domingo, noviembre 20, 2011

La Sedena, principal apoyo de Calderón para destruir los movimientos de rebeldía y oposición




Pedro Echeverría V.

1. Aunque muchos no estén enterados, en México se multiplican los movimientos sociales de autodefensa y de protesta. Los combativos y honestos compañeros de La Otra Campaña se reunieron todo el día de este sábado 19 y lo harán (lo haremos) mañana domingo con el fin de analizar los problemas campesinos y obreros, así como de otros trabajadores explotados del país y así extraer programas de luchas. Antes me dí tiempo para estar en un Foro en la Universidad Obrera donde los compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad analizaban la misma problemática social. Seguramente la APPO, la CNTE, los electricistas, los lópezobradoristas, del Congreso Social, etcétera, todos, tuvieron sendas reuniones para hablar de los mismos asuntos. Lo maravilloso será cuando podamos eliminar las poderosas barreras que nos separan y pasemos a integrar una coordinadora unitaria que nos permita batallar con fuerza.

2. Por eso, ¿alguien dudaba que las fuerzas armadas del ejército, la marina y la aviación son los héroes en este sexenio y los privilegios que han recibido de Felipe Calderón, el presidente ilegítimo y jefe de las fuerzas armadas mexicanas han sido cuantiosos? La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer ascensos a generales de división, brigada, brigadier así como coroneles, mayores, capitanes, tenientes y subalternos. En la lista de mil 235 nombramientos destacan los ascensos a general brigadier de Ricardo Trevilla Trejo, que se desempeña como director general de Comunicación Social de la Sedena y el ascenso a general brigadier de Alejandro Ramos Flores, actual subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la Procuraduría General de la República. Mientras nosotros exigimos que todas esos milicos regresen a sus carteles para acabar con las ocupaciones de varias entidades de la República, la burguesía les otorga premios para tenerlos muy contentos.

3. La realidad es que en México se vive muy baja coyuntura de movilizaciones. La gente está muy descontenta por el enorme desempleo y los salarios de hambre, pero se resiste aún a salir a la calle. Siguen registrándose muchas marchas –más que hace 10 años- de protesta en la ciudad de México y en varios estados del país, sin embargo parecen muy pobres en número y por tanto en fuerza. No hay muchos elementos para explicar lo que sucede y sólo podemos hablar de la enorme propaganda electoral, de los cientos de miles de millones de pesos que se despilfarran en las campañas, de la intensidad en los programas televisivos, del fútbol y del trabajo de la iglesia. Las batallas de los ocupa de Nueva York, las de los indignados en España y el mundo, así como las luchas sociales en Italia, Grecia, Chile, son muestra de que el descontento crece, pero hay países como México en donde estamos muy atrasados en levantar grandes movimientos de masas.

4. En México se pensaba incluso que en la Sedena podría haber una rebelión contra el presidente porque parte de los militares están descontentos por la política de guerra que se les impone ¿Creían muchos acaso que al abandonar el ejército decenas de miles de soldados de tropa éste se iría desintegrando y, por eso, en todos el país se ofrecen plazas en el ejército a campesinos y desempleados para sustituir a los soldados que desertan por miedo o para afiliarse a los grupos del narco? Nada de eso: Calderón está bien informado y aconsejado por eso tiene muy bien pagado a los jefes de la Sedena y ha acordado en estos cinco años muchos privilegios para ellos; sabe que su gobierno tiene como principal sostén al ejército, así como también a los medios de información, a los empresarios y a la clase política. Es claro que después de los enormes privilegios de las fuerzas armadas, están los autoaumentos que se han recetado los legisladores, los jueces de la SCJN y los consejeros del IFE.

5. Estas mil y un reuniones son muy importantes cuando permiten hacer crecer a cada organización pero también cuando van preparando el camino para coordinar luchas sociales. Si no logramos avanzar y sólo logramos dividirnos más y debilitarnos entonces no tienen caso sacrificar días completos en asambleas y análisis. Pienso que hay que hacer esfuerzos pensando en que no somos los dueños de la verdad y en estar abiertos para escuchar otras ideas y razones ubicadas entre las izquierdas. Nuestros enemigos están en las derechas, entre los explotados, en el capitalismo. Necesitamos construir estrategias que impidan que la burguesía siga destruyendo nuestras débiles y divididas batallas. Espero que los resolutivos de nuestra reunión logren sacar un esbozo claro de tareas políticas entre los indígenas, campesinos y obreros, muy bien pensadas, que permitan alejar el oportunismo pero también romper con cierto sectarismo.

http://pedroecheverriav.wordpress.com


Promueven juicio internacional contra Calderón

Por primera vez un mandatario mexicano podría ser juzgado ante un tribunal penal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente Felipe Calderón, a sus secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública y a los líderes de los cárteles del narcotráfico como responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado. Especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable

Mayela Sánchez/Ruth Roque
De diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos. Todo, a consecuencia de la "guerra" que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.
Por ello, el próximo 25 de noviembre se presentará una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México.
No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos.
Por un lado, integrantes del Ejército han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas; en muchos casos, las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Por ello es que la propuesta plantea que se enjuicie tanto a Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa (Guillermo Galván Galván), Marina (Francisco Saynez Mendoza) y Seguridad Pública (Genaro García Luna), como a los líderes de los cárteles del narcotráfico, específicamente al líder visible del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados "más graves" y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado al tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. "Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México", puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud, http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta el cierre de esta edición.

