México: La guerra de Calderón ha asesinado a 40 mil personas, ¿si en 2010 hubo 16 mil, llegarán a 100 mil en 1012?
Pedro Echeverría V.
1. "Para qué preocuparse por los 40 mil muertos –dice en voz baja la clase dominante- si en México tenemos alrededor de 100 millones de pobres, que muchos ni estudian ni trabajan, que sólo desestabilizan a nuestro país y lo desprestigian ante el mundo. La muerte de 100 mil o 200 mil, es nada. Ya somos muchos, ya no cabemos; el gobierno de Calderón debe abrir de par en par las puertas de nuestro país al ejército de EEUU para que sus soldados nos enseñen cómo se gobierna y cómo se acaba con la delincuencia. Nosotros pusimos en el gobierno a Calderón, lo hemos apoyado, pero nos disgusta su tibieza al no querer decirle guerra a la guerra ni se decida a llevarla hasta acabar con los delincuentes que tanto nos aterrorizan. Y preguntamos: ¿No somos acaso los empresarios, los dueños de las fábricas, de los bancos, de todas las empresas los que hemos creado los empleos, los que hacemos posible que todo México tenga qué comer?"
2. Al decir la derecha que "ya somos muchos, ya no cabemos", me recuerda a aquel economista de finales del XVIII, Malthus, que en su Ensayo planteaba que en la medida que se multiplicaba la población se hacían insuficientes los productos alimenticios y no alcanzarían la gran demanda. Por eso planteaba el teórico que había que crear más tierras productivas para garantizar que la población tuviera que comer o por el contrario había que evitar que siguiera creciendo. Malthus no pensó en eliminar a las gentes con las guerras pero las conclusiones de sus teorías sobre la población llevaban a pensar en ello. ¿Por qué atribuir al Darwin, en su teoría sobre la selección de las especies que también se parece a la de los burgueses modernos? Él tampoco sostuvo que "ya somos muchos o que ya no cabemos", sino que entre los animales sólo viven los que mejor se adaptan y los que no, quedan eliminados. Los guerreristas de hoy piensan distinto.
3. "México era antes una patria ordenada y generosa –conversan dirigentes destacados del PAN y del PRI más derechizado- porque los indios y los campesinos estaban en sus pueblos y nosotros en las ciudades más civilizadas. Gobernaba el PRI del "nacionalismo revolucionario" que no queremos recordar, sin embargo hasta 1970 se podía vivir bien en las ciudades porque a los indios y a los campesinos se les mantenía en sus pueblos con subsidios y un poco de trabajo; pero a partir de ese sexenio –según vemos en los censos- las ciudades fueron invadidas por los buscatrabajo que las hicieron cada vez más imposibles de vivirlas. Hoy las ciudades son un infierno infestado de droga, secuestros, desempleo, delincuencia, que ya nuestras familias no pueden soportar. Por eso el gobierno de Calderón se ha visto obligado en mantener al ejército en las calles y se busca que su sucesor continúe con esta política. No se ve otra salida".
4. "Ha sido tan grande la delincuencia en los últimos 15 años que ya no podemos ir al cine, al teatro, a las conferencias y demás eventos culturales, se escucha en algunos cafés de "intelectuales" en la ciudad de México. ¿Estaremos condenados a encerrarnos en nuestras casas y sólo comunicarnos por teléfono? Ya incluso los mismos teléfonos están intervenidos por la policía y, como ésta es cómplice de los narcotraficantes, estamos condenados a aislarnos. También a "los creadores" no están obligando a rodearnos de "guaruras", es decir, escoltas. ¿Cuándo se había visto algo así en México? Quizá la única salida se encuentre en la legalización de la droga, o en la firma de acuerdos entre las partes con el fin de frenar tanto asesinato que está desprestigiando más al país en el extranjero. ¿Si esto sucede con la cultura, qué tipo de país se está apuntando para el futuro? ¿Será la cultura de los de abajo, la de los sótanos?"
