miércoles, noviembre 30, 2011

Nepomuceno vino, exigió, denunció y lo asesinaron; ¿Venganza de Calderón y el PAN?




Pedro Echeverría V.


1. Leopoldo Valenzuela, de Durango denunció la desaparición de su hijo, colaboró con las investigaciones, terminó asesinado. Marisela Escobedo de Chihuahua que exigió justicia por el asesinato de su hija Rubí, recorrió todas las "instituciones de justicia", también fue asesinada. Asimismo Álvaro Sandoval (el "héroe de Juárez") también de Chihuahua, fue ejecutado, y ahora Nepomuceno Moreno que al ser asesinado su hijo exigió justicia, participó además en las caravanas de la paz con justicia y dignidad, encabezada por Sicilia, fue asesinado ayer. Pero así como los gobiernos del PRI, los del PAN usan el mismo argumento mentiroso: los matamos porque eran parte del narco, o porque no quisieron parar su automóvil cuando se les indicó, o porque los confundimos o, de plano, porque llevaban mucha droga en su vehículo. ¿Cuándo un gobierno va a reconocer que es asesino?

2. ¿Qué hacen los dirigentes de partidos, candidatos y precandidatos a la Presidencia, aspirantes a senadores, a diputados, etcétera, a más de mil cargos? Dándose patadas y zancadillas, puñaladas traperas, para obtener un puesto electoral y un enorme salario 200 y 400 veces superior al salario de la mayoría de los trabajadores del país. ¿Cómo protestar si en México obtener un cargo es como sacarse varias veces la lotería nacional, es asegurar un buen dinero para usar toda la vida. Antes desde la izquierda gritábamos contra el PRI porque tenía diputados, senadores, presidentes municipales, a Fidel Velázquez, que llevaban 40 años en el poder; hoy panistas y perredistas están ya a punto de superar esa cantidad de años chupando del mismo presupuesto público. En cuanto al PRI y el PAN –como partidos burgueses- no hay contradicción; pero entre la mayoría del PRD que se dice progresista, es un cinismo brutal.

3. Entre tanto, desde el más allá, Leopoldo, Marisela, Álvaro, Nepomuceno siguen exigiendo justicia y advirtiendo que no hay que confiar en ningún gobierno, menos en sus soldados y policías que tienen órdenes de matar. Esas sencillas personas no pertenecían a partido político alguno ni eran agitadores, sino que simplemente reclamaban justicia para sus hijos o familiares muertos y, en lugar de que el gobierno haga justicia prefirió ajusticiarlos. Me recuerda la "justicia" que durante décadas se aplicó contra los campesinos que luchaban por tierras para trabajar: "Quieres tierras, pues te damos tierra", es decir, sepultura. Así ha actuaron los gobiernos del PRI durante 70 años y lo mismo han hecho los gobiernos del PAN durante once años. ¿Qué podríamos esperar de los siguientes gobiernos cuyo único objetivo sea conservar el poder, por encima de todo? Me parece que todo se reduce al problema del poder económico y político.

4. Hoy La Jornada publica un trabajo de Fernández-Vega sobre el salario mínimo que parte de investigaciones de la facultad de economía de la UNAM. Dice que "hasta la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos reconoce" que el poder adquisitivo real del mini ingreso equivale (octubre de 2011) a 10.09 pesos, es decir 83 por ciento menos que su valor nominal. Habla el artículo de que en diciembre de 2000 el poder adquisitivo real del salario mínimo era de 10.31 pesos; en igual mes, pero de 2006, con Calderón, tal indicador había caído a 10.17 pesos, y en el décimo mes del presente año a 10.09 pesos. Todo ello, desde luego, para vivir mejor. Entonces, de acuerdo con este criterio, en 2012 el aumento real al mini ingreso oscilaría entre 3 y 5 centavos de peso. ¿Qué quiere decir? Que en los sesenta y setenta podíamos comprar una canasta básica de productos completa y a partir de entonces, hoy, sólo podemos comprar el 10 por ciento.

