¿Quién ordenó de nuevo el retiro de mi Cartel? ¿Calderón, la gobernadora Ortega o la Alcaldía municipal de Mérida?
Pedro Echeverría V.
1. No sólo me rompieron parte del texto del cartel a media semana sino que tres días después la gobernadora y la alcaldesa del PRI o los del PAN apoyándose en la Presidencia de la República, mandaron arrancarlo del gigantesco árbol-laurel de la Plaza Principal de Mérida donde ha estado 16 años atado con candados. Hace apenas un mes renové de manera total el bastidor con buena lámina y bonitas maderas. La realidad es que es un Cartel inofensivo que sólo medio leen los turistas, los policías, los curiosos y los morbosos. Pienso que hasta los perros se orinan en él. Tan poco importante es que pensé que un gobernador le pondría adornos y luces para llamar la atención. Pero son tan tontos los gobiernos que esta es la octava vez que lo arrancan de su lugar y sólo por algunas protestas y la insistencia, sigue presente. ¿Qué vamos a hacer con estos malditos gobiernos que por ignorancia e intereses no soportan la menor crítica?
2. No me explico porque en un pequeño estado, como el de Yucatán (millón 900 mil habitantes), que tiene escasa importancia en la economía (subsidiado) y en la política mexicana (unos cuantos diputados y senadores), que además es el más pacífico y con menos participación de fuerzas de oposición, no puedan soportar un Cartel donde no se le menta la madre a nadie, no se habla mal de las personas y sólo se dedica analizar lo que cada semana sucede: desempleo, salarios miserables, corrupción institucional, dominio de la clase política, la explotación contra los trabajadores, el asesinato de líderes sociales, la complicidad Iglesia/Estado, las guerras imperialistas y, cuando denuncia al PRI, PAN, PRD, no nombra a personas sino sólo a la estructura social capitalista. A mí siempre me ha parecido un Cartel decente; no podría hacerlo mejor ni tampoco silenciar lo que pasa ante nuestra vista. Por ahora debe investigar.
pedroe@cablered.net.mx
Intransigencia presidencial
Eduardo Ibarra Aguirre
Ya es ordinario que cada ocasión que el titular del Ejecutivo federal visita su estado natal Michoacán, entidad que pretendió gobernar y cosechó el fracaso en las urnas, provoque confrontaciones políticas crecientes con los que debiera establecer una interlocución no sólo respetuosa en base a la naturaleza federativa de la república, la autonomía municipal y la separación de los tres poderes, sino también productiva.
Conforme la cuenta regresiva para la elección de gobernador se acorta, la intransigencia del hermano de Luisa María Calderón Hinojosa se acentúa más y, como el pasado viernes 22, adquiere expresiones de conductas facciosas de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús para mostrarse decidido a imponer su voluntad al descalificar el trabajo judicial, criminalizar a los 34 liberados de los 35 funcionarios municipales y estatales –12 por desvanecimiento de pruebas, ocho por revocación del auto de formal prisión y nueve por sentencias absolutorias-- y agraviarlos discursivamente en el acto por el 196 aniversario de la Constitución de Apatzingán.
El célebre michoacanazo de la víspera de las elecciones federales intermedias de 2009, exhibió la pronunciada dependencia del Ministerio Público federal, encabezado por el gris abogado Arturo Chávez, con respecto de los planes políticos del jefe del grupo gobernante; el sistema de impartición justicia que promueve febrilmente para apuntalar la insostenible guerra contra el crimen organizado que, con desesperación, aspira a convertir en transexenal bajo el alegato de hacerla política de estado, cuando durante tres años ignoró en esa materia a todas las fuerzas políticas.
Se puede comprender que la mecha corta que sus amigos dicen conocerle a Calderón Hinojosa, se puso en acción cuando el diputado Raúl Morón le reprochó "la politización de la justicia", sus evidentes contradicciones al "exigir la estricta aplicación de la ley para algunos y otorgar para otros el privilegio de la impunidad". Por ejemplo, ¿recuerda usted, amable lector de Utopía, al joven Juan Camilo Mouriño Terrazo?
El alcalde de Apatzingán, preso hasta hace unos días como presunto delincuente, escuchaba con atención al legislador michoacano más cercano al movimiento que dirige Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño de Macupana que es odiado por el inquilino principal de Los Pinos hasta el punto de que pareciera requerir de diván y especialista idóneos.
Citas de José María Teclo Morelos Pérez y Pavón --"Nunca pactó con los enemigos de la nación. Hoy los enemigos de la nación son otros, pero nuestro deber es hacer respetar las leyes"--, Martín Luther King, T.S. Eliot y Pedro Infante, nutrieron el discurso presidencial sobre "los malos" y "los buenos" en la guerra contra el narco. Justamente para "hacer respetar la ley", la Policía Federal hizo detenciones --incluidas 60 personas en un hotel del municipio de Aguililla--, desalojos, cateos, daños y robos para proteger al ilustre visitante.