5. Entre tanto preguntamos en algunos mercados públicos a venteros de verduras, frutas y dulces, así como a compradores, si sabían quienes son el Chapo Guzmán, Peña Nieto y el presidente de la República, recibiendo sólo del uno por ciento en respuesta acertada. Preguntamos si sabía cuántos miles de muertos se habían registrado en el país en la guerra contra la delincuencia y si había oído hablar de secuestros; la respuesta fue similar. La realidad es que alrededor del la mitad de la población no tiene interés en saber nada de "política" y cuando ve los medios de información sólo se entera de los deportes, de sexo, de sucesos de policía y un poco de artistas. En Yucatán hay un diario especializado en estos temas que vende más o por lo menos igual –según mis investigaciones- que todos los otros periódicos juntos. Así que basta con ello para catalogar el tipo de información impresa que gusta a la gente. Pero Televisa sigue en primer lugar.
6. Sin embargo, aunque las gentes de izquierda nos consideremos críticos, pensemos que tenemos la razón y queramos transformar de raíz las cosas, Calderón –con el absoluto apoyo de los medios de información- es aplaudido por empresarios, clase política, intelectuales y amas de casa. Por eso acaba de repetir: "el ejército seguirá en las calles hasta el fin de mi gobierno"; sólo le faltó decir: La colaboración militar y el apoyo económico de los EEUU continuará siendo aceptado y podrá incrementarse lo más que quieran, hasta el fin de mi gobierno. Por cierto ha sido silenciado la llamada "Familia Michoacana" y el grupo –al parecer inexistente"- de "los misteriosos" secuestradores del delincuente Diego. ¿O es que de verdad fue un autosecuestro teatral? Pareciera que los 16 mil muertos sólo en 2010 y la promesa de Calderón de continuar con esta misma política de muertes en los siguientes dos años vale un carajo. ¿O no?
7. ¿Por qué Calderón no quiere hablar de guerra cuando es una guerra que ha producido casi 40 mil muertes? ¿Quiere esconder acaso que él, el ejército y la policía no están en guerra para decir que ellos lo único que han hecho es perseguir a "la delincuencia organizada" cumpliendo la ley? Lo que sea; Calderón no podrá esconder su desgobierno porque en todo el país surgen descontentos y protestas que, si tuvieran organización, hace mucho que lo hubieran obligado a renunciar y a ponerlo en la cárcel. 40 mil muertos, 16 mil sólo en 2010 es mucha gente, equivalen a los muertos de una guerra entre naciones o los que son muertos en una gran revolución. Pero la mayoría de los mexicanos parece ni siquiera enterarse. Los grandes medios de información esconden lo que se puede y deforman a su favor las noticias que dan a conocer. La guerra no ha terminado a pesar de los EEUU están interviniendo con el apoyo de la clase política.
La guerra que no es tal
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Más de 32 mil asesinados después, el comandante supremo de las fuerzas armadas que tanto gustaba de portar el uniforme de campaña hasta que los cartonistas popularizaron la hilarante imagen, jura y perjura que nunca utilizó el concepto guerra para denominar a la cruzada que emprendió contra el narcotráfico en el arranque de su gobierno.
Respondió textualmente el general de cinco estrellas, vestido de civil por supuesto, al director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León: "Yo no lo he usado y sí puedo invitar a que revise todas mis expresiones públicas y privadas. Yo he usado el termino de lucha contra el crimen organizado y la lucha por la seguridad pública".
Varios diarios capitalinos, entre ellos La Jornada, se dieron por invitados y le recordaron al titular del Ejecutivo con transcripción en mano, que el 5 de diciembre de 2006, antes de arrancar con el pionero operativo militar en Michoacán, aseguró a empresarios españoles que su gobierno trabajará "para ganar la guerra a la delincuencia". El 20 de diciembre de 2007 subrayó ante integrantes de la Secretaría de Marina "el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad". Para mayor abundamiento, en la misma página electrónica de la Presidencia de la República se localiza que el 12 de diciembre de 2008 dijo: "En esta guerra contra la delincuencia organizada, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel".
Naturalmente que el abogado, economista y administrador público está en su pleno derecho a desmentirse frente a la cruda realidad –y también ante la etílica que, dicen, nunca padece porque no la deja llegar--, pero no es permisible respecto a la estrategia presidencial preferida, la que más vidas humanas, zozobra y recursos materiales costó al país en los últimos 49 meses.
Aun cuando las estadísticas facilitadas por Alejandro Poiré Romero se correspondieran con la realidad, 15 mil 273 homicidios en 2010 significan prácticamente la mitad de los habidos en cuatro años. De igual manera, si 89 de cada 100 homicidios dolosos provienen de ejecuciones entre los consorcios criminales, no dejan de ser personas, mexicanos y jóvenes lanzados a la criminalidad por un modelo económico agotado en la aldea, mas defendido a ultranza por Calderón y la mayoría de los 40 dueños del país.
