El toro educativo puede meterle los cuernos a Lujambio y Gurría y sacarlos del ruedo por dar pases tontos
Pedro Echeverría V.
1. "Mejorar la calidad de la enseñanza en México requiere no sólo mantener una inversión creciente en el sector, sino crear un sistema de evaluación e incentivos para los docentes que sea "robusto, transparente e independiente", afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, quien llamó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, a "agarrar el toro por los cuernos". Propone Gurría: que los profesores de enseñanza básica que tengan bajo desempeño de manera permanente sean "excluidos" del sistema educativo, y solicita a la SEP establecer periodos de "inducción y prueba" hasta de un año de tutorías, tanto para docentes recién egresados como para los que buscan una plaza definitiva, con el fin de fortalecer el sistema educativo". Silencian los tontos que no es problema de enseñanza, sino de política educativa.
2. Esos funcionarios de Educación (Reyes Tamez, Josefina Vázquez, Lujambio), designados por el presidente de la República en turno, saben tanto del sistema educativo como yo de astronauta, es decir, nada. ¿Cómo es posible que le echen la culpa a los profesores cuando éstos sólo han sido dóciles transmisores de las políticas educativas que se ordenan por los burócratas funcionarios de la SEP? o ¿cómo echarles la culpa a los profesores cuando por lo menos la mitad de los niños de enseñanza elemental y secundaria acuden a la escuela sin haber desayunado, desnutridos, desde hogares desintegrados y miserables? La realidad es que si alguna culpa tienen los profesores es esa docilidad, cobardía, ignorancia política y, hasta oportunismo, de dejarse manipular por autoridades de la SEP y dirigentes sindicales venales o "charros" que han estado siempre aliados para destruir la educación pública.
3. Pero, ¿Quién evalúa a los evaluadores? ¿Es al organismo privado Ceneval, con sus criterios empresariales y muy parciales, en el que hay que confiar que dictamine a los profesores que deben ser excluidos? Lo que sí saben los profesores es que los concursos de oposición, pero mucho más los tradicionales exámenes de admisión o de conocimientos, suelen ser el peor engaño, la más grande farsa que sirve para validar o legitimar cosas ya determinadas con anticipación. Cuando al Ceneval le encargan una evaluación, sus técnicos preguntan de antemano cuántos deben pasar la prueba y cuántos deben reprobarla para abrirla o cerrarla; o bien cómo ideologizar la prueba para eliminar a los enemigos del gobierno y del sistema. Así de sencillo es esto y lo saben perfectamente los profesores. ¿Qué pasa en una evaluación cuando PAN, PRI, PRD, el grupo empresarial, Televisa, etcétera, presentan una lista de recomendados?
4. Los primeros reprobados y expulsados deberían ser los altos funcionarios que sólo manejan cifras y estadísticas educativas extraídas de las computadoras; de educación –que es esencialmente humanística- no tienen la menor idea, menos los que vienen de áreas tecnocráticas. Los profesores, aunque no sepan de políticas educativas ni de corrientes de pensamiento, por lo menos están en diario contacto con los estudiantes y conocen cuáles son las condiciones económicas y de vida de las regiones donde trabajan y de los padres de sus alumnos. Por el contrario las autoridades de educación sólo saben de caravanas políticas, de brincar de un cargo a otro y de mantenerse siempre colgados del presupuesto público. La SEP se ha convertido en simple escalera política: Tamez gran jefe de la diputación del partido de Esther Gordillo; Josefina Vázquez jefa de la diputación panista y Lujambio fuerte precandidato presidencial del PAN.
5. Las declaraciones de Gurría y de Lujambio –ignorantes de los verdaderos problemas educativos- acuden a ideas muy comunes y superficiales. No saben o quieren silenciar que los verdaderos problemas educativos son: a) defensa de la educación pública contra el acelerado proceso de privatización; b) elevar el nivel de vida de más del 50 por ciento de los niños que acuden a la escuela sin alimentos; c) alcanzar el 8 por ciento del PIB en educación mediante una administración honrada; d) encarcelar a altos funcionarios corruptos; e) acabar con la dirigencia sindical charra jefaturaza por la Gordillo y f) elevar el nivel ideológico antiautoritario y participativo de los profesores. ¿Cómo pueden "capacitar" a los profesores si las autoridades no tienen idea directa de la labor y los problemas del los profesores de enseñanza elemental y media? Por eso la corrupta dirigente sindical mantiene subordinadas a todas las autoridades de educación.
6. Nadie puede negar que la enseñanza-aprendizaje tiene muchos problemas, pero estos hay que verlos siempre subordinados a la política educativa que se instrumenta desde lo alto del poder. Política educativa es fijar objetivos, planes, programas, métodos educativos que en cada sexenio impone la clase política por recomendaciones empresariales: educación para el campo como antes de 1945; después: educación urbana, educación tecnológica para el trabajo, para la productividad, con orientación empresarial, con acento en el inglés y las computadoras. ¿Educación humanística? Ninguna, eliminando de los programas o reduciendo las horas de historia, arte, filosofía, literatura. ¿Cómo piensan hacer sensibles, solidarios, cooperadores, amorosos, a los estudiantes si sólo se les enseña a pensar de manera individualista, a tener valores que nada tienen que ver con la colectividad? La política educativa sexenal es determinante.
7. Lo que siempre ha preocupado a las más altas autoridades del país y de educación ha sido crear mano de obra barata para la gran empresa. ¿Para qué les sirve a los empresarios explotadores que los estudiantes y profesionistas piensen, razonen, sean solidarios, si ellos lo que necesitan son máquinas que produzcan riquezas, que no hablen, que no se organicen en sindicatos y que no reclamen sus derechos y más salarios? Por eso los Gurría, Fox, Lujambio, Calderón, han estado imponiendo en educación políticas educativas encaminadas a la "calidad de la educación" pero con orientación que dicta la gran empresa: evaluar a los profesores y excluirlos si no son capaces. Es una mentada de madre al Normalismo que ellos mismo organizaron y ahora están destruyendo. Espero que al fin los profesores empiecen a despertar, a salir de su letargo y decidan organizarse y participar contra las medidas que los están aplastando.
http://pedroecheverriav.wordpres.com
Los héroes de García Luna
Eduardo Ibarra Aguirre
En el cumplimiento de su deber cayeron 208 integrantes de la Policía Federal, desde diciembre de 2006, en que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado, y junio de 2010, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, que no son tan duros como sería de esperarse tratándose de vidas humanas y de agentes que son "héroes que entregaron su vida de manera consciente por un ideal: construir un mejor país", como expone discursivamente Genaro García Luna.
