral ante prácticas viciosas en la ciudad, como son las renuncias en blanco, la subcontratación fraudulenta y el incumplimiento de normas laborales fundamentales.
Una propuesta que destacó en el foro fue la necesidad de dar continuidad a una evaluación periódica del tema y a la creación de un observatorio permanente, integrado por diputados, especialistas, trabajadores y empresarios que den seguimiento a estas áreas de la política laboral, apoyado en convenios interinstitucionales y en la más amplia participación ciudadana. Urge que las propuestas del foro se vuelvan una realidad.
A pesar de que todavía no puede realizarse una evaluación definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problemáticos. Sin embargo, haciendo un balance de las reformas aprobadas, se reitera que hay aspectos regresivos, como el arraigo, la prisión preventiva automática para ciertos delitos y la creación de un régimen de excepción para quienes son considerados previamente como miembros de la delincuencia organizada. Elementos que debilitan la aplicación del principio de presunción de inocencia, ausente hoy de la práctica judicial. El desconocimiento de la presunción de inocencia ha estado presente en dos casos paradigmáticos analizados en el estudio del Prodh: los de Jacinta Francisco Marcial e Isabel Almaraz, mujeres indígenas cuyos procesos estuvieron plagados de irregularidades. En ellos ha sido además evidente que el sistema de justicia profundiza a lo largo de todo el proceso penal la discriminación existente en la sociedad, siendo una de las más visibles la que ocurre por razón de condiciones como el género o la pertenencia étnica. En continuidad con la sistematización de los abusos cometidos por militares desde que se iniciaron los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en el actual sexenio, el Centro Pro actualiza las cifras que presentó en su informe Comandante Supremo en 2009. A partir de los datos se constata el aumento del número de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en las regiones donde hay mayor presencia castrense, sea por los operativos contra la delincuencia organizada, sea por las actividades de contrainsurgencia encargadas al mismo tiempo a las fuerzas armadas. Nuevamente la impunidad es constante en este campo, favorecida sobre todo por la extensión indebida del fuero militar para tratar asuntos que no están vinculados con la disciplina militar.
El asunto ha sido ampliamente debatido, y al gobierno mexicano se le ha recomendado internacionalmente, incluso se le ha ordenado mediante una sentencia, ajustar la legislación a los estándares internacionales en la materia. Es decir, restringir el fuero militar, para que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos sean vistos por la justicia civil. Como las instancias nacionales no han sido eficientes, lo que ha sido debidamente documentado por las organizaciones civiles –entre ellas el Prodh, a través de la exigencia de justicia en casos como el de las mujeres de Atenco, en el que no fueron eficientes ni las instancias del estado de México ni la Fiscalía sobre Violencia contra las Mujeres–, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos se ha recurrido con mayor frecuencia a instancias internacionales. Ha habido por ello una sostenida participación de la sociedad civil en esas instancias. El año pasado participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos días en la 98 sesión del Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto valdrá la pena tener puesta la mirada en casos que serán tratados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
El Centro Pro retoma también un tema de creciente preocupación: la situación de los defensores de los derechos humanos. En su informe constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas son amenazados, sino también quienes en las circunstancias actuales ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de autoridad. Esta situación amenaza no sólo a los defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad. A esta amenaza se agrega el uso del sistema de justicia para castigar a quienes exigen derechos. En el informe se abordan también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del derecho a una vivienda digna, frecuentemente vulnerado por la política del gobierno al respecto y la mala calidad de las casas edificadas por empresas constructoras. El mismo derecho se ve violentado cuando se desplaza a pobladores de localidades afectadas por la construcción de megaproyectos, cuyo beneficio para la sociedad es dudoso. Todo lo cual obliga a la sociedad a mantener en alto la defensa y promoción de los derechos humanos, antes de que sea demasiado tarde.
En Comitán estudié la secundaria y luego el bachillerato, la vida era tranquila y transcurría para mi familia y para mí sin problemas, hasta el alzamiento de los zapatistas, la llegada del Ejército cambió totalmente las cosas, el sentimiento dominante era de miedo, sin saber exactamente a qué. Mis padres no nos dejaban salir por miedo a que alguna patrulla del Ejército nos detuviese y pudiéramos tener problemas, algunas personas comenzaron a comentar el riesgo que tenían las mujeres jóvenes de salir a la calle y ser vistas por los militares. Se comentaban detenciones de personas a las que se les involucraba con los zapatistas por alguna simple sospecha, la gente en general prefería eludir el tema en sus conversaciones; luego de vivir un tiempo en aquellas condiciones mis padres decidieron regresar a México, yo ya no seguí estudiando, preferí trabajar pues la vida era mucho más difícil en la capital.