Que de aquellas ejecuciones la mitad se produjeron en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, 73 de cada 100 acaecieran en 73 municipios y la focalización tienda a pronunciarse, son valoraciones de un gobierno que por desgracia no logra que calen en la percepción ciudadana –mucho menos en los inversionistas y los potenciales visitantes extranjeros-- por la reiterada propensión al discurso triunfalista, las cuentas alegres y la propaganda que no convence ni a sus diseñadores.
Por ejemplo, Javier Lozano Alarcón descubrió, ahora que suspira por ser candidato de Acción Nacional a la Presidencia, que "hubo connivencia, sino es que convivencia o complicidad, o todas las anteriores", entre las autoridades de entonces. Sólo que el secretario del Trabajo guardó cómplice silencio en los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, de los que formó parte destacada.
Con tal despliegue de servilismo y frivolidad, desgraciadamente se acentuará el divorcio entre los gobernantes, la realidad y la percepción ciudadana, misma que registró cómo 60 pistoleros arrasaron 40 viviendas, 27 vehículos y una escuela en la comunidad indígena de Tierras Coloradas, Durango, mientras el fiscal general se enteró por la televisión local.
¡Ah que Jelipe! Dirían los campesinos de mi tierra, la cuna del narcotráfico desde hace 70 años y posteriormente de Los zetas.
Acuse de recibo
Para la abogada tabasqueña Norma Esperanza Falcón Ruiz "Es el momento de poner un alto a tanta sangre derramada en el territorio nacional, sin obtener la mejoría esperada para frenar el uso indiscriminado del consumo de drogas, y el lavado de dinero por la venta de dichos estupefacientes, que los incluyen en el mercado nacional con distintos negocios, dejando libre a los que delinquen el recurso económico que no incautan a políticos y empresarios parte de esta mafia nacional e internacional, obstaculizando con ello el que se desprenda un crecimiento económico en beneficio de los mexicanos más desprotegidos, de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan los empleos". Lo anterior a propósito de ¡Basta de sangre! (12-I-11)… El diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arrollo agradece el envío de Presidente del empleo (7-I-11)… Como siempre, Teresa Menéndez me enmienda la plana desde Mérida. Escribí miércoles 13, cuando debió decir: jueves 13… Correspondo a los buenos deseos para 2011 de Salvador Cervantes Ponce, Luis Leduc García, Arturo Martínez Nateras, J. Antonio Vital Galicia (Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos), Marco Vinicio Gallardo Enríquez y María Jacobo Fematt, hija del dirigente campesino Rafael Jacobo García, próximo a cumplir 82 años de edad.
www.forumenlinea.comGuerrero: En el ojo del huracán
MÉXICO, D.F., 13 de enero (apro).- Las próximas elecciones de gobernador en Guerrero, fijadas para el domingo 30, parecen teñidas de la herencia del caciquismo que a esa entidad la mantiene sumida en la pobreza, violencia e impunidad.
Se trata de la entidad con la tasa de fecundidad más alta del país (2.6 hijos por mujer), donde la muerte materna asciende al doble del promedio nacional, con 119 fallecimientos anuales por cada cien mil nacidos, y donde las mujeres viven uno de los mayores atrasos educativos y de salud.
La muerte violenta contra las mujeres ocupó entre el tercero y quinto lugar en un análisis de 25 años –realizado por la Cámara de Diputados– entre 2001 y 2005, cuando fueron asesinadas 883 mujeres; de 2005 a 2010, las mujeres ejecutadas sumaron 239.
Con una población indígena de 17% y donde se hablan cuatro lenguas, el atraso ha hecho de Guerrero una de las principales entidades expulsoras de población hacia Estados Unidos (más de 950 mil guerrerenses radican en ese país, entre ilegales y nacionalizados/INEGI).
De acuerdo con analistas, en 2005 inició en el estado un proceso de democracia, cuando fue derrotado el partido de Estado (PRI), sin embargo, el gobierno de Zeferino Torreblanca, ungido por el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD), decepcionó a propios y extraños, sobre todo porque no avanzó en el progreso de un pueblo sometido, pobre y disperso, que vive una situación de violencia imparable.
