domingo, diciembre 11, 2011

Cinco años de operativos militares


Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre


Instalado como estuvo toda la semana en el discurso del narcotráfico y los procesos electorales, Felipe Calderón no sólo suscitó reacciones de actores políticos que le exigieron trascender la retórica, sino que le fue imposible eludir la presentación de juicios al cumplirse cinco años del programa eje de su gobierno, el de la seguridad pública que arrancó un día como hoy con el Operativo Conjunto Michoacán.

El primer empleado de la nación produjo un inaceptable: "Lamento profundamente que ninguno de los tres órdenes de gobierno hayamos sido capaces de contener esta escalada de agresión y de violencia en contra de activistas, de periodistas y también de candidatos y autoridades constitucionales", justamente en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. Éstos se ejercen frente a las autoridades públicas y son éstas las únicas con capacidad para violarlos y no tienen porque ser las premiadoras.

Inaceptable porque los gobernantes están para prevenir y, de ser posible, evitar los hechos que condenan. Forma parte de la antología de la frivolidad que gobernadores como el nuevoleonés Rodrigo Moya –quien presuntamente radica en McAllen, Texas–, llegara al extremo de convocar una marcha para "exigir seguridad pública".

Inaceptable después de que 63 defensores de los derechos humanos asesinados –de acuerdo al recuento de Nancy Flores en el perseguido semanario Contralínea–, en lo que va del sexenio más sangriento en la historia posrevolucionaria; y más de 75 colegas asesinados en los últimos 11 años, lo que convierte a México en el país más inseguro de la aldea para ejercer el periodismo, después del aún invadido Irak.

Estigmatizado de por vida por la tragedia humanitaria que constituye más de 55 mil muertos –entre y 10 y 12 por ciento son "daños colaterales", de acuerdo a cifras oficiales, o asesinados ajenos a las confrontaciones–, 10 mil desaparecidos y entre 140 mil y más de un millón de desplazados de sus hogares y poblaciones, el general de cinco estrellas jura que su gobierno "está comprometido con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas".

Con los excesos demagógicos que se acentúan conforme se acerca la fecha de la partida de Los Pinos, hecho que millones de ciudadanos apartidistas esperan con ansia, presentó un programa sobre derechos humanos que contempla "siete grandes frentes" entre los que destacan: "la protección efectiva de candidatos y activistas de los procesos electorales", además de los activistas del derecho humanitario y los periodistas, capacitar más y mejor al Ejército y la Marina para que no violen garantías individuales, recurrente práctica en la que al fin reconoce lo obvio el comandante supremo: "No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque ellos están entrenados para la pelea". ¡Ah!

Pero no da su brazo a torcer al insistir que "son casos que más bien constituyen la excepción y no la regla". Y por ello, Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia, le hace segunda a su jefe y desdeña la denuncia, "absolutamente improcedente", presentada por decenas de miles de ciudadanos ante la Corte Penal Internacional.

Lo significativo es lo que el abogado, economista y administrador público denominó "instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaria de la Defensa Nacional y de Marina", para que en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las fuerzas armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles". Decisión pertinente que constituye el acatamiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte.

Acuse de recibo

Para Norma Falcón Ruiz "No debe preocupar (…) Que los compromisos contraídos con anterioridad con los grupos de poder, se deban externar públicamente en los discursos, porque de lo contrario, no se opera con legalidad, transparencia, objetividad, ni honestidad alguna (…)". La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que tanto Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado el 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora, como Norma Andrade, herida con arma de fuego el 2 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, "se habían destacado por haber transformado el dolor por la desaparición y asesinato de su hijo e hija respectivamente, en causa de vida en favor de la justica y la promoción de los derechos humanos"... La Red de Defensa de los Derecho Humanos, de la capital poblana, inscribe "el asesinato de la actriz Julia Marichal (…) en el contexto de la supuesta 'guerra' contra las drogas", con lo que suman 63 las víctimas mortales promotoras de las garantías individuales... El día 9 falleció Joaquín Prócoro Gómez Trujillo, obrero que operó la antigua prensa plana en la que se hicieron los periódicos La Voz de México y Oposición, desde los años 50 y hasta 1981, en que desapareció el Partido Comunista Mexicano.

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21 entidades ocultan deuda por 48 mil MDP

Veintiún entidades federativas han ocultado su endeudamiento por más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La deuda total de los estados supera los 360 mil millones de pesos y pone en riesgo las finanzas públicas, alerta la Auditoría Superior. Los pasivos más importantes los concentran el Gobierno del Distrito Federal, del perredista Marcelo Ebrard, y la pasada administración del priísta Enrique Peña Nieto, en el Estado de México: más de 95 mil millones, que equivalen al 26.3 por ciento del total


El Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México, administrado hasta el 15 de septiembre pasado por el precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades federativas más endeudadas del país, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los 95 mil millones de pesos.
En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las 21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315 mil 18 millones 300 mil.
"De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones en ingresos federales", detalla el Análisis.
En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado, la Auditoría Superior observa que "el riesgo ni siquiera se puede determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones".
El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que "la deuda de los estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan tasas muy altas".
Pero los adeudos que dejó el exlíder nacional del PRI en Coahuila no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200 millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.
Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil 973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300 mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.

Más deuda

Los pasivos por contratación de empréstitos de esas administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.
Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de noviembre, Standard & Poor's dio a conocer que le asignó calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un crédito de hasta 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831, constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.
En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones fueron contratados con documentación falsa.
Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del ocultamiento de la deuda "está en ambos frentes: por una parte, cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos de control y regular con mayor claridad la información que se debe de reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí deberían hacerlo".

Los más endeudados

La Auditoría Superior señala que "el proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica".
Agrega que "el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90 por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria actual".
De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos; Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, representado por el priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800 mil.
En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287 millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, aún en manos del perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400 mil pesos.
El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que "hay estados que tienen la situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen".

