México: Tres poderes: caros y contrarios al pueblo, ¿Para qué los queremos si sólo sirven a los ricos?

México: Tres poderes: caros y contrarios al pueblo, ¿Para qué los queremos si sólo sirven a los ricos?

Pedro Echeverría V.

1. Por medios impresos y por Internet han estado circulando manifiestos y firmas para reducir el número de diputados y senadores de 500 a 300 o 200. Esa campaña, aunque tiene tintes derechistas y empresariales, es apoyada por una parte de la población. ¿Por qué los derechistas y empresarios? Porque ellos a través de la historia han pensado –silenciando lo que ellos hacen- que Estado, gobierno y políticos son muy corruptos y dilapidan el dinero del presupuesto en altos salarios, gastos suntuarios y corrupción y, por otro lado, todo ese dinero –así piensan- debe ser manejado por los empresarios privados para hacer más grandes sus negocios y crear mayor cantidad de empleos. Gran parte de la población, en particular las clases medias acomodadas, piensa casi de igual manera. Esta campaña derechista se desarrolló mucho en los años sesenta y setenta contra la Conasupo, el IMSS, las empresas eléctricas y de petróleos, pero en particular contra todas las empresas paraestatales.

2. La revolución burguesa mexicana de 1910-17 originalmente se hizo contra los grandes terratenientes, los militares porfiristas, el alto clero y la aristocracia de las ciudades, es decir, fue contra los conservadores, los restos feudales y eso que se llama derecha mexicana; sin embargo ésta en vez de considerarse derrotada se metamorfoseó, decidió acomodarse a la nueva política y a los renovados funcionarios, muchos de ellos sus hijos o parentela. Permaneció seis décadas desarrollándose y viviendo bajo la protección o sombra del Estado hasta que en los ochenta –ya muy fuerte- sacó la cabeza y reclamó abiertamente el gobierno. Por eso 1982, año de la intervención de los bancos por López Portillo y al mismo tiempo de la abierta protesta de los empresarios encabezados por Clouthier, es significativo. Este mismo personaje –presidente del Consejo Empresarial y destacado militante del PRI- se transformó en militante del PAN y se convirtió en candidato presidencial de este mismo partido.

3. Esto fue lo que durante muchos años, sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta, planteamos los espartaquistas mexicanos como burguesía burocrática (o política) que se hizo poderosa a partir de la revolución, de los cargos de gobierno y los negocios a través del Estado, que educó y protegió a la burguesía privada (comercial, industrial y financiera) cuándo ésta no sabía manejar la política ni agruparse para defender sus intereses en conjunto. También se puede pensar, a través de esta idea, por qué los del PRI se hicieron ricos a través del gobierno y la política y cuál es la causa que los sectores privados –el PAN entre ellos- son muy ignorantes en política pero muy profesionales en negocios y en abogados que los defienden. Sin embargo esa división de intereses -aunque los hacían confrontarse- nunca les impidió que estuvieran unidos en los negocios que siempre les produjeron enormes ganancias.

4. Hay que decir que el problema no es que hayan 500, 300 o tres legisladores sino saber a qué intereses responden. ¿Si sirven a los intereses de la población mayoritaria, al de los millonarios o a sus personales intereses? ¿Si son parte de un gobierno honesto por cobrar un salario parecido al de los trabajadores o, por el contrario, de un gobierno funesto, caro, que se asigna salarios como las "ganancias" de los grandes empresarios? ¿Cambiaría algo si eliminamos a 200 o 400 legisladores aunque los que queden sigan siendo tan corruptos e inefectivos como ha sido siempre? Más aún, podríamos reducirlos a tres diputados –uno por cada partidos de los tres dominantes- que son en la práctica quienes definen todo. Tres legisladores que lleven las posiciones de su partido para llegar a acuerdos. ¿Y las comisiones técnicas? Bastaría que cada partido analice y discuta internamente cada propuesta para que su representante exponga los problemas.

5. Es decir, podrían desaparecer todos los legisladores y el mismo parlamento. Para ahorrar tanto derroche de presupuesto público y de funcionarios ineficaces podríamos reducir a casi nada los funcionarios de cada dependencia, pero lo miles de millones de pesos que ahorraríamos se irían a otros campos igual de ineficaces e improductivos y el pueblo no ganaría nada. En la práctica abandonaríamos la República y la llamada Democracia Representativa que defienden muchos funcionarios, por falsas y engañosas para regresar a la Monarquía autoritaria, "constitucional" y, en muchos aspectos hereditaria", donde decide uno con su corte de consejeros. Se diría: ¿Y qué es lo que se ha vivido en México sino una falsa democracia representativa que degeneró en una forma de monarquía –oligarquía si se quiere- en la que el presidente, el legislativo y el judicial sólo han funcionado como una corte que decide todo bajo la apariencia de una democracia?

6. Además, ¿para qué sirven gran cantidad de secretarías, de altos funcionarios de Estado, un gigantesco aparato burocrático, enorme número de legisladores, etcétera, que dilapidan un alto porcentaje presupuestal, si son los acuerdos entre partidos y el presidente los que deciden sin consultar más que a sus huestes? Si los legisladores fueran realmente representantes del pueblo y sólo defendieran los intereses de sus representados después de consultarlos habría que exigir muchos más legisladores; y si éstos en vez de ganar 200 salarios mínimos sólo se les pagaran 20, con la obligación de consultar e informar, el poder legislativo sería un real representación. ¿Por qué un cargo político o una representación "popular" pueden costar hasta diez millones de pesos si con el salario normal apenas pueden reunirse en seis años? ¿Por qué los políticos de todos los partidos se pasan más de 30 o 40 años brincando de un cargo a otro?

7. La realidad es que nadie puede negar la enorme corrupción que existe en el país, pero no es por el gran número de legisladores y sus exagerados salarios. Es esencialmente porque los gobiernos nunca han servido a los intereses de la mayoría de la población. La realidad es que fastidia al pueblo que en nombre de la democracia vivamos una oligarquía (gobierno de pocos) que determina todo en perjuicio de la mayoría de la población. Dicen: ¿Para qué queremos 500 diputados, 120 senadores, que sólo acuden a levantar su dedo, después que tres partidos –como siempre sucede-se han puesto de acuerdo? Si los legisladores representaran realmente al pueblo y no cobraran como empresarios podrían ser hasta mil, el pueblo tendría mejor representado sus intereses; pero el asunto es contra los tres poderes que sólo sirven a los millonarios y, más aún, es el sistema capitalista que con su estructura bien organizada para la explotación sigue oprimiendo al pueblo.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

¿A qué le teme el gobierno del Edomex?