La tasa de violencia contra las mujeres es de 65.9%, superior al promedio nacional, que es de 60.4%, además de que Guerrero tiene el sexto lugar en el país en incidencia delictiva y violencia.
Contradictoriamente, en la entidad sureña se creó en 1987 la primera Secretaría de la Mujer, con rango de gabinete y muy adelantada a su tiempo. Eso sucedió durante el gobierno priista de José Francisco Ruiz Massieu. No obstante, en 2005 existía en Guerrero el municipio con mayor incidencia de muerte materna, una muerte, se sabe, evitable y ligada a la falta de atención y políticas públicas, así como a la subordinación y opresión femeninas.
Del mismo modo, las estadísticas ubican a Guerrero en el número 30 de las entidades por su bajo desarrollo humano y su no promoción de la mujer, ni en educación, ni en salud, ni en ingresos.
El reto del nuevo grupo gobernante es inmenso, pero lo más grave es que la sensación y los hechos muestran que ahí las decisiones pragmáticas de la izquierda, así como las malas y antiguas prácticas del PRI, concluyen que no hay diferencia entre los partidos y los candidatos en estilo, origen, historia y propósitos.
En este contexto social, las 25 recientes ejecuciones del pasado sábado 8 en el puerto de Acapulco, 14 de las cuales fueron decapitaciones, estremecen, y aunque los análisis señalan que no están conectadas con el proceso electoral, sin discusión representan una trama lamentable.
Todo lleva a la conclusión de que en Guerrero la profundización de los cambios democráticos, que la sociedad civil logró en 2005, podría estar de antemano frustrada.
No obstante, la coalición "Guerrero nos Une", encabezada por Ángel Heladio Aguirre, ofrece algunas esperanzas, pero en su programa y sus discursos, incluso entre sus promotores, el tema de la situación objetiva de las mujeres no parece ser importante y, por tanto, no habla de ningún progreso esperable. Es como si en el país viviéramos una situación dual.
En toda la República se habla de incluir en cada política la visión de género –como se llama reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres– y también se anuncian pomposos programas, nuevas leyes para la igualdad y contra la violencia, pero lo cierto es que no existe voluntad política y el contexto antidemocrático, de pobreza y violencia, no parecen ser buenas compañías para atender esta "visión de género" tan llevada y traída por los discursos oficiales.
Y decía: Las prácticas caciquiles y autoritarias aparecen sistemáticamente. La muestra es que Josefina Martínez García, quien durante años se desempeñó como supervisora del Sistema Nacional del DIF, reconocida como buena psicóloga y buena funcionaria pública, fue despedida por no promover el voto –con los recursos de la administración pública– para la campaña de Manuel Añorve Baños, el candidato del PRI, quien por cierto está 10 puntos abajo en las encuestas preelectorales.
No es de llamar la atención este tipo de represiones, aunque la diferencia es que Josefina Martínez García lo ha hecho público, y hace meses advirtió a sus superiores cómo era presionada y amenazada. Finalmente fue despedida por no aceptar ser comparsa electorera.
Podemos imaginar, en ese lugar donde decreció la esperanza democrática, que estas presiones y represiones han sucedido frecuentemente y se recrudecen a medida que se acerca la fecha electoral. Se trata simplemente de una muestra, de lo que ahí manifiestan los analistas, donde no hay nada nuevo respecto del modo caciquil en que se conducen políticos y políticas de distintos bandos.
En Guerrero no existe la amenaza de modificar la Constitución para darle personalidad jurídica al feto, pero tampoco hay avance alguno en los derechos sexuales y reproductivos de la población. Los presupuestos fueron siempre restringidos para dotar de capacidad y cobertura a la anticoncepción de emergencia y no existió interés real, del PRD como partido gobernante, para mejorar la participación social y política de las mujeres, por lo que estas primeras elecciones de 2011 no ofrecen a las mujeres entusiasmo alguno.
En cambio la trama violenta, la imposición y los actos como los realizados contra trabajadores y trabajadoras del gobierno, como los ataques a la libertad de prensa, ejemplificados con el artero atentado al diario El Sur, indican que la situación es lamentable.