5. Señala que la caída en el poder adquisitivo durante el gobierno de Felipe Calderón sigue siendo mayor que la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Los discursos no sustituyen la realidad que enfrentan diariamente las amas de casa, los trabajadores del campo y de la ciudad. Se ha dado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores similar a la sufrida en la llamada década perdida (la de los años 80 del siglo pasado), mostrando así un retroceso. De continuar la tendencia en la pérdida del poder adquisitivo, el salario mínimo presentaría una pérdida histórica mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo que fue de 51.1 por ciento, y que podría alcanzar el 62 por ciento por ciento de pérdida del poder adquisitivo, la mayor caída desde los años 40 del siglo pasado. Estos desastres son causa de risa para los ricos y clases medias altas, pero para la inmensa mayoría una penalidad.

6. ¿Cómo pueden protestar los dirigentes de partido, sus senadores y diputados, acerca de la intensificación de los crímenes en el país, apoyar demandas de 23 mil ciudadanos contra Calderón en La Haya, si se sienten bien comidos, bien bebidos y bien cubiertos en sus viajes en México y en otros países? No recuerdo si el jefe patronal Sánchez Navarro decía en los años sesenta que estaba muy bien que su hijo fuera comunista de joven para cuando sea grande fuera un buen capitalista. La realidad es que –según los partidos- no pueden manchar su trayectoria apoyando asuntos pequeños de asesinatos y delincuencia por que ellos luchan por cosas superiores. Pero en estos años, cuando la población se dé realmente cuenta que todos los políticos son más de lo mismo, es decir, que sólo buscan cargos y poder, dejará de votar y esperanzarse que políticos y gobernantes que sólo ven por sus intereses particulares.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Carlos Fuentes: "Estamos enojados, infelices, y sentimos que esto debe cambiar"


El escritor mexicano fue entrevistado para el programa The National de la CBC. La reportera le preguntó sobre qué calificación le daría a los esfuerzos de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado. Respondió: "Falló, falló. Es una política fallida. A dos semanas de convertirse en presidente declaró la guerra a los cárteles de la droga y los cárteles de la droga le declararon la guerra a él. Así que es una guerra abierta. El gobierno gana una batalla y los cárteles ganan tres". Expresó que su peor temor ahora es "la ausencia de gobierno. La ausencia de autoridad. La pérdida de autoridad. Y si el gobierno y las oficinas públicas pierden la autoridad, se la entregarán a los criminales"

Por: Fecha: noviembre 29, 2011 - 12:11 | 2 comentarios

El escritor mexicano Carlos Fuentes dijo en entrevista con Nahlad Ayed, en el programa The National de la CBC, que los mexicanos están enojados e infelices por el resultado de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, y dijo que muchos sienten que la situación debe cambiar.

Fuentes dijo que la violencia que se vive en México a superado su propia imaginación: la imaginación de un escritor.

"Hay coraje, por supuesto. Estamos muy enojados [por la guerra], muy infelices con esta situación, y sentimos que esto tiene que cambiar", señaló Fuentes.

"Nunca había visto tanta violencia rampante en mi país. Tuvimos guerras revolucionarias, con figuras políticas peleando por causas políticas. Pero a los capos de la droga en México no les importan esas cosas. Dicen: 'Estamos aquí para chingarte. Estamos aquí para ser desgraciados. Estamos aquí para ser criminales. No cometas un error'. Así que esto es un reto para el gobierno, es un reto para la sociedad, y es un reto para cada ciudadano", dijo.

La reportera le preguntó sobre qué calificación le daría a los esfuerzos de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado. El escritor mexicano respondió: "Falló, falló. Es una política fallida. A dos semanas de convertirse en presidente declaró la guerra a los cárteles de la droga y los cárteles de la droga le declararon la guerra a él. Así que es una guerra abierta. El gobierno gana una batalla y los cárteles ganan tres".

"Es una propuesta fallida, una propuesta fallida. Así que debemos buscar otros caminos. Déjeme darle un ejemplo: ¿Por qué todos los que usan drogas y son capturaron son llevados a una prisión? Deberían ser llevados a un hospital, no a una cárcel. El punto es que las drogas deben ser legitimadas. Deben ser prescritas, o lo que sea, pero no deben ser penalizadas como ahora", dijo.

¿Cuál es el peor miedo que tiene sobre su país?, se le preguntó. Carlos Fuentes respondió: "La ausencia de gobierno. La ausencia de autoridad. La pérdida de autoridad. Y si el gobierno y las oficinas públicas pierden la autoridad, se la entregarán a los criminales".

"Es terrible. Conozco a gente extraordinaria por doquier, mujeres y hombres, y les pregunto: '¿Por qué abandonaste México?', y ellos responden: 'Porque tenemos un jefe político que nos niega la justicia, que viola nuestras mujeres, que no nos da educación, que nos explota'. O porque no tienen oportunidades", señaló.


Duarte Jáquez: gobierno de sobresaltos

Chihuahua

César Horacio Duarte Jáquez es el gobernador número 142 desde la fundación del estado de Chihuahua en julio de 1824. Pasante de Derecho con cuatro diplomados y miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1977, nació en Hidalgo del Parral, el 14 de abril de 1963. Entre 1984 y 1993 fue propietario de la agencia automotriz Cadsa Motors y en 1999 fungió como director de la empresa Pavimentos y Servicios de Parral SA de CV.

En 2008 fue electo presidente de la Cámara de Diputados. A pesar de que apenas unos meses después de su nombramiento como líder de los legisladores propuso reducir los gastos como medida ante el impacto de la crisis, aquel periodo en San Lázaro estuvo lleno de irregularidades. En febrero de 2009, el diario Reforma reveló que Duarte recibía al mes 144 mil pesos en vales para gasolina. Además, el priísta contaba con 14 asesores, casi todos originarios de Chihuahua y cuyos salarios implicaban un gasto mensual de 607 mil 575 pesos.

Además, para realizar sus actividades, Duarte Jáquez solicitó ocho computadoras, vales adicionales de despensa por 15 mil pesos y una Suburban 2009 de transmisión automática, eléctrica, con aire acondicionado, para nueve pasajeros; ese vehículo que tiene un costo mayor a los 500 mil pesos. Sin embargo, la petición no tuvo éxito. Encima, el priísta aprovechó sus tres años como miembro de la LX Legislatura para viajar a costa del erario público. En octubre de 2008 viajó a Francia para asistir a la novena Feria de Biarritz. Estuvo también en Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador, Colombia y Turquía, por mencionar sólo algunos de sus viajes.

Desde mayo de 2009, más de un año antes de las elecciones para gobernador en Chihuahua, César Duarte comenzó a promover su imagen. Una nota del periódico El Norte reveló el gasto excesivo realizado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados en el área de Comunicación Social. Según el diario regiomontano, entre enero y abril de aquel año se gastaron 27 millones de pesos en contratos con personas físicas y morales para difundir la imagen y el trabajo del diputado priísta en Chihuahua. La oposición no tardó en levantar la voz. El legislador del PAN Gerardo Priego Tapia lamentó el uso de recursos públicos para promover las aspiraciones de Duarte y dijo: "Eso es lo que desprestigia tanto a la institución y hace que la gente se sienta alejada de los diputados, porque los recursos se usan para beneficio de un grupo o de un político, sin que nadie diga nada al respecto".

Una candidatura accidentada

En enero de 2010, Duarte Jáquez fue electo como candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua. A diferencia de los dos sexenios anteriores en los que el candidato del tricolor fue seleccionado a través de una consulta abierta a la ciudadanía, la decisión de convertir al ex diputado en candidato fue tomada solamente por Beatriz Paredes Rangel, entonces presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional. Héctor Murguía Lardizábal, Alejandro Cano Ricaud, Óscar Villalobos Chávez, Fernando Rodríguez Moreno y José Reyes Ferriz también aspiraban a la candidatura, pero se quedaron con las ganas tras la designación por "dedazo" de Duarte. Elba Esther Gordillo y el PANAL se sumaron a la campaña del ex legislador. La presidenta nacional del SNTE incluso dijo: "El mío, el personal, el de Elba Esther Gordillo Morales, si yo votara en Chihuahua, yo votaría por esa coalición: Nueva Alianza-PRI, encabezada por César Duarte, mi voto es para él, lamento no votar pero razono mi voto".

Acción Nacional escogió a Carlos Borruel Baquera como su candidato y el Partido de la Revolución Democrática nombró a Luis Adolfo Orozco Orozco para representar a la izquierda en las boletas electorales. De inmediato, el blanquiazul y su candidato se lanzaron con todo contra el priísta. Comenzó así una guerra de acusaciones y denuncias entre ambos. Borruel y el PAN acusaron al priísta de "piratería", por copiar todas las propuestas de campaña del candidato panista. El blanquiazul también presentó una denuncia penal en contra del representante de la alianza PRI-PT-PVEM-Convergencia por el delito de usurpación de profesiones y falsedad ante autoridad, ya que Duarte aseguraba en su currículum ser licenciado sin realmente tener un título universitario.

Con el paso de los meses, las cosas se complicaron para Duarte. Primero, dos camionetas de su equipo de campaña recibieron disparos de alto calibre desde un vehículo militar mientras esperaban afuera del Aeropuerto Internacional de Chihuahua. El candidato del tricolor no se encontraba en el lugar de la agresión y ninguno de sus colaboradores salieron lesionados. Por si fuera poco, en plena campaña, el diario Reforma publicó una nota en la que acusaba al priísta de utilizar recursos públicos para una intervención quirúrgica de su esposa Bertha Olga Gómez Fong. El priísta lo negó de inmediato, pero la Contraloría Interna de la Cámara detectó el pago irregular de 3.1 millones de pesos en honorarios médicos sin presentar comprobantes.

Víctima del narco

Ya como gobernador electo, anunció que su administración se concentraría al 100% en la lucha contra la inseguridad. El 16 de julio de 2010, el empresario Humberto Medina Velo, sobrino de Duarte Jáquez, fue asesinado tras un intento de secuestro. El priísta suspendió un viaje familiar para participar en el funeral. Ahí, dijo: "Estoy muy conmovido por estos crímenes que ocurren en contra de personas de bien, por ello reitero que mi estrategia será integral, con mano dura contra la delincuencia que se mantiene en línea ascendente en el territorio estatal". Doce días después, en Parral, un comando ejecutó a Alberto Porras Duarte, también sobrino del priísta.

En octubre, al asumir como gobernador, Duarte prometió paz para Chihuahua. "Me comprometo a que, antes de un año, la Policía Única esté funcionando con eficiencia, y esta semana presentaré a este honorable Congreso la iniciativa de cadena perpetua para el homicidio múltiple, el secuestro y la extorsión", dijo ante 25 mil personas. Seis meses después, el gobernador reveló en una entrevista con Reforma haber recibido varias amenazas por parte del crimen organizado.

Entre sus propuestas para resolver este problema, Duarte Jáquez envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en la cual proponía obligar a los jóvenes que no estudian ni trabajan a cumplir con un servicio militar de tres años. La propuesta no prosperó y fue calificada como una tontería por parte de varios legisladores.

Carta abierta



Pedro Miguel
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.

Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.

Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.

Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, "una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel". Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: "En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país". Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, que en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma y que sólo en 18 meses ocurrió un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas.

En suma, señor Calderón, pienso que quienes afectan terriblemente el buen nombre de México son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.

Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.

Amago gubernamental




Editorial La Jornada
El domingo pasado la oficina de Felipe Calderón Hinojosa anunció que analizaba las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes signaron una demanda por crímenes de guerra, presentada el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al titular del Ejecutivo federal, a varios integrantes de su gabinete de seguridad y al presunto cabecilla del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada y entre éstos y las fuerzas policiales y militares, cuyo mando supremo recae en el propio Calderón. A decir de Los Pinos, las imputaciones son falsas y calumniosas, absurdas, infundadas e improcedentes, temerarias y dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México.

Hay un error jurídico básico en la noción de que acudir a un tribunal cualquiera, nacional o internacional, pueda considerarse delito y ser objeto de sanciones o contrademandas. El recurso interpuesto ante el CPI, y firmado por unos 23 mil ciudadanos, simplemente será considerado procedente o no, esto es, el tribunal internacional decidirá si amerita la apertura de un proceso contra los imputados. De modo que, si se empecina en proceder legalmente contra sus demandantes, el gobierno federal deberá buscar la infracción en otro sitio.

Por lo demás, el amago oficial en contra de quienes realizan imputaciones infundadas e improcedentes en distintos foros e instancias nacionales e internacionales ocurre unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en un fallo deplorable, aunque de acatamiento obligado, la virtual imposibilidad de que personas con actividad pública tengan éxito como demandantes por difamación y calumnias. Al considerar que la libertad de expresión no debía tener cortapisas ni limitaciones en esta circunstancia, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo exculparon a la revista Letras Libres, que en una de sus ediciones acusó a este diario de complicidad con el terrorismo de la organización vasca ETA. De esa manera, el máximo tribunal del país sentó un precedente que abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista que dirige Enrique Krauze.

Con ese precedente, el amago gubernamental contra los autores de la demanda presentada el viernes pasado en La Haya no parece tener viabilidad alguna, no sólo porque Calderón es, evidentemente, una persona con actividad pública, sino también porque la pretensión de atribuirle responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, correcta o equivocada, tiene elementos constitutivos más variados y complejos que la simple maledicencia: informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales humanitarios y de una abundante información institucional y periodística. Menos improbable parecería, en todo caso, que tales imputaciones llegaran a dirimirse en la CPI.

Si se analiza con atención, esta perspectiva no es obligadamente desfavorable para la administración calderonista, y hasta resulta difícil entender que el actual gobierno, que exhibe una convicción tan absoluta en la justeza, pertinencia y legalidad de su estrategia de seguridad y combate al crimen, no vea la conveniencia de desvirtuar en forma contundente y definitiva, en un proceso internacional, los múltiples señalamientos en su contra por la comisión de masivas violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la amenaza a los demandantes hace ver a los integrantes de la administración calderonista como temerosos de ser hallados culpables en un juicio semejante.

Por lo demás, en términos políticos y mediáticos, la contraofensiva del gobierno no pudo ser más contraproducente, porque atizó el debate público más de lo que lo hizo la propia demanda interpuesta el viernes pasado en La Haya y dio nuevo impulso a sus promotores. En cuestión de horas se duplicó el número de firmantes de la querella; muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo en su presentación manifestaron su rechazo a la pretensión gubernamental de coartar el derecho ciudadano a la libre expresión y a acudir a una instancia jurisdiccional; adicionalmente, se convocó para hoy a actos de protesta frente a la Procuraduría General de la República, en esta capital, y a un lado de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.

Las rectificaciones no sólo son legítimas, sino que honran a quien las emprende. En esta situación, el gobierno federal ganaría si enmendara su reacción inicial y se desistiera de agitar sobre sus demandantes una espada de Damocles que, dadas las circunstancias, no parece tener mucho filo.

¿Usa el gobierno federal uno de los himnos de la mota? (VIDEO)

¿El gobierno federal está haciendo apología del uso de la marihuana en uno de sus spots? Quién sabe, pero las redes sociales –Facebook, Twitter y YouTube, al menos– creen que sí.

En un anuncio, que el gobierno subió a Youtube el pasado 14 de noviembre, se destaca: "Con más y mejores carreteras tu negocio crece y tu buena vibra se contagia", aparece un agricultor que reparte sus productos en un mercado. El campesino silba una tonada que a todo mundo le suena a "Don't Worry, Be Happy", canción escrita en 1998 por el neoyorquino Bobby McFerrin y que es todo un llamado a la despreocupación y al optimismo.

El título de la canción fue tomado por McFerrin de Meher Baba, un gurú indio que, en los sesenta, era seguido por grupos de jóvenes hippies de Occidente, y que solía repetir a sus seguidores "Don't Worry, Be Happy".

Además, "No te preocupes, se feliz" también es un himno rebelde en pro de las libertades civiles e incluso del uso de la marihuana. En la versión del grupo argentino de Ska, The Locos, se difunden mensajes como:

"Duro con la vida no des ni un paso atrás

duro con la gente que no deja respirar

dale, dale, dale, dale, dale, acción.