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 26 de enero.- Asesinatos brutales ocurren cotidianamente a lo largo y ancho del país. Para poder frenarlos es necesario precisar qué los provoca. Se ha dicho que los feminicidios son una especie de cacería de mujeres, producto del odio misógino. Tal vez en muchos casos sí, pero una antropóloga, Rita Laura Segato, vuelve compleja esa hipótesis cuando propone dejar de pensar los feminicidios como crímenes en los que el odio hacia la víctima es lo predominante y, en lugar de eso, los plantea como una forma de interlocución entre miembros de una fratría. Sin negar la misoginia presente en el ambiente donde esos crímenes tienen lugar, Segato ve a la víctima como el desecho de un proceso donde esos asesinatos son las exigencias –el precio a pagar– para pertenecer a una siniestra hermandad. Ejecutar a una mujer sirve para sellar un pacto de silencio, capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Por eso Segato llama a estos asesinatos "crímenes de corporación" o de "segundo Estado", definiendo por corporación al grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región. O sea, la mafia de los poderes fácticos, como los cárteles del narco.

Una lectura equivocada respecto a estos crímenes impide reflexionar sobre la problemática social en que se ubican, y el machismo sesga las interpretaciones. Cuando en Ciudad Juárez los asesinatos de mujeres empezaron a cobrar notoriedad, hubo autoridades que declararon que esas víctimas eran prostitutas o mujeres fáciles, que llevaban una vida desordenada, que bebían y provocaban con el vestido. Al parecer pensaban que el hecho de que no fueran "mujeres decentes" disminuía la responsabilidad gubernamental de investigar, resolver y frenar esos crímenes. Los asesinatos fueron aumentando de año en año, ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades judiciales, policiacas y políticas. Sólo cuando el escándalo internacional fue imparable se empezaron a preocupar, más por su reputación y la de Ciudad Juárez que por las propias mujeres y futuras víctimas.

Desde hace tiempo se sabe que en otras entidades federativas crece la comisión de estos crímenes espantosos y, sin aprender del caso de Ciudad Juárez, las autoridades muestran un impresionante desinterés. El escándalo ahora es en el Edomex, donde supuestamente ya hay más mujeres asesinadas que en Ciudad Juárez. Más que preocuparse por esclarecer qué expresa esa siniestra carnicería, las autoridades locales consideran que la petición a la Segob y al Inmujeres por parte de 90 investigadoras y 43 ONG de 18 estados de la República de que se ponga la "alerta de género" en el Edomex tiene fines electorales, y se resisten a aceptar que se investiguen los hechos. Además, siguiendo el prejuicio machista, el procurador Alfredo Castillo ha dicho que las víctimas han sido asesinadas porque "consumen droga, alcohol o usan inhalantes", además de que "trabajan en bares en los que alternan con los clientes".

Hace años comparé la forma en que las autoridades inglesas manejaron el caso de cinco asesinatos de mujeres en Ipswich (Proceso 1573, del 24 de diciembre de 2006). Cinco trabajadoras sexuales aparecieron muertas, probablemente a manos de un asesino serial. El Reino Unido entero se conmocionó, pero lo que interesó públicamente fue si la policía sería suficientemente eficaz para encontrar al asesino antes de que matara a más mujeres. Nadie declaró que "ellas se lo buscaron" ni se moralizó sobre los riesgos del trabajo sexual; al contrario, algunos editorialistas criticaron el hecho de que se hubiera hablado de la muerte de "cinco prostitutas", en vez de "cinco mujeres". Y mientras se capturaba al asesino, las autoridades pidieron a las trabajadoras sexuales que no circularan de noche e inauguraron una inédita política pública: darles el dinero y la droga que conseguirían en la calle, para que no salieran de sus casas. El asesino fue detenido una semana después. ¡Qué manera de responsabilizarse de sus ciudadanas!

Lejos estamos en México de actitudes así de civilizadas. Pero es indispensable que las autoridades, todas, de todos los partidos, en todas las entidades federativas, tomen en serio el aterrador crecimiento del número de feminicidios. Para prevenir y perseguir más eficazmente estos asesinatos hay que cambiar el enfoque interpretativo y aceptar mecanismos preventivos como la "alerta de género". En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos electorales, las autoridades del Edomex deberían no sólo aprovechar la "alerta de género", sino también rectificar públicamente la interpretación machista que hizo su personal judicial.

La batalla por la seguridad de todos, no sólo de las mujeres, será larga y compleja. Pero frente a este tipo específico de asesinatos se requiere no sólo de una mejor investigación policial, sino también utilizar los instrumentos de intervención preventiva que darán resultados a mediano y largo plazo. En eso consiste la "alerta de género". Se necesita verdadera voluntad política para resolver los crímenes y detener su repetición. La cerrazón arrogante y machista –esa sí definitivamente electorera– del gobierno de Peña Nieto sólo complica más las cosas. ¿A qué será que le teme?

Dan 23 años de cárcel a mujer por aborto en Baja California

Gladis Torres Ruiz

MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro-cimac).- Feministas y organizaciones civiles de Baja California exigieron al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de una mujer que el pasado jueves 20 fue encarcelada, acusada de homicidio agravado por parentesco, luego de que en 2008 sufrió un aborto espontáneo, por el que fue condenada a 23 años de prisión.

En entrevista, María del Carmen Rioseco, del Grupo Feminista Alaíde Foppa, con sede en Baja California, afirmó que est no es el único caso en la entidad, ya que hay más mujeres presas por aborto.

"Hay varios casos similares, de los cuales apenas estamos iniciando la documentación, ya que la información es de muy difícil acceso y se desconoce el número exacto de las mujeres encarceladas por un aborto", comentó.

Sobre el caso denunciado, Rioseco informó que se le acusa del delito de homicidio agravado por parentesco, aun cuando la joven aclaró que fue un aborto espontáneo, ya que no se había dado cuenta que estaba embarazada.

De acuerdo con su testimonio, el 17 de mayo de 2008 tuvo un sangrado que provocó la expulsión espontánea del producto en gestación.

Luego de que sus familiares la llevaron al Hospital General de Mexicali para que la atendieran, fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del estado por el personal de salud del nosocomio.

Ante esos hechos, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, el Grupo Feminista Alaide Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California solicitaron al mandatario estatal que respete el Estado laico y al Congreso estatal, en el sentido de cumplir y hacer cumplir las normas de protección a los derechos humanos de las mujeres.

El 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción, lo que a decir de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha dado pie a las autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a sus derechos sexuales y reproductivos.

