domingo, noviembre 06, 2011

El asesinato del dirigente Cano de las FARC, otro premio para Obama y Santos






Pedro Echeverría V.



1. Es indudable que el Plan Colombia, firmado en 1999 por los presidentes Bush y Pastrana, funciona con mucha efectividad. Su hijo, la Iniciativa Mérida o Plan México firmado en 2007 por los presidentes Bush y Calderón, también está muy activo. Ningún plan militar –planeado por el Pentágono, la CIA y la DEA- puede ser inefectivo. El de Colombia se firmó con el pretexto de combatir el narcotráfico y desde hace 10 años sólo ha servido para asesinar a los guerrilleros de las FARC que desde 1964 luchan contra los gobiernos militares y fascistas de ese país. En México el pretexto también fue la lucha contra el narcotráfico, luego contra la llamada "delincuencia organizada" y ahora la Clinton exige que la lucha sea contra la "insurgencia terrorista". En Colombia los yanquis implantaron siete bases militares para amenazar a Venezuela y toda la región; en México tenemos más 12 mil agentes yanquis que operan con el apoyo de Calderón.

2. Toda la prensa comercial -cuyas fuentes básicas han estado siempre en EEUU- ha anunciado con bombo y platillos la muerte en combate del máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alfonso Cano. Desde la fundación de las FARC Manuel Marulanda, alias Tirofijo, fue su jefe incuestionable; a su muerte en 2008 fue electo Cano, un ideólogo de la guerrilla, para reemplazarlo. Puede recordarse también que en 2008 fue asesinado también Raúl Reyes, entonces segundo al mando y dos años después fue masacrado el aguerrido Mono Jojoy. Se ha difundido que el sucesor en la dirigencia será Iván Márquez por ser uno de los veteranos regionales de las FARC. La realidad es que los avances territoriales de la FARC no dependen de los dirigentes sino del fortalecimiento de la guerrilla y de su capacidad para asentar golpes certeros al gobierno asesino de Colombia.

3. Pero, ¿por qué 47 años de lucha guerrillera de las FARC en las selvas colombianas? Porque Colombia, con 47 millones de habitantes, como México y demás países donde la riqueza está injustamente distribuida, hay entre el 70 o el 80 por ciento de pobres y miserables, mientras un puñado de grandes capitalistas acumulan todas la riquezas. Porque a pesar de muchas luchas campesinas, obreras, populares legales, el gobierno no soluciona nada pero sí las persigue y asesina. Porque las elecciones han sido siempre una farsa y se demuestra con los resultados de ellas que sólo benefician a políticos corruptos y a empresarios explotadores. Las FARC y otras guerrillas en Colombia surgieron porque se acabaron las formas legales de lucha. Lo mismo está sucediendo en México donde todas las luchas importantes son reprimidas, llevadas al desgaste y muchos de sus dirigentes encarcelados o asesinados.

4. En Colombia un golpe de Estado –apoyado por el gobierno de Eisenhower- entregó en 1953 el poder al general Rojas Pinilla. La mayoría de las guerrillas que entonces existían, atraídas tontamente por las propuestas de paz del gobierno, entregaron sus armas, pero varios de sus miembros fueron asesinados posteriormente. Así surgió el actual movimiento guerrillero, impulsando a algunos antiguos guerrilleros liberales a crear y retornar al ELN, M-19 y las FARC apoyados por corrientes radicalizadas de izquierda. La burguesía, asociada y subordinada al imperio yanqui siguió gobernando por medio de los partidos liberal y conservador que se repartían el gobierno y la riqueza. Esta burguesía fue la que se asoció con el narcotráfico al que siempre se buscó ligar con la guerrilla con el fin de desprestigiarla y destruirla. Desde entonces el imperialismo, usando a la CIA, se encargó de planear el famoso Plan Colombia con todo el financiamiento necesario.

5. Las FARC se convirtieron, durante 30 años, en formas inteligentes de resistencia hasta que durante el gobierno de Samper (1994-98) salieron a la luz muchos escándalos acerca de la estrecha alianza del gobierno con el narcotráfico misma en la que los EEUU intervenían. La guerrilla creció en más de la mitad del territorio del país y se consolidó como una gran fuerza alternativa al gobierno empresarial. El gobierno se vio entonces obligado a entablar negociaciones de paz, mismas que fracasaron por la implantación del Plan Colombia que firmó Pastrana con Bush, pero que usó el fascista gobierno de Álvaro Uribe, que siendo presidente durante ocho años (2002-10), gobernó con un discurso hitleriano. Desde entonces Colombia ocupa el liderazgo en número de secuestros y, sobre todo, del mayor productor de cocaína. Uribe se confrontó con Chávez y otros gobernantes y pidió la instalación de bases militares de EEUU. Fue igual que su contemporáneo Bush.

6. Manuel Santos, el gobernante impuesto por Uribe en Colombia el año pasado, fue antes su secretario de Defensa, es decir, el jefe militar. Con ese antecedente Santos no habla mucho como Uribe, pero conoce mucho mejor la estrategia militar. Si Uribe era fascista Santos es fascista y medio. Si el general Rojas Pinilla asesinó en 1953 a muchos guerrilleros que creyeron en la paz prometida, Santos los va a llevar al paredón o asesinar en grupo si la FARC decide negociar. ¿Qué ha hecho y está haciendo el gobierno de España y el vasco contra los guerrilleros patriotas de la ETA que al parecer se hacen ilusiones en promesas de paz? Un principio básico es que ¡Ninguna confianza con el enemigo, por más promesas y juramentos que haga! Sin duda es más importante un exilio en un país –como Cuba- que garantice que no entregará a los revolucionarios a ningún gobierno de derecha o fascista. ¿Hasta cuándo Chávez dejará de confiar en el asesino Santos?

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Utopía Las encuestas y los compromisos Eduardo Ibarra Aguirre Relativamente extendida es aún la percepción y sobre todo la opinión entre c


Utopía



Eduardo Ibarra Aguirre


Relativamente extendida es aún la percepción y sobre todo la opinión entre comentaristas de los medios de comunicación, la también denominada comentocracia, de que Andrés Manuel López Obrador no respetará el resultado de las encuestas que aplicaron dos empresas el pasado fin de semana, y se darán a conocer a mediados de mes. Apuestan a que gane o pierda el de Macuspana, Tabasco, figurará su nombre en las boletas que millones de electores cruzarán el 1 de julio.

Sus razones tendrán los respetables colegas aunque, por supuesto, no faltarán quienes más bien obedezcan a las comisiones. Pero el hecho es que pareciera que a los primeros va dirigido, entre otros destinatarios, la reiteración del compromiso unitario de Marcelo Ebrard, expresado en La Hora de Opinar, programa televisivo que tan bien codirige Javier Tello.

En víspera de la aplicación de las dos encuestas, López Obrador fue claridoso en su compromiso al considerar "de mal gusto" y "una falta de respeto a la gente" decir que "uno está mejor posicionado" que el otro, misma que extendió al jefe de Gobierno capitalino a quien juzga "es una persona extraordinaria, un buen gobernante, mi amigo". Tras anunciar que "Vamos a esperar a que sean los ciudadanos quienes decidan", aprovechó para refrendar la idea de que "en la democracia es el pueblo el que manda, lo demás son fuegos artificiales, conjeturas", pues éste "es un ejercicio serio".

A pesar de que nunca rehuyó el tema, mas sus críticos le regatean credibilidad a sus compromisos discursivos, AMLO insistió que el candidato presidencial de las izquierdas políticas y sociales será el que esté mejor posicionado y "no habrá fractura cuando se conozca el resultado. Se duda porque han apostado mucho a la división de nosotros; se frotan las manos los camajanes, quisieran que hubiera división porque saben lo que está de por medio".

Más claro aún: "Yo no puedo ser candidato si no estoy bien posicionado; no lucho por cargos, sino por ideales y principios", aseguró.

No tengo duda de que así será y no crea usted que mi optimismo obedece a la amplia o limitada vocación unitaria de los dos precandidatos, sino a un asunto de eficacia política y electoral. Con un solo candidato las izquierdas, Ebrard Casaubon y López Obrador estarán en mejores condiciones de ganar más votos y cargos de elección popular que apareciendo los dos en la boleta.

