Pedro Echeverría V.
1. Luiz Inacio Lula da Silva está a punto de concluir ocho años de gobernar Brasil (hoy con alrededor de 200 millones de habitantes), entregará el gobierno con 80 por ciento de simpatía y, lo más importante, logró que su candidata de partido -Dilma Rousseff- fuera electa. Después de leer la larga entrevista a Lula, publicada en La Jornada este fin de semana, me parece estar plenamente convencido que Lula sale totalmente victorioso del gobierno. Él se considera un político de izquierda (sí, pero de la izquierda centrista, la izquierda reformistas) aunque reconoce que sólo se dedicó a mejorar (o hacer menos peor) la economía de ese gigantesco país. Su gobierno hizo reformas para hacer más viable la economía y la política de la nación, muchos sectores le están muy agradecidos; pero también muchos sectores de masas –más de un millón de campesinos sin tierra y otros más no han dejado de reclamar justicia por asesinatos, expulsiones, presos políticos.
2. El analista de izquierda James Petras escribió: "Según un detallado estudio de la Comisión Pastoral de la Tierra, publicado a finales de agosto de 2003, 44 activistas rurales fueron asesinados entre enero y mediados de agosto de 2003, uno más que los 43 de 2002, el último año de la presidencia de Cardoso. Esto da un promedio de 5,5 asesinatos por mes, el más elevado desde 1990. Los «campos de la muerte» bajo el presidente Lula superan la tasa de asesinatos políticos bajo Cardoso, cuya presidencia fue testigo de varias matanzas sangrientas. La política de impunidad todavía persiste. Durante los ocho años de gobierno de Cardoso, 278 trabajadores sin tierra y líderes sindicales rurales fueron asesinados (casi 35 por año), pero sólo 5 asesinos fueron juzgados y condenados, menos del 2 %. En el caso más notorio, la matanza de 19 pacíficos y desarmados trabajadores rurales sin tierra en Eldorado do Carajas, en el Estado de Pará, los 163 policías militares fueron absueltos.
3. Lula fue candidato presidencial en tres elecciones sin poder obtener la victoria y hoy se ríe diciendo: "Porque nosotros éramos muy radicales en ese entonces. Si hubiera ganado, con el discurso tan duro como el que tenía, no habría durado ni seis meses en el poder." Pareciera estar aconsejando al mexicano López Obrador y a los demás radicales que buscan ganar elecciones. Allí está el gran dilema: ganar para hacer algunas reformas que te permita la burguesía para engrasar el sistema de explotación, o mantener una política clasista consecuente, muy clara, sin concesiones, hasta lograr que las masas adquieran conciencia. No recuerdo si Lula siendo candidato -como han hecho a través de las décadas casi todos los candidatos de América Latina- también tuvo que ir a recibir el "visto bueno" del gobierno de los EEUU. Pero por lo menos hoy declara ser algo así como amigo de Obama, así como lo fue de Bush (hijo)
4. Pero por otro lado, se dice en la entrevista, que "Brasil es, con Lula, muy popular en el mundo árabe e islámico. Se habla de un BIT, la alianza mediante la declaración de Teherán con Turquía e Irán. Se publica que en Brasil existe una política bien diseñada hacia África, donde Lula ha abierto más de 30 embajadas (México tiene tres), y, en particular, con las antiguas colonias portuguesas, con las que ha entablado excelentes relaciones económicas. Los primeros socios económicos de Brasil son hoy (en orden descendente) China, la Unión Europea y Estados Unidos. Con China, Lula practica una complementariedad geoeconómica. Se calcula que Pekín invertirá en Brasil, durante el próximo cuatrienio, 40 mil millones de dólares por año". ¿Qué pensar? Que el gobierno de Lula tuvo mucho dinamismo; que dio muestras de un país dispuesto a convertirse en el "quinto" más importante del mundo del capitalismo.
5. Lula conoce bien a los poderosos empresarios y a los terratenientes brasileños; sin embargo, como gran estratega de la política de conciliación, prefiere hacer solamente pequeñas reformas que no enojen a la clase dominante. Por eso recuerda los momentos en que esos grupos económicos pusieron en jaque a Brasil "orillando al suicidio a un primer mandatario, el presidente Getulio Vargas (1954); acosando, casi hasta el derrocamiento, al gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-61), y deponiendo a su sucesor Joao Goulart mediante un golpe militar (1964)". La realidad es que Lula, como todos los socialdemócratas partidarios de la paz y la conciliación, prefiere hacer unas cuantas reformas que no pongan en peligro su gobierno para dejarles a los que sigan en los próximos 50 años, realizar otras reformas. Por eso Lula parece siempre tendrá elementos para acomodarse.