Calderón, responsable de crímenes

El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación "grave" de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la "operación de control de la información" que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
En su opinión, el "cierre informativo" que las dependencias gubernamentales han hecho en torno a un sólo discurso (que la "guerra" contra el narcotráfico era necesaria), así como el pacto entre los medios de comunicación de no cubrir los hechos relacionados con el narcotráfico muestran que hay una comprensión de las autoridades de lo que pasa en el país pero que se intenta ocultar.
Pero en términos de responsabilidad, apunta el especialista en derecho penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estas conductas deliberadas por contener la información son suficientes para probar que hay conocimiento de parte de Calderón y de los integrantes de su gabinete sobre la situación de violencia.
El ocultamiento intencional de información al que alude Márquez Gómez se reflejaría en la falta de averiguaciones previas de los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, lo que impide saber si en efecto cada una de esas víctimas tenía vínculos con ésta, como asegura el gobierno federal.
El 31 de julio pasado, Contralínea dio a conocer que en los primeros cuatro años y medio de la administración calderonista, cuando los muertos supuestamente a causa de la "guerra" llegaban a alrededor de 40 mil, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto apenas 4.4 por ciento de averiguaciones previas. Actualmente, se estima que el número de asesinados rebasa ya los 50 mil.
Respecto al número de desapariciones forzadas en el contexto de la "guerra" tampoco hay datos precisos. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, entre 2007 y marzo pasado se habrían cometido unos 3 mil crímenes de este tipo, el triple de los ocurridos durante la Guerra Sucia (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Pero la cifra podría ser mayor, como este semanario documentó, en el mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que las quejas por extravío superaban los 5 mil casos. Para los defensores de derechos humanos, las posibilidades de que se tratara de desapariciones forzadas eran altas.
En lo referente al número de torturas y abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas tampoco hay datos oficiales que reflejen la magnitud del problema. Pero un atisbo de ello pueden darlo las 80 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que va del sexenio, así como las siete dirigidas a la Secretaría de Marina, relacionadas con crímenes y abusos cometidos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
Entre éstas se encuentra la recomendación 40/2007. De acuerdo con el expediente, el 1 de junio de 2007, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, elementos del Ejército, dos de ellos alcoholizados y posiblemente bajo los efectos de alguna droga, abrieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino.
A bordo viajaban dos mujeres y un hombre de entre 20 y 29 años, además de cinco menores de edad. Griselda Galaviz Barraza, de 27 años, y Grisel Adanay Esparza Galaviz, de tres años, murieron al instante.
Cuatro testigos del crimen intentaron trasladar a los heridos a Culiacán, pero en el camino fallecieron Gloria Alicia Esparza Parra, de 20 años, y los hermanos Juana Diosnirely y Eduin Yoniel Esparza Galaviz, de uno y seis años, respectivamente.
Por si fuera poco, las personas que llevaban a los heridos fueron interceptadas y detenidas por militares en la comunidad de Badiraguato. El argumento: que transportaban cadáveres.
El pasado 3 de noviembre, la Defensa Nacional informó que a finales de octubre había condenado a prisión a dos oficiales y una docena de elementos de tropa por esos homicidios. Los oficiales además fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años.
De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, los jefes militares son penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados, ya sea porque no los sancionan incluso si sabían del cometido de esos agravios o porque no actúan para evitar que se realicen ni someten a los criminales a una investigación y juicio.
José Antonio Guevara Bermúdez, doctor en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y excoordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional, considera que este fundamento demuestra la responsabilidad de Calderón.
A decir de Guevara Bermúdez, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón, está obligado a responder por los crímenes que soldados y marinos han cometido desde que él mismo autorizó su intervención para supuestamente combatir a los cárteles del narcotráfico. "Es responsable porque no ha mandado señales claras ni ha ordenado que se investigue, procese y castigue a los responsables de haber cometido los abusos", señala el actual secretario de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Y añade que la única forma en que se podría argumentarse que no es necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional sería demostrarlo con sentencias. La opinión del abogado toma sentido ante la reciente condena de los 14 militares: tanto el fallo como su difusión se han dado a menos de un mes de que la solicitud de investigación del caso mexicano sea llevada ante la CPI.

¿Crímenes o política de Estado?

El abogado Sandoval Ballesteros explica que los crímenes de guerra pueden acreditarse inclusive cuando no exista una declaración formal de la ofensiva, siempre que haya un enfrentamiento armado permanente entre dos bandos.
En el caso de México, se trataría de un conflicto armado de carácter no internacional, previsto en el derecho internacional como aquél que se da de forma permanente y con gran intensidad entre las Fuerzas Armadas del Estado y las de grupos disidentes o armados organizados.
Pero para el profesor W?adys?aw Czapli?ski, candidato a juez de la Corte Penal Internacional, en este caso el conflicto tiene una naturaleza distinta, pues el Estado tiene que mantener la seguridad interna.
Entrevistado tras dictar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el académico polaco considera que "es obligación del gobierno cuidar la calma y la normalidad de la vida de los ciudadanos de este país. El narcotráfico está destruyendo esta situación y creo que cualquier Estado con actividades de este tipo intervendría con todo el poder".
Pero acorde con esta idea, Czapli?ski reconoce que el Estado sí tendría una responsabilidad por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.
El líder de los panistas en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, justifica la actuación de Calderón al afirmar que ha sido "conforme a la ley; ha actuado en defensa de todos los mexicanos".
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, considera que la petición propuesta por Sandoval Ballesteros es "improcedente", pues, como jefe de Estado, Calderón tiene la obligación de "procurar la tranquilidad, la seguridad pública y nacional del país".
Por el contrario, para el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, la propuesta contiene elementos "muy serios y sólidos". En su opinión, es una "decisión correcta" el acudir ante una instancia internacional ante el nulo interés del gobierno federal por dar una respuesta a esta situación de violencia generalizada.
Sin dar su valoración sobre la propuesta de acusar a Calderón ante la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno federal como "equivocada y carente de una visión integral de seguridad".
Contralínea buscó conocer la postura del gobierno federal a través de las oficinas de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dirección general de medios nacionales de la Presidencia, a cargo de Alejandro Caso Niebla, arguyó que Relaciones Exteriores era la instancia encargada de contestar y que la dependencia ya había dado una respuesta pública.
En efecto, el 11 de octubre pasado, la dependencia a cargo de Patricia Espinosa Cantellano emitió un comunicado en el que, a nombre del gobierno federal, "rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional".
Además de señalar que las acciones del gobierno son desplegadas "con pleno apego al estado de derecho", la respuesta de la SRE enfatiza que el compromiso del gobierno para proteger los derechos humanos "es indeclinable".
Mas el comunicado no habla nunca de un rechazo inexcusable del Ejecutivo federal a las violaciones cometidas por el Ejército, observa Guevara Bermúdez.
Por el contrario, la dependencia asegura que "la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas".
Y en otro de sus puntos agrega que "de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales".
Al respecto, el exacadémico de la Universidad Iberoamericana puntualiza que lo que la petición pone en duda no es la obligación del Estado de combatir el crimen organizado, sino "que los medios que se eligieron están generando abusos y éstos no se están investigando".