Josefina Martínez García, despedida por no prestarse al juego electoral, se ha caracterizado por ser defensora de los derechos de las mujeres y brindar asesoría psicológica a personas del sexo femenino en situación de violencia, dice la periodista Graciela Ledezma, quien difundió la denuncia. "Obvio, Josefina no está dispuesta a ser títere de nadie".
Una ciudadana consciente, sin embargo, ha perdido su empleo y la capacidad que éste le daba para atenuar la condición social de las mujeres de Guerrero.
¡Basta de sangre!
MÉXICO, D.F., 12 de enero (apro).- Apenas iniciado el año, durante la primera semana de 2011 había ya 57 muertos vinculados con el crimen organizado.
En diez años, el país ha sufrido su peor crisis de violencia, con más de mil enfrentamientos (uno diario), cerca de 40 mil muertos (9 mil con Vicente Fox y el resto con Felipe Calderón), 62 periodistas asesinados y 11 desaparecidos.
Ello sin contar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas 5 mil 397 personas desaparecidas en sólo siete estados, más de 8 mil muertos sin identificar, más de 10 mil huérfanos y 3 mil 326 menores que han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado.
La cuota de sangre que el país ha pagado sin deberla ha sido muy alta. De acuerdo con estimaciones de historiadores, en esta última década la guerra contra el narcotráfico ha costado más vidas que en las guerras de Independencia, de la Reforma y la invasión de Estados Unidos en 1847.
Los efectos sociales del desangramiento aún están por verse en el tiempo, porque si aún no cierra la herida social de la matanza de Tlatelolco en 1968, la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal en 1997, la provocada por los miles de inocentes que han muerto en esta guerra contra el narcotráfico tardará mucho más, dejando secuelas en la sociedad mexicana.
Durante estos años ha habido expresiones de inconformidad social, entre ellas un par de marchas en las que miles de personas exigieron al gobierno federal mayor seguridad. Sin embargo, en ninguna de ellas se expresó el grito de inconformidad y de demanda para detener las matanzas que hoy vivimos, y la violencia cotidiana que se expande imparable por todo el país.
A diferencia de otros países como Italia y Colombia, donde la sociedad no sólo ha demandado parar la violencia, sino que participa en la lucha contra el crimen organizado, en México los ciudadanos hemos sido incapaces de expresar nuestra molestia, nuestro enojo y nuestro rechazo a las políticas oficiales en las calles, en las plazas o en los lugares públicos.
La desmovilización social de los últimos años, quizá desde 1994, cuando miles salieron a la calle a detener la guerra en Chiapas, ha sido un grave problema, porque la política gubernamental se ha instrumentado de manera impune sin que haya una oposición de ningún grupo.
Así hemos visto pasar ante nuestros ojos la aplicación de políticas públicas que lastiman nuestros salarios, decisiones de cierre de empresas sociales que por años prestaron servicios invaluables, acciones que merman nuestra economía y nuestros derechos más sagrados como la justicia, el bienestar y la libertad de expresión. Muchas cosas que nos conciernen han sido impuestas sin que digamos algo.
La sociedad civil mexicana se ha pulverizado y atomizado con el paso de los años, y las organizaciones de derechos humanos que sobreviven son atacadas por autoridades, políticos, gobernantes y ahora por el crimen organizado, situándolas en una situación tan precaria que organismos internacionales como la ONU ha solicitado al gobierno federal medidas de protección.
Frente a tal desamparo es necesario reaccionar, dejar de ver como algo cotidiano que mueran decenas de personas en las múltiples batallas que hay en el país, o que haya bombazos y ejecuciones producto de decapitaciones, mutilaciones o personas quemadas en ácido.
Hay que dejar de tomar como natural la impunidad y la incapacidad de quienes están a cargo de las instituciones de justicia y de seguridad pública. Debemos rechazar como una verdad absoluta lo que nos dicen los conductores de las televisoras que están al servicio de sus propios intereses o de los intereses de unos cuantos.
Y al mismo tiempo actuar porque tal vez hoy, más que nunca, necesitamos expresar nuestro sentir frente a esta guerra que no tiene sentido, ante esta violencia que está generando más violencia y muertes. Exigir, pues, de manera organizada, que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman sus funciones y no las dejen en manos del crimen organizado, que tiene en su poder tres cuartas partes de los municipios de todo el país.
Pero para ello primero hay que vencer el miedo, la apatía y recuperar la capacidad de asombro, además de transformar la inconformidad en acciones sociales organizadas.
