Hugo Chávez y la Universidad, ¿conocen la polémica Caso Lombardo, de 1933, sobre la UNAM?
1. El dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) Rodrigo Cabezas llamó al debate en la sociedad de la nueva Ley de Universidades, iniciativa que atiza las diferencias entre el Gobierno y la oposición. Los criterios de las partes involucradas pudieran llevar al consenso en torno a un texto transformador de la educación superior. No debemos temer al debate porque de los mismos saldrán puntos comunes, señaló Cabezas. La Asamblea Nacional aprobó a finales de 2010 la Ley de Universidades, sin embargo el presidente Hugo Chávez la vetó para convocar a un debate nacional encaminado a discutirla de una manera amplia. Para los socialistas la norma tiene que defender la inclusión y transparencia en la ejecución de los presupuestos, sin renunciar a la autonomía universitaria plasmada en la Constitución. La oposición, por su parte, no ve con buenos ojos una iniciativa que lesiona los intereses económicos y democratiza la enseñanza en las casas de altos estudios
2. Viendo lo importante de ese debate que se libra, incluso en las calles de Caracas, recordé que en México en los años sesenta –en 1968 en particular- su hizo famosa la polémica Antonio Caso-Vicente Lombardo Toledano de 1933, acerca de la autonomía universitaria y la relación que debería existir entre los gobiernos y la educación superior. Esta confrontación entre muy altos intelectuales de la época en un momento en que se fortalecían las ideas socialistas y la burguesía se defendía con todas sus garras, fue muy importante. Caso fue conocido como un filósofo idealista y Lombardo como un político que defendía la filosofía marxista. La realidad es que ambas participaciones -para respaldar resolutivos de sus respectivas mesas de trabajo- fueron de una enorme riqueza para aquel 1933 del México convulsionado que buscaba salir de la profunda crisis económica mundial (1929-32) y buscaba –desde el gobierno- un camino nacionalista radical.
3. De entrada, en los resolutivos de la mesa 1, presidida por Lombardo, se planteó: "Las universidades y los institutos de tipo universitario contribuirán por medio de la orientación, de sus cátedras y los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación en el terreno estrictamente científico a la sustitución del régimen capitalista a un sistema que socialice los instrumentos y los medios de producción económica. En esa mesa se concluyó acerca de la identidad de los fenómenos del universo, que la enseñanza de la filosofía debe estar basada en la naturaleza, que la historia debe enseñarse como la evolución de las instituciones, dando preferencia al hecho económico y que la ética debe ser una valoración de la vida. Obviamente el resolutivo fue rico en argumentos y fue Lombardo quien se encargó de presentarlos de manera amplia ante el pleno de delegados. Pero la contundente respuesta no se hizo esperar porque Antonio Caso estaba listo a responder.
4. Antonio Caso era reconocido como una de las figuras máximas de la filosofía mexicana contemporánea. Fue uno de los fundadores del "Ateneo de la Juventud", así como fue también rector de la Universidad Nacional de México (1920-1923) En su respuesta a Lombardo señaló: La Universidad de México es una comunidad cultural de investigación y enseñanza; jamás preconizará oficialmente, como persona moral, credo alguno filosófica, social, artístico, científico. Cada catedrático expondrá inviolablemente y libre, sin más limitaciones que las leyes consignan, su opinión personal social, filosófica, científica, artística o religiosa… sin preconizar una teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su esencia. Y el bien de los hombres es un valor eterno que la comunidad de individuos a de tender a conseguir. En ese tenor Caso respondió uno por uno los planteamientos de Lombardo, quien entonces era directos de la Nacional Preparatoria de la UNAM.
5. Sin embargo, la respuesta a Caso, del entonces socialista Lombardo –fundador en 1936 y primer secretario general de la CTM, del PP (luego PPS) –conocido socialdemócrata, de centroizquierda y hasta oportunista- fue contundente: Estamos de acuerdo en que la esencia de toda comunidad es la subordinación de los intereses individuales a los intereses de grupo, en que la cultura es la creación de valores; pero no estamos de acuerdo en que los valores culturales tengan el mismo valor, en que el valor religioso tenga la misma importancia que el valor lógico e intelectual. La cultura no ha sido la misma en todas las épocas porque la cultura no es una finalidad. La cultura es un simple instrumento del hombre no es por consiguiente una finalidad en sí. La cultura en sí y por sí no existe, así como tampoco existen la humanidad o el bien abstracto. Así continuó Lombardo su larga intervención para demostrar la posición idealista de Caso.
