Pedro Echeverría V.
1. Eso de la llamada "delincuencia organizada", que se rifa en los campos y las calles con el ejército, no me queda nada claro; todas las informaciones y calificaciones de asesinos, secuestradores y narcotraficantes que me llegan son del gobierno, de los medios de información y de los grandes empresarios. Sin embargo algunas veces se cuela en esa información que también el ejército y la policía asesinan, que los secuestros son siempre contra los empresarios y negociantes y que entre los jefes del narcotráfico están altos magnates de cuello blanco. Más aún he leído que los famosos Zetas están integrados por altos exjefes y exsoldados del ejército. Si fuera tonto sin pensar diría que los que están en el poder político y económico son los buenos y la llamada "delincuencia organizada" son los malos; pero da la casualidad que éstos están derrumbando al gobierno y secuestrando a los ricos y ahora no se qué pensar.
2. Como dicen por aquí "Calderón –desesperado- no quiere queso sino salir de la ratonera". Por simple "orgullo" y presión de panistas y un sector de empresarios, no ha renunciado, pero hace mucho que debió dejar la Presidencia porque a diario se ve claramente su desgobierno: cero en economía, cero en política, cero en empleos, cero en seguridad, cero en educación y cero en servicios de salud; pero 100 en verborrea y en gastos en TV y radio. La bronca es que si renuncia, como sólo lo ha hecho un presidente (Ortiz Rubio) en 1932, ¿quién lo sustituirá para terminar su sexenio y hacer elecciones? Como están las cosas seguro que sería otro panista o un priísta con el fin de aplicar una política "diferente", que en realidad sería más de lo mismo. Pero a mi me gustaría su renuncia para ver los refuegos políticos, observar a los saltinbanquis y escuchar el oportunismo en las declaraciones. Pero todo seguirá igual de peor.
3. La realidad es que Calderón le hizo honor a su ilegitimidad como presidente. Tomó posesión de la Presidencia con el apoyo del ejército y ha gobernado junto a él ocupando el país. El narcotráfico operaba desde antes en varios estados de la nación y avanzaba lentamente, sin desesperación, al ritmo en que surtía al gran mercado norteamericano de la droga; pero Calderón necesitaba un pretexto "válido" para que los militares le den cobertura a su gobierno, sólo sustentado en la fuerza de los grandes empresarios y los medios de información. Entonces, sin conocer lo que podría pasar, "removió fuerte el avispero" provocando una gran reorganización de los jefes del narcotráfico, de otros organismos débiles entonces y del ejército (los zetas) al servicio de éstos. Durante sus cuatro años de gobierno no ha podido escapar de esa realidad que él mismo creó y los más terrible y condenable es que han muerto más de 30 mil en medio de la guerra.
4. Calderón se derrumba demostrando que no tiene siquiera la menor capacidad para garantizar la vida de turistas yanquis y trabajadores de una decena de países que pasan por México; no me explico como el gobierno gringo y empresarios inversionistas –al no garantizar sus ganancias- no se han deshecho de él. Porque, aunque los inversionistas meten en los bancos ganancias de muchos millones de dólares, la realidad es que podrían obtener mucho más con un gobierno estable que controle la situación. ¿O será mejor para los gringos tener un gobierno débil, tonto, para usarlo como su cachorro, que un gobierno fuerte que no pudieran mover a su antojo? No debe olvidarse que los yanquis hicieron siempre magníficos negocios en México durante los gobiernos priístas, pero a partir de 1982 –con el neoliberalismo, sobre todo en los últimos dos gobiernos panistas- su dominio se acrecentó y nadie puede demostrar lo contrario.
5. El permanente derrumbe de Calderón –desafortunadamente- no será por los movimientos sociales o por los partidos de izquierda y socialdemócratas; éstos han sido paralizados, derrotados, divididos o se han autoderrotado. Si tuviéramos en México una izquierda fuerte y una importante lucha social no solo estaríamos en las calles exigiendo la renuncia de Calderón sino también asegurando que lo sustituya un equipo que garantice todas las libertades para los trabajadores, en primer lugar la de manifestación y de protesta. Porque obviamente no podemos decir que nos vale un comino lo que suceda; no debe olvidarse que todos los gobiernos siempre se valen del ejército, la policía, los tribunales y las cárceles, y la única manera de frenarlos es mediante el movimiento de masas. Así que debemos buscar siempre el logro de mayores espacios de libertad para los campesinos, obreros, estudiantes, ciudadanos.