Estado mexicano "no quiere ni puede"

Uno de los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar su rechazo a la petición de investigación de la CPI es su jurisdicción. De acuerdo con este principio, se justifica la injerencia de la Corte cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
"Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso", asegura la dependencia federal. Mas Sandoval Ballesteros advierte que en el marco jurídico mexicano no hay un tipo penal que prevea los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que la posibilidad de juzgar tales delitos es en un tribunal internacional.
A la imposibilidad jurídica, el doctor Guevara Bermúdez agrega la falta de voluntad para investigar los crímenes cometidos por autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a los agravios del crimen organizado, considera que el Estado no tiene la capacidad para investigarlos y juzgarlos.
El 23 de mayo de 2010, Contralínea documentó que entre diciembre de 2006 y febrero del año pasado sólo se habían dictado 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada. La cifra contrasta con las más de 120 mil personas que para abril de 2010 el gobierno federal reportaba como detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para entonces, cuando las víctimas mortales de la "guerra" rebasaban las 22 mil, la PGR reconoció (a través de diversas solicitudes de información pública) que sólo 1 mil 359 de los detenidos hasta entonces tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Así, la falta de resultados en el ámbito judicial no cambia con la sola sentencia de los 14 militares, hecha pública el mismo día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se encontraba en el país para dictar una conferencia magistral ante jueces mexicanos.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de llevar a juicio a Calderón Hinojosa, el fiscal sólo dijo que "cualquiera tiene derecho a acusar". Sin embargo, resaltó que para que la Corte atraiga el caso debe demostrarse que una autoridad "ordenó directamente el ataque masivo o sistemático contra la población civil, y que para ello se haya conformado un grupo de mercenarios".
Sin hacer una referencia específica a México, Moreno Ocampo resaltó que su deber es no intervenir en países donde las instituciones de gobierno y los sistemas de justicia actúan para perseguir y sancionar a los criminales. Al tiempo, recalcó que la Corte es muy cuidadosa al aceptar una investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad, para evitar que el tribunal penal sea usado con fines políticos.
El abogado Sandoval Ballesteros destaca la responsabilidad de Calderón respecto de los crímenes que se han cometido, pues si bien no los ordenó, tampoco ha ordenado sanciones para los responsables.
"No estamos buscando venganza ni linchamientos. Estamos buscando que un organismo internacional, imparcial e independiente, defina y ubique cuáles son las responsabilidades penales que todas estas muertes y violaciones a derechos humanos ameritan."

México: cogobierno, muy peligroso




El asistencialismo es la estrategia de la oligarquía para engañar a los incautos y mantener un sistema económico explotador que le permite obtener ganancias extraordinarias. Así se explica el interés del presidente Felipe Calderón en apoyar la Iniciativa México, un programa promovido por el duopolio televisivo, según para apoyar proyectos productivos de carácter privado. En el cierre del mismo –donde se dio a conocer a los triunfadores– se anunció la aportación de 2 pesos por cada uno que aporten los patrocinadores, un total de 120 millones de pesos.

Conviene insistir en que los cambios que demanda la sociedad, para salvar a la nación del desastre al que la está llevando una minoría rapaz y sin freno para lucrar con los bienes del país, no se van a dar sin la participación del Estado como el eje de las políticas públicas. Sobre todo en etapas de crisis como las que estamos viviendo, que exigen una suma de esfuerzos entre gobernantes y gobernados con una clara orientación social. Así está comprobado incluso en Estados Unidos, cuando el expresidente Franklin D Roosevelt puso en marcha un gran programa de obra pública que fue fundamental para salir de la crisis iniciada en 1929.

Según Calderón, "Iniciativa México prueba cómo la participación ciudadana fortalece, enriquece y complementa la acción pública". Tal complementariedad tiene sentido cuando atrás de la misma hay un proyecto que involucra a la sociedad en su conjunto, entre éstas la cruzada nacional contra el analfabetismo en los años de construcción del sistema educativo nacional que encabezó José Vasconcelos, así como la solidaridad que unificó a la nación cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera.

El proyecto ganador este año deja ver las intenciones demagógicas y embusteras del concurso. Se denomina "Ayúdame, que también soy mexicano", consiste en la construcción y el mejoramiento de la vivienda rural, con la participación directa de las comunidades. Aun cuando la intención es positiva, la realidad es que no pasará de ser un mero paliativo a un problema social, mientras que el Estado no lleve a cabo políticas públicas que vayan directo a las causas y efectos de la pobreza. Es evidente que para un gobierno neoliberal resulta muy cómodo endosar a la sociedad la solución de los problemas que sufre, de ahí el aplauso de Calderón al duopolio televisivo Televisa-TV Azteca.

Queda así de manifiesto una vez más la complicidad de éste con las poderosas televisoras, la cual ha llegado a niveles inauditos que dejan ver un cogobierno muy peligroso, por los objetivos que se buscan, que no son otros que instaurar un régimen fascista mediante el cual no corran riesgos sus altas tasas de ganancias y extraordinarios privilegios. A este respecto, es ilustrativa la información de la revista Forbes, sobre las utilidades obtenidas por algunos de los prominentes mexicanos que figuran en su listado: de 1991 a 2010, la fortuna de Carlos Slim se incrementó 4 mil 525 por ciento, pasó de 1 mil 600 a 74 mil millones; la de la familia Larrea aumentó 1 mil 400 por ciento entre 1994 y 2010, de 1 mil 100 millones a 16 mil millones; la del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, tuvo un incremento de 583 por ciento, de 1 mil 200 millones a 8 mil 200 millones; todas estas cantidades en dólares.

Según Calderón, "México anhela gente buena y trabajadora, de corazón limpio que sabe que la obra humana más noble está dedicada a servir a los demás". Desde luego que así es, sólo que se trata de palabras vacías, porque rezuman hipocresía y demagogia. La "gente buena y trabajadora" para el inquilino de Los Pinos es aquella que se deja engañar por el grupo en el poder, la mayoría enajenada por la miseria, su ignorancia y desinformación perenne. Es aquella que cree en los spots radiofónicos que llaman a pensar, a las 12:00 del día, "en un México sin violencia", pues "con la fuerza de nuestro pensamiento" podremos salvar al país. ¡A tal extremo de villanía llegan los oligarcas con tal de desmovilizar a la sociedad!

