ETA perseguido, con encarcelados, asesinados y sin soluciones, no puede abandonar las armas

ETA perseguido, con encarcelados, asesinados y sin soluciones, no puede abandonar las armas

Pedro Echeverría V.



1. Sólo conozco dos formas de dejar las armas: a) después de triunfar mediante el logro de los objetivos, y b) después de ser derrotado y obligado a desarmarse. El Euskady Ta Askatasuna (ETA) –que en español significa País Vasco y Libertad- durante casi 60 años de lucha ininterrumpida, no ha logrado la independencia y la libertad de su pueblo y, mucho menos ha sido derrotado. Los que deben sentirse rendidos porque sus gobiernos cada año se derrumban por el desprestigio, la corrupción y el fracaso de sus políticas son los señoritos de los Partidos: Popular (PP), Socialista Obrero (PSOE) y del Nacionalista Vasco (PNV) que todos los días pierden electores porque españoles y vascos están cansados ya de sus políticas impopulares. ¿Olvidan acaso que ETA da treguas, da enormes oportunidades para negociar, pero no se rinde?

2. Una de las tantas conferencias internacionales sobre terrorismo celebrada en San Sebastián pidió a ETA que declare el "cese definitivo" de la violencia y que negocie con el Gobierno las "consecuencias del conflicto", una alusión a los presos y el desarme. En esa reunión –según información- participaron representantes de "todos" los partidos vascos, sindicatos e incluso la patronal vasca Confebask, hasta sumar más de 50 personas, incluyendo al ex secretario general de la ONU Kofi Annan y al ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, entre otros. Incluso se llegó a decir que "no queda nadie en Euskadi, ni fuera de ella, que no se haya sumado al clamor de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que viene pidiendo desde hace mucho tiempo, una y otra vez, el final de ETA". Yo por lo menos nunca lo he pedido.

3. ETA viene luchando desde 1952 por la independencia, el nacionalismo vasco y desde posiciones de izquierda y tuvo que adoptar la lucha armada porque la dictadura del gobierno de Franco en España y el gobierno francés con De Gaulle a la cabeza, no le dejó otro camino. A la muerte del dictador en 1975 hubo cambios importantes, pero no los suficientes como para dejar de lado el franquismo y reconocer la justa lucha independista de los vascos. Desde entonces, al no someterse ETA al nuevo gobierno español, gobiernos y medios extendieron una campaña mundial para presentarla como "banda asesina" y como terrorista. Por el gobierno, comenzaron a operar grupos paramilitares: La Alianza Apostólica Anticomunista ("Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grpos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE), todo ellos asesinos de la dictadura.

4. A partir 1982, con el PSOE, surgen los Grupos Antiterrorista de Liberación (G.A.L.) que en 1983, y hasta 1987, iniciaron sus acciones terroristas de "guerra sucia" contra ETA; se les atribuye el asesinato de 27 personas. Dichos atentados y secuestros fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco. Nunca se le hizo juicio a Felipe González ni se castigó con severidad a los acusados del GAL. A pesar de ellos las campañas y encarcelamientos contra ETA no han cesado. Se atribuye a ETA haber asesinado a más de 700 personas pero se silencian los asesinatos y persecuciones de que han sido víctimas en su lucha por la independencia.[]

5. Ya desde 1987 casi todos los partidos políticos españoles, encabezados por el PSOE que gobernó de 1982 a 1996, firmaron una declaración conjunta (Pacto de Madrid) en contra de ETA exigiendo al gobierno Vasco que combatiera con todas sus fuerzas la violencia y el terrorismo que se atribuía a ETA. Ni el PSOE de González ni el PP de José María Aznar (que se inicia en 1996) han podido derrotar a ETA a pesar de decenas de grupos paramilitares que han organizado y subsidiado. Estos han sido sólo grupos de asesinos que no cuentan con apoyo de una población que los proteja, como sí tiene ETA. A pesar de las enormes campañas de desprestigio contra "la banda terrorista", luego los medios no pueden tapar las gigantescas manifestaciones en San Sebastián, Bilbao, Pamplona, que organizan grupos legales que apoyan a Batasuna y ETA.

6. Que ETA ha realizado atentados donde han muerto personas, es innegable. Pero generalmente ETA antes de realizarlos ha avisado con antelación de los atentados con bomba contra objetivos civiles, no haciéndolo en el caso de objetivos militares y figuras políticas conocidas como asesinas. En alguna ocasión o en algunas ocasiones se han producido fallos en el sistema de avisos empleado ocasionando numerosas víctimas; el caso más conocido fue el atentado contra un centro comercial en el que finalmente, por sentencia judicial, se reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar dicho centro al considerarse una falsa alarma, habiendo avisado ETA 35 minutos antes de producirse la trágica explosión. En última instancia esto que llaman "terrorismo" es un afecto, o respuestas, a políticas asesinas del Estado que en lugar de dialogar y solucionar problemas se dedica a perseguir y asesinar