Crisis previsible

En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, la Auditoría Superior destaca "el riesgo moral" de los estados. Ello implica que "las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal –Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país".
Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.
El máximo órgano de fiscalización de México señala que "si no se toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica y el desarrollo social del país.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país. Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de Baja California Sur.
Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas, explica que en Baja California Sur "se ha tratado de mantener un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer. Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a pagar la deuda".
La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al 13 de septiembre pasado.
Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión pública productiva. "Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad se llevó a inversión pública".
[RECUADRO]
Bono cero, nueva vía de endeudamiento
La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.
Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un "bono cero" –deuda– por 50 mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.
Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). "Es cierto que algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí mismos".
El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila, coincide. "Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital. Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el capital".
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque ésas dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de 2012.
Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la mayoría de las legislaciones estatales. "Lo que se quiere es que no suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe. Ahora lo tienes que denunciar".
Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta deuda "es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la economía". (Mariela Paredes)
Estados que sí reportaron su deuda total
Entidad
Deuda
Jalisco
21,122.9
Sonora
17,287.4
Sinaloa
4,879.3
San Luis Potosí
4,823.5
Nayarit
3,150.9
Aguascalientes
2,603.1
Querétaro
2,219.8
Baja California Sur
2,030.8
Morelos
1,269.6
Campeche
328.6
Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011


El priísta que retó a Moreira

El empresario Armando Guadiana Tijerina ha pagado desplegados en medios impresos en contra del llamado coahuilazo, ha impulsado la creación de una organización civil que exige cuentas sobre la deuda pública que Humberto Moreira y Jorge Torres heredaron a los coahuilenses y ha impugnado las bases para elegir al candidato a la Presidencia de la República del PRI, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En entrevista, el aún militante de ese partido político explica las motivaciones de su actuar

Piedras Negras, Coahuila. Si algo caracteriza a Armando Guadiana Tijerina es su abultado y negro bigote, sus botas y su sombrero tipo vaquero que le acompaña incluso en lugares cerrados, como en el restaurante donde concede esta entrevista.
De este coahuilense –dueño de las empresas Minerales Industrializados, Compañía Minera Caopas, y de la Ganadería Jesús Cabrera– se sabe ahora no por sus negocios, sino por su reciente activismo en contra del exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –Humberto Moreira Valdés–, a quien, sin embargo, patrocinó durante su candidatura al gobierno estatal en 2005.
Activismo que lo mismo le ha traído amigos que enemigos. La primera descripción que hace el también militante de ese partido sobre el exgobernador y sobre su hermano y sucesor en el cargo, Rubén Moreira Valdés, es que "son una vergüenza nacional".
Aclara que este calificativo ya se los dijo públicamente en el desplegado que pagó en el diario Reforma y en medios impresos locales, a mediados de junio pasado y en el marco de las elecciones para el gobierno del estado. En efecto, ése se tituló "Humberto y Rubén Moreira, vergüenza nacional para los priístas".
—Para mí es vergonzoso cómo nos enteramos de la deuda. Y luego, el Congreso del estado se hace [pasar] como cuerpo colegiado; se hace cómplice de todas las acciones del poder Ejecutivo. Se habla de empréstitos a corto plazo, por la necesidad imperiosa de [pagar la] nómina.
Agrega que "Cuando inició el gobierno de Moreira, el estado no debía un solo quinto a ninguna institución financiera. La única deuda era la operación normal del estado del orden de 300 millones a proveedores, obras en proceso y cuestiones de esa naturaleza, pero a bancos o instituciones financieras públicas y privadas no se debía un solo peso. Y ahora, a cinco años y medio, resulta que llegamos a 34 mil millones de pesos en deuda".
Fue precisamente la revelación del endeudamiento de Coahuila –hecha por el precandidato panista a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, en junio pasado– el detonador de la lucha del ingeniero Armando Guadiana. A partir de entonces, el empresario impulsó la creación de Claridad y Participación Ciudadana, la organización civil que ha promovido amparos masivos en contra de la deuda pública de esa entidad.
—Quiero dejar en claro que realmente esto no se está haciendo solamente porque tuviera un agravio en lo personal, sino porque vemos una mala acción de gobierno. Se ha dañado el interés social y económico del estado, fundamentalmente, para el futuro. En lo personal, no tengo ningún problema con ellos [los hermanos Moreira].
Guadiana Tijerina explica que el daño económico no es el único legado del exgobernador Humberto Moreira. Está también la corrupción de la gente a través de la compra de votos; todo con tal de mantenerse en el poder, señala.
—¿Usted participó en el financiamiento de la campaña de Humberto Moreira a la gubernatura?
—No.
—¿No apoyó la campaña con recursos económicos?
—Bueno, apoyamos a través del partido. Sí. Porque soy integrante del partido y, en alguna medida, pues, sí lo apoyamos. Inclusive yo voté por Humberto Moreira cuando la elección. Los primeros meses de su gobierno realmente estaba viendo, así como hablamos en el mundo de los toros, que este muchacho iba a salir por la puerta grande. Era un trabajo intenso el que estaba realizando, pero luego se fue perdiendo en el gasto exagerado y cayó en esto [del endeudamiento].
—¿Con cuánto apoyó la campaña de Moreira?
—No, pues son cantidades nada importantes.
Aumenta intensidad de su pugna
La pugna con el exlíder nacional del PRI no se ha limitado al esclarecimiento de la deuda. El pasado 21 de noviembre, Guadiana Tijerina interpuso un juicio para la protección de sus derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de Humberto Moreira y de la secretaria general del partido, Cristina Díaz. Ello, por la presunta modificación irregular de la convocatoria para elegir al candidato presidencial de esa institución política.
—¿Para el PRI, está en riesgo la elección presidencial con este asunto de la deuda?
—En los zapatos del precandidato de nuestro partido a la Presidencia, yo sí siento que el presidente del PRI debió tener la mayor calidad moral. Para que todos los de este partido convenzan a otros ciudadanos apartidistas o de otro partido para que voten por él se necesita también que vaya a la cabeza gente bastante responsable y que no tenga el historial que ha salido últimamente [de Moreira].

