Pedro Echeverría V.
1. Cuando acudo a visitar familiares o amigos enfermos a los hospitales del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE y observo las condiciones tan deplorables en la atención de sus afiliados o derechohabientes por culpa principal, esencial, fundamental, del gobierno que manda y, secundariamente de los médicos con "alta especialidad" que no tienen llenadera, es decir, que por dinero trabajan en dos, tres y cuatro instituciones, además de sus negocios particulares -sin echarle la culpa a nadie en particular porque suelen ser simples títeres- sólo pienso en que si no hacemos una revolución profunda política y cultural, esta situación continuará. En estos días he visitado diariamente a dos familiares en los hospitales de ambas instituciones y he visto con gran enojo la falta de medicamentos, de camas, de médicos (porque están ocupados en otros lados), pero lo más importante la falta de atención a los enfermos, aunque requieran operación.
2. ¿Qué hace el tres por ciento de los familiares que tiene ahorrado 20 o 30 mil pesos sino correr a un hospital particular para salvar la vida de su enfermo? A mí me ha tocado dar ese paso pero, ¿Qué puede hacer el otro 97 por ciento de los enfermos que no tiene ahorros por el hecho de haber sido en su vida trabajador de salario mínimo o desempleado? Los malditos gobiernos del México, del PAN y del PRI, nada han hecho para proporcionar buena atención médica al pueblo pobre que representa mucho más de la mitad de la población. ¿Para qué preocuparse si todos -los altos miembros de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial- gozan de médicos particulares del más alto nivel y tienen atención en clínicas privadas de los EEUU? Les importa un bledo que la gente no se cure o muera por deficiente atención en el IMSS y el ISSSTE. Mientras tanto todos hacen demagogia con "atención médica universal".
3. El capitalismo mantuvo la terrible desigualdad del llamado México Independiente de los últimos 200 años, pero la imposición del neoliberalismo en 1982 –como política económica internacional- provocó la agudización del desastre que el país vive actualmente en todos los campos, particularmente en la esfera del trabajo, el desempleo, los ingresos, la inseguridad, así como en los cada vez más deficientes servicios de salud y educativos. El IMSS, fundado a mediados de los cuarenta y el ISSSTE en 1960, así como la Secretaría de Salubridad, cumplieron su función más o menos bien hasta los años setenta; pero los gobiernos en vez de mejorarlos les fue retirando presupuestos para beneficiar a los grandes empresarios que comenzaron a ofrecer servicios privados en salud, educación, vivienda, etcétera. Los años ochenta significó la gran entrada triunfal del sistema empresarial en política, en los bancos y empresas paraestatales.
4. El ISSSTE, que según dicen los funcionarios tiene 10 millones de derechohabientes, no es tan grave la situación desastrosa de los servicios de salud comparado con el IMSS con 25 millones que al fundarse en 1944 -cuando finalizaba la Segunda Guerra y se preparaba la fundación de la ONU- fue una institución modelo en el mundo. Lo que sucede en que en el ISSSTE se atienden a empleados de gobierno (profesores, empleados, burócratas) de sectores medios y en el IMSS se atienden a obreros, empleados de empresas privadas, campesinos, etcétera) En el IMSS no sólo se repite lo que se da en el ISSSTE, sino que además la carencia de cama, enfermeras, instrumental, es tan grave que el piso de los pasillos de los hospitales sirve muchas veces de cama y muchas veces los mismos pacientes deben cargar con papel de baño, gasas, sábanas y otras urgentes. Ir a los servicios de "Urgencias" es de lo peor por la cantidad de gente.
5. Los gobiernos panistas de Fox, luego el de Calderón –en busca de la privatización de los servicios de salud- crearon el llamado Seguro Popular para en pocos años establecer el "seguro universal de salud"; sin embargo, a pesar de falsear cifras el número de afiliados es apenas de alrededor de 6 millones con muy deficiente atención. En vez aplicar mayores presupuestos a los servicios de salud pública como IMSS e ISSSTE, buscaron crear una gran institución de salud con cuotas privadas "mínimas" que llamaron "Seguro Popular" que al parecer les fracasó. Inicialmente pensó el gobierno de Fox en realizar un gran negocio con el otro 50 por ciento de la población que no pertenecía al IMSS o al ISSSTE mediante cuotas relacionadas con sus ingresos, pero se encontraron que la inmensa mayoría de la población no podía pagar y los que sí, prefirieron las clínicas y hospitales privados existentes.