Las cifras no cuadran, por ejemplo el mismo ingeniero informó el pasado 6 de agosto que de diciembre de 2006 a julio de 2010 fueron contabilizados 463 caídos "por ejecución, enfrentamiento y agresiones realizadas por la delincuencia organizada", nunca precisó si contempla sólo a la corporación bajo su mando, la SSP, o también a la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Con independencia de todo el alarde tecnológico del que da cuenta la insultante propaganda televisiva y radiofónica gubernamental, palidece ante la incapacidad para contabilizar las bajas de los agentes policiacos federales, el hecho es que con frecuencia son despedidos los restos mortales con encendidos discursos de los integrantes de la elite de la PF, honores de sus compañeros y la Bandera Nacional es entregada a las viudas o padres.
Pero la enseña patria y las emotivas ceremonias de muy poco le sirven a los deudos a la hora de hacer válidos los derechos elementales: el cobro de los seguros de vida a cargo de empresas privadas, la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, y la asesoría sicológica que, dicho sea de paso, se brinda a cuentagotas.
Gracias al trabajo reporteril de Gustavo Castillo (La Jornada, 18-X-10, pp. 2-3) fue posible conocer el viacrucis que padecen las viudas y familiares de los caídos, a los que la SSP ofreció "un proyecto de vida y con la alternativa de crear toda una carrera policial", pero en realidad padecen la doble tragedia de la pérdida del ser querido y las interminables exigencias burocráticas. Es la mexicanísima tramitología en los tres niveles de gobierno, auspiciadora de la bajísima productividad laboral, sin que autoridad alguna haga algo al respecto, y fuente de millones de ciudadanos extorsionados por funcionarios de oficinas privadas y públicas.
Naturalmente que ninguno de los testimonios publicados se acompaña del nombre auténtico y mucho menos del domicilio, por razones más que obvias. Rosa María, por ejemplo, acumula 13 meses de trámites y es objeto de "interrogatorios humillantes". Raquel recibió la bella bandera hace 10 meses y todavía no puede cobrar la pensión del ISSSTE, aunque obtuvo 600 mil pesos por el seguro de vida de su marido, menos el descuento de 20 por ciento para que el trámite fuera rápido. A Jovita no le quieren dar la pensión porque su hijo era portador del VIH/sida y resume su trajinar con la siguiente frase: "Dinero, botella o queso. Algo hay que darles siempre".
La triplicación del gasto de la SSP, de 10 mil 638 millones de pesos, en 2006, a 32 mil 437 millones de pesos, en 2010, y la publicitada tecnología de punta, ni remotamente se reflejan en la atención oportuna, transparente y cálida de los deudos que, además, en el mejor de los casos recibieron una sesión sicológica por familiar, viuda e hijos, como lo demuestran las estadísticas del reportaje de Castillo.
Mas las corruptelas provienen desde las alturas de la SSP, donde hasta hace un año algunos jefes hurtaban la mayor parte de los viáticos autorizados a los agentes en comisiones de trabajo. Y a este pillaje le llaman guerra.
Acuse de recibo
El colega Marcos Antonio Heredia Pérez apunta desde Mérida, Yucatán, sobre Hablar de lo bueno y lo malo (18-X-10): "No importa el número de cárteles (o carteles) que sean. Si no entendemos que el narcotráfico existe gracias al consumo, nada hemos aprendido o avanzado en la solución del susodicho problema. Es algo muy complejo pero que sin duda alguna no terminará con el supuesto exterminio de las corporaciones, organismos o cárteles de las drogas. En la guerra perdida contra el narco han muerto casi 30 mil personas en cuatro años. Seguirán muriendo más personas si prosigue ese combate inútil, y el consumo no se ve que se reduzca, aminore o tienda a desaparecer. No soy apologista de las drogas, pero creo entender que mientras la demanda exista, habrá productos y distribuidores. Reitero: es absurda esa guerra y todo para complacer a los gringos en cuyo territorio está el principal mercado del mundo"… Desde Villahermosa, Tabasco, Norma Falcón añade a Turismo y violencia criminal (20-X-10): "Si nos sentimos seguros nada podrá cambiar el rumbo de los verdaderos luchadores (as) por la verdadera democracia (…)". Pablo Alvarado Flores, Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, exprisioneros de conciencia, recuerdan a "A mi abogada y nuestra abogada Digna Ochoa y Plácido", en el noveno aniversario de su asesinato.
Patricia Chandomí
TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 20 de octubre (apro-cimac).- El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 añ
os de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas.
De regreso a su hogar, luego de vender verduras en el mercado de la comunidad, las cuatro mujeres fueron interceptadas por los soldados, quienes las detuvieron para interrogarlas. Durantes dos horas estuvieron privadas de su libertad, lapso en el que las tres adolescentes fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
Delia, la madre de las menores, fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas. Con el dolor a cuestas, Delia se vio obligada a salir de su comunidad, culpabilizada del ataque contra sus hijas.
Dieciséis años después de la agresión de la que fueron víctimas, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño.
"Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó", dicen las adolescentes, cuyo rostro refleja rabia e impotencia.
Cuentan las tres mujeres, ahora de 28, 29 y 30 años, que la propuesta de reparación del daño la recibieron en agosto pasado, y el gobernador chiapaneco les dio de plazo de dos meses para responder si aceptaban los 500 mil pesos cada una, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.
La pobreza, su compañera permanente, les aconsejó aceptar el ofrecimiento de Sabines, pero exigieron incluir a su madre, porque ella también sufrió por el ataque sexual contra sus hijas, perpetrado por elementos del Ejército Mexicano.
"En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación. Nunca podremos perdonar lo que nos hicieron", expresan las hermanas, apoyadas por un traductor.
Y afirman que en todo este tiempo no habían aceptado hacer declaraciones públicas, pero "ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta".
La propuesta, agregan, "es la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre".
E insisten: "Aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia".
El dinero, dicen, no es suficiente, hace falta que se les haga justicia, por lo que seguirán luchando para que se castigue a los militares y sean juzgados por autoridades civiles.