7. A partir de 2000 partidos políticos como el Herri Batasuna, organizaciones sociales, periódicos como el Egin, además de su emisora y empresas vinculadas; y Gara, han sido prohibidos, perseguidos y boicoteados por, según dicen, "están vinculados" con ETA. ¿Qué quiere ETA? Pues en términos amplios que se reconozca su estatuto de país independiente como España se lo reconoció a México en 1821 y a los demás países de América Latina. ¿Qué es lo que España ha reconocido a los vascos? En 1980 se anunció con bombo y platillo que tanto Cataluña como el País Vasco alcanzaron su autonomía oficial y podrían ser gobernados por partidos nacionalistas moderados, tal como es el caso del PNV, aunque dependiendo de las políticas económicas y de gobierno de España. Mi imagino a México como un estado español con partidos políticos como el PRI y el PAN compitiendo en las elecciones con el PP y el PSOE. ¿Cuál autonomía?

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Calderón al asalto de Notimex

Álvaro Delgado

De izquierda a derecha, Germán Martínez Cázares, Héctor Villarreal Ordóñez, Felipe Calderón y Juan Ignacio Zavala.

Foto: Tomada del folleto Germán Jefe Nacional

A Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F. (apro).- Los cuatro personajes clave del Partido Acción Nacional (PAN) posan sonrientes para la cámara en medio de un festejo: Felipe Calderón es abrazado por su cuñado Juan Ignacio Zavala y su amigo Héctor Villarreal Ordóñez, en cuyo hombro se posa el brazo de Germán Martínez Cázares.

A juzgar por el "bíper" que porta Zavala en el cinturón, aparato que entró en desuso hacia el 2000, la fotografía fue tomada entre 1996 y 1999, cuando Calderón presidió el PAN, y Martínez la incluyó en un folleto de su campaña como candidato único a dirigir ese partido, en 2007, de cuya gestión Villarreal fue director general de comunicación social en la catástrofe electoral de 2009.

Ahora Calderón pretende que Villarreal sea el director de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, por un periodo de seis años, un cargo transexenal que, sin duda, operará en beneficio del PAN y del suyo propio si la Cámara de Senadores no objeta ese nombramiento, como es su facultad y deber.

En lo que es un asunto de enorme relevancia para México, el propósito de Calderón de nombrar a Villarreal director de Notimex contraviene los Principios Rectores de la Ley que crea la agencia de noticias del Estado mexicano, aprobada en diciembre de 2005 y promulgada en junio de 2006, y de manera específica lo que ordena el artículo 6:

"Toda información que genere o transmita la agencia por cualquier medio de comunicación deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las entidades federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión."

La trayectoria y desempeño de Villarreal Ordóñez lo inhabilitan para ser director de la agencia de noticias del Estado mexicano que se concibió, por ley, para dotar de información veraz a la sociedad mexicana y evitar el uso político en provecho de un gobierno, un partido o una facción, como ocurrió con los gobiernos priistas, panistas y con Calderón de manera transexenal.

No hay manera de que Villarreal garantice con el mandato del artículo 6 de la ley si se toma en cuenta su militancia en el PAN, de por lo menos tres lustros, como acredita la fotografía aludida: Fue subdirector de Comunicación Social del CEN cuando Calderón lo presidía y su jefe era el cuñado de éste, Juan Ignacio Zavala, y luego, entre 1999 y 2000, se hizo cargo de la misma área en la campaña de Santiago Creel a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Miembro del equipo de transición de Vicente Fox, en 2000, Villarreal se convirtió en vocero de Creel en la Secretaría de Gobernación, hasta el 2003, cuando saltó a la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y cerró el sexenio como coordinador de Radio y Televisión de la Presidencia de la República.

Calderón lo hizo director general del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), de diciembre de 2006 a enero de 2009, cuando se sumó como director general de comunicación social del PAN presidido por Martínez –cuyo estratega de propaganda fue Zavala–, que derivó en la peor derrota de ese partido en su historia.

Tras la debacle de su partido, Villarreal cayó para arriba: Calderón lo nombró subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, donde se trama castigar o premiar a los medios con propaganda gubernamental, y ahora lo propone para ocupar, por seis años, la agencia Notimex, en una maniobra con claro propósito electoral y político.

El Senado tiene el deber de hacer respetar la letra y el espíritu de la ley que convirtió a Notimex en una agencia de noticias del Estado y objetar a Villarreal antes de 30 días, contados a partir de que, el 11 de octubre, Calderón envió esa propuesta.

"Vencido este plazo sin que se omita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo federal", advierte el artículo 16 de la ley sobre Notimex, que durante el sexenio de Fox tuvo como directores a José Antonio Díaz García, Francisco Ortiz Ponchetti, Enrique Aranda Pedrosa y Aurelio Bueno.

Ya como agencia de Estado, que no depuso la dinámica facciosa a favor del PAN –en particular lo relacionado a la "guerra" que ha provocado más de 50 mil muertos, el ocultamiento de la pobreza y la rampante corrupción–, Calderón propuso a Sergio Uzeta, cuya gris gestión de cuatro años concluyó en agosto.

Por el bien de la República, el control transexenal de Notimex que pretende Calderón no debe prosperar.