6. Lula es cauto, es un buen diplomático, está siempre bien con todos, ¿y el pueblo pobre y miserable de Brasil piensa lo mismo? Señala –como un chiste- que "cada país tiene sus particularidades. Los Kirchner tienen su estilo de gobernar y Argentina está mejorando; Pepe Mujica tiene su modelo de gobierno; Uruguay está mejorando. Yo tengo mi estilo, el hecho concreto es que Brasil está mejorando. Evo tiene su estilo; el hecho concreto es que Bolivia está mejorando, y esto vale para todo el mundo. Eso es lo que me interesa. Esa cosa de la prensa de decir: 'Lula es el buenito y Chávez el malo'. Chávez tiene que ser bueno para el pueblo de Venezuela, y yo tengo que ser bueno para el pueblo de Brasil, y la verdad es que Venezuela mejoró con Chávez, esa es la verdad. ¿En cuántas elecciones participó Chávez en estos tiempos, eh? Y las ganó todas, acaba de ganar una más". Me hubiese gustado mejor un análisis crítico que la apología.
7. Tiene razón Lula: "Ocho años son pocos para transformar un país"; pero 50 años sería lo mismo cuando no se moviliza a la población y se tiene miedo de tocar a los más poderosos. Pero muchos preguntarían, ¿cómo movilizar a los indígenas, a los campesinos, a los trabajadores explotados, que durante muchas décadas han sido "educados" por la Iglesia, la televisión, la escuela capitalista y suelen estar penetrados por infinidad de prejuicios sociales? De todas maneras las declaraciones de Lula me sigue pareciendo un documento importante, sobre todo para los socialdemócratas del mundo que deben estar muy felices. Pero también para la izquierda radical para que se de una idea de los que sucede en América Latina y las dificultades de que en procesos electorales se pudieran conseguir transformaciones profundas. Pareciera que los gobiernos de centro-izquierda y reformistas estarán peleando seriamente el poder en los próximos años para hacer reformas que no enojen a las clases dominantes.
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 4 de octubre.- Cuando el martes 28 de septiembre salieron a la calle cinco agentes policiacos que habían sido detenidos junto con 30 personas más en el célebre michoacanazo, y sólo siguió preso uno de dos docenas y media de alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán privados de su libertad en mayo de 2009, quedando de manifiesto la injusticia, el ridículo y el talante político de la operación, su autora, Marisela Morales Ibáñez, tuvo que dar la cara.
Aunque no necesariamente tenga autoridad para hacerlo, la avaló su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, quien no había sido designado en ese cargo cuando se inició la vasta maniobra que ahora reventaba. Como se recuerda, en aquel entonces era abogado postulante o consultor en el despacho de Diego Fernández de Cevallos, quien lo había ya colocado en la lista de espera para cuando se marchara (a Londres) Eduardo Medina Mora. Aunque Chávez Chávez participó también en la conferencia de prensa del jueves 30, en torno a casos que no conoce desde su origen, cedió la palabra a la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quien reconoció "públicamente capacidad, entrega, profesionalismo y valentía", atributos de los que dudaría quien estuviera al tanto del tema por abordar.
La subprocuradora dijo en síntesis, aunque con otras palabras, que no fueron apreciados por los jueces los muy completos expedientes de acusación contra quienes pasaron hasta 17 meses sin que se les hallara responsabilidad penal. Descargó sobre ellos la responsabilidad de que la peligrosa movilización en que se detuvo a funcionarios que disponían de fuerza pública (y por lo tanto hubieran podido utilizarla para su protección, pues los policías que los capturaron parecían y actuaban como si fueran secuestradores o asaltantes) terminara en fracaso, como la opinión pública interpretó el que de treinta y tantos procesados sólo quedara uno, el alcalde priista de Múgica, en la penitenciaría michoacana. Centró su defensa de las actuaciones ministeriales en la participación de los testigos colaboradores, cuyos dichos, alegó, fueron avalados por tribunales de apelación, que otorgaron "pleno valor probatorio a la declaración de esos testigos".
La tomó especialmente en contra del juez primero de Distrito en Morelia, autor de varios de los fallos por los cuales están en libertad los injustamente presos, y el que permitió a Julio César Godoy Toscano protestar su cargo de diputado federal. Dijo la subprocuradora que en nueve casos ese juzgador, Efraín Cázares, "no sólo decretó en forma cuestionable la libertad de los inculpados, sino que actuando en total contradicción a la ley, resolvió, al momento mismo de decretar la procedencia de la libertad por falta de elementos y la libertad por desvanecimiento de datos, el sobreseimiento del proceso, sin contar para ello con fundamento legal alguno, lo que implica que con esa determinación impide al agente del Ministerio Público de la Federación presentar pruebas y reactivar el procedimiento".