Mas la irritación de Calderón se convirtió en alegría familiar y optimismo gubernamental, sobre todo tras lo que cuenta hoy Roberto Rodríguez Baños en la columna Molinos de Viento: "El sábado, en una fiestecita de interés social con apenas unos tres mil asistentes, todos de gorrita, al celebrarse en la hacienda de Tzintzimeo el cumpleaños de Luisa María Calderón Hinojosa, un par de empleados del hermano de la festejada, Juan Manuel Oliva Ramírez y Marco Antonio Adame Castillo, la proclamaron candidata panista al gobierno michoacano. Así que ya sabe usted a qué atribuir el michoacanazo. No habrá fuero que salve a Julio César Godoy, ¿verdad Chuchín pirrín?"
Tanto desfiguro y atropello por una gubernatura para el clan familiar.
Acuse de recibo
El activista Luis Enrique Torres Prieto apunta sobre Los héroes de García Luna (22-X-10): "A ese pillaje que le llaman guerra, habrá que incluir la prohibición de la venta de Proceso, ataques y boicots a Contralínea y Forum y ahora los ataques contra los mineros, especialmente el que está orquestando contra Juan Linares Montúfar, el corrupto juez de distrito en procesos penales, José Miguel Trujillo Salceda"... Para la abogada Esperanza Falcón "Nada existe como exclusividad en lo que concierne al narcotráfico por el consumo de las drogas, es por la facilidad con que cuentan los integrantes de dichas organizaciones criminales para la adquisición, elaboración y distribución de los narcóticos en un conjunto de simpatizantes, de aliados en las mismas instituciones de gobierno en México (…)". Sendos homenajes se rindieron a Pedro López Díaz en la Facultad de Economía de la UNAM el jueves 21, y a Pablo Sandoval Ramírez, el viernes 22, en Acapulco, Guerrero, en el primer y el décimo aniversario de su fallecimiento, respectivamente. Ambos tuvieron en común la formación política e ideológica en las filas del comunismo… Noé Yair López García denuncia hostigamiento policiaco y ratifica el "reclamo ciudadano de la salida inmediata de la Minera San Xavier/New Gold, del Cerro de San Pedro, SLP".
SFP investiga irregularidades en Pemex por 13 mil MDP
Nancy FloresPemex "invirtió" más de 13 mil millones de pesos en valores, que originalmente la Cámara de Diputados había asignado para inversión en infraestructura. La operación –que ya investiga la Función Pública– fue avalada por Georgina Kessel, secretaria de Energía; Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Agustín Carstens, gobernador del Banxico, y Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente. El dinero salió del Fondo Ingresos Excedentes, señalado por su opacidad
La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) "invertir" 13 mil 68 millones 800 mil pesos en valores, con dinero extraído del Fondo Ingresos Excedentes (Fiex), revela un acta del Consejo de Administración de la paraestatal.
La operación se dio a pesar de que los recursos están destinados únicamente a la inversión en infraestructura de la petrolera y cuatro de sus cinco subsidiarias, como lo establece la Cámara de Diputados en los presupuestos de egresos.
Además de Kessel, Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, y Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, figuran entre los servidores públicos de alto nivel que avalaron la transacción.
Así lo demuestra el acta de la sesión extraordinaria 776 del Consejo de Administración de Pemex, de la cual Contralínea tiene copia. A solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga, desde finales de 2009, la multimillonaria operación realizada al margen de la ley.
La historia de esta transacción inició en febrero de 2007, cuando Pemex Corporativo canalizó los más de 13 mil millones de pesos a una cuenta de inversiones en valores, también conocidas en el mundo financiero como "reservas secundarias de dinero".
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, documenta que en el siguiente ejercicio continuaron las irregularidades relacionadas con ese capital.
Los recursos "permanecieron para 2008 en disponibilidades, sin ser aplicados en gastos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en contravención del artículo 25, fracción I, inciso N, tercer párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006".
El máximo órgano de fiscalización del país indica que la sustracción de los recursos fue posible por el acuerdo CA/005/2007, signado por el Consejo de Administración de la petrolera del Estado.
De acuerdo con el acta 776 –obtenida por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, la secretaria Kessel presidió aquella sesión del 27 de febrero de 2007.
Con base en el acuerdo, Pemex "invirtió" el capital en valores y no en infraestructura como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las reglas del propio fideicomiso público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
El acuerdo CA/005/2007 implicó que, de los 45 mil 592 millones 800 mil pesos derivados de los excedentes de la venta del petróleo, 13 mil 68 millones 800 mil pesos (el 28.66 por ciento) se invirtieran en valores. Con ello, el dinero etiquetado a la inversión en infraestructura de cuatro subsidiarias se redujo a 32 mil 524 millones de pesos en ese ejercicio.