Además, el anuncio del gobernante respecto a que de no ganar la candidatura presidencial "no aceptará siquiera un escaño en el Senado", despeja más el panorama donde se le contemplaba como coordinador de los senadores perredistas, o bien es una carta de presión para que los encuestados lo favorezcan, pero también se asegura que su mejor contribución para que la alianza de las izquierdas gane por cuarta ocasión el GDF es concluir su mandato con la entrega de todas las obras en curso y, agrego yo, abatir la corrupción gubernamental.

En el partido del gobierno, el primer panista del país dispuso de la tribuna del Grupo de los 20 para capitalizar electoralmente el asesinato del alcalde de La Piedad, Michoacán. Lo hizo justo en el tercer aniversario de la muerte no investigada, por lo menos a satisfacción, de Juan Camilo Mouriño Terrazo, amigo y colaborador sin par.

Y en tierras tarascas la hermana Luisa María Calderón Hinojosa actualizó el inolvidable "¿Y yo por qué?" –empleado por Vicente Fox Quesada como reacción a los dueños de Televisión Azteca cuando asaltaron la torre retransmisora de CNI Canal 40–, como respuesta al reportero que le preguntó lo elemental: ¿Por qué no denunció ministerial y públicamente que la vida de Ricardo Guzmán corría peligro?

Acuse de recibo

"Te envío los resultados contradictorios con Reforma y GCE, el de Ulises Beltrán, que da por ganador, 'si hoy fueran las elecciones' a Fausto Vallejo: http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Politica/Fausto-39-Luisa-34-y-Silvano-27-segun-Beltran-y-Asociados (.) Aunque, claro, le faltó aclarar a Ulises es 'si las votaciones fueran por teléfono'. Lo que queda claro de esta desinformación es que los ciudadanos que no tienen teléfono, ni compran periódicos ni navegan por internet van a votar por quien tienen pensado, a pesar de la pretendida e inútil inducción. Recuerda que en Costa Rica los resultados de las encuestas pocas veces concuerdan con los de las votaciones. Una más: la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica se 'equivocó' con más de 5 puntos en las elecciones de Oaxaca, en las que daba como ganador al PRI". El comentario corresponde al periodista José Guadalupe Muñoz García sobre la Utopía del viernes pasado… El muy leído Rafael Loret de Mola presentó al Grupo María Cristina su más reciente y bloqueado libro, Nuestro inframundo… Los descendientes de Rafael Jacobo García, valiente y tenaz dirigente campesino comunista, apuntan: "La familia Jacobo Fematt agradece todas las muestras de cariño y solidaridad para nuestro padre, y quiere informarles que aunque se encuentra muy delicado de salud, aún está con nosotros".

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Autoridades atentan contra los defensores de derechos humanos

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, los defensores de derechos humanos han padecido entre 128 y 326 agresiones; 22 de éstas terminaron violentamente con sus vidas. Entre las más graves también se cuentan 17 detenciones-desapariciones, revela un diagnóstico que en breve harán público la CDHDF y 10 organizaciones civiles. El 98.5 por ciento de los casos están impunes, alerta el análisis. Agentes del Estado, grupos armados, empresas privadas, jerarquías eclesiásticas, entre los agresores

Los defensores de derechos humanos en México han sufrido, al menos, 128 eventos de presuntas agresiones en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, descubre un informe conjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y 10 organizaciones civiles, entregado a Contralínea por sus autores. Del mismo estudio se desprende que la cifra de casos podría alcanzar los 326. Entre los más graves, están 22 ejecuciones y 17 detenciones-desapariciones.
De las 128 agresiones que reconocen la mayoría de los organismos que signan la información, sólo en dos "se han procesado judicialmente a los probables responsables, lo que resulta en un nivel de impunidad del 98.5 por ciento".
El diagnóstico detalla que son agentes del Estado y diversos grupos de poder los principales agresores. Entre estos últimos, cita a grupos armados, empresas privadas y jerarquías conservadoras de las iglesias. "A pesar de de que el Estado está obligado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las defensoras, en ocasiones son los agentes del Estado quienes actúan como cómplices de las agresiones perpetradas en contra de las y los defensores. Lamentablemente, ésta es una práctica común del Estado y de los diversos agentes gubernamentales".
En este contexto, la militarización y la impunidad acentúan la transgresión a los derechos humanos y vulneran a sus defensores. El principal perpetrador es el Estado, revela el informe entregado a Contralínea previa publicación oficial.
El Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México –que será impreso a finales de este mes– adelanta que la militarización de la seguridad pública en el país incrementa el riesgo que corren los defensores de derechos humanos en su labor.
En una recopilación de documentos y bases de datos, el análisis arroja diversas cifras en torno a las agresiones en contra de dichos defensores. Organismos nacionales e internacionales divergen en sus reportes.
Mientras la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene el registro de "128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensoras y defensores mexicanos", durante el periodo 2006-2009, Amnistía Internacional documenta 15 casos de amenazas y ataques de 2007 a 2009, y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos-Organización Mundial Contra la Tortura (FIDH-OMCT) lleva la contabilidad de 45 agresiones de 2008 a 2009.
Protection Desk México, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo también se han dado a la tarea de llevar el conteo. Sus cifras son las más elevadas: 326 casos de 2008 a lo que va de 2011. De éstos, 22 son ejecuciones, 17 detenidos-desaparecidos y 288 "judicializaciones".
La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene contabilizados 68 casos, entre los que se han reportado amenazas, homicidios, hostigamientos, declaraciones de desprestigio, uso arbitrario del sistema penal, tentativa de homicidio, robo, lesión y allanamiento.
Lo cierto es que no se lleva a cabo un reporte global de las agresiones, lo que complica ver claramente el panorama de los que han sido afectados, comenta Gabriel Soto, uno de los participantes en la elaboración del diagnóstico e integrante de la CDHDF.
"Hay poca voluntad de las autoridades de proteger a los defensores, porque son ellos quienes señalan sus errores, ponen el dedo en el renglón e indican [las] arbitrariedades. La intención de no proteger [a los defensores] se manifiesta a través de no agrandar las estructuras ni aumentar [el] presupuesto [destinado a esta labor]".

Militarización, el asecho

La militarización de la seguridad pública ha resultado ser un factor perjudicial en la labor de los defensores de derechos humanos. "Ante el aumento de la inseguridad y las actividades de la delincuencia organizada, el gobierno federal diseñó una estrategia de combate, basada en la militarización de la seguridad pública. Tal decisión ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad debido a que la violencia se ha incrementado en toda la república.
"La militarización de la seguridad pública pone en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos. De 2006 a 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] emitió más de 40 recomendaciones que, de acuerdo con sus investigaciones, confirman violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército", indica el documento en el que también participaron el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; la Red por los Derechos de la Infancia en México; Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comité de Derechos Humanos Ajusto; Colectivo Construyendo Resistencia, entre otros.
A principios de este año, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, informó que este organismo ha recibido cerca de 1 mil 500 quejas contra las Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 500 contra la de Marina y 1 mil contra la Policía Federal, de 2006 a 2009.
De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "algunas de las defensoras y defensores que han acompañado o defendido públicamente a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos de parte de elementos del Ejército han enfrentado obstáculos adicionales para desarrollar su labor".
Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo, comenta que en los momentos que vive el país y bajo el discurso presidencial, los defensores de derechos humanos se han convertido en parte del "enemigo interno".
Las autoridades argumentan que el defensor de derechos humanos "es también parte del círculo que protege a los delincuentes y que obstaculiza el trabajo que hace el gobierno para eliminar a ese enemigo. Por ello, es necesaria la voluntad política. Solamente a través de una campaña dirigida desde el Estado podría cambiar un poco la percepción de la gente. Los defensores somos personas que existimos porque el mismo Estado no cumple".

