López Obrador exige a Calderón y a Obama respeto absoluto a la soberanía de México; pero, ¿Cuál soberanía?
Pedro Echeverría V.
1. Andrés Manuel López Obrador –lo último que queda en las izquierdas y centro izquierdas en sus esperanzas electoralistas- demandó respeto absoluto a la soberanía de México, en el encuentro del presidente Felipe Calderón y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama. Dijo en Chiapas hoy jueves: "No aceptamos intervencionismo, no queremos protectorados, sí a la cooperación, pero hacia el desarrollo"; "La cooperación militar no va a resolver los problemas de inseguridad y violencia, sino que éstas deben combatirse con la cooperación para el empleo y el desarrollo". Y advirtió que, no obstante, el país transita por la ruta del saqueo de los bienes nacionales, de los recursos naturales. Empresas extranjeras se llevan nuestras riquezas, de ahí que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) busque con el apoyo popular recuperar lo que ha entregado la actual clase política y la mafia en el poder".
2. La realidad es que en el "mundo global" sólo puede existir interdependencia, asociación, competencia; la soberanía es sólo una posición política que suele ser muy endeble manejada por países y gobiernos fuertes. México, como casi todos los países, jamás ha sido soberano o realmente independiente. No habíamos logrado desligarnos de España cuando ya Francia, Inglaterra, EEUU, penetraron en nuestro país para reclamar derechos y propiedades; y cuando triunfó en 1911 la revolución mexicana ya EEUU estaban poniendo sus condiciones. Por ese motivo no podríamos entender nuestra historia ni mucho menos comprender los motivos por los que México jamás pudo realizar alguna política independiente o de desarrollo autónomo. ¿Cómo explicar nuestra permanente dependencia de la deuda externa, los déficit comerciales, la deformación de nuestra economía, las políticas de exportaciones, la migración y nuestro desempleo?
3. AMLO -he leído- no es partidario de meterse en discusiones ideológicas por ser un político activo y pragmático. Ha tenido muchas oportunidades para analizar el papel imperialista que han mantenido los EEUU en el mundo, de explicar cómo ese imperio ha caminado, como dijo en su discurso en Tuxtla Gutiérrez, por "la ruta del saqueo de los bienes nacionales, de los recursos nacionales" y de demostrar cómo las empresas extranjeras se llevan nuestras riquezas"; sin embargo ha preferido guardar silencio. En su libro sobre "La mafia…" cita al ex panista Conchelo cuando éste denunció a la Casa Blanca, al FMI, al Banco Mundial, los programas de ajuste estructural de América Latina y lo que significan las privatizaciones de la petroquímica; pero no parece comprometerse directamente explicando con mayor profundidad acerca del papel del imperialismo yanqui en el dominio de los países. Confieso que me desespera.
4. Desde que se impuso en 1982 el neoliberalismo de la Thatcher y Reagan en el mundo, ningún presidente mexicano ha realizado una mínima crítica a la política saqueadora y guerrerista de los EEUU. Nadie ha defendido la "soberanía". Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y nacionalizó los ferrocarriles golpeando intereses imperialistas, así como rompió relaciones con el franquismo; López Mateos, acuñó la frase demagógica de ser "de izquierda atinada del de la Constitución" y mantuvo relaciones con Cuba a pesar de que EEUU obligó a todos los gobiernos a romper relaciones; Echeverría y López Portillo, de manera diferente, pronunciaron discursos antiimperialistas y realizaron rompimientos con Pinochet, Videla, Somoza, dando asilo a refugiados. Los cuatro gobiernos fueron calificados de "nacionalistas revolucionarios" o "populistas" por el PAN y la derecha. Sin embargo, desde 1982 nuestros gobiernos le han chupado las botas al imperio.