México: Mujeres periodistas en riesgo

Sara Lovera

Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) México, enero (SEMlac).- En los últimos cuatro años, dos mujeres periodistas perdieron la vida cumpliendo su misión, alrededor de 20 recibieron amenazas de muerte o fueron atropelladas y perseguidas, mientras María Esther Aguilar sigue desaparecida, y la valiente Lydia Cacho todavía no se siente segura. Este es el panorama que confrontan las mujeres dedicadas a esta profesión en México, lo que en opinión de Brisa Solís las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. Ella es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), el primer organismo que inició la defensa de periodistas desde la década de los setenta. En entrevista con SEMlac, la ejecutiva de CENCOS asegura que no hay garantías ni voluntad política en México para respetar la libertad de expresión, ni para investigar los 11 asesinatos de periodistas sucedidos en 2010. Tampoco se atienden las denuncias, pese a que existen al menos cinco instancias gubernamentales que han ofrecido intervenir para frenar la agresión a estos profesionales. Recordó que la periodista Anabel Hernández hizo público, el primero de diciembre de 2010, que existe un plan para atentar contra su vida, instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y policías de la Agencia Federal de Investigaciones. Las amenazas de muerte proferidas a Hernández, autora del libro Los Señores del narco, aparecido en las últimas semanas de 2010, es una muestra de la impericia y el riesgo, dijo Solís. Esas amenazas surgieron porque su última investigación, publicada por la prestigiosa casa editorial Grijalbo, conjetura cómo las autoridades gubernamentales, militares y policíacas están relacionadas y protegen a los cárteles de la droga en México, al tiempo que muestra alarmantes complicidades en los altos círculos políticos y empresariales. "Puso el dedo en la llaga", dice Solís. Pero lo más lamentable de lo que sucede en México es que mujeres y hombres periodistas que salen a realizar cobertura informativa a cualquier parte pueden ser objeto de arbitrariedades. El caso de Anabel, quien ha tenido todos los foros para denunciar —como lo hizo en su momento Lydia Cacho— es emblemático. El problema es que otras y otros comunicadores no están en la misma situación, comentó Solís. La directora ejecutiva de CENCOS recordó que el periodista Francisco Cruz relató el caso de Selene Hernández, una colega del Estado de México que apareció ahorcada en un hotel, en 2008, caso sobre el cual no existe, hasta la fecha, información o investigación alguna. Según las autoridades, el crimen organizado es responsable de la persecución de las y los periodistas, pero todas las investigaciones de organismos civiles indican que en 65 por ciento de los casos las amenazas provienen de funcionarios locales, gobernadores, jefes policíacos o caciques tradicionales. Y este es el problema. Anabel narró que, tras la publicación de su libro, su informante le aseguró haber escuchado el plan para atentar contra su vida y hacerlo pasar por un accidente automovilístico, un robo o un intento de secuestro. Ella, quien colabora para la revista digital Reporte Índigo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El viernes 3 de diciembre esta última dictó medidas cautelares para Hernández, quien actualmente está protegida por escoltas. Solís asegura que ahora se pretende establecer, como sucede en Colombia o Guatemala, un mecanismo de protección permanente a las y los periodistas, iniciativa que se está discutiendo hace un año. "Este 17 de enero las autoridades lo echaron a andar, sin formalidad alguna", denunció y dijo que, además, las autoridades impidieron que en esa mesa de análisis participaran las y los afectados y trabajadores de la comunicación, lo que hace de esta situación insegura, inconfiable y fuera de toda protección real. Luego reflexionó: "nada ha detenido los ataques a periodistas" y no existe un solo caso investigado, no hay culpables detenidos ni expedientes para consultar y eso hará que los organismos civiles, entre ellos CENCOS, acudan este mismo mes a las instancias internacionales, detalló. Añadió que está en riesgo la periodista oaxaqueña Verónica Villalbazo, así como una veintena de publicaciones, amenazadas por diversas instancias locales o nacionales. En México existen varias instancias gubernamentales para atender los problemas: una Comisión especial en la Cámara de Diputados; una instancia especial en la Procuraduría General de la República; una visitaduría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora este pretendido mecanismo, pero María Esther Aguilar, desparecida en Michoacán en noviembre de 2009 no aparece, y no se sabe quién la busca. CENCOS, que es al mismo tiempo un espacio de difusión para las organizaciones sociales, ha estado también en riesgo, porque desde ahí se investiga y da seguimiento a las denuncias, dijo Solís. Agregó que el trabajo periodístico de Hernández se ha enfocado en los últimos años en la documentación de actos de corrupción y abusos de poder por parte del Secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, uno de los hombres más poderosos del gobierno, y que lleva a cabo los operativos contra el narcotráfico. El informe 2009 de ARTICLE19 y CENCOS documentó que 65 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos. Esta situación resulta alarmante al considerar las obligaciones que en la materia ha asumido el Estado mexicano. ARTICLE19 es una organización internacional de derechos humanos que trabaja en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual reconoce el derecho a la libre expresión de todas las personas. CENCOS fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México. Busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad en su conjunto. Periodistas La joven ejecutiva Brisa Solís y dos periodistas, José Reveles y Roberto Rodríguez Baños, el primero autor de varios libros especializados sobre la crisis de criminalidad y persecución que se vive en México, y el segundo coordinador de una mesa de periodistas de Capital 21, la TV por Internet del gobierno de la capital, examinaron para SEMlac la peligrosidad de la profesión de periodista en este país. Los tres explicaron que en México hay una fragmentación de las denuncias y los atropellos, que no sólo vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo a hombres y mujeres periodistas, sino que esas situaciones las viven también las mujeres y hombres integrantes del campesinado, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y feministas. Tal es el caso de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre, a pesar de tener vigilancia y protección, frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua, a donde acudió para exigir un avance en las investigaciones sobre el asesinato de su hija Rubi, quien fuera muerta por su novio en agosto de 2008. La ejecutiva y los dos periodistas señalaron que no existen, en esta fragmentación cobijada por el gobierno, instancias de coordinación y unas autoridades a otras se pasan la responsabilidad. Urgieron a cumplir los compromisos acordados en 2003 y 2004 en diversos foros internacionales para garantizar la vida e integridad de los periodistas, crear mecanismos de diálogo y realizar investigaciones creíbles y responsables. Hasta el momento, nada se ha hecho. Rodríguez Baños apuntó que, apenas el lunes 17 de enero, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que el Estado mexicano tiene todos los recursos para garantizar un clima de seguridad en el país, algo que ruboriza por absolutamente falso. Cada día, recordó, "leemos en los medios cómo caen ejecutados, cómo hay balas que matan a cualquier civil y unos 20.000 niños han quedado huérfanos". Solís sostiene que en el gobierno no hay sensibilidad alguna, y puso como ejemplo la falta de protección a las y los migrantes procedentes de Centroamérica, que frecuentemente son secuestrados a la vera del camino, mientras la autoridad simplemente "no hace caso". Por ello, coincidieron en la entrevista a SEMlac, urge también crear un mecanismo social y civil integral, porque ahora, ante la confusa situación que vive México, "cada quien defiende lo que puede" en soledad o aisladamente. Para las y los periodistas también hay una mesa de trabajo. Eso, reflexionaron, hace recordar la docena de instancias creadas entre 1993 y 2004 alrededor del feminicidio en Ciudad Juárez; la veintena de recomendaciones internacionales y el anuncio de políticas públicas para recomponer el tejido social en esa ciudad fronteriza. Sin embargo, hoy se sabe que se trata de la ciudad más peligrosa del país, donde no sólo no se ha frenado el feminicidio, sino que han sido asesinados una centena de jóvenes en casas de recuperación de drogadicción; donde se han puesto bombas y no se puede circular. Pronto abrirá una casa de emergencia para periodistas perseguidos en la Ciudad de México, dirigida por el periodista Rogelio Hernández, quien afirmó que ya se han tocado todas las puertas. Y nada pasa. Ahora toca mantener la información y todo lo necesario para evitar el asesinato de las y los periodistas; pero también de todas y todos los mexicanos.