Estado deslegitima defensoría

La falta de una cultura que promueva la defensoría de los derechos humanos, así como de quienes ejercen este papel es otro de los obstáculos. El diagnóstico indica que una manera de denostar esta labor, es el "desprestigio o, incluso, la criminalización". Ésta es una forma de "reprimir o de acallar a quienes denuncian las violaciones cometidas por las autoridades".
A los defensores, indica Cerezo Contreras, "se les acusa de proteger [a] delincuentes, de obstaculizar la labor de la justicia, de oponerse al desarrollo, de dedicarse a protestar y no proponer, de buscar desestabilizar al gobierno, de no transparentar el origen de los recursos económicos que reciben y de lucrar con las causas que defienden".
No así la imagen que dan los funcionarios de todos los niveles de gobierno al exterior, pues "se observa una fuerte retórica en relación a los derechos humanos; no obstante, a nivel nacional se vive un estado de malestar respecto de la situación. Se identifica falta de confianza hacia las instituciones y pocos canales de interlocución entre los diversos actores gubernamentales y los de la sociedad civil y defensores de derechos humanos".
En este sentido, añade Cerezo Contreras, las comisiones de derechos humanos en los estados se han vuelto cómplices para encubrir las violaciones. "Normalmente sus directivos pasan de la procuraduría a la presidencia de la Comisión, lo que no garantiza una investigación real y en consecuencia recomendar al Estado que cumpla con sus obligaciones. Hay excepciones, algunos organismos estatales intentan hacer algo, pero como son a nivel local el impacto sólo es en su ámbito".

Violación global

Desde que México se insertó en la economía global, con la firma de 12 tratados comerciales a nivel internacional, la exposición de la población a la violación de sus derechos humanos se ha incrementado. "Las consecuencias de tal estrategia económica para los derechos humanos y la soberanía nacional son consideradas, por defensores de derechos humanos, como negativas", menciona el diagnóstico.
La operación de empresas multinacionales en México ha propiciado la violación de los derechos humanos en materia laboral, de territorio y la explotación abusiva de los recursos naturales. En consecuencia, la denuncia de estos hechos "convierte [a los defensores] en blanco de acusaciones, hostigamientos o ataques a su integridad moral y física".
El desarrollo de complejos turísticos a través de un acelerado proceso de extracción y utilización de los recursos naturales es otro de los factores que propician la violación de los derechos humanos. Resultado de ello, es la resistencia que se mantiene en torno a los conflictos ambientales, conocida también como "ecologismo de los pobres".
Las organizaciones defensoras de derechos humanos documentan que "la falta de claridad por parte del Estado mexicano en el reconocimiento del medio ambiente como un derecho y a quienes lo defienden como actores legítimos de sus demandas convierte su defensa en una labor peligrosa. De la misma forma, no se cumple con el derecho a la consulta en el caso de la instalación de proyectos de "desarrollo".

Impunidad

La impunidad también afecta el trabajo de los defensores pues "el mensaje que envían las autoridades al no investigar ni castigar las violaciones a los derechos humanos es que quien las cometa no sufrirá ninguna consecuencia. En cambio, las personas y organizaciones sociales que levantan la voz para defender los derechos humanos y exigir que los abusos no queden impunes, muchas veces son castigados injustamente".
El informe de la OACNUDH de 2009 señala que sólo en dos de los 128 eventos de presuntas agresiones en contra de defensores se procesaron judicialmente a los probables responsables.
Amnistía Internacional concluyó en su informe sobre la situación de defensores que las amenazas, los ataques y los homicidios contra éstos rara vez son investigados de forma efectiva por las autoridades.
De acuerdo con la información recabada de las 128 presuntas agresiones en contra de defensores, únicamente en dos ocasiones se ha procesado judicialmente a los probables responsables, lo que resulta en un nivel de impunidad del 98.5 por ciento, indica el Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México.

Programa sin perspectiva de género

Marusia López Cruz, coordinadora regional de Asociadas por lo Justo Mesoamérica, critica: "En un país abatido por la violencia, existe [una] estrategia francamente violatoria de los derechos humanos. La impunidad y la corrupción han dejado a la ciudadanía completamente desamparada, y han sido las mujeres las que han asumido esta labor básica de defensa. Sin embargo, no se les reconoce".
Orfe Castillo, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, dice que la mujer ha sido la que ha sostenido el tejido social en el país. "Si la sociedad no está peor es gracias a los lazos de comunidad, solidaridad, contención que nos damos las mujeres entre nosotras en momentos de crisis sociales".
Ambas defensoras de derechos humanos son colaboradoras del documento Violencia contra defensoras de derechos humanos y luchadoras sociales en Mesoamérica, que se realizó en conjunto con 55 integrantes de otras organizaciones de la región mesoamericana. Los resultados de éste revelan que la precariedad, la inseguridad, la misoginia y la discriminación son los principales problemas que enfrentan las defensoras.
Entre los grupos más vulnerables que han identificado las organizaciones se encuentran las defensoras que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, las que reivindican los derechos laborales, indígenas en contra de la violencia y aquellas que son esposas e hijas de presos y desaparecidos políticos.
Entre los tipos de agresiones que destacan las defensoras y el informe –que será presentado en los próximos días y al que Contralínea tuvo acceso–, se encuentran los asesinatos; difamación; autocensura; violencia sexual; amenazas de muerte; violencia por parte de sus parejas y familiares; vigilancia permanente a las defensoras y sus organizaciones; negación de espacios en medios públicos y privados de comunicación y cierre de espacios de comunicación; dejar en la impunidad las denuncias en contra de defensoras; incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro, a través de Dora González, subdirectora de Eventos de la Secretaría de Gobernación. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
La labor de los defensores
De acuerdo con el Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México, las acciones o actividades que realizan los defensores de derechos humanos se caracterizan por:
Promover y defender cualquier derecho humano (civiles y políticos o económicos, sociales y culturales o libertades fundamentales).
Se desarrollan de manera individual o colectiva.
Se pueden llevar a cabo desde cualquier espacio (incluso el aparato estatal, gubernamental o la empresa privada).
Deben ser pacíficas.
Pueden estar dirigidas a promover y defender derechos de sectores concretos de la población.
Pueden efectuarse en el marco de actividades remuneradas o gratuitas, (dentro del ámbito laboral, o fuera, a través de trabajo voluntario).
Pueden realizarse de manera permanente u ocasional.
Pueden cometerse en cualquier parte del mundo.
Pueden desarrollarse a nivel local, nacional, regional, o internacional.
Aceptan la universalidad de los derechos humanos.
No es imprescindible que los argumentos presentados sean correctos. Lo más importante es si la persona defiende o no un derecho humano.

Revista Contralínea 258 / 06 de noviembre de 2011

Los culpables son los críticos






Cuando no se tiene un mínimo conocimiento de la realidad, es impensable que se puedan tomar decisiones razonables. Esto es válido en todas las circunstancias de la vida; y más debe serlo para un jefe de gobierno, por la trascendencia de sus actos.

En este sentido, es muy preocupante que Felipe Calderón suponga que todo lo ha hecho bien, que incluso podría pasar a la historia como el mandatario al que no le tembló la mano para enfrentar a la delincuencia organizada, el que puso a México a salvo de los graves descalabros de la economía mundial. Así se desprende de sus declaraciones ante los integrantes del oligárquico Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC.

En dicha reunión mostró una intolerancia que revela un absoluto alejamiento de los hechos cotidianos. Reclamó a quienes lo critican porque "nada les parece", y puntualizó: "Mientras le sigamos diciendo al mexicano que aquí no hay futuro, que todo está mal, que todo está como si fuera África Oriental, Estado fallido y otros temas, en esta medida el consumidor no va a comprar". Según su punto de vista, somos los críticos quienes tenemos la culpa de los grandes problemas que están aniquilando a la sociedad, no sus políticas públicas y su estilo personal de gobernar. De acuerdo con su perspectiva, si nosotros no ejerciéramos nuestro trabajo, las cosas irían bien en el país.