6. ¿O, acaso, no te has dado cuenta que todos los miembros de la clase política quieren limitar, para luego prohibir, las manifestaciones de protesta en las calles con el fin de privilegiar a los automovilistas? ¿No has visto que todos los medios de información hacen campaña contra las libertades ciudadanas –en particular la de manifestación de los trabajadores- diciendo que la ciudad es de todos? Sí, la ciudad es de todos, de las mayorías que viven en ellas, de los trabajadores; no solamente de los comerciantes, industriales, banqueros y riquillos. Las manifestaciones nunca deberán prohibirse aunque estas sean pequeñitas o muy minoritarias por el hecho de existir un gobierno popular o autogobierno de la amplia mayoría de los trabajadores. También las minorías tienen todo el derecho de manifestarse. ¿O se piensa acaso que con un gobierno popular ya no habrán personas que insistan en pensar diferente?
7. Calderón debe renunciar inmediatamente para que no siga desgraciando al país; de la misma manera que Fox y muchos gobiernos priístas debieron hacerlo cuando veíamos que estaban destruyendo el empleo, las inversiones, la desconfianza. Si hubiésemos sido fuertes para ponerles un alto quizá sólo les debimos dar tres años de gobierno y no seis a cada uno de ellos. También el ejército y la policía federal deben regresar a sus cuarteles mediante un acuerdo para calmar las confrontaciones. ¿O, por que el muy hombrecito Calderón, siempre con "mano dura", no encabeza una brigada de militares en Tamaulipas, Sinaloa o Ciudad Juárez? Si en 2006 el problema era el narcotráfico, que surtía espléndidamente el mercado de los EEUU, ¿por qué ahora le han cambiado (¿quién?) a "combate contra el terrorismo" convirtiendo todo en persecución política a la disidencia real? ¿O ya se ha iniciado la nueva revolución y yo sin darme cuenta?
La imparable lavadora
Eduardo Ibarra Aguirre
Una serie de iniciativas de ley para apuntalar la Estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, fue enviada por el titular del Ejecutivo federal al Congreso, y de inmediato suscitó diversas reacciones.
Con asegunes impuestos por la distancia al encontrarse en Afganistán y desconocer los textos presidenciales, Edgardo Buscaglia no dudó en expresar "¡Bravo, señor presidente!", pero siempre y cuando las iniciativas de ley contemplen lineamientos establecidos por convenciones y tratados.
La expresión del que me parece el experto más crítico, documentado y propositivo en materia de seguridad, sin demérito de nadie, da cuenta de la importancia de un tema que pretende colocarse en el centro cuando a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le falta, como él mismo lo anunció el 27 de agosto, dos años, tres meses y cinco días como inquilino principal de Los Pinos.
Dicho de otra manera: cuando el núcleo de todos sus programas de gobierno, la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, cumplirá un cuatrienio el 11 de diciembre y ya produjo 28 mil 353 homicidios, apegados a los datos del novel vocero gubernamental en la materia y que --como su jefe optimista en los discursos pero agotado en la oportuna foto de José Antonio López--, pretende tranquilizar a los ciudadanos indignados y críticos de la estrategia militarista con la cantaleta de que la mayoría de los crímenes "son atribuibles a la lucha entre bandas criminales".
Es la misma tesis que Juan Camilo Mouriño Terrazo decía a su jefe y querido amigo al oído y que ahora le repite Genaro García Luna. Están convencidos de que por esa vía la plana mayor de los cárteles sufrirán severas bajas, sin reparar en que los vacios que aquélla y el accionar de las fuerzas armadas provocan, desatan incontrolables y sanguinarios ajustes de cuentas. Los que a su vez ya provocaron "3 mil 174 daños colaterales", que no son otra cosa que civiles inocentes asesinados por los actores de la guerra legitimadora de Calderón.
Pero el señor que se definió en los términos de "he sido un presidente abierto porque creo en la tolerancia y en la democracia; creo que a ningún presidente le han dicho las cosas que le han dicho a éste", amenazó durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga: "Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar". Caricaturizó las políticas del "viejo sistema" hacia el narco, mismas que como presidente de Acción Nacional jamás denunció, y disfrazado de siquiatra, como antes fue gastroenterólogo, declaró "totalmente locos" a los autores de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
La verbosidad no le impidió al michoacano asumir, frente al rector de la Universidad Nacional y los que viven del tema de la inseguridad pública como Luis de la Barreda Solórzano y María Elena Morera, que el mero uso de la fuerza no resuelve la inseguridad, como que sin ella no se puede solucionar, o que el establecimiento de una política social no resuelve el problema, como que sin ella tampoco se podrá solucionar. Y la creciente violencia como producto de la percepción quedó en el olvido.