"Si tu marihuana se va a acabar

no te preocupes, que aun hay más

don`t worry be happy.

"No me juzgues y se feliz

vive tu vida y deja vivir

don´t worry be happy".

Los usuarios de redes sociales, han colocado spots que reclama al gobierno federal por piratearse la canción de McFerrin para promover sus "logros".

"SE LO PIÑATERON DE LA CANCION "Don't Worry Be Happy" DE Bobby McFerrin".

GOBIERNO PARA ERRADICAR LA PIRATERIA EMPIEZA POR TUS SPOTS "wouldn't it be nice" ARRUINASTE MI CANCION FAVORITA

"Y el pinche silbido bien fusilado de dont worry be happy!!! Maldito gobierno ni para componer algoÒ nuevo sirven, ni para gobernar ni para nada. rostraman"

Si vuelvo a escuchar una vez mas el anuncio del silbido, ya sea en la tele o en el radio, juro x mi vida que matare a alguien

Silbido Infraestructura Carretera – YouTube shar.es/ohSfB ⏎ Juicio a Calderón por tortura emocional @Asota @GobFed

"Eres mas castrante que el spot del silbido de gobierno federal!"// Hasta siento que es KillBill y ya valí madres.

¡Ah! ¡Pinche silbido! #RenunciaCalderon

En todos lados escucho el silbido de los comerciales del gobierno federal. Ya fastidia :@

"Tendrás q escucharnos" dijeron. Cerrró los ojos y cubrió oidos, pero ni eso mitigó l tétrico sonido dl silbido x todas partes

"Si pudiera agarraría a chingadazos al del comercial de silbido" jajaja #Frasesdemimama



Mujeres "guardadas" en la morgue de Juárez

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ANGELES.- "Tardaron mucho en decidirse, y en entregarla", dijo en los pasillos de la fiscalía del Estado, una funcionaria pública para referirse al cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida en Ciudad Juárez, el 18 de enero de 2008. Las autoridades locales habían retenido el cadáver de la joven en las instalaciones del Servicio Médico Forense "desde hace tiempo", sin informar con precisión cuánto, y porqué no habían informado a sus familiares.

Adriana tenía 15 años cuando fue secuestrada. Ella y su amiga Griselda regresaban de la Preparatoria Allende, con rumbo a su casa, en un autobús de la ruta Juárez-Zaragoza. Griselda bajó dos cuadras antes de llegar al centro de la ciudad, donde aún vive. Adriana continuaba sola, como todos los días, dos cuadras más en el mismo autobús por la avenida Miguel Ahumada, y caminaría una cuadra por la calle Francisco Javier Mina, para tomar un segundo autobús hacia la colonia Mariano Escobedo, donde vivía con sus padres. A su casa nunca llegó. Y en ese tramo, donde habría estado sola unos 12 minutos antes de tomar el segundo transporte, desaparecieron otras tres jóvenes en diferentes fechas, dos de ellas asesinadas y retenidas en la morgue, y otra identificada en una audiencia de televisión en Los Ángeles, California, sin dar con su paradero.

La madre de Sarmiento publicó en diferentes sitios digitales la desaparición de su hija y la ayudaron a pegar miles de pesquisas por el centro de la ciudad. Sin embargo, estaba totalmente destrozada por el dolor, y no pudo continuar con el resto de las madres que se han organizaban para seguir buscando a sus hijas.

Adriana Sarmiento

Cadáveres guardados por años

"El cuerpo de Adriana Sarmiento pudo haber sido retenido en la morgue por un año o más", señaló una fuente oficial que guardamos su anonimato por seguridad. Así fue el caso de Hilda Gabriela Rivas Campos, de 16 años, desaparecida en febrero de 2008 y asesinada ese mismo año. Su cadáver lo encontraron en el Kilómetro 57 del Valle de Juárez, y fue retenido en la morgue durante tres años hasta que las autoridades decidieron notificar a su madre, el 27 de septiembre de 2011, alegando "que tenían que hacer la prueba de ADN y compararlas con las muestras que dan los familiares de las víctimas".

Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, esperó mucho menos para que las autoridades notificaran y entregaran el cadáver de su hija. Mónica desapareció en enero de 2011 y tenía 18 años. Su cuerpo también fue localizado en el Kilómetro 57, a los días de haber sido asesinada y lo entregaron nueve meses después, junto con el de Hilda Gabriela, el mismo 27 de septiembre, en una conferencia de prensa organizada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a la que Carmen Castillo prefirió no asistir.

También han sido "guardados" siete cadáveres de mujeres sin identificar y sin informar oficialmente a la opinión pública, que fueron encontrados en Loma Blanca, del Valle de Juárez. Se desconoce el tiempo y las circunstancias por las que las guardan en la morgue, pese a que las madres de las desaparecidas están en constante búsqueda de sus hijas y preguntando a la Fiscalía por los avances de las investigaciones.

El cuerpo de Jazmín Villa Esparza es otro de los que se encuentra en la morgue. Ella desapareció el 3 octubre de 2010, de 13 años de edad. Fue encontrada sin vida en el poblado de San Agustín, según afirmó la fuente oficial a Los Ángeles Press, sin que se sepa con precisión desde cuándo está en las instalaciones del servicio forense.

Su madre, Isela Esparza Morales, reclamaba a la Fiscalía del Estado, en febrero de 2011, que "a su hija no la buscaban", que "a nadie le importaba, porque no se había hecho un solo rastreo". Sin embargo, no recibió ayuda ni información alguna sobre el avance de la investigación, y el cuerpo de su hija podría haber estado ya desde entonces en la morgue.

15 cadáveres más

Recientemente, encontraron otros quince cadáveres de mujeres, enterrados en una misma fosa, en el Valle de Juárez. Esta información tampoco la han querido dar oficialmente las autoridades y todavía se desconoce el lugar exacto donde fueron encontrados. Los cuerpos, retenidos en el Servicio Médico Forense, algunos se encuentran con ropa y otros completamente desnudos. Las edades oscilan entre los 17 y los 20 años. Son cuerpos con rastros de violencia, de sadismo, algunos mutilados.

"Van a buscar la manera de cómo entregarlos", señala la fuente, "pero parecería que retienen los cadáveres con dolo, como si no quisieran entregarlos. Quizá por no sembrar el terror, pero es la misma historia desde 1993, nada ha cambiado", lamenta.

De 26 cadáveres de mujeres que han sido retenidos en la morgue, incluyendo el de Adriana Sarmiento, ya han sido identificados y entregados dos a sus familiares, el de Hilda Gabriela Rivas y el de Mónica Liliana Delgado, encontrados en el Kilómetro 75. Otro cadáver ha sido identificado como Jazmín Villa Esparza, encontrado en San Agustín, y no ha sido notificado a su madre. Hay siete cadáveres sin identificar que fueron encontrados en Loma Blanca, y otros 15 más, también sin identificar, encontrados en el Valle de Juárez, sin precisar el poblado.

La Fiscalía General del Estado tiene muchas respuestas que dar a las madres de Juárez. Por lo pronto, las preguntas se quedan en el aire, ¿dónde las encontraron? ¿Cuánto tiempo llevaban enterradas? ¿Cuánto tiempo llevan en la morgue? ¿Por qué ocultan las autoridades la información? ¿Por qué desaparecen pistas? ¿Quiénes eran en vida estos cuerpos masacrados?

Gerardo Laveaga, director del INACIPE y Netzaí Sandoval, abogado

Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) dijo en entrevista con Carmen Aristegui en la Primera Emisión de NoticiasMVS que no duda de la buena intención de Netzaí Sandoval, sin embargo consideró que es oportunista por el momento electoral que se vive en el país y puede ser manejado por intereses.

Por su parte, Netzaí Sandoval abogado redactor de la denuncia levantada ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Felipe Calderón, integrantes de su gabinete y algunos cárteles de la droga, por delitos de lesa humanidad y crímenes de tortura aclaró que el Estatuto de Roma no sanciona solamente que los mandos militares o civiles incurran en una orden violatoria del derecho internacional humanitaria.


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