El 30 de junio de 1994, las hermanas denunciaron ante el Ministerio Público Federal la violación sexual de la que fueron objeto, luego de lo cual se les practicó un examen médico ginecológico. La denuncia fue ratificada el 30 de agosto, según se desprende del informe No. 129/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El expediente fue enviado a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, luego de que el Ministerio Público se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos en un boletín de prensa, en el que señalaba que de acuerdo con la investigación realizada —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E—, se desprendió que la imputación a los militares era "completamente falsa", en virtud de que no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). El asunto sentó un precedente en el sistema interamericano, que por primera vez reconoció la violación sexual como tortura y determinó que el delito cometido por militares contra las tres indígenas tzeltales fuera investigado en el fuero civil.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño, y que el caso se turnara a la justicia civil.
Nueve años después, la recomendación no se ha cumplido. El caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
De acuerdo con el Estado mexicano, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
Las hermanas González, en tanto, consideran que la propuesta de Sabines no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, pero falta señalar y castigar a los culpables de la violación, además de trasladar la investigación al fuero civil.
Lástima, Dilma
Marta Lamas MÉXICO, D.F., 21 de octubre (apro).- Finalistas en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, luego de que Marina Silva quedara en tercer lugar, Dilma Rousseff y José Serra se disputan los 20 millones de votos que obtuvo la candidata ambientalista. Silva, quien es evangélica, atrajo las preferencias electorales de las Iglesias pentecostales, incluso de la católica, que temen que Rousseff despenalice el aborto si llega al poder. En su intento por conquistar esos votos religiosos, Rousseff se ha deslindado de su postura a favor de la despenalización y, el miércoles pasado, se reunió con 50 líderes de Iglesias evangélicas y les prometió que, de ser elegida, no despenalizará el aborto (El País, 14 de octubre). Serra ha denunciado que Rousseff tiene "dos caras", y las encuestas hablan de un empate técnico.
En lugar de impulsar un debate público para explicar que su postura no es "estar a favor" del aborto, sino abatir graves problemas de justicia social y salud pública, Rousseff ha cedido a las presiones de sus "asesores" y ha cambiado su discurso, esperando atraer el voto de los creyentes. Así, asistió a misa en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil; declaró que había estudiado en un colegio de monjas y que el cáncer que padeció hace poco la hizo retomar la fe. Este forzado intento de apaciguar a los conservadores religiosos ha resquebrajado su imagen de coherencia y ha puesto en riesgo su triunfo.
Vale la pena recordar que hace ya 12 años Mario Vargas Llosa escribió un atinadísimo artículo sobre aborto e Iglesia (El País, 11 de octubre de 1998), donde denunciaba la brutal presión de la Iglesia católica en España para impedir la ampliación de causales despenalizadoras (que en la actualidad ya se consiguieron). El hoy premio Nobel de Literatura señaló que, como parte de la democracia, es usual que los ciudadanos actúen cívicamente en defensa de sus convicciones, y que le parecía natural que los católicos españoles lo hubieran hecho con tanta beligerancia. Lo que le sorprendía, en cambio, era el silencio de quienes estaban a favor de tal despenalización.
Sí, son pocas las figuras políticas que abiertamente sostienen su posición progresista sobre el aborto, y muchas menos lo hacen durante procesos electorales. En América Latina, donde las Iglesias católica y evangélicas tienen una brutal influencia, los candidatos evaden el debate, sin considerar que en el fondo el tema de la despenalización del aborto es el de la aceptación o el rechazo de la injerencia religiosa en la política pública. No se van a conciliar las posturas antagónicas entre quienes opinan que el óvulo fecundado es una persona porque tiene alma y quienes pensamos que es un montón de células que no merecen la misma consideración que una mujer. Y la única manera de que ambas creencias coexistan civilizadamente es que el Estado sea realmente laico.
Por eso vienen tan a cuento las palabras de Vargas Llosa. Y lo vuelvo a citar, en la parte de su artículo relativa a las relaciones entre la Iglesia católica y la democracia. Para este escritor, mientras "predique y promueva sus ideas y sus creencias lejos del poder político, en una sociedad regida por un Estado laico, en competencia con otras religiones y con un pensamiento a-religioso o anti-religioso, la Iglesia católica se aviene perfectamente con el sistema democrático y le presta un gran servicio, suministrando a muchos ciudadanos esa dimensión espiritual y ese orden moral que, para un gran número de seres humanos, sólo son concebibles por mediación de la fe. Y no hay democracia sólida, estable, sin una intensa vida espiritual en su seno. Pero si ese difícil equilibrio entre el Estado laico y la Iglesia se altera y ésta impregna aquél, o, peor todavía, lo captura, la democracia está amenazada, a corto o mediano plazo, en uno de sus atributos esenciales: el pluralismo, la coexistencia en la diversidad, el derecho a la diferencia y a la disidencia".
Ahora que el triunfo de Dilma Rousseff se tambalea por el giro religioso que ha tomado el debate electoral, vale la pena distinguir que lo que está en juego, más que un fundamental derecho de las mujeres, es la coexistencia democrática. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil declaró que una de sus prioridades es "la defensa del derecho a la vida" y alentó a los párrocos a orientar el voto de sus fieles, lo que tal vez se convirtió en una oportunidad para que los creyentes progresistas piensen bien su voto en relación a la imprescindible separación entre Iglesia y Estado.
Más que hablar de que un sustento básico de la democracia es el freno a la intromisión religiosa, Lula ha pedido a los electores que "no sean machistas" y voten por una mujer. También ha declarado que "Dilma va a ser la redención de las mujeres". Lo dudo, pues si gana tendrá que cumplir esa promesa a los religiosos que atenta no sólo contra lo que ella siempre ha creído, sino contra la vida y la salud de las mujeres.
Pese a mi decepción, deseo que Dilma Rousseff gane la segunda vuelta. Pero estoy convencida de que si pierde no será por su postura sobre el aborto, sino por su sometimiento al imperativo electoral de cortejar a las Iglesias. Lástima que no se aferró a su acostumbrada integridad para defender claramente sus convicciones democráticas.
San Juan Copala, México: Sobre complicidad del MULT y el Partido de Unidad Popular con el Estado y trasnacionales
El MULT no fue aceptado en el Primer Congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por sus ataques a Radio Universidad en el año 2006
Virgilio Torres
Más información sobre las disputas interpanistas: http://www.imparcialenlinea.com/getPrint.php?id=65814
5. Desde el año 2007, el PUP gobierna el municipio de Juxtlahuaca (no es casualidad que el MULT quiera integrar a San Juan Copala a este distrito) con Carlos Martínez Villvivencio como presidente municipal (también militante del MULT), la policía Oaxaqueña y los paramilitares son cobijados por este gobierno. Martínez Villvicencio, ahora es diputado por el distrito XXI en Santiago Juxtalhuaca, nada más y nada menos que por el PRI.