HRW critica falta de legislación efectiva contra abuso sexual

Condena abusos del Ejército

Por la Redacción

México, DF, 25 ene 11 (CIMAC).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó que el Ejército mexicano continúe cometiendo graves violaciones a Derechos Humanos sin que los responsables de estos abusos respondan ante la justicia, y además lamentó que en el país no se ofrezcan garantías adecuadas contra la violencia doméstica y el abuso sexual.

En su informe mundial 2011, HRW criticó que durante el año pasado los esfuerzos para implementar una reforma integral al sistema de justicia penal avanzaran lentamente, y que por otro lado persistan restricciones en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.

A su vez, el informe de HRW criticó que aún continúan vigentes graves restricciones al ejercicio de los derechos reproductivos, sin que hasta el momento el Derecho mexicano brinde garantías de protección a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y el abuso sexual.

Por el contrario, algunas disposiciones mexicanas no son acordes a los estándares internacionales, como aquellas que condicionan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la "castidad" de la víctima, o bien aquellas que protegen la vida desde el momento de la concepción.

No obstante, HRW celebró las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en agosto de 2008 declaró constitucional la ley del Distrito Federal que legaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, y que en mayo de 2010 resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y acceso al aborto a víctimas de violación sexual.

El documento que ayer se presentó en Bruselas, Bélgica, y que resume las principales preocupaciones en materia de Derechos Humanos en más de 90 países, menciona que muchos de los problemas más graves de Derechos Humanos en México durante 2010 fueron el resultado de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado.

HRW señala que si bien el Ejército mexicano continúa cometiendo graves abusos durante operativos de seguridad pública, los responsables casi nunca responden ante la justicia por sus actos, este factor ha provocado que cada vez más periodistas, defensores de Derechos Humanos y migrantes sean atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad.

En este contexto, la organización internacional reiteró al gobierno mexicano la necesidad de que los casos de graves violaciones de Derechos Humanos sean investigados en la jurisdicción penal ordinaria y no la militar. Asimismo criticó que el proyecto de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar que Felipe Calderón envió al Senado en octubre pasado no excluya del fuero castrense todos los delitos.

Finalmente, la organización destaca que en México las y los periodistas, especialmente quienes han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2007 y octubre de 2010, fueron asesinados 35 periodistas y otros ocho se encuentran desaparecidos.

Secuelas de Salvárcar: "trabajo para no sufrir tanto su muerte..."

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F., 25 de enero (Proceso).- "Cuando vivían mis hijos, trabajaba para darles algo mejor. Desde que me los mataron trabajo para no pensar, para no sufrir tanto su muerte".

Habla la señora Luz María Dávila, madre de los estudiantes Marcos y José Luis, dos de los 15 jóvenes asesinados por sicarios el 30 de enero de 2010 mientras festejaban el cumpleaños de Jesús, un amigo y vecino, en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.

Ella fue quien enfrentó a Felipe Calderón el 11 de febrero de ese año. En un acto público lo reprendió por haber llamado a sus dos únicos hijos "pandilleros" mientras él se encontraba de gira en Japón.

Dos días después del asesinato, Calderón fue entrevistado acerca de la matanza de los estudiantes y dijo: "Se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas".

En su visita a Ciudad Juárez, el jueves 11 de febrero, la señora Dávila entró a una reunión a la que no estaba invitada:

"¡Disculpe señor presidente… Yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón!", le dijo.

–¿Qué pasó luego de la muerte de sus hijos?

La entrevista es telefónica. Del otro lado de la línea se escucha un profundo suspiro.

–Ha sido muy difícil. ¿Qué ha pasado? Pues nada, más que seguir adelante. Trabajar para que se haga un poquito menos pesado esto. Trabajo en una empresa maquiladora de bocinas para coches –su voz se oye firme.

–En la reunión en la que enfrentó al presidente Calderón, se le acercó la señora Margarita Zavala. ¿Qué fue lo que le ofreció?

–Es lo que me han dicho algunas personas, que ella estuvo ahí. Que ella se arrimó conmigo y me agarraba la mano, que me consolaba y me ofrecía ayuda. Yo la comprendo, porque como madre creo que nos comprende a todas las que perdimos nuestros hijos. No tengo nada que decir contra ella.

Sin embargo, la señora Dávila nunca tuvo noticias de la esposa del Presidente: "No he tenido oportunidad de hablar con ella. Sé que a otras mamás las reubicaron de casa o las apoyaron para rehabilitar en las que vivían; les dieron becas para que los hijos que les quedan estudien desde la primaria hasta la universidad. A otras las ayudan con despensas".

A ella le ofrecieron pasaporte y visa para que se fuera a vivir a El Paso, Texas: "En ese momento yo no quise aceptar nada, porque para mí la vida de mis dos hijos no vale eso. Así me vengan a levantar dos recámaras, una barda, lo que sea… ¡No. Para mí eso no vale nada!". Se debilita. Se escucha el llanto.

–En una visita que le hice estaban colocando en su casa un botón de pánico. ¿Sí funciona?