La iniciativa de un buen grupo de moneros, cartonistas políticos de diversos medios, en el sentido de convocar a la gente, a otros medios y a las organizaciones sociales a sumarse a la protesta denominada "¡Basta de Sangre!" o "No + sangre" puede ser el primer paso que necesitamos para empezar a caminar el camino de la acción ciudadana, de recuperar los espacios perdidos en esta guerra y de mostrar que es en la sociedad organizada donde puede haber una esperanza de un cambio y un mejor futuro.
Atrapados sin salida
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 Sala del centro Atlampa Crédito: Gentileza de Disability Rights International | |
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El hábito de Brígido, de apellido desconocido y edad indeterminada, es golpearse contra la pared, a causa del trastorno mental que padece.
Este paciente es uno de los 365 alojados en Atlampa, que significa "cauce de agua" en lengua indígena náhuatl, fundado a comienzos de los años 70 y con capacidad para albergar solo a 300 personas.
Los internados en el CAIS, administrado por el gobierno izquierdista de la ciudad de México, comparten el común denominador de ser víctimas del abandono social, institucional y familiar.
"La situación en los centros psiquiátricos es gravísima en este país. Las condiciones higiénicas y de salud son deplorables, hay graves violaciones de derechos humanos", resumió para IPS Sofía Galván, representante para México y América Central de la organización no gubernamental estadounidense Disability Rights International (DRI).
La no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el DRI presentaron en noviembre el informe "Desaparecidos y abandonados: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México".
"Niños y adultos son internados en instituciones debido a la falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación, así como de otros apoyos, que les permitan desarrollar las habilidades que necesitan para vivir en la comunidad", cita el reporte, elaborado a partir de visitas a 20 entidades en la ciudad de México y otros cinco estados entre agosto de 2009 y septiembre pasado.
En este país con 112 millones de habitantes hay al menos 10 millones con discapacidad motriz, intelectual, auditiva y visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.
Además, la Secretaría (ministerio) de Salud Pública indica que al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental. La población de los 31 hospitales psiquiátricos estatales asciende a unos 7.000 pacientes.
La discapacidad psicosocial abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.
"Tiene que haber una capacidad de prevención y contra los estigmas, para que se pueda diagnosticar un trastorno a tiempo y dar tratamiento oportuno", planteó Gabriela Cámara, presidenta de la no gubernamental Voz Pro Salud Mental, surgida en 2001 y que imparte talleres para familias y pacientes sobre el manejo de la enfermedad.
José González, otro interno de Atlampa, se desplaza en silla de ruedas y dice que es "San José", con su mirada firme y su rostro serio. Que su movilidad funcione es una rareza, pues muchos de sus compañeros deben ser cargados.
"El cementerio de las sillas" se sitúa al fondo del amplio centro, sin que a nadie le importe repararlas.
Los habitantes de este CAIS, de los cuales operan 10 en la ciudad de México con un presupuesto de unos 11 millones de dólares, no tienen pasado ni futuro, ni parientes ni diagnósticos clínicos y están encerrados en un laberinto del cual únicamente saldrán hacia la muerte. Desde diciembre, tres hombres fallecieron en Atlampa, con funerales desiertos.
El gobierno mexicano de Felipe Calderón debió cumplir en mayo pasado con el envío de su informe sobre el estado de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2008. Pero esa entrega aún no se realiza.
Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.
Este plan consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.
La Asamblea Legislativa de la capital mexicana aprobó en diciembre la ley de Salud Mental, la primera del país que estipula la creación de un Comité de Salud Mental y una línea telefónica para atender a personas con trastornos. Pero no incluye el cierre de hospitales psiquiátricos y su sustitución por centros de apoyo que permitan a los pacientes a volver a la vida social.
En América Latina, sólo Colombia y Argentina poseen leyes similares. En países como este último y Brasil las autoridades han empezado a clausurar hospitales tradicionales y habilitar casas donde los enfermos reciben rehabilitación y pueden trabajar de nuevo.
"Los abandonados se consumen de por vida" y "muchas de las instituciones mexicanas son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces", cita el reporte, que refleja lo que sucede en Atlampa, escenas que no envidian a las vistas en películas estadounidenses como "Atrapado sin salida" (1975) y "12 monos" (1995).