¡Copala vive, la lucha sigue y sigue!
¡Copala no es cuartel, fuera ejército de él
Para los tecnócratas el pueblo solo es un excipiente
Gerardo Fernández CasanovaEn las etiquetas de los medicamentos, al referirse a la composición se dice, por ejemplo: "fulanomicina clorhidrato: 3mg; excipiente: cbp 100mg". El excipiente es el material inerte que contiene al principio activo y su medida se limita a "cuanto baste para" (cbp) completar el total. Así pudiera también definirse la composición de México: "privilegiados activos: 10 millones; excipiente: cbp 110 millones".
No sé si se junten o se dividan las izquierdas, y casi no me importa. Lo importante es continuar el esfuerzo de organización del pueblo; la tarea de educar políticamente y formar conciencia de la realidad, tan escondida por la propaganda y la manipulación mediática. Que el IFE y el TRIFE digan misa, Andrés Manuel y el movimiento que encabeza tienen el compromiso histórico de recuperar al país. Los de siempre harán su lodazal para tratar de impedirlo. Ahí nos vemos.
A mi abogada y nuestra abogada Digna Ochoa y Plácido.
Fuiste una defensora de los derechos humanos con una actitud comprometida con muchas personas y organizaciones sociales, tomaste sus casos jurídicos y denunciaste las violaciones a sus derechos humanos, tal y como lo hiciste con nuestro caso y eso te lo agradeceremos infinitamente.Por tu valentía fuiste inscrita en la "lista negra" de activistas políticos y por ellos fuiste vigilada, hostigada, amenazada de muerte, secuestrada y finalmente privada de la vida.
Cuando supimos que tomabas, junto con otros abogados, nuestro caso, yo no sabía quién eras, pero uno de los hermanos Cerezo que si sabía de tu trayectoria me dijo que teníamos esperanzas de que se aclarara nuestra situación y de que saliéramos libres rápidamente.
Recuerdo cuando me enteré de tu muerte, fue un golpe muy duro, ya que mis esperanzas se desvanecían, pero si tú, una mujer valiente y comprometida con los que sufrimos tortura y cárcel habías aguantado tantas agresiones del Estado, nosotros en la cárcel, debíamos aguantar todavía más y así lo hicimos.
Sólo espero y siempre hemos luchado, o apoyado, mejor dicho, aunque sea poco, para se reabriera tu caso y declaren lo que todos sabemos, que fuiste asesinada y que no sigan con ese manejo de que te suicidaste.
En México, ahora, mucho más que antes, las y los defensores de derechos humanos realizamos nuestra labor dentro de un contexto de violencia dirigida, somos blancos de una violencia sistemática, ha aumentado el hostigamiento, las amenazas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, como Comité tenemos que del 2008 al 2010 han sido asesinados 31 defensores de derechos humanos y luchadores sociales y parece que la cifra seguirá aumentando.
Además, hay que agregar la violencia sexual, las judicializaciones, los allanamientos o cateos ilegales a oficinas o casas de los defensores y los robos de información.
Ante este escenario, consideramos, que tenemos grandes retos y que debemos seguir el ejemplo incansable de nuestra abogada Digna Ochoa y Plácido que este 19 de octubre de 2010 cumple 9 años de su asesinato.
Atentamente
Pablo Alvarado Flores, ex preso de conciencia recluido en los CEFERESO # 1 y 4
Alejandro Cerezo, ex preso de conciencia recluido en el Cefereso #1
Héctor Cerezo, ex preso de conciencia recluido en los Cefereso # 1, 3 y Atlacholoaya
Antonio Cerezo, ex preso de conciencia recluido en los Cefereso # 1, 2 y Atlacholoaya
Todos los demás miembros del Comité Cerezo México
El feminismo no es un "tema de mujeres"
Tijeras para Todas/La Haine Ninguna opción es neutra, inocua; el silencio es cómplice de los privilegios de unas pocas. No basta con cierta "aceptación" creciente respecto a otras prácticas no heterosexuales, sino que debemos desmontar toda la cultura y simbología reinante patriarcal (y heterosexista).Una de las premisas básicas de la lucha feminista, al igual que otras luchas que se organizan a partir de las necesidades de un grupo oprimido a causa de alguna de sus características (color de piel, sexo, etnia, edad, opción sexual, clase social, situación legal-vital respecto a los papeles que regulan la inmigración, el trabajo, la libertad física...) es el hecho de que la concreción de sus intereses, la determinación de sus estrategias políticas, vienen decididas por las personas que están sujetas a esas relaciones de opresión-dominación-explotación, en el caso del feminismo, las mujeres.
Se trata de la fijación de los roles en la relación clásica de dominación que se establece entre "amo-esclavo", donde la masculinidad (encarnada por hombres de carne y hueso a lo largo de toda la historia, pero tratándose principalmentre de un modelo, de un arquetipo viril de dominación que puede adoptar cualquier persona eligiendo algún rasgo de este modelo) es la construcción dominante y la feminidad es "lo otro", lo negado y excluido de toda una economía no sólo material, sino (y más profundamente) significante, cultural y simbólica (Lévi-Strauss define el momento inaugural de la cultura con la aparición y gestación del lenguaje simbólico basado en el intercambio de mujeres como objetos entre los hombres de distintas tribus-familias (parentesco), formalizando así la "objetualización" de las mujeres en el nacimiento de la cultura occidental. Las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss, 1949).
Todavía hoy esta explicación básica de la necesidad de la auto-organización por parte de las personas sometidas en esta relación dialéctica de poder cuesta comprender y respetar por parte de muchos hombres y mujeres compañeras en otras luchas. Esta incomprensión y, peor aún, esta total falta de respeto es la que venimos soportando muchas mujeres que apostamos por espacios-grupos-momentos de mujeres no mixtos. ¿Quién no respetaría el hecho de que las personas negras quisieran auto-organizarse para combatir el racismo tras lo ocurrido en Nueva Orleans? Y esto ya no sólo resulta asombroso, sino que es de lo más molesto. En vez de crear redes donde la comunicación fluya de manera transparente y sin obstáculos y se produzcan trasvases de conocimientos horizontalmente, nos dedicamos a hacer política de "mercadillo", donde la que más grita triunfa o donde mejor nos fluye el diálogo es en los bares para criticar a las espaldas de la gente sin importarnos una mierda el generar debates productivos y enriquecedores para todas desde las diferencias y las divergencias.