El debate se avizora interesante y es de obligado registro la propuesta de René Arce Islas para que se investiguen las fortunas surgidas en dos décadas, porque asegura que en los últimos años se lavaron 300 mil millones de pesos.
Datos oficiales indican que anualmente se lavan 29 mil millones de dólares en Estados Unidos y México. Y entre los dos gobiernos tan sólo decomisan mil millones, la mayoría por Washington.
Acuse de recibo
El reportero Ramsés Ancira agrega dos hechos a El mal y sus autores (18-VIII-10): "No es la primera vez que el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez quiere usar sus influencias para torcer la justicia. En los archivos de la PGR consta un video (y yo tengo copia) donde una mujer llamada Catalina Rivadeneyra lo acusa de presionarla para que dijera que en el asesinato del cardenal Posadas había intervenido Guillermo Cossío Vidaurri, exgobernador de Jalisco. Como Carlos Salinas de Gortari acababa de modificar la Constitución, la Iglesia podría administrar directamente muchos bienes que había confiado a particulares. Una versión es que Posadas llevaba en el portafolios una lista de nombres de esos particulares que le entregaría al nuncio papal, Girolamo Priggione (...) Antes de ser cardenal, Sandoval también estuvo ligado a una investigación federal por la introducción a México de máquinas tragamonedas, las cuales estaban prohibidas por la Ley de Juegos y Sorteos de la Segob"… Al cumplirse 100 días del fallecimiento de Angélica Méndez Zamora, su hijo Diego Alberto Prado Méndez reivindica: "Qué hermoso es tener a una persona que está dispuesta a dar hasta la vida para que uno esté bien, esa persona es alguien que nunca podrá ser reemplazada, es una persona que te tiene un amor incondicional y totalmente sincero (…)"
Panistas condonan 21 mil MDP a trasnacionales
Érika RamírezMás de 21 mil millones de pesos se han condonado fiscalmente, de 2001 a la fecha, a 1 mil 739 trasnacionales. La exención de impuestos fue autorizada por el Conacyt mediante la aprobación de "proyectos de innovación tecnológica". En 2007, la ASF dictaminó que los esquemas presentados por las compañías no habían reflejado beneficio alguno para el desarrollo científico del país. Entre las principales favorecidas son General Motors, Volkswagen, Daimler Chrysler, Ford Motor Company, Nissan, Chrysler y Telmex
Érika Ramírez / Mauricio Romero
La trasnacional General Motors encabeza la lista de 1 mil 739 empresas de capital estadunidense y mexicano beneficiadas con "estímulos fiscales" por más de 21 mil millones de pesos. Los montos han sido aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde que el Partido Acción Nacional ascendió al poder.
Ocho listados del Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y Desarrollo de Tecnología –que comprenden el sexenio de Vicente Fox Quesada y los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa– y seis más de Programas de Estímulo para la Innovación (operados en 2009 y 2010) revelan que el sector automotriz acaparó las condonaciones.
Del análisis, elaborado por Contralínea, se desprende que las principales firmas extranjeras que presentaron "proyectos de innovación tecnológica" para condonación del pago de impuestos se encuentran Volkswagen, Daimler Chrysler, Ford Motor Company, Nissan y Chrysler.
En 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó el programa iniciado con Fox Quesada, pues no operaba con transparencia y carecía de mecanismos de control. El máximo órgano de fiscalización del país indicó que no reflejaba impactos ni beneficios en el desarrollo científico y tecnológico del país.
Leonardo Ríos Guerrero, director adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del Conacyt, "justifica" la aprobación de los "estímulos" luego de que estas empresas "generan empleos y atraen la inversión extranjera". No obstante, acepta que el programa debió ser modificado por las observaciones que hicieran la ASF y organizaciones sociales: "El problema era financiar cosas que no necesitaban apoyo".
Las consentidas
Las empresas que conforman el sector automotriz en México ocupan los cinco primeros lugares de un listado de más de 1 mil 700 empresas. Estas compañías acumularon 21 mil 782 millones 718 mil 105 pesos que no entraron a la hacienda pública en una década.
El aval del Conacyt, encabezado actualmente por el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, fue de 1 mil 456 millones 71 mil 645 pesos para General Motors; a la alemana Volkswagen se le autorizaron estímulos por 651 millones 300 mil 334 pesos; a Daimler Chrysler se le concedieron beneficios por 356 millones 646 mil 505 pesos; Ford Motor Company acreditó 293 millones 679 mil 504 pesos, y a la japonesa Nissan le fueron palomeados proyectos por 278 millones 148 mil 829 pesos.
El primer año del gobierno de Felipe Calderón fue el más provechoso para General Motors, al ser exenta del pago de 549 millones 999 mil 999 pesos. La cifra se logró al autorizarse 61 esquemas de innovación presentados al Conacyt.