Apuntes

El desdén o la omisión del fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, ocurrido la tarde del domingo 16, no es sólo falta de rigor periodístico, sino un homenaje que la mezquindad rinde a la honradez.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter @alvaro_delgado

De nada sirven las protestas de los indignados si siguen votando por PRI-PAN

Sin embargo, podría asegurarse que no serán suficientes las crecientes protestas de los indignados del mundo, si por otro lado se sigue votando en las elecciones por los partidos conservadores

Mientras en entidades federativas como Durango comienzan a escucharse voces alertando sobre riesgos claros de hambruna, sobre todo en zonas rurales afectadas seriamente por la sequía, la banca comercial reporta ganancias exorbitantes que desgraciadamente salen del país, pues la mayoría de instituciones crediticias son de origen extranjero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que durante el sexenio de Felipe Calderón sus utilidades crecieron 60 por ciento en relación con los primeros seis años del gobierno de Vicente Fox.

Lo anterior ejemplifica objetivamente la irracionalidad de una política económica que sólo beneficia al sector más privilegiado de la sociedad, pero también la deshumanización de un régimen sólo atento a favorecer los intereses de una oligarquía a la que no le importan las consecuencias de su voracidad y total ausencia de solidaridad con la nación. Lo que llama poderosamente la atención es que, no obstante la dramática situación prevaleciente en México, la mayoría de la gente siga sin protestar conforme a lo que merece una realidad adversa y que no ofrece salidas.

Ciertamente, se trata de un fenómeno universal que luego de tres décadas demostró su inviabilidad, no sólo en lo que concierne al crecimiento económico de los pueblos, sino al imperativo de cuidar el entorno y el tejido social. De ahí que sea esperanzador el movimiento que se está viendo en muchos países, de protesta contra el neoliberalismo, la causa de fondo de los conflictos sociales que está viviendo el mundo, incluidos ya los pueblos de las súper potencias, donde han surgido importantes enclaves de pobreza y marginación.

Sin embargo, podría asegurarse que no serán suficientes las crecientes protestas de "los indignados" del mundo, si por otro lado se sigue votando en las elecciones por los partidos conservadores y de derecha. Aquí está una contradicción insalvable que es inevitable superar, pues de no hacerlo seguiremos viviendo cada día más bajo las reglas de oligarquías insaciables que no se hartan de acumular riquezas. Mientras no se saque del gobierno a los burócratas al servicio de los oligarcas, de nada valdrán las manifestaciones de protesta, por muy bien organizadas que estén y haya cada vez más gente participando en las mismas.

Los electores en México deben tener muy claro que los partidos al servicio del 10 por ciento de la población que detenta el 80 por ciento de la riqueza del país, al continuar en el poder van a seguir favoreciendo un estado de cosas muy lesivo para las clases mayoritarias. Está muy claro que si en tres décadas de neoliberalismo, la pobreza creció exponencialmente en el país, hasta llegar ahora a condiciones de hambruna, de continuar por la misma ruta, como lo quieren el PAN, el PRI y "Los Chuchos" dizque perredistas, en poco tiempo la marginalidad será el común denominador en la mayor parte del territorio nacional, incluidos los municipios más prósperos, como los de Nuevo León y algunos del estado de México.

Es alentador que haya cada vez más conciencia sobre las causas de una realidad tremendamente injusta, como lo evidencia el despertar de millones de habitantes del planeta que quieren un cambio de rumbo de la economía y de los gobiernos, que favorezca el crecimiento real y abra oportunidades de trabajo y realización personal a millones de jóvenes ahora sin futuro. Pero las cosas no se modificarán a favor de las clases mayoritarias, si no se saca de los gobiernos a los testaferros de la oligarquía. Así de claro y contundente.

Está visto que Calderón va a seguir por la misma ruta que se trazó al iniciar su sexenio, pero lo peor es que amenaza continuar en el poder al costo que haya que pagar, como lo evidencian las declaraciones de precampaña de Ernesto Cordero, quien se muestra muy seguro de que él será no sólo el candidato del PAN, sino el próximo presidente de México. ¿Por qué tanta seguridad? Porque la oligarquía así lo quiere, debido a que la derecha mundial está dispuesta a imponer sus intereses aunque al mundo se lo lleve el carajo.

En la actualidad, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hay en el planeta alrededor de 925 millones de personas víctimas de hambruna, situación que se ha visto agravada por la crisis financiera. Con todo, las minorías privilegiadas están dispuestas a seguir por la misma ruta, al fin que todavía sigue aportando grandes beneficios, como lo demuestra la operación de los bancos aquí en nuestro país. Y como lo patentiza la despreocupación de Calderón con respecto a los problemas reales de la gente. Para él lo único importante es su "guerra" contra el crimen organizado, cuyos resultados son plenamente adversos al país. Dice estar muy preocupado porque los priístas podrían pactar con el narco si regresaran a Los Pinos, cuando lo que debería preocuparle seriamente es la violencia y la inseguridad propiciada por sus políticas públicas antidemocráticas.