6. Yo digo que este documento debe ser consultado, si no lo han hecho, por los estudiantes, legisladores y gobierno venezolano para que se den una idea de la discusión que entonces se llevó alrededor de la educación en la UNAM después de las luchas de 1929 que lograron la autonomía. Si bien durante todo el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-40) aquella polémica Caso-Lombardo y otras batallas llevaron a la UNAM a una mayor independencia, también empujaron a la fundación en 1937 del Instituto Politécnico Nacional –institución creada por el gobierno para ponerla al servicio de los trabajadores y los campesinos- para reafirmar la tendencia socializante del gobierno. La UNAM hoy es la más importante institución de docencia e investigación en México y posiblemente de América Latina, pero su aburguesamiento –paralelo al alto grado capitalismo del país- es indiscutible. Pero tampoco el IPN ha podido escapar de esa realidad en la que México apenas titula a un dos por ciento de profesionistas.
7. Nuestras luchas por la educación gratuita, laica y popular tienen que subir de nivel y radicalizarse. No podremos acabar en México con la educación privada burguesa de las clases ricas porque el 95 por ciento de los dirigentes empresariales y gubernamentales tienen su origen en ellas. Hoy sus hijitos cuentan con todo el apoyo del Estado con el argumento de que son mejores. En México se ha buscado dejar por los suelos a la educación pública retirando presupuestos, deteriorando las escuelas, desprestigiando a sus profesores, rechazando a millones de sus estudiantes que pertenecen a las clases explotadas y miserables y despreciando a sus egresados cuando solicitan empleo. Pero los izquierdistas radicales, los luchadores sociales consecuentes, sabemos que más temprano que tarde las cosas van a cambiar en beneficio de los explotados y la educación popular. Por eso también pensamos que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil se van a recomponer movilizando a la población como único camino.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
La Corte avala entrega del petróleo a trasnacionales
Con la celebración de "contratos integrales", Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano
En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.
Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.
Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.
Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: "Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva".
Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. "No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos".
Agrega que "la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos".
El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.
EU, al acecho de la infraestructura vital de México
Las presas que México comparte con Estados Unidos, así como los ductos petroleros, las redes ferroviarias, centrales eléctricas y reactores nucleares están bajo rigurosa vigilancia. Mientras el gobierno federal oculta el número de las instalaciones estratégicas, los planes para prevenir ataques y qué instancias custodian esa infraestructura, Estados Unidos mantiene un estricto control sobre esa información
La instrucción es precisa: obtener información de la infraestructura y recursos instalados y existentes en todo el mundo que sean clave para Estados Unidos. Así lo determina un despacho del Departamento de Estado que envió a sus diplomáticos el 18 de febrero de 2009, identificado con el número 192686 y dado a conocer por Wikileaks. En la lista de 2008, figuran instalaciones fronterizas, como el paso Panamericano, el cable submarino de Mazatlán, Sinaloa; así como la Presa Internacional Amistad, sobre el Río Grande (Río Bravo), entre el Río, Texas y Ciudad Acuña, Coahuila.
La infraestructura estratégica que busca documentar el gobierno estadunidense también comprende minas, empresas farmacéuticas productoras de vacunas contra distintas enfermedades virales, así como firmas productoras de químicos, puentes, puertos, aeropuertos, rutas de ferrocarril, plantas eléctricas, como la principal mina de Bauxita de Guinea, el cable submarino de la Cruz del Sur en Brookvale, Australia, o la presa hidroeléctrica de turbinas y generadores de China.
Esa información, que fluye desde las embajadas estadunidenses en todo el planeta hacia el Departamento de Estado, es sostenida por el Plan Nacional de Protección de Infraestructura (NIPP, por sus siglas en inglés), que también supervisa el Departamento de Seguridad de la Patria. El objetivo de ese Plan es que Estados Unidos "esté a salvo y sea más seguro y resistente" cuando aumente la protección de la infraestructura crítica (CI, por sus siglas en inglés) y de los recursos clave (KR, por sus siglas en inglés).