Es obvio que ante la situación prevaleciente, el grupo en el poder tiene miedo. Sabe que la ciudadanía comienza a despertar, a pesar de todos los afanes para evitarlo, entre los que se encuentra la dichosa Iniciativa México, porque los abusos están calando muy hondo en la realidad social del país. De ahí su interés en relevar a Calderón con un personaje que parece tener más capacidad que el panista, ya que para eso fue preparado Enrique Peña Nieto, quien seguiría al pie de la letra el guión escrito por los dirigentes del modelo depredador que rige, entre los que sobresale, es imposible no decirlo, Carlos Salinas de Gortari.

Es válido esperar que las embestidas del duopolio televisivo, para desinformar y desmovilizar a la sociedad, sean más cínicas y estúpidas cada día que pase.
*Periodista

De chinches, parásitos y depredadores




En esta época, donde miles de Indignados salen a las calles y ocupan los espacios públicos por todos los rincones del mundo para mostrar su descontento en contra del sistema capitalista neoliberal, si alguien quiere conocer a un auténtico indignado, a un furioso político de verdad, no necesita asomarse por esos lugares. Comparados con un auténtico iracundo como él, las movilizaciones de aquéllos son un simple juego de infantes.

Un indiscutible energúmeno no requiere de esas formas de expresión para alcanzar sus fines. Actúa palaciegamente. Más cuando forma parte de la minoría oligárquica, los señores de horca y cuchillo, los amos de la vida y la muerte que se consideran los dueños de sus países y del mundo, aunque sea originario de uno subdesarrollado como México y tenga sus pretensiones cosmopolitas. Su poder económico le otorga el poder político para doblegar voluntades y someter potestades. Ya sea por medio del temor que imponen, pues su dedo flamígero puede destruir o estigmatizar carreras políticas, como saben incluso los militantes de la derecha Javier Corral o Santiago Creel, arrojados del templo de las televisoras (ya no se diga de los de la izquierda, perseguidos rabiosamente desde esas madrigueras). O también, a través del convencimiento, ya que los partidos y la elite política dependen cada vez más de sus favores, de su bendición y su financiamiento legal o ilegal. La reciprocidad entre la elite económica y la política se ha convertido en vasos comunicantes, en fuentes de poder y basamento para los cacicazgos, ampliar imperios y acumular fortunas por cualquier medio. Comparados con esas promiscuas relaciones, el lecho de Procusto es conmovedoramente virginal. O incluso, por la fuerza. La conspiración se les da naturalmente, como pueden testificar Luis Echeverría, José López Portillo, Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador. Otros también conocen su faz desestabilizadora y golpista, exitosa y fallida, de los dueños de los medios: Salvador Allende (el diario El Mercurio), Hugo Chávez (Globovisión, RCTV, Meridiano TV, Televen), Cristina Fernández (Grupo Clarín: el periódico Clarín, TV El trece, Cablevisión).

El economista Paul Krugman dice (a propósito de "la ira de los multimillonarios" desatada por Barack Obama cuando en 2010 quiso restaurar los impuestos recortados por George W Bush en 2001): "Cuando se trata de defender los intereses de los ricos, las reglas normales del discurso civilizado (y racional) dejan de aplicarse […]. Entre los innegablemente ricos se ha impuesto un sentimiento beligerante de derecho: es su dinero, y tienen derecho a conservarlo. El espectáculo de las personas más afortunadas del mundo, revolcándose en la autocompasión y la superioridad moral sería gracioso, excepto por una cosa: es posible que se salgan con la suya". Normalmente lo hacen, salvo cuando se ven obligados a negociar acuerdos o se encuentran con un gobierno dispuesto a guardar su autonomía ante los grupos de poder. Sin embargo, a menudo un Ejecutivo o un Legislativo, o ambos, "corren en auxilio de los ricos oprimidos", porque la omnipotencia de éstos es avasalladora. Les deben sus puestos.

Nuestros multimillonarios no necesitan reprimir su ira para fingir el respeto a las normas "civilizadas y racionales del discurso". Son esperpentos y, por definición, las desconocen. Además, ni les interesan porque son déspotas zafios, cuyas luces están al nivel de la subcultura que deyectan a través de Televisa o TV Azteca, y disponen de la audacia y los mecanismos para alcanzar sus propósitos, para forzar a sus cómplices para que satisfagan sus intereses. En cambio, son risibles cuando se "revuelcan en la autocompasión" y tratan de demostrar su supuesta "superioridad moral". Véase las palabras emitidas por Ricardo Salinas Pliego durante el EO: World Collaborative Summit 2011.

Según éste –a quien "se le acusa de ser peleonero, pero lo que pasa es que no se deja"–: "El gobierno es el peor socio del empresario, es un socio chinche que aporta muy poco y demanda mucho. Todos somos socios a través del ISR [impuesto sobre la renta], y lejos de impulsar [el] crecimiento de sus socios hace todo lo posible por pisotearnos y llevarlo abajo". A su juicio, México estaría mejor si tuviera un mejor management, pero los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid quebraron al país, Carlos Salinas de Gortari hizo algunas privatizaciones mal y Ernesto Zedillo quitó los alfileres de los que pendía la economía. También criticó el nivel de la educación en el país, pues ahora es cuando más se gasta y cuando peores resultados se observan (Angelina Mejía, El Universal, 3 de noviembre de 2011).

Que es un bravucón nadie se lo discute. Pero no es un contendiente de buena lid. Cada vez que puede se pavonea como un pendenciero que abusa de su poder para tratar de aplastar al adversario. Es una especie de recreación de matón de barrio que emplea ambiguamente las palabras para generar una deliberada confusión con su sermón, bajo el supuesto de que no sea la primera víctima de la mezcolanza de su intelecto. Una cosa es un socio o compinche de una empresa privada y otra es un gobierno. Cada uno tiene sus objetivos definidos. Aquél, la maximización de las ganancias. El otro, el interés público. Y con frecuencia son contradictorios. Las reglas que norman su funcionamiento son distintas, incluso cuando se asocien para algo en específico. La Constitución y las leyes secundarias regulan sus acciones y protegen a la sociedad de los abusos del poder económico y político.