Guillermo Fabela Quiñones

Guerra contra el neoliberalismo

El trabajador invierte su tiempo y fuerza laboral, no para su beneficio, sino para aumentar el tesoro de un puñado de sujetos; mientras que el trabajador no tiene opciones de crecer más allá de sus circunstancia

Ante la voracidad del sistema neoliberal (el cual es uno sólo e indivisible, imperando sobre gran parte del mundo) los ciudadanos responsables han comenzado a abordar dicho problema de formas poco ortodoxas en las que prevalecen el tono disidente y antisistémico. Dentro de las manifestaciones en contra del neoliberalismo económico, y las consecuencias que de su ejercicio emana, jóvenes y adultos han hecho suyo un reclamo que se propaga en aquellos estados modernos en los que los regentes son las empresas y sus empleados corporativos y gubernamentales cometen crímenes con el único fin de acrecentar las ganancias de una marca comercial. Para comprender los motivos de las protestas globales es necesario desechar falsos conceptos que han sido largamente propagados bajo chantajes que discurren entre la retórica neoliberal. Este gobierno, el neoliberal, basa fundamenta su existencia en cifras, y es con cifras como engaña y enlaza las circunstancias hasta nudos incomprensibles que escapan a cualquier razón pues sus códigos de comunicación no son de naturaleza humana, sino corporativa. Son estas cifras, sin embargo, las que dan a entender la intencionalidad del gobierno neoliberal: Menos del 5% del PIB (en promedio, según cifras del Banco Mundial) se destina a educación. Los países bajo el yugo neoliberal destinan hasta el 25% del PIB en el presupuesto pero menos del 10% del mismo en conceptos de desarrollo humano (salud, educación, etc. según datos de PNUD-ONU). Si estas cifras no despejan las dudas acerca de la presunta humanidad del gobierno neoliberal entonces se es tan o más cínico que los profetas del "libre mercado".

El trabajador invierte su tiempo y fuerza laboral, no para su beneficio, sino para aumentar el tesoro de un puñado de sujetos; mientras que el trabajador no tiene opciones de crecer más allá de sus circunstancia pues sus aspiraciones no son parte del esquema neoliberal, al contrario, aún cuando el trabajador intente superar las barreras que el sistema le ha impuesto no le será permitido, incluso, le será castigado el esfuerzo. Basta apreciar casos mundanos en los que el lector quizás haya estado envuelto, en los que la iniciativa laboral no es permitida, en que el crecimiento personal está sujeto a políticas corporativas que benefician sólo a la producción pero no al ser humano. Llegar a discernir estas simples cuestiones en la vida cotidiana es menester para comprender, como se escribió líneas arriba, que el neoliberalismo es una fuerza aplastante, deshumanizante, criminal y global.

Los disidentes de este sistema opresor mantienen una estrategia concertada casi de forma natural, consecuencia de un interés por aprender el modelo de producción esclavista que domina casi todo ámbito de la vida cotidiana; al haber superado el adormecimiento ideológico-materialista que El Capital administra al individuo, casi desde el momento de nacer, el militante antisistema actúa como uno solo dentro de la masa, ejerce su desarrollado sentido de justicia a la par que sus compañeros indignados como si tratase de una consecuencia natural de la extrema violencia que inflinge el neoliberalismo. Es casi como una izquierda perfecta, en la que no es necesario el partido político, ni el congreso de vacas sagradas, ni el aval de los "intelectuales", ni el permiso de una potencia no alineada, ni todo aquello de lo que depende la presunta izquierda para serlo.

Esta no sólo es una guerra de baja intensidad contra los grandes corporativos y sus súbditos que despachan como presidentes o diputados, es una guerra contra el hartazgo de un estilo de vida que demanda la esclavitud de la voluntad a cambio de unos cuantas monedas que no brindan ni bienestar ni seguridad futuros; en términos más concretos se trata de una guerra de autodefensa.

En este frente todos podemos ser parte activa, ya sea mediante la instrucción, mediante la absorción de información que elimine del individuo la propaganda insidiosa que el "Estado de Bienestar" quiere que creamos sin hechos que la demuestren como cierta. También estas circunstancias ofrecen una oportunidad de identificar a aquellos quienes, esclavizados por el temor a un mundo libre, atentarán contra todo esfuerzo que conlleve a un cambio radical.

Comentarios: immorfo@gmail.com

Twitter: http://twitter.com/Morf0

MorfO - Opinión EMET

Bombas de tiempo

Jesús Cantú

IFE. Complaciente.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La legislación electoral es muy clara: Son actos de precampaña todos aquellos que tengan como objetivo "obtener el respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular", y actos de campaña los que "se dirigen al electorado para promover sus candidaturas". En el primer caso, la sanción es igualmente precisa: la pérdida o cancelación "del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato".

Todos los aspirantes de los partidos políticos a la Presidencia de la República están en precampaña, y seguramente todos los partidos políticos acumulan evidencias y pruebas, con valor jurídico, para interponer los recursos legales cuando los partidos respectivos soliciten su registro, entre el 15 de febrero y el 22 de marzo del próximo año.