A fines de 2009, la Auditoría Superior de la Federación denunció la multimillonaria e irregular operación ante el Órgano Interno de Control en la SHCP, que depende de la Secretaría de la Función Pública.
Esa transferencia de recursos del Fiex no es la única en la que estarían involucrados funcionarios de primer nivel de este gobierno. El 23 de julio de 2009, la ASF comprobó, por medio del oficio DCF-SPP-GCP-0664/2009, que otros 161 millones 580 mil pesos del Fondo Ingresos Excedentes se mantuvieron en inversiones en valores.
Ello contravino "el punto 6.1 de las Reglas de Operación del Contrato de Comisión Mercantil del fondo Fiex, el cual señala que la Gerencia de Presupuestación de Pemex dará a conocer, previo al inicio de cada ejercicio fiscal, a los organismos subsidiarios y a la Gerencia de Tesorería de Pemex el importe que le corresponde de los recursos que se tienen en la subcuenta de Comisión Mercantil", acusa la Auditoría.
Los propineros, entre el abuso y la indefensión
Mayela SánchezLos despachadores de gasolina en la ciudad de México trabajan al margen de la ley. A la precariedad de sus condiciones laborales, se suma la indefensión en la que están ante sus patrones, que recurren a sindicatos de protección y esquemas de subcontratación para evitar ser sancionados. Más de 13 mil no reciben salario; se mantienen de propinas
En México, casi 3 millones de personas laboran sin recibir ningún pago a cambio de su trabajo. Entre ellos se encuentran los despachadores de gasolina, a los que también se les conoce como propineros, porque sus ingresos provienen únicamente de lo que reciben como propinas que la gente les da voluntariamente.
Silvia Márquez Santiago trabajaba como propinera en una estación de gasolina, propiedad de la empresa Servicio Valle de México, SA de CV, ubicada en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Puebla.
Como todos sus compañeros, Silvia se mantenía de las propinas que le daban los automovilistas no sólo por despachar gasolina, sino también por el servicio de lavado de autos que su patrón les obligaba a ofrecer a los clientes. La exdespachadora se queja de que también eran forzados a vender una cuota diaria de "aditivos" y que en caso de no cumplir con ella, los trabajadores tenían que pagar por los productos.
Con sólo la secundaria concluida, madre soltera y único sostén económico de su familia, las posibilidades de Silvia de encontrar un trabajo estable eran limitadas, por eso no dudó cuando su hermana le dijo que en la gasolinera solicitaban personal.
Silvia llevaba casi dos meses trabajando cuando un camión de pasajeros le prensó la pierna derecha al intentar estacionarse en su isla para cargar combustible. En lugar de echar el vehículo en reversa, el chofer la arrolló de nueva cuenta, relata la exdespachadora. A causa del impacto, Silvia perdió la pierna.
Al momento del accidente, la mujer no contaba con seguro social. La atención médica que recibió fue gracias a la aseguradora de la empresa del camión que la embistió. Sin embargo, Silvia tuvo que padecer la indolencia de la agencia de seguros que le "regateaba" los servicios y que se negó a darle la prótesis que necesitaba, arguyendo que era muy costosa. Sólo recibió una indemnización por 12 mil pesos.
Tras el percance, el dueño de la estación de gasolina, Martín Gómez Robledo, dio de alta a Silvia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, Gómez Robledo no informó que la trabajadora había sufrido un accidente, por lo que el IMSS le negó la atención médica y la indemnización, pues no fue notificado del accidente de trabajo.
Abusos y violaciones a la ley
Además de incumplir con la obligación de pagar salarios a los despachadores, las empresas dueñas de las gasolineras también incurren en violaciones a la Ley Federal del Trabajo al no otorgarles complementos al salario, como aguinaldo, vacaciones o utilidades, no garantizar su derecho a la seguridad social, no respetar la jornada máxima laboral que establece la ley ni asegurar condiciones adecuadas de trabajo, señala el doctor Alfonso Bouzas Ortíz, especialista en temas laborales.
"Prácticamente, este trabajo se realiza al margen de lo que la ley establece, [mientras que] el gobierno no hace nada para cumplir su función tutelar", critica el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal (Stracc), Salvador Arellano, explica que esta "política laboral" de no pagar a los trabajadores se presenta en zonas urbanas o turísticas, que es donde existe una "cultura de la propina" que los dueños de las gasolineras aprovechan para librarse de la obligación de pagar salarios a los despachadores.
Prepara Hacienda expedientes de políticos
Miguel BadilloPara estar en medio de un proceso penal por supuestos vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Michoacán que dirige un viejo hombre apodado la Tuta, al hermano del gobern
ador de ese estado, el diputado federal Julio César Godoy Toscano, se le ve tranquilo haciéndole frente a la prensa. La seguridad que muestra el legislador ante las cámaras se debe, quizás, a las constantes torpezas que ha cometido la Procuraduría General de la República (PGR) para integrar las averiguaciones previas, lo que ha traído como consecuencia que jueces federales liberen a los acusados. Ahora Godoy cree que puede correr la misma suerte.