¿Acaso puede una nación tener futuro con la terrible descomposición del tejido social que caracteriza a México en la actualidad? ¿Podría tenerlo, ahondando aún más en un modelo económico en bancarrota, que tiene al mundo en plena ebullición por las justas protestas de los millones de personas que están siendo agraviadas? ¿Es mentira que hay amplias regiones del país, principalmente en el Sureste y en Guerrero, cuyos niveles de vida son semejantes a los de África subsahariana? ¿Beneficia en algo a la población mayoritaria que, según Calderón, haya un déficit público manejable y una política macroeconómica al servicio de la oligarquía?

Sin duda, la realidad nacional es la que da sustento a las críticas que se hacen al presidente. Son plenamente justificadas. Su administración es rehén de una minoría que se beneficia de manera injusta y artera de la estrategia antidemocrática con que lleva a cabo su gestión gubernativa. Esto no se puede ocultar, como lo demuestra la fotografía de la reunión mencionada, donde se le observa cabizbajo junto a Emilio Azcárraga Jean y Lorenzo Servitje, entre otros conspicuos integrantes del exclusivo club de los multimillonarios mexicanos.

Son los mismos que, con otras siglas, pretenden imponer condiciones al líder natural de la izquierda democrática, Andrés Manuel López Obrador, para asegurarse de que seguirá sus instrucciones si acaso fallara contra todos los pronósticos el "triunfo" en las urnas de Enrique Peña Nieto.
Por conducto del dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gerardo Gutiérrez Candiani, le exigieron al tabasqueño que dé "señales muy claras de que no está en contra de la iniciativa privada". ¿Cuáles serían éstas, cuando ya ha sido explícito en cuanto al apoyo que los empresarios tendrían en su mandato? No pueden ser otras que verlo de rodillas ante ellos, como han tenido a los "presidentes" del régimen tecnocrático surgido con la "contrarrevolución" neoliberal, iniciada en 1983 y que quisieran que no concluyera nunca.

Según el dirigente empresarial, López Obrador debería saber "que los empresarios mexicanos estamos comprometidos con nuestra sociedad, con generar crecimiento y empleo. Queremos una visión de país donde todos se beneficien". ¡Qué bueno sería que tales palabras encontraran sustento en la realidad! Entonces México sería muy diferente. Estaría situado entre las primeras 10 potencias mundiales, con una democracia en constante perfeccionamiento, sin riesgos de crisis sociales inmanejables, y un futuro envidiable como lo tienen actualmente Brasil y Argentina.
Sin embargo, la terca realidad muestra que los oligarcas no están comprometidos con la sociedad; generan empleo a regañadientes; demandan siempre más apoyos del gobierno y, si de beneficios se trata, sólo les importan los propios.

El mismo Gutiérrez Candiani se pregunta "¿cómo vamos a erradicar la pobreza, disminuir el nivel de corrupción e impunidad, mejorar el tema de seguridad, lograr que la economía informal pase a ser formal?". La respuesta es clara y está en sus manos hacerla realidad: al no poner obstáculos a López Obrador, ya que tiene un proyecto de nación en el que el combate a la pobreza es prioridad ineludible, en el que extirpar la corrupción es un objetivo irrenunciable, en el que la informalidad no tendría cabida porque ésta es producto del neoliberalismo.

Apoyar a Peña Nieto sería la demostración de que en realidad lo único que desean es seguirse beneficiando con los vicios del sistema caduco que tenemos hasta hoy.

*Periodista

[TEXTO PARA TWITTER: En una "lógica" preocupante, Calderón considera que si no hubiera críticos no habría problemas: Fabela]
Revista Contralínea 258 / 06 de noviembre de 2011

Estados Unidos ni ayuda ni coopera con la paz


"La presencia de agentes de la DEA [Agencia Antidrogas Estadunidense] en México no es ninguna novedad; ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo", declaró el pasado 26 de octubre Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores. Para rematar dijo que sí hay agentes de la DEA, "pero los controlamos; tienen prohibido realizar acciones propias de [las] autoridades mexicanas. Sabemos número y ubicación [de sus agentes en México] pero [esa información] es tema reservado por seguridad".

Precisamente por seguridad nacional es inadmisible que actúen en México agentes y militares extranjeros. El 27 de octubre pasado la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, reconoció que los agentes de la DEA participan en el combate al narcotráfico en territorio nacional, que su presencia "se incrementó en el gobierno de [Vicente] Fox y la mayor intensidad se ha dado a partir del actual sexenio". De hecho, desde que Barack Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, Felipe Calderón ha abierto las puertas a la intervención de ese país como nunca antes.

Washington irrumpe poco a poco en México; hay agentes e integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero por "seguridad" carecemos de información precisa. Agentes y militares de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); la DEA; la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), el Pentágono y la Armada de ese país trabajan abierta y anticonstitucionalmente en la Oficina Binacional (Reforma 265), y según documentos de la Oficina Nacional de Políticas de Control de las Drogas de la Casa Blanca, Washington está situando a sus agentes llamados "enlaces" en ciudades mexicanas fronterizas y otras más.

Por informes del diario The Washington Post se sabe que hay militares estadunidenses en una base militar del Norte, y el 10 de mayo pasado el director general de Iniciativa Mérida, Keith Mines, inauguró en San Salvador Chachapa, Puebla, una base militar bautizada como Academia de Formación Policial, donde actúan militares y agentes estadunidenses. Además, se han aprobado aduanas de dicho país ¡en México! para agilizar el flujo de mercancías a Estados Unidos y la incursión de drones (aviones no tripulados) en cielo mexicano.

Los agentes del ICE circulan en nuestro territorio. Basta recordar que el agente estadunidense Jaime Zapata fue victimado en San Luis Potosí, y en Guerrero y Veracruz han actuado integrantes de la Marina de Estados Unidos. La invasión se da paso a paso.

Desde que Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en Texas en 2005 –que acordó la integración en seguridad y energéticos de Estados Unidos, Canadá y México–, comenzó la anexión y los planes para el control militar directo por parte de Estados Unidos. Recientemente el precandidato republicano James Richard Perry, conocido como Rick Perry, declaró su intención de mandar tropas a México si llega a ser presidente de ese país, para "cooperar" en la lucha contra el crimen.

Pero la forma de "ayudar" y "cooperar" sería que dejaran de mandar armas a los cárteles mexicanos. El periódico Los Angeles Times señaló el 8 de octubre pasado que entre 2006 y 2007 la ATF –la misma a cargo de la operación Rápido y Furioso– condujo la operación Receptor Abierto, con el que permitió el paso ilegal de armamento a México, y después, perdió el rastro de los compradores. También los funcionarios del Departamento de Justicia sabían de dicho operativo. No lo impidieron, como no impiden que el sistema financiero en Estados Unidos lave cientos de miles de dólares del crimen organizado. No cooperan ni ayudan.

Lo que quieren es tener pretextos para intervenir en México. El supuesto "complot terrorista" de Irán para asesinar al embajador saudí en Washington, en complicidad con uno de Los Zetas, es un montaje del gobierno de Estados Unidos para atacar a Irán y justificar la intervención militar directa en México, misma que facilita Calderón y la alianza de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN): PRIAN.

La reciente declaración de la secretaria de Estado Hillary Clinton de que las actividades de los cárteles mexicanos son similares a las de los terroristas, propicia el clima intervencionista y es muestra del empeño en subordinarnos al Comando Norte y su lucha contra el terrorismo.
Pero se les olvida que somos un país soberano. Miguel Hidalgo y los insurgentes iniciaron la lucha que culminó el 6 noviembre de 1813, en el Congreso de Anáhuac, con la declaración formal de la Independencia.

El 22 de octubre de 1814 se juró la Constitución que declara la soberanía nacional y popular. Ésta implica necesariamente que seamos los mexicanos quienes resolvamos nuestros problemas, sin injerencia militar externa como lo establece la Constitución en su artículo 76, sin la "ayuda" por parte de Estados Unidos, que por cierto se ha caracterizado siempre por una política injerencista agresiva, como lo demuestra en Irak, Afganistán, Haití y ahora Libia.

Resulta grave lo sucedido en ese país, donde Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte bombardearon, invadieron y apoyan a la "resistencia" que ellos patrocinan, y sus huestes linchan y asesinan a Muamar el-Gadafi como en la Edad Media, al hacer un espectáculo y escarnio de su muerte.