En ese momento estallará la bomba que hoy están construyendo los propios aspirantes, en algunos casos con la colaboración de los partidos políticos, mediante sus acciones y declaraciones. Las magnitudes de la detonación variarán dependiendo de las resoluciones de las autoridades y de las preferencias electorales que en ese momento tenga el candidato impugnado.

Los tres aspirantes panistas están en abierta y franca precampaña, sin ningún disimulo. La carrera la inició Santiago Creel el 12 de julio, cuando solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas e iniciar en los días siguientes una gira por toda la República para establecer contacto con los militantes blanquiazules. Le siguieron los otros dos aspirantes: Josefina Vázquez Mota, el martes 6 de septiembre, y Ernesto Cordero, el día 9 del mismo mes. Los tres ya conformaron sus equipos de precampaña y recorren el país en busca del apoyo de los militantes del PAN.

En el caso del PRD, Andrés Manuel López Obrador inició su campaña desde diciembre de 2006, pero últimamente esto se ha hecho más evidente. Entre otros actos en ese sentido destacan los eventos que celebró en Monterrey el 5 de octubre, donde dos empresarios (Alfonso Romo y Fernando Turner) abierta y enfáticamente invitaron a respaldarlo en su camino a la Presidencia.

Además, hay que recordar que las autoridades electorales (el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) sancionaron en septiembre pasado al PT por difundir, en los tiempos oficiales, promocionales con la imagen de López Obrador, que a su juicio constituían actos anticipados de campaña. En este caso, todavía es más difícil llevar un registro de los ingresos y gastos de precampaña, pues será casi imposible definir el momento exacto en el que inició su campaña.

Marcelo Ebrard, por su parte, se concentra en conseguir el apoyo de los simpatizantes perredistas para ser el abanderado de la izquierda. Aprovecha la gran visibilidad que le brinda la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y, en general, busca aprovechar las campañas electorales de los candidatos a las gubernaturas para placearse y posicionarse entre los militantes perredistas. En general, formalmente procura apegarse más a las disposiciones legales, pero seguramente sus oponentes ya tienen documentados diversos actos en los que el todavía jefe de Gobierno deja en claro su objetivo de obtener el respaldo "para ser postulado como candidato" a la Presidencia de México.

El priista Enrique Peña Nieto aprovechó hasta el último momento su cargo como gobernador del Estado de México para posicionarse tanto al interior de su partido como entre el electorado en general, e inclusive utilizó su último informe de gobierno para ello. Algunos párrafos bastan para demostrar que su discurso no era parte de un informe de gobierno, sino un mensaje de postulación y, como en el caso de López Obrador, un acto anticipado de campaña: "Asumamos lo que somos: una nueva generación de mexicanos que no se resigna, que sabe y quiere demostrar que sí se puede; una generación que no se define por su edad, sino por su actitud, por su deseo de vencer las adversidades y contribuir a vivir en un país exitoso… (Esta generación tiene) el reto de acabar con el miedo y renovar la esperanza".

Sobre las acciones de Peña Nieto también existen precedentes en el Trife, aunque éste prefirió sancionar a las televisoras que al aspirante o al partido.

Su lejanísimo contendiente interno, Manlio Fabio Beltrones, hace lo mismo –con menos buenos resultados que Peña Nieto– desde la coordinación de la fracción tricolor en el Senado de la República, y una muestra de ello fue su informe legislativo cibernético que rindió en agosto pasado, el cual aprovechó también para identificar sus prioridades y difundir sus propuestas.

Y ahora ambos –Peña Nieto y Beltrones– utilizan la tribuna que les construyó la Fundación Colosio, en los cuatro foros regionales, con el propósito declarado de elaborar la plataforma electoral de su partido, pues de acuerdo con Peña Nieto "los priistas queremos definir, con la aportación de gente experimentada, el proyecto de país que queremos tener, justamente, en la próxima contienda". Ya tuvieron su primera comparecencia conjunta ante los priistas de Chihuahua, y allí se hizo evidente la verdadera intención: crear el escenario para que Peña Nieto siga presente en los medios (particularmente en la televisión) de aquí al 18 de diciembre, y construir para Beltrones un puente de plata mediante la incorporación de algunas de sus propuestas a la plataforma.

Los siete precandidatos mencionados erogan una cantidad importante de recursos en sus respectivas actividades, sin que se lleve ningún registro de su origen ni destino, por lo cual también violan el artículo 214 del Cofipe, pues en estos momentos ni siquiera saben cuáles serán los requisitos que solicitará el Consejo General del IFE para la presentación de los ingresos y gastos de campaña, y, desde luego, corren el riesgo de rebasar los gastos de precampaña.
Será la próxima semana (el límite es el miércoles 19 de octubre) cuando los partidos den a conocer al IFE el procedimiento para la elección de sus candidatos. Y no será sino hasta el 18 de diciembre, dentro de dos meses, cuando formalmente den inicio las precampañas. Así que todavía no saben ni siquiera cuáles son los topes de gastos ni las reglas que establecerán sus respectivos partidos políticos.