Lo que espera

Rubén Moreira Valdés –uno de los dos priístas llamados "vergüenza nacional" por este empresario– tomó posesión del gobierno de Coahuila este 1 de diciembre. Al respecto, Guadiana Tijerina expresa: "Si el hermano va a empezar a tapar, a cobijar todas las deudas mal utilizadas, unas deudas mal gastadas, no es correcto. Nosotros lo que queremos es que si se desvió algún recurso que lo regresen al estado. Si lo malgastaron, pues que se castigue a los funcionarios del poder Ejecutivo. Difícilmente, eso sucederá ya con la estafeta en manos del hermano".
Para el empresario, Humberto Moreira como jefe del poder Ejecutivo en su momento, "fue el más responsable de todos [los servidores públicos], independientemente de los funcionarios más cercanos que hicieron las actividades para la obtención de estos créditos y se inventaron hasta decretos que supuestamente había aprobado el Congreso del estado para obtener, sobre todo, los últimos tres créditos. Uno de 1 mil millones y otro de 2 mil millones [de pesos]".
Armando Tijerina critica los nulos avances de las investigaciones. "Desgraciadamente, en nuestro México la justicia va a paso de tortuga. Nosotros no estamos de acuerdo con esos créditos; no sabemos dónde está ese dinero o si lo malgastaron. Si lo desviaron, pues que los regresen a las arcas del estado para pagarle a los bancos".
De estos últimos, señala que también son cómplices. "Seguramente hubo comisiones que se repartieron algunos ejecutivos bancarios, algunos funcionarios del estado y abogados".
Sometido a una fuerte presión, el empresario ha denunciado ya intentos de allanamiento en sus propiedades. También, ha sido expuesto públicamente a través de desplegados en medios impresos, de notas periodísticas y de videos en el portal Youtube, por supuestamente haber cometido diversos fraudes.
—¿Tiene miedo de Humberto Moreira o de que le pueda pasar algo por estas denuncias? ¿Hay preocupación por la integridad de su vida?
—Miedo no. Posiblemente, sí hay que tener precaución.
Sobre las informaciones en su contra, Guadiana Tijerina asevera: "Aquí, a través de la prestigiada revista de Contralínea, hago un llamado a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General del estado de Coahuila, de que estoy a sus órdenes. Ahí tienen mis correos, mis teléfonos; vivo en la ciudad de Saltillo, saben dónde está mi oficina, dónde está la casa de ustedes. Una casa modesta, de clase media, normal. Y estoy a sus órdenes, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Procuraduría General del estado y de la Secretaría de Hacienda. Yo cumplo con mis declaraciones [al fisco] mensuales y anuales en lo personal y en lo empresarial".

La responsabilidad de Estados Unidos




Frente a la crisis de inseguridad, violencia y descomposición social que enfrenta México, el gobierno de Estados Unidos tiene una clara responsabilidad que, hasta ahora, se niega a reconocer y, por el contrario, lo utiliza como un instrumento de presión para someter aún más al gabinete de Felipe Calderón y obligarlo a mantenerse como su aliado en la política intervencionista que aplica hacia Latinoamérica.

La semana pasada se dio a conocer una nueva operación ilegal y violatoria de la Constitución, cometida en territorio mexicano por una de las agencias policiales más corruptas de ese país, la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés). Esta corporación opera en todo el mundo bajo leyes extraterritoriales con el pretexto de combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, lo que le da impunidad para espiar, investigar, perseguir y capturar a todas aquellas personas que, según los órganos de inteligencia de Estados Unidos, representen un peligro para ese país.

Esta vez correspondió a una operación instrumentada por la DEA para, conjuntamente con cárteles del narcotráfico, lavar dinero producto de la droga en los circuitos financieros mexicanos. Por supuesto, esta intervención se realizó sin notificar a las autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República (todas responsables de dichas violaciones a la soberanía nacional).

Un extenso análisis de la Corporación Rand titulado La seguridad en México, implicaciones para la política estadunidense, establece que para no perder el statu quo y reconocer que las políticas e instituciones del otro lado de la frontera también tienen que reformarse, el gobierno estadunidense está dejando a un lado los pasos estratégicos para detener el avance del narcotráfico y la introducción de armas al territorio mexicano.

Los autores Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney, K Jack Riley, investigadores de dicha corporación, estiman que los costos sociales de las drogas son 15 veces mayores si se enfocan sólo a la persecución en lugar de la prevención y el tratamiento.

Sin embargo, las políticas conjuntas entre México y Estados Unidos para elevar la seguridad en ambos países no se han presentado. Desde hace dos años este influyente organismo de análisis y evaluación de las políticas públicas advirtió la necesidad de generar acuerdos que modificaran el rumbo de las amenazas a la seguridad.
Los analistas de Rand recuerdan que desde 2000, cuando llegó a la Presidencia el primer candidato de la oposición (Vicente Fox Quesada), México se ha enfrentando al reto de articular y cohesionar una estrategia nacional de seguridad, pero se ha generado una duplicidad de funciones e inestabilidad de las estructuras que se ocupan de la seguridad. En México los esfuerzos no se han coordinado y existen problemas de comunicación entre las fuerzas policiales, mientras que la población desconfía de sus integrantes y sus acciones.

Para Rand, el deterioro de la seguridad en México comenzó en 2005, y empezó a precipitarse en 2008, cuando los homicidios relacionados con el narcotráfico pasaron de 2 mil 275, en 2007, a 6 mil 290, en 2008, es decir, casi 200 por ciento más. La corporación Rand afirma que nunca antes como en el gobierno de Felipe Calderón se había dedicado presupuestalmente tal cantidad de recursos policiales y económicos para combatir a los cárteles de la droga.

El precio, sin embargo, ha sido alto: la violencia se hizo pública y la población civil comenzó a ubicarse, también por primera vez, entre el fuego cruzado de criminales, policías y militares. Otro elemento clave para el incremento de la violencia fue, sin duda, el hecho de que los cárteles de la droga tuvieron acceso a armamento cada vez más sofisticado que llegó, principalmente de Estados Unidos. La presencia de Los Zetas, exmilitares y exkaibiles que llegaron de Guatemala, también fue determinante para incrementar dicho nivel de terror.

Por ello, Rand sugiere desde 2009 que el gobierno estadunidense asuma su responsabilidad y comience una reforma que permita solucionar de fondo los problemas de seguridad de ambos países. El miedo a no desafiar el statu quo de Estados Unidos, como una nación que simplemente no podría ser vulnerada por organizaciones criminales, sin importar su origen, es lo que está impidiendo una solución real.

La represión del gobierno de Calderón, por lo tanto, no es suficiente para terminar con el problema de inseguridad, narcotráfico, violencia y violación a los derechos humanos.

La DEA, sin embargo, se ocupa de realizar operaciones encubiertas en el territorio mexicano para "develar" cómo los cárteles de la droga lavan cientos de millones de dólares y no se ocupa de descubrir a los bancos estadunidenses que participan en las operaciones.

La estrategia, por lo tanto, está incompleta. Así lo demostró el contrabando de armas hacia México o, antes, la operación Casablanca, una intervención más que actuó en contra de simples empleados bancarios y no de los directivos y dueños extranjeros de las instituciones financieras. Está confirmado que son los bancos estadunidenses o con operaciones en ese país los que han servido para el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. El caso de Raúl Salinas de Gortari y el entramado y redes financieras que armó desde Citibank son sólo un ejemplo de la impunidad y abuso que hay en Estados Unidos.

