La asamblea anticapitalista de La Otra rechaza a los partidos burgueses y a la socialdemocracia
Pedro Echeverría V.
1.En los últimos 
años –más que denunciar o demostrar obviedades: de que el capitalismo es explotador, inhumano, profundiza las desigualdades, deja en la pobreza y la miseria a la mayoría de la población, reprime, encarcela y asesina- mi preocupación ha sido encontrar el camino que debemos andar los trabajadores para derrotarlo y enterrarlo. No es "mi preocupación" sino la de muchos cansados de repetir que PRI, PAN, PRD y demás son partidos que están al servicio del poder capitalista, que los procesos electorales en México sólo han sido una farsa para seguir legitimando la terrible desigualdad y que después de 100 años de "democracia" la situación de país y de la inmensa mayoría de su pueblo ha empeorado. El capitalismo ha creado una inmensidad de bienes materiales para beneficio de una minoría y al mismo tiempo ha destruido las comunidades, el medio ambiente, la vida. El camino es la concientización y el levantamiento del pueblo, pero ¿cómo?
2. De lo único que he estado seguro en los últimos años es que ningún movimiento aislado, gremialista o político, como los de los electricistas, la APPO, lopezobradorista, zapatistas, minero, CNTE, campesino o estudiantil, puede triunfar o prolongarse sin ser derrotado o sin que "asuma la estrategia política de retiro". Los únicos que sí triunfan son la clase política y empresarial que bajo la sombra del poder obtienen gigantescos privilegios y riquezas que en corto tiempo logran duplicar o multiplicar sus propiedades. Pero, ¿Qué caso tiene seguir denunciando o quejándose del mal gobierno y la explotación si por lo menos durante un siglo nada hemos avanzado para derrotarla? Por eso, a pesar de inteligentes discursos y exposiciones, de agitación y entusiasmo desbordante, incluso de llegar a acuerdos y tareas, nada sirve si no se adoptan medidas unitarias –aunque sea prendidas con alfileres- para confrontar al poder político y económico. Nada sirve sin fuerza unitaria real y actuante.
3- Durante dos días (14 y 15 de agosto) sesionó en Tlahuac -una de las 16 delegaciones de la ciudad de México- la tercera "Asamblea Nacional Anticapitalista". La realidad es que yo esperaba una asamblea de masas, pero quizá falló la coordinación, la difusión o –como sucede en todas las organizaciones- las divisiones también están y perjudican al zapatismo. Muchos de los que pensé que estarían no llegaron. En fin me pareció que en las discusiones reinó la inteligencia y la camaradería, que a pesar que se manifestaron muchas diferencias en los análisis y las propuestas, en lo fundamental hubo mucha unidad alrededor de los principios básicos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de La Otra Campaña promulgadas en 2006. Al parecer los objetivos son muy claros y plenamente coincidentes pero en las estrategias y las tácticas suelen chocar. Pienso que la izquierda y los movimientos sociales deben revisar bien estas divisiones que tanto perjudican al avance de las luchas.
4. Al reafirmar la Asamblea que la batalla debe centrarse contra el capitalismo y por el socialismo por la vía de la lucha de clases, rechaza justamente cualquier posibilidad de llegar a acuerdos con la clase política y empresarial, así como todas aquellas organizaciones políticas que están al servicio del Estado en los procesos electorales. Pero no deja siquiera una rendija para que otras organizaciones –también de izquierda o socialistas, con otras estrategias y tácticas de lucha- pudieran acercarse y llegar a acuerdos. Aunque tuve plena libertad para expresarme en la asamblea y mucho respeto hacia mis ideas, la realidad es que observé que el 99 por ciento de los participantes estaba plenamente convencido que las únicas alianzas eran con el pueblo pobre y explotado y que el resto de las organizaciones de izquierda y centroizquierda estaban de hecho transadas por el gobierno y el Estado. Pero lo terrible es que también otras organizaciones se expresan así de los zapatistas. ¿Otra vez confrontaciones entre "oportunistas" y "sectarios"?
5. Pareciera, como ha sucedido a través de muchas décadas, que "sólo hay una verdad o una razón" y cada organización o militante la posee en propiedad y nadie más; por tanto, los demás deben subordinarse a los que piense, diga y ordene. Pero además se piensa que la honestidad, la sinceridad y la inteligencia sólo están en una parte y los demás jamás podrán ser tan honestos y honrados como quien así se considera. ¿Es que acaso Marx, por decir, no explicó suficientemente el papel de las clases sociales, los intereses de cada una de ellas, así como las luchas que natural y socialmente deben enfrentar? Es muy claro que los trabajadores explotados y oprimidos tienen enemigos naturales que deben combatir: la burguesía, el imperio, sus aliados y agentes, pero no se puede rechazar a otras organizaciones de trabajadores ¿Es que acaso no se pueden solidarizar –por necesidad- movimientos? Este punto debe ser bien discutido y aclarado.
6. Si los zapatistas no quieren nada con los procesos electorales y AMLO repite que las elecciones son el único camino para reformar al país, ¿eso quiere decir que no pueden unirse en batallas de solidaridad concreta como la de los electricistas, mineros o campesinos? Lo que sucede con estas dos organizaciones se registra también en el interior y en la política externa de la APPO, la CNTE, problema grave que de superarse pondrían en jaque al poder. ¿O es que la gran habilidad política del poder llega al interior de las organizaciones para dividirlas? Nunca he tenido duda de la gran capacidad o habilidad de manipulación o control del Estado mexicano. He tenido siempre la convicción que la clase política que surgió de la revolución mexicana y el cardenismo aprendió mucho sobre estrategias de mediatización.
