Los kirchner frenaron parte de la crisis económica, castigaron a los militares golpistas y resistieron al gobierno de EEUU
Pedro Echeverría V.
1. Ha fallecido Néstor Kirchner, quien fue presidente de Argentina de 2003/07 y que al final de su gobierno estuvo rodeado de gran popularidad, según reflejaron las encuestas cuando él dejaba el cargo para entregárselo a su esposa, precisamente electa por la fuerza de su marido. Sucedió más o menos lo mismo, en cuanto a las encuestas y la sucesión, que con Lula en el Brasil en este 2010. El fenómeno que dio más presencia a Kirchner fue haber frenado la gran crisis económica que se agravó durante el gobierno de Ménem (1989-99) por su entreguismo político a los EEUU: gigantesco incremento de la deuda, privatización de empresas (Telefónica ENTEL, aerolíneas Argentinas, red vial, canales de TV, yacimientos petroleros) Creció más Kirchner porque le antecedieron tres gobiernos inestables (De la Rúa (el Corralito), Rodriguez Saá y Duhalde). Sin embargo las luchas de los explotados y desempleados continúan.
2. Se atribuye al gobierno de Kirchner el juicio y castigo a los culpables de la asesina dictadura militar de los años 70, el ligero aumento del empleo en los sectores humildes, la asignación de 50 dólares por hijo a las familias con más carencias, la estatización de las Asociación de Fondos de Jubilados y Pensionados, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la emisión de los partidos de fútbol en todos los canales al público, desprivatizando a la empresa que poseía dicho monopolio, la libre y gratuita educación, la democrática Ley de medios, vanguardia en el mundo a nivel mediático. Todo ello a pesar de los permanentes boicots, traiciones y llamados de los golpistas de la derecha, estrechamente aliados con los monopolios mediáticos, en particular con El Clarín. Kirchner fue importante en parar en seco el proyecto imperialista del ALCA que imponía Bush en la Cumbre de Mar del Plata en 2005 en la UNASUR.
3. Nadie puede decir que en Argentina se ha iniciado el camino al socialismo como se lo han propuesto Cuba, Venezuela y Bolivia; la realidad, según economistas argentinos, se ha caminado en los últimos tiempos por el camino de keynesianismo; se ha asegurado que la única manera de salir de la recesión en la que el país se encuentra sumergido hace mas de tres años es atacando el problema del lado de la demanda y el consumo interno; se ha dicho que si la gente posee más dinero para gastar y compra más productos en el mercado, necesariamente habrá mas empresarios dispuestos a producir bienes, para hacerlo necesitaran contratar mas empleados, lo cual haría que en poco tiempo se reduzca cualquier crisis. Sin embargo para alcanzar una sociedad justa se necesitan dar pasos que nos pongan en el camino y la teoría de Keynes, aunque busca reafirmar el capitalismo explotador, en las actuales circunstancias de neoliberalismo, puede ayudar.
4. La inversión social ha jugado un enorme papel. El círculo de la economía se cierra al combatirse el desempleo, los bajos salarios e impulsar el consumo, pero el capitalismo sigue más vivo que nunca. Se ha impulsado "un plan de obras publicas y de viviendas para fomentar el crecimiento económico y reducir los niveles de desempleo mediante la creación de un Ministerio de Planificación Federal e Inversión Publica, junto a la posible creación de un Banco Nacional de Desarrollo, podría generar un fuerte cambio en el modelo de inversión de la Republica Argentina, que desde los 90 en adelante tuvo como principal impulsor del crecimiento a la inversión privada, y esto es lo que parece ser el nuevo modelo Kirchnesiano". Aunque realmente sean políticas nacionalistas que se habían aplicado en Argentina y otros países de América en los treinta y cuarenta, pareciera que en las condiciones actuales por algo hay que comenzar a defenderse.
5. Brasil (200 millones), México (112), Colombia (44) y Argentina (42) son, por mucho, los países con mayor número de habitantes en América Latina; por ello han sido a través de las décadas las naciones con mayor influencia en la región. Sin embargo, en las últimas décadas México y Colombia quedaron rezagados como país por convertirse en lo que se conoce como "traspatio del imperio de los EEUU" y, por el contrario, Brasil se convirtió en un fuerte puntal del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) transformándose este grupo en un fuerte competidor de los mercados de yanquis y Argentina –sobre todo a partir del gobierno de Kirchner- fue saliendo de su profunda crisis provocada por los militares y el gobierno funesto de Ménem. México y Colombia se quedaron sin voz desde que se entregaron bien atados a los últimos gobernantes de los EEUU mediante endeudamiento, apoyo militar y acuerdos políticos internacionales contra América Latina.
6. Por suerte pude estar varios días de enero de 2003 en un campamento del MSD (Movimiento de Trabajadores Desempleado) y con algunos de éstos recorrer otros campamentos de "piqueteros" que bloqueaban por semanas y meses calles y rotondas del Gran Buenos Aires con el objetivo de exigir y obtener del gobierno de Duhalde planes de trabajo. Allí aprendí que la lucha debe estar organizada, unida y tiene que ser radical porque no se está jugando a los simples mítines y movilizaciones de tres horas frente a gobiernos y empresarios dispuestos a reprimir y asesinar. Mantuve algunos contactos que se perdieron y no he sabido "a ciencia cierta" lo que ha pasado con las decenas de miles de piqueteros después de siete años. Tampoco conozco sus posiciones de hoy acerca del gobierno de los Kirchner. Por ello y por falta de más información, no podría atreverme a dar una posición definitiva acerca de lo que sucede en Argentina.
7. Espero que el actual gobierno de la viuda Cristina Kirchner adopte posiciones más cercanas a los intereses de los trabajadores atorgando mayor presupuesto a los sectores sociales; pero también interesa que se acerque más a UNASUR y a los gobiernos de Chávez y Morales. De todas maneras allí están los luchadores sociales argentinos siempre muy activos para denunciar y luchar contra las desviaciones de los diferentes gobiernos. Estoy seguro que los argentinos no podrán caer ya en las trampas asesinas de los golpes militares y no gobiernos pro imperiales como el de Ménem que tanto dañó la economía al entregarse atado a los intereses de los EEUU. En América Latina necesitamos organizar un verdadero frente antiimperialista y antiyanqui como camino hacia las luchas transformadores radicales que harán críticos a nuestros pueblos en busca de su verdadera liberación.
Gobernantes reclaman a EUA
Eduardo Ibarra Aguirre
Por fin apareció alguien más sensato y autocrítico como el secretario de Gobernación, menos triunfalista que Felipe Calderón, su jefe y autor de las desafortunadas frases de "la ridícula minoría" y del "vamos ganando 7 a 1" la guerra contra el crimen organizado.
Dice Francisco Blake Mora: "Hay alrededor de 400 municipios que no cuentan con una policía, que por alguna u otra razón se debilitó y que es necesario reforzar ese espacio que ha quedado, digamos, vacío, y que entonces sí el crimen organizado lo ocupa".
El diagnóstico es valiente aun cuando legisladores consideran que se queda corto, pero más indicativo es de la gravedad del estado en que se encuentra la guerra favorita sexenal, aunque se anuncie todo lo contrario, porque implica a uno de cada cinco municipios si nos atenemos a la formalidad, pero la correlación es mayor si registramos que sólo Oaxaca tiene 570 ayuntamientos.
En contrapartida, Calderón Hinojosa se refugió –al producirse la cuarta masacre de jóvenes en una semana-- en las equivocaciones del gobierno de Vicente Fox Quesada, quien al decir de su otrora empleado en Banobras y la Secretaría de Energía, no actuó a tiempo frente a los corporativos criminales. "Si México hubiera comenzado a luchar…", dijo con desparpajo.
Tardó cuatro años el autodenominado Hijo desobediente para decir lo que no se atrevió durante 2000-2006, pero ocultó a la BBC de Londres que los hombres hoy claves en los aparatos de seguridad nacional y pública son los mismos que en el sexenio de la pareja presidencial.
Es el mismo lapso que tardó en exigir por medio de una iniciativa multilateral, como los integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que "no puede promoverse la criminalización de esas actividades y, al mismo tiempo, la legalización abierta o velada de la producción y consumo de drogas en su territorio".
A los representantes de los ocho países les sobran razones cuando denuncian, por medio del michoacano de Morelia, que Estados Unidos es el principal proveedor de armas a los narcotraficantes (90 por ciento), el abastecedor número uno de dinero y el mercado más grande de la aldea. Sólo omiten que las ganancias del rentable negocio se quedan también en EU.
Con energía un tanto retrasada, Calderón denunció que de los mil 400 millones de dólares prometidos por la Casa Blanca con la Iniciativa Mérida "ni siquiera ha llegado la mitad" en los pasados tres años, en tanto que México invierte 10 mil millones de dólares anuales. Y nuevamente puso en juego lo hipotético: si EUA hiciera la mitad de las acciones que realiza para detener migrantes –con la complicidad de su gobierno--, "otra cosa sería".
Mientras los hubiera ocupan mayor espacio en el discurso presidencial azteca, el colombiano Juan Manuel Santos se quejó amargamente del referendo en California –la octava economía del mundo-- para legalizar la producción, venta y consumo de la mariguana, "mientras perdemos vidas e invertimos recursos. Tiene holgada razón el autor intelectual del asesinato de cuatro jóvenes universitarios mexicanos en Sucumbíos, Ecuador.
Tarde, más vale tarde que nunca, los gobernantes de los países latinoamericanos más cercanos a Washington adquieren conciencia de que la guerra que libran contra el narco les fue impuesta en su condición, relativa, de patio trasero del imperio, mientras éste privilegia el combate a las adicciones a los narcóticos como un asunto centralmente de salud pública y diversos estados de la Unión Americana liberalizan sus políticas hacia ciertas drogas.
En tanto que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús no supera el enfoque moralista personal de "envenenan a los jóvenes" y retoma los Diálogos por la Seguridad sólo con sus partidarios y aliados.
Acuse de recibo
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias denuncia "el inicio del proceso penal y operativo ilegales e infundados llevados a cabo por el gobierno del estado para desmantelar la radio comunitaria de Chiapas, Radio Proletaria"… La abogada Esperanza Falcón Ruiz propone: "Unamos estímulos para impulsar a Forum" y llama a profesionales de la comunicación, catedráticos, hombres y mujeres valientes, "dedicados con amor a la legalidad", enarbolando con orgullo "nuestro derecho de ser informados con responsabilidad", "sabedores que sociedad que no evoluciona tiene que revolucionar, como una prueba del orden y la benevolencia para imprimir sus decisiones en un acto de solidaridad"… Blanca Estela Roth, poeta y promotora cultural, envió el volumen de su coautoría, Años épicos. Antología de autores publicados por Épica 2003-2010… Ya que de libros hablamos, van tres sugerencias de lectura: La vida nueva, de Orhan Pamuk; El sueño más dulce, de Doris Lessing; y Desierto, de J.M.G. Le Clézio. Con independencia de que tanto el turco, el francés que radicó en México, como la inglesa nacida en Irán son portadores del Nobel de Literatura 2006, 2007 y 2008 respectivamente, la lectura es gozosa e ilustrativa, pese a las cargas de anticomunismo de la británica.
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Jóvenes ejecutados en Tepic
José Gil Olmos
MEXICO, DF, 28 de octubre (apro).- Nuevas matanzas en el norte del país. Nuevamente las víctimas son jóvenes. Una vez más la violencia. Otra vez la impunidad en una guerra estúpida, como son todas las guerras.
No hace mucho tiempo ocurrieron dos matanzas cuyas heridas aún no cicatrizan en la memoria social. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos por la policía del estado. A fines de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrió la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares.
Al paso de los años estos dos hechos marcaron profundamente a la sociedad y pusieron en cuestionamiento a los gobiernos de los estados y presidencial del momento.
Hoy llevamos más de 30 mil muertos a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, muchos de ellos civiles que fueron asesinados a mansalva (en fusilamientos, ejecuciones y torturas), abriendo nuevas heridas sociales que no sabemos cuánto tiempo tardarán en sanar o si algún día cerrarán, porque esta guerra no tiene para cuándo terminar.
Todas estas muertes violentas producirán efectos psicosociales difíciles de sanar, tales como terror, inseguridad, ansiedad, miedo; amén de la desconfianza en las autoridades y en las instancias de justicia sin excepción, así como en todas las formas de gobierno que, independientemente del partido que sea, sólo han demostrado corrupción e ineficacia.
Estas matanzas marcarán al gobierno de transición en el que millones de mexicanos creyeron cuando en el 2000 el PRI fue derrotado por el PAN y otros grupos de poder que estaban hartos de la corrupción, impunidad y el robo.
Sin embargo, hoy a estas lacras se le suma el miedo y el terror de amplios sectores de la población que viven bajo la égida de los grupos del crimen organizado que actúan impunemente en las calles, en el campo y en ciudades más importantes del país.
El número de muertos producto de la guerra declarada por Calderón ha rebasado por mucho las peores expectativas de los expertos y del propio partido en el poder. Cuando hace poco más de cuatro años Calderón hizo esta declaración de guerra al narcotráfico, dijo que iba a haber muchos muertos, pero jamás presentó un plan integral de lucha, jamás pensó en la población civil, su despotismo fue tal que nunca se le cruzó por la mente que habría familias desamparadas, huérfanos, inválidos, y que todos ellos necesitarían de atención especial.
Por la forma en que se ha comportado y por sus discursos, Calderón observó las consecuencias sociales de su guerra como "bajas colaterales", es decir, como daños necesarios que asumir pero por la propia sociedad, por las familias y sus hijos, no por su gobierno, que ha mostrado una insensibilidad sólo comparada con la de los gobernantes despóticos y autoritarios.
Las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienzan a repetirse en otras ciudades como Tijuana, en Baja California, porque la impunidad hace que los diferentes grupos del crimen organizado actúen libremente, sin que nadie les ponga un alto.
El gobierno federal ha expresado únicamente sus lamentos, mientras que los gobiernos de los estados se han limitado a perseguir presuntos culpables, emulando el juego del gato y el ratón, sin dar resultados satisfactorios y ejemplares. Las disculpas institucionales saben a ofensa si no hay justicia.
Ahora Calderón está tratando de cambiar semánticamente su guerra y dice que es una "lucha por la seguridad pública", pero en los hechos no hay ningún cambio, y su gobierno pasará a la historia no sólo como un fracaso, sino como el réquiem de la transición a la democracia.
Calderón y Galván. Complicidades
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 28 de octubre (Proceso).- Pese a los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Felipe Calderón persiste en su intento de impedir que los militares sean juzgados por tribunales civiles. En este sentido, la iniciativa de ley que recién envió al Senado es incompleta e insuficiente, pues sólo excluye tres delitos de la jurisdicción de los tribunales castrenses, aunque faculta al Ministerio Público Militar para que envíe a la justicia civil los casos que considere pertinentes.
Entre los altos mandos del Ejército y los mismos soldados existe preocupación porque en la "guerra contra el narcotráfico" han aumentado los crímenes contra civiles inocentes perpetrados por militares, y éstos temen ser condenados en los tribunales civiles.
Como muestra de lo antedicho, en Nuevo León cayeron abatidos en sólo seis meses –entre el 19 de marzo y el 5 de septiembre de este año– cinco civiles, presuntamente a manos de militares, pero éstos sólo han reconocido su responsabilidad en un caso que implicó la muerte de dos personas.
La reforma al Código de Justicia Militar no incluye el homicidio entre los delitos que serían sometidos a la jurisdicción civil y, por lo tanto, ninguno de estos ilícitos –ni siquiera aquellos en los que el Ejército reconoce su responsabilidad– sería juzgado por tribunales civiles.
Durante la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de marzo de este año ocurrió un enfrentamiento entre sicarios y el Ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey. En la balacera quedaron muertos los estudiantes de posgrado Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes inicialmente fueron identificados como sicarios.
La recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que los militares participantes en el enfrentamiento cometieron los siguientes delitos: "alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los hechos–; sembrar evidencias para involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional". (Proceso 1764.)
La CNDH no pudo determinar el calibre de las balas que hirieron de muerte a los estudiantes y, por lo mismo, tampoco le fue posible establecer con precisión si éstas fueron disparadas por los militares o por los sicarios; sin embargo, todas las evidencias recabadas indican que el personal castrense que intervino en la balacera no puede ser declarado inocente, tal y como en un principio pretendieron hacerlo las autoridades.
Esa misma noche y en otro rumbo de la ciudad, Colinas de San Jerónimo, efectivos militares abatieron a Sandra de la Garza en lo que el Ejército pretendió hacer pasar como otro enfrentamiento. En realidad se trató de la persecución de una camioneta en la que viajaban la ahora occisa y su esposo, quienes de manera inadvertida invadieron una zona en donde las Fuerzas Armadas realizaban un operativo para catear una casa de seguridad de presuntos secuestradores.
La pareja era ajena a los hechos, y el asesinato de Sandra no tuvo gran resonancia en los medios debido al escándalo que se produjo por la muerte de los universitarios. En este caso fue evidente que las balas disparadas por los integrantes del Ejército fueron las que privaron de la vida a De la Garza; a pesar de ello, hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han emitido un comunicado en el que reconozcan su culpabilidad.
El pasado 5 de septiembre, Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años, fueron baleados por efectivos militares, quienes alegaron que no se detuvieron en un retén. Familiares de las víctimas señalaron que no había ningún retén, y que su único delito fue haber rebasado a un convoy militar.
Estos hechos ocurrieron en el municipio de Escobedo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los León, reconoció que fueron abatidos por los militares y anunció el inicio de una investigación.
Así, aunque en Nuevo León se atribuyen cinco muertes a las fuerzas castrenses en el último medio año, éstas sólo han reconocido oficialmente dos –la de los León–, no han hecho otro tanto con la de Sandra, y por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, existen evidencias suficientes para iniciarles una averiguación previa.
Estos son precisamente los riesgos de involucrar al Ejército en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al iniciarse esa lucha, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas contaban con que los militares serían juzgados por tribunales castrenses. A ello se debe que ahora se resistan a las reformas legales.
Fuentes cercanas a la VII Zona Militar que opera en Nuevo León aseguran que los altos mandos están satisfechos con la administración del gobernador Rodrigo Medina, pues en cuanto asumió la gubernatura les dio luz verde para que actuaran con toda libertad en el combate al crimen organizado en esa entidad. Los militares le tomaron la palabra y 12 meses después el saldo no puede ser más negativo: se incrementó la violencia en el estado, el número de víctimas civiles crece, y los inocentes muertos por balas de militares también.
En los cinco casos referidos hay evidencia incontrovertible de abusos por parte de militares en contra de civiles; sin embargo, es muy probable que muchos otros no han salido a la luz pública.
Incluso cuando la culpabilidad de los militares ha sido incuestionable, no hay evidencia de que se hayan castigado los abusos. Esta impunidad es posible por la inexistencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aunque tales controles son indispensables en un régimen democrático.
Cualquier delito perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles debe ser juzgado por tribunales civiles y no resguardarse en el fuero militar. La iniciativa presidencial desatiende este principio, porque conoce la existencia de estos delitos y no quiere desproteger a los militares.
Incumple estándares internacionales, iniciativa de Calderón
Deja libre a fuero militar para investigar violaciones a DH
México, D.F 27 oct 10 (CIMAC).- La iniciativa enviada por el Ejecutivo para legislar sobre jurisdicción militar en México, no satisface en lo mínimo los estándares internacionales y recomendaciones hechas al Estado mexicano en la materia, advirtieron especialistas reunidos hoy en San Lázaro.
Durante el Foro: Jurisdicción Militar y Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, legisladoras, legisladores y representantes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), analizaron el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, en torno a las sentencias emitidas por organismos jurisdiccionales internacionales.
Admitieron que ningún caso de violación a Derechos Humanos (DH), se ha resuelto en la instancia militar, por lo que las víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales, lo que deja claro porqué el fuero militar, no debe investigar las violaciones de DH que comenten sus efectivos contra civiles.
"Este no es un problema exclusivo del Ejecutivo, sino del Estado, por lo que hoy el Congreso tiene una oportunidad muy importante de legislar en la materia, y no dejar pasar la oportunidad de construir instituciones democráticas", afirmó Guadalupe Barrera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Las y los especialistas, coincidieron en que el Congreso debe modificar a fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, a lo que la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún del Partido del Trabajo, respondió que sus colegas comprometidos en la defensa de los DH, harán lo propio, aunque no garantizó que haya un consenso al respecto.
Leopoldo Maldonado, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la propuesta enviada por Felipe Calderón al Senado de la Republica para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, no satisface los resolutivos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el caso de Rosendo Radilla, y Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.
"La Corte fue, y ha sido muy clara sobre la aplicabilidad del fuero militar, en casos de la comisión de delitos originados por parte de la milicia".
En cuanto a que los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, serán competencia del fuero federal, el Ejecutivo establece de manera concreta los delitos ordinarios que conocerá la justicia civil, por lo que se sigue contraviniendo el carácter limitado que debe tener el fuero militar.
De igual manera, Mario Monroy, consultor del Centro de Derechos Humanos "Tlachinollan", cuestionó el por qué solo éstos tres delitos, son los que contiene la reforma, cuando justamente el estándar de protección, es que ninguna violación a los DH, tendría que ser conocida por el fuero penal militar, por que se violaría el carácter excepcional y restrictivo.
"Pareciera que seleccionaron estos tres delitos, porque son los tres casos de la Corte: Rosendo Radilla desaparición; Inés y Valentina son tortura y agresión sexual", enfatizó.
Además de que la iniciativa, aún en estos tres casos, deja el fuero militar como hasta ahora y nos dice que cuando se trate de una desaparición forzada, tortura y agresión sexual, será el propio ministerio público militar, en el supuesto de que determine el delito, desglosará y enviará a las instancias civiles el caso. Es decir la iniciativa del Ejecutivo "no es lo mismo, pero es igual", lo que implica un riesgo grande.
Diversas OSC han preguntado vía acceso a la información, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como a la Procuraduría Militar, cuántos expedientes de investigación han realizado por desaparición forzada del 2001, al primer trimestre del 2010, y la respuesta es "ningún expediente de desaparición forzada de personas".
Mario Monroy, agregó que para que se haga una reforma de fondo, ésta tendría que establecer expresamente que el fuero militar, no es competente para conocer ningún caso que implique a un civil
Guadalupe Barrera del CIDE, sostuvo que la violación a los DH de las y los civiles por parte de militares no es un problema de las fuerzas armadas, "es un problema del Estado mexicano", de cómo percibe su operación y relación con éstas.
En lo que se refiere al combate a la delincuencia en el país, señaló que "no estamos apostando a la justicia penal para combatir el crimen, sino claramente estamos apostando al uso de la fuerza"
De 2006 a la fecha, la fuerzas armadas cuentan unos 15 mil efectivos más, frente a los 25 mil 371 elementos, más que en 2006, de la Secretaria de Seguridad Publica. La Procuraduría General de la República (PGR), sólo ha incorporado a 5 mil 142 personas más en ese mismo lapso, afirmó Guadalupe Barrera.
Por qué no al fuero militar
Zona de reflexión
México, DF, 26 oct 10 (CIMAC).- No cabe duda que el Ejecutivo federal ni oye, ni ve, y digo esto porque después de foros e investigaciones nacionales e internacionales, sobre fuero militar y derechos humanos, él envía una propuesta contraria a las recomendaciones hechas.
Durante años, se ha comprobado que las violaciones a los derechos humanos que comenten los militares deben ser juzgadas en vías civiles para detener la impunidad, que no debe mantenerse un estado de excepción para ellos. Que como ciudadanos, los militares deben ser procesados fuera de la institución que los cobija, y a la cual deben disciplina. Especialmente, en América Latina con las dictaduras, y en México con la guerra sucia, se ha visto cómo pese a las evidencias de la flagrancia de los militares al momento de violar, torturar, o desaparecer a las personas, ellos quedan impunes porque el aparato mismo los encubre.
Este debate tomó fuerza en México por la militarización calderonista, y el aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de efectivos militares. Los testimonios se suman y las instancias internacionales han recomendado al Estado mexicano desaparecer el fuero militar, hasta por la propia seguridad de los militares. Recordemos los abusos cometidos dentro de las mismas corporaciones, sus denuncias y la petición del General José Francisco Gallardo para crear una instancia de derechos humanos, misma que le costó ser encarcelado por los propios militares. ¿Por qué no al fuero militar?
Además de lo ya dicho, un ejemplo palpable es el caso de Ana, Beatriz y Celia González, ciudadanas indígenas tzeltales, quienes el 4 de junio de 1994, con el pretexto de investigar sobre las bases zapatistas, fueron secuestradas y torturadas sexualmente por militares en un retén de Altamirano, Chiapas. A 16 años de la agresión contra las hermanas González, los militares responsables gozan de impunidad, no se sabe siquiera el nombre de sus atacantes, ¿Por qué?... Porque el caso está amparado en el fuero militar y en todos estos años, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Procuraduría Militar, han dado a conocer la lista de los efectivos, que ese 4 de junio de 1994, estaban en el retén militar.
En contraparte, les han exigido pruebas a las mujeres para demostrar que fueron violadas, las han intimidado, y han sido perseguidas por reclamar un derecho: el castigo para sus agresores. Unas ciudadanas frente a una institución, sería la frase que describe nuevamente el por qué no al fuero militar. Durante dos sexenios panistas, y medio sexenio priísta, las hermanas González han reclamado justicia, y que el delito cometido contra ellas sea investigado en las instancias civiles. Ellas denunciaron el delito ante el Ministerio Público Federal de Chiapas, el 30 de junio de 1994, el 3 de septiembre de ese mismo año el MP se deslindó del caso, y lo pasó a la justicia militar. El 25 de noviembre de 1994, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, se comprometió ante feministas que la institución regresaría el caso a las instancias civiles, si la ley se lo pidiera.
Y no sólo eso, sino que agregó "no quiero que se lleven la impresión de que la junta militar tiene intenciones de proteger un delito, yo no protejo esas cosas; aquí se trata de que haya una satisfacción para las mujeres." Pero como no hubo ley nacional que se lo pidiera, y el caso no avanzaba en el fuero militar, se llevó a instancias internacionales en 1996. El 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras responsabilizar al Estado Mexicano por la violación de derechos humanos contra las hermanas González, solicitó al Estado Mexicano realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva, que determine la responsabilidad penal de los agresores; así como la adecuada reparación del daño para las víctimas, y que dicha investigación se hiciera en las instancias civiles.
Nada cambió, en materia de justicia, y hoy lo más que se tiene es la propuesta de reparación del daño que ofrece el gobernador chiapaneco, Jaime Sabines, con 500 mil pesos para cada una. Ningún caso de violación a derechos humanos se ha resuelto en la instancia militar, por el contrario todas las víctimas se enfrentan a la cerrazón de una institución que cierra filas ante sus efectivos. Ana, Beatriz y Celia González, así como Inés, Valentina, Rosendo Radilla y cientos de personas más, son las razones concretas por las que el fuero militar no debe investigar las violaciones de derechos humanos que comenten sus efectivos contra civiles. Si el Congreso no modifica de fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, para garantizar a las víctimas de la agresión militar la justicia, como el primer paso de la reparación del daño, serán cómplices de perpetuar la impunidad ante los abusos de militares. * Directora general de CIMAC
La represión en Yucatán será mayor si no logramos unir las fuerzas de la izquierda y de la población.
Pedro Echeverría V.
1. El joven José Repeto, que en los últimos cuatro años por lo menos, ha destacado en sus prácticas periodísticas, fue el encargado de presentar el mitin de protesta contra las agresiones de la policía en La Casa de Todos y al Cartel de la Plaza principal. En su intervención destacó los derechos de que habla la Constitución mexicana y sus artículos acerca de la libertad de prensa y manifestación. Preguntó al auditorio que mayoritariamente de aglutinaba en los corredores del Palacio de Gobierno y en la calle, acerca de si los gobernantes estaban para respetar la Carta Magna o para violarla. El joven Repeto, quien ha mantenido una posición muy independiente y crítica hacia los distintos órganos de poder, fue insistente en el respeto de la legalidad y pidió que se investigue al sector de las autoridades que desapareció el Cartel que lleva ya 16 años en la Plaza principal.
2. El segundo orador fue Pedro Echeverría, el autor del Cartel, quien advirtió a la concurrencia acerca del crecimiento rápido de la represión en México y en el mundo; habló del papel que ha estado jugando la llamada campaña antiterrorista de los EEUU que le ha permitido dar golpes de Estado en América Latina así como hacer abundantes negocios con la droga y la venta de gigantescas cantidades de armas, aviones y helicópteros. Advirtió que aunque Yucatán es un estado que durante siglos ha sido pacífico, ahora se ha acrecentado la represión y violencia con cualquier pretexto. Que el que se haya arrancado el Cartel y que la peña "La Cada de Todos" esté siendo intervenida por la policía las veces que se les ocurra es una total violación a los derechos de los trabajadores que viven en Yucatán. Pidió a la concurrencia frenar esas agresiones que se dan en el país y en Yucatán antes que sea tarde.
3. Lorenzo Peraza, el luchador social de muchos años y dueño del pequeño café La casa de Todos, hizo una larga defensa de los jóvenes anarcopunk, de sus estilos de vida y de todas las manifestaciones de los jóvenes que por ser distintos, vestirse de manera libre, por vender artesanías o simplemente por andar en la calle después de las 10 de la noche la policía los reprime, los acusan, apresan, les quieren quitar su dinero y tratan de acusarlos de pertenecer a la delincuencia organizada. Ilustró a toda aquella parte de la concurrencia que se aglutinaba en los corredores del Palacio, donde casualmente se había realizado una reunión para entregar reconocimientos. Denunció las veces que su café ha sido invadido por la policía sin orden alguna de cateo. ¿Por qué otros centros de esparcimiento donde acuden los grandes sectores burgueses en lugar de revisarlos e invadirlos les ponen una fuerte protección?
4. Gina Marrufo lleva por lo menos 25 años luchando por los derechos de los trabajadores mexicanos, en particular en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) En Yucatán ha habido algunas compañeras maestras que destacaron en las luchas magisteriales de 1989, pero Gina ha sido sin duda la más consecuente y dedicada. En su intervención –como siempre muy radical- habla de la lucha de los profesores por sus derechos, del terrible fracaso de la educación nacional por la incapacidad de las autoridades así como de los intereses que representan; pero no dejó de decir que en México se requiere formar un mayor pensamiento crítico y reflexivo que permita elevar el nivel ideológico de los jóvenes. Por eso defendió la presencia del cartel en la Plaza Principal y la necesidad de crear (como dijo el Che) uno, dos, tres carteles combativos más.
5. Pedro Quijano, el también veterano luchador social, compañero del Charras, líder asesinado en 1974, habló de las batallas de los jubilados del país, de las luchas magisteriales y de la defensa de los trabajadores contra la nueva ley del Trabajo. Pedro ha sido uno de los más consecuentes luchadores del sindicalismo yucateco por eso sus intervenciones como la de ayer, sobre los derechos de los obreros y acerca del respeto de las leyes constitucionales, son escuchadas con detenimiento. Condenó la intervención de la policía en La Casa de Todos y las constantes destrucciones del Cartel de la Plaza Principal de Mérida que denotan ignorancia y, al mismo tiempo ceguera de las autoridades políticas. Emplazó a las autoridades a regresar el cartel a su lugar y a los participantes del mitin a realizar más actos públicos hasta que las autoridades nos informen de la causa de su proceder.
6. Mauricio Macossay, profesor e investigador de la Universidad de Chapingo y consecuente luchador social de muchos años, siempre es último en intervenir por la ventaja que nos lleva por su enorme capacidad oratoria. Se encarga siempre de hacer una síntesis enriquecida de lo que se dice antes, pero sin dejar de plasmar sus análisis y sus propuestas. Denunció la incapacidad del gobierno de Calderón y de los gobiernos locales, que sólo gobiernan en beneficio de los sectores más ricos del país y del estado de Yucatán y en perjuicio de los pueblos. Hizo un largo balance de la represión en México y de la necesidad que en Yucatán no organicemos para salir a la calle a protestar no solo por las intervenciones policíacas a la peña/café y contra el Cartel, sino también por defender las tierras de los campesinos yucatecos que sufren continuos despojos. Mauricio cerró el acto y agradeció a la concurrencia.
7. Como podrá verse la represión contra el Café y el Cartel ocupó sólo un segundo lugar; lo realmente importante es que los participantes del acto de protesta conocieran los problemas que suceden en el mundo, en México y Yucatán parta que su participación en las batallas políticas se haga consciente. Varios compañeros nos comunicaron su solidaridad y nos plantearon que no estarían presentes por estar en otras actividades. En los próximos días nos dedicaremos a repartir volantes e investigar más las formas de represión que se desarrollan en el país y sus manifestaciones en Yucatán. Estamos seguros de que estos golpes represivos del gobierno nacional y yucateco contra el movimiento social muy pronto descubriremos por dónde vienen. Nuestras luchas, aunque aún débiles en el estado ahora tenderán a unificarse porque ya no podemos soportar que nos estén golpeando uno por uno.
Crece la Indignación
Por Sara Lovera
Catorce muertos. Seis mujeres y ocho hombres. Entre las mujeres una embarazada, otra de 16 años y la dueña de la casa, de 30 años de edad, que dejó huérfanos a seis niños y niñas.
La suma de la barbarie que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, es como un torrente incontenible que suelen explicar los análisis como falta de gobernabilidad, incapacidad de Felipe Calderón y autoritarismo de Estado.
Lo cierto es que el vecino de Los Pinos no cesa de mantener una estrategia mediática que no ayuda, sino entorpece y profundiza la violencia en México. La masacre del sábado 23 de octubre, sucedida en una fiesta en una colonia de Juárez, cuando lo que privaba era la alegría, se suma a otras seis masacres semejantes en la dolida ciudad fronteriza y parece irremediable la situación de violencia en espiral, imparable y sangrienta. Lo supimos todas y todos.
El anuncio fue a propósito de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez e identificadas por Esther Cano, allá por 1993. Ingobernabilidad, impunidad, incapacidad de los tres niveles de gobierno, crecimiento colateral de autoritarismo y persecución a dirigentes y a quienes defienden los derechos humanos. El de México es un retrato que está en el escaparate mundial. Un mapa diagnosticado. Una pintura de relieve. Una película afligida y un panorama lamentable.
Eso es México, desde ciudad Juárez hasta Oaxaca, donde hace unos días hubo nuevos atentados y víctimas en la región Triqui; solamente el domingo la prensa informo de 45 homicidios en ocho entidades del país ocurridos el sábado 23. Como dicen los analistas: la estrategia desatada por Felipe Calderón no ha dejado sino un reguero de sangre y estulticia en todo el país. Este tipo de masacres, contra los jóvenes, como la del sábado 23, no respeta ya ningún espacio; fueron atacados quienes buscan reinsertarse en la sociedad, como los que perdieron la vida en la Clínica Integral de Rehabilitación el 16 de junio, o aquéllas personas que el 1 de febrero estaban en un bar en la ciudad de Torreón, Coahuila, o quienes no pueden vivir sin temor en Veracruz Puerto o Culiacán, Sinaloa.
La noche del sábado en la colonia Horizontes del Sur había fiesta de adolescentes, celebraban los 15 años del hijo mayor de la familia. Fueron interrumpidos por encapuchados, con rifles de asalto, como eso que en su nuevo libro el diputado petista, Porfirio Muñoz Ledo dice “un proceso de afganización de México, donde no hay gobierno, ni solución. Él, por su abultada trayectoria, lo sabe y lo teme. En medio de tal horror, muchas mujeres, 50 mil huérfanos en cuatro años, dicen las autoridades; no se sabe el número de viudas, de madres y padres desolados.
Eso no importa y en cambio no cesa la propaganda mediática de Felipe Calderón, quien ya una vez, en una masacre semejante el 31 de enero de este año, ahí en Ciudad Juárez, apuró su juicio: “pleito entre pandillas†, lo que describe cabalmente su sórdida forma de pensar, su tozudez, su irresponsabilidad, su villanía. Llega hasta ahí. La noche del sábado, Martina Arteaga, como millones de madres estaba contenta, su hijo mayor y sus amigos y amigas se divertían. La madre tenía 30 años y dejó seis hijos menores en la orfandad; otras tres mujeres fueron asesinadas: una embarazada y una joven de 16 años entre ellas, así como dos niños de siete y 11 años que resultaron heridos. Igual que otros estudiantes de secundaria y preparatoria, entre 20 lesionados.
Cuando el relato es puntual, como el del periodista Rubén Villalpando, de La Jornada, quien miró a las 9:30 de la mañana del sábado todo a su alrededor y habla de olor a muerte, miedo e impotencia, ve en las paredes a lo lejos sangre, lo que hace que no le quede a una más remedio, la indignación y preguntarse ¿qué pasa? En el año 2005, cuando se hizo una cuenta precisa de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez, se exploró también al país, se concluyó que una de las vertientes de la violencia contra las mujeres era el creciente campo de batalla de narcotraficantes, sicarios, policías y militares, entonces se diagnosticó que ahí, en Ciudad Juárez, se había roto el tejido social y la autoridad evadía, engañaba, mutilaba los expedientes, escondía y trataba de manipular, negando el feminicidio.
Pero nada ha detenido la espiral macabra. En esa zona fronteriza salieron los militares y el famoso programa Todos somos Juárez, no es otra cosa que simulación. Este programa, puso en operación la acción de más de tres mil policías federales, implica inversiones, mucho dinero, dicen, pero el resultado es el terror y la impunidad.
Desde 1993, nada sabemos de las investigaciones por los asesinatos de mujeres y tampoco sabemos de las masacres donde mueren jóvenes. Para Muñoz Ledo, el problema es que se internacionalice la situación, que los Estados Unidos decidan enviar a su ejército, que el país pierda lo que le queda de soberanía. ¿Será eso lo que busca Felipe Calderón? ¿Qué hay detrás? ¿Solamente mala y corrupta policía o mucho, mucho dinero para qué? No parece haber respuestas lógicas tomando en cuenta que según datos rastreados por un periodista que no dice la fuente, en las siete masacres en Ciudad Juárez, desde 2009 a la fecha, el 80 por ciento de las víctimas asesinadas eran hombres y mujeres menores de 18 años.
Esta última cifra me hace temblar. ¿Estamos frente a una limpieza generacional? ¿Será que los expertos del CICEN y el Pentágono piensan frenar así la migración de mexicanos a Estados Unidos? ¿Será una nueva estrategia demográfica como cuando en el sexenio de José López Portillo se esterilizó a dos millones de mujeres? Ya no podemos quedar en la parálisis, con supuestas sesudas y diatribas generalizadas, muchas voces dijeron y repitieron, la tarde y noche del sábado 23, que Felipe Calderón debe cambiar de estrategia; que es claro su fracaso. Pero Felipe Calderón no ve ni oye, es como un muñeco de ventrílocuo, no se sabe para quién trabaja, con quién acuerda ni qué acuerda y cuáles son sus compromisos.
¿Él gobierna? ¿Quién lo intenta para conseguir este miedo y este horror? Pensando en las víctimas, las viudas, los huérfanos y huérfanas, el dolor y la indignación, dice el académico de la UNAM, René Jiménez Órnelas, que la única alternativa ante la ineficiencia gubernamental es que la ciudadanía comience a actuar. Si no lo hace, seguiremos siendo víctimas y los partidos políticos no lo van a resolverá.
Las mujeres somos la mitad de esa ciudadanía. Debíamos actuar.
saralovera@yahoo.com.mx
Territorios sagrados de huicholes a punto de desaparecer por transnacional minera
Los manantiales sagrados donde recolectamos agua se encuentran dentro de las cuencas de las venas de plata a punto de explotarse, corriendo riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento
Servindi | Servindi
Indígenas de la comunidad huichol (wixárika) ubicados al norte de Jalisco, en México, pidieron a las autoridades que salven sus lugares sagrados del embate de las compañías mineras que han recibido concesiones para explotar yacimientos de oro y plata en esas zonas.
Los sitios sagrados de Wiricuta y San Luis de Potosí corren el peligro de desaparecer debido a los trabajos que se ejecutarían por el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic Silver en el desierto Real de Catorce.
Es debido a esta situación que las autoridades tradicionales y comunales de San Sebastián Teponahuxtlán, San Andrés Cohamiata y Santa Catarina Cuexcomatitlán, de los municipios de Bolaños y Mezquitic, al norte de Jalisco, lanzaron un comunicado conjunto manifestando su enérgica protesta.
En el documento expresan su "profundo rechazo al proyecto de la First Majestic Silver, pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika".
Asimismo exigieron la inmediata cancelación de las 22 concesiones mineras en poder de la trasnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce, ni en ningún lugar cercano a sus lugares sagrados.
"Los manantiales sagrados donde recolectamos agua bendita se encuentran dentro de las cuencas de las venas de plata a punto de explotarse, corriendo un inminente riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento por las grandes cantidades de agua que usaría la minera. El acuífero, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se encuentra de por sí en un grado de sobreexplotación y la capacidad de recuperarse es muy baja", indicaron.
El daño afectaría de manera irreversible a 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes a 6 Ejidos de la zona, así como numerosas localidades del bajío que sufrirían los efectos negativos.
Tal es el caso de El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras; sumando aproximadamente tres mil 500 personas que resultarían afectadas.
Actuales impactos ambientales
Los habitantes de Wirikuta también informaron que padecen por la contaminación y el desecamiento del agua que beben, el incremento de las enfermedades respiratorias, gastrointestinales e incluso el riesgo de contraer algún tipo de cáncer por los venenos usados en la minería y el efecto de los residuos químicos.
"Invitamos a los habitantes de Wirikuta a informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta imposición criminal que llevará a la destrucción de las tierras que les dejaron sus abuelos, las mismas que les dejarán a sus hijos", señala un manifiesto.
Además, exigen al gobierno que "de inmediato se implementen estrategias efectivas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Wirikuta, mediante propuestas armónicas con el medio ambiente, y no propuestas destructivas como la de la mina, ofreciéndoles un trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio".
También instaron a las autoridades municipales del Ayuntamiento de Real de Catorce que no expida permisos municipales de construcción o de uso de suelo.
En otra parte del documento indicaron que harán uso de todos los recursos necesarios para detener el proyecto minero de la First Majestic Silver, apoyándose inclusive de recursos jurídicos nacionales e internacionales que están a su favor, así como acciones de resistencia civil y pacífica que sean necesarias.
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