martes, marzo 30, 2010


Sonido y furia

Pedro Miguel

No hablen mal de México, pide Felipe Calderón a sus desgobernados, como si éstos tuvieran por afición principal denostar al país en el extranjero y en el propio territorio nacional; como si hubiera una consigna generalizada de negar el carácter solidario, laborioso, generoso y cívico de esta población; como si tuviéramos por norma criticar los rasgos distintivos del país al que pertenecemos. No: en México confluyen, en proporciones similares a las de cualquier otra nación, tendencias chovinistas e inclinaciones malinchistas, y en medio de ellas hay un vasto entorno de realismo sensato y equilibrado.

Lo que Calderón pide entre líneas es que no se hable de la espantosa violencia que su desgobierno ha provocado, de la brutalidad de una crisis económica que habría podido ser atenuada mediante acciones oportunas y previsoras, de la colosal corrupción en que naufragan las instituciones públicas, de la desigualdad exponenciada desde las oficinas públicas, del esplendor de los poderes fácticos –que son los reales representados por el calderonato– y de las pulsiones policiales, autoritarias y represivas de una administración cercada en su propia ilegitimidad. Reducido a su implicación última, el significado del exhorto es no hablen mal de mí. Y qué corolario inevitable: en la psique calderónica ha fraguado algo más desproporcionado que el delirio de Luis XIV, quien gobernó bajo la divisa El Estado soy yo. Vayamos más lejos, total, qué tanto es tantito: El país soy yo.

No es la única proyección notable en las declaraciones de los últimos días. El único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, es el Estado mexicano, exclamó la semana pasada en uno de esos encuentros de escenografía, en alusión a que los criminales se han adueñado de muchas localidades. Que a nadie se le ocurra hablar del principio del Municipio Libre enunciado en el artículo 115 de la Constitución, y menos aún colocar en su orientación correcta una frase que está de cabeza, porque, en lógica republicana, el único dueño del Estado mexicano (si es que cabe hablar de propiedad) es el pueblo.

Siguen las perlas: la bola de maleantes, que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía, expresión que recuerda –es una mera asociación libre de ideas– al grupo oligárquico de empresarios, políticos y dueños de medios informativos que pusieron en la presidencia al propio Calderón, con la candorosa creencia de que éste les garantizaría el orden de la mano firme para que, en santa paz, pudieran llevar a cabo sus tareas de depredación. Y miren nada más.

La del domingo era, hasta ayer, insuperable: “Déjeme decirle –le dijo a un corresponsal de CNN sin que éste se lo impidiera–: acabar con las drogas es imposible”. Y ante una conclusión tan descorazonadora, no queda más remedio que hacer cumplir a rajatabla con un par de artículos del Código Penal, con el inconveniente de que, en ese empeño, se está violentando en forma masiva muchos más preceptos de ese mismo código y numerosos artículos de la Carta Magna.

Mientras el administrador de los intereses oligárquicos busca nuevas formas para complicar su propio extravío, el paroxismo de las violencias –no es una sino tres, o bien son más, pero ya ni sabemos cuántas– sigue cobrando vidas. Lo bueno es que, como dice Calderón, “el 90 por ciento de esos homicidios tan violentos tiene que ver con la lucha entre los cárteles”, o sea que no hay bronca y que nadie se preocupe.

¿Quién o qué puede sacar a la sociedad de esta pesadilla? –A estas alturas, ni los cascos azules. Sólo la propia sociedad, organizada, puede poner fin a la sangrienta insensatez. En Ciudad Juárez ya despunta. Como está visto, fuera de la movilización social cívica y pacífica no hay más que sonido y furia.


El norte, fuera de control

Editorial La Jornada....

La masacre de 10 niños y jóvenes perpetrada antier en el municipio duranguense de Pueblo Nuevo es el más reciente episodio de los fenómenos de violencia y descontrol que han cundido en la franja norte del país con una velocidad escalofriante. Los combates y las masacres ocurren, con días u horas de diferencia, en un amplio arco territorial que va de Sinaloa a Tamaulipas, pasando por Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y dejan al descubierto la extrema debilidad –si no es que la ausencia– de los poderes federales, estatales y municipales.