6. El gobierno federal reconoció que 43.4 millones de mexicanos (40.7% del total de la población) no tenían acceso a ninguna institución o programa de salud pública o privada. De los 47.2 millones de mexicanos que se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional, 25.4 millones presentaron carencia de acceso a los servicios de salud. Además, 18 millones de mexicanos, cuyo ingreso fue suficiente para adquirir bienes alimentarios de la canasta básica, tampoco contaban con servicios de salud, según cifras de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2008, que elabora el Coneval. Del total de la población entrevistada, 59.3% cuenta con acceso a servicios de salud, según la medición, y 30.7% se encontraba afiliado al Seguro Social. El restante 19.1% tenía Seguro Popular; 6.6%, ISSSTE; 0.9%, Pemex, Defensa o Marina, y 2% otras fuentes, las cuales incluyen los seguros médicos privados. (Ver El Universal 7/IV/10)
7. No sé si México es un Estado fallido, pero sí sé que es una República con una economía desfondada en todos los niveles. Y no es una posición ideológica de "los enemigos de México", sino una realidad basada en estudios en el país e informes internacionales. Sólo hace una semana nos enteramos de balances internacionales que nuestro país ocupa los primeros lugares del mundo en corrupción; pero también a través de los años nos enteramos que en educación, en salud, en inversiones sociales, en crecimiento económico, en distribución equitativa de la riqueza, en creación de empleos, sobre todo en seguridad, ocupamos los últimos lugares en el mundo. Muy pronto aquellos que sentían mucho orgullo por ser mexicanos, sentirán vergüenza decir que son de este país sinónimo de corrupción y de atraso educativo. ¡Qué jodidos! Mientras la mayoría de la población trabaja con honradez, políticos y empresarios desprestigian al país.
REFORMA LABORAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES
Ponencia presentada por el Lic. Eduardo Miranda Esquivel1, en el Foro de Mujeres Trabajadoras por la Equidad de Género en el Ámbito Laboral, organizado por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social (DGTPS)2, del Gobierno del Distrito Federal (GDF), el 28 de octubre de 2010, en la ciudad de México, Distrito Federal.
El gobierno federal y su aplicado Secretario del Trabajo no ceden en su propósito de llevar a cabo una reforma laboral que flexibilice las condiciones de trabajo e inutilice la fuerza sindical democrática, para facilitar la inversión extranjera y las ganancias de los grandes patrones y grupos monopólicos del país, como lo acreditan el discurso presidencial del cuarto informe de gobierno, rendido el pasado 2 de septiembre, al presentar un balance de resultados de los 10 puntos "para transformar a México de fondo", en el que se insiste en que la reforma laboral "es una prioridad", así como, con las recientes declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)3, quien ha afirmado categóricamente que al "al país le urge una reforma laboral", cuando lo que urge en nuestros días es que se cumpla la ley, particularmente los derechos humanos laborales previstos en el artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los convenios y tratados internacionales.
Intentan iniciar discusión sobre reforma laboral
En estos días de octubre, según la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y el titular de la STPS, se iniciaría el análisis para lograr una reforma laboral en México, que tendría como base de discusión, tres propuestas de iniciativa de reforma a la LFT, que presentaron en su orden, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo de los Cobos; el diputado y líder sindical Francisco Hernández Juárez, a título personal como legislador adscrito al Partido de la Revolución Democrática (PRD); y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Amador Monroy Estrada4, respectivamente en marzo, abril y octubre de este año, con el objeto, según el titular de la STPS5, de modificar y crear una nueva regulación legal para "estimular la competitividad y la productividad" y "modernizar las juntas locales de locales de Conciliación y Arbitraje" para "mejorar la atención e impartición de la justicia laboral, pero el tiempo pasa y no logran concretar sus intenciones.
Difícil pero posible la imposición de la reforma
En la recta final del 2010 las condiciones para imponer la reforma laboral son favorables al gobierno porque éste ha intensificado su campaña para convencer a la población de las bondades de la misma, acelerando los acuerdos de cúpula y diezmando las protestas y la acción sindical independiente, pero el escenario nacional de crisis les presenta un panorama difícil para lograrlo, así como también, por el calentamiento político electoral rumbo al 2012 y la oposición de algunas directivas sindicales, incluidas las del Congreso del Trabajo (CT), varios sectores del PRI y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así como, de instancias empresariales, lo cual hace prever que al gobierno le será difícil pero posible la imposición de la reforma en el actual periodo de sesiones del Congreso, por ello, las y los trabajadores, pequeños y medios empresarios y fuerzas progresistas debemos intensificar nuestra oposición a dicha reforma, por ser perjudicial a los derechos adquiridos, exigiendo que se cumpla la legislación actual.
Nociva una reforma laboral en condiciones de crisis
El actual sistema económico nacional, dependiente del exterior, con atrasos y enormes desigualdades, está agonizante por causas estructurales propias y debido a la crisis mundial, sin que las políticas públicas actuales avizoren una recuperación como falsamente lo ha sostenido el gobierno federal, quien le sigue apostando a proteger los intereses de los grupos dominantes y a la estabilidad macroeconómica, en detrimento de la productividad, el empleo y el consumo popular, que se encuentran fuertemente impactados por el clima de inseguridad y violencia que vive el país. Con este modelo, no existe opción a corto plazo, de satisfacer las necesidades sociales y si por el contrario, la calidad de vida sigue cayendo en 2010, como lo muestran los índices de Transparencia Internacional, al reprobarnos en corrupción con una calificación de 3.1 en una escala del uno al diez, para ocupar el lugar 98 de 178 naciones analizadas; bajar cuatro posiciones en la medición del nivel de prosperidad de ingresos, al pasar del sitio 49 al 53, entre 110 países, según el Instituto Legatum del Reino Unido; y, al descender del quinto al séptimo lugar en el Índice de Desarrollo Democrático en América Latina, pasando del lugar 72 al 98, de acuerdo con la Fundación Alemana Konrad Adenauer6. Es decir que México, con el PAN, es menos próspero, menos democrático y más corrupto, por lo que una reforma laboral en estas condiciones sería nociva y un caldo de cultivo para generar mayor pobreza, desempleo y corrupción en el país.