Esas resoluciones y otras a las que la funcionaria se refirió, así de pecaminosas, no fueron objeto de queja alguna, en su momento, ante el Consejo de la Judicatura. Sólo ahora, cuando quedó claro que las acusaciones no fueron probadas y casi todos los detenidos se han marchado a sus casas, la PGR presentó ese recurso ante el órgano que supervisa la actuación de los juzgadores.
Con insistencia que parecía insidiosa, la subprocuradora añadió cargos contra Cázares, a quien no mencionó por su nombre, sino sólo aludió refiriéndose al juzgado del que es titular: "Las decisiones del juez primero de Distrito en Michoacán son contradictorias, toda vez que en una misma resolución señala que las declaraciones de los testigos colaboradores tienen pleno valor probatorio y son útiles para comprobar que se cometió el delito de delincuencia organizada, y en otra parte menciona que esas declaraciones no son válidas, porque los testigos no declararon en presencia de un abogado".
Fue más allá la titular de la SIEDO: dijo del multicitado juez primero de Distrito que "resolvió extrañamente acumular" el proceso de Luis Servando Gómez Patiño –hijo de La Tuta, como se apoda al jefe de La Familia michoacana– al de los detenidos en mayo de 2009. La extrañeza le viene de que el juicio contra Gómez Patiño "es más antiguo que el de los servidores públicos del estado de Michoacán y en todo caso lo procedente debió haber sido acumular a la inversa, por lo que se prevé utilice los mismos argumentos anteriormente señalados para dejarlo en libertad".
Esos y otros señalamientos contra el juez primero de Distrito de Morelia hacen suponer que pronto se intentará procesarlo. Pero si se llega a ese extremo, o al esbozado por el procurador y la subprocuradora de reiterar las acusaciones contra los detenidos y liberados, aun los que fueron absueltos en sentencias (que no están firmes, según insistieron), se enfrentarán a la incredulidad ciudadana, pues la gente supondrá que para lavarse la cara puede llegar a cualquier extremo –incluido un nuevo michoacanazo corregido y aumentado– el Ministerio Público, a cuya cabeza actúa en este caso la licenciada Morales Ibáñez.
Ella ascendió a su actual cargo al comenzar agosto de 2008, cuando se iniciaba la operación limpieza en la PGR. El entonces procurador Medina Mora despidió en un reajuste de su gabinete a los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano y José Luis Santiago Vasconcelos, quienes en ese momento iniciarían un trayecto trágico. Ramírez Mandujano –en cuyo lugar fue nombrada Morales Ibáñez, quien hasta entonces estaba bajo sus órdenes, como jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores– recibió un aparente premio de consolación: se le envió a Viena, como representante de México ante el organismo de la ONU contra las drogas. Pero sólo permaneció allí unos meses. En noviembre se percató de que se realizaban averiguaciones en su contra, volvió a México a responder en ellas y se le detuvo. Actualmente está sujeto a proceso, preso en una cárcel de alta seguridad.
Fue peor el destino de Santiago Vasconcelos, quien durante unos meses, después de un breve periodo de desasosiego (pues lo dejaron en la calle), fue llamado a encabezar el organismo que implementa la reforma judicial en materia penal. Volvía de San Luis Potosí tras un acto relacionado con esa función cuando, pasajero casual en el avión en que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, murió al precipitarse a tierra el aparato.
En poco más de dos años al frente de la SIEDO, además del resultado del michoacanazo, Morales Ibáñez ha tenido otros momentos difíciles. En un juicio contra un presunto miembro de Los Zetas, se le perdió la testigo colaboradora en que se sustentaba su acusación. No le quedó más remedio que comunicar ese hecho al juez del caso: se excusó de presentar a ese testigo "toda vez que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta y se procede a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo". Era probablemente una delincuente arrepentida, que se habría fugado, por lo cual la triste comunicación concluye diciendo que "se está en el proceso de estudio de su situación jurídica".
Agente del Ministerio Público Federal desde tiempo atrás, el procurador Rafael Macedo de la Concha la nombró coordinadora general de Investigaciones de la PGR. Entre los casos que le correspondió encarar ante la opinión pública se contó el de la reanudación de las averiguaciones sobre el asesinato del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo, donde su actuación no arrojó ninguna novedad. Fue diferente el resultado en la indagación que condujo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en que aportó las constancias ministeriales utilizadas para el juicio legislativo contra el jefe de gobierno del Distrito Federal.