De origen estadunidense, esta compañía es la tercera en el ámbito mundial en la producción de autos y la primera en su país de origen. En México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores indica que junto con Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Chrysler, Toyota y Honda concentran el 85.6 por ciento de las ventas totales de vehículos en el mercado interno.
Volkswagen –principal productor de autos en Europa– contó con mayores "estímulos" en 2004 con la aprobación de cuatro esquemas que significaron el perdón en el pago a la hacienda pública de 155 millones 287 mil 769 pesos.
Ford Motor Company, beneficiaria también de los Fondos de la Pequeña y Mediana Empresa que opera la Secretaría de Economía, es la cuarta compañía que mayores estímulos obtuvo en 2004, 2005 y 2007: alcanzó beneficios por casi 300 millones de pesos. En tanto que la compañía japonesa Nissan se ha colocado en la quinta posición de las más de 1 mil 700 empresas.
La industria alimentaria
Además de las empresas de la industria automotriz, otras a las que se les autorizó el no pago de impuestos por cientos de millones de pesos son Sigma Alimentos, Teléfonos de México, Bachoco, Delphi, Dupont y Compañía Mexicana de Aviación, entre otras.
Sigma Alimentos, productora de carnes frías y lácteos, acreditó 202 millones 999 mil 757 pesos en "estímulos fiscales" durante seis de los 10 años que llevan los programas de apoyo a la innovación tecnológica. La promotora de las marcas Fud, San Rafael, Yoplait, entre otras, logró en 2005 su mayor condonación, con 61 millones 351 mil 774 pesos.
Preocupa a relatores acoso judicial a Contralínea
En la Visita Oficial Conjunta a México, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el acoso oficial en contra de periodistas de este país. Al evaluar el caso de Contralínea, emitieron una serie de observaciones y recomendaciones que el Estado mexicano deberá cumplir para garantizar el respeto a la labor informativa de este semanario
"El acoso oficial en contra de los periodistas de Contralínea es un caso típico de silenciar a la prensa", aseguró el relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue. "El Estado debe responder por el acoso en contra de los periodistas", añadió la relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, como conclusión de su documentación de los agravios en contra de los integrantes de este medio de comunicación.
Desde 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH han documentado los ataques de servidores públicos y empresarios vinculados al gobierno de Felipe Calderón contra el semanario. En la primera Visita Oficial Conjunta a México "para observar la situación de la libertad de expresión en el país", los relatores expresaron su preocupación por el acoso judicial, amenazas de muerte, allanamientos, persecución y veto publicitario, entre otros agravios.
Al destacar el caso de Contralínea como uno de los más representativos agravios a la libertad de expresión en México –calificado por los relatores como el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo–, ambas relatorías lo describieron como típico de las agresiones ejecutadas por diversos actores del Estado "para silenciar a la prensa", en contravención a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, de manera explícita, protegen los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.
29 August 2010 En el marco de la reunión de la Mesa Multisectorial con los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, presenciamos, más que una reunión de trabajo, una pasarela de discursos. Algunos políticamente correctos, otros críticos y puntuales y, mejor aún, los autocríticos y propositivos, presentaron el escenario del ejercicio de la libertad de expresión, tanto del periodista como de la sociedad capitalina.
Destacan los discursos del Poder Ejecutivo local, con una serie de propuestas desde el ámbito de la administración de justicia de la Procuraduría del Distrito Federal; y del Poder Legislativo, que además incluye hechos: la aprobación de importantes leyes –del secreto profesional del periodista y Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, por ejemplo– sin soslayar la creación de la "casa de los periodistas", logro que puede marcar el compromiso de este gobierno con la libertad de expresión.
Dicha casa fue impulsada desde la sociedad civil, los medios de comunicación y los propios periodistas, y nace bajo el auspicio del Poder Legislativo y Ejecutivo locales como una respuesta puntual a las agresiones directas contra los periodistas. Su creación obedece a estándares y experiencias internacionales en la materia.
En la conformación contemporánea del gobierno con los órganos constitucionales autónomos, tuvimos la participación del ombudsman del Distrito Federal, que aún nos debe como garante para estar a la altura de su predecesor, Emilio Álvarez Icaza, quien dejó importantes y significativos momentos en sus recomendaciones que superaron con creces las expectativas de los capitalinos.
Pero el discurso que sorprendió fue el del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). ¿Qué dijo? Como en toda regla del discurso, se agradece la brevedad. Lamentablemente, la brevedad devino en una falta de contenido. Como si fuera un informe de gobierno, nos dio un cierre digno de aplausos (en boca de un activista), pero retórico en la voz de la autoridad que representa al órgano jurisdiccional.