Reforma laboral afectaría por igual a hombres que mujeres
Aunque la situación de crisis, falta de bienestar y descomposición política afecta a las y los trabajadores en general, cabe señalar que sus repercusiones son mayores en las mujeres que en los hombres, ya que con la recesión se ha dado en los últimos años una incorporación masiva de las mujeres en los procesos laborales, sobre todo en las grandes ciudades y en el sector terciario de la economía, aumentando la ocupación femenina y con ello el desempleo y la informalidad en el empleo, es decir, que el género femenino7 se debate entre el desempleo, subempleo y la precarización de sus condiciones de trabajo y de vida, lo cual aumenta también con la falta y cierre de centros de trabajo, despidos, ausencia de salarios suficientes y altos costos de la canasta básica de alimentos, pero sobre todo, por su condición social de subordinación y segregación al ser objeto de todo tipo de abusos y excesos, desde discriminación hasta agresiones y acoso sexual, sumados a su condición de doble o triple explotación en algunos sectores o casos, no obstante, la reforma laboral afectaría por igual a hombres y mujeres, ya que no busca, al menos la del PAN, remediar ésta situación, particularmente el caso de cerca de 2 millones de trabajadoras domésticas remuneradas o empleadas del hogar y si en cambio, no se aplica la ley actual en lo que les favorece.
Pobreza y desempleo en la población femenina
Dos temas relevantes de la agenda nacional fueron soslayados por el pasado cuarto informe presidencial, que son los de pobreza, que en alguna de sus formas abarca casi al 80 por ciento de la población total del país que al II Trimestre de 2010 de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es de un total de 108 millones 298 mil 131 personas8; y, desempleo, en condiciones en las que ya existen cerca de 3 millones de desempleados9, con una tasa de desocupación igual entre hombres y mujeres de 5.7 por ciento en septiembre de 2010, no obstante que las mujeres están menos ocupadas que los hombres. A lo que habría que agregarle que cerca de 4 millones de personas más están en el subempleo y 12.8 millones se encuentran en la informalidad. De los 44.6 millones de personas que constituyen la PEA ocupada, al II Trimestre de 2010, casi la mitad gana entre 1 y 3 salarios mínimos, 4 millones no reciben salario alguno y otros 4 millones más solamente ganan un salario mínimo, es decir viven con 57.46 pesos al día. Esta es la cruda realidad que no se dijo en el informe y que afecta principalmente a las mujeres, quienes además reciben un salario promedio inferior en un 10 por ciento respecto del de los hombres por trabajo igual y en algunos casos trabajan sin remuneración, solamente por propinas, además de que la gran mayoría realiza trabajo en el hogar sin retribución alguna.
Política laboral con enfoque de género, posible sin una reforma laboral
Los derechos de las y los trabajadores deben defenderse y ampliarse, pero para ello, no es prudente hacerlo a través de la reforma laboral que se nos ofrece, sino buscar mecanismos que permitan, desde la esfera de los poderes públicos y organismos de justicia y autónomos, establecer una política laboral democrática hacia las mujeres, que promueva la erradicación de la violencia y su discriminación; que consolide el pleno uso de sus derechos; instituya la perspectiva de género como criterio fundamental en la formulación y ejecución de las políticas públicas; y, que garantice su acceso a los beneficios del desarrollo económico, promoviendo la igualdad y equidad en el trabajo, mejores salarios y la capacitación necesaria, para alcanzar mejores puestos o bien dedicarse a actividades empresariales, particularmente en el ámbito de la economía social y cooperativa, en lo que nosotros hemos denominado democracia económica con enfoque de género, al considerar que una política laboral con enfoque de género es posible, sin una reforma laboral engañosa y que quebrantaría los derechos de todos y todas. Esta posibilidad la brinda el marco legal constitucional, la misma LFT y los tratados y convenios internacionales, y legislaciones locales como la del Distrito Federal (DF)10
Amnistía Internacional se une a la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe
Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.
La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas.
Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo.
Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde 2007.
A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el 
personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas.
Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en adición a las 31.000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6.000 firmas más, recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al presidente Daniel Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno que penalizan el aborto sin excepción.
Amnistía Internacional se une a este llamado regional.
Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud.
"Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación", ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional
Abuso de poder, violencia intrafamiliar, tráfico de influencias ... ? PANISTA
Apoyados por elementos de la Armada y de la Sedena, David y Rodrigo Fernández de Cevallos arrebataron los menores a su madre
Foto: sipse.com
Los militares recibían órdenes de tres personas vestidas de civil para evitar que se tomaran fotografías de un operativo que hubiera hecho palidecer al implementado en la captura de un capo de la droga en México.