Por otro lado, otra obviedad a la que fácilmente puede llegar una persona clara y avispada (esto es directamente proporcional al interés que cada una le ponga), es que el sistema encargado principalmente de producir y mantener la jerarquía desigual entre los géneros (relación de dominación que está extensamente explicada y documentada en múltiples documentos y enteramente disponible a toda persona que demuestre algo de interés), esto es, el PATRIARCADO, es un problema que nos repercute a todas (todas nos hemos socializado como hombres o como mujeres) y que, por lo tanto, seremos capaces de transformar (o destruir) este sistema si cada una va tomando conciencia de los mecanismos que han operado para conformar nuestra feminidadmasculinidad que, a su vez, perpetúan la dominación patriarcal.
Por lo tanto, el análisis de la especificidad del rol masculino también tiene que ser analizado y desmontado por sus protagonistas que "inconscientemente" lo re-producen día tras día, véase los hombres, y dejar de trivializar sobre la magnitud de esta tarea con el gesto fácil de "yo ya me lo he currado". Las posibles alianzas vendrán de este empeño y trabajo colectivo, tanto por separado como revueltas, y será lo que nos permita ir creando redes de comunicación y de apoyo para luchar contra el sucio patriarcado.
En el caso de las mujeres, la feminidad, tal y como hoy la conocemos, representa la forma en que llegamos a desear la dominación masculina, que no está en absoluto a favor de nuestros intereses (como sujetos autónomos), es el adiestramiento para erotizar ese juego perverso de dominación masculina, de acceso sexual (económico, social) de los hombres a las mujeres. La feminidad y la masculinidad se construyen para ser roles complementarios y necesarios, y el mito del amor romántico y verdadero se apropia y regula los únicos códigos eróticos y sexuales aceptados. La heterosexualidad normativa es el producto óptimo de la obligación de ser "verdaderamente" un hombre o una mujer.
Y no estamos hablando de prácticas sexuales concretas, sino de la heterosexualidad como institución política y social que estructura la sociedad (en uniones de pareja monogámica, familia, propiedad privada...ampliándose ahora esta estructura a uniones de personas del mismo sexo, hecho que responde más a la flexibilidad del sistema para asimilar las nuevas necesidades -o posibles subversiones- que a cambios profundos). Desvelar los mecanismos que operan tanto individual como socialmente para constreñir nuestro potencial erótico en la opción heteronormativa es una tarea de todas, repito, al margen de nuestras opciones sexuales temporales concretas, y en este asunto el trabajo sigue siendo infinito, pues mientras que la (hetero) sexualidad se siga asumiendo acríticamente como "normalidad", seguirá existiendo el "afuera" para las desheredadas de los privilegios lesbo-homo-transfobos y estaremos condenadas a ser lo "anormal", lo raro, lo otro... las estructuras profundas del patriarcado no cambiarán, sólo se modificarán para ser más eficaces, pues no se trata de generar tolerancia ante lo diferente, sino en el ejercicio de reventar los lugares "seguros" y "normales", dinamitar esas construcciones sociales que nos estructuran en normales-anormales, mujer-hombre, femenino-masculino, heterosexuales – lesbianas - homosexuales...
Ninguna opción fue neutra, inocua; el silencio siempre es cómplice de los privilegios, de unas pocas. No basta con cierta "aceptación" creciente respecto a otras prácticas no heterosexuales, sino que debemos desmontar toda la cultura y simbología reinante patriarcal (y heterosexista). Por supuesto, este sistema de opresión específico para las mujeres como grupo oprimido no define nuestra posición de sujetos en lucha desde el victimismo pasivo y llorón (aunque no nos sobran las razones por las que llorar) sino que a partir del ejercicio de conciencia de nuestra realidad psico-social como "mujeres", nos arrojamos a una actividad creadora, donde articulamos las estrategias de lucha a partir de nuestras subjetividades, donde además de la división entre feminidad-masculinidad, también operan otros ejes de poder como son la clase social, la opción sexual, el color de la piel, los pueblos a los que pertenecemos... pudiendo llamar así a este sistema "hetero-patriarcado-capitalismo".
Pero a mí lo que realmente me preocupa (y la razón principal de este escrito) es la ausencia "misteriosa" de responsabilidad individual (y por supuesto colectiva) a la hora de enfrentarnos al sano ejercicio de hacer conscientes esos procesos que actúan en la creación de nuestras subjetividades, pues al igual que cuestionamos los procesos de socialización que de peques nos hacen en el egoísmo individualista, en el consumismo compulsivo, en la competitividad y lucha por el poder, también nos educamos en la feminidad y en la masculinidad, pero estas construcciones cargadas de intereses ideológicos las dejamos pasar por "naturales" o "normales" y no las cuestionamos en absoluto (al igual que pasa con la "naturalidad" de la heterosexualidad). De más está decir que este proceso de autocrítica consciente se realiza desde la alegría de sentirnos más dueñas de nosotras mismas, desde el respeto a una misma y a los procesos de los demás, desde la escucha y el apoyo mutuo, y no desde el sacrificio y el qué dirán, no se trata de negar el deseo, la erótica, la sexualidad.
¿No era la no separación entre vida y política lo que nos caracterizaba a los movimientos autónomos? ¿No son los centros sociales y otros espacios colectivos una apuesta por la experimentación en nuestras vidas de nuevas formas de socializarnos, nuevas maneras de afrontar el consumo, el trabajo asalariado y esclavizante, la industria de la cultura totalizadora y homogeneizante, la generación de pensamiento crítico y de nuevos modos de vida, de nuevas estrategias de lucha y denuncia...? ¿No criticamos sin parar la política del "tiempo libre" después del trabajo y atenciones familiares, la que no tiene en cuenta los procesos concretos y materiales que operan en nuestras existencias?