7. En fin, reconozco que la Asamblea anticapitalista produjo ricos debates que reforzaron la convicción de los asistentes en cuanto objetivos y estrategias; que incluso nuestra larga caminata por las faldas del cerro Santa Catarina de Tlahuac, así como las largas explicaciones histórico-agrarias de nuestro compañero Héctor, contribuyeron a fortalecer nuestras ideas y convicciones sobre la razón de parar en seco las obras del Metro línea 12; pero en mí lo que más caló, es no ver posibilidades de realizar algunos procesos de unidad y lucha entre lo que queda de la izquierda social –como el Diálogo nacional- a pesar de que me preguntarían: ¿Cuál izquierda si todos están en la búsqueda de poder, aunque sea de un mendrugo? Y desafortunadamente, sobre todo en estos tiempos electorales, siempre parece asistir la razón a "los sectarios".
Juan Molinar Horcasitas está metido en un embrollo: diversos actores políticos quieren someterlo a juicio político 
y hasta desaforarlo por varias causas, desde la no muy clara licitación del espectro de radiofrecuencias, hasta por su responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Uno de los muchos motivos del descontento generalizado contra Molinar tiene que ver con unos contratos del IMSS, oscuros y millonarios, en un área en la que el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes había colocado a un primo de la esposa del presidente Calderón.
MÉXICO, D.F., 17 de agosto (Proceso).- En el centro de la polémica por "su activa participación" en la elaboración de las bases de la licitación del espectro de radiofrecuencias que beneficia al binomio Televisa-Nextel, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ahora se enfrenta a una exigencia de juicio político en su contra planteada por el PRI, así como a una solicitud de desafuero demandada ante la Cámara de Diputados por el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona.
A partir de una propuesta de Acción Nacional, el miércoles 11 la Comisión Permanente acordó pedir al Ejecutivo federal que anule aquella licitación. A cambio de su voto a favor, el PRI pidió al PAN respaldo para que, en caso de no recibir una respuesta favorable del gobierno, se instaure el juicio político contra Molinar Horcasitas.
"En el supuesto de que aceptásemos el exhorto y (...) siguiera la suerte de otros miles que hemos hecho sin resultado alguno, ¿estaría dispuesto a suscribir conmigo (una petición de) juicio político en contra del secretario?", preguntó el diputado priista César Augusto Santiago al panista Javier Corral, promotor del requerimiento.
"Por supuesto que habría responsabilidad penal, política y administrativa, y así lo he propuesto. Yo lo he propuesto… Cuando este debate empezó propuse que fuéramos a todas las consecuencias legales, políticas y administrativas a quienes tomaran esa decisión, y por lo tanto la respuesta es: ¡Sí!", dijo Corral Jurado.
Sin embargo es difícil que se cristalice el juicio político contra Molinar, comenta Reyes Orona, "pues como éste se resuelve en el Senado y ahí el PAN tiene mayoría (50), veo muy complicado que se dé".
Por ello, dice, "interpuse en la Cámara de Diputados no sólo la demanda de juicio político, sino también el desafuero contra Molinar, por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, y esto deberá abordarse en el próximo periodo ordinario que se inicia en septiembre".
El pasado 22 de junio, el PRI impulsó en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se "analice por el área jurídica" la valoración para solicitar el juicio político.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F, 17 de agosto (apro).- Parafraseando a Carlos Monsiváis, a los obispos de la Iglesia Católica mexicana les está sucediendo algo que nunca previeron: o no entienden lo que está pasando o ya pasó lo que habían entendido. Hace dos décadas era inimaginable en un país de fuerte tradición católica que existiera una discusión como la que se dio en estos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avalar la constitucionalidad de las parejas del mismo sexo, de sus derechos similares a los del contrato matrimonial y de la posibilidad de adoptar hijos.
Ante la contundente derrota jurídica –ayer nueve de los 11 ministros respaldaron la constitucionalidad de la adopción por parte de matrimonios lésbicos o gays--, la reacción de los obispos fue furibunda. No defienden sus creencias, sino exhiben sus prejuicios. No muestran caridad alguna, sino una homofobia cerril. No argumentan, simplemente acusan sin prueba alguna. No tratan de convencer, sino de intimidar con un infierno que sólo existe en su mala conciencia.
Las palabras del cardenal Juan Sandoval Iñiguez lo retratan de cuerpo entero: "Los ministros de la Corte fueron maiceados por Marcelo Ebrard para avalar la adopción de menores por parte de matrimonios del mismo sexo". Es decir, para él debatir sobre la constitucionalidad de los derechos de parejas gays o lésbicas no es una discusión jurídica, sino un acto de corrupción, que le ha valido un emplazamiento por parte de las autoridades del Distrito Federal y una censura de los ministros de la Suprema Corte.
"No sé si a alguno de ustedes les gustaría que lo adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones. Creo que no", abundó con tono apocalíptico. ¿Acaso ignora el señor Sandoval que la mayoría de las personas con orientación homosexual, lésbica, bisexual o transgénero se formaron en hogares heterosexuales? ¿Será que su examigo Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo se dedicó a abusar menores y a tener prácticas homosexuales o bisexuales porque fue adoptado por un par "de maricones" como le gusta decir con toda la carga de discriminación? Aquí no hay argumentos; simplemente la exhibición de una gran ignorancia que se encubre en una pobreza de lenguaje extrema.
Pero la imaginación de don Sandoval Iñiguez es ilimitada: "No es natural, claro que no. Imagínate a la pobre criatura que esté allí: ¿a quién le dice papá y a quién le dice mamá? Cuando los vea en sus prácticas, pues él también se va a pervertir, va a seguir ese camino". Supone el cardenal de Jalisco que todos los niños son vouyeristas. ¿Qué habrá sucedido con las personas gays o lesbianas? ¿Será que se escondían en un clóset y no entendieron cuáles son las "prácticas naturales"?
