Pedro Echeverría V.
1. El libro México profundo -Una civilización negada- de Guillermo Bonfil, publicado hace poco más de 30 años (unos siete años antes de la rebelión indígena del EZLN de 1994) transformó radicalmente mi concepción sobre la historia de México. Ignoro si los dirigentes de esta maravillosa rebelión –metidos en la selva de Chiapas- lo conocieron antes; pero sí me atrevo a afirmar que así como el EZLN vino en 1994 a reivindicar y a recordarnos los derechos indígenas, el libro de Bonfil ayuda a entender lo que ha sido nuestra civilización mesoamericana negada, tergiversada, casi destruida y en proceso de olvido. El libro consta de apenas 250 páginas, que por su interés, pueden leerse en un tirón, es decir, en una cuantas horas. ¿Cómo no tratar de entender las radicales diferencias entre nuestra cultura mesoamericana, original, autóctona y la cultura que nos impusieron –la occidental- con todo el afán de someternos?
2. "La historia reciente de México, la de los últimos 500 años –escribe Bonfil- es la historia del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encauzar al país en el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten arraigados en formas de vida de estirpe mesoamericana: el primero llegó con los invasores europeos, no se abandonó con la independencia: los nuevos grupos que tomaron, primero los criollos y después los mestizos, nunca renunciaron al proyecto occidental". Este párrafo ha sido esencial para mí al mantener una posición totalmente crítica de los llamados héroes; no sólo para combatir a los conservadores aliados a españoles, franceses, ingleses, yanquis, militares y clero, sino que también para combatir a los héroes liberales (Juárez, Madero, Obregón, entre otros) que en nombre de la justicia y anticonservadurismo consolidaron el dominio de la burguesía y occidente.
3. El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país, escribe Bonfil. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que los indígenas son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo proceso histórico. Sólo a partir de la invasión europea y la instauración del régimen colonial es cuando el colonizador ignora (parece no entender, a propósito) la ancestral mirada profunda del indio para ver y entender esta tierra, pero también ignora su experiencia y su memoria. No hay duda que los invasores no buscaban entender o comprender nada porque su mentalidad siempre fue el uso de la fuerza y de las armas para dominar y saquear las riquezas del país.
4. Nadie puede negar que la burguesía haya sido revolucionaria en su tiempo, es decir, en los años en que los terratenientes, el clero, los militares, los caciques, saqueaban todas la riquezas y mantenían a la población en la miseria, el hambre y la total ignorancia; pero aquel proyecto que en México se desarrolló a mediados del siglo XIX (como proceso de acumulación originaria, según Marx) no solo expropió a la iglesia y a los conservadores sino que arrebató también las tierras comunales a los indígenas y campesinos para entregárselo a la nueva burguesía terrateniente. La rebelión campesina de Chalco, encabezada por Julio Chávez López (influido por ideas "utopistas" del griego Radakanati) reprimida bárbaramente por el gobierno de Juárez y los liberales, así como otras rebeliones por tierras de la época, son ejemplos del comportamiento de la nueva burguesía que también festeja el bicentenario de su nacimiento.
5. Leía hace unos días –y me encantó- que desde que Hugo Chávez asumió el gobierno de Venezuela decretó la desaparición del "Día de la Raza" por ser una concepción colonialista (que durante siglos se usado en las escuelas) e implantó al mismo tiempo conocer el 12 de octubre como el "Día de la Resistencia Indígena". Esto porque nuestros pueblos –del hoy América Latina- resistieron las armas asesinas de los invasores o conquistadores quienes luego –para someternos mejor- nos impusieron el mestizaje, su religión y su lengua. ¿Puede olvidarse que además, para imponernos su "civilización", ordenaron la construcción y construyeron miles de edificios suyos para enterrar nuestros monumentos (Zócalo, Plaza de Tlatelolco de la ciudad de México) y pueblos olmecas, toltecas, mayas, zapotecas, mixtecos, mexicas? Reconozcamos que hemos arrastrado costumbres que no nos pertenecen. El 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena, no Día de la Raza", como nos mal enseñaron.
6. Pienso que como esa medida decretada por Chávez en Venezuela (que rompe con solo un símbolo ideológico de conquista y opresión) deberían seguir tomándose en Latinoamérica otras más para ir borrando nuestro falso pasado e inventada identidad; aunque nuestra batalla de hoy sea contra el capitalismo. El centro de nuestras luchas en América Latina del siglo XX y XXI no puede ser otro que el combate contra el capitalismo y el imperialismo mundial que mantiene a nuestro continente en terribles condiciones; pero también debemos revisar nuestro pasado, nuestros orígenes, para entender porqué no nos hemos liberado y seguimos viviendo sumisos a todos los imperios y a quienes nos explotan y oprimen. También en España las gentes más avanzadas de izquierda y libertaria se enfrentan a la xenofobia, al racismo, al actual franquismo que aún controla las instituciones y el pensamiento de gran parte del pueblo español.
7. ¿Qué acciones importantes preparan los indios de América Latina, los mestizos más conscientes que conocen su historia, para reivindicar sus valores frente a la civilización impuesta por los invasores españoles y europeos? ¿Cuáles serán las acciones que harán ecos del bicentenario? Mi querido amigo Tomás, escritor y viajero de Cuenca, España, -quien durante varios días me recibió en su casa y me ha enviado un par de sus libros- hoy me escribe como un recordatorio: "Durante casi cuatro siglos España amparó el derecho del saqueo en toda América. La Corona española se aplicó en expoliar meticulosamente los territorios de ultramar que le correspondieron en el infame reparto que llevaron a cabo las coronas europeas a comienzos de la Edad Moderna; aquellos monarcas pusieron a dios como garante de su aberrante barbarie, aquellos que, en nombre de la Cristiandad, asesinaron y privaron de libertad a cientos de millones de personas".
MÉXICO, DF, 11 de octubre (apro).- "Me da asco votar con el PRI", proclamaba Felipe Calderón cuando fue diputado federal panista por primera vez, entre 1991 y 1994, y una de las razones se la confesó al veterano priista Gustavo Carvajal 
Moreno: "Mi padre me enseñó a odiar al PRI".
Eran tiempos en los que Calderón era un tipo astroso y malhumorado, salvo cuando iba a misa y se perdía en la bohemia y la trova con sus cuates del grupo "Mexicanto", a los que ahora tiene en la televisión pública en "El Tímpano", el programa de la más exigua audiencia de Canal 11 y cuyo director, Fernando Sariñana, tiene la orden de mantenerlo al aire.