5. Por eso es muy importante para la izquierda que AMLO, repito: la única lucecita electoral que prolonga algunas esperanzas para abrir espacios de lucha social, deje muy claras sus ideas acerca de las relaciones con las clases sociales y el imperio. Me gustó siempre la consigna de "Primero los pobres", no he dejado de aplaudir sus batallas contra Fobaproa y he sido entusiasta apoyador de sus luchas contra la privatización de PEMEX y la electricidad, así como en sus políticas movilizadotas; sin embargo tampoco he dejado de criticar su aislamiento de las luchas sociales (Oaxaca, EZLN, electricistas, mineros, CNTE y otras luchas) que le han ocasionado fuertes críticas, incluso mucha oposición a sus actividades electoralistas. Por eso la izquierda es muy exigente –como no lo es con sus enemigos burgueses gobierno, PAN, PRI y ahora PRD- con lo que AMLO declara, dice y hace. La realidad es que AMLO quiere ganar y debe ganar, pero "sin dejar a su paso "trozos de dignidad".
Telmex destapa negocio entre ISSSTE y Televisa
Carlos Slim, empresario.
Jenaro Villamil
México, D.F., 3 de marzo (apro).- Un día después de que Televisa publicara desplegados en varios medios impresos para criticar al periódico Reforma y responsabilizar a Telmex por el incumplimiento de la empresa telefónica Bestel en el contrato de licitación de una red de telefonía en el ISSSTE, el consorcio de Carlos Slim respondió que ellos han entregado 253 enlaces, de un total de 585 contratados por Televisa y que esta empresa "está pretextando su falta de cumplimiento ante el ISSSTE por problemas ajenos" al gigante de la telefonía fija.
Por primera vez, Telmex detalla públicamente su posición frente a la licitación de la red de telefonía privada en el ISSSTE. Telmex señala que este instituto le entregó a Televisa la licitación a un precio 25 por ciento más caro que el ofrecido por la empresa de Carlos Slim: 1,661 millones de pesos frente a 2,080 millones de pesos ofrecidos por la telefónica subsidiaria del consorcio de Emilio Azcárraga Jean.
"Afectaron por 419 millones de pesos a los intereses del ISSSTE. ¿Son esos los altos costos de Telmex a los que se refiere Televisa en su comunicado?", se pregunta la empresa telefónica.
Cabe recordar que la licitación de la red de telefonía privada del ISSSTE se realizó días antes de que su entonces director, Miguel Ángel Yunes, abandonara el instituto para irse como candidato del PAN a la gubernatura en Veracruz. Durante ese periodo, se especuló que la licitación a favor de Bestel-Televisa fue el cumplimiento de un acuerdo para apoyar a Yunes en su campaña electoral.
Telmex acusa a Bestel de no contar con la infraestructura necesaria para dar el servicio que licitó el ISSSTE, por lo que recurrió a un juez, en mayo de 2010, a tres meses de la licitación, para que le ordenara a Telmex mantener el servicio al ISSSTE "sin que a la fecha Telmex haya recibido pago alguno".
La empresa telefónica de Slim confirma que el 25 de febrero de 2011 reportó ante la Secretaría de la Función Pública las irregularidades de la licitación y pidió la corrección de las mismas, tal como lo publicó el periódico Reforma. Estas irregularidades fueron "avaladas por el testigo social nombrado por el gobierno, Alejandro Frank Díaz, en su reporte remitido a esa dependencia".
"A Telmex se le descalificó de esta licitación por supuestas razones técnicas en sus instalaciones y que no formaban parte de la licitación, mientras que a Televisa se le adjudicó esta licitación sin tener la red y que a la fecha no ha conducido", advierte el comunicado.
Telmex califica de "falso" que la oferta del equipo CISCO sea obsoleta, porque es el mismo equipo ofrecido por Bestel.
Telmex también denuncia que a 13 días de la fecha de vencimiento de los plazos de la licitación, Televisa presentó una denuncia ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el supuesto incumplimiento de "enlaces" por parte de Telmex.
Televisa requiere 1,371 enlaces para dar el servicio por el cual el ISSSTE le pagará 2,080 millones de pesos. A Telmex le fueron contratados 585, de los cuales no pudieron entregarse 104 porque "Televisa no estuvo lista en el acondicionamiento de sus sitios".
Cárcel a golpeadores de mujeres
Protesta en contra de la violencia hacia las mujeres.
Sara Lovera
MÉXICO, DF, 3 de marzo (apro).- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia es un documento de política pública, orientador, incluso didáctico, puesto que explica las distintas modalidades del fenómeno global de la violencia contra las mujeres.