El presidente Franklin D. Roosevelt se inclinó para firmar el documento que anulaba la prohibición del alcohol y a continuación dijo: "Creo que este es un buen momento para beber una cerveza". Cosa que su gabinete pasó a tomar en un salón contiguo, mientras en los speakeasies del país, un minuto antes clandestinos, ahora legales, cientos de miles de ciudadanos alzaban sus copas y las chocaban para brindar.
Así terminó la guerra contra el alcohol en Estados Unidos. Con el clinc de un brindis y no con el bang de un disparo.
Fue un alivio el fin de aquella guerra que no disminuyó el consumo del alcohol y sí elevó el poder económico y balístico del crimen organizado. Una guerra que mató inútilmente a miles, que no moralizó al país, como soñaron los prohibicionistas, y en cambio sí destruyó la industria de las bebidas alcohólicas, antes floreciente en California.
Si se legaliza la mota en México durante el mandato del presidente Calderón, no lo veremos prender un carrujo en un gesto de reconciliación de la autoridad con la yerba. Sería demasiado incongruente. Pero si es otro el presidente mexicano quien firma su legalización, y eso no es improbable, debiera hacer el gesto de encender el carrujo porque la mota se debería volver una industria. Todavía más: se debería volver una importante exportación.
Tal y como al cabo de la extinción de su prohibición, y al cabo de una década de cultivo paciente y esmerado de los viñedos de Kansas y California, las bebidas alcohólicas se fueron volviendo para Estados Unidos. Por cierto, tal y como sucederá en California si en noviembre se legaliza la mota. Con amplios campos ya cultivados de mariguana, con sistemas de distribución ya bien establecidos, California se volverá probablemente en noviembre el primer exportador mundial de la yerba.
Es una lástima. Históricamente a nosotros nos debiera haber correspondido esa ganancia económica. Fue en México en donde la mariguana se consumió en tiempos precolombinos con reverencia, en usos medicinales, afrodisiacos y religiosos.
Si la mariguana se legaliza en México, es decir: si su cultivo y empaquetamiento y tráfico se legalizan, porque su consumo no es ahora ilegal, el gobierno se equivocaría al esquinar su venta en farmacias, como opinan los pudibundos que debiera hacer. Decirle sí a la mota debería decirle sí, completamente. Decirle sí a la yerba que los aztecas llamaron santa, debiera ser un sí que implique el impulso a su cultivo y exportación.
2.
Y sin embargo, luego de la legalización de la mariguana, ahí seguiría el crimen organizado. Sus ingresos afectados brutalmente, claro. El tráfico de mariguana representa, según algunos expertos como Luis Astorga, la parte mayoritaria de sus ingresos, pero la otra parte se calcula entre 10 y 25 billones de dólares.
Utopía
El mal y sus autores
Eduardo Ibarra Aguirre
Norberto Rivera Carrera, por medio de su vocero Hugo Valdemar Romero, expresó su "total solidaridad" con su homólogo de Guadalajara, Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez, quien "con tanta valentía ha denunciado el mal y a sus autores".
El mal es la aprobación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por nueve votos contra dos, del derecho que tienen los matrimonios de homosexuales y de lesbianas a adoptar menores en el Distrito Federal, a tono con las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa de los artículos 146 y 131 del Código Civil, el 21 de diciembre de 2009.
Sus autores son los nueve ministros de la SCJN, excepto el presidente Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre Anguiano, además de Marcelo Ebrard Causabón y el Partido de la Revolución Democrática, atenidos a las tesis decimonónicas del tapatío, emitidas en la capital hidrocálida el domingo 15, a saber:
"¿A ustedes les gustaría que los adoptaran una pareja de maricones y lesbianas", preguntó a los colegas un histérico cardenal. Y dijo mucho más: la resolución de la Corte "obedece a intereses internacionales" del malthusianismo "que están empeñados en que la población del mundo disminuya" y "han lanzado una serie de medidas desde hace varios años como la anticoncepción, el aborto, el amor libre, la perversión de la niñez y la juventud, la píldora del día después, el divorcio y el matrimonio entre homosexuales".
"Perversión de la niñez y la juventud" aparte --y a la que tan destacados aportes hizo durante cinco décadas Marcial Maciel Degollado con la tolerancia papal y a la que contribuyen muchos sacerdotes, uno de ellos presuntamente protegido por Rivera Carrera--, el arzobispo Sandoval acusó: "Marcelo Ebrard junto con organismos internacionales, maiceó a los magistrados de la Suprema Corte, recibieron dádivas".
Es notable la incapacidad en grado extremo de la jerarquía católica para defender sus respetables convicciones y postulados frente a un polémico tema que fue definido por los nueve ministros con base al derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación, además del objetivo de contribuir a un cambio "hacia una sociedad más tolerante, más equitativa y más solidaria".
Tan envalentonados y/o histéricos están los jefes del ejército de negro y sus fieles pero cada vez menos abundantes acólitos, que Juan Sandoval repitió sus acusaciones a la Corte desde los noticiarios de Televisa y Televisión Azteca, de Jalisco, sin que mediaran preguntas y sin límite de tiempo. Poco le importó, en apariencia, que en un hecho sin precedente y en forma unánime los 11 ministros censuraron sus declaraciones y le recordaron lo más elemental, éste es un Estado laico donde constitucionalmente existe una absoluta separación entre las iglesias –en plural-- y el Estado.
Ni una palabra arguyeron los jerarcas --que viven en luna de miel con Felipe (del Sagrado Corazón) de Jesús Calderón Hinojosa--, sobre la creciente diversidad familiar.