–Hasta ahora no lo hemos necesitado. Nunca he tenido que usarlo. También nos ofrecieron seguridad, tres o cuatro patrullas vigilaban día y noche, pero desde que hubo cambio de gobierno dejaron de venir. Yo no tengo miedo. ¿Miedo a qué? Cuando vamos a la tienda mi esposo y yo a veces vemos gente desconocida, pero nosotros no tenemos nada que perder. Ya perdimos lo que más queríamos.

–A unos días de la masacre la Procuraduría del estado presentó a cinco personas como responsables de los asesinatos. Su hermana Patricia aseguraba que se trataba de chivos expiatorios. ¿Siguen pensando igual?

–Uno no puede estar seguro de que sean los asesinos. Porque es verdad que muchas veces agarran inocentes. No puedo afirmar que no sean ellos porque no miré a los atacantes, pero no voy a defender a nadie. Lo que quiero es que el fiscal del estado (Carlos Manuel Salas) y el gobernador César Duarte nos comprueben que los detenidos son los culpables, que nos digan cómo van las investigaciones... pero nunca se han acercado a nosotros. Ya hablamos y después del aniversario de la muerte de los muchachos iremos a pedir que nos den información de la investigación.

Para el 30 de enero, Luz María Dávila y otras familias afectadas programaron una misa que será celebrada por el obispo de Ciudad Juárez, Renato Ascencio León. Será entre 11 y 12 de la mañana en el campo deportivo que se construyó en honor a los 15 jóvenes fallecidos. Colocarán placas, soltarán globos y palomas. También habrá música.

Después ella irá al panteón, como cada mes, a llevarle flores a sus hijos. A platicar con ellos. Confiesa que invariablemente la plática termina con una pregunta al aire: "¿Por qué se fueron?"

"Estos días han sido difíciles porque el próximo 29 de abril, José Luis, el más chico, cumpliría 18 años. Él estaba emocionado porque faltaba poco para que alcanzara la mayoría de edad, porque iba a sacar su credencial para votar. Seguido me preguntaba qué le iba a regalar. Yo le decía que era una sorpresa, pero ya estaba ahorrando para comprarle un celular que quería. No me importaba lo que costara porque era buen muchacho, se lo merecía. A Marcos, cuando cumplió los 18 le regalamos el aparato que él quiso.

"Mis hijos estaban contentos, estaban ilusionados por terminar sus estudios. Hablaban de que querían tener su casa bonita y de que yo dejara de trabajar. José Luis estudiaba en el Cobach 9; Marcos, relaciones internacionales en la universidad. Querían viajar, tener su propia casa, salir adelante. Nunca fueron conformistas. Querían superarse", recuerda entre sollozos.

"Nunca fueron atenidos. Eran independientes: se lavaban, se guisaban, se planchaban. No esperaban que yo les hiciera las cosas. Cada uno tenía su plancha, sus hilos de coser también. Todo eso lo conservo, está ahí, en su cuarto. Sólo me deshice de la ropa, se me hacía triste verla ahí, deteriorada con el tiempo y se la di a unos sobrinos que viven en México, lejos de mí para no verla."

La señora Dávila también rechazó la atención psicológica que le ofreció la Procuraduría General de la República (PGR): "Prefería acudir a Casa Amiga, pero sólo fui a dos sesiones. No me sentí bien. Era demasiado el dolor".

–¿Aún le duele que el presidente Calderón haya tachado a sus hijos de pandilleros?

Duda: "Qué le diré… Fíjese que no, porque me quedó la satisfacción de decirle al presidente que mis hijos no eran pandilleros. Él tuvo que aceptarlo".

Hace unos días las familias afectadas recibieron la visita de funcionarios del gobierno estatal: "Nos dijeron que el Presidente vendrá a vernos después del aniversario porque no quiere que su visita se empalme con la misa. Y me dijeron que la señora Margarita quiere reunirse con nosotros el día 24; me preguntaron si estaba dispuesta a reunirme con ella. Les dije que sí. También querían saber si yo pensaba 'agredirla', como al Presidente. Les dije que no".

–¿Qué le pedirá a Margarita Zavala?

Vuelven a escucharse profundos suspiros en el auricular. El llanto no la deja hablar. Por fin, con voz entrecortada contesta: "Lo que… Lo que le quisiera pedir nunca me lo va a dar. ¡Nunca me va a dar lo que yo quiero. Nunca!".

No ha pensado en morir. Dice que seguirá compartiendo su soledad con la de su esposo.

Dan 23 años de cárcel a mujer por aborto en Baja California

Gladis Torres Ruiz

MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro-cimac).- Feministas y organizaciones civiles de Baja California exigieron al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de una mujer que el pasado jueves 20 fue encarcelada, acusada de homicidio agravado por parentesco, luego de que en 2008 sufrió un aborto espontáneo, por el que fue condenada a 23 años de prisión.

En entrevista, María del Carmen Rioseco, del Grupo Feminista Alaíde Foppa, con sede en Baja California, afirmó que est no es el único caso en la entidad, ya que hay más mujeres presas por aborto.

"Hay varios casos similares, de los cuales apenas estamos iniciando la documentación, ya que la información es de muy difícil acceso y se desconoce el número exacto de las mujeres encarceladas por un aborto", comentó.

Sobre el caso denunciado, Rioseco informó que se le acusa del delito de homicidio agravado por parentesco, aun cuando la joven aclaró que fue un aborto espontáneo, ya que no se había dado cuenta que estaba embarazada.

De acuerdo con su testimonio, el 17 de mayo de 2008 tuvo un sangrado que provocó la expulsión espontánea del producto en gestación.

Luego de que sus familiares la llevaron al Hospital General de Mexicali para que la atendieran, fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del estado por el personal de salud del nosocomio.

Ante esos hechos, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, el Grupo Feminista Alaide Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California solicitaron al mandatario estatal que respete el Estado laico y al Congreso estatal, en el sentido de cumplir y hacer cumplir las normas de protección a los derechos humanos de las mujeres.

El 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción, lo que a decir de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha dado pie a las autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a sus derechos sexuales y reproductivos.

Asesinan a dirigente de la Central Campesina Cardenista Democrática

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 26 de enero (apro).- La secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó la ejecución del dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCC), Renato Cruz Morales, y un acompañante, cuyos cadáveres fueron localizados anoche en el interior de una camioneta abandonada en la carretera que conduce a la población de La Mina, en el municipio de Tuxtepec.

Según un reporte de la policía estatal, alrededor de las 20:40 horas del martes recibieron una llamada telefónica sobre la ejecución de dos personas, las cuales, al ser localizadas tenían el "tiro de gracia".