Aunque muy pronto Calderón le tomó sabor al PRI, en un amasiato que prevalece desde Carlos Salinas, la herencia de odio de su padre gravita, de vez en vez, en su comportamiento, particularmente si él --que se reputa de panista de prosapia-- queda marcado con una maldición: El regreso del PRI a Los Pinos.
Por eso, aunque también le dé "asquito" unirse al PRD, Calderón ha planteado en su corte palaciega diversos escenarios que le eviten la pesadilla de entregarle al PRI la Presidencia de la República, y uno de ellos es que preferiría cederlo a Marcelo Ebrard, tal como ha platicado Manuel Camacho Solís, el operador de las alianzas articuladas conjuntamente en Los Pinos.
En esa trama se inscriben precisamente las alianzas PAN-PRD en Hidalgo, Durango, Sinaloa, Puebla y Oaxaca en las elecciones de este año, aunque sólo hayan resultado triunfadoras estas tres últimas con candidatos expriistas, justamente con un perfil que Ebrard cumple y que él mismo ya lo expresó públicamente como posible.
En un programa de Televisa, el miércoles 7, Ebrard consideró "muy difícil" la alianza PAN-PRD en 2012, pero no la descartó: "Lo veo claramente, eso va a generar urticaria, en el caso del PAN va estar igual. Pero tampoco lo podemos descartar, porque hace un año si hubiera dicho eso en Oaxaca me hubieran dicho 'estás loco', pero ocurrió".
En efecto, la posibilidad de una coalición presidencial en 2012 está en los cálculos de Camacho con Calderón, quien --en un embuste que nadie cree-- niega que sea el principal impulsor de las alianzas, cuando todo mundo sabe que César Nava, el corrupto presidente del PAN, no pudo haberlas materializado sin la orden de su jefe y porque, además, todos los candidatos aliancistas pasaron por Los Pinos.
Pero, sobre todo, el plan de Calderón y Camacho --que se ha convertido en el ideólogo de las corrientes perredistas de Jesús Ortega y Amalia García-- pasa por neutralizar al principal obstáculo, Andrés Manuel López Obrador, que por lo pronto ya descarriló la alianza en el Estado de México, que de cualquier modo no tenía ninguna posibilidad de éxito sin un candidato fuerte.
Calderón y Camacho saben que, aun con su vergonzante cobardía, por negar que está detrás de las reformas que proscriben las candidaturas comunes y permiten el flujo de recursos oscuros promovida por sus testaferros del Partido Verde, Peña Nieto puede no sólo hacer ganar al candidato priista a sucederlo en la gubernatura, cualquiera que éste sea, sino llegar a ser presidente de la República.
Y aunque no tiene escriturado ningún triunfo, como lo pregonan sus patrocinadores, Peña Nieto no es sólo un político que capta votos por guapo, cualidad ampliamente explotada en televisión a un costo multimillonario, sino sobre todo porque ha montado sobre el aparato formal del poder público mexiquense, incluido el órgano electoral, una estructura casi delincuencial.
Es ahí donde cobra relevancia el plan conjunto Calderón-Camacho hacia el 2012: Como en el PAN no se aprecia que crezcan los enanos, ni siquiera Heriberto Félix --la supuesta carta oculta o "caballo negro"--, entonces se sumaría al aspirante mejor posicionado para enfrentar a Peña Nieto, y ese es por ahora Ebrard.
El mecanismo para una decisión de esa envergadura sería lo de menos, aunque la encuesta sería el instrumento más viable, y el incentivo del PAN para justificarse sería, en primer lugar, anteponer el interés nacional al partidista para evitar el regreso del autoritarismo y que el país sea gobernado en una convergencia con la "izquierda moderna".
El plan implicaría, otra vez, eliminar o al menos aislar a López Obrador, la obsesión de Calderón y sus vasallos perredistas, que desde la campaña de 2006 eran ya sus informantes. Y en ese propósito se inscribe la reactivación de la frase un "peligro para México", que sólo endulza el oído de la alta burocracia.
Uno de los escenarios de Calderón, sin embargo, es que se mantenga el pacto entre Ebrard y López Obrador para que sea candidato el que tenga mejores perspectivas de éxito, y entonces optaría por otra de sus cartas ocultas, que no le funcionó para el Estado de México por no contar con la residencia de ley: El empresario Alejandro Martí, que además tiene ideología de derecha.
El único problema es que, por ahora, no quiere…
Apuntes
Los consejeros del IFE acudieron, muy solícitos, a Los Pinos para invitar a Calderón a inaugurar el foro latinoamericano que conmemora el 20 aniversario del órgano electoral, la tarde de este lunes 11. Minutos antes de la hora, Calderón avisó que no iría por la protesta de extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que al liquidarla, hace exactamente un año, echó a la calle a 43 mil personas. Ya se verá si Carlos Salinas, otro de sus invitados de lujo del IFE de Leonardo Valdés, resiste el repudio popular…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 11 de octubre.- En la dislocada dinámica política de hoy, los adversarios se hacen favores y los correligionarios riñen entre sí. Eso, al menos, ocurr
e en el entorno de Andrés Manuel López Obrador: En su estrategia mexiquense, que beneficia al PRI y a Enrique Peña Nieto, el exjefe de Gobierno capitalino estaba a punto de fracturar al partido que dirigió hace 12 años, cuando el curso de colisión fue frenado por la iracundia del presidente Felipe Calderón, que forzó a un por lo menos momentáneo cese de las hostilidades entre el hombre que encarna, según la diatriba presidencial, "un peligro para México", y las corrientes –Nueva Izquierda en particular– que lo consideran "un peligro para el PRD".
En el Estado de México López Obrador ha llevado a un punto extremo su descalificación de las alianzas entre los partidos que lo apoyaron en 2006 y Acción Nacional. No evitó que se configuraran en varios estados, y en algunos las coaliciones triunfaron a contrapelo de la posición lopezobradorista. En el caso de Oaxaca la acritud antialiancista se edulcoró, gracias sobre todo a la índole del gobierno saliente y a las habilidades de Gabino Cué, quien logró la aquiescencia de Calderón y el disimulo activo de López Obrador, contrastante con su beligerancia en otras entidades.