No hay respeto a la soberanía, ni a las leyes internacionales ni a las de guerra que impiden asesinar a los prisioneros. No hay juicios ni tribunales. Es la barbarie y el regreso al salvajismo.
Esa política es muy clara en el caso de Cuba; el 25 de octubre pasado 186 naciones votaron en la Organización de las Naciones Unidas contra el bloqueo estadunidense contra la Isla. Sólo votaron a favor Estados Unidos e Israel. Se abstuvieron Micronesia, República de Palaos e Islas Marshall.
El gobierno de Obama actúa en contra del sentir de la humanidad en pleno y mantiene el criminal bloqueo. Durante décadas los actos terroristas contra Cuba han cobrado más de 3 mil 400 vidas y causado lesiones y discapacidad a más de 2 mil inocentes, y sin embargo connotados criminales, autores de atentados, asesinatos y sabotajes están libres hoy en Florida, Estados Unidos.

Recordemos: el 6 de octubre de 1976, la CIA –a través de los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch– efectuó un atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación que salía de Barbados; murieron los 73 pasajeros a bordo, en el peor atentado terrorista en el hemisferio occidental hasta esa fecha. En 1990 George Bush perdonó a Bosch. Posada Carriles sigue libre y campante en Estados Unidos, protegido por el gobierno. En contraste, el héroe cubano René González salió libre el 7 de octubre pasado luego de 13 años de prisión en Estados Unidos, forma parte de los cinco héroes cubanos que fueron encarcelados debido a su trabajo que consistía en detectar e impedir sabotajes y acciones terroristas en contra de Cuba.

De manera absurda se le impide ahora regresar a su país para reunirse con su familia, a la que le han prohibido ver desde su encierro, pues está en "libertad supervisada" y se le ha imposibilitado salir de Estados Unidos durante tres años. Ahí su vida corre peligro. Eso significa el apoyo a los terroristas como Posada Carriles y el castigo ilegal contra quienes trabajan para impedirlo.
La Declaración de Ginebra dio a conocer un informe que indica que "la violencia en México es peor que en muchas zonas de guerra". Sucede que Estados Unidos impulsa la violencia y la beligerancia en territorio mexicano y en el mundo. Bajo la forma de "guerra irregular", su Comando de Operaciones Conjuntas Especiales (COCE), que actualmente tiene su base en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha desarrollado operaciones para matar no sólo en Irak y Afganistán, sino también en Yemen, Paquistán, Siria, Somalia, Nigeria, Filipinas, Argelia, Irán, Malasia, Mali y México.
Recientemente Obama otorgó al COCE la inaudita autoridad de poner a individuos en la lista de asesinatos sin aprobación previa del presidente para cada uno. Éste es un ejemplo de cómo se otorgan poderes policiacos que retoma el mandatario, aunque los asesinatos sean actos ilegales para la ley de Estados Unidos y la ley internacional. El COCE supuestamente no tiene por qué involucrarse en operaciones encubiertas como las que desarrolla la CIA. Sin embargo, como recientemente ha reportado The Washington Post, altos oficiales admiten que sus operaciones son "tan similares a las de la CIA como su cantidad de acciones encubiertas". El COCE participa también con la CIA en "operaciones clandestinas".

Además bombardea bodas en Afganistán, tortura prisioneros, realiza redadas, mantiene 90 días en aislamiento a los presos. No reporta sus actividades al Congreso sino al presidente. Desde Estados Unidos mandan drones a asesinar personas en lejanos países, con los consabidos "daños colaterales". En México, éstos ya ingresaron en el espacio aéreo ¿Qué sigue?

La "guerra" contra el narcotráfico permite la intervención abierta de Estados Unidos. El periódico The New York Times ha reportado que cada vez más las estaciones de trabajo de agentes y militares estadunidenses dirigen las acciones de policías y soldados mexicanos, ¿con qué resultados? Este diario ha puntualizado que en México se ha duplicado la producción de marihuana y que somos ya el segundo productor mundial de heroína, después de Afganistán, país que, por cierto, no producía esta droga antes de la invasión estadunidense.

Y detrás del escenario de la "guerra" se profundiza la entrega de los recursos nacionales a las grandes corporaciones. Tanto el PAN como el PRI compiten por ignorar los artículos 27 y 28 de la Constitución para conceder el petróleo mexicano a compañías extranjeras, y el saqueo de las mineras es ya escandaloso.

En estos momentos es importante reconocer que tanto el PRI como el PAN con la integración económica, política y ahora militar a la que han conducido a México, han puesto en peligro la viabilidad de éste, han destruido el desarrollo económico y el bienestar de la población y acabado con la paz y la seguridad. Frente a ese proyecto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha reivindicado la soberanía energética y alimentaria de la nación y Andrés Manuel López Obrador, en importantes declaraciones en Washington, rechazó la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

En el país vecino un sector de la ciudadanía quiere que el papel de su país en el mundo cambie y que impulse el desarrollo y las buenas relaciones. Es importante que la cooperación entre los pueblos se base en que cada nación resuelva sus problemas, disfrute sus riquezas y viva relaciones de amistad; que los militares y agencias de cada uno se restrinjan a garantizar la seguridad en la propia casa, para poner fin al neocolonialismo, a la intervención y el saqueo de otros países.
Hacia ese mundo alternativo vamos, la humanidad quiere un futuro de paz, la historia nos llevará a relaciones de verdadera ayuda y cooperación. Ésa es nuestra lucha.

*Politólogo; dirigente de Mexteki, vocero del Congreso de la Soberanía

TWITTER: EU irrumpe en México: posee aduanas, sus drones "vigilan" nuestro cielo y sus militares operan clandestinamente
Revista Contralínea 258 / 06 de noviembre de 2011

Tribunal de los Pueblos: exigir derechos colectivos


Aurelio Morales Posselt*
Si bien se ha incluido literalmente la protección y el respeto a los derechos humanos –y los tratados internacionales que los fundamentan– en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todavía falta mucho para que se pueda asegurar que las prácticas jurídicas y legislativas estén sustentadas por una cultura que tenga como prioridad la protección de estos derechos.

A pesar de que México ha ratificado numerosos tratados internacionales vinculantes, y que por lo tanto son de cumplimiento obligatorio para el Estado, las libertades de interpretación que gozan los operadores del derecho han dado pie a que, en un número considerable de sentencias, jueces y abogados utilicen argumentos a contrario sensu de los compromisos en derechos humanos asumidos.

A ello se debe la presión de la sociedad organizada para que –como se logró con la última reforma– se integre la protección y el respeto a los derechos humanos dentro del texto constitucional, con la esperanza de que disminuya el margen de arbitrariedad con que algunos jueces hasta ahora dictan sus sentencias. Sin embargo, esta reforma por sí misma no va a cambiar la realidad de las prácticas jurídicas; hay todavía muchos escollos legislativos que permiten al juez dar prioridad a otros criterios y no al de las garantías universales (y más aún de los colectivos o de tercera generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales).

El menosprecio hacia los derechos humanos, individuales y sociales, surge desde la misma academia: es común que en los programas de varias universidades se establece su estudio como si fuera una materia de secundaria que se puede dar por consumada en tan sólo un semestre. Peor aún: dentro de la misma enseñanza y transmisión práctica de estos derechos se establecen criterios y jerarquías viciadas que presuponen la prioridad de unos sobre otros y que, entre otras consecuencias, establecen la supremacía de los derechos "individuales" sobre los sociales, así como la negación de reconocimiento del sujeto colectivo.

El reconocimiento de sujetos colectivos es uno de los grandes pendientes en el sistema legislativo (que se resiste, por ejemplo, a asumir, al mismo nivel que los internacionales, tratados de importancia sobre derecho indígena, como son los Acuerdos de San Andrés).