Los cuerpos se encontraban en el interior de una camioneta Ford tipo Lobo de color negro y doble cabina; se desconoce la identidad de los responsables.

En 2006, durante el conflicto sociopolítico que conmocionó al estado, Cruz Morales participó activamente en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El 16 de agosto de ese año, fue detenido por agentes de la entonces Policía Ministerial del estado, acusado de secuestro, robo calificado con violencia física y asociación delictuosa, supuestamente, en agravio de Alfredo Elías Yanjo Enríquez.

El dirigente nacional de la CCC, Max Agustín Correa Hernández, condenó el asesinato Cruz Morales, y exigió al gobierno federal la creación de una fiscalía especial que resuelva éste y otros casos de violencia contra líderes campesinos en la Cuenca del Papaloapan.

Luego de demandar a las autoridades de Oaxaca y de la Federación que se investigue hasta sus últimas consecuencias este crimen, la dirigencia nacional de la CCC lamentó el ambiente de inseguridad que se vive en el país, así como la falta de garantías para los luchadores sociales.

Por su parte, el Congreso Agrario Permanente (CAP) exigió a las autoridades federales y estatales encargadas de la procuración de justicia y seguridad en el país, otorgar garantías a los liderazgos sociales del medio rural ante la creciente ola de crímenes en contra de dirigentes campesinos, como sucedió con el asesinato de Renato Cruz-

La Coordinación Nacional del CAP consideró "inadmisible" que sucedan estos atentados de muerte a plena luz del día, donde los sicarios se dan el lujo de supervisar la muerte de sus víctimas, "o bien dar el tiro de gracia cuando no cumplieron de manera inmediata con su objetivo para luego darse a la fuga sin que nadie los detenga".

El 29 de noviembre del 2005, fue asesinado el líder del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Roberts; posteriormente, el 5 de abril de 2006, "desapareció" el exdirigente de la Central Cardenista, Miguel Herrera Lara; y el 31 de octubre de 2009, un comando ejecutó, en el estado de Sonora, al líder de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra. El 23 de octubre de 2010 fue acribillado el líder del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda.

Reporte del Centro ProDH

Lucha Castro y Marisela Escobedo, juntas.

La palabra sigue viva.

• Lucha presenta su libro "El Acceso a la justicia para las Mujeres víctimas de violencia de género en el nuevo sistema penal acusatorio".

Liliana Zaragoza Cano/Centro Prodh

El día de ayer en el Centro Prodh se escuchó no sólo la voz de la defensora Marisela Escobedo, sino la de todas nuestras mujeres que han sido víctimas del feminicidio y de la impunidad en este país.

Lucha Castro, quien tiene 9 años de trabajo junto a madres de hijas desaparecidas y asesinadas en Juárez, Chihuahua y fue la abogada elegida por Marisela por el caso de su hija Rubí, presentó junto al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua su libro: "El Acceso a la justicia para las Mujeres víctimas de violencia de género en el nuevo sistema penal acusatorio", mismo que fue editado por dicha organización y trabajado junto a su hija Laura Aragón, para profundizar respecto a "las graves irregularidades que encontré en las investigaciones", señaló. También explica cómo fue el proceso en el que "el tribunal de juicio oral realizó una valoración errónea de las pruebas". Finalmente, Lucha cuenta cómo logró obtener una sentencia condenatoria contra Sergio, el asesino de Rubí. En el libro se puede encontrar también una opinión clara de la autora sobre el sistema acusatorio.

Luis Arriaga, director del Centro Prodh, reconoció que "el Informe del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, sustentado en la práctica comprometida de sus integrantes y en el testimonio de numerosas mujeres decididas a revertir las condiciones de discriminación y subordinación, constituye un recurso útil para la sociedad" y en particular, calificó de "imprescindible para quienes mantenemos atención constante en la aplicación de un sistema de justicia que permita el acceso a la justicia a las víctimas y respete los derechos de los imputados".

Arriaga recordó que "algunas organizaciones hemos documentado las implicaciones del sistema con prácticas inquisitorias -que será sustituido en todo el país por el sistema acusatorio- sobre las personas imputadas, así como las deficiencias del mismo sistema para investigar y sancionar los delitos. Al mismo tiempo, hemos señalado de qué manera la discriminación por motivo de género se reproduce en la actuación de todos los funcionarios implicados en los procesos contra las mujeres". Agregó que un reto para las organizaciones de derechos humanos es "aprender a documentar casos de violaciones de derechos con perspectiva de género para visibilizar la violencia cotidiana".

La participación de Marisela Escobedo, a través de la proyección de un video, resultó tan poderosa como conmovedora, ya que dejó escuchar su palabra por la exigencia de justicia en el Tribunal de casación por el caso de su hija Rubí.

Lucha compartió cómo conoció a Marisela, con la voz entrecortada. "Estaba en Ciudad Juárez en una protesta junto con madres que tienen hijas desaparecidas, cuando Marisela llegó" poco después de que un tribunal de juicio oral absolviera a Sergio. "Acepté el reto. Teníamos que revocar esta sentencia absolutoria y comprobar que los jueces habían actuado de manera errónea". Confirmó que la pequeña hija de Rubí "se encuentra detenida por las autoridades de Estados Unidos, sin familiares, desde la fecha en que ellos huyeron; ni las autoridades federales ni las del estado han hecho lo suficiente por rescatarla. Es doblemente huérfana". Por ello, desde el Centro están contemplando iniciar "una campaña internacional para evitar 'tratos cual delincuentes' a familiares de Marisela en Estados Unidos", aseveró.

Miguel Sarre, académico, señaló: "¿Dónde están los derechos de las víctimas? No es quitar unos para aplicar justicia en otros. Hay q reformar al sistema". Detalló cómo "en este caso se sumaron las deficiencias en la persecución, desde la actuación de la policía hasta el fiscal mismo, junto con el excesivo formalismo de los jueces". En su opinión, el caso "muestra la necesidad de consolidar el sistema acusatorio, pues ha permitido mostrar como al saberlo utilizar es posible nulificar sus fallas".

Lucha Castro afirma respecto a las declaraciones de los jueces, que efectivamente existen "efectos colaterales terribles para las víctimas que siguen buscando justicia", y que, a partir de ellos, se ha notado cómo "mataron la esperanza de muchos"; pero el trabajo sigue.

En un texto que acompañó la presentación del libro, señala cómo "por primera vez los jueces conocen a las víctimas y a los imputados" y con ello resulta posible "que conozcamos la actuación de los sujetos procesales con el emblemático caso de Marisela Escobedo. Particularmente del Poder Judicial que tradicionalmente con el pretexto de la independencia, cubre la violación de derechos fundamentales".