El argumento del Departamento de Seguridad de la Patria y del Departamento de Estado se sustenta en que la protección de esa infraestructura logrará prevenir, disuadir, neutralizar o mitigar cualquier efecto de los esfuerzos de los terroristas por destruir, incapacitar o explotarlos. Asimismo, fortalecerá la capacidad de preparación de ese país para tener una respuesta oportuna ante cualquier ataque y, posteriormente, una rápida recuperación ante esa agresión, desastre natural u otra emergencia.
En 2008, ambas dependencias realizaron un primer levantamiento de la CI/KR a nivel mundial, bajo la Iniciativa de Dependencias Críticas en el Extranjero, destinada a identificar la infraestructura que, bajo una situación de peligro, afectaría, directa o indirectamente, algún sistema interior de Estados Unidos.
En el despacho de 2009, se pidió a los diplomáticos estadunidenses actualizar ese inventario de forma exhaustiva y se les advirtió que tal procedimiento será anual. Los estadunidenses prestarán atención a la infraestructura que se localiza más allá de las fronteras de su país y cuya pérdida los impactaría de forma crítica en la salud pública, seguridad económica y en la seguridad nacional.
Política de precios del panismo, estrategia antisocial
Marcos Chávez
Mientras estuvieron alejados del poder, los neoliberales nunca se cansaron de acusar a los gobiernos "populistas" de que con la ampliación del gasto estatal y el déficit fiscal –empleados como instrumentos contracíclicos para impulsar el crecimiento, compensar la ineficiencia del mercado y de los empresarios y mejorar el bienestar social– sólo provocaban una mayor liquidez de la economía que, a la postre, redundaba en una inflación más alta, sin que se alcanzaran los objetivos señalados. Los "agentes económicos racionales" –su responsabilidad en la actual crisis mundial y su esquizofrénico comportamiento durante la misma evidencian qué tan razonables son– saben perfectamente que sucederá lo anterior, y antes de que ocurra, todos ajustan a la alza sus expectativas, elevan sus precios y sus exigencias salariales para compensar la mayor inflación. Los juicios de los Chicago Boys se sustentan en las tonterías de Milton Friedman: "La inflación es siempre, y en todas partes, un fenómeno monetario"; para estabilizar los precios, sólo se requiere que la cantidad de dinero aumente al mismo ritmo que el crecimiento económico y se someta al Estado a la disciplina fiscal: un menor gasto y el balance equilibrado.
Los monetaristas también se desgarraban las vestiduras ante la protección arancelaria y la regulación de los precios, sobre todo de los básicos y del sector público, que servían para proteger a los productores locales de la competencia externa desleal, atenuar la voracidad inflacionaria empresarial y facilitar el acceso de la mayoría de la población a los bienes y servicios de la canasta básica, de manera subsidiada, para redistribuir el ingreso nacional desde los sectores de altos ingresos hacia el resto de la sociedad y mejorar su bienestar. Según ellos, esas medidas afectaban las "leyes" de la oferta y la demanda y la "creatividad" empresarial, y generaban una población parasitaria, dependiente de los apoyos públicos.
Una vez en el gobierno, desde 1983 a la fecha, los neoliberales han instrumentado los brutales programas desinflacionarios y de ajuste estructural, según el catecismo monetarista. Han recortado los subsidios a las mayorías al entregárselos a los empresarios y reducido el gasto público programable. Casi alcanzan el equilibrio fiscal. Liberaron los precios y los dejaron al arbitrio –o las arbitrariedades, si se prefiere– de los empresarios y el "mercado libre"; abrieron completamente la economía para que el nivel de las cotizaciones externas se conviertan en el "techo" de los internos y fuerce a los productores a la competitividad. Castigan la demanda interna con el bajo gasto oficial, los altos réditos y la contención salarial, que han afectado el consumo y la inversión productiva, premiando la especulación financiera, la única inversión rentable, junto con las actividades de los monopolios y oligopolios.
Todo se subordinó a la meta de la inflación cero. El resultado es el estancamiento de 1983-2010, el gran rezago de la infraestructura productiva, la creciente desigualdad, pobreza y miseria, la injusticia, la delincuencia y la democracia abortada. Los empresarios no han sido nada creativos. Unos, porque especulan; otros, porque el escenario económico y las políticas públicas les son adversas.