El artículo 344 del Cofipe señala: "Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código: a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso (…) c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña (…) e) Exceder el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General…". Y la sanción establecida en la fracción III del inciso "c" del párrafo 1 del artículo 354 es: "…la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, (…) la cancelación del mismo".

Así, abierta, descarada o simuladamente, todos los aspirantes a la Presidencia de la República violan los tiempos establecidos en la Constitución y el Cofipe, ante el pasmo actual de las autoridades electorales.

Fraude en compra-venta de gasolina

Nancy Flores

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Inhabilitan y multan a cuatro altos directivos del "brazo comercial" de Petróleos Mexicanos, PMI Comercio Internacional; entre éstos, a la directora general María del Rocío Cárdenas. Los funcionarios habrían vendido gasolina con descuentos indebidos a las trasnacionales Trafigura y Gunvor, señala la Secretaría de la Función Pública. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares. Al final del sexenio, la paraestatal habrá destinado más de 1 billón 500 mil millones de pesos a la importación del energético; mientras, los mexicanos se enfrentan al décimo gasolinazo del año

Una presunta defraudación por 24 millones 330 mil 221 dólares, unos 340 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas de PMI Comercio Internacional descubre un negocio que sólo beneficia a los extranjeros: la compra-venta de gasolinas. Y es que mientras a las exportaciones se les aplican descuentos multimillonarios, las importaciones se pagan a precio de mercado.

Tan sólo en este sexenio, México habrá gastado 1 billón 700 mil millones de pesos en la importación de productos petrolíferos; de éstos, al menos 1 billón 500 mil millones se habrán destinado a la compra de gasolinas al cierre de 2012, revela información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el documento Indicadores petroleros, informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos (volumen XXIII, número 8, agosto de 2011), las importaciones realizadas en el periodo 2007-2011 suman un equivalente, en pesos, a 1 billón 349 mil 40 millones: en 2007, por 237 mil 132 millones; en 2008, por 328 mil 636 millones; en 2009, por 197 mil 484 millones; en 2010, por 299 mil 754 millones; y en 2011, por 286 mil 34 millones de pesos.

El monto involucrado hasta este año es 11.5 veces la inversión total de Pemex para la fallida refinería Bicentenario, que se ubicará en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha construido la barda perimetral. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas "129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales [desde 2010] hasta 2015".

A pesar del contraste de las cifras, sin una mayor producción nacional, las importaciones continuarán causando una sangría relevante a las arcas públicas. Al finalizar el gobierno calderonista, el gasto en este rubro se cerrará en, al menos, 1 billón 699 mil 40 millones de pesos: en el año electoral de 2012, las adquisiciones de los energéticos superarán los 350 mil millones, el mayor monto sufragado hasta ahora.

De acuerdo con el diputado federal Mario Di Costanzo Armenta, el próximo año, sólo las compras de gasolinas ascenderán a 22 mil 500 millones de dólares; mientras que otros productos petrolíferos implicarán un gasto de 2 mil 500 millones. Así, la estrategia de la paraestatal más importante del país ha sido importar gasolina cara y exportar gasolina barata.

Ello a pesar de que las costosas importaciones del energético no sólo impactan las finanzas públicas, sino también los bolsillos de todos los mexicanos. El 8 de octubre pasado, el gobierno federal hizo efectivo el décimo gasolinazo del año: el litro de Magna alcanzó un precio de 9.56 pesos, el de Premium llegó a los 10.5 pesos y el diésel se incrementó a 9.92 pesos. El argumento de las autoridades federales es la supuesta "incapacidad" financiera para seguir solventando el subsidio al energético.

El presunto fraude

Contrario al detrimento que sufren las finanzas públicas y familiares, las trasnacionales se ven favorecidas por las exportaciones de gasolina barata. Tal fue el caso de las empresas de origen holandés Trafigura y Gunvor, beneficiarias entre 2008 y 2009 de la política de rebajas (similar a la aplicación de los factores K y K' en el precio del crudo de exportación, que Contralínea reveló en su edición 253, del 2 de octubre de 2011).

Así lo documenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública en PMI Comercio Internacional, que derivó en la destitución, inhabilitación y multa de cuatro altos directivos de esa filial, considerada la segunda en importancia al interior de Pemex.

Los funcionarios sancionados son la ahora exdirectora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta; el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk; y el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.

En conferencia de prensa, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, explicó que el daño ocasionado al erario de PMI Comercio Internacional asciende a 1 millón 757 mil dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal es de 24 millones 330 mil dólares. De acuerdo con Vega Casillas, éste es el primer caso en el que se ve involucrada una alta funcionaria de PMI.

Tras recibir una denuncia anónima, el Órgano Interno de Control realizó un análisis de los expedientes comerciales y advirtió el presunto otorgamiento de un descuento excesivo e injustificado en la venta de gasolina cóquer. Éste se determinó al tomar como referente internacional a la gasolina RBOB menos un descuento.