Sin duda, fue un adelanto, pero después de cinco años la violencia contra las mujeres o sigue igual o incluso creció, en número y calidad. La crueldad y lo que se define como violencia institucional –de autoridades civiles y policíacas– también ha crecido y es parte de esta guerra que desató Felipe Calderón.
Decía que cinco años después de la aprobación de la ley general, y casi inmediatamente (como no había sucedido antes) la promulgación de ordenamientos semejantes en toda la República Mexicana, han sucedido tres cuestiones preocupantes:
a) Que nadie conoce bien a bien esa ley. Incluso las informaciones sobre el tema que hoy nos ocupa dicen: "violencia familiar". Las mujeres y también los hombres desconocen que una disposición era urgente: dictar medidas de alejamiento para el agresor, o sea prohibir que se acerque a la víctima.
b) Los ministerios públicos, jueces y aun los abogados democráticos y fantásticos no la conocen, no saben que corresponde a previsiones internacionales que tienen entre una década y 35 años; no saben que no pueden seguir defendiendo códigos familiares o leyes civiles antiguas e inoperantes.
c) Las autoridades se niegan a operar acciones como la alerta que debe involucrar a un gobierno a dictar medidas especiales en lugares de alta peligrosidad para la vida y la integridad para las mujeres. A ello se negó, hace muy poco, el gobierno del Estado de México y nadie logró obligarlo, porque además contó con la complicidad de las responsables de los institutos de las mujeres que pertenecen al PRI.
El colmo. Se ha llegado a decir que esa ley no opera porque, en efecto, no tiene medidas punitivas. Es una ley marco y las estatales son una copia casi al carbón. Es decir una ley indicativa, de contenido, muy interesante, pero que burlan todas las autoridades, e incluso nadie sabe dónde está el dinero para hacer un diagnóstico que la Secretaría de Gobernación escondió y no usa.
¿Para que se querían tantas frases, párrafos y golpes de pecho? Hubo largas discusiones si ser mal querida por el hombre con quien una se casa es violencia. Si los diputados no saben leer y escribir, es seguro que tampoco lo saben hacer jueces y abogados, por más cultos o democráticos que sean.
Yo he criticado esa ley porque no tiene dientes. Es una ley que se contrapone a otras leyes y que en cinco años no consiguió eliminar, por ejemplo, las cuestiones de códigos penales que sólo reconocen "violencia familiar", confundida con el maltrato a niñas y niños y a las personas mayores.
Y nadie tiene claro que hay una violencia que es contra las mujeres. Los códigos de violencia familiar retardaron 10 años esta comprensión. En el Distrito Federal existe una ley de este tipo, además de la otra, la de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, lo que ha confundido la prevención, el trato y todo.
El colmo: la Ley de Acceso ni siquiera ha servido para dejar bien claro que hay una violencia concreta contra las mujeres por ser mujeres. Se oscurece todo a su alrededor y se niega un problema realmente existente, que a diario pone en riesgo la vida de muchas mujeres, y otras son francamente asesinadas por esa razón: por ser mujeres. Es claro que no se trata sólo de lo que se reconoce como conflictos dentro de las familias.
De ahí la iniciativa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el pasado jueves 24.
Seis años en prisión
Se acabaron las contemplaciones y la posibilidad de hacer cambios culturales que detengan a los hombres que por imponerse, por ser autoritarios y simplemente maridos, creen que las mujeres, esposas, amantes, concubinas, hermanas o hijas, son de su propiedad, y si no los obedecen, hay que castigarlas.
Seguramente Alejandra Barrales, presidenta de la ALDF, o la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, así, solitas, una tarde pensaron: bueno, como la Ley de Acceso no opera, por mejor escrita y culta que esté, lo que necesitamos –seguro se dijeron– es que los golpeadores sepan con claridad que golpear a una mujer es un delito y que cualquier persona los puede señalar, cualquier policía detener, y mínimo pisaran la cárcel 48 horas.
Es posible que le asista la razón a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que aprobó por unanimidad –de 39 y no de 66 integrantes– estas modificaciones.