La Corporación Rand hace una crítica clara al Plan Mérida que, hasta ahora, se ha enfocado a recursos para el equipamiento tecnológico y entrenamiento de fuerzas policiales. En dicho plan, en concreto, ha estado ausente la visión a largo plazo de ambos países para construir una reforma para la estructura en defensa de la seguridad, pero sobre todo, de asumir el reto y la responsabilidad de reducir el consumo interno de droga, en donde Estados Unidos es el rey.

*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: Estados Unidos no coopera con México: interviene y perjudica. Qué busca]
Fuente: Revista Contralínea 262 / 04 diciembre de 2011

Resultados de la sociedad civil organizada en derechos humanos


Ana Luisa Nerio Monroy*
Este 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, y más que señalar los problemas que existen en la materia, deseo destacar algunos de los resultados obtenidos por organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera comprometida para lograr su respeto y protección en México. La desaparición forzada de personas es uno de los delitos del pasado que continúan hasta hoy. El informe más reciente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en los últimos años 3 mil personas han desaparecido en el país. En la década de 1970 aproximadamente 600 personas fueron desaparecidas, lo que motivó el surgimiento de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, de la que forma parte Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Cantú, desaparecido en 1974 por militares, en Guerrero. Tita llevó el caso de su padre hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el Estado mexicano fuera condenado y obligado a dar cumplimiento a una sentencia que cambiará el panorama jurídico del país en los próximos años.

En México existe una cultura machista y patriarcal que tolera la violencia contra las mujeres, cuya expresión extrema es el feminicidio. En la última década al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta. En 2010, se registraron 1 mil 400 casos, de los cuales 111 se cometieron en el Distrito Federal. Frente a la impunidad, incompetencia e insensibilidad de las autoridades, diversas organizaciones civiles se dedican a exigir justicia incluso ante instancias internacionales. Uno de estos esfuerzos está representado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Éste y otras organizaciones que forman parte de la Campaña Nacional por la Tipificación del Feminicidio lograron que en el Distrito Federal este crimen fuera tipificado en el Código Penal como un delito autónomo de acreditación objetiva y no como un agravante del delito de homicidio; que la investigación en casos de feminicidio se realizara por medio de protocolos con perspectiva de género; y la creación de un banco de datos de información genética que facilitará la búsqueda, mediante registros de ADN, de mujeres que están consideradas como desaparecidas o asesinadas no identificadas.

La violencia que se ejerce contra niños y adolescentes tienen diversas manifestaciones, como la violencia armada, la sexual y los castigos corporales. Un conjunto de organizaciones civiles, coordinadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, dan respuesta a este problema mediante la campaña Infancia sin Violencia, que busca visibilizar el problema e incidir en la toma de decisiones para generar cambios en la legislación, las políticas públicas y el Poder Judicial. Los jóvenes se encuentran entre los grupos de población más discriminados por su forma de ser, hablar o vestir. No tienen oportunidades educativas ni laborales. Desde un enfoque adultista no pueden tomar decisiones por sí mismos y son vistos como "futuros delincuentes".

En el contexto actual de violencia son víctimas del fuego cruzado entre los delincuentes y el Ejército, o son reclutados por el crimen organizado. Como una respuesta a esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, cuenta con la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos que durante nueve años ha brindado una educación integral en materia de derechos humanos, en un espacio de formación dinámico, lúdico, crítico y propositivo. El objetivo es ayudar a que nuevas generaciones promuevan desde sus espacios de vida y trabajo una cultura por la paz y de respeto a la dignidad humana. Más de 250 egresados de "la escuelita" (como la llaman, con cariño, algunos exalumnos) respaldan un resultado exitoso.

Dentro del mercado laboral mexicano, las trabajadoras del hogar son uno de los grupos más discriminados. Se enfrentan a jornadas de trabajo de 10 horas, maltrato, abusos y tratos humillantes; sueldos muy bajos y sin acceso a los servicios médicos. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y su directora Marcelina Bautista han desarrollado una importante labor desde hace más de 10 años para visibilizar a dichas trabajadoras, al capacitarlas y asesorarlas para que conozcan sus derechos y se defiendan ante los abusos de sus empleadores. El CACEH ha insistido en la importancia de que México ratifique el Convenio 189 de la Organización del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

En el país, 21 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, se ha perdido la soberanía alimentaria y el sector campesino se encuentra bajo condiciones de suma precariedad. Varias organizaciones civiles, entre éstas las que se agrupan en la campaña Sin Maíz No Hay País, han realizado este año distintas actividades con los siguientes resultados: el reconocimiento del derecho a la alimentación en el artículo 4 constitucional; una visita oficial del relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, a pesar de la reticencia por parte del gobierno federal (el relator pudo constatar, gracias a la información proporcionada por organizaciones de toda la república, las violaciones que existen en la materia); y la creación del Día Nacional del Maíz, que desde 2009 se ha ido colocando en la opinión pública.

A pesar de que el Estado fue uno de los promotores del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), éste no lo ha ratificado. Mediante el Protocolo se crea un mecanismo para que las personas y grupos puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Esta situación motivó la movilización de más de 80 organizaciones civiles para crear la Campaña Mexicana por la Ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC. Estas organizaciones realizan acciones de difusión, formación e incidencia para avanzar en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Una de las primeras acciones fue la recolección de firmas que avalan una carta que exige al Estado la ratificación de este instrumento internacional. La respuesta a ésta ha sido favorable y hay grandes posibilidades de que México ratifique en los próximos meses.Pese a que el mecanismo de protección para defensores (creado por el gobierno federal) no cumple con las necesidades de las organizaciones civiles y de momento los trabajos para su concreción y funcionamiento se encuentran estancados, dichas organizaciones no han desistido y realizan diversas actividades para generar un mecanismo propio. Actualmente elaboran diagnósticos locales a nivel de redes, acciones de capacitación en materia de prevención y generan articulaciones para dar respuesta al reto y peligro que implica ser defensor de derechos humanos en México. En esta labor queremos destacar a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos.

Como puede verse, las organizaciones de la sociedad civil realizan acciones de promoción, análisis y propuesta a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo local, estatal y federal. Visibilizan los problemas, denuncian las violaciones, dan voz a los que no la tienen y un rostro a las frías cifras que las instituciones gubernamentales proporcionan. También contribuyen a la democratización del país y actúan de manera crítica e independiente de las distintas formas del poder. Ello les acarrea amenazas, hostigamientos, descalificación o desprestigio de su labor. Sus iniciativas, poco lucidoras para el duopolio Televisa-Tv Azteca, en pocas ocasiones aparecen en horarios estelares de los noticiarios. Pero los resultados existen y están por todas partes. Eso es lo que brinda un poco de esperanza y optimismo para continuar trabajando.

*Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

[TEXTO PARA TWITTER: Organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, indispensables en el México de hoy]

Los neoliberales: de sangrientos militares a golpistas financieros




Históricamente asistimos a una etapa peculiar. En plena fase del derrumbe monetario internacional, en particular en la región de la Eurozona y la Unión Europea, y con tal de salvarse, una "mafia financiera" –expresión de Marshall Auerback, economista estadunidense–, responsable del desastre, lleva a cabo un precipitado proceso de destrucción de los fundamentos retóricos que definen la superioridad del sistema capitalista y del neoliberalismo "global" sobre cualquier otra formación económico-social, y lo sustituye por una antiutopía que puede representar su suicidio y comprometer la viabilidad del mismo sistema.
Para legitimar ideológica y políticamente el nuevo orden mundial neoliberal, bajo la hegemonía del capital financiero, los contrarrevolucionarios neoconservadores, encabezados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, le inventaron toda clase de bondades imaginables. Desempolvaron el liberalismo económico y político de Adam Smith y John Stuart Mill, y equipararon a la democracia y la libertad con la propiedad privada, el libre mercado sin interferencias, el individualismo darwiniano, el predominio de lo económico sobre lo político y la conversión del Estado en el policía de ese statu quo. Aseguraron que con la desregulación-liberalización-privatización, junto con la mundialización de los mercados y la creatividad individual se garantizaría el funcionamiento de la economía, se combatiría la desigualdad social y se resolverían los males de la humanidad. Bajo esos principios iniciaron la demolición del Estado administrador de los mercados, empresario y responsable del bienestar social.
La legalización y afianzamiento del neoliberalismo, empero, llegó acompañado con el autoritarismo como método para someter a los opositores (pese a que se presenta al capitalismo como sinónimo de democracia, en oposición al autoritarismo comunista). No es fácil convencer a alguien que con menor salario nominal –la reducción de las prestaciones y los servicios sociales, la privatización de éstos y las pensiones, el recorte de los derechos laborales y políticos, la flexibilidad para despedir a los trabajadores, o la persecución y desmantelamiento de los sindicatos y otras organizaciones– se mejorará el bienestar, y se es más libre y democrático. Por ello se recurre al garrote como terapia de persuasión.
La era de los programas de choque estabilizadores fondomonetaristas y las contrarreformas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se iniciaron, en América Latina, en la década de 1970, con la estrategia violenta y repentina de los genocidas coup d'État militares, "técnicamente" pontificados por la "neutralidad científica" de los Chicago Boys: Milton Friedman, Arnold Harberger, Gary S Becker y Theodore Schultz, entre otros. Después el ciclo continuó por los déspotas "democráticos" Carlos Salinas de Gortari, Carlos Menem, Alberto Fujimori. Bajo el regocijo de los mercaderes oligárquicos, el neoliberalismo se expandió a escala mundial y derribó cuanto obstáculo se interpuso, guiado por los generales del "consenso" de Washington y sus asesores, los generales de división del FMI-BM-Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-Organización Mundial del Comercio, y las tropas "técnicas" aborígenes, pese a sus reiterados fracasos del experimento inicial chileno (1975), al argentino (2001-2002), provocados por las orgías especulativas y su estela de miseria, antidemocracia y muerte. La población metropolitana tuvo mejor suerte: se le impuso la acumulación usurera de manera "tersa", "civilizada". Hasta la desventura de 2007, porque a partir de ese momento fueron homologados con los subdesarrollados tratamientos de choque económico y del garrote.
Las crisis previas son apenas bocetos comparados con la hecatombe sistémica que inició en 2007, que no sólo hundió al capitalismo en su peor desastre financiero y recesivo desde la catástrofe de 1929, y la Gran Depresión de la década de 1930, arrasó a sus doctrinarias falacias, licuó los basamentos de la acumulación financiera y ha despeñado a 10 gobiernos de derecha y los social-neoliberales de Islandia y Letonia, 2009; Reino Unido, Holanda, Irlanda, Portugal y Dinamarca, 2010; Grecia, Italia y España, 2011, hasta ahora. Porque como escribió el poeta Blas de Otero: "Escrito está. Tu nombre está ya listo/ temblando en un papel. Aquel que dice:/ Abel, Abel, Abel … o yo, tú, él …/Aquí no se salva ni Dios. Lo asesinaron". Las evidencias indican que seguirán Nicolas Sarkozy, Angela Merkel y Barack Obama, entre otros.
En su esfuerzo por tratar de evitar el segundo cataclismo financiero y recesivo, los apagafuegos del sistema se empeñan en cumplir la sentencia helénica-trágica: "A quien un dios quiere destruir, antes lo enloquece". Emulan a Tamiris, el poeta y músico de Tracia quien quiso rivalizar con las musas, fue vencido por éstas y en castigo por su insolencia, fue cegado y privado de su talento musical.
Karl Marx o John K Galbraith (para citar a un economista que se definía como "un liberal impenitente") señalaron que las crisis productivas y las explosiones financieras, que generalmente van acompañadas, son inherentes y recurrentes en la historia del capitalismo. Las segundas desde la creación de la primera bolsa "moderna" en 1630, en Ámsterdam, Países Bajos, en cuyas entrañas se gestó el estallido inicial de 1937; la tulipomanía, de acuerdo con Galbraith, que además observó que ese fenómeno se repite con una regularidad media de 20 años; lo único novedoso entre ellos son las pequeñas variaciones en los instrumentos financieros empleados para especular, sean tulipanes, sociedades por acciones, hipotecas subprime o CDS (credit default swap), todos son riqueza ficticia, apalancada, creados con el crédito; siempre hay una minoría ganadora que acrecentará su riqueza y se va a "la cama cada día soñando con otra recesión", como dice el cínico y oscuro trader inglés, Alessio Rastani, porque "la crisis es un sueño hecho realidad para aquellos que quieren hacer dinero, son una oportunidad [y] a la mayoría de inversores no nos importa cómo arreglar la economía, sino cómo hacer dinero" (en realidad, los mafiosos respetables no sueñan ni esperan: construyen las burbujas especulativas y sólo les importan los rescates cuando son para salvaguardar sus fortunas), algún suicida y uno que otro delincuente financiero encarcelado –normalmente de pequeña estatura– y una economía y un pueblo arruinados.