Tampoco se le niega que una de las tareas del gobierno, en un sistema capitalista, sea la creación de un clima adecuado para los negocios y el crecimiento económico y que esas enmiendas no se hayan cumplido. Ni siquiera durante dos gobiernos que por extraña razón se le olvidó mencionar: Vicente Fox y Felipe Calderón. El desempeño económico ha sido desastroso. Uno de los peores del mundo. En el lapso de 1940-1982, cuando el Estado era rector del desarrollo, nacionalista, populista, regulaba los mercados y protegía la economía, el crecimiento fue de 6 por ciento en promedio anual. Incluso en esa época se procreó un sector oligárquico que se enriqueció a la sombra estatal. En el periodo de 1983-2012, apenas lo hará 2 por ciento, con los mercados desregulados; la economía abierta; el Estado autista; la nueva oligarquía global; y la mayor cantidad histórica de divisas recibidas en la historia del país, inclusive las petroleras

¿De qué se queja Salinas Pliego? ¿No fueron los grandes empresarios quienes exigieron que el Estado quitara su mano sucia de la economía, los que aplaudieron la destrucción del pacto postrevolucionario y se sumaron al neoliberalismo y con la mano invisible del mercado? ¿No se suponía que el "mercado libre" asignaría eficientemente los recursos, que los empresarios serían los responsables del crecimiento alto y sostenido, y que el Estado sólo sería el policía de sus intereses?
¿Son los empresarios "socios" ejemplares? ¿No fue la vieja oligarquía la que ayudó a López Portillo a quebrar al país con sus conjuras y fuga masiva de capitales? ¿No fue la nueva oligarquía neoliberal la que ayudó a Zedillo a quitar los alfileres con su orgía especulativa, y no fue la estampida de divisas la que arruinó a la banca con sus tropelías? ¿No fue la nueva oligarquía neoliberal la que respaldó el golpismo de Salinas de Gortari y Calderón por considerarlos los managements convenientes para asegurar la sobrevivencia del neoliberalismo y el despotismo?

¿Son confiables y mejores managements los oligarcas como Gastón Azcárraga con sus tropelías; Germán Larrea, Xavier Autrey o Alonso Ancira con su negligencia criminal; Lorenzo Zambrano que se tambalea con sus desmesuras globales; los Servitje que medran al arruinar la salud de la población? ¿Es confiable un "socio" que asalta las instalaciones del Canal 40 y explota ilegalmente su señal, que es acusado por la Securities and Exchange Comision de operaciones turbias, cuando una de sus empresas, Unefon, es denunciada por provocar un quebranto fiscal por 500 millones de pesos, en connivencia con un subsecretario de comunicaciones, Jorge Álvarez, que al igual que Emilio Azcárraga viola la ley electoral y antimonopolios, y cuyos cárteles, como chinches, sangran impunemente a sus usuarios, y cuyas televisoras degradan la calidad de la educación del pueblo –que tanto sorprende a Salinas Pliego– con su infame programación?

Sin duda son confiables para el cogobierno de los partidos Revolucionario Institucional (PRI)-Acción Nacional (PAN) y los parásitos Verde Ecologista de México (franquicia de Salinas Pliego) y Nueva Alianza, pese a que más de uno de esos oligarcas deberían de estar en la cárcel por su violación reiterada de la ley. ¿Cómo explicar entonces que Televisa y TV Azteca pisotean el estado de derecho y no pasa nada? ¿Cómo explicar que Calderón, que los ha apoyado con todo lo que ha podido (concesiones, subsidios, tolerancia a sus monopolios) como pago a sus servicios prestados durante su asalto al poder, acepte las críticas veladas de Salinas Pliego; que resignadamente tolere la traición de Azcárraga; y que el PRI admita el management que éste último le fabrica?

Si no son confiables sí son necesarios para esos partidos, ya que el riesgo de caer de su gracia representa su desgracia. Desde el gobierno el PRI y el PAN crearon los monstruos de Televisa y TV Azteca, y ahora temen que los devoren. Se invirtieron los papeles: ahora avasallan el poder político. Ellos son los grandes electores.

¿No son confiables quienes les entregaron la Comisión Federal de Telecomunicaciones y les garantizaron su presencia en el Instituto Federal Electoral; los que diseñaron la licitación 21 a la medida de Televisa para entregarle la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y que esa empresa ya comparte con TV Azteca; los que buscan imponer la Ley de Medios como quieren ambos monopolios para que terminen de concentrar y centralizar las telecomunicaciones, contra la famosa "libre competencia" y los riesgos políticos que implica; eso es un régimen despótico o democrático?

Nadie le discute a Salinas Pliego que el gobierno es una voraz chinche fiscal. Pero no con la oligarquía que deduce al mínimo el pago de impuestos. La Auditoría Superior de la Federación indica que 50 grandes contribuyentes sólo pagaron 74 pesos en promedio por el impuesto a la renta en 2005. Recién se señaló que por la consolidación fiscal de 422 empresas, 70 de los cuales cotizan en la Bolsa de Valores, se evaporaron decenas de miles de millones de impuestos. ¿Dice algo que en 2000 el impuesto a las empresas y las corporaciones equivalía a 2.54 por ciento del producto interno bruto y en 2009 a sólo 4 por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)? En Bolivia fue de 6 por ciento en 2009 y en Chile de 5.8 por ciento.

Ante los problemas fiscales del Estado, debido en parte a las grandes empresas, la oligarquía exigirá que se le deje de "mimar" y que se le eleve la tasa fiscal como pide a gritos Warren Buffett? Como sus pares franceses aceptarán que se les aplique un impuesto especial de 4 por ciento a sus ingresos, adicional al gravamen a la renta de 41 que ya pagan ingresos superiores a 70.8 mil euros anuales (alrededor de 1.3 millones de pesos). En México la tasa máxima es de 30 por ciento, que se nulifica con las deducciones y la evasión. El sadismo hematófago es para los causantes cautivos y las mayorías con los impuestos indirectos. Ellos son las indiscutibles víctimas del terrorismo.
Más que una chinche, la elite política es una fauna depredadora con la corrupción, el saqueo del erario con los ingresos que se paga, con el tráfico de influencias. Y el pillaje es compartido con la oligarquía. El sector energético es paradigmático. Vivimos en la era de la rapiña neoliberal.