La familia nuclear –formada por padre, madre e hijos-- experimentó una disminución del 74.5 por ciento del total de hogares, en 1990, a 68.9 por ciento en 2005, de acuerdo al Consejo Nacional de Población; pero reportes de organismo civiles arrojan que disminuyó de 57.8 a 50.9 por ciento de los hogares. En tanto, la proporción de parejas sin hijos aumentó de 6.7 a 8.6 por ciento, los hogares monoparentales constituyen el 10.3 por ciento, y los hogares extensos (la familia más parientes) aumentó de 17.3 por ciento en 2000, a 22.5 por ciento. Y se calcula en un millón los hombres y las mujeres que forman parejas del mismo sexo.
Mas la realidad, compleja y diversa, no les importa. Sólo el dogma.
Acuse de recibo
El abogado Edberto Urcelay Fabián, de la dirigencia de Constitución y República, abunda sobre Guerra, cifras y contradicciones (6-VIII-10): A Felipe Calderón "también se le olvida que no es con reformas a los códigos penales y agudizando las penas como se debe resolver el problema, lo primero es aplicar la ley que ya existe, hacer que el Estado viva el imperio de la ley, que ésta se aplique por igual y de manera democrática a todos, que no haya casos de excepción y que se beneficie sólo a ciertas personas. Además es necesario que los procuradores de justicia no den línea para la integración de las averiguaciones, pues es en esa conducta en donde se busca que los jueces decreten libertades por la mala integración de las averiguaciones, nunca se informa de los liberados y los porqués, sólo llega la información de los consignados"… Miguel Aroche Parra, incansable luchador social, está de fiesta por sus 95 agostos. ¡Felicidades!.. Forum cumple 19 años durante este mes pese a las cruzadas gubernamentales en su contra. Es de elemental justicia recordar a quienes la hicieron posible y no están entre nosotros: Pedro Reyner Vamos, Arnulfo Rodríguez Argüelles, Héctor (Castañeda) Almazán, Juan Manuel Valero Gómez, Manuel Gutiérrez Oropeza (Manuélez), Raúl Roberto Macín Andrade, Guillermo Orozco (Lupus) y Guillermo Trejo Oviedo.
Recursos del erario que ese grupo malversó hace 7 años
Sigue proceso penal para que Provida devuelva más de 14 mdp
Por Anayeli Garc
ía Martínez México, D.F., 16 ago 10 (CIMAC).- A siete años de que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron el desvío de recursos públicos destinados a la salud de las mujeres, a favor del Comité Nacional Provida, el pasado 17 de junio el juez federal 13 en materia civil, Salvador Martínez Calvillo, determinó que en efecto, hubo una malversación de 14 millones 188 mil 663 pesos, que deben ser regresados al gobierno federal.
La resolución de este juicio, promovido por la Secretaría de Salud federal, el 25 de octubre de 2005, indica que aparte de la malversación, Provida no comprobó el ejercicio de estos recursos, por lo cual el juez condenó a esta asociación a restituir dicha cantidad al gobierno federal, dijo a Cimacnoticias el abogado y especialista en el tema, Pedro Morales Aché.
El también integrante del Tribunal Ciudadano por la Transparencia y la Rendición de Cuentas –un tribunal conformado en 2006 por OSC para juzgar el caso Provida- precisó que en un principio la federación reclamó la devolución de 29 millones 999 mil pesos, pero el juzgado consideró que de esta cantidad, no se comprobó el gasto de 14 millones 188 mil 663 pesos con 90 centavos, por lo cual Provida sólo debía regresar esta suma.
Sin embargo, mencionó que esta asociación ya apeló la sentencia, y aunque no precisó la fecha en que se interpuso este recurso, Provida aún no está obligada a regresar el dinero, esto será hasta que "cause estado" (que la resolución sea firme), es decir el caso tendrá que resolverse en un tribunal unitario y es probable que posteriormente proceda un amparo directo. "Habrá que esperar los resultados del juicio en unos meses", aclaró el abogado.
SIN "AYUDA PARA MUJERES"
Por su parte la diputada federal, Teresa Incháustegui Romero dijo a esta agencia que este hecho es una evidencia de que el financiamiento otorgado a Provida en 2003 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el cual ascendió a 30 millones de pesos, no se destinó a instalar y reforzar "Centros de Ayuda para la Mujer" (CAM), como lo había justificado, Jorge Serrano Limón, representante legal de la asociación.
Cabe mencionar que la Cámara de Diputados puede destinar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, sin embargo para ello es necesario seguir ciertas Reglas de Operación, que indican, entre otras cosas, que la asignación de recursos debe ser a través de un concurso de proyectos específicos, concurso en el que Provida no participó.
Los recursos para los CAM, que desde su fundación en 1978 se autoproclamaron opositores a todas las formas de interrupción del embarazo aún en los casos en que la ley lo permite, fueron aprobados por el entonces diputado Luis Pazos de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuesto de la LVIII Legislatura y quien excedió sus facultades al autorizar este hecho sin consultar a la Mesa Directiva del órgano legislativo.
anente de los Pueblos (TPP) abra un capítulo en México. El tema en sí es significativo, pues contó con la participación de un representante del tribunal, con sede en Roma, quien escuchó con interés los ejemplos que se mostraron para dar cuenta de la situación del país en materia de violación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.La reunión partió de exposiciones respecto a la crisis nacional, la situación de derechos humanos y la crisis jurídica. Se expusieron los casos de la supuesta guerra contra el crimen organizado con sus caudas de militarización e impunidad, los golpes al sindicalismo democrático, en especial el más reciente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso Atenco, emblemático en más de un sentido, y en especial por el triunfo frente al intento foxista de construir sobre el pueblo mexiquense un aeropuerto y la contrapartida de la criminalización a sus líderes en 2006, quienes han sido liberados recientemente. De especial relevancia fue la presentación acerca de los fraudes electorales de 1988 y 2006 que reflejan la vulnerabilidad extrema de la llamada transición democrática. Sin pretender exhaustividad de la problemática nacional se anotó asimismo el fenómeno de la migración y los derechos humanos, el vínculo del maíz transgénico como punta de lanza para profundizar la afectación a uno de los símbolos del México profundo en beneficio de compañías trasnacionales como Monsanto, entre otras. También se abordaron casos recientes como el de San Juan Copala, Oaxaca, y los relativos a afectaciones ambientales, como el de El Salto, Jalisco.