De repasar los conceptos doctrinarios sobre la libertad y la libertad de expresión, nos llevó por la solución al ataque físico a quien hace de su profesión la libertad de expresión: no callar, gritar e informar lo que con violencia se pretende acallar, quitar la efectividad de la agresión por el silencio a través de la difusión de la información, sólo así se evitará que el cobarde ataque surta sus efectos.
En breves palabras, ése fue el discurso del señor magistrado. La parte más importante de esa perorata fue lo que no dijo. Llama la atención que se centrara en las agresiones directas a medios y periodistas e hiciera caso omiso de lo que, desde hace años, se manifiesta y sigue vigente en los tribunales capitalinos: los casos de daño moral.
Los ataques del PAN a los periodistas
En los nueve años de la frustrada alternancia-transición, que anunciaron inaugurar el foxismo y el calderonismo, con el herraje del Partido Acción Nacional (PAN) –y sus apéndices: El Yunque, Los Legionarios, no de Cristo, sino de Marcial Maciel, y La Casa en la Roca–, la creciente inseguridad por el combate a muerte entre los sicarios del narcotráfico y los militares, la Marina Armada de México (estos marinos haciendo a un lado a los soldados) y la Fuerza Aérea, arroja más de 20 mil homicidios, entre los que se encuentran 17 periodistas (especialmente reporteros, a los cuales también los ministerios públicos de las 32 entidades y la Procuraduría General de la República están obligando a comparecer para que aborten sus fuentes de información).
Hay profesionales que ejercen sus derechos y obligaciones de las libertades de prensa desaparecidos, es decir, secuestrados por los temibles levantones; otros emigraron, vía el asilo o visas concedidas por humanitarismo, a territorio estadunidense, canadiense y europeo, víctimas de toda clase de amenazas, no pocas cumplidas en las vidas de sus familiares. Otros viven atemorizados por las agresiones y presiones de los desgobernantes, para impedir que informen sobre la violencia delincuencial y abusos de los poderes de todos los niveles.
Las cifras y análisis del Comité de Protección a los Periodistas, en Nueva York, y de la no muy imparcial Sociedad Interamericana de Prensa, en Miami, en sus informes de 2009, precisan que han ocurrido 88 homicidios, sobre todo en Irak, en Filipinas, en Brasil y el asesinato no aclarado en Guadalajara de un periodista radiofónico. En el caso mexicano, los periodistas padecen esta terrible situación con la indiferencia de Calderón y casi todos sus directores de Comunicación. Y es que los panistas miran con beneplácito que los periodistas, principalmente, de la prensa escrita, sean víctimas del fuego cruzado de militares y policías contra los narcotraficantes (coludidos con la narcopolítica).
Si Irak, Afganistán y Filipinas tienen las condiciones más riesgosas para los periodistas, con México tenemos los cuatro países donde durante el año pasado los homicidios de periodistas establecieron una marca sangrienta. Calderón ya tiene su Irak y su Filipinas por cuanto hace a la militarización del país en una guerra contra los "talibanes" del narcotráfico, donde matan, secuestran y desaparecen a los reporteros que, a pesar de eso, cumplen con su deber constitucional de informar acerca de la violencia y los abusos de los poderes. El panismo parece estar de acuerdo con las embestidas a la prensa y sus trabajadores, pues de boca de Calderón jamás ha salido censura alguna. Al contrario, se alegran y se muestran indiferentes, ya que consideran a los periodistas como sus enemigos y los ubican al mismo nivel de los delincuentes.
La inseguridad nacional se recrudecerá con las fiestas calderonistas del bicentenario y el centenario, y siembra la duda de si el pueblo se volverá a levantar en armas al ver a millones de trabajadores despedidos y amontonados sobre el desempleo; a los pobres ya en hambruna, y que de una población de más de 100 millones de mexicanos, la mitad padezca todas las carencias, enfermedades, desnutrición. Y que este neoliberalismo salvaje no estimule el consumo y la producción.
Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México*
La escuela Rural en México surge al calor de la Revolución. Desde su origen, encausó su acción educadora a la emancipación del pueblo. Buscó contar con la capacidad suficiente para educar a las comunidades rurales y marginadas del país. Para ello, recogió los pensamientos de los luchadores de cinco siglos: desde los insurgentes que abrieron sus ojos a la opresión, la explotación y decidieron liberar a su pueblo del yugo español. Siempre ha difundido que la liberación se logra con base en esfuerzo y dedicación; pero, sobre todo, que sólo es posible con la participación colectiva.
La idea de liberar al pueblo mediante la educación se concretó como proyecto en 1920, al ser electo presidente de la república Álvaro Obregón, quien decretara la fundación de la Secretaría de Educación Pública un año después, el 3 de octubre de 1921. Al frente de la misma quedó José Vasconcelos. El objetivo: promover un modelo educativo, teniendo como base los principios constitucionales. Así fue como surgió el proyecto educativo de la escuela rural mexicana.
Las mayores necesidades se centraban en las regiones campesinas. Por ello, el 22 de mayo de 1922 surge la primera Normal Rural en México: la de Tacámbaro, Michoacán.
Desde un principio se estableció que para conseguir la instrucción del pueblo, el maestro rural debía estar preparado para atender no sólo a niños, también a jóvenes y a personas adultas, es decir a la comunidad en general. Y debía contar con conocimientos acerca de la producción de animales y del campo. Este compromiso se sostenía por la enorme convicción del maestro rural en que el trabajo colectivo emanciparía del pueblo. Además, debía contar con un carácter crítico en el que se fincara su estrecha relación con la comunidad y le permitiera coadyuvar en la resolución de los problemas de la propia comunidad. Con estos principios se fundó el normalismo rural.
Para 1934, la Escuela Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas, lanza un enérgico llamado a todo el estudiantado y campesinado para estar organizados y hacerle frente a las injusticias. También, para tener voz en la transformación de la nueva nación.
El esfuerzo por organizar al estudiantado de origen campesino a nivel nacional se ve consumado en junio de 1935 en El Roque, Guanajuato, cuando se crea la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Los principios que la rigen han sido expuestos en la entrega anterior de esta columna (Contralínea 193). La FECSM inició a contracorriente, con base en la lucha social. Desde entonces, siempre ha sido así: se ha enfrentado a diversos obstáculos y a los intentos de extinguir el normalismo rural desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Es claro que las normales rurales subsisten porque caminan de la mano del pueblo.
Los estrambóticos malabares de Felipe Calderón y su gabinete, para justificar su guerra contra el narcotráfico, no logran ocultar su contraparte: la otra cara de la desgracia por la que atraviesa México. Esa guerra, ahora mimetizada con el eufemismo de la "lucha por la seguridad pública", ha arrojado más de 28 mil muertos, de los cuales alrededor de 3 mil son víctimas "colaterales" –cruel ironía empleada para clasificar a los inocentes–, entre ellas poco más de 900 niños, más de 59 mil detenidos y, al menos, 3.7 mil huérfanos, según la reportera Paulina Monroy de Contralínea…
Una atroz carnicería. Naturalmente sin reglas del lado de los narcos; tampoco por parte de los aparatos represivos oficiales que, sin ser "verdugos", como dijera el comandante Guillermo Moreno, con la mayor impunidad y la protección gubernamental, asesinan a sangre fría y violan las garantías constitucionales de la desamparada población civil, a la que supuestamente se protege, y la de los mismos delincuentes, cuyas infracciones son sancionadas por el Estado en el campo de batalla, donde ejerce salvajemente su monopolio de la violencia con una injusticia ilimitada, masacrando al derecho.
Un drama cuyas manifestaciones extremas son la variopinta inseguridad, la delincuencia y el crimen, desde luego distinta a la que priva y se enseñorea descaradamente dentro de los laberintos del poder y cuyos principales responsables son los neoliberales, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón, los empresarios y su proyecto de nación, el cual descansa en el despotismo político, la violación permanente de las leyes, la depredación de las riquezas del país y su desnacionalización. En un modelo económico que, para funcionar y satisfacer su voracidad por las ganancias y la acumulación capitalista, exige como condición la sobreexplotación de los trabajadores, la reducción sistemática del poder de compra de los salarios reales y la destrucción de sus prestaciones laborales consagradas constitucionalmente; la eliminación de los contratos; la inestabilidad en el empleo; el abandono de la seguridad en el trabajo; el recorte de los servicios médicos; en la miniaturización y el autismo estatal, generoso con los apoyos al empresariado y obscenamente mezquino al momento de invertir en el bienestar público, presuroso para desmantelar y privatizar la seguridad social, la salud, las pensiones, la educación, la vivienda. Los militares y las policías tratan de someter a los narcos con onzas de plomo; Javier Lozano, a los trabajadores, con garrotazos y pisoteando las leyes.
Ellos son los responsables de la economía del estancamiento que priva desde 1983, con uno de los peores desempeños del mundo. Los romanos llamaban a sus esclavos instrumenti vocali para justificar su sometimiento. A sus bueyes y otros animales, los denominaban instrumenti. Los neoliberales también quieren sus esclavos deshumanizados, sumisos, reducidos a simples mercancías despreciables, desechables, condenados a la eterna pobreza y miseria. Su modelo es socialmente excluyente, no genera los empleos requeridos anualmente y los que crea son en las condiciones más infames. En promedio, se requieren alrededor 1.3 millones de nuevos empleos formales cada año –el calderonato sólo ha creado 400 mil–. En tres años y medio se demandaron 4.5 millones, y el empleo asalariado subordinado y pagado apenas aumentó en 1.6 millones; 2.9 millones de personas no encontraron nada en el mercado laboral formal. De esa cantidad, 517 mil dejaron de buscar una plaza, 735 mil están subocupadas; 817 mil, desempleadas, y 728 mil se sumaron a la informalidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social registra la incorporación de 778 mil nuevos trabajadores en ese periodo, de los cuales 304 mil, el 39 por ciento, son temporales.
A junio de 2010 se contabilizaron 44.1 millones de personas ocupadas. De ellas, 19 millones (43 por ciento del total) trabajan lo que se puede considerar como una jornada "normal"; apenas 16 millones (35 por ciento) tenían los servicios de salud; casi 10 millones (22 por ciento) no perciben ingresos o ganan hasta un salario mínimo; 29 millones (66 por ciento), incluyendo a los anteriores, obtienen hasta tres veces ese ingreso. Casi 4 millones (9 por ciento) obtienen ingresos cinco veces superiores al mínimo. Los que dejaron de buscar trabajo, pero que están disponibles, suman 5.6 millones; los desempleados, 2.5 millones; los subempleados, 3.8 millones, y los informales, 12.4 millones; en total, 30 millones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que la pobreza "patrimonial" agobiaba a 50.6 millones de mexicanos, casi la mitad de la población total. La caprichosa nomenclatura de los miembros del Coneval, empero, no logra ocultar que el empobrecimiento alcanza a poco más de 70 millones. Los 8.6 mil pesos que perciben como máximo el 91 por ciento de los ocupados, casi 41 millones, garantizan la pobreza de sus familias.
Por ello se dice que el neoliberalismo mexicano ha fracasado. ¿Acaso la esencia del capitalismo es el bienestar social? Su objeto es la acumulación basada en la explotación del trabajo asalariado. La riqueza generada por los trabajadores se distribuye entre las ganancias empresariales, los ingresos del Estado y los salarios. Tales sectores luchan por ampliar su participación en ella a costa de los otros. Hasta 1982, con los altos impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos y el gasto social, el gobierno atenuó las desigualdades sociales. Pero con los neoliberales, con su estrategia pro empresarial y la política fiscal regresiva, recorte a los impuestos y el gasto citados y los mayores subsidios a dichos sectores, redistribuyeron la riqueza desde los trabajadores hacia el Estado y los empresarios. La contención anual del alza de los salarios aceleró ese proceso y la contrarreforma laboral que administra el capo Lozano lo refuerza.
La fortuna acumulada por la oligarquía integrada por Slim, Bailleres, Arango, Larrea, Roberto Hernández, Harp, Gastón y Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, Saba, Zambrano y Aramburuzabala, además de unas cuantas familias, más de 100 mil millones de dólares, descansa en la pobreza y la miseria de las mayorías. Pobreza y miseria como forma de supervivencia degradada para los que tienen y logran encontrar un empleo formal. Cada uno de ellos se ve obligado a emigrar hacia Estados Unidos –600 mil anualmente. Éstos reciben los garrotazos de los policías antiinmigrantes, aquéllos los de caldelozano–, convertirse en "informal", ser un parásito familiar o delinquir. En esta última actividad, su ingreso depende de su "espíritu emprendedor" y su osadía, pregonados por el individualismo capitalista. Los empresarios hacen lo mismo, pero protegidos por el gobierno. Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, se preguntaba ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? El narco ofrece los empleos que ni los neoliberales ni los empresarios crean. Y paga más. No ejerce el control salarial. Es cierto que el horizonte de esa vida azarosa se reduce notablemente: la muerte violenta acecha cada segundo.
Qué es peor: ¿el efímero espejismo financiado por ese medio o la miserable realidad a la que el sistema condena a un trabajador durante su dilatada vida laboral activa y después de ella, con o sin pensión? La engañosa expectativa de una vida digna, con un ingreso y un empleo legal decoroso, fue destruida desde 1983.
Los pecados del cardenal
Enfurecido por el reconocimiento de derechos a los homosexuales y lesbianas, el pasado 15 de agosto el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de haber recibido dinero de Marcelo Ebrard y de "organismos internacionales" para aprobar esa
s nuevas libertades.