El concepto de sujeto colectivo es considerado de menor trascendencia al interior de los debates canónicos sobre los derechos universales, que entienden al sujeto ostentador de derechos colectivos como un grupo de individuos que tienen los mismos intereses y necesidades particulares y no como un conjunto de individualidades entendidas entre sí como una unidad indivisible, donde cada una de sus partes actúa en comunidad con las otras para funcionar de manera colectiva, compartiendo las necesidad de cada parte. Es decir, un sujeto plural del que no se puede pensar una parte sin la otra, y por lo cual, el derecho de una de sus partes es extensivo a todos los que lo conforman.

Esta concepción rompe con la idea tradicional de sujeto en del derecho occidental, pero se encuentra ricamente presente en las prácticas jurídicas de los pueblos originarios. Éstos son los sujetos colectivos por excelencia, pero también lo pueden ser los barrios organizados, comunidades campesinas, algunas organizaciones sociales y aun la misma sociedad mexicana como totalidad.

Tristemente la riqueza multicultural de la nación, que podría ser utilizada para pluralizar y enriquecer el sistema normativo, es negada por quienes sustentan y ejercen el poder. La carencia de este concepto de sujeto colectivo en las normas oficiales impide la demanda de derechos o la denuncia de agravios que, como colectivo, nos incluyen a todos.

Habitantes del municipio de Xochitepec, Morelos, ganaron una demanda de acceso al agua; el juez, al dictar a favor del agraviado, reconoció el derecho universal que todos tenemos a este líquido vital –establecido en tratados internacionales–, pero este fallo favorable solamente valió para quienes presentaron la demanda y no es extensivo para otras familias que no cuenten con el recurso. Así pues, la práctica oficial del derecho no permite a los pueblos y organizaciones denunciar, como colectivos, los agravios cometidos contra éstos.

No obstante, tanto a nivel nacional como internacional se han abierto caminos alternativos para ello, que si bien no tienen consecuencias punitivas directas sobre la autoridad que comete el abuso, sí cuentan con un alto crédito moral y reconocimiento en el ámbito internacional para conducir a algunas consecuencias a favor del agraviado.

Conformado por personalidades de distintas naciones y de inequívoco valor ético, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una de estas alternativas de alto prestigio. El pasado 21 de octubre, el TPP recibió de manera oficial la petitoria para el capítulo México. En ésta, pueblos originarios y organizaciones sociales solicitan al Tribunal investigue y dicte sentencia respecto de múltiples denuncias que hacen ante abusos cometidos por el Estado en contra de sus derechos como sujetos colectivos. Estos derechos se encuentran enunciados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, firmada por el Grupo de Países No Alineados en Argel, el 4 de julio de 1976, reconocida por el mencionado tribunal.

La instalación del Tribunal ejerce una presión social, ya imprescindible, para que los jueces y juristas mexicanos lleguen a un consenso definitivo sobre el significado de los derechos humanos en la Constitución, y la importancia de hacer del colectivo un sujeto constitucional de estos derechos.
Ya han dado inicio asambleas abiertas en las que el Tribunal atiende denuncias, lo que abre la oportunidad para que los pueblos y las organizaciones que aún no encuentran eco a sus problemas presenten su caso y contribuyan a hacer ver al mundo la realidad que, por debajo de la bastedad de tratados internacionales firmados, aqueja a México.

*Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC


El infame congreso de la impunidad y el pillaje




Inusitadamente, los diputados violentaron sus propios usos y costumbres. Hicieron a un lado la indolencia, la belicosidad y el espectáculo, que normalmente caracterizan sus tareas legislativas. Con alucinada presteza, digna de mejores causas y sin duda envidiada por el atormentado Silvio Berlusconi, por ejemplo, en tan sólo 90 minutos debatieron y aprobaron la iniciativa de la Ley de Ingresos para 2012.

El tiempo récord empleado y la rapidez y solidez con la que se alcanzaron "acuerdos", "sorprendieron" a muchos, entre ellos a Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, quien no dudó en "felicitarlos" y en demandar la misma soltura de los senadores para que, "sin mayores modificaciones", conviertan en ley la propuesta. Es natural que, cual quinceañeras pudorosas, estos últimos guardaron las apariencias. Pero expeditamente la convalidaron, con algunos precipitados retoques irrelevantes. Al cabo, cínicamente, Fernández develó el enigma al señalar que "ya [había un] acuerdo" para "desfacer entuertos", como diría Don Quijote de La Mancha a Sancho Panza.

¿A cambio de qué? Porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y algunos de la "izquierda" civilizada no son obsecuentes. Se tasan caros en el mercado político de las "relaciones carnales", para usar las palabras del folclórico argentino Guido di Tella, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem, el alter ego del otro Carlos (Salinas de Gortari).

De paso, demostraron que la propuesta para formalizar las coaliciones electorales y de gobierno es estrambótica. Como se sabe, dicho consorcio fue recientemente formulado por un grupo de académicos, políticos y escritores de "buena fe", de variopinto y mimético pelaje: de derecha, como Manlio Fabio Beltrones; de izquierda rosa y de ambiguos saltimbanquis centristas, como Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Fuentes, Sergio Aguayo, Denise Dresser o José Antonio Crespo, entre otros, supuestamente preocupados por la inestabilidad política asociada a los llamados "gobiernos divididos", donde el Ejecutivo está bajo el control de algún partido y el Congreso de la Unión en manos de la oposición, merced a los caprichos estúpidos de los ignorantes electores.

Para superar esa debilidad proponen la legalización de los acuerdos programáticos, explícitos, responsables, controlables. ¿Para qué? ¿Ante quién? ¿A quién pretenden engañar?

Nada ingenuos, saben que, de facto, legal e ilegalmente, las alianzas se realizan desde hace tres décadas. Las políticas se volvieron moneda corriente, contante y sonante, desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Las electorales y legislativas desde Salinas de Gortari y, sobre todo, con la pérdida del PRI de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, con Ernesto Zedillo. Pero no han sido para las mejores causas, para conciliar intereses encontrados y gobernar en beneficio de la nación, sino para ejercer el poder mafiosamente; no para desmontar el longevo sistema presidencialista autoritario, sino para conservarlo con vida; para cerrar las puertas a la democracia y tratar de engañar a las mayorías con la alternancia electoral entre la derecha neoliberal priísta y la ultraderecha neoliberal-clerical panista; no para impulsar un modelo económico relativamente autónomo y socialmente incluyente, sino para imponer el neoliberalismo.

Gracias a las tormentosas "concertacesiones" palaciegas, Salinas de Gortari y Felipe Calderón alcanzaron la Presidencia en deshonestos procesos electorales; Carlos Medina se convirtió en gobernador interino en Guanajuato, en 1991, luego de la "declinación" de Ramón Aguirre Velázquez, que supuestamente había ganado las elecciones locales (después éste declaró que Salinas de Gortari le pidió el "favor" para quedar bien con el Partido Acción Nacional –PAN– y Estados Unidos, "en beneficio del país"); también, se llevan a cabo la destrucción de la nación, el pillaje, el saqueo y la entrega de las riquezas de México a la oligarquía local y foránea; se desmantelan las conquistas sociales; se reducen las libertades civiles; y se impulsa el estado de excepción. Recuérdese la furia de la "demócrata" Beatriz Paredes, que en 2009, ante la traición de Calderón a sus acuerdos con su partido, que apoyaría la cascada de impuestos antisociales a cambio del veto de las alianzas electorales entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, develó el papel decisivo que jugó el PRI en legitimarlo como presidente, luego de que parecía haber perdido las elecciones de 2006. Corta de memoria, Paredes se olvidó de que el PAN hizo lo mismo en el caso de Salinas de Gortari, en 1988.

Las coaliciones ofrecen historias deliciosas, como ejemplifica el Azcárraga-Salinas Pliego de Italia. En ese país cohabita un presidente de izquierda, Giorgio Napolitano, con un primer ministro derechista y delincuente, Berlusconi, acusado de ineficacia, de relaciones con la mafia, de corrupto y pederasta, de fraudes y otras lindezas. El control que ejerce su partido en el Parlamento (Pueblo de la Libertad), junto con sus aliados de la Liga del Norte, del neofascio y xenófobo Umberto Bossi, y los demócratas cristianos y de centro, entre otros, ha sobrevivido a más de 50 mociones de confianza en tres años y medio. Varias de sus iniciativas han sido rechazadas en las cámaras. Su coalición ha perdido batallas electorales regionales. Su mandato está en ruinas. Pero ha logrado aplicar el neoliberalismo, hundir a su país en la peor crisis económica, imponer las genocidas políticas monetaristas de ajuste fiscal y acelerar la descomposición política y moral de la república que recuerda al viejo imperio romano. Tres factores más impiden su caída: el voto de censura implicaría la disolución del Congreso que lo eligió y la convocatoria a elecciones anticipadas que posiblemente ganaría la izquierda; muchos de los legisladores actuales perderían sus jugosos ingresos y la impunidad que les confiere su puesto, o inmunidad, si se prefiere; porque no serían reelegidos; pero sobre todo, porque no alcanzarían las generosas pensiones vitalicias (4 mil euros mensuales en promedio) que les aseguraría un porvenir tranquilo, mientras las mayorías, cuya indignación crece proporcionalmente con el descrédito de Berlusconi y los parlamentarios, sufren la peor caída en sus niveles de vida en 15 años, debido a la pérdida de empleo, la flexibilidad laboral, la caída de salarios y la reducción de los servicios sociales básicos. Su rabia es aún mayor, porque nada pueden hacer para cambiar el statu quo que los aplasta. Sólo les queda resignarse hasta las nuevas elecciones o la revuelta.

Es la putrefacción política y moral de los poderes Ejecutivo y Legislativo, del sistema político italiano y sus coaliciones. Es el "ballet de vileza política", como señalara el diario La Stampa.

Una historia parecida a la mexicana, con otra forma de concubinato entre el PRI y el PAN.

Sólo hora y media necesitaron los diputados de estos partidos y sus aliados para aprobar la iniciativa, porque su revisión fue una estafa, que obligó a los senadores a agregar algunos retoques más para tratar de atenuar la desvergüenza. Con el beneplácito y la ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo aplicaron trucos contables para que, en esencia, la iniciativa de política económica y de ingresos permaneciera igual. Algunos cambios que destacan son la eliminación del impuesto sobre el valor agregado disfrazado de 5 por ciento que se pretendía que aplicaran los estados; el aumento de la producción petrolera, el endeudamiento público y el déficit fiscal; el gasolinazo (el sobreprecio en las gasolinas: Magna, 42 centavos; Premium y Diesel, 29) que inició en 2008 y debía terminar en 2011. Ahora los consumidores lo seguirán pagando hasta 2014. Ese dinero se trasladará hacia los estados (59.6 mil millones de pesos más); el alza de la luz y el gas. Del lado del gasto se recortarán algunos renglones para elevar otros.

En suma, se mantiene el autismo fiscal. El bajo ingreso, el peor de América Latina (9.6 por ciento del producto interno bruto [PIB]; la media de la región es de 13.5 por ciento; la más alta es de Bolivia, 19.8 por ciento), al igual que el gasto. La inequidad tributaria: que paguen más los que menos tienen. Las empresas sólo pagan el 4 por ciento del PIB, la media latinoamericana es de 3 por ciento, y en Bolivia de 6 por ciento. La petrodependencia en la recaudación. El abusivo gasto corriente. Más recursos para los estados. Más dinero para la voracidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para las autoridades electorales y el Estado policiaco-militar. Menos para el sector agropecuario, la infraestructura, el desarrollo.

El fatalismo histórico. El PRI y el PAN hablan del difícil entorno externo que exige disciplina, las políticas que condenan a México a la mediocridad en el crecimiento. Cínicamente, el diputado priísta Jorge Carlos Ramírez dijo: "¡No estamos en contra de los pobres, sino a favor!". Es decir, con los que buscarán un empleo y no lo encontrarán; los que sus salarios se deteriorarán más por la inflación inducida en los precios de los energéticos; los que padecerán con el mayor retroceso en la calidad de los servicios sociales; las millones de personas que empiezan a padecer hambre en ocho estados, debido a la crisis alimentaria, que se agravará con el menor presupuesto rural otorgado; y los nuevos pobres y miserables que generarán con sus decisiones y que se sumarán a los ya existentes: los pobres "multidimensionales" aumentaron de 48.8 millones a 52 millones, y los pobres "por ingresos", de 52.3 millones a 57.7 millones entre 2008 y 2010, según la simpática taxonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En el calderonismo, los pobres "por patrimonio" pasaron de 45.5 millones a 57.7 millones.

La culpa se traslada hacia el exterior. Ése es responsable de que el crecimiento en el calderonismo cierre a una tasa media de 2 por ciento. En cambio, en Argentina –que renegó del neoliberalismo y aplica una política estatal activa basada en el mercado interno–, será de 7.5 por ciento.

Los neoliberales del PAN y del PRI avalaron una política que privilegia la baja inflación, por medio de los altos réditos, el castigo del gasto público, la inversión productiva, los salarios, la demanda y el crecimiento que arrojará más desempleados y miserables.

El economista inglés John Maynard Keynes escribió en 1923: "La inflación es injusta y la deflación inoportuna. Quizá ésta es la peor de ambas si se hace abstracción de inflaciones extraordinarias como la de Alemania". Después, al conocer los efectos de la crisis de la década de 1930, agregó: "La deflación significa una transferencia de las clases activas a las pasivas de la sociedad. Es verdad que la inflación y la deflación son injustas [...] Pero mientras que la primera aligera la carga de la deuda pública y estimula a las empresas, ofrece una ventaja que puede ser puesta de un lado de la balanza, la segunda no aporta ninguna compensación". En un mundo empobrecido "es peor provocar desocupación que frustrar al rentista en sus esperanzas", aunque "ambas son males a evitar".

Primero se justificó que el alza de las gasolinas en que eran más baratas que las internacionales. Luego en la necesidad de reducir los subsidios. Ahora, para dar ese dinero a los estados. ¿Y los mecanismos se supervisión? Los Peña Nieto, González Márquez o Moreira Valdés son campeones en su manejo sucio, sin rendir cuentas a nadie. En realidad ese dinero servirá para las elecciones y la rapiña.

¿Y los salarios? Nada dijo la SHCP, porque son de miseria, de cuarto mundo. En 2006-2010 el poder real de compra de los mínimos cayeron 3.4 por ciento. Los salarios reales medios apenas mejoraron 3.8 por ciento, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Son los peores de Latinoamérica. En Argentina subieron 66 y 50 por ciento. El alza de las gasolinas afectará los precios finales y reducirá más la capacidad de consumo de las mayorías, pese a las mentiras de los congresistas y los calderonistas.

Y los legisladores suspiran por reelegirse. Sin duda se la merecen. Pero no por la defensa de los intereses de sus electores, sus valores republicanos, el respeto a las leyes o la defensa de la soberanía nacional, sino por ser lacayos de la oligarquía. Sería un pago justo a su sometimiento y a sus servicios prestados.

Merecen la reelección en las mismas circunstancias a l

Siguen libres dueños del sitio y capos; dudosas, las detenciones

A dos meses del ataque

No habrá justicia para vivos ni para muertos en el casino Royale

Es una burla de autoridades, coinciden deudos y trabajadores


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Aspecto del casino Royale, tras el ataque cometido por integrantes del crimen organizado el pasado 25 de agosto en la ciudad de MonterreyFoto Víctor Camacho
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Una de las trabajadoras del centro de apuestas asegura que las salidas de emergencia del inmueble estaban clausuradas o eran falsasFoto Víctor Camacho
Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 6 de noviembre de 2011, p. 2

Monterrey, NL. Sin funcionarios públicos detenidos, sin peritajes concluyentes, sin detenciones de los dueños, sin arrestar a los grandes jefes del crimen organizado, sin desvelar los nombres de los operadores; a más de dos meses de uno de los mayores ataques contra la población civil perpetrado en México, las víctimas del casino Royale siguen en espera de justicia.

No hay justicia para vivos, ni para muertos, dice con tono de amargura Baldemar Villarreal, padre de dos trabajadores del casino Royale que lograron salvarse. Y lanza una frase lapidaria para rematar: La justicia en México es letra muerta.