Sin embargo, señala la autoridad federal, "no se encontró evidencia de que el descuento otorgado se hubiera basado en la diferencia de calidad entre la gasolina cóquer y la gasolina RBOB, utilizada como referente, tal y como debe ocurrir en este tipo de operaciones".

Las sanciones

Como lo adelantó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011), todas las operaciones encabezadas por María del Rocío Cárdenas eran fiscalizadas por el Órgano Interno de Control desde 2010. Entre otras cosas, los contralores presumían actos de corrupción y conflicto de intereses en su gestión.

Quien también fuera directora Comercial de Refinados (de enero de 2008 a enero de 2009) finalmente fue destituida, inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos y multada con 238 millones 942 mil 24 pesos por el caso de la supuesta venta irregular de gasolina cóquer. No obstante, los resultados de los otros expedientes de investigación podrían sumarse a la lista de presuntas irregularidades.

De acuerdo con el secretario Vega Casillas, ella omitió establecer y dirigir estrategias y actividades de comercialización, en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina cóquer.

"Como directora Comercial de Refinados de PMI, suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag, para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading, Ltd, los resultados de las operaciones comerciales en las que participó, toda vez que no dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias reales de dichas operaciones."

Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.

En la lista de sancionados están César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se leinhabilitó por 10 años y multó con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multado con 12 millones 35 mil 816 pesos.

Al interior de la paraestatal, el escándalo es de tal magnitud que cimbra la gestión de Juan José Suárez Coppel: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas "privadas" PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; y con Cárdenas Zubieta, exdirectora de PMI Comercio Internacional. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Operaciones trianguladas a paraísos fiscales

Las operaciones de PMI Comercio Internacional para la compra-venta de gasolinas en el extranjero involucran a la empresa "privada" PMI Trading, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ésta fue constituida el 8 de mayo de 1991 con recursos públicos, en el paraíso fiscal de Irlanda, desde donde realiza todas las transacciones.

A pesar de no tener ni oficinas ni empleados, es PMI Trading la que ejecuta todas las importaciones y exportaciones de los productos petrolíferos de Pemex Refinación, mediante un esquema de triangulaciones. El negocio entre PMI Trading y Pemex Refinación se basa en un contrato de compra-venta, en el cual el segundo se obliga a vender al primero la totalidad de los productos disponibles para la exportación.

No obstante que en el papel es PMI Trading quien figura como negociador, su condición de empresa de portafolio permite que quien cierre verdaderamente las operaciones sea el personal de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Un contrato de prestación de servicios posibilita que el autonombrado "brazo comercial" de Pemex controle a PMI Trading.

Dicho convenio "obliga" a la filial brindar a esa última asistencia para la negociación de toda clase de contratos; administración y operación de contratos; asistencia para el análisis de mercado; asistencia en la comercialización de productos petrolíferos, petroquímicos, gases y otros.

Función pública desmantela PMI

Tras detectar "formas sutiles de corrupción" en PMI Comercio Internacional "difíciles de acreditar", la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de desmantelamiento discrecional del círculo de directivos. Con las recientes destituciones e inhabilitaciones, son nueve los altos ejecutivos que han salido de la subsidiaria de Pemex entre 2009 y 2011.

Como lo ha documentado Contralínea, de 2009 a la fecha, la Función Pública ha destituido, inhabilitado o presionado para presentar su renuncia a nueve altos ejecutivos del "brazo comercial" de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional de combustibles, ahora incluida la directora general, María del Rocío Cárdenas Zubieta.

Además de ella y sus tres allegados, inhabilitados el pasado 11 de octubre, han salido Karen Miyasaki Hara, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario; Carlos Armando Cantú Guerra y Margarita Nieto Ramos, señalados e inhabilitados por pagar irregularmente una compensación por separación voluntaria; Luis Crispín Garnica, inhabilitado por usurpación de profesión; y Mario Blenda Ahumada, quien presentó su renuncia tras conocer que era sujeto de investigación por supuestos hechos de corrupción.

Crispín Garnica, quien encabezaba la Dirección de Finanzas de PMI, fue inhabilitado y separado de su cargo en 2009 tras comprobarse que ostentaba el título de licenciado sin haber obtenido este grado.

Miyasaki Hara, exsubdirectora Comercial de Destilados Intermedios, fue destituida el 23 de mayo de 2010. En este caso, la Secretaría de la Función Pública la acusó ante la Procuraduría General de la República por su probable responsabilidad en un fraude por 13 millones de dólares, por falsear su declaración patrimonial al no reportar 16 millones de pesos y por supuesto enriquecimiento ilícito.

Mario Blenda Ahumada, exsubdirector Comercial de Residuales, renunció a mediados de 2010 tras enterarse que el Órgano Interno de Control en PMI lo investigaba por un supuesto fraude a las finanzas públicas.

La investigación en contra de Blenda Ahumada aún no concluye, revelan fuentes de la Función Pública. De acuerdo con los avances, se podrían acreditar 32 viajes –cada uno con duración de dos días y estancia de un par de horas (sólo los fines de semana)– a París, Francia, durante un año.