La mujer, doble víctima de las guerras
A 10 años de la Resolución 1.325
55 años después de su creación, la ONU descubrió que la mujer era víctima por partida doble en las guerras, y en 2000 aprobó una resolución para protegerla. En su aniversario se impone un balance
Roberto Montoya | Fundación Euroárabe
(Intervención de Roberto Montoya en la mesa redonda del 15 de Octubre organizada por la Fundación Euroárabe en la Biblioteca del Museo Reina Sofía de Madrid, en el marco del Festival El Ojo Cojo de Cine, Cortos y Documentales)
Estos días se cumplen 10 años desde la aprobación de la Resolución 1.325 de la ONU, y gracias a este instrumento y otros complementarios posteriores también muy importantes, Naciones Unidas ha comenzado a incorporar a una gran parte de sus organismos, misiones y actividades, la problemática de la violencia de género ligada específicamente a los conflictos armados y a los periodos de construcción y mantenimiento de la paz.
Días atrás, a inicios de octubre, representantes de Naciones Unidas dieron a conocer en Madrid, en el marco del seminario "Instrumentos eficaces para la igualdad en el desarrollo", que tres de cada mujeres en el mundo han sufrido violencia machista en algún momento de su vida. La ONU aclara que la mitad de esas agresiones sexistas la sufrieron menores de 16 años. En pleno siglo XXI se calcula que 140 millones de niñas y adolescentes sufren mutilación genital, que 30 millones de niñas viven en las calles, expuestas a la violencia sexual.
Diez millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse antes de los 12 años; 86 millones de niñas crecen sin educación alguna; miles de niñas en Afganistán son atacadas por los talibán por atreverse a ir a la escuela, las escuelas de niñas son consideradas objetivos militares.
Más de 5.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de los llamados "crímenes de honor" realizados por sus propias familias.
Hay guerras como las de Afganistán en las que Occidente utilizó de forma propagandista y oportunista la asfixiante opresión sufrida por las mujeres como muestra de la crueldad del enemigo talibán, pero nueve años después su situación, si bien es de reconocer ciertos avances con respecto a la siniestra época talibán, no ha mejorado de una forma más radical a causa del retrógrado, corrupto y autoritario gobierno de Hamid Karzai aupado al poder por EEUU y sus aliados.
En Irak, tras siete años de guerra, y cientos de miles de muertos después, EEUU y sus aliados reivindican la victoria, reivindican haber estabilizado el país, pero las mujeres han perdido terreno en materia de derechos y en su rol en la sociedad. Históricamente las mujeres iraquíes habían ido conquistado importantes derechos, muchos más avanzados que en el resto de países de su entorno, teniendo un gran protagonismo en la vida política y social. Su apogeo lo tuvieron durante los años 70, paradójicamente, bajo la dictadura de Sadam Husein..
Las guerras, sean en Africa, Asia, Oriente Medio o en cualquier parte del mundo, siguen agravando enormemente los niveles de violencia sexual contra las niñas y mujeres.
Esas agresiones, esos crímenes, no son lamentablemente casos aislados protagonizados por puñados de soldados o milicianos psicópatas de un bando u otro. Son parte ya integrante de las guerras.
Las mujeres siguen siendo como en las guerras primitivas parte sustancial del botín de guerra. Con las agresiones a cientos de miles de niñas y mujeres en países como Sudán, la República Democrática del Congo o tantos otros, no sólo se traumatiza a las víctimas directas de por vida, se dispara el número de embarazos no deseados y se expande el virus del Sida. También se logra humillar y denigrar a toda una comunidad.
En continentes como Africa, donde la mujer de las zonas rurales juega un papel económico, social y familiar vital, más que en otras zonas del mundo, las consecuencias de las violaciones sistemáticas y masivas son aún mayores.
Como denuncian las organizaciones que trabajan en la zona, tras ser víctimas de violaciones, las mujeres de una comunidad, por temor, dejan de ir a cosechar a los campos más alejados y no acuden a los mercados, alterando así toda la vida económica de las familias y comunidades, ahondando aún más su extrema pobreza.
Por eso, por todo ese panorama tan desolador que se le presenta a la mujer, desde niña, en tantos países todavía hoy día, cualquier avance que se de es importante. No se pueden minusvalorar los pasos que poco a poco y en forma desigual se están logrando en muchos lados, estimulados por la Resolución 1.325. Pero tampoco se pueden sobrevalorar creyendo que su simple existencia es de por sí garantía de un cambio profundo, radical, en todo el mundo.
Muchos programas que llevan adelante distintos organismos de la ONU u ONGs apoyadas por Naciones Unidas en numerosos países, han supuesto un estímulo, un cambio palpable para la situación de muchas mujeres afectadas por conflictos bélicos, durísimas sequías, hambrunas, mujeres desplazadas de sus casas y pueblos, mujeres hacinadas en campos de refugiados en Africa, Asia, América Latina y el Caribe.
Sabemos que Naciones Unidas aprueba muchas veces resoluciones y promueve tratados internacionales sobre los temas más variados, sobre la tortura, sobre los derechos de los niños, sobre el control de armas de todo tipo, sobre el racismo, sobre la protección del medio ambiente y un larguísimo etcétera, que, de cumplirse estrictamente, harían del planeta un lugar más justo e igualitario para vivir.
Pero sabemos también que esa mancomunidad de naciones, la más grande del mundo, donde están representados 192 países, está muy lejos de ser perfecta, está muy lejos de ser gobernada colectivamente, de forma democrática por sus estados miembros y no por un puñado de potencias que pujan constantemente por sus propios intereses, aplicando dobles raseros, violando ellas mismas los tratados contra la tortura o las Convenciones de Ginebra, y utilizando sistemáticamente, como hace desde hace décadas EEUU, su derecho de voto, para impedir la aplicación de todas aquellas resoluciones aprobadas mayoritariamente que les sean perjudiciales para sí o para sus aliados.
No nos debe extrañar por tanto que estas serias limitaciones que muestra a menudo la ONU también sean extensivas al tema de la aplicación de la resolución 1.325 y a toda la normativa en defensa de la mujer existente.
Las incoherencias de Naciones Unidas
¿Cómo es posible entender, si no es así, que en 62 años de operaciones de paz de la ONU haya habido sólo siete mujeres con rango de representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para alguna misión, o que sólo haya dos mujeres en el equipo de 40 personas que componen la Secretaría General? Todo ello, paradójicamente, a pesar de que la Resolución 1.325, en su texto insta al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros a garantizar un aumento de mujeres en todos los ámbitos de construcción de la paz, así como en carácter de enviadas especiales.