Dice Salinas Pliego que Salinas de Gortari hizo mal algunas privatizaciones. ¿La del Instituto Mexicano de la Televisión fue pulcra? ¿En qué sentido fue mal hecha? Lo que es innegable es que la reprivatización de las empresas públicas


Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son pésimos "socios" para las mayorías. Según la Cepal, el ingreso por habitante se desplomó 80 por ciento en las últimas tres décadas que coincide con el ciclo neoliberal, la peor caída en el mundo. En el siglo XIX equivalía a 60 por ciento; en la década de 1970, a 70 por ciento; en 1981, 36 por ciento; y en 2010, 19 por ciento (Carlos Fernández, La Jornada, 7 de noviembre de 2011).

¿Todos perdimos?

¿Cómo se explica que la fortuna de Carlos Slim pasara de 1.6 mil millones de dólares a 74 mil millones de dólares entre 1991 y 2010, o la de Salinas Pliego de 1.2 mil millones de dólares a 8.2 mil millones de dólares entre 1994 y 2010, por citar a uno de los ilustres de la revista Forbes?

La furia de Televisa y TV Azteca radica en que quieren arrancarle el monopolio de la telefonía a Slim sin compartir su coto televisivo, pese a que las telecomunicaciones son de la nación. Un gobierno democrático tendrá que desmantelar esas exenciones y su poder económico y político, y recuperar dichos servicios para México.
*Economista

Contrarrevolución: panistas y cristeros


El Partido Acción Nacional (PAN), sobre todo desde que llegó al poder, se empeña en negar sus raíces católicas y cristeras, a la vez que las pone en evidencia cada día de manera más clara. En la década de 1990, el país vivió la llegada de los alcaldes y gobernadores mochos que, con criterios mojigatos, censuraban espectáculos, modas y hasta preferencias personales, al tiempo que se ponían al servicio de los jerarcas católicos.

Las tendencias confesionales que rigen al PAN se hicieron más evidentes en regiones donde tiene tradición el activismo confesional, como Guanajuato y Jalisco, la segunda regida por el llamado Góber Piadoso, Emilio González Márquez, quien hace unos años le otorgó a la Arquidiócesis recursos millonarios para construir una basílica en honor de los cristeros, fanáticos que en las primeras décadas del siglo XX lucharon contra el Estado laico.
El PAN es heredero de esa lucha contrarrevolucionaria para implantar en México una dictadura católica, una especie de franquismo adaptado a los tiempos actuales, objetivo en el que perseveran los gobiernos emanados de ese partido, especialmente el de Felipe Calderón, que abiertamente se apoya en el clero y en el Ejército. Es importante recordar algunos datos acerca de los orígenes cristeros de este partido.

El PAN de 1934

René Capistrán Garza (1898-1974) fue el primer presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, fundada hacia 1914, y uno de los dirigentes cristeros en la guerra de 1926 a 1929; luego del conflicto se fue acercando al gobierno y tiempo después, en la década de 1960, se avino muy bien con el anticomunismo rabioso del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, de quien fue ardiente apologista.
En esa década estuvo difundiendo su conocimiento acerca de los orígenes de la derecha católica, al señalar, por ejemplo, que el PAN tuvo sus inicios en la organización homónima fundada un lustro antes por los cristeros agrupados en la Liga Nacional de la Libertad Religiosa (de la cual el propio Capistrán había sido vicepresidente años antes).
Hay que tener presente que en la década de 1930, dicha Liga participaba en la Segunda Guerra Cristera, donde los fanáticos asesinaban a maestras rurales, y coincidían con grupos fascistas y franquistas en el rechazo a la democracia y en la defensa del totalitarismo.
En 1969, en un artículo de crítica al PAN, Capistrán hacía notar que: "Ese nombre, Partido Acción Nacional, lo escamoteó el señor licenciado don Manuel Gómez Morín en 1939, tomándolo del Partido Acción Nacional fundado en 1934. Este primer Partido Acción Nacional fue fruto de una circular enviada a todas sus delegaciones en la República por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa entonces no extinta aún, fechada el 22 de diciembre de 1933" (René Capistrán Garza, El reto político de la falsa iglesia, Editorial Luz, México, 1969, página 93).
Como fruto de esa circular se llevaron a cabo varias reuniones en la calle de Bolívar 73, que dieron como resultado la fundación de dicho partido de origen cristero, el 19 de enero de 1934. Tuvo entre sus fundadores a Octavio Elizalde, quien en 1929 era presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y Carlos Sánchez Navarro, de la poderosa familia de empresarios que incluyó al fallecido panista Juan Sánchez Navarro.
Prosigue Capistrán: "El escamoteo del nombre no era tan inocente como pudiera parecer" (página 94), pues la membresía del PAN, fundado por Gómez Morín un lustro después, incluyó a supervivientes y simpatizantes de las huestes cristeras, venidos de la Unión Nacional Sinarquista, "a cuya base pertenecía don Manuel" (ídem).
Aunque Gómez Morín había colaborado con el gobierno de Plutarco Elías Calles, en 1939 juzgó oportuno aglutinar a las huestes de la contrarrevolución en la refundación del cristero Partido Acción Nacional, donde siempre ha predominado la influencia del activismo católico conservador, a través de personajes que han pertenecido a grupos como Acción Católica, los Caballeros de Colón, la Unión Nacional de Padres de Familia, etcétera.