Ante esa incapacidad de las autoridades federales para lograr, con pruebas suficientes, procesar y encarcelar a los alcaldes perredistas de Michoacán, todos acusados de vínculos con el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón se ha dado a la tarea de filtrar a la prensa parte de las evidencias que ha encontrado en sus investigaciones, como es el caso de la grabación de una conversación entre Godoy Toscano y el líder de la banda de Michoacán, en donde es claro para la opinión pública la estrecha relación que mantenían; pero ante tribunales las denuncias han sido débiles.
Con estas revelaciones del proceso penal por parte de la autoridad, la PGR no sólo viola la confidencialidad que debe guardar la investigación ministerial, sino que comete otros delitos que además atentan en contra de los derechos humanos del legislador, quien aunque logre quedar en libertad por la impericia legal de la PGR y sus violaciones al secretismo del proceso, la sociedad ya lo juzgó y, al igual que la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo ha encontrado culpable (aunque a estas alturas lo que menos le importa es su imagen).
Otra circunstancia extraña en lo que se ha llamado el michoacanazo, son los motivos reales de la dirigencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Ortega, para exigirle a Godoy su renuncia a ese organismo político, pues de manera contraria se actuó cuando se defendió el caso de Gregorio Sánchez, quien soñaba con convertirse en gobernador de Quintana Roo y terminó tras las rejas en un penal de máxima seguridad por acusaciones de vínculos con cárteles de las drogas y lavado de dinero.
¿Por qué el PRD defiende a Greg, quien aún en prisión sigue siendo perredista, y Godoy es abandonado a su suerte y obligado a renunciar a su militancia? Podría ser porque pertenecen a tribus distintas, aunque en la dirigencia del partido digan que la renuncia de Godoy fue para evitar ensuciar más su imagen.
Sin embargo, el problema de fondo no es qué pasará con este diputado federal, sino la enorme lista que incluye perredistas, priistas, petistas y hasta panistas, y engrosa los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese órgano de la Secretaría de Hacienda que se ha convertido en una verdadera amenaza para los políticos, funcionarios y legisladores con aspiraciones electorales y con cuentas bancarias muy abultadas, cuyo origen ilícito nadie puede comprobar.
Pero como dicen que en política todo se vale, aunque la UIF también ha integrado expedientes de panistas con dudosas operaciones financieras y presunto lavado de dinero, el gobierno de Felipe Calderón sólo le da curso a las acusaciones penales en contra de políticos de oposición, principalmente del PRD y muy pronto del Partido del Trabajo. A los militantes panistas y algunos priistas, tiene órdenes de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa y sus expedientes financieros sospechosos y relevantes son enviados simplemente al archivo muerto. Como ejemplos –lo hemos comentado aquí–: los casos de Patricio Patrón Laviada, Emilio Chuayffet, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, a quienes la UIF les abrió investigaciones y la PGR sólo espera instrucciones.
¿Y Echeverría, señor Calderón?
Sergio MéndezEl 2 de octubre de 1998, los integrantes del Comité 68 presentaron, ante la Procuraduría General de la República (PGR), 
una denuncia por genocidio y otros delitos graves en contra del expresidente Luis Echeverría y otros exservidores públicos por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
En noviembre de 1998, la PGR resolvió no darle trámite a la denuncia: argumentó que los delitos ya habían prescrito. Los denunciantes impugnaron la resolución mediante el juicio de amparo. En abril de 1999, el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal les otorgó el amparo a los activistas y le ordenó a la PGR que atendiera la denuncia.
El Ministerio Público interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución del juez de amparo, mismo que fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. El Tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a la Suprema Corte. La Primera Sala atrajo el asunto y le ordenó a la PGR que integrara la averiguación previa por genocidio en contra del expresidente Echeverría y otros.
Tras la decisión de la Corte, la denuncia del Comité 68 fue turnada para su trámite a la entonces recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Al caso del 2 de octubre le correspondió el número de averiguación previa PGR/FEMOSPP/2/2002.
Una vez integrada la investigación, el fiscal especial ejercitó acción penal en contra del Echeverría y otros, y solicitó al Poder Judicial el libramiento de las correspondientes órdenes de captura. No obstante, el juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo, negó las órdenes de aprehensión, pues consideró que los delitos ya habían prescrito.