¿Cómo es posible que diez años después de la aprobación de la resolución 1.325, sólo 20 países –entre ellos España—hayan decidido llevar a cabo un Plan de Acción específico sobre el tema, y que de ellos sólo 11 están en vías de elaboración? Y esto después de una década.
¿Cómo es posible que queden impunes las violaciones y abusos contra niñas y mujeres cometidas por "cascos azules" encargados precisamente de protegerlas, de dar el ejemplo. Muchas de esas mujeres han sido violadas por milicianos o soldados en conflictos bélicos y cuando lograr refugiarse en un campamento de la ONU o estar en una zona bajo control de los "cascos azules", vuelven a vivir esa pesadilla. Y esto no ha sido ni un caso ni dos, sino muchos, en distintos países y con cientos de "cascos azules" de distintas nacionalidades involucrados.
A través del llamado Informe Machel, elaborado por Gracia Machel, ex ministra de de Educación y Cultura de Mozambique y esposa de Nelson Mandela, la ONU reconoció por primera vez públicamente en 1996 la responsabilidad de sus "cascos azules" en violaciones, trata de mujeres y abuso infantil en misiones desarrolladas en Angola, Mozambique, Bosnia, Croacia, Somalia, Ruanda y Camboya.
Esto sucedió antes de la resolución 1.325, sí, pero se volvió a producir en Haití a partir de 2004, y en Sudán, especialmente en la región de Darfour, y en la República Democrática del Congo, donde la propia ONU reconoció en un informe en 2005 que se habían producido 105 denuncias contra "cascos azules", que se aprovechaban de niñas y mujeres congolesas desesperadas para practicar sexo con ellas a cambio de comida o unas monedas.
¿Cómo se puede compatibilizar la resolución 1.325 de la ONU con la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, vigente desde 1946, y que establece que el país receptor de "cascos azules" no puede juzgarlos en su territorio aunque cometan en él delitos o crímenes?
¿Qué es lo que hace la ONU ante denuncias de ese tipo entonces? La Oficina de Supervisión Interna de la ONU es la encargada de investigar si un "casco azul" ha violado un texto interno llamado "Diez normas: Código de conducta personal de los Cascos Azules".
¿Y qué puede hacer esa Oficina de Supervisión Interna si confirma las denuncias? La ONU no tiene ningún tribunal interno, por lo que su única opción es entregar al "casco azul" a su país de origen para que lo juzgue.
Hasta ahora sólo en un par de casos se concretó esto, en el de "cascos azules" italianos que habían actuado en Somalia, a pesar de que ya son cientos y cientos los soldados denunciados. En la mayoría de los casos sólo se adelanta la vuelta a casa del "casco azul" agresor, sin que esto lo inhabilite para participar en otras misiones de país en el futuro.
Queda mucho, muchísimo por hacer todavía en todas las instituciones, en todos los ámbitos, para erradicar esta lacra. Y la violencia sexual, a pesar de lo grave que es, no es el único problema que atender. Es necesario que la mujer pueda participar activamente en los procesos de pacificación, empezando por las propias instituciones que los planifican y llevan a cabo.
La vicepresidenta primera española, María Teresa Fernández de la Vega, defendió en enero pasado en la conferencia "Mujeres, paz y seguridad", celebrada en Bruselas por la Comisión Europea y la OTAN, una propuesta para que se establecieran cuotas para lograr que las mujeres participen a todos niveles, civil y militar, en los procesos de paz y solución de conflictos. No es la única que lo ha propuesto en organismos internacionales. Pero su idea no prosperó, y el primero en rechazarla por "irrealista", fue el propio secretario general de la OTAN, Andres Rogh Rasmussen. El jefe máximo de la OTAN dijo que era imposible lograr algo así en el seno de la Alianza Atlántica dadas "las diferentes tradiciones nacionales de que partimos".
Y ahí se acabó la discusión.
Es de reconocer que España tiene el doble de mujeres militares en misiones exteriores que la media de la Unión Europea, lo que puede ayudar a tener una mayor sensibilidad para tratar un tema como las agresiones a las mujeres. Actualmente entre el 7% y el 9% del total de soldados que tiene España involucrados en misiones de pacificación son mujeres, cuando el promedio en el conjunto de la Unión Europea es de sólo el 4%.
Es un dato alentador el de España en esta materia, como es alentador un caso como el de Liberia. En un país como ese, sumergido en una cruenta guerra desde inicios de los 90 hasta 2003, con más de 250.000 víctimas mortales, con un altísimo número de violaciones, con una de cada 10 mujeres violadas menor de 5 años, la larga lucha de las mujeres ha empezado a dar sus frutos. Ellas, con sus protestas callejeras, con sus multitudinarias manifestaciones, jugaron un papel clave en el fin de la guerra y en la construcción de la paz.
Hoy día Liberia tiene presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidenta de Africa. Gracias a su labor y a la de tantas mujeres organizadas, hoy día el 20% de los efectivos de las fuerzas de seguridad liberianas son mujeres.
Hace dos años se creó en Liberia el primer tribunal especializado en violencia de género de toda Africa.
Desde este mes, Liberia cuenta con una Ley de Libertad de Información, la primera también en Africa. Y ahí la ONU ha financiado la Radio Democracia Mujeres Liberianas, que tiene cada vez mayor capacidad de emisión a todo el territorio nacional.
Son datos alentadores sin duda, pero el camino aún es muy largo y para que se avance de una forma sostenida en todo el mundo es fundamental que se acentúe la presión social y mediática sobre la clase política y todas las instituciones internacionales. Y como todas las batallas que se libran por la igualdad real de la mujer, no puede ser sólo una batalla de las propias mujeres, sino una batalla de mujeres y hombres, porque en ella se está jugando un aspecto esencial del futuro que queremos para la Humanidad.
Cuando los bancos son los que roban
Publicado el 21 de octubre de 2010
Por Amy Goodman
Los grandes bancos que ocasionaron la crisis del mercado financiero mundial y que recibieron decenas de miles de millones de dólares en subsidios financiados por los contribuyentes se encuentran posiblemente involucrados en un sin número de fraudes contra propietarios y tribunales. Esta semana, sin embargo, ha sucedido algo prometedor. Los fiscales generales de los cincuenta estados del país anunciaron una investigación bipartita conjunta sobre los fraudes llevados adelante en los juicios por ejecuciones hipotecarias.