Contacto:

Justicia para Nuestras Hijas

info@justiciaparanuestrashijas.org

twitter: @JPNH01

Blog: http://justiciaparanuestrashijas.blogspot.com/

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua

Web: http://www.cedehm.org.mx/

Campaña Solidaria de Acopio "Invierno Sin Frío"

Huaxcaleca, Chichiquila, Puebla, a 26 de enero de 2011

A través de este medio

la Organización de Mujeres Indígenas de Huaxcaleca, ZIHUAME y

la Red de Monitores Indígenas de Derechos Humanos de Puebla

agradece a todos los que están colaborando en la

Campaña Solidaria de Acopio

"Invierno Sin Frio"

al mismo tiempo comunicamos que la colecta se amplía hasta el 4 de febrero de 2011

por lo tanto la entrega de lo recaudado se realizará el sábado 5 del mismo mes

Lista de las posibles donaciones:

Despensa: arroz, frijoles, aceite, leche en polvo, comida enlatada

Juguetes nuevos o usados en buen estado

Ropa de niños/as, bebes, hombres y mujeres, en buen estado

Medicamentos vigentes y equipo médico

Cobertores, cobijas, bufandas, guantes...

Centros de acopio y contactos en:

LIMEDDH SOLIDARIDAD

Consulte el informe de las actividades anteriores en la página Internet:

http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article370

Acompáñenos a participar en las actividades y juegos para el reparto solidario.
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Área de Enlace y Comunicación
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.
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Reporte del Centro ProDH

Nueve años de prisión injusta para 5 personas víctimas de tortura

• Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito pueden decretar inocencia de víctimas de tortura.

El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) emitieron el pasado 18 de enero un comunicado en el que señalan la detención arbitraria de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, José María Cirilo Ramos Tenorio y Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra el 13 de agosto de 2002 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE).

Las cinco personas fueron trasladadas a instalaciones de la PGJE de Tlaxcala donde las obligaron, mediante torturas, a inculparse en hechos de secuestro en los que no participaron. Las torturas consistieron en golpes en diferentes partes del cuerpo, toques eléctricos, ahogamiento con agua y con bolsas de plástico, refresco Tehuacán en fosas nasales, sujetarlos con vendas entre otras, con el objetivo de hacerlos generar pruebas que los inculparan como grabaciones de voz.

Con evidencias fabricadas por agentes de la PGJE, sin la correcta valoración de las pruebas que ofrecieron los procesados, sin tomar en cuenta sus declaraciones preparatorias en las cuales manifiestan haber sido sometidos a tortura y con versiones contradictorias sobre los hechos por parte de los agentes aprehensores, las cinco personas fueron sentenciadas el 25 de marzo de 2008 a 68 años de prisión y 16 mil 437 días de multa a cada uno, equivalente a un monto de 663 mil 232 pesos.

El 27 de septiembre de 2004 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) la que emitió la recomendación 18/2006 en la que con base en los certificados médicos realizados por peritos médicos de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) reconoció la presencia de lesiones físicas en algunas de las víctimas; sin embargo no realizó estudios médicos psicológicos para comprobar posibles hechos de tortura. En su recomendación la CEDHT, exhortó a la PGJE a que se subsanen las irregularidades en la averiguación previa, practicándose las diligencias que se estimen pertinentes y se determine conforme a derecho corresponda; asimismo, recomienda se tomen en cuenta los criterios de la CEDHT al momento de determinar la averiguación previa, cosa que no ha ocurrido, ya que la averiguación previa sigue abierta y sin que haya habido hasta ahora avances sustanciales.

En la averiguación previa no. 218/2004/TLAX-2 se denunció por abuso de autoridad y tortura a los agentes de la Policía Ministerial del Estado Damián Ortega Rubio, José de Jesús Lima Zárate y Faustino J. Méndez Alcotzi. Sin embargo, hasta el momento y a pesar de las solicitudes de los familiares de los detenidos y las organizaciones Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) coadyuvantes en el proceso de denuncia desde 2009, no se ha aplicado el Protocolo de Estambul para la determinación de las torturas y no se han realizado las diligencias necesarias con el fin de consignar a los responsables.

El pasado 15 de diciembre el CCTI y la CMDPDH hicimos del conocimiento del Sr. Juan Méndez, Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas el caso de tortura de las cinco personas en Tlaxcala.

El martes 16 de noviembre de 2010, el representante legal de las cinco personas en colaboración con la CMDPDH y el CCTI, presentó un amparo directo alegando todas las violaciones al debido proceso que existieron desde la detención de las personas que nos referimos, el cual el día 4 de enero se turnó a los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito y está pendiente de resolución, a cargo del magistrado Roberto Lara Hernández.

El CCTI y la CMDPDH manifestamos nuestra preocupación por este caso ya que en él, durante el momento de la detención y en el curso del proceso penal se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de esas cinco personas.

Por lo anterior, las organizaciones coadyuvantes en el proceso:

• Exhortamos a los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito a que analicen y resuelvan sobre la libertad de las 5 personas, en particular ponderando la evidencia de tortura y violaciones al debido proceso.
• Exhortamos al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala a que a la brevedad gire sus instrucciones a fin de acordar la realización del Protocolo de Estambul a las cinco personas a que nos referimos por peritos independientes que designó ya la coadyuvancia en distintas actuaciones.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C., CCTI

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., CMDPDH

La única guerra válida es contra la ignorancia, la injusticia y la enfermedad, dice el rector

Llama Narro a no minimizar las más de 34 mil muertes por el combate al crimen

Terminar con la violencia no pasa nada más por el uso de la fuerza militar o policiaca, sostiene

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de enero de 2011, p. 12

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que se equivocan aquellos que ven la lucha contra el crimen organizado como una guerra. Las únicas guerras válidas, agregó, son contra la ignorancia, la injusticia y la enfermedad.

En conferencia de prensa, en la que hizo un balance de sus primeros tres años de gestión, el rector de la máxima casa de estudios subrayó que las más de 34 mil víctimas que ha dejado la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada, no deben ser minimizadas con el argumento de que la mayoría de los asesinados son criminales.

Nos equivocamos cuando pensamos en esta lucha contra el crimen organizado como una guerra. Las únicas guerras que se valen son contra la injusticia, la ignorancia y la enfermedad. Nos equivocamos cuando creemos que las vidas de estas casi 34 mil 500 víctimas, muchas de ellas jóvenes, no son tan importantes porque forman parte del crimen organizado. Nos equivocamos, es un fracaso de la sociedad, porque esas personas en un altísimo porcentaje, quiero pensar en su totalidad, no deberían haber caído ni estado en condición de pertenencia a las bandas delictivas.