La PGR apeló la decisión del juez Castillo. El recurso se turnó al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, encabezado por el magistrado José Mattar. Por la relevancia del caso, la PGR le solicitó a la Corte que ejerciera su facultad de atracción. Sin embargo, la Primera Sala rechazó, en votación dividida, atraer el asunto. Los ministros dijeron que en el caso del halconazo, respecto del que se pronunciaron previamente, ya habían resuelto lo más importante jurídicamente sobre la materia, como, por ejemplo, lo relativo a que el delito de genocidio no había prescrito en el caso de Echeverría, pues el término de 30 años para que operara la prescripción en su beneficio había comenzado a correr a partir del día siguiente de haber culminado su mandato presidencial.
El expediente fue devuelto al magistrado Mattar, quien determinó librar la orden de aprehensión en contra del expresidente por la presunta comisión del delito de genocidio. Con el objetivo de que Echeverría no fuese sujeto a prisión preventiva en un penal, el Congreso reformó el artículo 55 del Código Penal Federal para que las personas mayores de 70 años, como era el caso de Echeverría, fuesen beneficiadas con la prisión domiciliaria. La orden de aprehensión se ejecutó y Echeverría estuvo preso en su casa. Después, el juez Castillo dejó en libertad al expresidente.
La PGR apeló la nueva decisión del juez penal y el recurso fue turnado otra vez al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal. El magistrado Ricardo Paredes, quien había sustituido al magistrado Mattar, determinó revocar el auto de libertad, para dictar un auto de formal prisión en contra de Echeverría. Con esta importante decisión, el Poder Judicial de la Federación abría la posibilidad de que, por primera vez en la historia de México, un expresidente fuese procesado penalmente.
Lamentablemente, el triunfo sería efímero. La defensa de Echeverría, integrada por los abogados Velázquez y Bonilla, interpuso una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión, del trámite administrativo de identificación y del sometimiento del expresidente al rutinario estudio criminológico.
Aguiar Retes: prelado de la política
Al obispo C
arlos Aguiar Retes le gusta estar cerca de los poderosos, se trate de Calderón o de Peña Nieto, y goza de los privilegios que brinda esa cercanía.
Es muy protagónico y ha recurrido a los medios, incluyendo la televisión, para oponerse a las libertades nacidas del Estado laico y para lograr que la jerarquía católica recupere la hegemonía que tuvo antaño en nuestro país. Así es ese prelado, tal como lo describen sus propios actos.
Obispo de la ODCA
Nació el 9 de enero de 1950, en Tepic, Nayarit. Fue ordenado sacerdote en la catedral de esa ciudad el 22 de abril de 1973. En 1977, obtuvo la licenciatura en sagrada escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
De 1978 a 1991, fue rector del Seminario de Tepic. Durante ese tiempo también fue presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos, de 1986 a 1990. Fue nombrado obispo de Texcoco el 28 de mayo de 1997 y consagrado el 29 de junio del mismo año.
El 25 de mayo de 2000, la Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano lo nombró secretario general de ese organismo para el cuatrienio 1999-2003, y el 15 de mayo de ese año fue nombrado vicepresidente del mismo, durante la XXIX Asamblea Ordinaria en Paraguay.
Ha sido secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), de 2004 a 2006, y presidente de la CEM de 2004-2006 y de 2007 a 2009.
El 18 de noviembre de 2006, en el periodo de la accidentada transición presidencial, luego de que Calderón se asumió como "presidente electo", con apoyo de la jerarquía católica, de empresarios y medios como Televisa, ofreció a los obispos "luchar" para otorgarles la "libertad religiosa", eufemismo con el que desde la época de los cristeros la derecha se refiere a la libre intervención de la jerarquía católica en la vida política e institucional.
En conferencia de prensa, el presidente del Episcopado, Carlos Aguiar Retes, consideró que tras ese compromiso, asumido por el presidente electo durante una reunión a puerta cerrada con integrantes del organismo católico en su sede principal, ubicada en Lago de Guadalupe, Estado de México, "no va a ser ningún problema alcanzar tan anhelado paso" (La Jornada, 18 de noviembre de 2006).
El 27 de enero de 2007, Aguiar asistió a la inauguración de la sede en la ciudad de México de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), presidida por el panista-yunquista Manuel Espino, y que agrupa a partidos derechistas del subcontinente (www.odca.org.mx/centro/01.pdf).
La imagen del protagónico prelado, que se difundió en algunos medios de comunicación, ha motivado comentarios como éste, publicado en un foro de internet: "¡Qué vergüenza de este curita, que se haya gastado las limosnas de la gente pobre en su arreglo personal, pues a leguas se le ve la hojalateada que se dio, amén de estar depilado y maquillado de manera grotesca y que le acompañen en la alfombra roja los funcionarios públicos pertenecientes al Yunque de manera descarada en un país que es supuestamente laico. Sea por Dios!".
Con el narco, con Calderón y con Peña Nieto
En abril de 2008, Aguiar Retes reconoció que la iglesia católica ha sido beneficiada por algunos narcos que "han sido muy generosos (con la dotación de infraestructura a sus comunidades de origen) y muchas veces también construyen templos o una capilla" (La Jornada, 5 de abril de 2008).