Es posible que se consiga que los vecinos denuncien cuando escuchan diariamente cómo le pega un individuo a su compañera – simplemente por estar de mal humor, por impositivo, por "muy macho" y autoritario–, y si eso es enviado a los ministerios públicos por el vecino, la vecina, la hermana o alguien que no soporte oír que se tortura a una mujer, puede servir, porque se pondrá en ridículo a este señor que tranquilamente hace de las suyas y que su compañera no lo denuncia, o denunciando la situación se ve obligada a retirar esa denuncia por temor social.
Las modificaciones en el Distrito Federal a los códigos Penal y de Procedimientos Penales señalan, por primera vez en la historia, que será de oficio detener a los golpeadores, y si causan daños graves a las mujeres se les abrirá un juicio penal inmediato. Lo de fondo es que no consigan la libertad bajo fianza ni de otra forma, hasta ser juzgados.
Yo creo que estas modificaciones son muy importantes. Durante años las feministas dijimos que no era con la represión como se podría evitar la violencia contra las mujeres, pero que sí debían denunciar. Y en lo que sí estuvimos de acuerdo en penalizar es cuando haya violación, agresión sexual, golpes duros y acoso.
La timidez histórica para abordar el tema de golpeadores, que, sabemos, son en 67% los "queridos" esposos, condujo a la muerte a muchas mujeres. Es nuestra responsabilidad social no consentir que eso suceda; es nuestra ignorancia supina pensar que "ellas aceptan" y, peor aún, suponer que las mujeres siguen pensando que si no les pegan, celan, acosan y torturan, no las quieren. Esos tiempos pasaron.
Pero los golpeadores cotidianos no entienden. Ahora podremos denunciarlos, cualquier persona podrá hacerlo. ¡Eureka! Pero ¿las cárceles alcanzarán? ¿Los policías no se echarán para atrás? ¿Los jueces no los declararán inocentes? ¿Sus compañeros de trabajo no harán manifestaciones para defenderlos?
En el feminismo pensábamos denunciar a muchos políticos que golpean a sus esposas; a muchos hombres "importantes" que siembran el miedo para evitar ser denunciados. Al convertirse de oficio esas denuncias en el Distrito Federal, ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, las amistades de estas mujeres podremos salvarlas. Poner un hasta aquí, porque la famosa ley muy profunda no ha servido.
Lo que sigue es explicar cómo esto sigue pasando: mil 500 denuncias en el Distrito Federal, miles en la República, 18 mujeres asesinadas al día en el país, decenas de acosos y maltratos de otras formas, no sólo de pareja. Eso es absolutamente inaceptable.
Es urgente tomar otras medidas, pero mientras tanto los machos autoritarios en el Distrito Federal no caben más. Si la sociedad los sigue consintiendo y las mujeres dan el perdón, eso será sólo algo transitorio. El paso está dado. No es permisible más violencia contra las mujeres.
Ojalá otros congresos estatales emularan estas medidas. Ojalá hubiera conciencia de la importancia de estos cambios. Muchas mujeres pensamos que había que poner un hasta aquí realmente.
Hay que decir, por último, que una investigación que dio lugar a la ley sin dientes sí encontró con claridad que muchas mujeres que se quejaron de golpes, maltratos y acoso, cuyas parejas no fueron detenidas ni sancionadas, después las asesinaron, de modo que denunciar a los agresores, perseguirlos de oficio, salvará muchas vidas.
Del IFE a la ASF
Juan Manuel Portal, titular de la ASF.
John M. Ackerman
Si no hubiera sido por el acuerdo político de 1996 que estableció las bases para la celebración de elecciones más limpias y equitativas, la situación se hubiera descompuesto rápidamente. Abiertos fraudes electorales organizados por el viejo partido de Estado en las elecciones federales de 1997 y 2000, así como en el Distrito Federal en 1997, hubieran preparado las condiciones para un fuerte estallido social. El resultado habría sido no la transición de terciopelo que tuvimos por medio de los votos, sino un cambio de régimen mucho más sangriento y posiblemente regresivo.