Aquella no era una historia trágica, como muchas otras que ocurrieron seguramente, pero me hizo pensar en lo que implica la ocupación militar en una región para los habitantes de ésta. Los soldados, con un nivel de preparación muy básico, y con características naturales de inmadurez fácilmente entendibles, constituyen riesgos sociales para la población civil de las regiones donde operan. Las posibilidades de perturbar los tejidos sociales han constituido una de las grandes tragedias asociadas a la guerra, por ello la utilización del Ejército como instrumento para combatir los niveles de delincuencia que existen en diversas ciudades y regiones del país ha constituido una muestra de la desesperación del gobierno ante su propia incapacidad, o bien un acto de irresponsabilidad suprema. Me atrevo a pensar que es un poco de las dos cosas.
De muchos años atrás, la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez ha sido un hecho conocido y a la vez ignorado por las autoridades locales, estatales y regionales. La existencia de organizaciones criminales que han operado en ella, con el encubrimiento de algunas de esas autoridades, no ha sido ajena al problema hoy desbordado y fuera de control. La decisión del actual gobierno de enfrentarlo mediante la ocupación de Ciudad Juárez con tropas del Ejército, estableciendo de facto un escenario de guerra que hoy se extiende a otras ciudades y regiones del país, ha constituido una medida arbitraria, torpe y desafortunada, que entre otras cosas ha dejado al propio gobierno metido en una trampa, para la cual me temo que no tiene salida.
Para la población de Ciudad Juárez y de las otras urbes ocupadas del país, la presencia del Ejército no ha traído efectos visibles en el abatimiento de la delincuencia; por el contrario, las cifras de asesinatos y actos de barbarie aumentan día con día y entre las noticias difundidas por los medios de comunicación resalta el número creciente de ex policías y ex militares vinculados a los grupos delictivos; las narraciones valientes de profesionistas y comerciantes amenazados de muerte por los delincuentes, con objeto de obligarles a pagar cuotas de protección, hablan claro del nivel al que están llegando las cosas, la imposibilidad de los jóvenes de reunirse como suele hacerse en todas partes, ante el miedo de ser víctimas de hampones y luego de autoridades corruptas, constituyen el único resultado claro y directo de las acciones instrumentadas por el gobierno.
Para las regiones del país alejadas de estos escenarios y menos contaminadas por la delincuencia, las estadísticas de la violencia ligada al narcotráfico se han convertido en parte de una realidad cotidiana, ante la cual parecemos ser más insensibles cada día, una especie de autodefensa o de aceptación de una realidad ante la cual nada podemos hacer, una especie de sopor que nos permite escuchar, sin perturbación alguna, la aparición de 20 cuerpos descabezados, sin preocuparnos en preguntar el porqué de su muerte, igual que la de algún hombre o mujer cuyo cuerpo aparece luego de semanas de su secuestro, hasta que una tragedia cercana nos sacude, o la difusión de un caso de interés para la televisión se convierte en tema de conversación. ¿Cuánta violencia más estamos dispuestos a seguir aceptando? ¿Acaso no es esto un síntoma de que algo esta mal y muy mal en nuestro país y en nosotros mismos?
Lo desafortunado del caso es que esa situación está configurando una imagen de violencia e inseguridad, comparable sólo a la de países en franco estado de guerra como Irak o Afganistán, lo cual puede dar lugar a una secuela de consecuencias económicas que serán cada día más graves, incluyendo la salida de capitales y la renuencia a invertir en un país dominado por la violencia, mientras la población juarense, al igual que la de otras ciudades, vive días de angustia y desolación en medio de una guerra a la que son ajenos, sin saber cuándo, ni cómo, los problemas serán superados.
Quizás es todo esto lo que ha llevado a algunos analistas a decir que es Juárez el tema que decidirá la suerte del actual gobierno; en realidad la afirmación tiene sentido, como lo tiene también el desprecio que parece generalizarse en torno al Presidente y a su decisión, de crear estos escenarios de guerra que parecen constituir el único objetivo de su gestión.
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