Cerrazón de la SEP ante normalistas rurales
Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México*
Las problemáticas que aquejan actualmente a las escuelas normales rurales mexicanas y a nuestra organización, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se derivan de la política económica de apertura indiscriminada de los mercados, que ha llevado a la firma de 11 tratados de libre comercio de México con 43 naciones. El más importante es, sin duda, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puesto en vigor durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1994. La pelea encarnizada por los mercados no se hizo esperar y las empresas trasnacionales han estrangulado el campo, la artesanía y la producción nacional de productos básicos.
La educación, de ser un derecho, se transforma en una mercancía más, sometida a las reglas del mercado. Los grandes corporativos ven en ella un campo fértil para incrementar sus utilidades y convertirla en un negocio redituable. Es claro que sólo buscan obtener ganancias. Ni de lejos, contribuir al desarrollo progresivo armónico de la sociedad, en la que se vuelvan a respirar valores éticos y, sobre todo, seguridad social.
La competencia por adueñarse del "mercado" educativo cancela totalmente este derecho. Las instituciones y personas que se encuentran al frente de la educación en el país lo confirman. Como ejemplos, podemos mencionar al proempresarial y antiacadémico Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y a la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. El modelo educativo de esta mancuerna es el de una sociedad sin orígenes ni propósitos claros, en la que las insuficientes conquistas de la Independencia y la Revolución se echen para atrás.
Las puntas de lanza de esta contrarreforma educativa son la Alianza por la Calidad de la Educación, el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal y la certificación ISO9001-2000. Pero las autoridades pretenden hacer pasar estos programas discriminatorios y que deslindan al Estado de su responsabilidad de otorgar educación gratuita como benéficos y tendientes a mejorar la infraestructura de las escuelas. Se trata de programas que buscan ocultar que, cada vez más, la responsabilidad de mantener las escuelas se traslada a las familias. ¿Cuántas veces no llegan los niños a sus hogares con una nota de parte de la dirección de la escuela en la que se informa al padre de familia que debe aportar una "cooperación" de 200 pesos para la construcción de los sanitarios escolares o para el nuevo pizarrón?
Las normales rurales no escapan de estas condiciones. El presupuesto destinado a cada normal se acota y se pone en peligro la misión de educar a los jóvenes de escasos recursos que provienen de las zonas más pobres del país.
La política que promueve actualmente el Estado es la de sustituir a las instituciones que ofrecen el derecho a la educación por las que venden educación. Por ello, el acoso al modelo educativo del normalismo rural y los constantes intentos de acabar con las normales rurales. En marzo de 2003, las autoridades lograron cerrar la Normal Rural Luis Villarreal, ubicada en sus tiempos de gloria en la comunidad El Mexe, Hidalgo.
Empresas de "clase mundial" …en corrupción
Marcos Chávez
Hasta 1982, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las empresas paraestatales, eran consideradas como las joyas de la nación, propiedad del pueblo, que tenían que ser resguardadas y desarrolladas por el Estado, como representante constitucional de sus intereses y responsable de las riquezas y los sectores estratégicos del país, a favor de las necesidades del crecimiento mexicano.
Los bienes y servicios ofrecidos a través de esos monopolios públicos, a precios subsidiados, tenían un doble propósito. Por un lado, eran considerados como parte de los instrumentos disponibles para ampliar el acceso de la población a los productos básicos y, con ello, elevar su calidad de vida, sus niveles de bienestar, y mejorar la distribución del ingreso; por otro, para proporcionar y diversificar los insumos requeridos por las empresas que, al abaratar los costos de producción, patrocinaban la acumulación privada de capital y, por añadidura, en la inversión, el crecimiento y el empleo. Era parte del sacrificio social considerado como necesario, financiado con los impuestos de la misma población, que redundaba en el beneficio colectivo. El control de dichas empresas y las bajas tarifas eran una respuesta lógica de una nación que recuperaba la energía eléctrica, los hidrocarburos y sus derivados, cuya explotación, entregada por la dictadura porfirista, había sido subordinada a la maximización de las ganancias de las empresas extranjeras. Bajo ese principio, ellas determinaban el destino de la industria energética: las cotizaciones, los planes de inversión, los mercados que se atenderían, las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los impuestos pagados, la repatriación de las utilidades, con escaso beneficio para México. Imponían el interés privado sobre el interés público. Su recuperación, elevada a rango constitucional, fue resultado de la Revolución Mexicana.