La detención de los 11 alcaldes michoacanos.
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 4 de octubre.- En la guerra contra el crimen organizado los alcaldes mexicanos quedaron en medio del fuego cruzado; o caen por los disparos de los criminales o son detenidos por las autoridades federales. Desde el inicio del sexenio 18 de ellos han sido asesinados presuntamente por miembros de las bandas delictivas. Además, para dar una idea de su vulnerabilidad ante las averiguaciones previas que les inicia la PGR, sólo en el fallido michoacanzo fueron detenidos 12 alcaldes, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El lunes 27 sacudió a la opinión pública el hallazgo del cuerpo lapidado del alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, junto a uno de los concejales, Rafael Equihua. Ellos habían sido designados por el Congreso para ese cargo luego de que en diciembre del año pasado el presidente municipal y su cabildo renunciaron por presiones del crimen organizado y por considerar que no había condiciones para hacer su trabajo.
Los alcaldes no son los únicos funcionarios vulnerables en los ayuntamientos; los ataques también alcanzan a los policías: de acuerdo con las cifras que ofrece el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en lo que va del presente sexenio han sido ejecutados 915 policías municipales, de los 2 mil 76 efectivos policiacos abatidos por las bandas criminales.
El riesgo se extiende a los mandos medios de la administración municipal, como el secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Enrique Barrios, secuestrado en mayo pasado al parecer por grupos vinculados con el crimen organizado. Barrios fue dejado en libertad por sus captores unos días después, tras ser torturado, y renunció a su cargo. Son numerosos también los casos de secretarios o directores de Seguridad Pública municipal que han caído por el fuego de la delincuencia organizada.
Pero los funcionarios municipales no sólo están expuestos al acoso de la delincuencia organizada: también padecen los embates de las autoridades. En mayo de 2009 las fuerzas federales detuvieron a 38 funcionarios y jefes policiacos de Michoacán acusados de servir a la delincuencia organizada, particularmente al cártel de La Familia. Entre los funcionarios había 12 alcaldes, tres directores municipales, un síndico del ayuntamiento y dos policías. Así, casi la tercera parte de los detenidos eran alcaldes, la sexta parte eran funcionarios o policías municipales y en total representaban 47% de los 38 detenidos.
Aunque no hay estadísticas que permitan ubicar el total de integrantes de la fuerza pública municipal que han sido consignados ante la justicia, también son blanco preferido de los ministerios públicos. Un recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del 26 de septiembre de 2009 señala que en los primeros siete meses de ese año habían detenido a 357 policías, de los cuales 319 pertenecían a las corporaciones municipales.
Y en marzo de este año elementos de la Marina detuvieron al director de alcoholes del mismo municipio, Rogelio González, también por presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no ha sido liberado.
Así los funcionarios municipales son el blanco ideal del crimen organizado, pues realizan tareas cruciales para la buena marcha de "su negocio". Normalmente están mal pagados y no tienen los instrumentos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Aquí los policías muestran esta realidad: de acuerdo con García Luna 61% de ellos ganan menos de 4 mil pesos mensuales, y al menos en el caso de Nuevo León, por disposición legal no pueden portar armas largas.
En cuanto a los mandos medios y los alcaldes quizá la única diferencia es el salario – y no en todos los casos pues seguramente muchos de ellos (en los más de 2 mil 500 municipios) reciben remuneraciones miserables– pero son igualmente vulnerables a los embates del crimen organizado, como mostró claramente el secuestro y asesinato del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.
De acuerdo con datos publicados en medios informativos, en sus diez meses de gestión éste había reducido el número de sus policías de 60 a 10 como consecuencia de los asesinatos (este año la delincuencia organizada mató a 12 agentes), despidos y renuncias. De los diez que estaban en servicio en esos momentos, siete fueron vinculados con su asesinato.
Los municipios son el núcleo básico de la organización política y administrativa de México. Las funciones que realizan sus autoridades son cruciales para que los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida; pero desgraciadamente esta operación estratégica no se corresponde con el diseño institucional, y eso es lo que los vuelve muy vulnerables, como indican las estadísticas y los casos señalados en los párrafos anteriores.
Las explicaciones de los asesinatos y detenciones de los funcionarios municipales son múltiples: algunos cayeron por las balas del crimen organizado porque osaron combatirlo, pero seguramente también hay quien fue victimado por haberse aliado a uno de los grupos en pugna, por haber incumplido sus promesas o haber intentado abusar de su autoridad, entre otras posibles razones. Lo mismo sucede en el caso de las detenciones, en las que existen culpables e inocentes.