El ímpetu especulativo fue temporalmente contenido con las regulaciones impuestas por Franklin D Roosevelt (y su new deal), después del crash de 1929 al poder financiero, al que calificó como "báncgsters", con el objeto de restablecer la supremacía de la inversión productiva, el bienestar social y la política sobre los mercaderes. Sin embargo, cuando los neoconservadores asaltaron al Estado eliminaron esas anomalías, restauraron el antiguo orden y restablecieron la hegemonía financiera sobre la producción y la política, lo que explica que, desde la década de 1980, las detonaciones especulativas sean más recurrentes y brutales.
En lugar de administrar la marcha de la locura financiera capitalista que obstaculiza la posibilidad de superar la recesión mundial y la crisis fiscal de los Estados y su insolvencia de pagos, los que murieron y los que van a fenecer han actuado con irracionalidad por los geniales barones mafiosos: los salvaron, les permiten seguir la orgía, los solapan y obligan a las mayorías a pagar los costos.
Peor aún, ante la predecible imposibilidad de apagar el incendio al arrojar más gasolina, instrumentan la antiutopía capitalista. "Estamos asistiendo ni más ni menos que a un golpe de Estado financiero de la clase rentista de la Eurozona", indica Marshall Auerback. Transitamos del "Estado cleptocrático"al "golpe de Estado financiero contra el Estado democrático y social de derecho en Europa", añade el economista Michael Hudson, de la Universidad de Missouri. Agrega que "lejos de limitarse a retraer la economía, lo que persigue ahora el neoliberalismo es alterar la trayectoria de la civilización occidental en los dos últimos siglos. Impedir que progrese la seguridad social, las pensiones de los trabajadores, la asistencia sanitaria, la educación y otros servicios públicos, desmantelar el Estado democrático y social de derecho, poner fin a los logros de la era progresista e incluso al ideario programático del republicanismo clásico". Asistimos "a la ejecución de una política por largo tiempo planeada, puesta ahora por obra a toda máquina y por doquier. Los intereses rentistas, los creados en un siglo de era progresista, de new deal y de reformismo buscaron subordinar al conjunto de la economía, están contraatacando. Y tienen el control de la situación con sus propios representantes en el poder, muchos son, irónicamente, dirigentes de partidos socialdemócratas o laboristas".
Europa y el capitalismo mundial avanzan rápidamente hacia la dominación neoliberal totalitaria.
Se pasa del golpismo militar y de mercado, de las políticas de choque y las reestructuraciones profinancieras, antisindicales y antiestatales al golpe de Estado financiero. Los rentistas, los jinetes del apocalipsis –Merkel, el FMI, el Banco Central Europeo, la Unión Europea y su escudero Sarkozy– y el emergente bloque histórico imponen la distopía de la "nueva austeridad" que sustituye a la utopía del bienestar. Hasta hace poco se hablaba de la estabilidad y las reformas estructurales como condiciones para aspirar a la bonanza. Ahora se le dice a la población y a los votantes que la recuperación de la prosperidad perdida demanda el ascetismo. Se les exige e impone indiscriminadamente. Se retoman las viejas consignas y el mismo tratamiento fallido del FMI. Se necesitan "grandes sacrificios", lo que implica "bajar salarios"; "establecer la competitividad implica ajustes penosos", señaló su actual economista en jefe, Olivier Blanchard. Desde luego para los trabajadores, porque de lo que se trata es de que con el ajuste fiscal, con más impuestos y menos gasto, los Estados generen los excedentes necesarios que garanticen el pago de los títulos de deuda que poseen los especuladores.
Como esas medidas tienen problemas de legitimidad y son socialmente inaceptables, para evitar sobresaltos con gobernantes como Yorgos Papandréu, que a última hora quiso respaldarse en un referéndum, o las acrobacias al estilo Silvio Berlusconi, llevan a cabo la intervención directa en las naciones-cocuyos para no verse en la necesidad de actuar en las trastiendas. A diferencia de Rodríguez Zapatero, Papandréu y Berlusconi no cayeron a través de las urnas o las revueltas: fueron derribados a golpes de "mercado", con la complacencia y la ayuda de los jinetes citados. Ese método será empleado frente a otros gobiernos incómodos. En otros casos, los electores y los sustitutos como Mariano Rajoy les harán el trabajo sucio. Y los votantes que festejen la caída de uno u otro gobierno de todos modos tendrán que tragarse la misma medicina, al margen de los colores partidarios.
Para operar sus sicarios, que se declaran "técnicos apolíticos", no requieren de la legitimidad de la democracia burguesa. Al ceder las soberanías nacionales y convertir a sus países en protectorados, las elites locales aceptaron su impunidad. La democracia y la política vuelven a quedar avasalladas por el "mercado".
Mario Monti y Lucas Papademus son simples sicarios de la junta de acreedores que aplicarán la "libertad y democracia" al estilo del grupo Goldman Sachs. Son "chicos Goldman" que vuelven a la escena del crimen. Los nuevos comisarios del pueblo son los mismos ejecutivos que ayudaron a los griegos a maquillar su déficit fiscal, los que crearon los productos Frankenstein, los que provocaron el desastre mundial. Es como meter "a un zorro a cuidar el gallinero", indicó el economista Simon Johnson, de Massachusetts, quien irónicamente agregó: cuando se pone "a un ladrón de vigilante" pueden suceder dos cosas: "A veces, ello evita nuevos robos", porque conoce bien los métodos de los malhechores. Y otras veces, "simplemente hay más robos".
Auerback indica que "los que no tienen voz, la inmensa mayoría, sufrirán horriblemente. Se les ha dejado con la sola alternativa de darse muerte por propia mano o ser fusilados".
Sin embargo, queda una salida: al atizar la lucha de clases y al subvertir la democracia burguesa estimularán la ira popular, la revuelta o la revolución que transformen radicalmente a las sociedades.
*Economista
[TEXTO PARA TWITTER: Dictadura neoliberal sólo ofrece muerte… o Revolución. A escoger: Marcos Chávez]