Bank of America, JPMorgan Chase, GMAC y otros grandes bancos que otorgan préstamos hipotecarios suspendieron los juicios de ejecución tras haberse hecho público que los procesos de ejecución se llevaban a cabo como si se tratara de una "fábrica de ejecuciones hipotecarias" en la que decenas de miles de documentos eran firmados por personal subalterno con escaso o ningún conocimiento de lo que firmaba.
Aún ante esta evidencia, el gobierno de Obama señaló que no apoyaba una moratoria nacional de las ejecuciones hipotecarias y poco después de esa declaración, el Bank of America anunció que proseguiría con los juicios de ejecución. GMAC hizo lo mismo y seguramente habrá otros que se les sumarán. Se acabó la moratoria voluntaria.
GMAC Mortgage comenzó a procesar documentos en masa, mediante una práctica conocida como "firma robotizada". En muchos casos, GMAC Mortgage presentó ante los tribunales documentos firmados por Jeffrey Stephan. Stephan tiene a cargo un equipo de doce empleados en las afueras de Philadelphia. El Fiscal General del Estado de Ohio, Richard Cordray, presentó una demanda legal contra GMAC Mortgage, Stephan y contra el banco al que pertenece la firma GMAC, Ally Financial (una subsidiaria, a su vez, de General Motors).
Según un informe, Stephan debió procesar diez mil documentos relacionados a juicios hipotecarios en un mes. Tomando en cuenta una jornada laboral de ocho horas, habría tenido que leer, verificar y firmar en presencia de un escribano aproximadamente un documento por minuto. Stephan admitió haber firmado documentos sin leerlos ni comprobar si efectivamente los propietarios habían caído en mora. Y Stephan fue sólo uno de los tantos "firmantes robotizados".
Es importante tener presente que General Motors recibió 51 mil millones de dólares del rescate financiero pagado con dinero de los contribuyentes, que su subsidiaria GMAC recibió 16,3 mil millones y que la subsidiaria de Ally Financial, GMAC Mortgage, recibió 1.5 mil millones de dólares como "incentivo para la modificación de los préstamos hipotecarios."
Por lo que, usted, como contribuyente, subsidió a un banco que ahora termina ejecutándole su propiedad de manera fraudulenta. Y, ¿qué recurso tenemos para enfrentar esto?
En febrero de 2009, la parlamentaria Marcy Kaptur aconsejó a los propietarios que forzaran a los prestamistas a presentar pruebas. Kaptur afirmó: "¿Por qué razón debería un ciudadano estadounidense verse desalojado en medio del frío clima de Ohio? Habrá 10 o 20 grados bajo cero. No se vayan de sus casas porque... ¿saben qué? ...aunque esas compañías aseguren ser beneficiarias de las hipotecas, si los abogados no pueden ver y tocar los documentos hipotecarios, es como si la hipoteca no existiera. Ya verán que esas compañías no pueden encontrar los documentos allá en Wall Street. Por todo esto le digo al pueblo estadounidense: 'Ocupen sus propias casas. ¡No se vayan!'"
Aunque si se quedan en su casa, quien otorgó el crédito hipotecario podría entrar por la fuerza. Nancy Jacobini, del condado de Orange en Florida, estaba en su casa cuando oyó a un intruso. Aterrorizada, creyó que iban a robarle y llamó al 911. La policía determinó que, de hecho, el intruso era alguien enviado por JPMorgan Chase para cambiar las cerraduras. ¡Y Nancy Jacobini ni siquiera enfrentaba un juicio hipotecario!
La mayoría de los bancos que suspendieron las ejecuciones hipotecarias lo hicieron en veintitrés estados solamente, porque fue en esos veintitrés estados donde los tribunales emitieron sus fallos en relación a los juicios hipotecarios. Uno de los jueces que se ocupa de las ejecuciones hipotecarias es Arthur Schack, Ministro de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. El juez Schack fue noticia en los medios de todo el país por haber rechazado docenas de demandas de ejecución hipotecaria. Schack declaró al noticiero de "Democracy Now!": "Mi trabajo es hacer justicia… Hay demandas por ejecuciones hipotecarias que apruebo, para ello, quien otorgó el préstamo debe hacer tres cosas: debe demostrarme que hay una hipoteca, que es beneficiario de esa hipoteca a la fecha de inicio del juicio y que hay un deudor que ha caído en mora. El mayor problema para estas compañías parece ser el poder comprobar que son beneficiarias de la hipoteca a la fecha de inicio del juicio. Y es entonces que nos encontramos con muchos problemas a la hora de verificar la asignación de hipotecas, nos encontramos con declaraciones juradas de mérito dudosas y, en general, con papeleo administrativo desordenado."
Bruce Marks dirige NACA, una asociación sin fines de lucro que funciona a nivel nacional y ayuda a las personas a evitar la ejecución hipotecaria. Marks me dijo: "Cuando el Presidente Obama hacía su campaña como candidato a presidente dijo que una de las primeras cosas que haría sería imponer una moratoria de las ejecuciones hipotecarias. Nunca lo hizo. Nunca apoyó la reforma de la ley de quiebras para que la gente tuviera derecho a presentarse ante un juez de quiebras. Y ¿de qué lado está el Presidente Obama cuando dice: 'Bueno… lo que pasa es que… no queremos decepcionar al mercado.'? ¿Lo que tiene de bueno el mercado es que cuando se ejecuta la hipoteca de alguien y al lado viven personas que pagan su hipoteca, queda un edificio disponible, o queda un edificio en propiedad de una compañía inversora que no tendrá consideración ni tomará en cuenta a los propietarios que habitan el edificio? Debe haber una moratoria a nivel nacional de las ejecuciones hipotecarias para darnos un margen de posibilidad de reestructurar las hipotecas, de hacer que sus pagos sean accesibles y de hacer que esta industria empiece a mirar a los propietarios como personas, como familias, como parte de la comunidad, y no como a bienes que les dan ganancias."
Según Realty Trac, los bancos recuperaron la propiedad de 102.134 viviendas en el mes de septiembre, a grandes rasgos, una casa cada treinta segundos. Cada treinta segundos, los bancos –muchos de los cuales recibieron fondos del programa de rescate financiero del gobierno de Bush conocido como TARP y que podrían estar realizando maniobras fraudulentas– ejecutan el sueño de la casa propia de una familia estadounidense. Entretanto, GMAC informó que durante la primera mitad del año 2010 sus ganancias se han incrementado.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.© 2010 Amy Goodman Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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