La carencia de autoridades funcionales no sólo se evidencia en el accionar impune de grupos armados que masacran a decenas de jóvenes en Ciudad Juárez, Torreón o Durango, que paralizan Monterrey y sus zonas conurbadas y que, según los reportes gubernamentales, lanzan acciones ofensivas contra unidades de las fuerzas armadas; el vacío de poder también se pone de manifiesto en la confusión y la impunidad que suelen suceder a atropellos de las fuerzas del orden –civiles y militares– contra la población y la proliferación de violaciones graves a los derechos humanos.

Así ha ocurrido, entre otros casos, con los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) muertos, a decir del gobierno, en una balacera entre efectivos del Ejército y presuntos sicarios, en un hecho trágico que ha dado pie a versiones incoherentes de las autoridades, así como a sospechas de que los jóvenes pudieron ser asesinados por los uniformados. Igualmente grave es el homicidio de un presunto narcomenudista, detenido la semana pasada por efectivos de la Marina en Santa Catarina, y hallado muerto un día después en un baldío de San Nicolás de los Garza.

Otro ejemplo del desgobierno es el desparpajo con que el presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, ha anunciado acciones fuera de la ley para, supuestamente, combatir a los grupos delictivos en su demarcación, y su admisión posterior de que ha mantenido contactos institucionales con presuntos delincuentes. La tolerancia del gobierno federal para con este funcionario contrasta con la dureza injustificada con que el año pasado se detuvo e incomunicó a varios alcaldes de Michoacán a los que se acusó, sin sustento, de mantener vínculos con la delincuencia organizada; no puede eludirse el hecho de que mientras Fernández es miembro de Acción Nacional, sus homólogos michoacanos son de militancia perredista, lo que denota una doble moral contraria al más elemental sentido republicano.

La doble moral también ha proliferado, según puede verse, en los medios y en la sociedad. Mientras que las muertes de los estudiantes del Tec, el pasado viernes 19, han generado una gran masa informativa, movilizaciones y expresiones de repudio, sin duda compartibles, otros homicidios de inocentes ocurridos ese mismo día pasaron prácticamente inadvertidos: el de una mujer que murió en el fuego cruzado de una balacera en Monterrey y los de seis campesinos sinaloenses ultimados en el municipio de Elota. No puede haber raseros distintos para hechos similares.

En otro sentido, el más reciente asesinato masivo de inocentes, ocurrido en Durango, se inscribe en un patrón alarmante de ataques contra jóvenes y estudiantes del todo ajenos a los conflictos generados por la delincuencia, así como por las erráticas y equívocas respuestas de las autoridades. Es positivo que el gobierno federal haya depuesto su tendencia a acusar en automático a esa clase de víctimas –40 jóvenes en lo que va de 2010, según mandos militares citados en la edición de este diario del pasado domingo– de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Pero no bastan el silencio ni los pésames oficiales; dos de las responsabilidades básicas del Estado –garantizar la vida y la integridad física de la población y procurar justicia– son incumplidas en forma cada vez más frecuente en diversas zonas del país, y esas omisiones aceleran la descomposición institucional y la fractura creciente entre las autoridades y la sociedad afectada.


Fuego cruzado
Marco Rascón


Así vive el país. El fuego cruzado hace una enorme telaraña que lo paraliza y envenena. Es la lucha de todos contra todos; no es una sola guerra, sino muchas, y la mejor manera de vivir es teniendo un enemigo real o inventado a quién responsabilizar de todo.

Bajo el fuego cruzado caen jóvenes como los de Ciudad Juárez, Monterrey y Durango, pero también sucumben al fuego partidario del pragmatismo los que votarán en Oaxaca, Veracruz, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y el estado de México. El fuego cruzado de la polarización política, los insultos que esquizofrénicamente luego se convierten en alianzas, aleja a la ciudadanía de la política y el voto se hace tan peligroso como las balas, pues favorece gobiernos sin rostro, encapuchados, que ocultan intereses cuestionables.

Fuego cruzado hay internamente en el gobierno federal. Fuego cruzado entre gobernadores y de éstos con la Federación. En unos estados se mata; en otros se tira a los muertos. Cada quien reparte culpas y promueve acuerdos secretos. Cada gobernador se considera el mejor precandidato a la Presidencia de la República.