Hoy no queda claro que el camino andado haya sido necesariamente el mejor. Estamos pagando los costos de una transición simulada donde la alternancia en el poder no se ha traducido en una transformación real en las formas de ejercerlo. El fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón para conducir un verdadero cambio de régimen a nivel federal ya ha sido reeditado en los estados por gobernadores como Zeferino Torreblanca en Guerrero y Francisco Barrio en Chihuahua. Hoy nada garantiza que nuevos gobernantes como Rafael Moreno Valle, Ángel Aguirre, Mario López Valdés y hasta Gabino Cué sigan este mismo sendero. Sin embargo, con la reforma política de 1996 por lo menos logramos conjurar una caída libre hacia la barbarie y el autoritarismo más repugnante.
Hoy nos encontramos en medio de una profunda crisis económica y política similar a la vivida hace tres lustros. En los últimos años los mexicanos hemos sufrido una franca reducción de nuestros niveles salariales y poder adquisitivo. Asimismo, cada día la política se encuentra más desprestigiada y la legitimidad de las instituciones está en un nivel similar al de los años noventa.
A la mayor parte de los políticos y funcionarios públicos esta situación los tiene sin cuidado. En lugar de tomar medidas contundentes para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción e imponer el estado de derecho, los cargos públicos se siguen utilizando para servir intereses particulares. Los casos de la licitación 21, la guardería ABC, las constantes fugas de reos, las explosiones de los ductos de Pemex y el secuestro de migrantes son apenas un botón de muestra de la gravedad de la situación actual. La total inefectividad de las secretarías de Educación, de la Función Pública, de Gobernación, de Economía y de Seguridad Pública, entre muchas otras, abona en el mismo sentido.
En contraste, una institución que ha logrado destacar en medio de este mar de mediocridad es la ASF. Con un presupuesto que apenas llega a una fracción del recurso otorgado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado la ASF realizó casi mil auditorías que nos ilustran sobre los entretelones de la debilidad institucional del Estado mexicano.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, que el auditor Juan Manuel Portal presentó el pasado 16 de febrero, contiene mucho más que auditorías contables sobre las compras de gomas, lápices y papel por las dependencias federales. Este fascinante documento nos presenta los detalles de la opacidad del gasto de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, las graves irregularidades en el monitoreo de los medios de comunicación por el IFE durante las elecciones federales de 2009, la reducida eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de combate al narcotráfico, las problemáticas adquisiciones en los preparativos para el Bicentenario y la preocupante falta de cobertura universal y calidad en la educación básica, entre otros numerosos temas.
Lo más fácil para cualquier auditor es abocarse a revisar asuntos menores que no generen polémica, así como prestarse a la simulación a la hora de comprobar el gasto y el desempeño gubernamentales. Pero una vez más la ASF ha demostrado que no rehúye la polémica, sino que está comprometida a cumplir con su mandato de limpiar las finanzas públicas. A raíz de la revisión de la cuenta pública de 2009, la ASF reporta recuperaciones y/o resarcimientos por más de 7 millones de pesos y ha recomendado la aplicación de sanciones administrativas en mil 374 casos, así como sanciones penales en 34 más.
Sin embargo, la ASF alcanza a revisar solamente una pequeña fracción del total del gasto federal. Falta tomar medidas contundentes para convertir a la ASF en el nuevo estandarte de la institucionalidad democrática. Haría falta, por ejemplo, aumentar su presupuesto de manera importante y dotarla de mayores facultades legales de sanción directa y de auditoría "concomitante" durante el ejercicio presupuestal. También urge recuperar la calidad vinculatoria de las auditorías al desempeño y caminar hacia un organismo verdaderamente autónomo de fiscalización.
Si la clase política no fortalece lo poco que hay todavía de rescatable en las instituciones federales, se generarán las condiciones para el surgimiento de una gran ola de repudio social hacia todos los políticos e instituciones por igual, que peligrosamente podría terminar echando por la borda al bebé junto con el agua sucia. l
twitter: @JohnMAckerman
Tardía y riesgosa campaña
Eduardo Ibarra Aguirre
Cuando le quedan menos de 19 meses como inquilino principal de Los Pinos, Felipe Calderón pone en marcha iniciativas como la de convertir a México en una de las cinco potencias turísticas para 2018 que, evidentemente, trasciende con mucho a su sexenio, y supone que por involucrar protocolariamente a 29 gobernadores en la suscripción del proyecto, ya puede hablar de una política de Estado.