Minutos antes de las 19 horas corrió como reguero de pólvora la noticia de un fuerte despliegue de elementos castrenses en la 50 avenida entre 11 y 13. Todos abastecidos con armas larga y de grueso calibre. Por las características del operativo, inicialmente se habló de la detención de narcotraficantes y posteriormente de ejecutados.
La realidad era que David y Rodrigo Fernández de Cevallos, hijos del "Jefe Diego", llegaron armados a Cozumel para llevarse a los infantes, producto de la unión entre Jimena y David.
El oficial de más alto rango en la movilización militar era Sergio Ricardo Martínez Ruiz, comandante de la Guarnición Militar en Cozumel.
Los militares entraron a la casa y según testimonios de la agraviada y sus familiares, les arrebataron a los menores y provocaron daños en el interior de su residencia.
Tras un lapso de 30 minutos, los dos menores fueron introducidos a una camioneta tipo Van. Varias personas en el interior los cubrían y partieron con rumbo desconocido.
Jimena Mari-Fouche se controló un poco para poder hablar con los reporteros a quienes dijo que David se aprovecha de la ausencia de su padre, quien nunca hubiera permitido el abuso del que fue objeto y el "rapto" de sus hijos. Agregó que su ex esposo, tras el secuestro de su suegro, la encerró cuatro meses en Querétaro.
Con la ropa desgarrada y un corte en la parte interna del labio, producto de la lucha por retener a sus hijos, dijo con voz quebrada por el llanto que durante todo este tiempo fue abusada física y psicológicamente.
Previo a su separación, David Fernández de Ceballos fue demandado por violencia intrafamiliar y reveló que su divorcio está en proceso, mientras tanto, un juez le otorgó la custodia de los menores.
"Vine a Cozumel porque es un lugar seguro (...) Aquí quiero criar a mis hijos y ahora me los han quitado con todo este despliegue de fuerza. Soldados ¿para qué? ¡Son niños, por Dios!". Expresó la atribulada madre.
Antes de retirarse dijo a los corresponsales de medios impresos y electrónicos que ambos (David y Rodrigo) estaban armados en el momento de los hechos y que entraron con una supuesta orden de cateo, misma que debe ser falsa, ya que un juez le favoreció en la custodia de sus hijos.
David permanece en la isla con sus dos hijos
Hasta el momento David Fernández de Cevallos permanece en la isla con sus dos hijos. Intentó cruzar a Playa del Carmen en el ferry de las 21 horas, pero no fue posible porque llegaron elementos de la Procuraduría General Justicia del Estado en Cozumel, quienes le solicitaron que se identificara y un documento que avale que pueda llevarse a sus hijos. No pudo demostrarlo.
Trabajadores del ferry, aún se desconoce la empresa, impidieron que se trasladara hasta arreglar la situación legal con sus hijos. Aún no hay explicación de porqué las fuerzas Armadas colaboraron para "secuestrar" a los también hijos de Jimena Mari-Fouche.
La última vez que se le vio a Fernández de Cevallos hijo, fue cerca del restaurante "Las Palmeras" frente al muelle donde operan los ferrys que se dirigen a Playa del Carmen.
América Latina: Las mujeres al frente de los movimientos contra la militarización
Para países como Haití, Honduras, México y Colombia, las esperanzas de paz y convivencia se han desvanecido ante el avance de la militarización
Laura Carlsen | Programa de las Américas
Cuando George Bush Jr. salió de la Casa Blanca, el mundo suspiró aliviado. La Doctrina de Seguridad Nacional de golpes unilaterales, la invasión de Irak bajo el pretexto falso de las armas de destrucción masivas, y el abandono de los espacios multilaterales había abierto una nueva fase de agresión estadounidense. A pesar de la concentración en el medio-oriente, el aumento de la amenaza de la intervención militar se sintió fuerte e inminente en muchas partes del mundo.
A dos años de distancia, el alivio ha dado paso a una creciente preocupación. Estamos frente a una nueva ola de militarización en América Latina, apoyada y promovida por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Algunas comunidades ya lo están viviendo con la presencia visible de soldados en sus calles. Para países como Haití, Honduras, México y Colombia, las esperanzas de paz y convivencia se han desvanecido ante el avance de la militarización. Aunque ésta está impuesta bajo varios pretextos, en el fondo los objetivos son el control social y el dominio sobre los recursos naturales, basado en la fuerza.
Un recorrido por esta nueva realidad nos demuestra condiciones de vida deterioradas, aumento en la violencia, desplazamiento forzado, presupuestos desviados de las necesidades básicas de la población hacia la compra de armas y espionaje, violaciones de derechos humanos y libertades civiles. En nuestra región, el modelo de guerra global contra el terrorismo se ha convertido, con muy pocos ajustes, en la guerra contra el narcotráfico, que tiene un subtexto explícito de guerra de contrainsurgencia.