Si una agenda selectiva así fue impactante, más lo fue para todas y todos encontrarse con los más diversos liderazgos en una reunión cuyo objetivo común es luchar por México, contribuir a que se produzca un cambio realmente democrático, que el derecho retome un sentido de congruencia, pues, como se anotó en varias ponencias, tenemos evidentes signos de la construcción del enemigo interno
para calificar a la oposición, así como de la simulación jurídica que se constituye en el mecanismo para ejercer la consuetudinaria desviación de poder que padece nuestro país, donde las instituciones del Estado se utilizan para favorecer intereses de las élites políticas y económicas.
MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Cual Chabelo, el amigo de todos los niños, Felipe Calderón ha pasado las últimas semanas trat
ando de congraciarse con todos. Convoca foros, dialoga con gobernadores, invita a dirigentes de partidos políticos, escucha a académicos, se reúne con diversas organizaciones de la sociedad.
El objetivo, en sus propias palabras, es "hacer de la lucha por la seguridad nacional una política de Estado, no una política de un presidente o de un gobierno" y "estoy acudiendo a todas las llantas del vehículo y a todas las patas de la mesa". La intención, según argumenta, es oír, revisar, replantear y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. Y aunque se agradece la intención –lamentablemente tardía– de Felipe Calderón, hay algo que tanto el presidente como el país necesitan entender. En cuanto a opciones para enfrentar el narcotráfico y los males que engendra –violencia, corrupción, desmoronamiento institucional– no hay mucho de dónde escoger. O se legaliza o se colombianiza. O se regulan las drogas o se involucra de manera mucho más abierta a Estados Unidos para combatirlas.
Calderón no entiende este dilema o no quiere enfrentarlo. Al examinar cuidadosamente lo que ha dicho desde que comenzó la "cruzada Chabelo", es posible entender lo que quiere: mayor involucramiento de múltiples actores para que la ofensiva emprendida hace cuatro años no sea percibida como "su guerra"; mayor diseminación de información oficial para que la sociedad comprenda por qué hace lo que hace y decide lo que decide; mayor colaboración periodística en la cobertura de muertes y mantas, para no proporcionarle ayuda al adversario. Nada más y nada menos. No hay en sus reflexiones o afirmaciones hasta el momento una sola señal de cambio de ruta, un sólo indicio de golpe de timón; una sola sugerencia de un replanteamiento fundacional. El meollo del asunto parece ser el siguiente: o el gobierno de Calderón no sabe qué tipo de estrategia distinta desea instrumentar, o quiere seguir con la misma –incorporando algunas sugerencias de orden cosmético– pero con mayor legitimación social.
MÉXICO, D.F., 16 de agosto (apro).- El país está cada vez más cerca "del colapso institucional", sentenció el exprocurador general de la República e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés,
al asegurar que el tiempo para la Reforma del Estado "tal vez ya pasó" y que el sistema presidencial está caduco desde hace tiempo. En la exposición de su ponencia "Regímenes políticos, formas de gobierno y coaliciones políticas", Valadés criticó la falta de reforma de los dos últimos gobiernos panistas. Sobre Vicente Fox, Valadés afirmó que "al asumir el poder, un grupo de dueños de empresas de refrescos operó la cultura personalista y se pensó que, en lugar de una reforma del Estado, bastaba con un cambio de estilo en el poder". Valadés afirmó que la crisis del sistema presidencialista es el resultado de la alta concentración de facultades en una sola persona; de la irresponsabilidad ante la nación de quienes desempeñan funciones de gobierno; de la asimetría que se plantea entre el nuevo pluralismo del Congreso, por la excesiva duración del periodo presidencial, y de la "baja calidad de los integrantes del gobierno".Destacó que la configuración del sistema presidencial mexicano es la clave de la crisis: "No depende de la persona ni del partido que ocupe la presidencia, sino de la forma en que la presidencia está estructurada".
Ningún partido o individuo podrá corregir por sí solo esta crisis sin una reforma institucional, acotó.
El jurista participó en el seminario internacional "Regímenes políticos, formas de gobierno y coaliciones políticas", organizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado; la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios de España, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En su participación, el embajador español Manuel Alabart Fernández Cavada afirmó que México padece "la lacra del crimen organizado y el narcotráfico", pero confió en que se logrará vencer la adversidad.
A su vez, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro, puntualizó que uno de los objetivos del foro es analizar las coaliciones políticas tanto en regímenes presidenciales como en estados políticamente descentralizados. Fix Fierro recordó que le corresponderá al Senado incorporar las conclusiones de este debate en las iniciativas que ya se presentaron sobre la reforma del Estado. Por su lado, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador priista Manlio Fabio Beltrones afirmó que resulta paradójico que "los Poderes de la Unión o sus integrantes requieren hablar o interactuar y carecen de los instrumentos formales para hacerlo y, cuando finalmente dialogan, son sujetos de sorna y sospecha".
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Carlos Navarrete, se pronunció por "hacer un nuevo esfuerzo" para concretar la reforma política y evitar que persista el sistema "disfuncional" de gobierno.