Nuevo cálculo da 60,420 muertos en 5 años de guerra



El 11 de diciembre de 2006, justo hoy hace cinco años, el presidente Felipe Calderón lanzó el Operativo Michoacán y con éste lo que llamó su guerra contra el crimen organizado. Un recuento del semanario Zeta –que compara la información de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información– concluye que durante el actual sexenio el número de muertos llegó a 60 mil 420, una cifra que ha sido recogida por publicaciones nacionales y extranjeras, incluyendo a The Guardian, y que consideran como un rotundo fracaso el resultado de la estrategia de Calderón
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Un informe del semanario Zeta de la ciudad de Tijuana revela que, desde que Felipe Calderón lanzó su guerra contra el crimen organizado –el 11 de diciembre de 2006– han muerto al menor 60 mil 420 personas en el país, cifra que incluye lo que el gobierno federal clasifica como "ejecuciones", "enfrentamientos" y "homicidios-agresiones".

El diario utilizó información de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de los estados y esto arrojó la que para muchas publicaciones nacionales y extranjeras es una cifra "escalofriante".

"Se puede afirmar que en México el número de muertos en los cinco años de guerra calderonista contra el narcotráfico ya superó los 60 mil, cifra escalofriante en la que figuran presuntos delincuentes, sicarios, policías, soldados, marinos y civiles –"daños colaterales", según el gobierno federal– y más recientemente defensores de los derechos humanos", expone el que es considerado el medio con mayor prestigio del noroeste de México.

Zeta registró que, en diciembre de 2006, se produjeron 62 muertes relacionadas con el crimen organizado; en 2007 fueron 2 mil 826; en 2008, la cifra ascendió a 6 mil 837; en 2009 sumó 11 mil 753; en 2010 fueron 19 mil 546, y en 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, la cifra llegó a 19 mil 396.

El pasado 8 de diciembre, SinEmbargo.mx citó una nota del diario inglés The Guardian: "La cifra de muertos en México por la guerra contra las drogas que emprendió Felipe Calderón es un asunto de gran controversia. El gobierno no ha entregado cifras oficiales actualizadas desde finales del año 2010, desde que se publicó una base de datos de todas las 'muertes debido a la rivalidad criminal'. Las cifras de muertos de dicha base de datos ascendieron a 34 mil 612 asesinados, números considerablemente menores que el recuento no oficial mantenido por varios periódicos", planteó The Guardian en un publicación especial sobre México.

"El gobierno no cumplió con su promesa de actualizar periódicamente la base de datos, aunque las cifras oficiales regionales están a veces disponibles", indica el diario.

"Una forma de estimar el total de asesinados actualmente, es sumando las cifras oficiales hasta 2010, con el conteo que llevan varios periódicos nacionales sobre 2011, llegando a la cifra de 46 mil muertos. El politólogo Eduardo Guerrero mantiene su propia cuenta, basada en el control de la prensa y en la estimación de un subregistro para llegar a 47 mil 500 muertos a finales de octubre", dice The Guardian.

El periódico británico también citó a Zeta: "Algunos periodistas y activistas sostienen que los criterios de la definición oficial de muertes por la guerra contra las drogas son demasiado estrechos y la cifra real de muertes es mucho mayor".

"La revista Zeta de Tijuana ha estudiado las cifras a disposición del público, de todos los homicidios. Se identificaron las clasificaciones que dice Zeta, deben ser incluidos para obtener una cifra de 50,490 muertos hasta finales de julio de 2011. Esto sugeriría que la cifra actual se acerca a 60 mil que fallecieron en la guerra", expone The Guardian.

TIEMPO REAL

Guerra de Calderón arroja violaciones y muertos, pero no resultados: WP

A cinco años de que Felipe Calderón iniciara en Michoacán la primera Operación Conjunta, "a pesar de victorias aquí y allá", muchos ciudadanos creen que no se ha cumplido la promesa de "proteger a sus hijos, reclamar el espacio público, acabar con la impunidad para los criminales, y devolver la paz y la tranquilidad a sus comunidades", dice The Washington Post. Afirma que la impunidad reina, y que la presencia de 50,000 soldados en las calles tiene un precio para los derechos humanos. Este mismo domingo, Alejandra Sota, portavoz del presidente, negó que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la DEA como parte de la lucha contra el narcotráfico
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El diario The Washington post hace este día un balance de cinco años de guerra del presidente Felipe Calderón. "A pesar de victorias aquí y allá", dice, muchos ciudadanos creen que la promesa de proteger a sus hijos, reclamar el espacio público, acabar con la impunidad para los criminales, y devolver la paz y la tranquilidad a sus comunidades, no se ha cumplido.

The Washington Post afirma que la impunidad reina, y que la presencia de 50,000 soldados patrullando en las calles tiene su precio para los derechos humanos. Y mientras tanto, agrega, las drogas siguen fluyendo.

El 1 de diciembre de 2006, dice el Post, "pocas horas después de asumir el cargo tras la elección más cerrada real en la historia de México, el presidente Felipe Calderón ordenó a su ejército y a la policía para enfrentar el tráfico de drogas y a las organizaciones criminales que florecen en su estado natal. La Operación Conjunta Michoacán comenzó de inmediato. En una demostración contundente de la fuerza, el gobierno lanzó todo lo que había en juego: 4,260 soldados, infantes de marina 1,054 y 1,400 agentes de la Policía Federal, junto con docenas de aviones y helicópteros.

El resultado, agrega, fue un centenar de granjas de marihuana, 13 presuntos traficantes, 5,000 kilos de cocaína, 20 toneladas de medicinas para el resfriado usados ​​para hacer metanfetamina y un puñado de AK-47.

"El secretario de Gobernación en ese momento, Francisco Javier Ramírez Acuña, dijo a los mexicanos que la operación había sido puesta en marcha para proteger a sus hijos, reclamar el espacio público, acabar con la impunidad para los criminales, y devolver la paz y la tranquilidad a sus comunidades. Detener el tráfico de drogas parecía ser una prioridad menor. Cinco años más tarde, apoyado por Estados Unidos, la guerra de Calderón continúa, y a pesar de las victorias aquí y allá, muchos mexicanos se dicen los objetivos de Ramírez Acuña no se han cumplido", dice The Washington Post, y luego hace un balance:

"La impunidad reina. El periódico El Diario de Ciudad Juárez, conocida como 'Ciudad del Crimen', informó el mes pasado de 6,000 homicidios desde 2008 que han sido vinculados con el crimen organizado no están siendo investigados por los fiscales estatales y federales están discutiendo sobre la jurisdicción. Nadie quiere los casos".

Calderón prometió que el Ejército sería una solución temporal, ya que la fuerza corrupta de la Policía Federal fue sacrificada y reformada. "Hoy en día, con la ayuda de Estados Unidos en la formación en las academias, el país cuenta con más de 30,000 agentes federales nuevos. Sin embargo, 50,000 soldados siguen patrullando las calles y lo hará hasta el final del sexenio de Calderón, cuyo plazo vence el próximo año. Pero no sin un precio".

Después de una investigación de dos años, Human Rights Watch mostró el mes pasado pruebas creíbles de que las fuerzas de seguridad, dirigido por los militares, fueron responsables de 170 casos de tortura, las desapariciones 39 y 24 ejecuciones extrajudiciales en los cinco estados que estudiaron".

Esta misma semana, una Comisión de Libertad Condicional Estados Unidos llegó a la conclusión de que un joven estadounidense que había sido detenido por soldados mexicanos por presuntamente llevar maletas que contenían marihuana en Ciudad Juárez, en su camino de regreso a El Paso, fue torturado en México. Extraditado un año después, fue liberado por un tribunal de Estados Unidos.

"Mientras tanto, las drogas siguen fluyendo. Los ataques en la frontera México-Estados Unidos indican que la marihuana y la heroína que se están moviendo hacia el norte no se controla, aunque, como una rara pieza de buenas noticias, las ventas de cocaína en los Estados Unidos parecen estar abajo. Y el número de muertos en México sigue aumentando.

"Nadie sabe con exactitud cuántas personas han muerto en esta guerra. El gobierno dio a conocer un recuento de las 'muertes debido a la rivalidad criminal' el año pasado, un total de 34,612. Pese a las promesas de cambios, ha permanecido en silencio desde entonces. Recuentos periódicos, estimaciones de los académicos y el testimonio de Estados Unidos indican que la cifra actual anda en alguna parte entre 45,000 y 60,000. Calderón afirma, correctamente, que las tasas de homicidios en muchos países son mucho más altas que la de México. Pero es imposible exagerar el alcance y la barbarie de la violencia aquí", dice The Washington Post.

"Nuevas redes sociales han surgido para cubrir el caos, mientras que los periódicos y las estaciones de televisión dejar de llevar las noticias. Informes de los ciudadanos sobre rumores, miedos, crímenes, bloqueos de carreteras circulan a través de Facebook y Twitter… y luego [los que los difunden] son asesinados por su publicación. Algunos de los blogs más populares en el país muestran videos gráficos, fotografías y películas de la tortura, confesiones forzadas y la decapitación", agrega.

"Los psicólogos aquí han empezado a sospechar que la población está sufriendo de una especie de estrés post-traumático colectivo. Informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que se ha descubierto 310 fosas comunes desde el año 2007, que contiene los restos de 1,230 personas", dice.

MEXICO DESCONOCÍA OPERACIÓN DE LA DEA

Alejandra Sota, portavoz del presidente Felipe Calderón, negó hoy que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

"No, no sabía el gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento", dijo Sota al programa "Al Punto" de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el pasado fin de semana que la DEA de Estados Unidos ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadunidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Sota reiteró que "definitivamente es algo que se tiene que investigar, pero de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza".

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera "puntual y transparente".

Sota reiteró por otra parte que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gadafi al país porque –dijo- tiene una ficha roja emitida por la Interpol y "está siendo perseguido por los crímenes que se le adjudican" por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países y reiteró que fue "una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana".

Señaló que sólo hubo cooperación con el gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México "violaciones sistemáticas" a los derechos humanos.

"La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida", recalcó.

Sota señaló que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la corte quienes decidan. "Se acusa al presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos", enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Sota dijo que "desde la Presidencia" la obligación es que se lleve a cabo un proceso y transición ordenados y con apego a la ley. "Para él es muy importante que la democracia continúe en México", aseveró.

Fuentes: The Washington Post y Notimex


El País: Peña Nieto no supo del salario mínimo o de productos básicos

El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, reconoció que en la lucha contra el crimen organizado del presidente de México, Felipe Calderón, "ha habido aciertos". La entrevista con el diario español EL PAÍS se produce pocos días después de su lapsus en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando no supo responder qué tres obras o tres autores habían marcado su vida como persona, provocando una lluvia de criticas sobre el ex mandatario mexiquense

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En una entrevista concedida a al diario español El País, el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto fue cuestionado sobre algunos precios de productos de la canasta básica, acertando en algunos y otros no. Al preguntarsele el monto del salario minimo mensual en México el político lo tasó en 900 pesos al mes, cuando en el presente año ronda los mil 740 pesos.

La conversación con El País se produjo pocos días después de su lapsus en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando no supo responder cuáles tres obras o cuáles tres autores le habían influido más, lo que le supuso un aluvión de críticas.

"Pero Peña Nieto las encaja con naturalidad y parece consciente de sus limitaciones, tal vez uno de sus puntos fuertes. Sus críticos han apuntado que no sabe actuar en situaciones fuera de guión", dice El País.

Este diario le preguntó por algunos precios de productos básicos. Algunos los supo, otros no, pero suspendió al preguntársele por el monto del salario mínimo, que él tasa en 900 pesos al mes, cuando para 2011 ronda los mil 740 pesos.

En la misma entrevista, el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, reconoció que en la lucha contra el crimen organizado del presidente de México, Felipe Calderón, "ha habido aciertos".

Señaló que "de lo que se ha hecho, creo que ha habido aciertos. Yo mismo he reconocido públicamente la atinada decisión del Ejecutivo federal al involucrar, en un primer momento, al Ejército, pero también hay que devolverlo gradualmente a los cuarteles".

Peña Nieto afirmó que las versiones de que su partido pactaría con los cárteles del narcotráfico de llegar a la presidencia, no tienen ningún sustento.

"Eso no tiene ningún sustento. Me parece una campaña de desprestigio de los opositores para desacreditar al partido, cuando el PRI ha asumido que el Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de combatir al crimen organizado", aseguró.

"El PRI no es un partido que pacta, eso está fuera de toda lógica", insistió.

Sostuvo que lo que el Partido Revolucionario Institucional discute es cuál es la mejor estrategia para lograr mejores resultados en el combate al crimen organizado y para sentar bases para la seguridad pública.

Con respecto a la despenalización de las drogas, el priísta consideró que no cree que sea una solución para el tráfico de drogas y el crimen organizado.

"Me parece que el debate sobre la legalización de las drogas ha venido por esta impaciencia y sufrimiento que hay en la sociedad, que ha llevado a pensar en salidas fáciles. Estoy totalmente en contra de la legalización", anotó.

Tras haber estado recientemente en Estados Unidos, Peña Nieto subrayó que la relación de este país con México no está en su agenda prioritaria, pero hay que buscar que lo esté.

"Creo que habrá una oportunidad importante para México porque serán dos gobiernos comenzando al mismo tiempo, algo que ocurre solamente cada 12 años", sostuvo.

Fuente: El País y agencias



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