Lo cierto es que los funcionarios públicos municipales no gozan de las condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades y eso lo aprovecha el crimen organizado para comprarlos, maniatarlos o eliminarlos. No son los únicos servidores públicos vulnerables pero sí son el eslabón más débil y eso los vuelve también blanco de las mismas autoridades.
Para combatir dicha debilidad lo primero que hay que reconocer es la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios mexicanos, lo que necesariamente cancela las respuestas únicas; los remedios no pueden aplicarse indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del país. La generalización ni siquiera es concebible a nivel de las entidades federativas, pues incluso dentro de ellas las diferencias son abismales. Las alarmas están encendidas, hay que atenderlas so pena de seguir sufriendo las consecuencias.
César Nava, presidente del PAN.
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Por lo visto el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, no gastó durante cuatro años en comer, beber, vestirse, alojarse y divertirse, ni siquiera en la manutención de sus tres hijos. Ahorró todos sus ingresos para comprar una casita de 15 millones de pesos en Polanco.
El problema es que ni así, sin gastar nada de todas sus percepciones durante cuatro años, es posible que Nava haya podido reunir el dinero para adquirir el departamento de recién casado en un edificio de lujo que tiene vista al Castillo de Chapultepec.
Aun si el precio de la vivienda de lujo fue de sólo 7.5 millones de pesos, como aseguró Nava a través de un comunicado del PAN, tampoco hay manera de que le salgan las cuentas.
Sus propias cifras lo delatan: Durante casi dos años como secretario particular de Felipe Calderón y un año como diputado federal cobró, sólo en sueldos, poco más de 4.5 millones de pesos.
Y más aún: Al inicio del sexenio, tenía una deuda de 4 millones 100 mil pesos --casi la misma cantidad que ganó en cuatro años-- por haber comprado, en agosto de 2006, una casa donde vivía con su anterior familia.
Así, salvo que se haya sacado la Lotería o el Melate, que haya recibido una multimillonaria herencia o que el gasto lo haya hecho Patricia Sirvent, quien desde el sábado 2 de octubre es su esposa, hay elementos para presumir que Nava adquirió esa propiedad con dinero mal habido.
No es la primera vez que el próximo expresidente del PAN está bajo sospecha de corrupción, particularmente en su gestión como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) --empresa donde fluyen comisiones por los multimillonarios contratos--, ni es raro que la facción gobernante incurra en tal conducta.
(Un ejemplo es el manejo que, con la total complacencia de Calderón, hizo Patricia Elizondo no sólo del multimillonario presupuesto para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, sino de la propia administración de Los Pinos, una especie de Afore que disfrutará con su pareja al terminar el sexenio).
Tomando como base las cifras de sus propias declaraciones patrimoniales que Nava aceptó hacer públicas, particularmente la correspondiente a 2007, y los tabuladores de los cargos que ha ocupado, es posible presumir que la compra del departamento en Polanco --que se ha ido poblando de nuevos ricos como él-- es un asunto de corrupción.
En efecto, en sólo cuatro años, Nava pasó de la inopia a la prosperidad, que se inició con la fraudulenta elección de 2006.
En agosto de ese año, cuando ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había decidido que Calderón era el sucesor de Vicente Fox, Nava vio venir la fortuna y obtuvo un crédito hipotecario por 3 millones 100 mil pesos, que sumó a un "préstamo personal" por un millón de pesos para la compra de una casa.
Es decir, comenzó el 2007 con una deuda de 4 millones 100 mil pesos, sin contar otros adeudos, como las tarjetas de crédito.
Respecto a sus ingresos, el puesto de secretario particular de Calderón era nivel HC2, equivalente a subsecretario de Estado, por lo que su sueldo bruto ascendía a 203 mil 564 pesos y, ya sin impuestos, a 143 mil 314. Durante todo el 2007, percibió en total un millón 719 mil 768 pesos.
Al año siguiente, 2008, Nava sólo cobró un millón 576 mil 454, porque en noviembre de 2008 Calderón lo despidió. En todo caso, en los casi dos años que estuvo en el gobierno pudo ahorrar, sin gastar absolutamente nada, un total de 3 millones 296 mil 222 pesos.
Después, durante diez meses, Nava no trabajó en nada y, en teoría, tampoco tuvo ingresos: De noviembre 2008, cuando fue separado de la secretaría particular por Calderón, a agosto de 2009, cuando comenzó su gestión como presidente del PAN --en sustitución de Germán Martínez, quien hace dinero como gestor o coyote--, sólo hizo campaña como candidato a diputado federal.
En todo caso, Nava sólo cobró un mes de sueldo como presidente del PAN, el de agosto de 2009, porque aseguró que renunciaba a él y su ingreso sólo sería su dieta como diputado federal. Por ese mes cobró, según el tabulador de ese partido, 130 mil 352 pesos con 65 centavos netos.
Como diputado federal, Nava percibe un promedio de 100 mil pesos mensuales, que multiplicados por los 12 meses que lleva como tal, suman un millón 200 mil pesos.
De esta manera, si se suman todos esos ingresos de Nava, de enero de 2007 a septiembre de 2009, el resultado es el siguiente: Cuatro millones 626 mil 574 pesos, apenas medio millón de más al adeudo que tenía cuando comenzó el gobierno de Calderón.
Y hay que insistir: Se trata de una cantidad acumulada sólo en el caso de que Nava no haya gastado absolutamente en nada, ni siquiera en la pensión que, al parecer, destina a los tres hijos que tuvo con María Covadonga Baños Ardavín.
Los números de Nava, en suma, sacan a flote un caso de enriquecimiento inexplicable, un asunto de corrupción.
El tema da para más…
Apuntes
Una perla para que los panistas se sientan orgullosos: En homenaje al décimo aniversario de la muerte de Carlos Castillo Peraza, nace en Guanajuato una central corporativa de taxistas que lleva su nombre. Se trata de la Federación "Carlos Castillo Peraza", que agrupa a cerca de 2 mil choferes en organizaciones que llevan los nombres de otros próceres del partido oficial: "Manuel Gómez Morín", "Manuel J. Clouthier". Ahí caben perfectamente los perredistas que aman a Calderón y que encabezan Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Graco Ramírez, Carlos Navarrete…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
FOTO: Centro de derechos humanos Tlachinollan
Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Testimonios.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Valentina Rosendo Cantú, la indígena mep'haa (tlapaneca) que fue abusada sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 y que ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano, solicitó al presidente Felipe Calderón que, en desageravio, visite su comunidad y en un acto público acepte que ella tenía razón.
"Quiero que el presidente (Felipe Calderón) vaya a mi comunidad, que yo esté junto a él y diga a todos que yo tenía la razón, que yo no mentí, porque a mí me violaron militares", afirmó.
El viernes 1 de octubre, la Coidh emitió dos sentencias en contra de México por violar tres tratados internacionales de derechos humanos –la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer— en perjuicio de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Como se narra en la edición número 1770 de la revista Proceso, actualmente en circulación, en el año 2002 ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en las comunidades indígenas de Acatepec y Ayutla, en el estado Guerrero. Sus casos fueron investigados en la Procuraduría de Justicia Militar, donde permanecen en la impunidad, de ahí que las dos mujeres recurrieran a instancias internacionales en busca de justicia.
Tras difundirse el sentido de las sentencias de la Coidh, Valentina contó a Apro cómo recibió la noticia de la condena: Emocionada, dijo que a las 16: 30 del viernes 1 de octubre, Alejandra Nuño le notificó por teléfono que la Corte ya había emitido su fallo:
"Yo iba para mi casa cuando me llamó Alejandra; me dijo que me iba a volver a llamar en la noche porque no sabía qué había salido. Llegué a mi casa y me puse a llorar, estuve recordando todos los momentos difíciles que he vivido durante estos ocho años, yo decía 'Diosito dame valor para yo poder aceptar sea lo que sea'."
Cuando se enteró que el fallo del tribunal interamericano había sido a favor de Inés y de ella, todo cambió: "Me puse muy feliz; mi corazón no cabe de alegría de saber que ya salió la verdad."
Valentina señaló que lo más importante es que después de ocho años de buscar la justicia, ahora "el gobierno tiene que reconocer que se equivocó con dos mujeres indígenas"; y recordó que sus casos como mujeres agredidas sexualmente por soldados no son los únicos, pero sólo ella e Inés se atrevieron a denunciar.
La indígena de 24 años recordó que haber alzado la voz en contra de los militares agresores tuvo consecuencias terribles para ella e Inés: Ambas tuvieron que salir de sus comunidades; han sido hostigadas y amenazadas; sus hijas han estado en riesgo de ser secuestradas; en el caso de Inés, un hermano suyo fue asesinado; y a Valentina su esposo la abandonó.
Valentina resaltó que sus padres también fueron amenazados y que ella tuvo que salir de su comunidad ante la discriminación de que fue objeto, era llamada la "mujer violada", la "mujer de los guachos".
Por eso, apuntó, la disculpa pública que tiene que dar el Estado por haber violado sus derechos fundamentales tiene que ser en su comunidad: "Ahí fue donde el Ejército hizo más daño; yo no he podido regresar por culpa de los guachos y mi hija no ha crecido entre su gente por los guachos."
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, organización que defendió a Valentina e Inés, resaltó que convocará a personalidades de la academia, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interesados en el cumplimiento de las sentencias para que presionen y las sentencias se cumplan lo más pronto posible.
"La principal intención es que lo que ocurrió con Valentina e Inés, y que pasa en todo el país a partir de que el gobierno de Felipe Calderón apostó por la militarización de la seguridad pública, no vuelva a ocurrir", puntualizó Barrera Hernández.
La Relatora Especial destacó como un avance importante la sanción en 2008 de la ley para combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, pero hizo especial hincapié en la urgencia de modificarla a fin de brindar mejor protección a las víctimas mayores de 18 años y elevar las penas a los tratantes. Actualmente, las víctimas mayores tienen que demostrar que no dieron el consentimiento para caer en una red de trata, un punto que dificulta la persecución del delito. En agosto las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados firmaron un dictamen de mayoría que avanza en ese sentido, aunque el texto acordado entre legisladores de la oposición y el oficialismo no conformó del todo a las ONG's que trabajan en el tema. Este proyecto de reforma ya está en condiciones de tratarse en el recinto.
Urge una ley que regule contenidos mediáticos contra las mujeres
México, D.F 04 oct. 10. AmecoPress/CIMAC.- En México se necesita una ley de medios de comunicación con perspectiva de género, y un observatorio mediático de los derechos de las mujeres y las niñas, para garantizar que en esos espacios, no se reproduzca la discriminación y la violencia social contra ellas, advirtieron especialistas.
En el primer Foro Internacional "Género, Justicia y Medios de Comunicación, Aimeé Vega Montiel del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH), dijo que los medios de comunicación siguen ubicando a las mujeres como objetos sexuales y reproduciendo los roles tradicionales como madres, o como frívolas y superficiales.
En el foro que se realizó en el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la experta dijo que esto se comprobó en un estudio realizado en 2006 y en 2007, y la tendencia prevalece a la fecha.
Ante esta situación se requiere de una ley, que aunque por sí misma no resuelva la problemática, es indispensable para regular los contenidos mediáticos.
Se refirió a los programas, que en el discurso pretenden impulsar el empoderamiento de las mujeres, en realidad enfatizan estos estereotipos de género, un ejemplo es el programa "lo que callamos las mujeres", trasmitido en televisión abierta.
La persistencia de estos contenidos se observa también en los programas de revista, de concursos, publicidad comercial, institucional e incluso en los noticieros, donde las mujeres son responsabilizadas por la violencia que padecen.
Angélica de la Peña, de la Red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, mencionó que en estas circunstancias a pesar de que es compleja la regulación de los medios, se requiere de una ley de calidad en la materia que tutele el derecho a la información, que debe ser garantizado por el Estado, con un enfoque de derechos humanos de las mujeres.
La dificultad de la legislación en la materia, tiene que ver con que el derecho a la información trastoca intereses políticos y económicos, es decir con el control de las concesiones que otorga el gobierno federal a los medios.
Recordó que las reformas anteriores a la ley han sido parciales, y lo que se requiere ahora es todo un reto porque para regular los medios con perspectiva de género, hay que trascender "visiones misóginas y androcéntricas".
Para alcanzar este fin se requiere también de la creación de un observatorio mediático de los derechos de mujeres y niñas. En este sentido es urgente el trabajo de las feministas y las mujeres organizadas que integren esta problemática en sus agendas, dijo.
Carolyne Byerly de la Universidad Howard destacó la importancia de la participación del movimiento feminista para la investigación, denuncia y legislación del tema.
Mencionó que gracias al trabajo de las mujeres, se han incluido en la sociedad y en los medios de comunicación, términos como el acoso sexual y la violencia doméstica, los cuales permitieron la medición de la problemática y elevar la conciencia en la materia.
Una situación semejante es la que se registra en la regulación de los medios de comunicación, donde el aporte de las feministas y las mujeres es fundamental para lograr el cambio.
El foro fue convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y la coordinación general del programa de Equidad y Género del Poder Judicial de la Federación, entre otras instituciones.
Debaten acerca de economía, paridad, educación y lucha contra la impunidad de la violencia contra las mujeres
El Encuentro ha sido inaugurado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, junto a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, la directora ejecutiva de Unifem, Inés Alberdi, y la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde.
En las jornadas, organizadas por el Ministerio de Igualdad y la Fundación Carolina y dirigidas por Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, contarán con la participación de Cristina Perceval, del Ministerio de Justicia de Argentina, Olga Amparo Sánchez, de la Comisión de Mujeres del Congreso de Colombia, e Irene León, directora de la Fundación de Acción, Estudios y Participación Social de Ecuador.
Rosa Conde ha explicado los ejes fundamentales sobre los que girará el intercambio de experiencia durante estos días, con el objetivo de "avanzar en la agenda de la Igualdad": economía, paridad, educación y lucha contra la impunidad de la violencia.
El Encuentro pretende también estrechar lazos entre mujeres, organizaciones e instituciones iberoamericanas y españolas y por ello, están previstos encuentros con responsables institucionales y representantes del poder ejecutivo y legislativo. Así, las participantes mantendrán coloquios con María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Cunillera, vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad y la propia ministra, Bibiana Aído.
Este año, la celebración del encuentro coincide con el lanzamiento del espacio virtual de Mujeres Líderes desarrollado como área para la comunicación y el intercambio de información. Tal y como ha explicado Conde, "se dará mucha importancia a la difusión a través de redes sociales".
El contexto de la crisis económica
En las intervenciones, Inés Alberdi, Soraya Rodríguez y Bibiana Aído han destacado el contexto de crisis económica en el que se desarrolla este sexto encuentro, así como los logros e hitos significativos acontecidos durante este año, a nivel europeo y mundial, señalando de manera especial la lucha contra la violencia de género que España ha conseguido elevar a Europa y que ha culminado con la creación del Observatorio de violencia de género y la Euroorden, y la constitución de Onu Mujeres, a cuya cabeza se sitúa Michelle Bachelet.
Tanto la secretaria de Estado de Cooperación Internacional como la ministra de Igualdad han afirmado que "la crisis no se puede llevar por delante los avances sociales que hemos conseguido ni puede suponer un retroceso en Igualdad" y han apelado a la "unión y la acción conjunta" de todas las mujeres porque "las mujeres somos parte de la solución" y "tenemos que luchar juntas para construir un mundo mejor" en un contexto que es más difícil para aquellas "personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de invisibilidad: mujeres, niños y niñas".
La directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), ha señalado la importancia de aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo para ir consiguiendo poco a poco la igualdad de género. "Sólo 29 países han logrado que sus parlamentos lleguen a tener el 30 por ciento de mujeres. Este es un indicador clave"
Feminización de la pobreza y trata
Las especialistas también han dedicado buena parte de sus intervenciones a los Objetivos del Milenio. "Más allá de que la igualdad sea un objetivo, es necesario que la igualdad esté presente en el resto", ha dicho Bibiana Aído, "la igualdad no es sólo un fin, es una estrategia, un medio para alcanzar el resto de los ODM".
Citando al líder africano Nelson Mandela, la ministra ha mencionado a la pobreza como una "ofensa y una responsabilidad de las personas que ocupan el poder" que se convierte en una "trampa para muchas mujeres que las lleva a caer en la explotación y en la trata, un atentado para los derechos humanos que no entiende de nacionalidad".
Bibiana Aído ha asegurado que "nuestra agenda está repleta, es una agenda concluyente y tenemos prisa, no podemos esperar 500 años para conseguir una verdadera igualdad". Así mismo ha señalado que la educación es un instrumento fundamental para acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres y ha asegurado que "juntas podemos dar respuesta tanto a los viejos problemas que arrastramos, como a los nuevos retos".
Programa
La primera ponencia, llevada a cabo por Rebeca Grynspan, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha basado en Crecimiento, redistribución y empleo. Grynspan, ha señalado que el problema de desigualdad es un problema de hombres y mujeres y que los sistemas de protección social deben ser universales e incluir el trabajo femenino y el sector informal (no reglamentado).
Por su parte, Cristina Carrasco, profesora del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, ha destacado que "desde el feminismo se ha querido plantear otra agenda y otra mirada y se ha aprendido de la falsa neutralidad de los universal y del hecho de que sólo se considere economía lo que se puede mercantilizar", "nosotras queremos cambiar esta idea pero nos la quieren echar abajo". "Es imprescindible hablar más de bienestar y de sostenibilidad que de crecimiento".
Para finalizar, Teresa Valdés, investigadora del Centro de estudios para el Desarrollo de la Mujer y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile, ha recalcado el lastre que supone la alianza de conservadurismos, también de grupos progresistas, contra lo temas de género.
La agenda de mañana comenzará a las 9:30 con una ponencia sobre Democracia, libertad y familia, en la que intervendrá como ponente Amelia Valcárcel, directora del Encuentro y como comentaristas Selma Estrada, ex ministra del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras y Sandra Aliaga, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, con Rosa Peris como moderadora.
Fotos: AmecoPress
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