"Es una visión totalmente errónea y equivocada pensar que lo que requiere el régimen político mexicano y el país es sólo cambiar de presidente cada seis años, con la esperanza del que venga, del partido que sea, sí sepa gobernar y tener capacidad de coaligarse parlamentariamente para aprobar su programa de gobierno", afirmó.
Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 16 de agosto (apro).- Con el voto a favor de cuatro de los cinco integrantes del pleno, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) emitió su fallo favorable para la ganga a favor de Televisa y Nextel, alianza que se quedará por 20 años con el bloque de 30 Mhz de la banda de telefonía móvil de 1.7Ghz.
Televisa Nextel pagará sólo 180.3 millones de pesos por ese bloque, al tiempo que Telcel erogará 3 mil 373.8 millones por 21 bloques de 10Mhz de la misma banda, y Telefónica, por 6 segmentos del espectro, desembolsará mil 273.8 millones de pesos.
Los comisionados Mony de Swaan, presidente de Cofetel; Gonzalo Martínez Pous, Rafael del Villar y Ernesto Gil Elorduy ignoraron el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para declarar desierta esa licitación, debido a la disparidad en el pago de las contraprestaciones.
Por cierto, José Luis Peralta fue el único de los comisionados que mantuvo desde diciembre de 2009 su rechazo a la licitación y refrendó su postura en un oficio enviado a la Cofetel el viernes pasado.
En tanto, Gil Elorduy, exsenador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), finalmente sí asistió a la sesión del pleno este lunes y votó a favor.
"La esperada unanimidad no se dio", consideró un experto en el sector de telecomunicaciones, quien admitió ante Apro que las presiones de Televisa se incrementaron este fin de semana para que la licitación se aprobara antes de la fecha límite, el 18 de agosto.
Según las bases de licitación, el siguiente paso es la revisión del fallo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Conocida como la 'Licitacion 21', la puja generó una intensa polémica en el sector de telecomunicaciones y provocó que Iusacell, empresa del Grupo Salinas, interpusiera recursos jurídicos para que se suspendiera el proceso.
MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Al estilo de la señorita pueblerina que acce
de a bailar en una fiesta pero pide hacerlo "despacito, porque estoy de luto", Jesús Ortega saludó de mano al presidente Felipe Calderón pero no lo vio a los ojos. Entornándolos, huidizos, el dirigente nacional del PRD faltó de ese modo a la resolución del X Congreso del PRD, celebrado hace tres años, en agosto de 2007, que ordena no reconocer bajo ninguna circunstancia a Calderón como presidente ni entablar negociación o diálogo con él.
Con su equívoca, sinuosa actitud ante Calderón, parecería que Ortega cumplía un acuerdo no divulgado con César Nava, con quien pactó las alianzas para el 4 de julio pasado. Y consumaba la posición de Nueva Izquierda, que desde siempre se opuso a que el partido ratificara la decisión de la Convención Nacional Democrática, que el 20 de noviembre de 2006 consideró a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo de México, y espurio a Calderón. La resolución del congreso perredista no utilizó esas palabras, pero fue asumida claramente en el mismo sentido.
Automáticamente, sin tener que decirlo, la resolución exceptuó a los gobernantes perredistas de no dialogar ni negociar con Calderón. Se entendió que sus responsabilidades institucionales, el hecho de ejercer funciones que comprenden a toda una entidad, los ponían al margen de la obligación de desconocer al presidente y, al contrario, se admitió como prudencia política su aproximación al Ejecutivo federal. Así lo hicieron, unos con mayor entusiasmo que otros, Amalia García, de Zacatecas; Narciso Agúndez, de Baja California Sur; Leonel Godoy, de Michoacán; Zeferino Torreblanca, de Guerrero, y Juan Sabines, de Chiapas. Aunque expuso que no se tomaría nunca la foto con Calderón, y perseveró en ese propósito, Marcelo Ebrard estaba obligado constitucional y legalmente a abordar con el presidente las designaciones del procurador de justicia y del secretario de Seguridad Pública.
Al paso de los años, la excepción cubrió también a quienes desde el Congreso, en ejercicio de responsabilidades constitucionales, debían tratar con el Ejecutivo. Ese fue el caso de Ruth Zavaleta y de Carlos Navarrete, cada uno de los cuales fue presidente de las cámaras, de diputados y de senadores.
Condenable:Revista argentina "Hombres" hizo a lectores Test llamado Tyson: Cómo golpeas a tu mujer?
incluso a una acusación por violación. Y lo publicaron en la versión electrónica de la revista en internet, en la sección "Happy Hour", o sea como un pasatiempo para los ociosos navegantes mientras toman su cerveza o un trago luego de una dura jornada de trabajo. (De más está decir que el "Test Tyson" desapareció del ciberespacio. Los "creativos" lo bajaron apresurados, pensando que iban a poder frenar el escándalo. Quizá no hayan pensado que con ese entretenimiento de "happy hour" estaban violando garantías constitucionales que hacen al respeto a los derechos humanos de todas las personas, y en este caso particular, los correspondientes a las mujeres). Las preguntas del test no permiten que nadie quiera pasar por ingenuo y decir que se pueden tomar a risa. La introducción dice: "¿Madura el K.O.?", e invita a los varones a un ejercicio de respuestas múltiples sobre las excusas, métodos, momentos, periodicidad y duración de la "sesión adoctrinante", o sea del ejercicio violento del poder masculino para dominar a su pareja y "aleccionarla".
Las preguntas y opciones que plantea el test son condenables.
"1. ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? A. Los fideos estaban fríos. B. Te miró "con esa cara". C.Tuviste un mal día en el trabajo. D. No hace falta una excusa.
2. En cuanto a métodos: A. Un puño envuelto en un repasador no deja marcas. B. El famoso cachetazo de proxeneta: con la cara externa de la mano derecha yendo en sentido diagonal de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. C. Tirás el plato (el de los fideos fríos, por ejemplo) al suelo y cuando se agacha a limpiar el enchastre la aleccionás con un puntapié en las costillas. D. Te gusta improvisar.
La reacción del movimiento de mujeres y feminista argentino no se hizo esperar. Las listas de distribución electrónicas que permiten el trabajo en red de cientos de mujeres a nivel nacional ardieron durante varias horas en el ciberespacio argentino. En poco tiempo, el Movimiento de Mujeres de la provincia de Córdoba, hizo llegar una denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo. A esta denuncia se agregó la de la red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista), consensuada por decenas de periodistas de ambos sexos en todo el país, y la legisladora Diana Maffia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la senadora nacional Marita Perceval, presentaron ante sus cámaras legislativas proyectos de declaración de repudio por la publicacion del "Test Tyson" en la versión electrónica de la revista Hombre.
Utopía
Percepciones y ridícula minoría
Eduardo Ibarra Aguirre
Diálogo por la seguridad. Evaluación y fortalecimiento concluyó, tras seis sesiones públicas y una privada, con la de 29 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y en ella se postuló un nuevo diagnóstico presidencial, el del inicio de una "nueva época" que dé a los mexicanos la esperanza de que el país será más seguro, y que las autoridades puedan recuperar la confianza "que los ciudadanos pierden cada día, porque no ven los resultados a los que tienen absoluto derecho".
Resultados, dijo textualmente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y, sin el menor atisbo de autocrítica, se olvidó de la machacona tesis de que el problema principal es de percepciones de la ciudadanía sobre una muy exitosa batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, que ahora se da el lujo de cuantifica en 8 contra 1; de comunicación y propaganda –pese al gasto sin precedente– y por ello se deshizo de su amigo Maximiliano Cortázar Lara, empleándolo en el Comité Ejecutivo Nacional del partido del gobierno.
Si el problema ya no es de percepciones sino de resultados concretos, tampoco sirve el desafortunado –porque revela desesperación– calificativo de la "ridícula minoría" (24-III-10), que el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz –el que convocó una marcha para exigir seguridad–, mutó en "Somos más los buenos que los malos, y el día que estemos más organizados, que se cuiden los malos". Lo secundó el veracruzano Fidel Herrera Beltrán en el maniqueísmo que ignora la creciente indisposición ciudadana para diferenciarlos.
En gobiernos panistas, 1 mil disidentes encarcelados
Érika RamírezMás de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la "protesta social", señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos
Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus "verdugos", médicos o custodios.
Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.
Los "macheteros", campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano "criminaliza la protesta social". Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.
También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma "maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición".
La "suerte" de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.
Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: "Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo".
Hacienda, arma de "control político"
La administración de Felipe Calderón ejerce "presión" política mediante las áreas de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los instrumentos de presión a sus opositores son auditorías, investigaciones por lavado de dinero y requerimientos de pago de impuestos, consideran legisladores
Érika Ramírez / Isabel Argüello
Expedientes integrados por las áreas de inteligencia financiera del país son utilizados como "arma de control político" en contra de empresarios, legisladores, políticos y luchadores sociales. Auditorías, investigaciones por lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita y requerimientos de pago de impuestos, entre otros, son la vía de este ejercicio de "presión" en la administración de Felipe Calderón, aseguran legisladores.
Luego de que Contralínea hiciera públicas las investigaciones que siguen las áreas de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a "personas políticamente expuestas", diputados de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) coinciden que éste es un mecanismo de "represión" del gobierno federal.
Entre los casos expuestos, están el de Emilio Chuayffet Chemor, diputado federal por el PRI; Gregorio Sánchez Martínez, excandidato a la gubernatura de Quintana Roo; Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el del senador priista Manlio Fabio Beltrones. Éstos han sido tratados de distinta forma por la administración federal. Las encargadas de llevar los expedientes son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mario Di Costanzo, integrante del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, explica que siempre que se lleva a cabo una operación o averiguaciones sobre manejo de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o evasión fiscal es porque las autoridades creen tener elementos suficientes para iniciar acciones judiciales.
Sin embargo, agrega, "es preocupante que las pesquisas se inicien para amenazar a los políticos; abrir investigaciones por si estos señores se pasan de listos o hacen algo que políticamente no le convenga al gobierno.
"Si no se hace nada ante las evidencias [de lavado de dinero], es claro que se está utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera como un arma de represión política. Si se tienen pruebas, que procedan, como lo hicieron en el caso de Greg Sánchez", añade.
Investigaciones desde los estados
Descabezaron a la mafia de Comunicación federal
Dice el refrán: "no se debe cambiar de caballo a la mitad del río", pues equivale a d
ar el triple salto mortal sin red. Pero el cada vez menos presidente de la república (con el fantasma del golpismo militar rondando Los Pinos, por las muchas semejanzas con el alcohólico Victoriano Huerta) Felipe Calderón ha ejecutado decisiones al estilo del nazi Carl Schmitt, el de la teoría y práctica del "decisionismo político". Ha despedido con elogios a personal clave de su primer entorno (¿si eran tan eficaces, por qué cesarlos con disfraz de renuncia?). Entre ellos, puso de patitas en la calle al jefe de la mafia de comunicación, compuesta por los 21 directores de comunicación del gobierno federal (casi todos por él nombrados), con manos libres en el manejo de millonarios presupuestos para gastos.