"Se tiene que cambiar el modelo. Son necesarios servicios de rehabilitación eficaz para que las personas regresen a la comunidad", propuso Galván.
"Hay poca rehabilitación y reintegración. Tenemos que lograr que haya atención mental en los servicios de primer nivel, que en todos los hospitales se pueda tratar a las personas con discapacidad", planteó Cámara, uno de cuyos hermanos padece trastorno bipolar.
En Atrampa, muchos de los internos visten ropa rota y sucia, aunque en la lavandería yacen pilas de prendas. No saben lo que es el agua caliente. Lo que mejor funciona es la cocina, dotada con ollas grandes y amplias estufas que sirven para que el personal prepare comida decente.
El gimnasio y el taller, creados para la rehabilitación, están abandonados, porque nunca recibieron mantenimiento. Dos psicólogos y un médico atienden a toda la población.
El Estado mexicano viola 10 artículos de la Convención, según las dos organizaciones no gubernamentales. Luego de que México entregue su reporte, un grupo de estas entidades prepara un documento de respuesta.
Sólo 29 países han alcanzado o superado el 30 por ciento de mujeres en sus Parlamentos
Representa el 10 por ciento de las naciones del mundo
México, DF, 11 ene. 11. AmecoPress/Cimac.- Hasta la fecha, sólo 29 países han alcanzado o superado una representación del 30 por ciento de mujeres en sus parlamentos, de éstos al menos 24 usaron el sistema de cuotas de género.
A nivel mundial, las mujeres ocupan el 16 por ciento de los puestos ministeriales, de los cuales el 35 por ciento se encuentran en los sectores sociales y únicamente el 19 por ciento en las finanzas y el comercio.
Así lo revela el documento "Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio", elaborado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
El informe destaca que el aumento de la participación de las mujeres en los parlamentos de los países más pobres refleja que estos avances tienen una mayor relación con la voluntad política que con el nivel de desarrollo.
Así, por ejemplo, la ley electoral de Bolivia exige que las listas de los candidatos a la Cámara baja presenten por lo menos una mujer por cada tres candidatos hombres; y para la Cámara alta, uno de cada cuatro candidatos debe ser mujer. Gracias a esta reforma la participación de las mujeres en el parlamento aumentó de 10% en 2001 a 30% en 2010.
De acuerdo con Unifem, cuando los gobiernos locales ofrecen oportunidades para que las mujeres participen en la toma de decisiones también tienen la posibilidad de acumular conocimientos para ocupar puestos más altos.
Un ejemplo es India, un país que aumentó la representación de las mujeres en los 265 mil consejos de aldeas "panchayat", los cuales administran los servicios públicos y resuelven disputas sobre asuntos que van desde los matrimonios hasta el derecho de propiedad de la tierra.
Desde que en 1992 se enmendó la Constitución de ese país para reservar por lo menos un tercio de los escaños a las mujeres, más de un millón de mujeres han sido elegidas a los "panchayats". Posteriormente esa cuota aumentó al 50%.
En marzo de 2010 la Cámara alta del Parlamento indio votó por 186 votos a favor y uno en contra, una cuota del 30 por ciento para ser incorporada en el ámbito nacional.
Ante esto, Unifem sostiene que las cuotas han demostrado que hacen aumentar rápidamente la representación de las mujeres en la toma de decisiones corporativa y en la política.
Como sucedió en Noruega, donde en 2003 se introdujo una cuota del 40 por ciento para aumentar la representación de las mujeres en los corporativos, desde entonces, la proporción de mujeres ha aumentado más de siete veces para llegar al 44%.
El informe concluye que si se apoya la participación de las mujeres en la política local y en la organización comunitaria también se ayuda a que tomen decisiones al interior de sus familias, al tiempo que las prepara y las alienta a participar de manera más visible en sus comunidades.
Además advierte que la participación de las mujeres es esencial para tener un gobierno sensible al género. "Cuando las mujeres hacen oír sus voces, las políticas reflejan mejor sus vidas. Cuando siguen estando mal representadas, los intereses de las mujeres son ignorados constantemente".
Debido a que muchas veces las mujeres están ausentes en temas como VIH-sida, cambio climático y consolidación de la paz, temas primordiales para hacer avanzar la justicia de género y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el informe recomienda instaurar medidas para que las mujeres tengan una participación significativa si se pretende que sus voces sean oídas.