Cada elección es un campo de batalla en la guerra por 2012 para seguir exactamente igual o peor, pues no hay un solo conflicto que represente la solución de problemas, sino la disputa por el erario y el control de las clientelas. La ciudadanía en todo el país está bajo el fuego cruzado de los que han hecho del conflicto de poder el mejor negocio.

En las Cámaras el fuego cruzado es intenso. Toda iniciativa debe ser acribillada. Los que hacen una propuesta, mejor se atrincheran y en su momento las abandonan a cambio de otros acuerdos y prebendas. Ahí todos los insultos son balas de salva, ya que no apuntan a la construcción de acuerdos democráticos, sino de complicidades.

Lo que fue el concepto de equilibrio –separación de poderes– es ahora enfrentamiento y fuego cruzado intenso entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, debilitado y fallido, ha perdido toda credibilidad, pensando con ingenuidad que con mensajes diarios puede convencer, cuando día con día el país de sus guerras es cada vez más confuso. Su gran derrota se manifiesta cuando los ciudadanos, a quienes dice proteger, piden que salga el Ejército de sus ciudades y lo hacen responsable central de las víctimas del fuego cruzado.

El fuego cruzado entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador terminó tres años después en la alianza PAN-PRD. Ellos afirman que sus fuerzas se han independizado de ellos y que son autónomas, pero lo cierto es que sus ejércitos se fueron y pactaron la paz en completo desorden: a veces con el PRI y otras con sus adversarios acérrimos. La verdad es que aquel fuego cruzado intenso de 2006 acabó sin pena ni gloria en 2009.

En el juego (ya no fuego) cruzado de las alianzas se alían en un estado y se dividen en otro para perder, como en Zacatecas. Cada elección y cada fuerza política local es un microcosmos lleno de ironías e incongruencias. Lo trágico es que no es sólo palabrería, sino que luego se desata la violencia verdadera: oscura, pero segura.

Pocos son los lugares o instancias donde no hay fuego cruzado. Las atrocidades, como son las ejecuciones extrajudiciales, son apenas un parte de guerra, donde la violencia oficial tiene permiso y los derechos humanos son sumisos. Gracias al fuego cruzado ha ido ganando la visión de un Estado autoritario, que avanza sin dificultades ante el miedo y la incertidumbre. Estamos de regreso: en la guerra sucia, salvadora de la patria, que de nuevo muchos aplauden.

En el fondo, el fuego cruzado de todos contra todos es una derrota de la política, porque revela la falta de integridad de los discursos, y el país que fue construido bajo el lema de la modernidad, el viejo país, fue sustituido por uno disfuncional, vacío, sin rumbo.

La guerra presidencial contra el crimen organizado le dio estatus de Ejército a la delincuencia y una guerra chiquita se hizo grande. El narcomenudeo surgió cuando los grandes dueños del negocio decidieron que hubiera droga y que se quedara aquí; que ya no fuera sólo por los cielos, donde había señores con aviones, sino que se movieran por los pequeños caminos y los pueblos productores de inmigrantes.

Se imitó la política de George W. Bush contra el terror y con la guerra: someter los impulsos de cambio democrático del país a la mediocridad, la nota roja y la decadencia oligárquica. Los medios hoy se someten a las versiones del oficialismo.

Lo peor es que el fuego cruzado general no es parte de un caos, sino un proyecto que conduce al país a su debilitamiento para ser devorado. El fuego cruzado es ya un concepto nacional, y en medio queda una gran incertidumbre hecha masa desorganizada, perpleja, sometida, que sólo existe y sobrevive por inercia, pues los que disparan piensan en un país del tamaño de sus intereses, monopolios, protectorados, y en aplicar la ley, violando la ley.


Morir en el Tec

Javier Flores


En una nota fechada el 19 de marzo de 2010 por la agencia Notimex, se señala: Elementos del Ejército se enfrentaron esta madrugada a balazos con un grupo de personas armadas en las inmediaciones del campus del Tecnológico de Monterrey, con saldo de dos delincuentes muertos.