Los familiares de las 52 víctimas de la casa de apuestas y los 180 trabajadores que laboraban en el casino Royale han visto con desolación la opacidad en las investigaciones sobre las responsabilidades de miembros de Protección Civil de Nuevo León que cubrieron el ataque, los enredos entre municipio, estado y Federación sobre los peritajes del siniestro, la protección a Raúl Rocha Cantú, dueño del negocio, la ocultación del resto de los propietarios, el manejo turbio para encubrir y proteger a funcionarios implicados de los tres niveles de gobierno, la inacción del gobierno federal para atraer por completo el caso y la falta de apoyo gubernamental a las víctimas para solventar las consecuencias de la tragedia.

También han visto con escepticismo la detención de 17 presuntos implicados, la mayoría de ellos jóvenes y menores de edad que son presentados como cabecillas de Los Zetas y en muchos casos ni siquiera forman parte de la lista revelada por la Procuraduría General de la República de 18 presuntos culpables de la masacre, de los cuales sólo se ha detenido a ocho personas.

Y finalmente han asistido al bochornoso espectáculo de impunidad ofrecido por autoridades policiacas y judiciales en torno a la protección de Jonás Larrazabal –hermano del alcalde panista de Monterrey–, Fernando Larrazabal; a quien se exhibió como extorsionador de varios casinos y está detenido bajo condiciones de privilegio y por cargos menores a los hechos, mientras el edil regiomontano es sostenido en su puesto por su partido y sin ser molestado por las autoridades correspondientes.

Todo ha sido una burla, la justicia nunca llegará, de eso estamos seguros, dice con desánimo María Teresa Salazar Ibarra, madre de un escolta del casino y esposa de un guardia de seguridad de la misma casa de apuestas.

Tapar el sol con un dedo

Afuera del casino Royale siguen llegando flores frescas. Los familiares y amigos de las víctimas mortales se reúnen con regularidad para orar por sus seres queridos y para seguir exigiendo justicia a autoridades de los tres niveles de gobierno. Colocan veladoras, mantas con las fotografías de los fallecidos: Te amamos por siempre: tu esposa y tus hijos.

Ante la falta de justicia, la sospecha y la simulación, los familiares han depositado su confianza en la religión y celebran misas y reuniones para rezar. Han colocado imágenes de la Virgen de Guadalupe y también de Jesucristo con una leyenda que dice: Jesús, en ti confío.

Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muraira Pérez, de 18 años, fue testigo de la rapiña de las autoridades judiciales de Nuevo León luego del ataque, ya que al entregarle las pertenencias de su hijo, se quedaron con la cartera. Ahora observa nuevamente la impunidad: Nos interesa que se castigue no sólo a quienes vinieron a quemar el lugar, sino a las autoridades que permitieron que este casino estuviera funcionando. Hay autoridades de la Secretaría de Gobernación, autoridades estatales y locales, hay muchos responsables por acción y omisión que no han sido detenidos.

En días recientes los familiares de las víctimas acudieron nuevamente al lugar para colocar un altar con 52 cruces que llevan inscrito el nombre de cada una de las personas que murieron en el ataque. Otra manta fue colocada en el exterior del casino: Señor Presidente: le pedimos que honre su palabra: caiga quien caiga.

Raúl Carlos Cavazos, hijo de Aída Cavazos, de 62 años, que murió en el atentado, es contundente: Es un llamado que hacemos a las autoridades para que asuman sus responsabilidades y nos permitan a los ciudadanos que estamos sufriendo aún esta pérdida, que podamos tener justicia y paz.

Unidos por la tragedia, los familiares coinciden en señalar que los tres niveles de gobierno se lanzan la pelotita para que no se detenga a ningún funcionario público implicado en el caso Royale y solicitaron la creación de un programa de atención a víctimas, que finalmente haga realidad los apoyos económicos funerarios, las becas educativas o la prometida ayuda sicológica.

A los trabajadores del casino tampoco se les ha hecho justicia. Karla Iveth Villarreal Niño, de 34 años, laboraba en el área de monitores y su hermano, Raúl Fernando, de 30 años, en seguridad; ambos recibieron solamente mil 600 pesos de indemnización: No se justifica lo poquito que les dieron y eso que ellos recibieron más, a otros sólo les dieron 400 o 100 pesos. Una vil burla. La justicia en este caso no tiene ni pies ni cabeza, está ciega por completo. El dueño sigue libre. Todos sabemos que los culpables son los que dieron la firma para abrir el casino, pero todos le quieren echar tierra a la tragedia y lo que siempre hacen: agachar la cabeza, y como el muerto no declara... Todos merecen justicia, no sólo los muertos, también los vivos, dice el taxista Baldemar Villarreal, de 58 años, padre de ambos trabajadores del Royale.

¿Por qué no le escarban al papá del gobernador?

Karla Iveth fue una de las rescatadas por otro de los trabajadores que sabía de antemano que en el casino las puertas de emergencia estaban clausuradas o eran falsas. Lo más triste para ellos fue ver cómo morían sus compañeros y los clientes. Por eso nos indigna que ahora las autoridades estén enmascarando cosas para proteger a los culpables. A ellos nadie les va a hacer nada, son gente del poder. ¿Quién está detrás del casino Royale y de todos los demás? ¿Quiénes les dieron los permisos? Nos siguen echando mentiras. Es aberrante. ¿Por qué no le escarban tantito al papá del gobernador Rodrigo Medina?.

Los deudos de las víctimas han visto también con indignación cómo el único dueño visible del casino, Raúl Rocha Cantú, huyó a Miami y hasta allí fue entrevistado por la PGR en lugar de ser detenido. Cuestionan que siga libre y que las autoridades le hayan permitido desmantelar las oficinas del casino ubicadas en la Torre América para rescatar computadoras y expedientes con toda la información de la operación de su casa de apuestas: A él nunca lo van a detener, es gente del poder; prestanombres de gente del gobierno, los dueños de los casinos son el poder por el poder, dice otro familiar.

La expedición de permisos de casinos sigue siendo la gran asignatura a resolver en el entramado de la procuración de justicia. A la clausura definitiva del casino Royale le sigue ahora la apertura de siete nuevas casas de apuestas, incluso algunas bajo la misma casa operadora del casino propiedad de Rocha Cantú, aunque la mayoría de los nuevos negocios están vinculados a Juan José Rojas Cardona, conocido mejor como el zar de los casinos.

En el ámbito judicial tampoco ha habido justicia, ni siquiera la suspensión de los implicados en la maraña de corrupción gubernamental que cubre al casino Royale. La presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo, Juana María Treviño, que dio las resoluciones en favor de la casa de apuestas atacada para que siguiera funcionando, ha dicho que ella no es culpable del ataque: Nosotros no tuvimos nada qué ver.

De visita en Monterrey, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó a los municipios de solapar a los casinos por corrupción, negligencia o falta de capacidad y pidió que se deslinden de una vez las responsabilidades en cada una de las esferas de competencia que permitieron la operación del Royale.

A más de dos meses del ataque, el peritaje a cargo de la procuradora Marisela Morales aún no ha sido entregado, por lo tanto, aún no se sabe las condiciones que tenía el inmueble cuando fue atacado.

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer la detención de Jesús Rafael Torres Bautista, El Colitas, de 18 años, presunto jefe zeta, y de cuatro menores de 15, 16 y 17 años, implicados en el ataque al casino Royale, el gobernador Rodrigo Medina a pregunta expresa de La Jornada defendió la actuación de su gobierno y dijo que la percepción de impunidad en este caso es producto de los medios de comunicación:Es importante que los medios nos ayuden a que haya una percepción objetiva. La responsabilidad nuestra es dar con los culpables y lo estamos haciendo... los dictámenes periciales se están llevando a cabo y se va a llegar a una conclusión y si hay autoridades responsables se va a castigar, tiene que concluir el dictamen. No se resuelve de la noche a la mañana.

A más de dos meses de la tragedia y visto lo hecho, María Teresa Salazar Ibarra, madre de un guardia de seguridad del casino Royale, piensa lo contrario: No habrá justicia, hay muchos intereses.

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