Sin embargo, la inflación se mantiene como una bestia indomable. Peor aún, los neoliberales han convertido a la política de tarifas públicas en un obstáculo de la desinflación y en un instrumento de inequidad social. El alza sistemática de los precios de los bienes y servicios estatales afectan los costos de las empresas orientadas hacia el mercado interno, su productividad y competitividad, agravados por los voraces réditos bancarios, el castigo de los consumidores, debido a la pérdida del poder real de compra de los salarios que inhiben la demanda interna y la entrada masiva de productos foráneos abaratados artificialmente por una paridad sobrevaluada y la reducción y eliminación de los aranceles. Las dos últimas medidas son vitales para reducir la inflación. Mientras más bajo sea el precio del dólar estadunidense, menor será el importe de las importaciones. Por desgracia, el costo de la sobrevaluación y la especulación cambiaria y financiera, que ha provocado macro devaluaciones como en 1994 y 2008-2009 o la quiebra de empresas, es la incertidumbre y el estancamiento para el sector real de la economía.
Destituyen a director de la UIF
Sometido a una intensa presión política y aterrorizado por la violencia generada por su decisión de confrontar a algunos cárteles de la droga, Felipe Calderón ha tenido que hacer cambios en su gabinete, no siempre para mejorar la actuación de su gobierno, sino para complacer a políticos de oposición que prácticamente son quienes ya mandan en este país.
Bien lo advertía la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando, con sobrada preocupación, solicitaba a funcionarios de la embajada de su país en México que hicieran un análisis sobre la actuación de Calderón, porque estaba sometido a una enorme presión y eso podría afectar su toma de decisiones y poner en riesgo la seguridad estadunidense.
En la entrega anterior, dábamos cuenta de cómo Calderón había cedido a presiones políticas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para ordenar la desaparición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el único órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de investigar las fortunas de funcionarios y políticos corruptos, y que en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes partidistas que se han enriquecido con dinero del erario federal y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga. ¿Quién guardará ahora esa valiosa información?
Explicamos también que sus funciones las asumirá un área de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.
La decisión de Calderón fue para atender las quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF, cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos; otros han sido "perdonados" a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquéllos que pertenecen a partidos opositores al gobierno panista.
Decíamos que en los archivos de la UIF hay información tan valiosa que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal; sin embargo, a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de un área de inteligencia, molesto por las filtraciones que de allí han salido a la prensa y han puesto en evidencia su forma intereresada y negligente
¿Inquisiciones judiciales de Ebrard contra la prensa?
Dicen que "los malos ejemplos cunden". Y para el desatado precandidato del chuchismo –asesorado por el camachismo y el amarcelado grupo que tiene sitiado a Luis Marcelo Ebrard Casaubón quien, con Peña Nieto, se disputa el título del mejor galán–, nada como querer controlar los medios de comunicación impresos. El jefe de Gobierno vivió sus "cinco minutos" de gloria efímera al ser nombrado por sus invitados a una reunión sobre el calentamiento global (para sabotear la de Calderón, días después en Cancún, que resultó también un rotundo fracaso) el "mejor alcalde" ¡del mundo!
Al igual que panistas y perredistas del chuchismo camachista, odia las libertades de prensa impresa (donde tiro por viaje lo critican); pero no así las que pagan con publicidad para aparecer en televisión y las porras que le echan en la radio. Y por ese rencor, ha decidido copiar una de las censuras impuestas por Hugo Chávez, el venezolano del totalitarismo populista.
El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, más o menos ha desempeñado con eficacia su obligación, salvo que no sabe cómo enfrentar las denuncias sobre el aumento de la criminalidad del narcotráfico que invade la capital del país, lo que pone en muy alto riesgo la seguridad de sus habitantes y, de paso, es amenaza directa al asiento de los tres poderes federales, con todo y el búnker donde se protege Calderón. Pues resulta que Ebrard y su consejero jurídico, Mancera, tienen el propósito de enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley muy semejante a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, impuesta por el presidente de Venezuela p
El SME está vivo
El gobierno federal mostró una descomunal preocupación por los resultados del proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que culminaron en diciembre de 2010, en una inusitada participación de jubilados y trabajadores que aún siguen en resistencia demandando su reinstalación.
Consideraban, desde esferas gubernamentales, que, a más de un año de desgaste, el SME estaba acabado y dividido, pero su sorpresa fue mayúscula.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 14 de diciembre, en el aniversario 96 del Sindicato, se vio obligada a entregar la toma de nota que reconoce a su directiva, encabezada por Martín Esparza; pero se apresuró a señalar, en voz del mismo Felipe Calderón, que ello no significaba ceder ante el SME.
En una entrevista radial con Carlos Puig en W Radio, Calderón enfatizó: "No, no se está cediendo. Yo creo que se está actuando conforme a la ley". Sin embargo, contradictoriamente, el presidente tuvo que reconocer que fue por el plantón y la huelga de hambre que llevaron los electricistas en lucha lo que obligó al gobierno a "explorar posibilidades legales para que el Sindicato fuera reconocido". Quiso decir: "Me tuvieron que presionar para respetar la ley".
La STPS, por las repercusiones que tuvo la movilización de los trabajadores en las votaciones y la obligada entrega de la toma de nota, pagó desplegados y mandó boletines de prensa a medios de comunicación para aclarar que la entrega del reconocimiento de personalidad al SME no implicaba, "de ninguna manera", la reversión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Que tampoco significa, según la STPS, "la creación de una nueva empresa para la prestación de un servicio público de energía eléctrica, o el reconocimiento de la existencia de una nueva relación laboral, ni mucho menos que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en patrón sustituto, o que esté obligada a contratar colectivamente a extrabajadores de LFC".
Fue querer decir: me preocupa su demanda por una nueva empresa eléctrica.
El gobierno federal sabe muy bien que la fuerza y la cohesión demostrada por el SME obliga a revisar la creación de una nueva compañía, en la región donde operaba Luz y Fuerza del Centro; sabe que es necesario buscar alternativas a este conflicto, que de no lograrlas se puede convertir en una herencia transexenal de enormes costos electorales para el Partido Acción Nacional.
El enfrentamiento no puede ser el estilo de gobernar, ya que esta práctica cierra posibilidades de búsqueda de alternativas. La actitud de respeto mostrada en el proceso electoral, que culminó con la entrega de la toma de nota, fue ejemplo de ello. No participaron funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni de la STPS como una muestra de reconocimiento a su autonomía.
2010: deudas en derechos humanos
No podría hablarse de la situación que vivió el país durante 2010 sin referirnos a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Vivimos un año permeado de noticias que, en términos generales, informaron sobre asesinatos individuales y colectivos, comunidades desprotegidas y vulneradas por la violencia, desplazamientos de comunidades enteras, desapariciones de personas, encarcelamientos, torturas y un sinnúmero de situaciones que implicaron graves violaciones a los derechos humanos. Pero existen elementos profundos que implican situaciones concretas con nombres específicos. Es desafortunado que en los espacios de mayor difusión se presente reiteradamente como justificación una llamada "guerra contra el narcotráfico", fomentando entre la población una serie de imaginarios que no aportan para la construcción de una sociedad pacífica en la que los derechos humanos sean prioridad para generar condiciones de vida digna para la mayor parte de los mexicanos.
Entre una serie de crisis: los efectos de la económica mundial en la economía nacional, más allá de los triunfalismos retóricos oficiales; la del medio ambiente, con el cambio climático y la deforestación de grandes espacios de nuestro territorio, la alimentaria, etcétera. Es evidente que en México vivimos una grave crisis política y de seguridad, que está implicando y "justificando" constantes violaciones a los derechos humanos.
Es preocupante que, en este contexto, no le estamos llamando a las cosas por su nombre, de tal forma que, en definitiva, nadie se hace responsable de una situación tan lamentable como la que padecemos. Hablar de violaciones a los derechos humanos no sólo tiene que ver con lo que se dice, sino con el hecho de que la vida de las personas se encuentra en peligro, y vulnerada principalmente por la acción, omisión o ineficiencia de las instituciones del Estado, entendido éste como el administrador social de los bienes que pertenecen a toda la nación, el que procura y administra imparcialmente justicia, y el que garantiza con sus leyes y ordenamientos una convivencia pacífica entre todas las personas y grupos que, aun teniendo distintos orígenes étnicos, compartimos un mismo territorio, un mismo destino, una misma historia y diferentes culturas y lenguas.
¿Por qué no nombrar las cosas por su nombre? Porque todo sucede y no hay, en definitiva, responsables a los que se les pueda exigir respuestas. Por tanto, las injusticias, traducidas en violencia y violaciones a los derechos humanos, se convierten en cosa de todos los días, y las responsabilidades del Estado no se ponen de manifiesto. Su desempeño en esta materia sigue siendo irresponsable.
Un oasis, los premios nacionales
En el contexto de las desgracias nacionales (incluyendo la violencia, que es la "guerra de todos contra todos", de los narcotraficantes y sus matones, a muy duras penas detenidos en la raya de los baños de sangre con un saldo de más de 40 mil homicidios), es reconfortante enterarse que 10 mexicanos dedicados al trabajo intelectual y dos grupos recibieron el merecido Premio Nacional y una beca vitalicia. Los artesanos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, y los de Baja California fueron distinguidos en artes y tradiciones populares, lo que le puso a esa ceremonia el acento en los mexicanos de las culturas indígenas, cuyos productos son cada vez menos apreciados y comprados por la invasión y falsificación de chucherías made in China y la fabricación en serie, de lo que nos llega de los mercados estadunidenses.
Los otros premiados individualmente fueron Soledad Loaeza, investigadora, ensayista y periodista quien, con Enrique Krauze, recibieron el premio clasificado en historia, ciencias sociales y filosofía (que, post mórtem hubiera sido entregado por los rendimientos del pensamiento filosófico al maestro Guillermo Héctor Rodríguez, al que ni la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que fue alumno y profesor, lo recuerda por esos estúpidos olvidos de quienes, como él, desempeñaron su labor sin protagonismos); en lingüística y literatura lo recibieron Gonzalo Celorio, Maruxa Vilalta e Ignacio Solares; en bellas artes, Marta Palau y Luis López; en ciencias físico-matemáticas y ciencias naturales (éstas, obviamente de fundamento matemático), a Marcelo Lozada y Gerardo Gamba, y en tecnología, Sergio Revah.
Ha sido un oasis de paz en el océano de violencia ese momento de distinciones y merece difundirse más, pero las televisoras, las radios y demás medios de comunicación están más entretenidos en las desgracias nacionales, como el creciente desempleo y la inflación que hace que no alcance el dinero; y saber que hay más de 3 millones de niños que trabajan por menos de un salario; cientos de miles despedidos; enfermedades en todas partes por falta de una eficaz política sanitaria. Y así, aumenta el listado de males que azotan a los mexicanos y la amenaza de que ya viene de nuevo otra crisis económica, porque la locomotora estadunidense no avanza.
Sabotaje desde la izquierda
La izquierda unida está ante una oportunidad quizá irrepetible para avanzar en 2012 y así evitar la hecatombe que se avecina de continuar por el camino trazado por la tecnocracia neoliberal desde hace casi tres décadas. Por eso mismo, la extrema derecha en el poder hace todo lo que está de su parte para frenar y hacer inviable ese anhelado objetivo que jamás se ha conseguido en México. Muchos años atrás, cuando los comunistas representaban lo más avanzado del pensamiento de izquierda, se decía que la burguesía contaba con agentes que infiltraban las células del Partido Comunista, en el clandestinaje, para conocer sus planes y hacerlos abortar. Tal modo de actuar era exitoso y por eso contaba con todo el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Así se mantuvo a la izquierda desunida y sin posibilidad real de afectar los intereses del grupo en el poder, contrarios a los de la población mayoritaria.
En la actualidad, cuando la izquierda actúa a la luz del día con entera libertad, la desunión continúa siendo la característica fundamental de tal corriente política. No hay necesidad de infiltrar agentes emboscados, que realizan un trabajo en la oscuridad, ya que la izquierda misma facilitó el trabajo al actuar con una mentalidad tribal. Desde luego, esta característica ha sido plenamente aprovechada por el grupo en el poder, y ahora los agentes que sirven a sus intereses desde la izquierda misma no necesitan un disfraz, sino que actúan abiertamente en contra de sus propios objetivos y principios, como se advierte al analizar la trayectoria de dirigentes obstinados en obstaculizar toda posibilidad de impulsar una estrategia común de las fuerzas de izquierda.
Esto es evidente ahora, cuando se avecinan elecciones importantes en varias entidades federativas, particularmente en el Estado de México. La derecha en el poder sabe que sufrir derrotas en los comicios del próximo año influirá en la correlación de fuerzas políticas, por eso se apresta a dar los pasos que sean necesarios para evitar que sean desfavorables los cambios que se produzcan como consecuencia del proceso electoral. Para eso cuenta con el grupo de los Chuchos, que cumple el papel que antaño tuvieron los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, para frenar cualquier posibilidad de avances de la izquierda y de las organizaciones progresistas.
José Antonio Crespo y la historia oficial
José Antonio Crespo, periodista en la prensa escrita y analista del periodismo en la radio. De finas ironías, penetrante crítica e investigador-profesor, ha hecho del conocimiento político, económico y sociológico la partera, a esas tres manos, de ensayos como los reunidos, con un factor común: la crítica de una historia crítica, en su pequeño gran libro: Contra la historia oficial, que contribuyen a redescubrir nuestro pasado individual y colectivo. Su lectura nos lleva a través de un hilo conductor que es la reinterpretación desmitificadora, de lo que nos ha contado la historia oficial sobre los hechos de los ayeres históricos mexicanos. En ellos, los hechos irreversibles, han quedado escondidos un sinnúmero de datos en la Caja de Pandora de los secretos, que el autor del libro se atrevió a cuestionar, para completar la versión de la historia nacional.
Dos caras tiene la historia de los pueblos: la maquillada por los prejuicios, el no debe saberse, la oculta. Y José Antonio Crespo nos muestra las dos caras de esa luna eclipsada por aquellos y la verdad arreglada con medias verdades envueltas en medias mentiras, para tener una historia entre malos y buenos, como si no perteneciéramos al árbol torcido de la naturaleza. Por esto, también, sorprende que la maestra Soldad Loaeza se haya indignado tanto por el desenmascaramiento que hizo su alumno en estos ensayos minuciosamente documentados –anclados en verídicas fuentes bibliográficas–, desmintiendo las versiones oficiales en no pocos textos de historia. A lo largo de sus más de 300 páginas, en un libro con formato de bolsillo, su autor rectifica esas versiones.
Drogados
Las noticias que no cesan al inicio de 2011 son acerca del narcotráfico. Más de 30 mil homicidios en la guerra calderonista, y en los 10 meses de 2010, cerca de 12 mil 500, cifra récord. No importando ese horror, las autoridades dicen que irán adelante sin medir consecuencias. ¡Vaya despropósito!
Lo repetido por el inquilino de Los Pinos, Felipe Calderón, es que no había de otra porque la situación resultaba insostenible. Los maleantes habían avanzado como nunca y era necesario detenerlos a toda costa, no importando el precio. Y además, quienes criticamos las medidas somos o voceros de los maleantes o les hacemos el juego a los mismos, algo que recientemente aseguró Luisa María Calderón, la hermana de Felipe. Es decir, unos cuantos buenos contra millones de equivocados o malos.
Pero no se crea que los barones de la droga salieron de una chistera y se apoderaron de la noche a la mañana de territorios. Más bien, fueron incubados desde el gobierno federal. Y a mediados de la década de 1980, impulsados por Estados Unidos debido a la operación Irán Contras; es decir, un cierre de pinzas para aprovechar la guerra en el país de los ayatolas y el combate a la liberada Nicaragua y, asimismo, contra las guerrillas centroamericanas.
Luego, por descuidos, pleitos y fortalecimiento de los cárteles, al gobierno mexicano se le han salido de control los narcotraficantes y sus jefes. Aunque, como es notorio, en esta batalla no se ha detenido a uno solo de los políticos importantes que estuvieron a cargo de las operaciones en muchos sentidos. Mientras que a los banqueros y hombres de paja que han caído en prisión se les ha liberado.
Éstas son algunas de las hipótesis que plantea Anabel Hernández en Los señores del narco (Grijalbo). En el texto, mediante entrevistas a personajes, militares y exfuncionarios, lo mismo que documentos, especialmente de fuentes estadunidenses, llegamos a la conclusión de que la famosa guerra calderonista no es más que una simulación para intentar legitimarse después de la controvertida y sucia elección de 2006.
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