En este contexto, resalta a la vista la resistencia y el papel fundamental de las mujeres en los movimientos contra la guerra y por la paz. Las razones de la participación notable de las mujeres en estos movimientos no tiene que ver con argumentos esencialistas que afirman que las mujeres tienen un vínculo biológico más fuerte con la vida que las lleva a luchar contra las guerras. Desgraciadamente, sobran ejemplos de mujeres en la política y la sociedad que han sido promotoras de la guerra y de la militarización, igual que hay muchos hombres que resisten. Más bien el compromiso de las mujeres organizadas a luchar contra la militarización surge de su propia experiencia y de sus papeles sociales. Desde las Feministas en Resistencia al golpe de estado en Honduras, hasta las madres de Ciudad Juárez, la terrible violencia desatada por las estrategias de confrontación y la presencia de las Fuerzas Armadas las han motivado a movilizarse en defensa de la paz y la democracia.
Existe una razón más que explica la amplia militancia de las mujeres en los movimientos contra la militarización. Ellas enfrentan riesgos particulares; son o pueden ser víctimas de crímenes de género y violencia sexual, incluyendo el uso sistemático de la violación como arma de guerra. Desde hace tiempo se sabe que la violación y el abuso sexual no son meramente excesos, o parte del "botín de guerra". Son tácticas de dominación por medio del cuerpo de la mujer, con fines políticos y militares. Sin embargo, fue relativamente reciente que la violencia sexual fue reconocida por las Naciones Unidas como crimen de guerra y asunto de seguridad internacional. A pesar de la adopción del resolutivo 1325 que cumple diez años este mes, la impunidad sigue empeorando en estos casos, ante la indiferencia de las sociedades, la debilidad de los sistemas de justicia y el poder de las fuerzas militares culpables.
Haití hoy es un ejemplo trágico de la violencia sexual que crece en un entorno militarizado. A pesar de la presencia de más de 12 mil tropas de la MINUSTAH, después del terremoto de 12 del enero se han reportado cientos de violaciones de mujeres en los campamentos de refugiados; una ONG reportó 230 violaciones entre enero y marzo en sólo 15 campamentos, un número que lamentablemente parece ser solo el punto del iceberg. La concentración de la ayuda internacional en la seguridad y el despliegue de tropas no han servido para proteger a las mujeres haitianas. En sus testimonios sobre los abusos–cargados de llanto e impotencia–señalan que los soldados no responden a sus quejas. La estrategia de militarización del país ha desviado cuantiosos recursos hacia las tropas; si los recursos fueran canalizados a la vivienda y la alimentación, las mujeres no estarían en tales condiciones de alto riesgo.
El caso de Haití destaca la importancia de desarrollar un análisis de género desde el principio de los esfuerzos de paz para lograr una visión integral de la violencia y una definición amplia e inclusiva de la seguridad. La aportación de las mujeres a los movimientos contra la militarización en sus países no es sólo la de alimentar las bases de las organizaciones populares o lograr mayor representatividad de su género, aunque estos dos motivos son importantes. También traen una agenda propia de derechos e igualdad de género que es un pilar de la construcción de la paz duradera y con justicia. A pesar de la urgencia de la lucha contra la militarización, no han dejado atrás o "para después" esta agenda feminista. Como explica Adelay Carias de Feministas en Resistencia:
"En un primer momento, la necesidad urgente e inmediata de luchar contra los militares, de detener la represión y de exigir el regreso al orden constitucional fue lo que nos motivó y nos guió para sumarnos a esta lucha. Pero también desde el principio entendimos que era el momento para posicionar nuestras demandas, para ampliar los límites de nuestro proyecto feminista… Nuestras consignas "Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres", "Alto al femicidio", "Ni botas ni sotana contra las lesbianas", "Saca tu rosario de mis ovarios", se escuchaban en las marchas, mientras caminábamos a la par del pueblo de Honduras exigiendo paz, libertad, igualdad, democracia, justicia."
Yolanda Becerra, de la Organización Femenina Popular de Colombia, destaca que el movimiento de mujeres contra la militarización y por la paz con justicia en su país lucha por "todos los derechos—el derecho a una vida digna, el derecho a decidir, el derecho a la palabra, el derecho para poder comer en medio de la pobreza…". En agosto llevaron a cabo el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarizaciónpara tejer redes, discutir el conflicto armado desde una perspectiva de género y "buscar las formas para desarticular la lógica de la guerra." Mujeres de todas partes del mundo participaron en el evento, que tuvo como eje la protesta contra el acuerdo para la presencia militar de EEUU en por lo menos siete bases militares colombianos.
Las mujeres pagan un precio alto para su resistencia. Desde Honduras, las Feministas en Resistencia–la alianza de organizaciones de mujeres que se formó después del golpe de Estado–presentó un informe a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos el 2 de noviembre que documenta cientos de casos de violación, abuso sexual, violación de derechos y asesinatos de mujeres de la resistencia a manos de los golpistas.
Becerra, de la OFP, obtuvo medidas cautelares de la CIDH, después de recibir múltiples amenazas. Otra mujer que habló en el Encuentro contra la Militarización fue la Senadora Piedad Córdoba. Reconocida opositora a la militarización de su país y promotora de una salida negociada al conflicto, habló de los 4 millones de refugiados internos que son el resultado de la militarización de Colombia, y "el despojo de más de 5 millones de hectáreas de la tierra de los campesinos, en manos de los paramilitares para pasar a las manos de los grandes empresarios que son los financiadores del paramilitarismo… "
Concluyó: "Por eso las mujeres estamos decididas: No más hijos para la guerra, aquí es imposible parar la guerra con la guerra… La paz no es sólo una palabra bonita. La paz es la necesidad de discutir cómo se reparten los beneficios del desarrollo, quienes se quedan con la riqueza… Estamos frente un Estado que militariza el pensamiento, que militariza hasta el deseo, que militariza hasta el amor, la amistad–nuestra voz tiene que ser en contra de la guerra, pase lo que pase."
La respuesta del gobierno de la "seguridad democrática"—léase la militarización—fue rápida. Menos de un mes después de su intervención en el encuentro de mujeres contra la militarización, el Procurador anunció la decisión de destituir a Córdoba e inhabilitarla por 18 años de funciones públicas por supuestos vínculos con las FARC, otra expresión de la militarización patriarcal. Ella ha participado en negociaciones oficiales con las FARC y ha logrado la liberación de varios rehenes. Dice que no la van a callar.
Ahora las mujeres mexicanas empiezan a sufrir lo que sus compañeras colombianas conocen desde hace décadas. A pesar de los pésimos resultados, Hillary Clinton anunció hace unas semanas que hace falta un "Plan Colombia" para México. Aún sin la escalada que implica un "Plan México", la militarización de México ha avanzado de manera estrepitosa bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico de Calderón y la Iniciativa Mérida de los EEUU.
En México, como en Colombia, son las mujeres las que están al frente de las nuevas organizaciones contra la militarización. Fue una mujer—madre de un joven asesinado- que interrumpió el discurso de Calderón en Ciudad Juárez en febrero de este año, protestando a gritos por la fracasada estrategia de seguridad que ha convertido su ciudad en territorio ocupado y ha multiplicado más de diez veces los asesinatos. Fueron mujeres que se pararon a darle la espalda a un presidente que prometía seguridad y entregaba muerte. Siguen siendo mujeres, en organizaciones de mujeres o en grupos mixtos de ciudadanos, que rechazan la afirmación repetida por el gobierno hasta el cansancio que la muerte de sus hijos es un costo razonable en el enfrentamiento con el crimen organizado.
En la frontera norte, defensoras de derechos humanos han sido ejecutadas. Sus casos y los contextos son diferentes de las jóvenes víctimas de los feminicidios—son blancos no por su vulnerabilidad sino precisamente por su valor cívico. Sin embargo, la impunidad que encubre todos los crímenes contra las mujeres es la misma. La militarización de estos países tiene un impacto directo en las vidas de las mujeres, y también en sus formas de resistencia. Daysi Flores de Feministas en Resistencia explica su experiencia: "En sólo un año, hemos tenido que aprender a vivir con dolor, impotencia, coraje, miedo y desesperanza. Intenten maquillar la dictadura, pero caminando en las calles se ve que es un país tomado por las fuerzas militares. Entonces, tenemos que ser creativas, aprender a enfrentar las amenazas, cómo no ser asesinadas, detenidas, violadas o secuestradas. Aún así rechazamos abandonar la idea de la democracia, la verdadera, la que nos robaron con sus rifles, gases lacrimógenos, golpizas y muertes. Por eso, seguimos saliendo a protestar, aún cuando se pone en riesgo nuestras vidas."
Las redes de solidaridad entre las mujeres a nivel internacional han sido muchas veces coyunturales ó efímeras. Las mujeres que enfrentan la militarización en situaciones de conflicto están expuestas a riesgos que van desde amenazas a ellas y a sus familiares, asesinato, abuso sexual y violencia física y psicológica. Tenemos que construir redes de respuesta rápida para jamás dejar sola a una compañera amenazada o en peligro por haber alzada la voz contra la militarización. Asimismo, las organizaciones nacionales de mujeres contra la militarización y por la paz se encuentran en etapas incipientes de desarrollo organizativo en la mayoría de los países, frente una dinámica muy acelerada de la militarización. Si Yolanda Becerra nos dice que el movimiento de mujeres contra la guerra en Colombia lleva más de diez años en construcción, lo cierto es que para México y los países centroamericanos el proceso tiene que ser acelerado, antes de que la militarización se vuelva un aspecto estructural de la vida cotidiana y rompa el tejido social, que es la base para una paz verdadera. Este es el gran desafío para todas nosotras.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en www.cipamericas.org.
http://www.cipamericas.org/es/archives/3436
La guerra debería ser tema de estas elecciones
Escuche (en español) Publicado el 28 de octubre de 2010
Por Amy Goodman
A sólo días de las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato, WikiLeaks, el sitio web de denuncia de prácticas ilegales, reveló la mayor filtración de información clasificada del ejército estadounidense de la historia. Casi 400.000 documentos secretos del Pentágono relacionados a la invasión y ocupación estadounidense de Irak fueron publicados en la web. Los documentos, terriblemente detallados, dan muestra del cotidiano torrente de violencia, asesinatos, violaciones y torturas al que han sido sometidos los iraquíes desde que George W. Bush declaró "Misión cumplida". Los documentos publicados por WikiLeaks, conocidos como "Registros de la Guerra de Irak" han ocupado los primeros lugares en los titulares de Europa, pero en Estados Unidos apenas mereció mención en los programas de entrevistas de los domingos.
En primer lugar, están los documentos en sí. Hablé con Julian Assange, fundador y editor en jefe de WikiLeaks.org y él me explicó: "Estos documentos cubren desde el año 2004 hasta comienzos del 2010. Es la descripción más certera de una guerra que se haya publicado jamás. De los documentos surge que hubo 285.000 víctimas que se van sumando informe tras informe. Se puede ver cada víctima, dónde sucedió, cuándo sucedió y quién estuvo involucrado según los informes internos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos."
David Leigh, editor de investigaciones del periódico the Guardian de Londres, me dijo refiriéndose a la información filtrada: "Representa materia prima para la historia. Poseer esta información es algo de inmenso valor ya que, como todos sabemos, durante los últimos seis o siete años de invasión y ocupación de Irak, ésta ha ido acompañada, como ocurre con frecuencia, de propaganda, interpretaciones, versiones saneadas. Esta es la versión lisa y llana de los hechos y es claro que esta versión lisa y llana, sin adornos, confirma lo que muchos de nosotros temíamos y lo que muchos periodistas han intentado informar a lo largo de estos años: que Irak se convirtió en un baño de sangre, con asesinatos innecesarios, matanzas de civiles, torturas y personas golpeadas hasta morir."
Los informes, redactados con el inexpresivo lenguaje burocrático y plagados de jerga militar, brindan detalles espeluznantes. Si vamos al sitio web de Wikileaks y buscamos en los cientos de miles de registros, veremos que palabras tales como "violación", "asesinato", "ejecución", "secuestro" y "decapitación" aparecen una y otra vez en los cientos de miles de informes, documentando así, no sólo la escala y regularidad de la violencia, sino en definitiva, una nueva cifra total de víctimas civiles en Irak.
La organización Iraq Body Count, con sede en Inglaterra y que posee una base de datos sobre las muertes en Irak a partir de una cuidadosa investigación que contabiliza únicamente las muertes documentadas, estima que los "Registros de la Guerra de Irak" documentan 15.000 muertes de civiles que no habían sido registradas hasta ahora, lo que lleva a una cifra total de más de 150.000 muertes desde el inicio de la invasión, un 80 por ciento de las cuales son víctimas civiles.
En un incidente en febrero de 2007, dos hombres iraquíes intentaban rendirse ante el ataque de un helicóptero de combate estadounidense. Los informes revelan que se ordenó a la tripulación regresar a su base y se les dijo: "Los hombres no pueden rendirse ante una aeronave, por lo que son un blanco válido", Ambos hombres fueron asesinados. Se trataba de la misma unidad y el mismo helicóptero que, unos meses después, atacó a un grupo de civiles en Bagdad, asesinó a todos los hombres que formaban parte del mismo, entre ellos a dos empleados de la agencia de noticias Reuters, e hirió a dos niños. Este incidente que también se encuentra documentado en los Registros de la Guerra de Irak dio origen a otra destacada publicación de WikiLeaks llamada "Asesinato Colateral."
US SOLDIER: "Light 'em all up. Come, on, fire!"
"(gunshots)"
La filmación del ataque realizada desde el propio helicóptero Apache, con la correspondiente grabación de la radio militar,
"(gunshots)"
US SOLDIER: "Keep shooting"
muestra soladados que ríen e insultan mientras asesinan a civiles y hacen noticia en todo el mundo.
US SOLDIER : "One small child wounded. Over."
US SOLDIER : "Roger. Ah, damn. Oh, well."
Imaginemos si las operaciones militares no fueran así de secretas, si el asesinato de febrero de los dos hombres con los brazos en alto intentando rendirse se hubiera hecho público. Si hubiera habido una investigación y se hubiera aplicado una acción punitiva apropiada. Quizás el camarógrafo de Reuters, Namir Noor-Eldeen, de 22 años de edad, y su chofer, Saeed Chmagh, padre de cuatro hijos, hoy estarían vivos, y quizás también estarían vivos los civiles junto a los que tuvieron la mala suerte de caminar aquel fatídico día de julio. He aquí la importancia de la transparencia.
En las grandes cadenas de televisión, los programas políticos del domingo apenas tocaron el tema de la mayor filtración de información clasificada en la historia de Estados Unidos. Cuando se les preguntó por qué no trataron ese tema, afirmaron que las elecciones de mitad de mandato eran su prioridad. Está bien… pero la guerra es un tema de las elecciones y debería surgir en cada debate, discutirse en cada programa de entrevistas, de análisis político.
Imagino a los medios masivos de comunicación como a una enorme mesa de cocina que se extiende por todo el planeta y alrededor de la cual podemos sentarnos todos, y debatir y discutir los temas más importantes del día: la guerra y la paz, la vida y la muerte. Hacer menos que eso perjudica a los hombres y mujeres en servicio, soldados de este país que no pueden desarrollar estos debates en las bases militares y confían en nosotros, la sociedad civil, para discutir y determinar si van a vivir o a morir, si serán enviados a asesinar, a ser asesinados. Hacer menos que eso menoscaba a cualquier sociedad democrática.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.© 2010 Amy GoodmanTexto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.orgAmy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Respeto a la autonomía, justicia para San Juan Copala
Nos pronunciamos en contra de que ese asesinato de Estado, sea el pretexto de las autoridades y los paramilitares para seguir masacrando, hostigando y amenazando al municipio autónomo
Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala
Al pueblo explotado de México y el mundo:
A la Otra Campaña Nacional e Internacional:
A las Organizaciones solidarias con la lucha Triqui:
A todos los Organismos de derechos Humanos independientes:
Octubre, 2010
La autonomía en la región triqui se declara formalmente en el año de 2007, con el consenso de 10 comunidades; estableciéndola en el centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca. La historia del pueblo triqui nos habla de más de 500 años de resistencia a la conquista e intervención de múltiples entes políticos, a través de la colonización interna y externa del sistema capitalista para generar violencia entre las comunidades triquis.
Antes surgieron múltiples intentos entre los triquis para establecer la paz en la región y así enfrentar la guerra colonizadora capitalista. Se creó el CLUB en los 70´s y el MULT en los 80´s, este comienza a tener una política diferente en el año del 2003 con la conformación del Partido unidad Popular, el cual se quiso imponer a la postura de no a los partidos políticos, por lo cual varios fundadores del MULT conforman el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el cual después de un acuerdo con la población triqui da paso a la formación del Municipio autónomo de San Juan Copala.
El Municipio Autónomo logra detener la violencia en la región y frenar los asesinatos por un tiempo, por eso la autonomía fue generando la simpatía entre los triquis. En noviembre del 2009 el Estado intensifica la represión por medio de un cerco paramilitar, operado por las dirigencias de MULT-PUP y UBISORT (se impide el paso a una caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco), lo que coincide además con la aparición de los procesos electorales para renovar alcaldías en octubre de ese año. Luego de cerca de 30 asesinatos desde el 2008 a la fecha en San Juan Copala, el Municipio Autónomo fue desalojado por más de 500 hombres armados apoyados por la policía estatal y municipal, el 13 de septiembre del 2010, destruyendo, quemando y robando las casas.
Por estos hechos la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "… solicitó al Estado mexicano establecer medidas cautelares en favor de 135 triquis del municipio autónomo de San Juan Copala –todas y todos ellos desalojados- ante las agresiones de grupos paramilitares" (La Jornada, 10 de octubre). Pero el 16 de octubre fueron emboscados triquis desplazados de la comunidad, siendo asesinadas dos personas, y dos más resultaron gravemente heridas, pese a las medidas cautelares.
Desde que surgió el Municipio Autónomo de San Juan Copala la estrategia de lucha ha sido pacifica y la orientación era hacer una lucha sin responder con violencia a la violencia.
El asesinato del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, responde a la política represiva del Estado y de intereses políticos para seguir explotando, reprimiendo, colonizando. Después de atacar a la Autonomía, ahora quieren exterminar todo vestigio de la lucha triqui, atacando en su mayoría a esta comunidad, sin importar su afiliación o postura política, teniendo más justificaciones para seguir reprimiendo al Municipio Autónomo.
No olvidamos los asesinatos de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Héctor Antonio Ramírez, Elías Fernández de Jesús, José Celestino Hernández, Beatriz Alberta Cariño, Jiry Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez (siendo este el líder moral de la comunidad triqui en el municipio), Tleriberta Castro, Antonio Ramírez, Antonio Cruz, Rigoberto González, Pedro Santos, David García, Paulino Ramírez, Serafín Ubaldo Zurita, Teresa Ramírez, ocurridos desde la fundación del Municipio Autónomo a la fecha.
Ninguno de ellos mereció la atención del Estado para asignarles guardias, ni siquiera un pronunciamiento del Gobernador, tanto del saliente (el asesino Ulises Ruiz) como del que está por asumir el cargo (Gabino Cué).
Hacemos responsable al Estado por no haber impedido la masacre en Copala y de haber asesinado a un dirigente del MULT, ya que solo alguien con los recursos suficientes pudo haber burlado la seguridad de Heriberto Pazos quien en vida conformó el Partido de Unidad Popular (PUP), el cual fue participe en algunas alianzas con el PRI y con cierto vinculo al PAN, y que en declaraciones se opuso al proyecto de autonomía.
Nos pronunciamos en contra de que ese asesinato de Estado, sea el pretexto de las autoridades y los paramilitares para seguir masacrando, hostigando y amenazando a los simpatizantes del municipio autónomo en las comunidades, los que se encuentran en los plantones de la ciudad de Oaxaca y en la de México, DF.
Exigimos que las medidas cautelares se hagan extensivas a las familias del municipio autónomo que no son contempladas y el cumplimiento de las mismas.
¡Justicia para San Juan Copala!
¡No a la impunidad, castigo a los culpables materiales e intelectuales de los asesinatos!
¡Respeto al Municipio Autónomo de San Juan Copala!
Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala
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