Cinco días después, una de las víctimas, Javier Francisco Arredondo Verdugo, de apenas 24 años, recibía un homenaje de cuerpo presente en el patio de la modesta escuela secundaria Educadores de Baja California, en el poblado de Todos Santos, en esa entidad, en la que había estudiado 10 años atrás. Después, el féretro fue trasladado al cementerio municipal. De acuerdo con la nota de Paula Montero, reportera del diario Tribuna, de Los Cabos, el padre del estudiante asesinado, el señor Javier Arredondo, agradeció a quienes lo acompañaban a él y a su familia en el dolor más grande de su vida y se disculpó por la ausencia de su esposa, la señora Aidé Verdugo, quien no pudo acudir al cementerio por sentirse muy mal.

El dolor fue compartido en Coahuila por los padres de Jorge Antonio Mercado Alonso, otra de las víctimas de la balacera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Jorge, de 23 años, fue sepultado en el panteón Santo Cristo, en Saltillo, ciudad en la que había realizado sus estudios antes de trasladarse a Nuevo León para cursar la maestría. De acuerdo con la nota de Paola A. Praga, del rotativo Zócalo Saltillo, su madre, la señora Rosa Elvia Alonso, agradeció a Jorge y a Dios los 23 años de vida que le regalaron.

Antes de la tragedia que les arrebató la vida y enlutó a sus familias, los dos jóvenes coincidieron en Saltillo, en el Instituto Tecnológico de esa entidad –institución pública cuyo lema es La técnica por la grandeza de México–, en la que ambos realizaron la carrera de ingeniería mecatrónica, disciplina en la que se combinan la mecánica, la electrónica y la informática. Los dos fueron estudiantes sobresalientes, al grado de que a Javier Francisco se le otorgó un reconocimiento especial en 2008 por haber logrado el mejor promedio de su generación.

Al concluir sus estudios en Saltillo, buscaron emigrar para ensanchar sus horizontes profesionales. Así llegaron por separado a Nuevo León, atraídos por el prestigio del ITESM. Como los costos de una institución privada son elevados, lograron llenar los requisitos para obtener una beca de excelencia, que cubre 95 por ciento de los gastos del posgrado. De esta manera Jorge ingresó a la maestría en sistemas de manufacturas que antes de su muerte estaba por concluir, mientras Javier Francisco apenas comenzaba el doctorado en Ciencias de la Ingeniería.

Jorge formaba parte de un grupo de investigación en el Tec que venía trabajando en un proyecto muy interesante para el desarrollo de un vehículo híbrido, un prototipo de automóvil movido por energía solar como alternativa para el remplazo de los autos de gasolina. Por su parte, Javier Francisco estaba en la etapa de definición de su proyecto de doctorado, que se ubicaba en el campo de las manufacturas robotizadas, una de las áreas más promisorias para incrementar el valor agregado en la producción industrial.

Además de las actividades en el laboratorio, el trabajo en la biblioteca es una parte esencial en los estudios de posgrado. La noche del miércoles 18 de marzo su estancia en las instalaciones bibliotecarias se prolongó hasta la madrugada del jueves. Al salir y dirigirse a sus habitaciones, dentro del propio campus universitario, fueron sorprendidos por ráfagas de metralla, y así los sueños de dos jóvenes tecnólogos mexicanos murieron con ellos, produciendo un dolor inimaginable en sus familias y el pesar e incertidumbre en sus compañeros y amigos en el ITESM y en todos los mexicanos.

Jorge Antonio y Javier Francisco fueron vilmente asesinados. Las balas que acabaron con sus vidas presumiblemente provinieron de las armas del Ejército Mexicano. Sus cuerpos fueron levantados y maltratados al grado de dejarlos casi irreconocibles. Sus pertenencias desaparecieron y se pretendió adjudicarles una identidad distinta, la de delincuentes armados, como se asentó en las primeras notas informativas… En honor a ellos y a sus familias es necesario limpiar sus nombres.

El asesinato de estos estudiantes ha indignado sin distinción a las comunidades de las universidades tanto públicas como privadas. Son víctimas de la guerra absurda que libra el gobierno contra el narcotráfico y que seguirá cobrando vidas inocentes si los mexicanos no logramos detenerla.

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