Dijo: "No lo dudo que estén muy maiceados (los ministros), desde luego, por Ebrard. Están muy maiceados, y por organismos internacionales".
Además, el prelado incitó al odio contra las minorías sexuales, lanzando ante representantes de los medios esta interrogante: "¿A ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas?".
Ese tipo de ataques y calumnias ha sido una constante en el quehacer de Sandoval a lo largo de los más de 15 años que ha estado al frente de esa arquidiócesis. Lo mismo ha insultado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con cuya labor no comulga, que a héroes nacionales como el cura Hidalgo.
Hace más de 10 años, en 1997, ya prodigaba calificativos y ofensas contra los homosexuales, a pesar de que en el clero es frecuente esa preferencia sexual. Evidentemente, Sandoval no se ha dado cuenta que México –y el mundo– ya ha cambiado, entre otras cosas, debido a los procesos económicos y a las nuevas tecnologías informativas, de tal suerte que la sociedad es más tolerante y abierta. Ya no estamos en la época de los cristeros.
En la trayectoria de Sandoval destaca su conservadurismo extremo junto con su tendencia a recibir favores y privilegios de la derecha en el poder, de tal suerte que hace apenas dos años, Emilio González, el góber piadoso, maiceó al prelado con multimillonaria limosna, con recursos públicos, para edificar un santuario.
Sandoval sabe que no está solo en la infame maniobra que él ha urdido para fomentar la homofobia, pues cuenta con el apoyo del resto del episcopado, seguramente, de la derecha en el poder.
Entre el narco y el PAN
Nacido en Yahualica, Jalisco, en 1933 y ordenado en 1957, Sandoval Iñiguez fue obispo coadjutor de Ciudad Juárez en 1988, antes de convertirse en arzobispo de Guadalajara, en abril de 1994.
Desde el principio de su gestión, Sandoval usó, para alimentar su protagonismo, el asesinato de Posadas Ocampo, cuestionando en declaraciones públicas, de manera estruendosa, las versiones oficiales de la muerte de su predecesor.
Ya entonces, la estrategia de Sandoval era crecer mediante el escándalo, aunque no tuviera cómo sustentar sus dichos.
Pero las relaciones del propio Sandoval con narcos y políticos han despertado muchas suspicacias. En abril de 1995, fue a bendecir una constructora y una empresa de carnes frías propiedad de famosos narcos, los hermanos Lupercio Serratos, y se ha relacionado también con personajes como el empresario José María Guardia López, llamado el Zar de los juegos en México, dueño del Hipódromo de Ciudad Juárez y señalado por lavado de dinero.
En agosto de 2006, Sandoval Iñiguez se presentó a declarar en favor del exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, Henry Crawford, enjuiciado en El Paso, Texas, por encubrir a José María Guardia.
No a la intolerancia
Jorge Melendez PreciadoPor fin alguien quiere poner en su lugar a Juan Sandoval Íñiguez: Marcelo Ebrard. La batalla es complicada y difícil. Incluso le puede costar a éste infinidad de simpatías para sus aspiraciones en 2012. Pero debe estar seguro que ganará ampliamente con los jóvenes, entre ellos más de 8 millones que tendrán entre 18 y 20 años en la próxima elección presidencial, los cuales actualmente rechazan a todos los partidos políticos.
Mientras tanto, el también arzobispo de Guadalajara tendrá que moderar sus expresiones. Durante años ha insistido que es falsa la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) acerca del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo; ha satanizado a todos aquéllos que no comulgan con la iglesia católica y elogiado al ebrio gobernador Emilio González Márquez, debido a que el funcionario destina millones del presupuesto oficial a obras católicas. Por si fuera poco, algunos, como el periodista Julián Andrade, señalan a don Juan como investigado por lavado de dinero (La Razón, 18 de agosto).
Todo viene a cuento porque al aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las uniones homoparentales y la posibilidad de que estas parejas tengan oportunidades de adoptar, el dogmático cardenal dijo que a los ministros de la Suprema los había maiceado Ebrard y organismos internacionales (sin explicar cuáles). Y espetó ante periodistas que a ellos no les gustarían que los adoptaran "maricones o lesbianas": calumnias, faltas de respeto, denigración a las personas, palabras no cristianas en la correcta acepción del término.
La Corte hizo algo inédito, censuró en pleno al multicitado, incluidos los dos togados que votaron contra ambas sentencias, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano. Por su parte, el jefe del gobierno capitalino ha demandado a quien lo acusa. Frente a ese panorama, el prelado, balbuceante y desdeñoso, insistió que no se retractará, más bien que confirma sus injurias y prejuicios.
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