De los cristeros al PAN

Igual que Capistrán Garza, Miguel Palomar y Vizcarra (1880-1968), quien solía ostentar el título nobiliario de "marqués de Pánuco", fue uno de los dirigentes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa durante la Guerra Cristera.
En 1911 fue uno de los fundadores del Partido Católico Nacional y después colaboró en instituciones como la Escuela Libre de Derecho (véase: Juan Palomar de Miguel, Diccionario de México, Trillas, 2005).
En 1960, Palomar y Vizcarra felicitaba a Manuel Gómez Morín por la "nobilísima labor que se ha impuesto, estableciendo el benemérito PAN" (según consta en correspondencia que se conserva en el Archivo Palomar y Vizcarra, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México).
A su vez, el panista Luis H Álvarez calificaba a Palomar y Vizcarra de "batallador y campeón de las mejores y más nobles causas de México", y agradecía el ejemplo que él y "los de su familia" han dando al país.
Esas "mejores y más nobles causas", según expuso el propio Palomar en su libro El caso ejemplar mexicano (Jus, 1969) consistían en implantar en México una dictadura católica donde todas las personas tuvieran que obedecer los preceptos de la jerarquía; es decir, imponer el "reinado temporal del rey de reyes" (página 224), o la "realeza temporal de Cristo" (página 163).
Hijo de Palomar y Vizcarra fue Gabriel Palomar y Silva, fallecido en 2009, y quien durante muchos años, hasta el final de su vida, fue destacado militante del PAN en el Distrito Federal, el partido católico afín a los cristeros.
Aurelio Acevedo Robles fue uno de los principales generales cristeros. En agosto de 2000, en pleno debate sobre las reformas antiabortistas propuestas por el PAN en Guanajuato, y al conmemorar los 100 años del natalicio de Acevedo Robles, su nieto, el diputado panista Gustavo A Vicencio Acevedo defendía la lucha de su abuelo "en defensa de lo más sagrado para él, que fue su fe".
En esos momentos, cuando todavía el PAN pretendía ocultar a la sociedad mexicana su esencia cristera y reaccionaria, el legislador panista señalaba: "Con el triunfo de Vicente Fox, católico creyente y practicante, a la Presidencia de la República, y con el debate tan intenso que se ha dado en los medios de comunicación sobre las mal llamadas 'reformas antiaborto' en Guanajuato, ciertos sectores de la población se han estado rasgando las vestiduras, gritando a los cuatro vientos: '¡Que la ultraderecha vuelve por sus fueros! ¡Que los conservadores intolerantes buscan apoderarse del país! ¡Que los fanáticos oscurantistas quieren imponer su visión decimonónica en este México del siglo XXI!'. En ese ambiente de linchamiento, seguramente esta conmemoración sobre un jefe cristero es una clarísima muestra de esa estrategia maquiavélica y todos nosotros somos agentes de los más oscuros intereses del Vaticano" (David, volumen VIII, Epesa, México, 2000, página 309).
Efectivamente, ésa fue una de las muchísimas muestras de que el PAN es el partido de la derecha católica, aliado de la jerarquía y heredero de los cristeros.
Una muestra mucho más clara fue la designación de Carlos Abascal Carranza, hijo del dirigente sinarquista Salvador Abascal, como secretario del Trabajo y Previsión Social –luego de Gobernación– en el sexenio de Vicente Fox, quien desde su campaña había externado sus simpatías hacia los cristeros.
Como es conocido, Abascal fue durante el foxismo el funcionario que más abiertamente defendió los intereses de la jerarquía católica y las ideas conservadoras.
Ahora, el gobierno espurio en su conjunto, encabezado por Calderón, otro personaje con raíces personales familiares en el activismo católico, se ha puesto al servicio de la jerarquía, que incluso está tratando de "evangelizar" al Ejército Mexicano, mediante oficiosas capellanías militares, convirtiéndolo así en el sucesor de las hordas cristeras del siglo pasado, o en una institución similar a los ejércitos de algunos países sudamericanos donde no ha habido una separación entre el Estado y la Iglesia Católica.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

El desencanto de la democracia

Arnaldo Córdova

Paulatinamente, estamos regresando a épocas oscuras en las que no se confiaba en las elecciones, porque no se respetaba la ley y el dinero, público o privado, lo ensuciaba todo. En la gráfica, frente a la Bolsa Mexicana de Valores, estudiantes exigen que se destine 2 por ciento del producto interno bruto a educación media superiorFoto Roberto García Ortiz
Hace una semana, Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, sugirió que en México ha aumentado el desencanto de los ciudadanos con la democracia. Citando datos del Latinobarómetro (encuesta que alguien le recordó), dijo que ha habido una caída de entre 49 y 40 por ciento en el apoyo a la democracia. "Eso significa –dijo– que no estamos satisfechos con una democracia electoral; queremos mayor participación ciudadana, mayor exigencia de los gobernantes. No sólo elegirlos". Es difícil entender qué quiere decir todo eso para el funcionario, en especial, su rechazo de lo electoral, pero debe dársele razón.

Habrá que citar mejor la encuesta mencionada. En 2010, el apoyo a la democracia fue de 49 puntos porcentuales; en 2011, fue de 40. No estamos entre 49 y 40, como dice el presidente consejero. Estamos en 40, lo que quiere decir que un 60 por ciento de los ciudadanos (encuestados) ha dejado de creer o nunca creyó en la democracia. Latinobarómetro fija las causas de ello en la ola de violencia y la disminución del crecimiento (–1.4 por ciento). A ello hay que agregar que un 14 por ciento preferiría un gobierno autoritario y a otro 36 le da lo mismo.

A la pregunta de qué le falta a la democracia en su país, 55 por ciento de encuestados responde que reducir la corrupción; un 27 por ciento que garantizar la justicia social; un 36 por ciento que aumentar la transparencia del Estado; un 32 por ciento que haya mayor participación ciudadana; un 21 por ciento que consolidar los partidos políticos. Para un 5 por ciento, las cosas están bien como están. Hay un misterio en la encuesta: a la pregunta de si los encuestados aprueban la gestión del gobierno, 59 por ciento respondió positivamente en 2010 y 2011; pero cuando se les pide que digan, en una escala del uno al 10, cuán democrático es el país, dicen que 5.9. Y, pese a una calificación tan mala, aprueban mayoritariamente al gobierno.

Más allá de estadísticas, que nos muestran palpablemente ese descontento de que hablamos, es necesario que dilucidemos las causas y el mismo proceso de deterioro que ha llevado a un enorme sector de la ciudadanía a descreer de la democracia, por la sencilla razón de que no se trata de un hecho que se da y que queda ahí, sino de una responsabilidad de los actores políticos que, persiguiendo rabiosamente sus propios intereses y no respetando normas de elemental convivencia y coexistencia políticas, han acabado por convertir nuestra débil y frágil democracia en un chapoteadero inmundo que a todos decepciona.

Bien miradas las cosas, la democracia en abstracto no tiene ninguna culpa. Ella es un método de organización del Estado que muy pocos respetan y a muy pocos interesa que avance y se fortalezca. Estamos entre los pueblos de América Latina que están dejando de creer en los parámetros democráticos. Paulatinamente, estamos regresando a épocas oscuras en las que no se confiaba en las elecciones, porque no se respetaba la ley y el dinero, público o privado, lo ensuciaba todo. Ahora hay que agregar la peligrosa intromisión de la delincuencia organizada en la vida cívica de una gran parte del país.