Ellos estuvieron comandados por el director de comunicación de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini, secundado entre otros por la empleada de Pronósticos Deportivos, Brenda Morales; López Atienzo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el misterioso comunicador del secretario de Seguridad Pública Federal, García Luna; fuera del área federal, Manuel Argüelles, al servicio de Marcelo Ebrard y David López, de las marrullerías mexiquenses (recordar la foto aquella donde fueron sorprendidos estos dos con Maximiliano Cortázar, en Impacto-Diario, 14 de mayo de 2009); y el resto de quienes mantienen su lista negra de medios de comunicación que por su información veraz, análisis y crítica al "decisionismo" calderonista, no reciben publicidad oficial. A otros les pagan con sobornos para que sólo publiquen boletines y elogios.
Progreso científico y derechos humanos
Angélica Gay Arellano* / Salomé Almaraz*
El tema de
las patentes en México ha despertado recientemente un debate en materia de derechos humanos; sobre todo, porque está ligado a la inversión en tecnología y desarrollo que se realiza en el país. Parte de la discusión se centra en el término mismo de "desarrollo científico", pues, para muchos, este "progreso" es parte de una ideología occidental que en el fondo minimiza, excluye o impide acceder a otras experiencias, perspectivas y creencias culturales con las cuales entra en conflicto.
El principal problema radica en que, hoy en día, bajo un sistema de acumulación de capital, el control de la tecnología y los avances científicos suponen mayor poder económico, político y social. Al concentrar en pocas manos los resultados del llamado progreso científico, se limita el acceso a los derechos a la salud y culturales de las mayorías por el simple hecho de que no cuentan con recursos económicos.
En México, la Ley de Propiedad Industrial es el instrumento jurídico nacional que protege todo lo referente a marcas y patentes. Su reglamento tiene por objeto su aplicación e interpretación y su regulación. No obstante, aun con instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas –que en su artículo 15, párrafo 1, inciso B, reconoce el derecho de toda persona a "gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones"–, en México sólo se protege la propiedad intelectual y no existe un verdadero fomento al desarrollo científico nacional ni se facilita el acceso a éste.
Al insistir en el tema que lo apasiona y, seguramente, le produce mayor dolor de cabeza (la lucha contra el narcotráfico o la seguridad, dependiendo del cristal con que se mire), Felipe Calderón llevó a cabo dos encuentros, el lunes 3 y el martes 4 de agosto, con un buen número de asistentes.
En el prim
ero se invitó a varios de los que se habían reunido hace dos años para hablar de la inseguridad existente, donde el secuestro fue parte esencial. Cabe recordar que desde la consigna lanzada por Alejandro Martí –"si no pueden, renuncien"–, nadie se movió de sus asientos y ningún burócrata de alto nivel ha salido del cargo por cuenta propia o cese.
Ahora –donde las organizaciones no gubernamentales que han trabajado años el asunto, como el Fray Francisco de Vitoria, no fueron invitadas nuevamente–, el encuentro fue una serie de reclamos a Calderón, aunque nunca a su persona, sino más bien a sus "ineficientes" colaboradores, algo tradicional del priismo más arcaico.
La combativa señora Isabel Miranda de Wallace dijo que ejercicios como el realizado se hubiera hecho "desde un principio", lo mismo que efectuar "una política incluyente a nivel federal, estatal, municipal", pues "los estados se lavaron las manos y no absorbieron la responsabilidad que les correspondía".
Eduardo Gallo, quien ha hecho un monitoreo del asunto, mencionó, en materia de seguridad, el gobierno federal tiene 5.2 de calificación en logros, y las entidades federativas, 3: reprobados.
Hasta Valentín Díez Morodo, empresario, reclamó que se debe "luchar mucho para convencer, sobre todo al inversionista extranjero, de que las cosas no están mal como dicen los medios". Es decir, las percepciones famosas son tomadas en cuenta por los que antes traían sus capitales, por lo que los 2 mil 700 millones de pesos que se gastan en promover México (Contralínea, 191) sirven de poco.
Al día siguiente, el martes 4, los invitados fueron otros, pero las críticas no cesaron. Tanto, que el Ejecutivo hizo dos anuncios inusitados: aceptar que no sabe explicar la lucha antinarco y que están abiertos a debatir la legalización de la mariguana.
Osorno y las entrevistas sobre la Guardería ABC
tir justicia, porque se trata de responsables coludidos con esos poderes donde el factor común es el cargo del todopoderoso inquilino de Los Pinos. En este caso, del señor Calderón que, por salvar a la prima de su esposa, está arriesgando lo último que le resta de su infame presidencialismo, negándose a, cuando menos, cesar a los dos funcionarios federales que (con el desgobernador Bours y su clon Padrés, en Sonora) están implicados, jurídica y políticamente, como presuntos cómplices del pavoroso incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños y 79 más quedaron marcados de por vida. Es un libro en el que, página a página, Diego Enrique Osorno, periodista, escritor y poeta, nos cuenta con las voces de los padres de esos nLos desplazados por grandes represas
El año pasado se publicó el informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos y posi
bles alternativas por parte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Este informe fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la primera audiencia que abrió para tratar este tema. Son varios los puntos que toca en materia de daño ambiental y menoscabo de los derechos humanos, los cuales se destacan grosso modo a continuación.
Guadalupe Espinoza Sauceda* / Juan Pablo Soler Villamizar**
Desalojos: conducto regular
El Sistema de Naciones Unidas determinó, a través de la declaración de la Comisión de Derechos Humanos –ahora Comité de Derechos Humanos–, que los desalojos forzosos son una violación grave de los derechos humanos, lo cual coincide con lo dicho por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, el relator especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari, elaboró los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, que establecen la forma en que deberían abordarse las situaciones que requieren desplazamiento de personas, con el fin de respetar sus derechos.
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