Cierto es que desde la campaña de Las manos limpias y de Presidente del empleo –sin más ironía que la terca realidad--, propuso en una de esas muy raras entrevistas de fondo que llegan a hacerse en El canal de la estrellas, al turismo como apuesta estratégica.
Relanzada la apuesta por y para el turismo, secretaría que encabezó un político profesional panista como Rodolfo Elizondo, el tío de la aún muy influyente Patricia Flores Elizondo, Calderón arrancó una campaña contra la corrupción a partir del "uso intensivo de la denuncia ciudadana", la protección del informante, un paquete de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar conductas contrarias a la ley, para lo cual también firmó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Por limitada o demagógica que sea cualquier iniciativa, es bienvenida en un país donde los cañonazos de 50 mil pesos tienen centenaria historia al abrigo de Álvaro Obregón, también donde el arquitecto de la Renovación moral, Miguel de la Madrid, teorizó sobre el papel que juega la corrupción como aceite de la maquinaria del sistema político --intocado por una década de panismo-- y el sucesor, Carlos Salinas, multiplicó a 24 los multimillonarios que aparecían en la lista de Forbes, con 24 millones de mexicanos en pobreza extrema, en base a que el sector estatal de la economía entró a remate, pero con fabulosas comisiones y acciones cobradas por El hermano incomodo.
El 10 por ciento en las compras del gobierno federal, incluido por supuesto el actual, y en los otros dos niveles, es una vigorosa práctica que sólo popularizo Raúl Salinas de Gortari con el caso IBM y el abuso de ese mecanismo cuasi institucional, pues los proveedores lo contemplan en sus costos y si no lo acepta por simple discreción o reparto de tareas el funcionario número uno, entre los escalones descendentes de la escalera burocrática aparecerá quien lo reciba. La ilegal como sólida práctica se institucionalizó en la mayoría de las direcciones de comunicación social bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, el plurinominal ejecutivo de trasnacionales estadunidenses que tanto las favoreció.
Llama la atención la puesta en marcha de las socorridas prácticas de la delación y los pagos económicos a los participantes que, al parecer, dieron cierto resultado en la guerra que ahora se llama lucha contra el narcotráfico, y que fueron copiados del gobierno de Álvaro Uribe, el presunto homicida de cuatro jóvenes universitarios mexicanos, y que ahora encabeza Juan Manuel Santos, entonces secretario de la Defensa. Mas son ámbitos distintos.
El "uso intensivo de la denuncia ciudadana" por medio de la compra, no sólo estimula la conversión de la ciudadanía en delatora, sino ignora que en una sociedad saturada de necesidades insatisfechas y polarizaciones de orden político e ideológico, se abrirían puertas a las venganzas y ajustes de cuentas de corte laboral y hasta de grupo.
Con las profundas convicciones religiosas del titular del Ejecutivo --íntimas, privadas, aunque las ventila pública y hasta oficialmente--, sería dable esperar que estimulara otros resortes, que no fueran sólo los económicos
Acuse de recibo
Güicho Winchester escribe en el número de marzo de Colibrí: "No ha sido novedad el boicot publicitario a las revistas impresas Forum y La Carpeta Púrpura (ya desaparecidas), Proceso, Contralínea, El Sur de Acapulco, La Jornada, Fortuna, a.m. y Al Día de Guanajuato"... Ricardo Ravelo Galo, autor de Osiel. Vida y tragedia de un capo (Grijalbo Mondadori. 2009); Virginia Jaramillo Flores, presidenta de Vanguardia por la Justicia y la Felicidad, asociación civil; y Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, son los últimos invitados a comer y conversar con el Grupo María Cristina, respectivamente sobre la libertad de expresión, Proceso, el narcotráfico y el Estado; la participación ciudadana y el rezago social; así como los problemas de la joven generación en el DF… Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, encabezó una ceremonia religiosa para rememorar a Fernando Franco, Verónica Velázquez, Soren Avilés y Juan González, asesinados por un bombardero colombiano en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008. El propio aparato de seguridad e inteligencia de Washington ya reconoció, en un cable divulgado por Wikileaks, que los asesinados y la sobreviviente Lucía Morett no pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario