Los partidos PRI y PAN eran distintos y coincidían, pero el neoliberalismo los hizo amantes
1. Escribe con razón el profesor y articulista Rodríguez Araujo: "Es un error decir que si el PRI gana la Presidencia de la República sería como regresar a los nefastos tiempos del pasado. Esto es un invento de ignorantes o de quienes quieren convertir al PRI en el petate del muerto para justificar sus intentos de aliarse con el Partido Acción Nacional que, por cierto, está en su peor momento desde que se apropió la Presidencia de la República". Estoy de acuerdo en que tramposamente se creado un espantajo, así como con los juicios del profesor Rodríguez en el sentido de que el PRI y el PAN no son los mismos porque uno es heredero de la Revolución y del llamado "nacionalismo revolucionario" y el otro (el PAN) nació para combatir las nacionalizaciones, al Estado, así como para defender la propiedad privada y la iglesia católica. Sin embargo en 1982, con la implantación del neoliberalismo, el PRI y el PAN se hermanan y unen estrechamente en la derecha.
2. A principios de los sesenta, cuando el priísta López Mateos inició su gobierno (1958-64) -a pesar de la brutal represión que desató contra los obreros ferrocarrileros y los maestros othonistas- veíamos desde la izquierda a un PRI "nacionalista" que "repartía tierras", apoyaba totalmente la escuela pública, tenía en buenas condiciones al IMSS y recién fundaba el ISSSTE (1960); fue el único que no votó contra Cuba en la OEA y, sin ser títere- tenía una relación de asociación y competencia frente al gobierno de los EEUU. Luego vendrían los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, también del PRI, que continuaron más o menos con la misma línea "nacionalista" e internacional, a pesar de ser responsables de la represión de 1968, 1971, al movimiento obrero y campesino. Se decía entonces "luz en la calle y oscuridad en la casa", pero México tenía entonces mucha presencia exterior y, a pesar de las devaluaciones, la inversión social fue alta.
3. Desde los cientos de grupos y pequeños partidos de la izquierda radical combatimos siempre a los gobiernos del PRI, sobre todo por la represión que desataban contra el movimiento obrero, campesino y estudiantil. Del PAN nunca supimos nada ni nos preocupó porque era poco menos que inexistente en el país, sus posiciones eran totalmente derechistas, empresariales y clericales. Vivía -como un partido de presión- de los subsidios que recibía del gobierno y de las donaciones de empresarios. Llegó a obtener en cada trienio dos o tres diputados, hasta alcanzar 20 de aquellos "de partido" que el gobierno regalaba al PAN, PPS y PARM. De ser fundado en 1939, tuvo que pasar más de 45 años para que con la implantación del neoliberalismo y la presencia de Carlos Salinas, el PAN obtuviera su primera gubernatura, algunos diputados más, así como presidencias municipales. Nunca estuvo en alguna lucha obrera, campesina o estudiantil.
4. Hasta 1982 se consideró al PRI como un partido de "Centro" que supo jugar muy bien, incluso manipular, a las organizaciones electorales de derechistas, por un lado, y de centro izquierda por otro: unas veces apoyaba a Cuba y criticaba fuerte a los EEUU y otras veces hacía lo contrario; unas veces aprobaba ayudas a los campesinos y obreros y en otras ocasiones los reprimía. Más aún, algunos estudiosos de la izquierda europea y de los EEUU decían no comprender el régimen político mexicano que, a pesar de ser gobernado durante 50 años por un partido, seguía hablando de revolución viva, de revolución hacia adelante, libertad, justicia y democracia. La realidad es que Brasil, México y Argentina eran los países con más presencia política en América por las posiciones de relativa independencia que mantenían frente a los EEUU. El endeudamiento, la migración, el desempleo, el trabajo informal estaban presentes, pero no tan extendida.
5. El año de 1982 fue determinante en el cambio de la economía, de la política, de la dependencia hacia los EEUU. La economía mexicana se desplomó al finalizar el gobierno de López Portillo, asumió el gobierno De la Madrid con todo el apoyo y las exigencias del FMI y del gobierno yanqui. Desde entonces –después de firmarse la "carta de intención"- ningún plan económico, distribución del presupuesto, aplicación de gastos sociales y demás ha podido hacer el gobierno mexicano sin la intervención del FMI y de los EEUU. En 1982 quedamos totalmente atados –con nuestra firma- a la vigilancia de EEUU y a sus exigencias de privatización y adelgazamiento del Estado. En política el gobierno mexicano se vio obligado a un total alineamiento a las políticas de los EEUU en México, América y en el mundo. Nuestro país no solo dejó de ser un hermano importante en América Latina sino que es considerado un simple instrumento de EEUU.
6. Los gobiernos sexenales panistas de Fox y Calderón (2000-2012) fueron o han sido la continuidad de los gobiernos priístas de De la Madrid, Salinas y Zedillo (1982-2000), y no pudo ser de otra manera puesto que ambos partidos políticos obedecen a la misma ideología e intereses. Las historias del PRI y del PAN, que en décadas pasadas tuvieron diferencias marcadas entre "nacionalistas" y "liberales", quedaron atrás porque las ideologías y prácticas de esos partidos se identificaron plenamente con la implantación del neoliberalismo en 1982. ¿Cómo entonces se puede apoyar al PAN o al PRI si durante sus respectivos gobiernos sólo apoyaron el mayor enriquecimiento de los grandes empresarios y el de ellos mismos? ¿Cómo apoyarlos si durante todas esas décadas de dominación de esos partidos la población se hizo más pobre y miserable? Así que no nos dejemos engañar y ser victimas de sus manipulaciones.
http://pedroecheverriav.wordpress.com
La involución educativa
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si una sociedad en lugar de crecer y desarrollarse puede llegar a involucionar, en México encontramos pruebas de esta grave tendencia. El ámbito más demostrativo es inverosímil: la SEP. La acumulación de acontecimientos que se derivan de las decisiones que toman los funcionarios y otros personeros enquistados en este aparato, y el daño descomunal que están haciendo en la vida de millones de niños y jóvenes del país, dan como para hacerles un juicio político por estar propiciando la violación del derecho humano fundamental a la educación.
En el lodazal en que actualmente se pelean la lideresa del SNTE, sus antiguos adoradores, los dirigentes de su partido, sus familiares cercanos, sus otrora aliados y hasta Felipe Calderón, quien vergonzosamente ha tenido que salir a confirmar negociaciones de puestos administrativos en el ISSSTE y en la SEP como si se tratara de posiciones ínfimas y no de cargos que requieren liderazgo, conocimientos amplísimos del sector y, sobre todo, la mayor honestidad, pues se trata de educación y de salud, sobran las demostraciones de la decadencia en que han sumido al sistema educativo.
Tan sólo en este sexenio (pena debería de darle a Calderón Hinojosa asumir que alcanzó el título de "presidente de la educación"): El analfabetismo de la población adulta se ha mantenido sin cambios significativos pese a que éstos pueden representar oportunidades de superación social y personal; el contenido de los libros de texto fue impugnado por diversos sectores de la sociedad y por expertos en distintos campos, debido a mutilaciones, falta de coherencia y errores descomunales en la información que se ofrece; los fraudes que han acompañado las pruebas aplicadas al magisterio para el otorgamiento de plazas encubren la precariedad del trabajo docente en todo el país, así como la falta de preparación, actualización y formación integral de los maestros; la inoperancia de las pruebas que se aplican de forma intermitente en la educación básica, media y media superior, pues los alumnos alcanzan bajos niveles, como ocurre con las correspondientes de profesores y directivos, aunque son aún más elocuentes los mínimos resultados obtenidos durante años en la aplicación de las pruebas internacionales.
Asimismo, se propuso primero modificar la currícula de algunos grados de primaria, luego de la secundaria y más tarde del bachillerato, para terminar con una reforma de supuesta articulación que, basada en estándares y competencias, aparece como un parche enorme frente a las irracionalidades con las que se han tomado las decisiones educativas en los últimos cinco años. Como agregado a lo anterior y a muchas arbitrariedades e incongruencias más, debe decirse que la SEP es una entidad por donde pasan millones de pesos que alimentan los bolsillos de "comisionados sindicales", aviadores y burócratas inútiles que sobreviven gracias a sus ineptitudes.
Para alcanzar este altísimo nivel de decadencia educativa, Calderón, Gordillo, Yunes y todos sus secuaces negociaron desde el inicio del actual sexenio cargos para sus congéneres y asociados, como si la SEP fuera una empresa que hace salchichas en serie (por ello lo de los estándares de calidad que buscan alcanzar) y no fueran importantes el aprendizaje, la salud, la alimentación, el futuro de los que educan y los que están en el proceso de adquirir capacidades nuevas, creatividad y conocimientos.
Es verdaderamente increíble para cualquier educador conocer de estas realidades que rayan en la frivolidad y exhiben la degradación de un régimen político que no reconoce la importancia que tiene una buena educación para todos y que, por lo mismo, causa desgracias y daños iguales o peores a los de un terremoto, una guerra o una pandemia. Ni más ni menos.
Fuero de guerra acotado
Eduardo Ibarra Aguirre
Bajo el titulo Desaparecer el fuero de guerra, se anunció en la portada de la revista Forum (número 65, abril de 1998) la columna Reflexiones desde la prisión militar, mientras en la víspera el autor José Francisco Gallardo fue sometido a una farsa llamada consejo de guerra, realizado del 20 de febrero al 11 de marzo, del que resultó sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión, de un total de casi 29 años.
A partir de entonces y hasta el 12 de julio pasado, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la trascendente decisión de acotar el fuero de guerra --por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los militares que violen las garantías fundamentales de los civiles sean juzgados en tribunales semejantes--, se brega en las organizaciones de la sociedad civil y política, en el debate de las ideas, por abolir un fuero que, como su nombre lo indica, sólo debe existir en tiempos de guerra.
Como argumentó el general Gallardo en su planteamiento periodístico, con todo y tener encima la espada de la injusticia castrense: "… a través de este fuero militar el alto mando en una errónea interpretación se arroga funciones supraconstitucionales que rompen el orden institucional y fomentan la impunidad, es decir, la práctica del delito bajo la sombra del poder, acto que desde la vida independiente del país ha permanecido incólume; de esta forma, lejos de que el Ejército auspicie el desarrollo y la convivencia social y pacífica de los actores políticos del país, se convierte en un ancla para la democratización de México". Páginas 8-10 y con la siguiente liga o vínculo: http://www.forumenlinea.com/historicos/1998/065.pdf
La cita permite poner en relieve la magnitud de la tarea democratizadora del Estado aún pendiente, pero de ninguna manera es para regatear el alcance de la decisión unánime de los 10 ministros presentes, con todo y que la motivación proviene de la Corte Interamericana por el caso Rosendo Radilla Pacheco, el dirigente campesino guerrerense detenido por integrantes del Ejército el 25 de agosto de 1974, y que 37 años después gana una batalla que quizá ni siquiera soñó, pero que también la hicieron posible Tita Radilla y los familiares de las 437 víctimas, documentadas, de desaparición forzada.
La SCJN otorgó facultades a los tribunales para que analicen e interpreten en casos concretos las leyes que aplican para que las sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales. Concluyen, así, 70 años de monopolio de la Suprema Corte al respecto.
La torpe respuesta conjunta de las secretarías de Gobernación, Defensa y Marina de que el gobierno federal "reitera su respeto a los criterios orientadores (sic) formulados por el máximo tribunal", los exhibe pillados con las manos en la puerta. Por si no fuera suficiente lo anterior, presumen que "el único delito" para el que se retiró el fuero castrense "tiene que ver con los derechos humanos".
En tanto que altos mandos castrenses cabildean y hasta presionan a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso para que acelere la aprobación de una ley en la materia, que legitime la anticonstitucional intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por decisión autocrática de su comandante supremo que ensangrentó a buena parte del país.
El ministro Arturo Zaldívar fue muy claridoso para que generales y almirantes comprendan la tarea que realizó la SCJN y el papel que le tocó desempeñar: "… no porque nosotros lo decidamos, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y nos vincula". No se enojen, pues.
Acuse de recibo
Guerra, cifras y realidad (13-VII-11), es para el doctor Octavio Rodríguez Araujo "muy buena nota, como siempre. Ésta es muy elocuente"… Apoyándose en Norberto Bobbio, Esperanza Falcón concluye sobre el mismo texto: "Por tanto, podemos seguir aspirando a la búsqueda y consolidación de una democracia ideal que permita eliminar el poder invisible en el que se ejercen actos de corrupción"... El columnista Héctor Murillo Cruz escribió, el domingo 10 en el diario Unomásuno y en el periódico Voces del Periodista –del Club de Periodistas de México--, lo siguiente: "Diversos gobiernos sexenales intentaron frenar el enorme gasto, pero fue hasta el gobierno del presidente Vicente Fox cuando el secretario de Gobernación, Santiago Creel, expidió en 2003, un acuerdo que controla los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal, el asunto quedó en manos de la Dirección General de Normatividad de Comunicación, a cargo entonces de la escritora Fátima Fernández Christlieb, amiga personal, quien prefirió renunciar ante la flojedad del secretario Creel, y después se iniciaron restricciones que hoy afectan a revistas críticas, entre las cuales figura Forum, que hubo de transformarse en una publicación vía internet (Forum en Línea) muy exitosa. Felicitamos al director Eduardo Ibarra".
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UNA DE CAL DE LA CORTE
José Enrique González Ruiz
La política es el arte de impedir a la gente
inmiscuirse en lo que le compete.
Paul Valéry.
La interpretación castrense del fuero de guerra
La Constitución sigue normando con sabiduría lo relativo al fuero de guerra. Su artículo 13 dispone que es el único que "subsiste", lo que quiere decir que los otros privilegios forales (el eclesiástico, el universitario y el de la nobleza) desaparecieron. También dice que sólo sobrevive para los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. El término "estrictamente" indica la voluntad del constituyente de establecerlo como un caso de excepción. Y cuando dijo que sólo se aplica en cuestiones referidas a la disciplina castrense, lo acotó por tercera ocasión.
Pero los factores reales de poder saben manipular los textos jurídicos y a darles alcances que no tienen, pero que a ellos les resultan convenientes. Por eso, el artículo 57 del Código de Justicia Militar hizo más ancho el traje, es decir, el fuero: lo amplió a los casos en que los miembros de las fuerzas armadas realicen actos de servicio. Con ello, lo extendió a delitos del orden común, como las violaciones cometidas por soldados en contra de mujeres indígenas, o los homicidios contra personas que no se detienen en un retén.
La evidente anticonstitucionalidad de dicho artículo 57 fue advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al dictar sentencia en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, determinó que había que armonizar ese texto (lo mismo que el artículo 215 del Código Penal Federal) con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Con ello, se abrió la posibilidad de que jueces de jurisdicción civil (no militar) enjuicie a los militares por delitos cometidos contra lo que la Carta de Querétaro llama "paisanos".
Aunque todo el mundo sabía que el artículo 57 del Código de Justicia Militar era contrario a los preceptos constitucionales, ningún juez de nuestro país se atrevió a decirlo en todos los años en que éste ha regido. Incluso la Fiscalía Especial que creó Vicente Fox para los hechos del pasado (o sea para los temas de la Guerra Sucia) tuvo miedo de consignar ante jueces no castrenses y envió algunos casos de lesa humanidad a la justicia militar.
Las fuerzas armadas están muy cómodas con el fuero ampliado que ellas mismas han impuesto. Aunque ahora parece que eso terminó, debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada el 12 de julio del 2011.
Una de cal por muchas que van de arena
La Suprema Corte mexicana no se caracteriza por actuar con sensibilidad en temas de Derechos Humanos; más bien por lo contrario. Sus decisiones han favorecido casi siempre la impunidad de los detentadores del poder. Y su ejemplo permea al resto de los órganos de aplicación de justicia.
No tenemos la fortuna de ver en prisión a ninguno de los perpetradores de graves violaciones a Derechos Humanos, precisamente porque desde el aparato del Estado, incluyendo los tribunales, se les ha protegido.
Por eso es importante que la Corte Interamericana haya forzado a la de nuestro país a determinar que los soldados pueden ser juzgados por tribunales civiles (no en el sentido de materia, sino en el de contrario a lo militar), cuando se trata de conculcación de derechos fundamentales. Es un tema positivo en medio de los muchos negativos a cuenta de la Corte nacional. Constituye un revés a la pretensión de los castrenses de actuar sin someterse a las leyes generales del país.
Aunque no hay que adelantar vísperas. Las numerosas muestras de jolgorio deben ser atemperadas, pues falta ver en qué se traduce la determinación que tomó el tribunal que en lo formal es el más importante de México. Todavía faltan que baje a la realidad.
Apuntamos algunas interrogantes:
1.- ¿Se aplicará a los casos de nuestro doloroso pasado o de nuevo intentarán que sólo sea aplicable a futuro? Porque si es esto último, los fantasmas seguirán en el ropero.
2.- ¿El criterio de que los jueces civiles deben conocer los delitos cometidos por militares, cuando no se trate estrictamente de asuntos relacionados con la disciplina militar, será obligatorio para todos los jueces del país? Porque el boletín del gobierno federal calificó esa decisión de la Corte como "orientadora" y no como jurídicamente vinculante. Y ya se sabe que el Poder Judicial es anuente a la consigna del Ejecutivo.
3.- ¿Veremos en prisión, purgando sus penas, a los generales que han pisoteado derechos humanos o presenciaremos farsas como la del juicio a Mario Arturo Acosta Chaparro?
Sí avanzamos un poco, pero el camino es largo.
El desafío de una ensalada sana
Por Emilio Godoy
 |  Venta de verduras en el mercado de San Juan Chamula, Chiapas. Crédito: Mauricio Ramos/IPS |
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La sanidad alimentaria abarca desde "cómo se producen, se distribuyen, se comercializan y se consumen los alimentos", dijo a Tierramérica la coordinadora de campañas de incidencia de la filial mexicana de Oxfam, Dolores Rojas, una organización no gubernamental internacional dedicada a promover el desarrollo.
"Se ha dado prioridad a un sistema que produce de una forma tal que agota los recursos, que apunta a tener las máximas ganancias en el menor tiempo", describió Rojas.
El consumo de tomates y de chiles –pimientos jalapeños y serranos provenientes de una granja mexicana– enfermó de salmonelosis en 2008 a unas 1.500 personas y mató a dos en Estados Unidos, detalla la investigación "2008 Outbreak of Salmonella Saintpaul Infections Associated with Raw Produce" (Brote de infecciones por salmonella Saintpaul de 2008 asociado a alimentos crudos).
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) investigó dos granjas hortícolas mexicanas que abastecían de pimientos a una empresa empacadora y aisló la cepa de la bacteria contaminante en muestras de agua de uso agrícola y en chiles serranos cultivados entre mediados de abril y junio de 2008, el lapso de aparición del brote.
Se necesita entender "los mecanismos y ambientes que pueden llevar a una contaminación del producto en las granjas, y la instauración de medidas de control adicionales desde la fuente a lo largo de la cadena de suministro son críticos para prevenir brotes similares", concluyó el estudio.
La salmonelosis es una dolencia intestinal que se encuentra entre las infecciones más importantes de Estados Unidos y México. En este país latinoamericano de más de 107 millones de habitantes se registran unos 68.000 casos por año, indica la Secretaría (ministerio) de Salud Pública.
Entre las miles de cepas patógenas e inocuas del género Salmonella, los serotipos más frecuentes en humanos son S. enteritidis, S. typhimurium y S. heidelberg, que causan desde salmonelosis entérica hasta tifus y paratifus.
Los síntomas de la salmonelosis son diarreas, dolores abdominales, vómitos y náuseas, y el padecimiento puede ser letal si no es tratado a tiempo.
La investigación "Prevalence of Salmonella in Vegetables from Mexico" (Prevalencia de la salmonela en verduras de México), conducida por especialistas del departamento de microbiología del estatal Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del de biotecnología de la también estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), corroboraron la presencia del bacilo en productos agrícolas.
El estudio, publicado en junio de 2009 en la revista estadounidense Journal of Food Protection, se basó en un centenar de muestras de 17 vegetales diferentes, analizados durante 18 meses.
"Hay un problema serio en toda la cadena, que no puede evitar la contaminación. Hay que ir a la fuente y controlar cada etapa de la cadena", dijeron a Tierramérica los autores del trabajo.
En mayo apareció en Alemania una epidemia de síndrome urémico hemolítico causada por un nuevo serotipo de la bacteria Escherichia coli. Las autoridades de ese país atribuyeron el problema a la ingesta de brotes de soja y alfalfa. La infección se expandió por varias naciones europeas y Estados Unidos, dejando por lo menos 45 muertos y más de 3.800 enfermos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2000 se produjo un brote de salmonelosis en Estados Unidos, atribuido a melón mexicano. Desde 2006 se han registrado varias reapariciones de la enfermedad, asociadas a productos como mantequilla de maní, alfalfa, tomate y ajíes jalapeños.
"El gobierno mexicano no se ha puesto más exigente en que los productores, primero los grandes, se certifiquen", dijo a Tierramérica el consultor de la organización privada GLOBALG.A.P (siglas en inglés de Buenas Prácticas Agrícolas – Global), Emmanuel Tovar.
Las certificaciones "son opcionales y se aplican si los compradores, como los centros de distribución, las solicitan. Los sistemas deben abarcar toda la cadena y todos los aspectos de la producción", añadió.
Con sede en la occidental ciudad alemana de Colonia, GLOBALG.A.P promueve la adopción de normas voluntarias para la certificación de productos agrícolas. México homologó esos estándares, pero sólo para el sector exportador y para nichos específicos, como los cultivos orgánicos.
En 1998 nació México Calidad Suprema, asociación que aglutina a cosechadores, empacadores y el gobierno para aplicar la certificación de la marca homónima. La meta de este año es calificar a 350 empresas, llegando a 761 desde su instauración, y abarcar así a 31.000 productores.
México es parte de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés), promotora de estándares para la producción agrícola, que de momento aplica un proyecto piloto en este país.
Pero estos siguen siendo esfuerzos aislados.
Para Tovar, el problema es que "no se reporta cuál pudo ser el agente causante de una enfermedad, no existe un mapa de riesgos bien definido".
"Demandamos que el sistema alimentario sea visto como un todo", que debe "obedecer a las necesidades de alimentación y culturales de la población. En la producción tendría que darse más apoyo y énfasis a la producción campesina de pequeña escala e impulsarse tecnologías adecuadas", de modo que haya "alimentos donde se concentra la mayor pobreza, y privilegiarse los mercados locales", planteó Rojas.
En 2009, la FDA abrió una oficina en México para ampliar la inspección sanitaria de alimentos antes de que ingresen al mercado estadounidense.
Los resultados que hallaron los académicos del IPN y la UAM indican "que vegetales crudos o mínimamente procesados pueden estar contaminados con salmonela, provocando infección directa en consumidores o la contaminación cruzada de otros alimentos". Esas verduras "pueden representar un severo riesgo sanitario para el consumidor mexicano".
"Los controles agrícolas no funcionan completamente. Vender alimentos inocuos es buen negocio, pero la industria no lo ha comprendido", indicaron a Tierramérica los autores del estudio.
* Este artículo fue publicado originalmente el 9 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
"El impacto de Wikileaks se percibirá en algunos años"
Clarinha Glock entrevista al portavoz de Wikileaks, KRISTINN HRAFNSSON
|  Kristinn Hrafnsson junto a Natalia Viana, de Pública Crédito: Clarinha Glock/IPS |
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Fue en 2009, mientras Hrafnsson y otros periodistas islandeses sentían el bloqueo a su intento de obtener y divulgar noticias sobre los "banksters" (gánsteres bancarios) y el colapso económico provocado en el sector, cuando recibió la primera comunicación de esta organización mediática trasnacional sin fines de lucro, cuyo propósito es hacer públicos documentos confidenciales de empresas y gobiernos.
Wikileaks y su principal figura y fundador, el australiano Julian Assange, divulgaron entonces una lista de todos los involucrados en el escándalo de los bancos islandeses, "un tremendo esquema de fraude", recuerda Hrafnsson.
"Se produjo un despertar de los periodistas de Islandia, y nadie dudó de la importancia de lo que estaba haciendo Wikileaks", dice.
Para Hrafnsson, más allá del impacto inicial de algunas revelaciones, los efectos reales de Wikileaks sólo se podrán evaluar dentro de algunos años. Eso fue lo que dijo a IPS a su paso por Brasil, donde participó del Sexto Congreso Internacional de Periodismo Investigativo, celebrado del 30 de junio al 2 de julio en la sureña ciudad de São Paulo por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo.
Allí Hrafnsson anunció la divulgación de casi 3.000 documentos de la diplomacia estadounidense referentes a este país. Entre ellos, 63 despachos del Departamento de Estado (cancillería) dirigidos a sus diplomáticos destacados en Brasil, y 2.919 telegramas enviados a Washington entre 2002 y 2010 procedentes de la embajada en Brasilia y de los consulados en São Paulo, en la sudoriental Río de Janeiro y en la nororiental Recife.
Publicados el lunes 11 de julio en el sitio de Wikileaks y desde junio en el portal de su asociada en Brasil, la agencia de periodismo investigativo Pública, estos documentos forman parte del paquete de 251.287 cables estadounidenses filtrados que Wikileaks empezó a divulgar el 28 de noviembre del año pasado.
Wikileaks "desafió a los medios tradicionales e hizo más audaces a los periodistas, que volvieron a hacer preguntas difíciles", dijo Hrafnsson en su exposición. Por primera vez en muchos años distintos medios de comunicación trabajaron en forma colaborativa, recibiendo y retransmitiendo las noticias. Ya hay más de 70 medios analizando estos documentos, dijo.
Terminada su presentación, Hrafnsson respondió estas preguntas de IPS:
IPS: ¿Cómo medir el impacto de la divulgación de documentos confidenciales en distintos países?
KRISTINN HRAFNSSON: Siempre supe que el material que tenía entre manos causaría un gran efecto. Era difícil decir de qué tipo, cómo se materializaría, pero fue extremadamente importante ver que la información que lanzamos tuvo una repercusión dramática en lo que estaba pasando en Medio Oriente con la Primavera Árabe.
Cuando el material se hizo sentir en Túnez a inicios de diciembre, el presidente de ese país (Zine El Abidine Ben Ali) comandaba (desde 1987) un régimen muy corrupto. Eso no era sorpresa para nadie en Túnez, ya estaban indignados con la ausencia de libertad y los problemas económicos, mientras el régimen corrupto vivía en el lujo.
Pero el alcance de esa corrupción y del nepotismo expuesto en los cables alimentó todavía más al público y le dio coraje para salir a la calle. Y también causó impacto, en mi opinión, porque (los ciudadanos) lo advirtieron en la perspectiva ajena, en un informe detallado enviado por el Departamento de Estado. "¡Entonces ellos saben qué tipo de dictador tenemos! ¡Y aun así lo financian!", pensaron.
Lo mismo se aplica a Hosni Mubarak (1981-2011) en Egipto, acusado de ordenar torturas en las prisiones de su país.
No es que Wikileaks provocó la revolución de Túnez, lejos de eso. Lo que la provocó fue el acto de un universitario que se prendió fuego como protesta y murió el 4 de enero. Diez días después cayó el gobierno.
Pero existe otro hecho: cuando esta gente se unió, dejó de sentir miedo. Se organizaron en redes sociales, fue la primera revolución por Internet. Y eso se propagó a Egipto, Yemen y Siria. Por tanto, vemos resultados en todos esos lugares. Es frecuente que se los subestime, pese a que son tan importantes como la caída del Muro de Berlín. Estamos presenciando un cambio fundamental en el mundo árabe.
Y no son los fundamentalistas islámicos los que lo están promoviendo, ni los comunistas. No tiene nada que ver con las ideologías a las que todos temían. Tiene que ver con los derechos fundamentales básicos de libertad, es por eso que la gente está luchando. Quieren bienestar económico, una parte de la riqueza del país, y libertad de expresión, de reunión. ¡Quieren democracia!
IPS: ¿De algún modo Wikileaks les proporcionó apoyo para que perseveraran en sus revoluciones?
KH: Absolutamente. También lo vimos en Egipto cuando Estados Unidos quiso intervenir en sus asuntos internos. El entonces presidente Mubarak estaba en situación muy delicada y Estados Unidos presionó para la selección de un sustituto. Nosotros publicamos un comunicado afirmando que se trataba del mismo engranaje de control del país.
IPS: ¿Cómo se da la participación de Wikileaks en este proceso de cambios?
KH: Sobre todo mediante el concepto general de dar a la gente información a la que tiene derecho, los registros históricos, lo que es esencial. Estamos desmitificando los procedimientos diplomáticos. Y estamos dando detalles de una guerra que se lleva a cabo en secreto.
Hasta ahora, lo único que conseguíamos arrancar de estas guerras era un periodismo apático. Ahora es diferente. Estamos alentando un nuevo ideal.
Espero que beneficiar a la gente de esa región, como de otras, pueda generar cambios. No puedo dar ejemplos individuales, es difícil establecer una relación de causa-consecuencia. No voy tan lejos.
Pero, de un modo general, los efectos se ven: cambian los sentimientos, la manera de percibir los hechos. Y, de muchos modos, sólo vamos a tener una idea de este impacto dentro de algunos años, cuando nos demos cuenta de lo que nos proporcionó Wikileaks.
Es más fácil sentirlo que colocarlo con exactitud en blanco y negro.(FIN/2011)
Por una política pública de comunicación y género
Por Sandra Chaher | 13.7.2011
La firma del Decreto 936, que prohíbe los avisos de prostitución en los medios de comunicación, despertó una polémica sobre las políticas públicas –o la falta de ellas- en torno a la trata de personas y sobre la pertinencia de la prohibición en el caso de considerarse a la prostitución un trabajo. Sin embargo, no fue visto como un gesto de política pública en comunicación y género.
En el acto en el que anunció la firma del decreto, la presidenta Cristina Fernández destacó los dos aspectos centrales del mismo: la lucha contra la trata de personas (80% de las cuales son mujeres, y 79% de las cuales son tratadas con fines de explotación sexual, según la Organización de las Naciones Unidas) y contra la discriminación y humillación de las mujeres. Como la trata de mujeres es un problema urgente y calentísimo de la agenda feminista y de la agenda pública, el primero de los ejes enunciado por la presidenta fue el que más recepción tuvo, sobre todo por el debate en torno a la actual Ley de Trata, por los cuestionamientos hacia la política gubernamental sobre el tema, y por la resistencia de las trabajadoras sexuales organizadas.
El segundo aspecto del enunciado presidencial quedó más relegado y sin embargo no es menos importante. Suele decirse muchas veces que los aspectos simbólicos son secundarios a los materiales en las luchas sociales. Quienes trabajamos con el imaginario colectivo, decimos que la puja por el sentido simbólico debe ir de la mano con las demás.
En 1995, durante la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, las personas que allí debatieron cómo lograr la igualdad social y disminuir la discriminación hacia las mujeres, valoraron a los medios de comunicación como una de las doce áreas prioritarias de incidencia y necesidad de política pública. En Beijing se plantearon dos objetivos que aún siguen vigentes e incumplidos: la necesidad de eliminar las imágenes estereotipadas y sexistas de las mujeres en los medios y la importancia de que las mujeres ocupemos espacios en los medios de comunicación como hacedoras, sobre todo en los cargos directivos a los que tanto nos cuesta llegar.
En Argentina, estas propuestas no se habían hecho carne más que en la sociedad civil. Desde los organismos gubernamentales no hubo a fines de los '90 ni en la primera década de este siglo propuestas tendientes a reequilibrar las situaciones de discriminación en los medios ni en sus emisiones.
El primer gesto en este sentido se dio con la sanción, en marzo del 2009, de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones personales –conocida como Ley de Violencia de Género- en la que se define la violencia simbólica y a la violencia mediática como una de sus formas de manifestación. Esta figura jurídica habilitó, por ejemplo, que en el marco del Observatorio de Violencia del Consejo Nacional de las Mujeres, se firmara un acuerdo con la Universidad de Quilmes para analizar los contenidos sexistas y la violencia simbólica en las pautas publicitarias que ya está dando resultados.
En octubre del 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –conocida como Ley de Medios- se dio un paso más al ser posible la sanción de los contenidos sexistas en la radio y televisión a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo que debe implementar el cumplimiento de la Ley de Medios. En el marco del cruce de ambas leyes, AFSCA inició, por ejemplo, en el 2010 un expediente contra Showmatch (ver Por un mejor trato hacia las mujeres en los medios).
La reciente firma del Decreto 936 da un paso más en esta línea de reconocimiento del valor simbólico de la violencia hacia las mujeres y su aporte en la perpetuación del sexismo. En una sociedad que no discriminara a las mujeres en el lenguaje, en las canciones, en los chistes, en los medios de comunicación y en la construcción ficcional, difícilmente habría violencia física y feminicidios. La violencia de género requiere de una condición fundamental para reproducirse: la naturalización y el consenso social. Y éste no se da sin una construcción simbólica que apoye esa violencia.
Las mujeres que aparecen –o aparecían- desnudas o semidesnudas en los avisos que ofertan prostitución son reducidas a la venta y exposición de un solo aspecto de ellas mismas: los atributos corporales y sexuales. Y aunque el aviso no lo diga, hay un acuerdo tácito de que esta cosificación, que ya es violencia, habilita que la misma se manifieste en forma física porque justamente alguien que sólo vale por su cuerpo no es mucha cosa.
Saludamos entonces la firma del decreto 936 en la confianza de que en el futuro sea parte de una política pública integral de comunicación y género que bregue por la ausencia de sexismo en los medios y la construcción de imágenes más igualitarias de mujeres y varones.
La esposa del guerrillero
Hay muchas hipótesis del doble homicidio de las hermanas Reyna e Isabel Anaya, esta última viuda de Lucio Cabañas. Su hija Micaela asegura que no se irá del pueblo hasta que se esclarezca el crimen
El estado de Guerrero no había trascendido aún los estragos de la "guerra sucia" cuando todo su territorio fue sumergido en las peores consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. En ese impasse de cuentas pendientes, presentes y pasadas, la viuda de Lucio Cabañas, Isabel Anaya Nava, y su hermana Reyna fueron acribilladas en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, cuando salían de vender alimentos en un templo cristiano.
Los testigos del crimen relataron que era alrededor de la una de la tarde, ese domingo tres de julio, cuando Isabel, de 54, y Reyna, de 57, fueron acribilladas por unos hombres que viajaban en un auto. Una vez abatidas, los agresores bajaron del vehículo y se llevaron los celulares de las mujeres. Ese mismo domingo, a las nueve de la noche, Micaela Cabañas Anaya, hija de Isabel y del legendario fundador del Partido de los Pobres (PdlP), Lucio Cabañas Barrientos, recibió una amenaza de muerte desde el celular de su madre.
LA MEMORIA
Isabel Anaya tenía 13 años cuando conoció a Lucio Cabañas, quien le llevaba 20 años y ya era una leyenda en Guerrero. Se fue con él a la guerrilla a finales de 1973. En marzo de 1974 dejó las filas y bajó de la sierra. Estaba embarazada.
Algunas cartas que Isabel firmó como "Carmela" (uno de sus alias como guerrillera) relatan las tristezas que sufrió lejos de Lucio (alias Miguel) mientras esperaba la llegada de su hija.
Las cartas están recopiladas en el libro Lucio, el guerrillero sin esperanza, de Luis Suárez. "Cariñito mío, vida mía", son las expresiones con las que Isabel llama a Lucio, a quien extraña "muchísimo" mientras vive con su suegra en la zonas aledañas de Acapulco. Se queja del calor y de las molestias del embarazo. Le pide permiso para irse a vivir con su mamá en cuanto nazca su bebé, y relata la ilusión que le causa el futuro nacimiento de quien sería la única hija de Cabañas. "Ese niño que tú y yo vamos a querer mucho como el tesoro más grande del mundo que tengamos en vida", escribe.
En el mismo libro, Luis Suárez refiere que el diario de combate del guerrillero, fundador del PdlP, estaba plagado de las iniciales IAN, Isabel Anaya Nava, esparcidas junto a las cuentas y los pendientes del día a día en la fila guerrillera, tal como dibujaría un chico de secundaria en su cuaderno escolar.
"Cariñito mío, ya quisiera estar allá contigo porque ya no aguanto las ganas de estarnos abrazados y de besarte mucho, pero ya sé que me tengo que esperar otro poquito. Pero ese poquito se me hace un año. Tú sabes que yo te quiero mucho como yo sé que tú a mí", escribe Isabel en la última de las cartas recopiladas, fechada el 14 de junio de 1974.
Ella nunca lo volvió a ver. Junto con la familia de Lucio fue aprehendida en noviembre de 1974, dos meses después de que naciera su hija Micaela. Él murió en combate el dos de diciembre del mismo año. Isabel pasó alrededor de dos años y medio en las prisiones clandestinas del Campo Militar Número Uno. "Ahí aprendí a caminar", relata Micaela, en breve entrevista telefónica desde su pueblo de Xaltianguis, a unos días de haber enterrado a su madre y a su tía. "Gracias a Dios yo no me acuerdo. Pero me cuentan que la primera noche que pasé fuera del Campo Militar estuve llorando. Quería regresar a mi casa, y el campo (militar) era la única casa que yo conocía".
El paso de Isabel por las filas guerrilleras fue de unos cuantos meses. Los pagó con dos años en el Campo Militar Número Uno. Conoció a estudiantes, guerrilleros, activistas y simples simpatizantes. También a torturadores, judiciales y militares: en su momento reveló que fue torturada personalmente por Mario Arturo Acosta Chaparro, quien le exigía que le dijera el paradero de Lucio.
A mediados de 1976 Isabel fue puesta en libertad con la condición de que jamás haría públicas ni denunciaría las cosas que atestiguó y vivió. A partir de allí procuró tener un bajo perfil. Sostuvo otra relación y tuvo más hijos. En los siguientes años se mudó de ciudad en ciudad: "Dormir en un lado, amanecer en otro... yo estas cosas, sinceramente, no las recuerdo, pero ella me contaba", dice Micaela. Le cambió el apellido a su primogénita en varias ocasiones, por miedo a que sufriera alguna agresión por ser la hija de Cabañas. Cuando creció, Micaela decidió conservar su apellido paterno.
Dice que su mamá hizo de todo. Tenía una visa de Estados Unidos, así que trabajaba en los campos de aquel país un tiempo y regresaba. "Fue una mujer muy valiosa, una madre soltera que sacó a sus hijos adelante. Todos tenemos carrera, somos profesionistas, tenemos techo. Fue muy valiente", añade su hija mayor.
De acuerdo con la prensa de Guerrero, a inicios de este año fueron asesinados dos hermanos de Isabel. A partir de ahí se recrudecieron las amenazas contra la viuda de Cabañas. Pero Micaela asegura que eso no es cierto. "No hubo tal asesinato. Ha habido muchas muertes en mi pueblo, demasiadas muertes. Familias, gente inocente, han muerto. Pero no están vinculadas con nosotros. Mi mamá no se metía con nadie". A pesar de esto las hostilidades nunca cesaron. Isabel buscó la ayuda de algunas organizaciones de derechos humanos para ver la posibilidad de solicitar asilo político. Pero esto no se concretó.
En los últimos tiempos, y por primera vez desde que fuera liberada del Campo Militar Número Uno, Isabel comenzó a tener un perfil más visible en el activismo social: se incorporó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y comenzó a acercarse a las organizaciones de familiares desaparecidos de la región para continuar con la exigencia de su presentación. "Ella era un testigo clave —advierte Adela Cedillo— de las decenas de personas que pasaron por el campo militar entre 1974 y 1976".
Este año se reavivó la efervescencia en Guerrero respecto a la "guerra sucia". El 29 de junio, apenas una semana antes del homicidio, el presidente del Congreso de Guerrero, Faustino Soto Ramos, presentó la iniciativa para integrar la Comisión de la Verdad para investigar y esclarecer las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, así como los casos de desaparición durante la "guerra sucia". Unos meses antes el gobierno federal había retomado las excavaciones en el ex Cuartel Militar de Atoyac, Guerrero, para dar algún cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, quien fuera víctima de desaparición forzada en 1974, justo en el contexto del secuestro de Rubén Figueroa.
De acuerdo con la organización "Nacidos en la Tempestad", no se puede descartar que éste haya sido un crimen político. No se puede olvidar quién era Isabel, advierte Adela Cedillo, historiadora y parte de este grupo al que también pertenece Micaela. Sin embargo, se ha ventilado en los medios locales que quizá se trató de un crimen común. Xaltianguis es un poblado suburbano del municipio de Acapulco de Juárez, a unos 50 kilómetros del puerto del mismo nombre. De acuerdo con datos oficiales, viven ahí sólo seis mil 579 personas, pero los niveles de violencia derivados del crimen organizado han alcanzado expresiones lamentables.
Otra hipótesis es que se trató de un crimen de odio, vinculado a un presunto homicidio de los hermanos de Reyna e Isabel. Micaela niega esa versión, pero Felipe Canseco, abogado y ex militante del grupo armado Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres y hoy miembro de Izquierda Democrática Popular (organización en la que también milita David Cabañas, hermano de Lucio), advierte que, para su organización, el homicidio de Isabel "lo vemos como parte del odio que se ha generado a partir de la guerra del calderonismo, la que ha exacerbado un conjunto de contradicciones; consideramos su asesinato como un hecho doloroso y lamentable por el crimen organizado. No le vemos consecuencias políticas. Teníamos conocimiento de que había recibido amenazas, y lo que nosotros sugerimos a la hoy difunta es que abandonara Guerrero, porque en ese tipo de crímenes de odio no hay razones que se entiendan".
Fritz Glockner, escritor e historiador especialista en movimientos armados de México, sitúa el homicidio como una continuación de la impunidad. "Los mexicanos habíamos sido catalogados como hijos de la chingada, y hoy se comprueba que somos hijos de la impunidad". Añade: Isabel es "un personaje con valor histórico", y su asesinato es "la comprobación de la existencia de una guerra de baja intensidad, y el reflejo máximo de la inseguridad en la cual estamos viviendo".
Micaela y su familia no se explican el crimen: "Si era cosa contra mi tía, pues mi tía nunca se metió con nadie; si era por parte de mi mamá, no sé. Por eso le pido al gobierno del estado que esclarezca".
Antes del homicidio, Isabel había solicitado protección al Procurador del estado debido a las amenazas recibidas. Ésta nunca llegó. Micaela asegura que no va a dejar la región hasta que logre esclarecer el homicidio de su madre y su tía.
—¿Qué recuerda de su mamá?
—A la mujer luchadora, que se levantaba todas las mañanas a trabajar para que nosotros fuéramos a la escuela. Una persona que nos hizo formarnos y tener una carrera. Recuerdo muchas cosas que son tristes pero sobre todo su cariño.
Su mamá, dice Micaela, siempre mantuvo actuales las ideas de Lucio Cabañas: "Tu papá fue una persona muy valiosa, que quería cambiar a México, la situación de los estados. Sus ideales siguen valiendo mucho porque están vigentes, me decía".
Artistas españoles protagonizan spot publicitario por Los Cinco (+ Video)
Willy Toledo en el spot publicitario.
Los artistas Willy Toledo, Alicia Hermida y Juan Diego Botto filmaron en Madrid un video con música de Manu Chao, en el cual aportan cinco razones para firmar por la libertad de los Cinco Héroes cubanos prisioneros en EEUU desde 1998.
La acción de los conocidos actores de cine, teatro y televisión forma parte de la campaña europea para recolectar un millón de rúbricas, a fin de exigir al Presidente norteamericano Barack Obama la excarcelación de los antiterroristas Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González.
Estos patriotas cubanos llevan ya casi 13 años encarcelados injustamente en los Estados Unidos, tras un juicio politizado realizado en Miami, en 2001, señalaron los actores, citados por la agencia noticiosa Prensa Latina.
Aunque ellos monitoreaban a grupos terroristas anticubanos radicados en la Florida, fueron sancionados a penas que van desde 15 años de cárcel a doble cadena perpetua más 15 años.
Toledo, Hermida y Botto denunciaron que sobre el caso de Los Cinco existe un manto de silencio y a varios de ellos se les impide u obstaculiza la visita de sus familiares a las prisiones, aspectos incluidos en el video, disponible en Internet.
Nacido en 1970, Toledo es actor y productor español de teatro y cine; fue nominado en 2003 y 2005 al Premio Goya, por mejor actor principal.
Su coterránea Hermida, de 78 años de edad, cuenta con una filmografía notable, aunque su labor interpretativa ha destacado sobre todo en teatro, además de atesorar una prolífica carrera en televisión.
Botto nació en 1975 en Buenos Aires y desde los cuatro años de edad vive en España, donde su madre se exilió cuando la dictadura militar argentina asesinó a su padre, quien era actor.
Ha actuado en gran cantidad de filmes, entre los cuales destaca Martin Hache, dirigida por Adolfo Aristaraín.
(Con información de la AIN)
Estado mexicano solapa abusos en caso de desaparición forzada
Cedehm pide acatar fallo de CoIDH por secuestro de 3 jóvenes
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 13 jul 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) alertó que en nuestro país el delito de desaparición forzada está más que vigente al formar parte de la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que tiene a mujeres y jóvenes entre sus víctimas.
En un comunicado, Luz Estela Castro, coordinadora del Cedehm, se refirió a la desaparición forzada a manos del Ejército de dos mujeres y un joven en Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, caso por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2011 al gobernador César Duarte y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal.
Castro destacó que este caso de desaparición forzada ocurrido en la presente administración federal es el primero que se litiga ante instancias internacionales.
La abogada explicó que la recomendación de la CNDH confirma lo que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expusieron el mes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto a "que fueron militares y policías quienes se llevaron a los muchachos y que el Estado Mexicano ha protegido a funcionarios que cometen abusos contra mujeres y jóvenes, en lugar de investigarlos y sancionarlos".
Cabe recordar que el 29 de diciembre de 2009, 10 militares subieron a la fuerza a un vehículo a José Ángel Alvarado Herrera y a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza. Luego los uniformados fueron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes para también llevársela. En ningún caso hubo orden judicial. Hasta la fecha los tres están desaparecidos.
En entrevista telefónica, Alma Gómez, también abogada del Cedehm, consideró que la recomendación de la CNDH confirma las acusaciones de las OSC sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en casos de desaparición forzada.
"Hasta el momento lo que ha hecho el Estado mexicano ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es evadir sus responsabilidades; con esta recomendación queda claro que no es sólo nuestro dicho, ni el de las y los peticionarios, por lo que formará parte de los razonamientos que abogadas y abogados haremos valer ante la Corte", detalló.
Las organizaciones que litigan el primer caso de desaparición forzada relacionado con la guerra emprendida por Felipe Calderón ante la CoIDH son, además del Cedehm, Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac).
En el comunicado, las cuatro organizaciones consideraron que el caso demuestra que en Chihuahua y en México la desaparición forzada "no es cosa del pasado sino que está presente en la vida de cientos de familias".
EN BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Cabe señalar que la CoIDH, mediante las resoluciones del 26 de mayo de 2010, 26 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2011, ordenó a México adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, así como de 33 familiares y de la representante Emilia González Tercero.
El 28 de junio de 2011, la CoIDH convocó a una audiencia pública para analizar los argumentos de las peticionarias y familiares de las víctimas, quienes sostienen que "el Estado Mexicano no ha implementado ninguna medida para proteger a las víctimas y sus familias; la falta de resultados en las investigaciones; y el acoso del Ejército mexicano en contra de la familia y las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia".
El pasado 30 de junio la CNDH emitió la recomendación 43/2011, en la que confirma que fueron elementos del Ejército y de la Policía Federal (PF) los responsables de la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de los tres jóvenes.
Luz Estela Castro afirmó que ésta es una oportunidad inigualable para que el gobierno de Calderón acate la recomendación de la CIDH y demuestre con hechos reales el compromiso con los Derechos Humanos que dice tener.
Castro demandó que se localice a las víctimas que detuvo el Ejército y la PF y que permanecen desaparecidas, y que se castigue a los responsables.
Peticiones sintomáticas; virajes necesarios
Editorial La Jornada
A primera vista, la petición de los uniformados podría pasar como producto de una inquietud surgida a raíz de la citada determinación del máximo tribunal, la cual acota el uso discrecional del fuero castrense –pese a que la Constitución, en su artículo 13, lo restringe claramente a casos de delitos y faltas contra la disciplina militar
– y reduce, con ello, el margen de impunidad para los soldados y marinos responsables por atropellos contra la población.
Sin embargo, si se atiende a la consideración de que la presencia misma del Ejército y la Marina en las calles constituye, con independencia del citado fallo de la SCJN, un acto violatorio del espíritu y la letra constitucionales en lo que concierne a las tareas de las fuerzas armadas, los planteamientos de los mandos castrenses –más allá de una reacción meramente coyuntural– son sintomáticos del grado de confusión y de riesgo intrínsecos en la estrategia de seguridad del gobierno federal: al fin de cuentas, si a los soldados se les ha ordenado desplegarse en territorio nacional para desempeñar funciones que les son ajenas a su mandato constitucional, lo menos que podrían esperar a cambio es que los responsables de dicha decisión –es decir, los mandos civiles– les otorguen algún tipo de cobertura jurídica.
Sin soslayar la gravedad de las vejaciones y atropellos cometidos por efectivos militares y policiales en el contexto de la estrategia de seguridad vigente, y sin poner en duda la pertinencia ni la obligatoriedad del esclarecimiento y de la imputación de las responsabilidades a que haya lugar en esos casos, es claro que tales episodios se repiten al recurrir a las fuerzas armadas para hacer frente a la delincuencia, por lo que no puede esperarse que sean evitados con resoluciones como la adoptada anteayer por la Corte: al fin de cuentas, la tarea del Poder Judicial no es evitar delitos, sino garantizar la correcta impartición de justicia.
Lo sorprendente, en todo caso, es que la administración actual se empecine en defender el uso de la fuerza militar para hacer frente a un problema de seguridad pública y de legalidad, a sabiendas de que el mismo se traduce, de manera inevitable, en violaciones a los derechos humanos, en impunidad y en desprestigio para las fuerzas armadas, fenómenos que debilitan aún más al gobierno y que minan la de por sí desgastada credibilidad institucional.
Si es verdad que en el país se desarrolla una guerra
–como se empeñó en llamarla desde un inicio el discurso oficial, aunque ahora lo niegue–, resulta obligado reconocer que la sociedad se enfrenta cotidianamente a la perspectiva indeseable de la violación de sus garantías y del quebrantamiento generalizado de la legalidad. Ante tal perspectiva y tras el referido fallo de la SCJN –festejado ayer por académicos, constitucionalistas, organizaciones civiles y por el conjunto de la clase política–, lo procedente y necesario no es pedir ni aprobar reformas que podrían acabar por dar cobertura jurídica a la situación irregular en que los mandos civiles han colocado a las fuerzas armadas, sino adecuar el marco legal vigente de conformidad con lo decidido por el máximo tribunal y demandar que el gobierno cumpla con su tarea irrenunciable de combatir a la delincuencia organizada por vías distintas a la riesgosa militarización de la vida pública.
le que hasta los costos que podía pagar. No podía ser de otra manera, pues la decisión la tomó junto con sus compañeros en medio de la guerra de contrainsurgencia impulsada por los gobiernos federal y estatal para terminar con la lucha armada que varios sectores sociales del estado habían decidido emprender, convencidos de que los espacios para la lucha política fuera del control gubernamental estaban cerrados. Él mismo fue víctima de esa guerra: el 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del Ejército y posteriormente desaparecido, convirtiéndose en uno de los 437 casos documentados de detención-desaparición de ciudadanos guerrerenses por motivos políticos.Hoy, a punto de cumplirse 37 años de la detención-desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, éste sigue sin aparecer; pero ausente y todo, acaba de ganar una guerra que ni siquiera se propuso: que los miembros de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales civiles cuando violen los derechos de los ciudadanos. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el martes pasado al examinar los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición del líder campesino. Se trata de una determinación importante porque modifica radicalmente el criterio que, contra lo dispuesto en la Carta Magna, se sostuvo por mucho tiempo, atendiendo a una disposición del Código de Justicia Militar, que por lo mismo resultaba anticonstitucional.
En efecto, el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917, establece que de los delitos y faltas contra la disciplina militar deben ser juzgados por tribunales castrenses, pero en ningún caso y por ningún motivo
pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército y cuando en un delito o falta de ese tipo se vea involucrado un civil, el caso debe ser resuelto por un tribunal civil. Contraviniendo esta disposición, el Código de Justicia Militar, en su artículo 57, relativo a la competencia de los tribunales castrenses, establece una serie de hipótesis contrarias al mandato constitucional. En este sentido, la resolución de la SCJN no es nada excepcional, pero es importante porque con ella comienza a corregirse un yerro de años que abonó a favor de la impunidad castrense.
La sentencia, aunque tardía, también resulta oportuna, ya que se emitió justo cuando en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se discute la Ley de Seguridad Nacional, donde uno de los temas más polémicos es justamente el alcance de la competencia de los tribunales militares. Con la sentencia de la Corte los diputados tienen abierto el camino para ajustar sus determinaciones en esta materia a lo que dispone nuestra Carta Magna y el derecho internacional. Cuentan inclusive con el aval de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Gobernación, que han declarado que acatarán ese criterio orientador
, y mal harían en no aprovechar la oportunidad para poner en claro que la sentencia no es sólo orientadora
, sino obligatoria para todos los tribunales, pues aunque aún no alcanza rango de jurisprudencia, lo que hace es interpretar el sentido de una disposición constitucional.
Junto con lo anterior, la Suprema Corte determinó que todos los tribunales deben vigilar que, al resolver los casos concretos de los que conozcan, sus sentencias se apeguen a los contenidos de la Constitución federal y a los derechos humanos.
Lo anterior tiene relevancia porque apenas el 10 de junio pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación unas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de las cuales además de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, el Estado mexicano está obligado a garantizar éstos con las especificaciones que se encuentren en los tratados internacionales de los que el país sea parte, los cuales deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. No puede negarse que esta resolución representa un paso adelante para todos y a todos nos corresponde luchar porque no se detenga en eso ni dé marcha atrás. Y porque aparezca Rosendo Radilla Pacheco y los demás detenidos-desaparecidos por motivos políticos.
Celebran OSC restricción del fuero militar
"Ejército y Marina deben rendir cuentas por violaciones a DH"
Por la Redacción
México, DF, 13 jul 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles que han documentado violaciones a los Derechos Humanos (DH) en las que están involucrados efectivos castrenses, celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce que los militares pueden ser procesados en tribunales civiles.
En un comunicado de prensa, agrupaciones de varios estados del país reiteraron la necesidad de seguir avanzando hacia la adecuada interpretación de las legislaciones relativas al fuero militar, lo cual ya ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en cuatros sentencias, dos de ellas por violación sexual perpetradas por soldados.
En ese sentido y debido a que "el fuero militar funciona como instrumento al servicio de la impunidad", las organizaciones dijeron que vigilarán que en lo sucesivo todos los jueces y magistrados apliquen estos criterios e insistirán en que el Estado mexicano acate plenamente las sentencias de la CoIDH.
Hasta ahora uno de los resolutivos del tribunal hemisférico que no se ha cumplido es trasladar a la jurisdicción civil las investigaciones de la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas en 2002 por elementos del Ejército y cuyos casos permanecen sin resolución.
Por ello, la CoIDH afirmó que la investigación de la violación sexual de ambas indígenas no fue conducida con la debida diligencia ni en el fuero adecuado por lo que ordenó al Estado mexicano a conducir eficazmente la indagación para determinar responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, lo que a la fecha no ha sucedido.
Entre las organizaciones que aplaudieron la resolución de la SCJN, están la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y los centros de DH Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, los cuales recordaron que se han pronunciado al respecto.
Así, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas, la Relatora sobre la Independencia de Jueces y Abogados y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien recientemente visitó México, han señalado que la militarización del país ha derivado en un aumento de violaciones a los DH.
Sin embargo, fueron cuatro sentencias de la CoIDH, una por desaparición forzada, dos por violación sexual y una por tortura y detención arbitraria, las que recomendaron al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones a DH cometidas por militares no sean juzgadas por los tribunales castrenses.
La resolución que ayer tomaron los ministros de la SCJN se refiere a la obligación de todos los jueces del país de replicar el criterio de la CoIDH en el sentido de que cada vez que conozcan un caso de violación a DH donde se involucren militares, de ninguna manera será el fuero militar competente para conocerlo.
Para las organizaciones, lo anterior supone que la ley castrense, en específico el artículo 57 del Código de Justicia Militar, será interpretada de modo que el fuero se restrinja a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que sólo subsista para los delitos que atenten contra la disciplina militar.
Para las organizaciones no gubernamentales, los argumentos a favor de la restricción de los alcances del fuero militar son contundentes, ya que aseguran que los tribunales castrenses presentan vicios relacionados con la falta de independencia e imparcialidad de sus operadores.
Asimismo las y los defensores sostuvieron que no queda duda de que a partir de la reciente reforma constitucional en materia de DH, los derechos contenidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales del modo que resulte más protector para la persona, lo que refuerza la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH.
Aunado a ello, estas asociaciones civiles afirmaron que la necesidad de restringir el fuero militar adquiere una relevancia crucial debido a que "la política de seguridad adoptada por la actual administración conlleva una extensiva participación de las fuerzas armadas" sin controles civiles que exijan la rendición de cuentas al Ejército y la Marina.
Actualmente hay cinco iniciativas en el Congreso que buscan limitar los alcances del fuero militar. Tres de ellas fueron presentadas por legisladores en 2007. Una más fue presentada en abril de 2010 por las bancadas del PRD y PT en la Cámara de Diputados.
El 19 de octubre del 2010, Felipe Calderón presentó ante el Senado una iniciativa que propone excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, violación y tortura. Hasta ahora las cinco siguen pendientes en el Poder Legislativo.
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