En una singular percepción de la política mexiquense –donde son claros dos datos: que unidos PAN y PRD en torno de un candidato que no provenga de ninguno de esos partidos lograría vencer a Peña Nieto y que esa derrota podría anticipar la del gobernador saliente–, López Obrador ha radicalizado su posición. Como hizo en Iztapalapa el año pasado, ha tomado como propio el proceso preelectoral y está recorriendo la vasta entidad predicando la oposición a la alianza, sobre la base de la identidad del PAN y el PRI. No le falta razón, pero carece de ella, al mismo tiempo. Por lo tanto, ha ahondado su hostilidad a la unión de su partido con el blanquiazul. Anunció que si el PRD se coaliga con el PAN él impulsará una candidatura separada. Formalmente no podría hacerlo, porque la legalidad interna del perredismo lo impide. Y aunque López Obrador se benefició de la lenidad con que sus antagonistas están obligados a tratarlo, so pena de una ruptura definitiva, el exjefe de Gobierno ha querido aparecer respetuoso del estatuto y avisó ya de su propósito de irse temporalmente del partido, como si fuera dable pedir licencia para impulsar una candidatura ajena y aun opuesta a la que sostenga el PRD.
Nadie sabe cómo se instrumentaría tal permiso temporal. Lo que en realidad ocurriría es que las fuerzas contrarias a López Obrador, que dominan el partido, con Nueva Izquierda a la cabeza, quedarían ante la gran tentación de echar al perredista más conspicuo y, como sugiere burlón el protagonista de este episodio, quedarse con el cascarón. El PRD sin López Obrador, especialmente si su salida fuera brusca, forzada, rijosa, dejaría de ser lo que, a pesar de todo, ha sido: una opción para alcanzar el poder en pos de una política que sirva a las mayorías.
Pero la expulsión de López Obrador, que heriría de muerte a su partido, no beneficiaría mecánicamente al que lo acogiera, previsiblemente el PT, que ya lo considera su candidato presidencial, como lo evidencian los mensajes con que ese partido ocupa los tiempos a que legalmente tiene derecho y que fueron recientemente suspendidos. No habría necesariamente una migración de perredistas al PT, a menos que el ahínco y la astucia conocidos y reconocidos en López Obrador consiguieran un efecto semejante al que hizo delegada de Iztapalapa a Clara Brugada, sin necesidad de pasar esta vez por el riesgo de crear un minúsculo Frankestein que se llamara Juanito o respondiera a otro apelativo.
La rispidez entre Los Chuchos y López Obrador crecía por horas, al grado de la mofa contra el principal dirigente social del país, impensable en otras horas, cuando Felipe Calderón se retrotrajo al 2006, de manera inesperada, y dijo a Salvador Camarena, en entrevista radiofónica, que sigue creyendo que en ese año en que vivimos en peligro su principal antagonista era en efecto un peligro para México.
López Obrador percibió con claridad el desliz en que incurrió quien, para él, ha usurpado la Presidencia que cree haber ganado, y no cayó en la provocación calderoniana, que actualizó la denigración a su oponente asegurando que habría sido un gobierno catastrófico el que encabezara López Obrador. Y lejos de individualizar en él la invectiva, la extendió ofensivamente a sus seguidores, a quienes llamó fanáticos, "feligresía del odio", distintos del mexicano común cuyo retrato convencional dibujó: es el que trabaja, lleva a sus hijos a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad, como si fuera tan común la vida casi idílica que pinta, cuando la realidad muestra el esfuerzo cotidiano por sobrevivir en la inmensa mayoría de los mexicanos.
En vez de reaccionar abruptamente, con un impromptu como el que lo llevó a ordenar silencio a la chachalaca que veía en Fox, López Obrador esperó una horas, escribió su respuesta y la leyó pausadamente a modo de preámbulo a la presentación de su libro sobre la mafia que se robó a México.
"Es muy lamentable –dijo en una feria alternativa del libro, en la Alameda, el miércoles pasado– que Felipe Calderón, que fue impuesto por la funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedirle perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar y a los que llama 'fanáticos' y quienes, en uso de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución, siguen expresando su decisión y trabajando para transformar a México por la vía pacífica, hasta derrotar en buena lid a la oligarquía y establecer una auténtica democracia que permita que las riquezas de México se distribuyan con justicia y se utilicen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población."
Dijo también que la descalificación en su contra es "tan burda y ofensiva (…) que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón". Sí lo hizo, en cambio, Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, quien achacó a Calderón el ser "un peligro para México". Igualmente reaccionó contra el despropósito presidencial Jesús Ortega, quizá no con la contundencia que era de esperarse en quien coordinó la campaña presidencial de 2006 y enfrentó los efectos de aquella acusación. Pero no regateó su solidaridad a López Obrador. Y quienes estaban a punto de la ruptura han tenido por lo menos que aplazar sus querellas, unidos ante el evidente acto de autoritarismo y de intolerancia que, más allá de la coyuntura electoral mexiquense, puede afectarnos a todos.
MÉXICO, D.F., 11 de octubre.- Los diputados de la actual legislatura tienen en sus manos la posibilidad de colocar el último clavo en el ataúd del Instituto Federal Electoral o contribuir a una eventual reconstrucción. La renovación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto se co
nvirtió, desde octubre de 2003, en un reparto de posiciones para los líderes de las fracciones parlamentarias, aunque a partir de diciembre de 2007 dicha acción quedó encubierta tras un procedimiento presuntamente abierto y ciudadanizado.
En octubre de 1996, los dirigentes de los cuatro partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y PT) se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el entonces titular del ramo, Emilio Chuayffet, y construyeron la propuesta de los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión del 30 de octubre.
En ese entonces, el procedimiento, según cuentan quienes participaron en el mismo, fue el siguiente: primero, establecieron las características que debían reunir los integrantes del órgano de dirección, entre las que destacaban que deberían ser ciudadanos no identificados abierta y claramente con un partido político, sin militancia partidista ostensible –al menos en los últimos cinco años–, que no hubieran participado en un puesto de cualquiera de las instancias de gobierno, que tuvieran cierta presencia pública previa y reconocimiento de los integrantes de las comunidades en que cada uno se desenvolvía (los términos pueden no haber sido tan precisos ni tan explícitos, pero guiaban las discusiones); segundo, que los líderes de los cuatro partidos propondrían nombres, así como el número de consejeros que debían salir de cada una de las listas (PRI, tres –entre los que se encontraba el consejero presidente–; PAN, tres; PRD, dos; y PT, uno, de alguna manera en correspondencia con su fuerza electoral y su representación en la Cámara); que los cuatro partidos, sin importar su fuerza electoral, tenían derecho de veto; y que la forma en que procederían para lograr los acuerdos era la siguiente: cada uno los líderes colocaba su lista sobre la mesa y, posteriormente, el resto de los dirigentes señalaba sus vetos –que quedaban fuera de la negociación–, las reservas –continuaban dentro del proceso, pero débiles– y las no objeciones –principales candidatos a ocupar los cargos.
Dicho procedimiento no correspondía fielmente a lo establecido en la Constitución –que básicamente prescribía lo mismo que hoy, pues lo único que se le agregó en la reforma de 2007 fue la frase "previa realización de una amplia consulta a la sociedad"–, ya que en realidad no eran los grupos parlamentarios de la Cámara los que hacían las propuestas. Los requisitos que se indicaron para los candidatos eran superiores a los señalados por la ley, y el derecho de veto se extendía inclusive a un partido que contaba con menos de una decena de diputados; sin embargo, esto fue precisamente lo que evitó, en esa primera ocasión, que se propusiera a personeros de los partidos políticos para integrar el órgano máximo de dirección del IFE.
En octubre de 2003, todo el proceso se desarrolló en la Cámara y se modificó radicalmente el procedimiento. En primera instancia, el único que tuvo derecho de veto fue el PRI, por el número de diputados de su bancada, y antes incluso de iniciar el proceso, con la venia del PAN, canceló la posibilidad de reelección de cualquiera de los integrantes del Consejo General: era la venganza por el Pemexgate; el PRD se empeñó en levantar dicho veto, y la todavía coordinadora formal del grupo parlamentario tricolor, Elba Esther Gordillo, aceptó hacerlo; sin embargo, Chuayffet –quien ya se perfilaba como el coordinador sustituto– revirtió dicha decisión, lo cual fue aceptado nuevamente por el PAN y objetado por el PRD, que mantenía su propuesta de reelegir a algunos de los consejeros. Como el PRI no cedía y el PAN se plegaba a dicha postura, el PRD optó por incluir en su propuesta a uno de los entonces consejeros, lo cual objetó el PRI; el PRD reviró diciendo que respetaría el derecho de veto del PRI siempre y cuando éste fuese extensivo a todos los partidos políticos, es decir, que todos pudieran revisar los nombres propuestos por los otros partidos y, eventualmente, objetar a algunos de los enlistados. Nuevamente el PRI lo rechazó.
Aunque en el último momento el PRD aceptó modificar su lista inicial y dejar fuera a los entonces consejeros, el PRI mantuvo el rechazo a toda la lista y prosperó una conformación en la que los blanquiazules propusieron a cuatro de los nueve consejeros y el PRI a cinco, incluyendo al consejero presidente; dentro de estos cinco el tricolor le cedió un lugar al PVEM. Los legisladores de estas tres fracciones parlamentarias, casi por unanimidad, votaron favorablemente dicha propuesta, con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, que en su mayoría votaron una propuesta alternativa que presentó el PRD.
Fue en esos momentos cuando en realidad inició el conflicto electoral de 2006: haber marginado de las negociaciones al grupo parlamentario del partido en el que militaba quien en ese entonces encabezaba todas las encuestas de preferencia electoral abría de par en par las puertas para la desconfianza de sus seguidores y simpatizantes y, desde luego, brindaba un excelente argumento al candidato para cuestionar la imparcialidad del órgano electoral, especialmente si el resultado no le favorecía.
Los partidos proponentes todavía contribuyeron más a dicha desconfianza, cuando varios de los nuevos consejeros militaban o trabajaban en los institutos políticos que los propusieron. Y los mismos consejeros hicieron su contribución con sus yerros en la conducción del instituto y con su pasividad para frenar la intromisión de terceros (el entonces presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial) en el proceso electoral. La pérdida de confianza fue tal que se requirió, como en los tiempos del priato, una nueva reforma electoral y la renovación anticipada del Consejo para intentar restaurarla; pero siguieron la peor ruta posible, pues ante la resistencia de Felipe Calderón y los panistas para aceptar las fallas y errores de las autoridades electorales, optaron por no renovarlo en su totalidad, y eso permitió mantener la partidización en su integración.
El PRI, con apenas 106 diputados y como tercer grupo parlamentario, logró nuevamente imponer sus condiciones: aunque aceptó que las tres principales fuerzas parlamentarias hicieran propuestas, logró mantener en sus cargos a dos de sus cinco propuestas (Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez), mientras el PAN únicamente pudo sostener a uno (Arturo Sánchez); desechó las mejores propuestas de los otros dos partidos y colocó a dos alfiles suyos (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), es decir, abierta y descaradamente apostó por la lealtad de sus consejeros, como muestra plásticamente la designación de Guerrero, quien fungía en esos momentos como asesor del coordinador de la banca tricolor en dicha Cámara, Emilio Gamboa, y desconocía totalmente la materia electoral.
Los seis integrantes actuales del Consejo que permanecerán en sus puestos para organizar las elecciones presidenciales de 2012 son: el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien aunque pretende atribuirse al PRD, en realidad fue propuesto para dicha posición por el PRI; Baños y Guerrero, propuestas tricolores; Benito Nacif y Macarita Elizondo, ambos propuestos por el blanquiazul y con cierta afinidad con dicho partido, pero sin el estrecho vínculo que sí tienen los tricolores; y Alfredo Figueroa, quien fue propuesta de la sociedad civil impulsada por el grupo parlamentario del PRD.
En este escenario, la designación de los tres consejeros electorales es crucial, pues no sólo serán indispensables para conformar la mayoría en el Consejo, sino que sus actuaciones serán decisivas para definir el comportamiento del IFE en el próximo proceso electoral: comprometido con la democracia, el apego a la ley y su aplicación indiscriminada, o titubeante y pusilánime, pero siempre acorde con sus filias y sus fobias.
En caso de mantenerse la fórmula utilizada en las dos anteriores renovaciones, cada una de las tres principales fuerzas políticas colocaría una de sus propuestas, lo cual no rompería la partidización de dicho órgano, pero al menos evitaría el inicio anticipado de un conflicto electoral, pues ni siquiera Andrés Manuel López Obrador podría descalificar abiertamente dicha designación, ya que el negociador perredista es uno de sus cercanos colaboradores: Alejandro Encinas; pero si el PRI logra mantener sus dos posiciones, como parece ser su intención, automáticamente dejarían fuera de la negociación a una de las otras dos fuerzas políticas –probablemente de nuevo el PRD–, lo cual prácticamente reeditaría lo sucedido en octubre de 2003.
Es muy tarde para buscar la solución ideal, pero al menos sí se puede intentar evitar el peor de los escenarios.
¿Cuál es la clave?
Muchos han malinterpretado el uso de una frase que posicionó al candidato Bill Clinton cuando dijo "es la economía estúpido". Clinton resumió en cuatro palabras el malestar de la sociedad y la corrección inmediata; los políticos se resisten a abordar al sistema en su conjunto por el temor de tocar intereses que afecten sus ambiciones.
Muchos piensan que al haber acertado la frase de Clinton es la señal de un diseño político de largo alcance y se devanan los sesos tratando de copiar el éxito y pensar en la frase que formularía una política de mediano alcance como si sintetizara el malestar nacional. Así encontramos que temas coyunturales se presentan como si fuera la gran preocupación nacional siempre y cuando se le ponga el estúpido como si fuera adjetivo sintetizador.
La preocupación es correcta aunque los políticos no entiendan el meollo del asunto. Al carecerse de diseños de gran política es primordial encontrar un tema que justifique la inversión de esfuerzos y dinero para restaurar el orden perdido, es obvio a estas alturas que me refiero a México.
No sugiero discutir que fue primero el huevo o la gallina, aunque se requiere ubicar el tipo de distorsión en el sistema para entender las bases sobre las que se construyó la actual turbulencia que con toda corrección debe denominarse como crisis. En medicina la crisis es un momento definitorio para la vida o muerte del paciente, en política esta debe considerarse como la viabilidad o no del sistema en general, luego entonces, debemos detectar el factor debe atenderse para corregir la crisis antes que esta se extienda de tal manera que los daños que provoque se extiendan de manera descontrolada. Una neumonía es controlable, de no hacerse terminará afectando los órganos vitales causando la muerte de la persona.
El nuevo gobernador de Chihuahua parece aludir a la inseguridad como el reto principal de su gobierno, hace una corrección en la policía y parece ir bien hasta ahí; ¿qué tal si el problema no es de desarticulación o descoordinación de policías sino un problema serio de falta de credibilidad, de deterioro institucional y de corrupción? El hecho que los ciudadanos se estén rearmando y se atrevan a matar a los que invaden su hogar –a menos que sean soldados y policías que abusan de su poder y armas- muestra un déficit muy profundo de credibilidad en las instituciones que deben proteger al ciudadano –incluyendo leyes-.
Es fundamental preguntar sobre el origen de la problemática actual en Chihuahua para tratar de entender el estado actual de las cosas. Un estado con una fuerte tradición política e ideológica, cuna de la guerra civil de 1910 –mal llamada revolución-, cuna de las primeras guerrillas de los 1970's, cuna del desarrollo industrializador de la industria maquiladora, hoy esta asolada bajo un río de sangre, la economía de Juárez colapsada por la inseguridad y los gobiernos están desconcertados sin saber que hacer porque no pueden diagnosticar lo que se ha hecho mal.
Los abusivos gastos del IFE
Los sueldos y prestaciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral rebasan en 16 por ciento el salario del presidente de la República. Además, informes oficiales revelan que cada uno de los nueve consejeros cuenta con un "amplio" equipo de asesores, que significan un gasto de más de 4.6 millones de pesos mensuales. Es una administración "obesa" y "despilfarradora", amparada por la "autonomía" de la institución, critican expertos. Las nóminas de la cúpula del Instituto desacatarían un decreto presidencial
Árbitro de la democracia mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) rebasa el tope salarial impuesto por un decreto de la Presidencia de la República. Cada uno de los nueve consejeros electorales obtiene 40 mil pesos mensuales más en sueldos y prestaciones de lo que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Los montos asignados a los funcionarios que integran el máximo grupo jerárquico del IFE, así como a sus subordinados, son avalados por la misma autoridad electoral. Esta facultad está amparada por la autonomía del Instituto encargado de brindar certeza, legalidad y certidumbre en los procesos electorales.
Sin embargo, estas disposiciones administrativas se oponen a la reforma constitucional del artículo 127 –del 22 de julio de 2009–, que ordena que "ningún" servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que, en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con "opacidad y un exceso de discrecionalidad" la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal.
Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que, en el IFE, "hay una falta de austeridad que se refleja de muchas maneras. Es un órgano obeso al que hay que quitarle grasa para que su presupuesto tenga límites de racionalidad".
Los salarios
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 establece que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, tiene una percepción mensual de 244 mil 472 pesos, al igual que los ocho consejeros electorales.
De acuerdo con el documento publicado el 13 de noviembre de 2009 –bajo la rúbrica del entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña–, Valdés Zurita y sus colegas obtienen un sueldo de 180 mil 496 pesos mensuales. A éste se suman 63 mil 975 pesos en prestaciones entregadas en efectivo y especie, lo que incrementa sus sueldos por encima de los 244 mil pesos al mes.
Incluso, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, rebasa por casi 6 mil pesos las remuneraciones del presidente de la República. El PEF 2010 indica que este funcionario obtiene 209 mil 742 pesos, derivados de un sueldo máximo de 154 mil 4 pesos más 55 mil 738 pesos en prestaciones otorgadas en efectivo o especie.
El PEF –que ordena el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal– también estipula el sueldo del presidente de México, que asciende a un total de 203 mil 899 pesos al mes; es decir, 16.59 por ciento menos de lo que gana el titular del IFE.
De acuerdo con las disposiciones presupuestales, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene una percepción máxima de 152 mil 305 pesos mensuales. Adicionalmente, obtiene prestaciones en efectivo y en especie por 51 mil pesos.El feminicidio en Ciudad Juárez: atando cabos
A finales de la década de 1990, empezaron a divulgarse los nexos entre el feminicidio de Ciudad Juárez, algunos policías locales y la mafia juarense, sicarios y secuestradores. Tres agentes federales que investigaban los vínculos de La Línea fueron detenidos por policías vinculados a ésta; fueron encarcelados en 1998 por secuestro: hubo testimonios de testigos que nunca aparecieron. Todos los datos que habían recabado estos tres agentes federales señalaban como integrantes de la citada organización secreta a Alejandro Castro Valles, primer comandante de la Policía Judicial de Chihuahua, y a Francisco Minjárez, jefe del Grupo Especial Antisecuestros y conocido protector de la mafia juarense. El diario Norte, de Ciudad Juárez (Huerta, Carlos, "Espera PGR expedientes de secuestros en Juárez") llegó a publicar que los "… encargados del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado, Francisco Minjárez y Carlos Medina, figuraban como los principales operadores de las desapariciones forzadas en Ciudad Juárez (…) Cabe denunciar que son más de 196 desapariciones que se vinculan a Francisco Minjárez y su grupo, quien recibía órdenes del entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Francisco Molina Ruiz" (González, Huesos en el desierto, página 240).
Policías, asesinos de mujeres
Una prueba de la conexión entre la policía de Ciudad Juárez y los feminicidios es un testimonio recogido por Lourdes Portillo en su documental Señorita Extraviada. Portillo entrevista a una mujer, vecina de la ciudad, que se dirigió a una comisaría de Juárez por un conflicto vecinal. Después de ser retenida por no tener dinero para pagar la fianza, la llevaron a los calabozos; ahí fue violada por cuatro policías municipales, uno de ellos de sexo femenino (Portillo, Señorita Extraviada). Tras pasar más de 24 horas retenida, le advirtieron que, si hablaba, le pasaría lo que le había ocurrido a las otras chicas. Entonces le mostraron una serie de fotografías en las que, según esta mujer, se veía cómo éstos y otros policías violaban, pegaban, torturaban y vejaban de distinto modo a varias jóvenes. Al final, en las últimas fotografías se veían a todas las chicas muertas (Washington, Cosecha de mujeres, página 123). Los policías municipales acusados fueron arrestados en octubre de 1999, pero un juez los puso en libertad al considerar que las pruebas aportadas en su contra eran insuficientes (González, Huesos en el desierto, página 123).
Lilia Alejandra
Casi tres años después, el asesinato de una joven señaló una vez más la conexión entre negligencia policial y narcotráfico. La víctima, Lilia Alejandra García Andrade, tenía 17 años y dos hijos. Trabajaba en una maquiladora para costearse los estudios de periodismo. Fue asesinada en febrero de 2001. Su cadáver fue descubierto el 23 de febrero de ese año en un terreno cercano a la calle Rancho Agua Caliente. Nueve meses después, la Procuraduría General de la República (PGR) filtró un informe a la prensa sobre el caso, facilitado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), con fecha del 5 de septiembre de 2001, en el que se decía que varios sicarios, al servicio de narcotraficantes, la secuestraron y la tuvieron retenida varios días. Algunos de los testigos que colaboraron con el FBI en este informe fueron amenazados después de su divulgación y tuvieron que abandonar la ciudad. Según algunos informantes, el 19 de febrero de 2001, varios días después de que desapareciera, vieron en la calle Rancho Becerra a una mujer (que posteriormente identificarían como Lilia Alejandra), dentro de un coche blanco, forcejeando con un hombre. Otro hombre, que se encontraba afuera vigilando, entró en el Teleservicio Domínguez, situado enfrente del coche. Mientras tanto, varios testigos llamaron a la policía hasta en dos ocasiones para que ésta hiciese acto de presencia. Los agentes que recibieron los avisos por radio decidieron no acudir, pues, según declararon posteriormente, pensaron que se trataba de una broma. El cadáver de Lilia Alejandra Andrade fue encontrado en un terreno del exgobernador Teófilo Borunda. Curiosamente, muy cerca de donde se localizó su cadáver se encuentra el bar Hooligan's, del que fueron propietarios los Carrillo Fuentes, jefes del cártel de Juárez (González, Huesos en el desierto, página 244).
Televisa: imperio asediado
La alternancia fue, en lugar de un cambio desfavorable, la bendición para la televisora más importante de México. Lejos de ver mermado su poder, lo aumentó por los favores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Por eso, en sus emisiones, las grises y fallidas políticas de ambos señores fueron no sólo aceptadas y justificadas, sino elogiadas. La crítica fue mínima, para no verse y sentirse complacientes.
Ya sabemos que Fox les dio, a través de Marta Sahagún, casi todo lo que pidieron: baja al 10 por ciento del tiempo oficial, apoyos para crecer y, sobre todo, cabildear para que saliera adelante la ley Televisa. Ésta fue frenada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas resoluciones todavía no son acatadas por quienes debieran.
Calderón, por medio de Luis Téllez y Juan Molinar, posibilitó que la empresa de Azcárraga comprara acciones de televisión por cable, haciéndose de la vista gorda por la acumulación de frecuencias. Al no poder captar más dinero por campañas políticas, el Ejecutivo destinó la mayoría de los 10 mil millones que ha erogado en propaganda, de 2007 a 2009, al mencionado consorcio, y, además, le otorgó la licitación 21 en una bicoca: 180 millones de pesos. Otros jugadores que participan en la fibra óptica para hacer el cuádruple play (video, televisión, telefonía domiciliaria y celular), por un tramo similar, deben erogar casi 5 mil millones de pesos, es decir, 30 veces más.
Hay más facilidades donde ha participado el Congreso –algo similar ocurrió en la aprobación inicial de la famosa ley Televisa–. Por ejemplo, el exentar el pago de derechos por 1 mil 800 millones de pesos, en los siguientes dos años, a quienes utilizan las telecomunicaciones mexicanas. Pequeñeces en un momento que el dinero escasea, según el irritable Ernesto Cordero, encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Convocados a la Cámara de Diputados para que explicaran (es un decir) las resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que otorgaban las concesiones a Televisa-Nextel, los que encabezan dichos organismos, Juan Molinar y Mony de Swaan, de la SCT y Cofetel, respectivamente, hicieron malabares para tratar de explicar su autoritarismo. Recordemos que el segundo fue impuesto en su cargo luego de tener como experiencia única en el ramo ¡ser asesor del señor Horcasitas!
Pero, repentinamente, tres jueces otorgaron amparo para evitar que se entregue el tramo del espectro 1.7 de gigahertz.
La primera en dar un fallo al respecto fue Guadalupe Rivera, encargada del Juzgado Cuarto en Materia Administrativa; luego Mónica Soto, del Décimo Administrativo, y el tercero, el 27 Civil.
La reacción de Mony fue estridente. Dijo que de no poder hacer la entrega de la concesión el 31 de octubre, la empresa Iusacell, ligada a TV Azteca, deberá pagar 1 mil millones de pesos, ya que eso se perderá el gobierno en 2011. Algo insólito si únicamente los ganadores iban a pagar 180 millones de pesos.
Además, de Swaan señaló que de haber algún problema, Nextel, de origen estadunidense, ya no invertiría más en nuestro país, pues dicha industria no puede estar a la espera de utilizar sus capitales, y que dábamos un mal ejemplo ante la comunidad internacional.
No importó al especialista al vapor lo que opinaron antes una serie de organizaciones y expertos: lo mismo la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, los especialistas Gabriel Sosa Plata y Raúl Trejo Delarbre, y legisladores como Javier Corral y Porfirio Muñoz Ledo; menos, las impugnaciones que recibió en San Lázaro.
Es un ejemplo clarísimo de que, para los funcionarios actuales, los puntos de vista de los mexicanos tienen poco o nulo valor. Lo que interesa es el apoyo al poder mediático predominante (Televisa) y los que imponen la economía del orbe (Nextel).
Pero además, en la SCT no hicieron caso de sentencias anteriores que en el mismo sentido –detener el proceso– emitieron jueces en Acapulco y Matamoros. En uno de los casos, se alegó que no se notificó a tiempo; en otro, que no llevaron la documentación al sitio indicado. Algo que suena a burla colonial.
Y, sabemos, hay más de 60 litigios al respecto. Mony, nuevamente, dice que son chicanas de Salinas Pliego, el de Azteca, pero evita referirse a que los primeros en mostrar claramente las fallas y tergiversaciones del proceso fueron, como siempre, los defensores de la pluralidad televisiva. Desenlace obvio: los ciudadanos son inexistentes para la burocracia.
Felipe ha pregonado en telecomunicaciones su triple "C": convergencia, competencia y cobertura; algo realmente ausente en cuatro años. Más bien, la discrecionalidad es lo típico. Ya lo vimos fortaleciendo al canal 11, sin tomar en cuenta propuestas culturales amplias.
Oficio de papel
A César Nava lo persigue el escándalo. Y no me refiero a su vida privada, ventilada en las publicaciones del corazón… Aunque fue precisamente en una de esas revistas en donde se supo que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) adquirió un lujoso departamento en Polanco por alrededor de 7 millones de pesos, cuando su valor real es de unos 20 millones.
Las primeras preguntas que la prensa hizo fueron ¿de dónde, el exabogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y exsecretario particular de Felipe Calderón, obtuvo el dinero para adquirir dicho inmueble?, ¿por qué lo adquirió supuestamente a un precio de 7 millones de pesos, cuando esta cantidad representa menos del 50 por ciento de su valor real?, ¿acaso el pago restante se hizo en efectivo y por ello no aparece en la escritura de compra-venta?
Una explicación a esas interrogantes podría estar en los cargos y responsabilidades que ha desempeñado César Nava en su corta carrera de servidor público. Concretamente, en su paso por Pemex y por la Secretaría de Energía en el gobierno del también panista Vicente Fox.
Fue Contralínea la que dio a conocer, por primera vez, en 2005, las acusaciones por fraude, prevaricato y daño patrimonial que se hicieron en contra de Nava ante la Secretaría de la Función Pública, cuando se desempeñaba como abogado general de la paraestatal. El trabajo de Ana Lilia Pérez (Camisas azules manos negras: El saqueo de Pemex desde los Pinos, editorial Grijalbo) señalaba que abogados de la paraestatal, coludidos con Marcelo Montiel Montiel, exalcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, habían planeado un fraude a Pemex Petroquímica para demandarle un millonario pago de impuestos ilegales que implicó el embargo y paralización de las plantas productoras, con daños económicos aún no cuantificados, además de un pago ilegal de 220 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
Antes de que concluyera el proceso fraudulento, uno de los abogados involucrado, Rogelio Martínez Hernández –entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque–, reportó el asunto a Francisco Barrio Terrazas, titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública), y al presidente Vicente Fox.
El excontralor Eduardo Romero Ramos fue el responsable de archivar el expediente, después de que Martínez Hernández denunciara por corrupción a Nava ante el mandatario mexicano.
El mendaz García Luna de la SSP
Cordero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Lujambio, de la Secretaría de Educación Pública; Lozano, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y hasta los que andan por la libre: el nuevo "periodista" Manuel de Jesús Espino (cuyo texto amenazante contra el suscrito es una joya de inquisitorial censura e intolerancia); Santiago Creel y Ramírez Acuña, creen que uno de ellos será coronado candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República… que perderán en la elección dentro de año y medio. No quieren darse por enterados de que el verdadero poder tras el trono, derrumbándose de Calderón, es el policía Genaro García Luna, adueñado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que funciona como las SS y la Gestapo, y donde se manejan miles de millones de pesos sin el menor control. El nazi Goebbels "fue un mentiroso profesional". Heinrich Himmler, dueño de las temibles policías de la SS y con mucho que ver en la Gestapo, acompañó en sus perversidades a Hermann Göering.
A ellos tres debe su personalidad García Luna, quien parece ser el auténtico heredero de Calderón para aspirar a la candidatura presidencial del PAN, si de plano la evolución del militarismo calderonista ha de recrear al nuevo Victoriano Huerta. Al fin y al cabo, el Coloso exhibido en el carnavalesco espectáculo para burlarse del bicentenario está inspirado en el matón huertista Benjamín Argumedo (confesó el escultor al reportero Arturo Cano de La Jornada, 17 de septiembre de 2010; en esta misma edición, Pablo Moctezuma Barragán nos ilustra sobre ese contrarrevolucionario y traidor, en la sección El correo ilustrado).
Y es que, por enésima vez, García Luna montó un espectáculo (con su vocera y Facundo Rosas), haciendo parecer como hazaña el rescate de cuatro periodistas en Gómez Palacio, Durango, que entre el 26 y 31 de julio pasado fueron levantados. Ellos fueron puestos en libertad por los delincuentes, pero García Luna se atrevió, con harto cinismo, a presumir que sus policías, dirigidos por él y Luis Cárdenas (su segundo a bordo) los habían rescatado. Uno de ellos, Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de televisión, lo desenmascaró. Con precisión, el columnista Miguel Ángel Granados Chapa (Reforma, 17 de septiembre de 2010) da cuenta y razón de las mentiras del titular de la SSP, quien una vez más confirma que es un funcionario mendaz (mentiroso descarado). Y al firmar que el secuestro por sicarios del cártel de Sinaloa los ha expuesto a venganzas de esos delincuentes, Hernández decidió pedir asilo, con su familia, pues considera que peligra su vida.
Príncipe democrático o déspota
Quien se transforma en príncipe con la ayuda de los nobles conserva su poder con mayores dificultades que quien lo logra con la ayuda del pueblo. Se trata de un príncipe rodeado de muchos que se consideran sus pares, así que no logrará ni gobernar ni administrar las cosas
Maquiavelo, El príncipe
Durante el 71 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón señaló, enfático: "Porque es válido, porque es legítimo, honesto, necesario, vamos nuevamente a la conquista del poder y de la voluntad de los ciudadanos". Al margen de que sea "legítimo, honesto, necesario" (¿para quién, ante quién, qué supuestos los amparan?), el esfuerzo que tendrá que llevar a cabo Calderón y su partido para lograr tal propósito será, sin duda, titánico.
No será un día de campo. Será una ingrata tarea cuesta arriba, fatalmente empinada. Pero antes de iniciarla, Felipe Calderón y el partido de la derecha radical clerical tendrán que llegar al fondo del abismo, en el cual continúan despeñándose abruptamente; ver cómo queda la osamenta de su credibilidad ante la sociedad y, luego, evaluar su capacidad y talento para "conquistar" por tercera vez "la voluntad de los ciudadanos". El rasero de sus posibilidades efectivas dependerá de la evaluación que realice la población de los gobiernos panistas, en especial del calderonista. Y el balance, iniciada la segunda mitad de este último, no es el más alborozado; es francamente siniestro.
Sólo un cínico, un ingenio irredento, un amnésico o quien padezca la alteración de la realidad, fingidas o verdaderas, puede olvidar que, en gran medida, los gobiernos panistas son producto de anomalías históricas. El rústico Vicente Fox aprovechó la oportunidad para quitarse de encima a los déspotas priistas neoliberales del gobierno, arrojándose, en mala hora, a brazos peores, los de la ultraderecha, igualmente neoliberal y nostálgica del clericalismo virreinal, decimonónico e imperial. El silvestre Felipe Calderón, de un descarado fraude electoral. Ambos tuvieron su oportunidad para afianzarse políticamente y tratar de arraigar su retrógrada visión del mundo, más allá sus bastiones conservadores, misión de suyo imposible, en virtud de los históricos anhelos de las mayorías de ir siempre hacia delante, en pos de mayores libertades, de la democracia participativa y de economías equitativas, socialmente incluyentes y soberanas. Eventualmente, en una especie de martirologio, sólo aceptan sus temporadas en el tormentoso infierno paradisiaco. Desdichadamente, y para fortuna de otros, dilapidaron rápidamente el asentimiento social.
Calderón y Castañeda, por la censura previa
Los homicidios y ataques más recientes al ejercicio de las libertades de prensa, como derechos constitucionales, en nuestro país, de y para todos los mexicanos como es el caso de El Diario, de Juárez (allá en la cabecera del municipio de Juárez, donde las instituciones gubernamentales reinan, pero no gobiernan), han provocado opiniones y hasta consejos sobre cómo deben actuar los periodistas respecto a la información y crítica en torno a los hechos, casi siempre sangrientos con asesinatos diarios que generan la violencia creciente desatada por las delincuencias, cuyo factor común es el narcotráfico.
Los funcionarios federales que encabeza Calderón, quien cada día ya representa sólo un inquilino en Los Pinos amparado en la burbuja militar que parece un golpismo soldadezco (el secretario de la Defensa hasta discursos pronuncia respecto a que los uniformados de las tres fuerzas están ganando la batalla, a pesar de sus acciones mayoritariamente fallidas, pues los matones al servicio de los narcos llevan la delantera), recomiendan que los periodistas de la prensa escrita, los de radio y televisión ejerzan la censura previa que la Constitución expresamente prohíbe implantar. No lo han hecho del todo efectivo, pero sus sugerencias se encaminan a ese objetivo.
En una entrevista, como comentarista de planta del programa de José Cárdenas (el lunes 20 de septiembre), también dijo que los periodistas, en el caso de El Diario, pero extensivo al demás periodismo, mejor se impongan la autocensura previa y no informen sobre esa violencia que controla la vida pública en varias partes del territorio, y está convertida en un gobierno contrario a los principios constitucionales (artículo 136 de nuestra Ley Suprema). Castañeda y Calderón tienen derecho a pensar y expresarse de esa manera, pero el periodismo democrático y republicano tiene el deber de dar cuenta y razón de todo lo que sea información.
Proponer la censura previa, como Calderón, es incurrir en otra conducta anticonstitucional, aunque ejerza la libre expresión. En cuanto a Castañeda (siempre soberbio y hablando como un dios bajando en el escenario: deux ex machina), que nos otorga este consejo de la autocensura, supuestamente porque no vale la pena exponerse por informar, debe decirse en contra que por encima de todo está el deber del periodista de cumplir con su trabajo y toca a las autoridades dar las garantías para que todos los mexicanos ejerzan esas libertades y para recibir información sobre los hechos de violencia del narcotráfico y de acciones militares-policiacas para impedir que las delincuencias interrumpan la paz pública. Esto para que todos los mexicanos ejerzan sus derechos a plenitud. Y no recomendar que se suspendan, porque en una de esas piden que el golpe militar imponga la suspensión constitucional para establecer un gobierno contrario al imperio de la ley.
Los derechos humanos en los festejos del bicentenario y el centenario
Ana Luisa Nerio Monroy*
Durante este año se ha dicho y escrito mucho del significado de la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana. No estamos en contra de que se difunda la historia del país, su riqueza cultural y artística, lo que se critica es la óptica desde donde se plantean los festejos, pues la mayor parte de las actividades resulta de poca trascendencia si se toma en cuenta la situación tan compleja que vive el país, particularmente en lo que a los derechos humanos se refiere.
La supuesta racionalidad económica y uso óptimo de los recursos, presumidos por los gobiernos de origen empresarial (como el de Calderón Hinojosa), quedan a debate por los millonarios gastos realizados a cargo del erario en medio de un contexto de crisis económica. El gobierno federal ha reservado, hasta 2021, la información de los gastos del bicentenario. Así, viola el derecho a la información y su obligación en materia de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso del Bicentenario ha incurrido en gastos y en contrataciones irregulares de personal y de servicios. Muchos de los beneficiados de los contratos están ligados con grandes empresas, como Televisa y TV Azteca. Las mismas que utilizan el poder de los medios de comunicación para coartar la libertad de expresión y limitar el derecho a la información de la población al manejar, de manera tendenciosa, las notas, y desinformar sobre sucesos o simplemente omitir todo aquello que conviene a sus intereses, que les incomoda o que no va de acuerdo con sus líneas editoriales. Son esas mismas empresas las que han hecho cabildeo para empujar legislaciones que limitan la existencia de radios comunitarias o que bloquean la posibilidad de que surjan otras televisoras.
Los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, ambos derechos humanos de carácter político, han estado presentes en las luchas independentistas y revolucionarias del país. Los Sentimientos de la nación de Morelos o el trabajo realizado por los hermanos Flores Magón son muestra de la importancia de las ideas libremente expresadas y difundidas. Hoy, en el bicentenario y el centenario, la libertad de expresión y la libertad de prensa están amenazadas, pues en pleno 2010, año de festejos, México es considerado un país altamente peligroso para el ejercicio periodístico: ocupa el primer lugar mundial en asesinatos de periodistas (aproximadamente, 70 entre 2000 y 2010), por arriba incluso de Irak.
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