La nacionalización de los recursos energéticos y de las empresas citadas, paradigmáticas para el antiguo régimen autoritario que se calificaba a sí mismo como "nacionalista revolucionario", fue la manifestación de otros objetivos trascendentales: el ejercicio de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo. Bajo la rectoría del Estado, y los efectos multiplicadores de las obras públicas, se aspiraba que el país superara su condición de subdesarrollado, sometido a la lógica de metrópolis capitalistas, sobre todo al imperialismo estadunidense. Esos principios se sobrepusieron a la ineptitud, la corrupción y el manejo inescrupulosos de sus recursos que a menudo caracterizó a sus directivos y el gobierno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano?
Desde hace 28 años que los neoliberales asaltaron el Estado. El sector energético, Pemex, la CFE, la desaparecida CLFC y las obras públicas son el símbolo de la degradación de los gobiernos priistas y panistas, y de los oligarcas hombres de presa que han envilecido a la nación al convertirla en un hediondo botín. Son la alegoría de los impunes abusos de poder cometidos en contra de quienes supuestamente son sus dueños, la población y los trabajadores que carecen de las instituciones que defiendan sus derechos, el manejo arbitrario de las leyes y la ineficiencia oficialmente programada; del manejo turbio del presupuesto y el campo fértil del contratismo y la corrupción descarados.
El reciente escándalo que involucra a las empresas ABB, Ltd, y Lindsey Manufacturing Co –que entre 1997 y 2003 sobornaron a varios funcionarios de la CFE para obtener millonarios contratos, el cual empezó a ser investigado en Estados Unidos porque Alfredo Elías, director de la paraestatal, y la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía, duermen el inocente sueño de los justos– no es más que una anécdota de vulgares delincuentes, a menos que los presuntos corrompidos, Arturo Hernández, Néstor Moreno y Salvador Torres, sean las víctimas propiciatorias de algo mayúsculo. Esto si se consideran los multimillonarios contratos en las obras públicas concedidos a los hombres de presa por los poderes Ejecutivo y Legislativo, torciéndole el cuello a la Constitución, y pontificados por el Judicial, y que priistas quieren ampliar hasta 40 años, con ganancias aseguradas, sin preocuparles que el Estado, es decir, los contribuyentes, asuman las pérdidas, con la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas enviada por Felipe Calderón al Congreso. Esa propuesta, que todavía no logra el consenso priista-panista-Verde-Nueva Alianza, pero que ya fue aprobada en el Senado, abriría completamente las puertas a los oligarcas para que depreden la seguridad pública, la salud, la educación, la construcción y administración de cárceles, entre otras actividades. Al cabo, las mayorías ya se acostumbraron a aceptar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por ejemplo, por la fraudulenta quiebra de los bancos privados y su rescate igualmente fraudulento, les debemos a los banqueros 757.6 mil millones de pesos (MMDP), por los cuales, desde 1995, les hemos pagado 363.6 MMDP por concepto de intereses. Además, en una patológica relación sadomasoquista, aceptan pasivamente su servidumbre ante esos usureros que les cobran intereses y comisiones por, al menos, 300 por ciento más de los que imponen en sus países de origen. Por el rescate de las empresas constructoras, les deben a esos "empresarios" 139.2 MMDP. En total, 896.8 MMDP, el 20 por ciento de los pasivos totales del Estado que, con Calderón, llegaron a 4.5 billones. Al inicio del panismo, en 2000, las deudas sumaban 2 billones.
Los defensores de derechos humanos no están solos
Cuando le hablé por teléfono al obispo Raúl Vera para comunicarle que, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), recibiría la medalla Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), por su compromiso con los derechos humanos, soltó una carcajada y dijo: "Muchas gracias, Manuel; no creo merecerla".
Lo mismo sucedió con Luis Arriaga, del Centro Prodh, un estratega y defensor de los derechos humanos, y Cayetano Cabrera Esteva, quien prolongó una huelga de hambre por 90 días para obligar al gobierno mexicano, junto con otros sindicalistas, a dar una respuesta al SME (que por cierto, no les ha cumplido).
Todos se sorprendían de que pretendiéramos reconocer a los defensores de derechos humanos y a luchadores sociales como desde 2003 lo hacemos.
En la ANAD, decidimos distinguir también a los mineros y a las familias de Cananea, Sonora, que ahora sufren persecución policial, encarcelamientos, órdenes de aprehensión y el rompimiento inexplicable de una huelga legal. El abogado Óscar Alzaga, que fue recientemente a Cananea, me dijo:
—Me encontré con una ciudad sitiada por la Policía Federal y grupos paramilitares. Te los tropiezas donde quiera; hasta en el centro de trabajo se encuentran metidos. Hay dirigentes escondidos, y hasta esposas que han apoyado en la lucha que temen ser aprehendidas por la policía.
El día del evento de la entrega de la medalla de la ANAD, el lunes 11 de octubre, llegaron al centro cultural Estación Indianilla cientos de personas, representantes de sindicatos, de organismos de derechos humanos y otros ciudadanos de a pie que se sumaron a ese reconocimiento.
Se miraban unos a otros expresando una sonrisa cómplice, de solidaridad, para estar con quienes han acompañado a otros de manera incansable en sus luchas, sin pedir nada a cambio.
En los días previos, se repartieron miles de volantes en plazas públicas, hasta hubo boletines de prensa para avisar de este festejo. Jóvenes abogados fueron a salonear en universidades y decían a los estudiantes: "Apoyemos a los que han estado con nosotros. Es tiempo de darles las gracias".
El evento fue a las cinco de la tarde. Mi amigo, el abogado Medardo Bañuelos, advirtió que las sillas eran insuficientes y sugirió rentar más.
Luis Arriaga, del Centro Prodh, después de recibir su medalla, decía, estremecido: "Ante la violencia e impunidad, que marcan nuestra vida y la condicionan, sin dejar de insistir en la responsabilidad que corresponde al Estado, es necesario también señalar la importancia de la actividad realizada en todo el país por las defensoras y defensores (…) Pero pienso también en todas las personas que, de diversas formas, realizan esa actividad: campesinos, indígenas, mujeres, migrantes, que, organizados o no, muchas veces, incluso sin llamar a los que hacen defensa de derechos humanos, se esfuerzan por superar los agravios y el dolor causados por la vulneración de la dignidad de miles de personas".
Me acordé, con ese mensaje, de Cayetano Cabrera, que estaba en la mesa y que recibiría una medalla de reconocimiento también. No lo conocía personalmente antes del evento; apenas hablé telefónicamente un día antes con él y le dije que su lucha había estremecido miles de conciencias, además de poner en evidencia la falsedad y cinismo con los que actúa el gobierno; que personas como él abrían caminos para otros.
La conversación de Cherem con Granados Chapa
Álvaro Cepeda Neri
Es una habilísima entrevista la que ha logrado Silvia Cherem, vestida con una muy bien lograda síntesis del reportaje, la crónica y la narración. Y así ofrecernos, con un espléndido uso del español, su libro (ni el primero ni el último) Por la izquierda. Medio siglo de historias en el periodismo mexicano contadas por Granados Chapa. Es un texto que va y viene por entre la frontera de la biografía y la autobiografía de quien ha tenido como leitmotiv de su vida el periodismo. Y de éste, el columnismo como "un ejercicio creativo e interpretativo, a veces también burlesco. Pero también es arte: el buen arte de escribir, no sólo con la razón, sino también con sentido estético y con intuición" (José Ribas, "El columnismo no es un parapeto para el uso del poder", ensayo del libro de varios autores Contra el poder).
La autora Silvia Cherem S ha recorrido, por su currículum, la escritura del periodismo y la escritura de los libros. Y con éste, nacido de las conversaciones con Granados Chapa, logra excepcional creación literaria al irnos contando lo que investiga a espaldas y cara a cara con Miguel Ángel, con tan sabrosa sencillez que su prosa se vuelve, al leerla, continuación de las 30 horas de conversación entre ambos, con las que, yendo de allá para acá en el quehacer del periodista, fue acomodando biografía y autobiografía de tal manera entreveradas que es una narración de lo que ha ocurrido en la persona y alrededores del columnista, identificado como el Francisco Zarco de nuestro tiempo.
México y Brasil en la balanza del FMI
Juan Manuel Bueno Soria
¿Cómo puede el gobierno de Felipe Calderón explicar el fracaso de su política económica frente al éxito del modelo brasileño aplicado por el presidente Luis Inacio Lula da Silva? Éste y otros cuestionamientos surgen dados los marcadamente opuestos resultados que registraron ambas economías en este año, así como por sus respuestas ante la crisis internacional, mismas que fueron analizadas en la asamblea 2010 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que tuvo lugar en Washington, DC, la segunda semana de octubre del presente año.
Todo parece indicar que no se tendrá una respuesta a la interrogante del evidente fracaso que está mostrando la economía mexicana, pues Felipe Calderón declaró que México se encontraba en el fin de la recesión desde noviembre de 2009, aun cuando el país fue el único que arrojó datos de empeoramiento en la situación de pobreza en América Latina, con un incremento de 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008, lo que ya reflejaba los negativos efectos de la crisis y una mala administración de los recursos económicos durante este año. No obstante que técnicamente se acepta que hay una mejoría macroeconómica en México en 2010, el FMI y el BM reiteraron que el país tiene un menor crecimiento del producto interno bruto respecto del resto de Suramérica, así como un aumento en los niveles de marginación de su población. En tanto, Brasil está a la cabeza del desarrollo económico de la región con logros inéditos alcanzados por el presidente Lula Da Silva en el combate a la pobreza; logros que incluyen un aumento en la economía doméstica, algo impensable para los ciudadanos mexicanos que inexorablemente empobrecen bajo la administración de Felipe Calderón y que sufren, además, los altos precios de los alimentos desde 2007.
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