Foto: Archivo AmecoPress
Las mujeres se han convertido en factor de cambio económico
Madrid, 13 ene. 11. AmecoPress.- El International Museum of Women (I.M.O.W.), presentó su nueva exposición virtual "Económica", enfocada en Latinoamérica, con énfasis en el impacto económico que tienen las mujeres y sus experiencias especialmente en el contexto de la actual crisis económica, en México Argentina y Costa Rica.
Muestra como las mujeres están especialmente afectadas por la volatilidad económica, pero también están preparadas para ofrecer nuevas ideas económicas y soluciones que inyectarán vitalidad a sus economías locales a través de sus roles como agentes de cambio, empresarias, líderes de negocios, cuidadoras, trabajadoras e inversionistas.
Se inicia como una exposición exhaustiva mundial en el 2009, para en 2010 presentar arte, ensayos y piezas de opinión explorando como la crisis financiera está afectando las vidas de las mujeres en Latinoamérica, en primer plano las voces, experiencias y visiones para el futuro.
En el segmento de México La exposición se enfoca en el manejo de la crisis económica mundial, con especial atención a las cuestiones de la desigualdad doméstica, remesas y oportunidades de negocios.
Para el espacio dedicado a Argentina, se puso atención en la disparidad de las riquezas, la historia de los sindicatos y la crisis de la clase media.
Además de que ha sufrido dos crisis económicas en menos de una década. Por lo que respecta a Costa Rica, algunos de los temas que Costa Rica ha experimentado son el turismo sexual, la violencia doméstica y el crecimiento agrícola.
El International Museum of Women (IMOW) es un museo de cambio social. Sus exposiciones en línea de arte y multimedia educan, crean diálogo e incrementan el entendimiento intercultural y global.
Fotos: Archivo AmecoPress
Asesinan a 30 durante gobierno de Felipe Calderón
Ola de violencia atenta contra periodistas
Por la Redacción
México, DF, 12 ene 11 (CIMAC).- Defensoras del derecho a la información y especialistas en libertad de expresión manifestaron su preocupación por las constantes amenazas y agresiones contra periodistas y por las condiciones de violencia que afectan a la prensa mexicana.
En el documento "El Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico", editado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) y difundido hoy, se concluye que a las y los periodistas mexicanos los matan "casi por cualquier cosa".
El texto fue redactado por reporteras como Sanjuana Martínez y Marcela Turati; la especialista Brisa Solís, directora ejecutiva de Cencos, y Darío Ramírez, director de Artículo 19, entre otros periodistas y expertos.
Los autores coincidieron en que las y los periodistas mexicanos trabajan en condiciones de desprotección e indefensión, lo que limita el ejercicio periodístico.
De acuerdo con organizaciones civiles, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón 30 periodistas han sido asesinados, 11 en 2010, 65 durante una década y 12 más permanecen desaparecidos. Ningún caso se ha resuelto.
Para Sanjuana Martínez, los periodistas de provincia padecen la invisibilidad de la guerra entre las autoridades y el crimen organizado. "En este campo de batalla, los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua son algunos de los más peligrosos para ejercer el periodismo", afirmó.
La periodista sostuvo que investigar se ha convertido en una tarea compleja porque las fuentes de información, entre ellas la policiaca, se han cerrado. Los funcionarios se excusan en tener un bajo perfil para evitar dar entrevistas y además el acceso a datos duros es imposible, argumentó.
Advirtió que "preguntar, ver, buscar, cuestionar, puede ponerte en la mira". Así lo demuestran las recientes amenazas contra la periodista Anabel Hernández, autora del libro "Los señores del Narco", en el que documenta que el narcotráfico no podría existir sin el apoyo de políticos, banqueros y empresarios.
En diciembre de 2010, Hernández denunció haber recibido información sobre un plan instrumentado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones para atentar contra su vida, pese a ello afirmó que continuaría con su trabajo de investigación.
En este contexto, Brisa Solís apuntó que es necesario vislumbrar y analizar el problema de la libertad de expresión mediante el monitoreo y registro de agresiones contra trabajadoras y trabajadores de los medios.
La especialista señaló que la intención es que las y los periodistas denuncien estos hechos con el objetivo de salvaguardar el derecho a la información y el ejercicio periodístico.
El documento completo se puede consultar en www.hchr.org.mx.
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