Estamos ya en una nueva reedición de aquella vieja contraposición entre democracia y gobernabilidad, pero ahora no sólo como ejercicio analítico o ideológico, sino como percepción clara de una ciudadanía a la que le parece ocioso andarse ocupando de supuestos avances democráticos, cuando la violencia y la corrupción a sus máximos niveles la tienen asediada por todos lados. Es probable, como se afirma, que en Michoacán, por ejemplo, la delincuencia metiera las manos en muchos procesos electorales locales; pero el derroche de recursos públicos, la compra de votos y la amenaza de la violencia no dejaron que esa ciudadanía se pronunciara según sus convicciones, lo que quiere decir que allí la democracia estaba ausente.

Tampoco cabe duda de que los perredistas, al igual que en Zacatecas, perdieron las elecciones por ineptos. No sólo les arrebataron sus bases en bastiones en los que se acostumbraron a ganar, sin ninguna gracia, sino que todo lo hicieron mal desde el principio, sobre todo, cuando eligieron a sus pésimos candidatos y, más atrás y desde luego, gobernando mal.

Parece claro que la democracia ha estado echándose a perder con cada elección que pasa. El comportamiento delictivo de Fox en 2006 fue permitido por el temor de que ganara el candidato de izquierda; en ese entonces, resultó fácil exonerar al presidente y condenar a López Obrador por no aceptar una derrota que se le fabricó desde los altos círculos del poder. En cada elección se despliegan todos los recursos violatorios de la ley sin que a nadie conmueva. El dinero corre en abundancia y corrompe a una ciudadanía empobrecida y golpeada por el mal gobierno y las crisis de dentro y de fuera.

Los partidos no son democráticos, porque son los primeros descreídos en la democracia y no hay uno solo que respete la democracia. Se han acostumbrado a luchar por el botín y a morderse y a ladrarse por los puestos públicos; en su ideario no cabe el mejoramiento del pueblo y el perfeccionamiento del Estado democrático, sino que todo lo ocupan el dinero y los huesos. Y en ello no están solos. Valdés se refirió al hecho increíble de que la pasada reforma electoral no tocó para nada la legislación penal de modo de tipificar en ella los delitos en la materia. El Legislativo, por su parte, parece que ni siquiera lo notó. Este poder es, en gran medida, un responsable principal del deterioro de nuestra democracia.

Por lo que toca al presidente panista, se puede ver lo que le importa la democracia en su comportamiento en las elecciones michoacanas en las que, usando de todo el dinero del Estado, quiso dar el triunfo a su hermana candidata a gobernadora mediante el derroche y la corrupción. Y si no le alcanzó la plata fue porque sus enemigos pudieron más que él en cuanto a malas artes y compra de votos. La manipulación electorera de los programas sociales se dio sin que nadie hiciera nada como no fuese chillar porque los estaban bolseando.

Los propios ciudadanos no están exentos de responsabilidad, pues ellos son los principales hacedores, cuando se da, de la democracia. Cuando ellos la quieren de verdad no hay fuerza que pueda impedir la democratización de la vida política. Cuando, en cambio, ellos se decepcionan de la democracia o deja de interesarles no sólo no puede haber democracia, sino que la vida política misma se descompone y se corrompe. Desde luego, no cabe condenar a nadie porque no crea o no confíe en la democracia y menos al pueblo de ciudadanos, que es el que decide cómo se nos debe de gobernar. Aun inconscientemente se puede decidir y el que la democracia avance es algo que el pueblo mismo debe resolver, a favor o en contra.

Parece increíble, pero estamos llegando de nuevo a una etapa que formó parte de nuestro pasado reciente, cuando considerábamos a la democracia como la utopía a la que muchos querían entregarse. Ahora, después de ser una endeble realidad, la democracia parece esfumárse en la nada y volvemos a la utopía de ayer, cuando deseábamos que la democracia fuera una realidad en nuestro país.


INVITACIÓN PERSONAL A DESAYUNO CON LIDERES DEL MOVIMEINTO SOCIAL


MOVIMIENTO DE UNIDAD SOCIAL POR UN

GOBIERNO DEL PUEBLO

(MUSOC – GP)



¡CON EL VOTO AL GOBIERNO, CON EL PUEBLO AL PODER!

INVITACIÓN PERSONAL A DESAYUNO CON LIDERES DEL MOVIMEINTO SOCIAL
Jueves 24 de noviembre de 2011
9:30 HORAS




COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES
POLÍTICAS Y SOCIALES, SIMPATIZANTES Y
AMIGOS DEL MUSOC -GP

PRESENTES:

El próximo jueves 24 de noviembre cumple su primer aniversario de fundación el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP), con la promulgación del Plan de la Ciudad de México, que permitió a más de 150 organizaciones sociales unir nuestros esfuerzos par apoyar la candidatura de unidad popular de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de nación en oposición al neoliberalismo y luchar unidos por la transformación democrática de México, proyecto que ha progresado muchísimo este primer año de vida.

El MUSOC-GP es un movimiento que agrupa liderazgos de los núcleos más avanzados del movimiento obrero, campesino, popular y de las organizaciones socialistas y marxistas del país, y con usted y la asociación que preside siempre hemos tenido cooperación, buen entendimiento y solidaridad clasista por el bien de México y de sus trabajadores.

Por lo anterior, el MUSOC – GP se complace en invitarlo (a) a dicho evento (sin costo), que se llevará a cabo el jueves 24 de noviembre de 2011, a las 9:30 horas en el Restaurante "Hostería de Santo Domingo", ubicado en Belisario Domínguez 72, casi esquina Palma, Centro Histórico, DF., a una calle de la plaza de Santo Domingo (Por remodelación de la calle no incluye estacionamiento. Puede localizar algunos en Cuba o Isabel La Católica).

Sin otro particular, esperando su amable respuesta, nos despedimos, reiterándole nuestro reconocimiento y amistad.

México, DF., 20 de noviembre de 2011
POR LA DIRECCIÓN NACIONAL

A T E N T A M E N T E

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL

Eduardo Miranda Esquivel (UJM), José Jacobo Femat (COCyP),
Benito Bahena Lome (ATM) y José Luis Rojas Díaz (ONPP)

Coordinación e informes al celular 044553731-9665 unionjuristas@hotmail.com
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