Reiteró una vez más su demanda de que el combate a la violencia y al narcotráfico en el país se aborde de manera integral, poniendo énfasis en valores laicos y cívicos.

He sido uno de los muchos que han señalado que la solución de este problema no pasa nada más por el uso de la fuerza pública: Ejército, Marina o la policía. Estoy convencido, desde el principio lo he dicho así, que se requiere un abordaje integral, que necesitamos pensar en la educación y en particular en el asunto de los valores, fortalecer los valores cívicos y laicos, como solidaridad, lealtad y defensa de la libertad.

Narro agregó que no se puede enseñar a la ciudadanía, en particular a los jóvenes, que el dinero, los bienes materiales y el éxito fugaz sean las condiciones que normen la vida y el desarrollo de la humanidad.

Dio la bienvenida a la crítica realizada por una comisión de intelectuales, ex políticos y empresarios de América Latina, en la que participaron entre otros los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo, y de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quienes ayer plantearon en Ginebra que se requiere de estrategias antidrogas diferentes a las implementadas por Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que se debe poner énfasis tanto en prevención como en educación.

Tenemos que replantearnos temas y que los jóvenes tengan ocupación, educación, empleo y una forma digna de transitar por su juventud. Que tengan la esperanza y expectativa de vivir en un México mejor y con mejores mexicanos. La educación, la formación a nivel superior y la cultura dan un sentido más ético, no sólo en la transmisión de mensajes, sino en la condición de la gente, expresó el rector.

En víspera de varios procesos electorales en el país e interrogado acerca del proselitismo que el Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, realiza en escuelas públicas de algunas entidades, Narro aseveró que los partidos no deben tomar los planteles –desde educación básica a superior– como arena política. Agregó que él mismo será un vigilante celoso de que la UNAM no enfrente alguna situación inconveniente (al ser usada como plataforma electoral).

Los partidos tienen su espacio y deben reconocerlo para ejercer todas las prerrogativas que la legislación les otorga y les confiere. Los candidatos, precandidatos, aspirantes o suspirantes tendrán sus formas de decidir; la universidad tiene que cumplir con su tarea (académica) y debe ser absolutamente imparcial como institución, neutra en ese terreno. En todo caso, los universitarios que tengan derechos políticos consagrados por la ley (y quieran ser candidatos) deben ejercer esos derechos en su momento, en las áreas y espacios que corresponda.

Sobre su gestión al frente de la UNAM, destacó que en sus primeros tres años se ha mejorado la eficiencia terminal y se ha dado un gran apoyo a la infraestructura y la docencia, en particular en el bachillerato.

Planteó que la institución necesita reformas que la hagan funcionar mejor y formar mejores estudiantes con base en las necesidades del siglo XXI, como la flexibilización de carreras y planes de estudio, la posibilidad de cursar licenciatura y doctorado al mismo tiempo e incrementar la representatividad en el Consejo Universitario, entre otras.

Denuncian "muchas anomalías" en el caso Rubí Frayre

Abandona gobierno a hija de la víctima

Luis Arriaga, Lucha Castro, María de la Luz Estrada y Miguel Sarre, durante la presentación del libro Las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema acusatorio penalFoto Notimex

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de enero de 2011, p. 18

En la presentación del libro Las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema acusatorio penal, Lucha Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y abogada en el caso de Rubí Frayre, hija de la defensora Marisela Escobedo, destacó que en el juicio se cometieron muchas irregularidades en las investigaciones y los jueces hicieron una evaluación errónea de las pruebas. Por ello, apuntó, en el proceso de casación se revirtió la sentencia absolutoria al asesino de Rubí.

Denunció que la hija de Rubí, Heidi, se encuentra detenida en Estados Unidos, y las autoridades migratorias, mientras evalúan la solicitud de asilo que pidieron los hermanos de la joven, fue enviada a un albergue y las autoridades mexicanas, federales y estatales, no han hecho nada para rescatarla y saber qué pasó con ella.

Anunció que este fin de semana se iniciará una campaña nacional e internacional, mediante redes sociales, para que las autoridades mexicanas se movilicen en favor de los hermanos y la hija de Rubí.

Castro, quien también llevó varios casos de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, enumeró algunas irregularidades en las investigaciones: "Cuando Marisela Escobedo –madre de Rubí y defensora asesinada en diciembre pasado– intentó denunciar la desaparición de su hija, las autoridades se negaron aceptar la demanda. Este no es un caso aislado. Hace 13 meses otra madre fue a denunciar la desaparición de su hija de 13 años y la procuraduría se negó a aceptar la queja, porque no llevaba fotografía".

Abundó: Luego de que la fiscalía aceptó la denuncia, en el expediente no hubo evidencia de las pesquisas o acciones de la procuraduría u otra autoridad para buscar a la víctima. Ninguna autoridad actuó. Ni federales, ni estatales ni municipales.

El trabajo del Ministerio Público fue deficiente. Hubo seis durante la investigación, lo que limitó el seguimiento. La madre de Rubí encontró a los testigos y los llevó a declarar, y los agentes no aplicaron técnicas de entrevistas ni los ministerios públicos obtenían más datos, resaltó.

Los jueces, en el juicio oral, conocieron los testimonios de que Sergio Rafael Barraza había asesinado a Rubí, y pese a que eran creíbles no corroboraron si los restos encontrados en el lugar señalado por el homicida eran de Rubí. Simplemente se dijo que como ninguno de los testigos presenció el ataque, las pruebas no tenían valor probatorio.

Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico e investigador, expresó: Ante la denuncia del padrastro de Sergio Rafael, de que le había dicho que asesinó a Rubí, la policía actuó fríamente. Acudieron al domicilio, y como dicen que no encontraron señales de violencia, no investigaron, pero multaron al acusado y lo detuvieron 36 horas. ¿Por qué, o bajo qué cargos?

El juicio exhibió al presidente Felipe Calderón, quien dijo que los jueces del caso fueron muy formalistas. Dejó caer todo el peso en los jueces, pero hubo fallas de todos: policías, Ministerio Público y jueces.

También se exhibió al gobernador de Chihuahua, con su poder metaprocesal.

El director del Centro de derechos Humanos Miguel Pro Juárez, Luis Arriaga, al comentar el libro expresó que es un estudio valioso por ser uno de los primeros en evaluar logros y obstáculos del sistema de justicia acusatorio y adversarial aplicado integralmente en Chihuahua. Resulta pertinente, porque llama nuestra atención sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género dentro del sistema.

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