Carlos Armando Cantú Guerra, exdirector de Administración, y Margarita Nieto Ramos, exgerente de Recursos Humanos, fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados el 8 de febrero pasado por autorizar la liquidación por 5 millones 668 mil 405 pesos a favor del exdirector de Finanzas, Crispín Garnica.

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

México, paraíso de trasnacionales del soborno

Ana Lilia Pérez

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La administración federal favorece a empresas multinacionales a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó por prácticas corruptas, particularmente cohechos, mediante contratos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina y Pronósticos Deportivos, entre otras

En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas compañías trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios; por haber regalado inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; consentir a funcionarios públicos con sus tarjetas de crédito, guardaropa, lunas de miel; y por "entretenimiento inapropiado".

El pago de sobornos se realiza por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero hasta estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturan éstos como si fuesen "consultorías", "asesorías" o "gastos de operación". O también la creación de fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.

Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales.

En tal condición, el gobierno de Estados Unidos ha obtenido confesiones de éstas prácticas de compañías como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown & Root, General Electric, Goldman Sachs Group, entre otras. A todas se les impuso multas millonarias e intereses que ingresaron a las arcas públicas de ese país.

En contraste, la administración de Calderón continuó transfiriendo millones de pesos del erario a dichas compañías, vía contratos gubernamentales, a pesar de que algunas confesaron que sus prácticas disolutas tuvieron como epicentro a México.

Las indagatorias

Las investigaciones sobre la corrupción que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocan al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las compañías estadunidenses ofrecer pagarles a los funcionarios de los gobiernos extranjeros o empleados de las compañías estatales, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva; otorgarles regalos, viajes, comisiones o cualquier oferta en efectivo o también no monetaria.

Todas las empresas estadunidenses, incluso las extranjeras que cotizan en el mercado de valores de ese país, están obligadas a cumplir con los mandatos del Acta así como otras leyes antisoborno como la Ley Sarbanes-Oxley, en cualquier punto del mundo donde operen.

Después del escándalo del gigante energético Enron, que puso al descubierto las fraudulentas prácticas contables de la trasnacional para maquillar un capital que la colocaba como la número siete de Estados Unidos, apoyada en la estafa por su empresa auditora –el renombrado despacho Arthur Andersen–, el Departamento de Justicia abrió investigaciones a 120 empresas, muchas de las cuales todavía continúan en integración. Pero los resultados de las indagatorias hasta hoy concluidas son alarmantes: consorcios que oficialmente promueven códigos de ética, y que se dicen socialmente responsables, están envueltos en burdas prácticas de soborno hasta en los países más pobres.

Cuando las autoridades estadunidenses anunciaron las investigaciones, algunas empresas llamaron voluntariamente a este Departamento para confesar sus "pecados". Detrás de esto había una intensión clara de obtener indulgencia y "negociar" sus penas, ello ante la advertencia pública que hizo el jefe del Departamento de Justicia asignado a la coordinación de las investigaciones, Mark Mendelsohn, en el sentido de que "si los llamamos antes de que nos llamen, no querrían estar en ese lugar".

Así, corporaciones que promueven un prestigio e imagen corporativa revelaron insólitas tretas contables para ocultar sus ilegales pagos. Otras, que estaban bajo investigación, sus directivos tuvieron la audacia de pretender maquillar sus informes para engañar a la Comisión de Valores y al FBI.

Soborno nigeriano, privilegios mexicanos

Una de las indagatorias que la Comisión de Valores considera entre las más relevantes, se refiere a los cohechos de compañías del sector energético que operan tanto en el mercado mexicano como en el nigeriano. El parámetro a nivel mundial es que en ese sector los dos países con más altos niveles de corrupción son México y Nigeria, donde los corporativos –que en otras regiones se desempeñan con legalidad– ven en el soborno como la vía para obtener contratos gubernamentales altamente rentables y ganancias rápidas.

El Departamento de Justicia abrió una investigación en contra del consorcio Technip –con sede en París– dedicado a la ingeniería, construcción y servicios; de la empresa italiana Eni y su filial holandesa Snamprogetti; y la estadunidense Kellogg Brown & Root, entonces subsidiaria de la corporación Halliburton.

Todas estas compañías se asociaron para trabajar en Nigeria bajo la sigla TSKJ, y obtuvieron, en menos de una década, contratos de la Nigeria LNG Limited –empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno– por 6 mil millones de dólares, bajo una estrategia infalible: sistemáticos sobornos a funcionarios públicos. La indagatoria detalla que éstos se pagaron entre 1995 y 2004 para obtener los contratos para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado por miles de millones de dólares.

El director de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores, Robert Khuzami, señala en el informe del caso que "el soborno era una práctica tan aceptada que la empresa conjunta tenía un eufemísticamente denominado 'Comité Cultural', en el que los cohechos abiertamente se discutían, aprobaban y conmemoraban".

Desde que se asociaron los ejecutivos de las trasnacionales crearon el llamado "Comité Cultural", en éste los más altos ejecutivos de ventas de cada empresa definían los planes y montos de los sobornos. Constituyeron una compañía fantasma controlada por un abogado de Inglaterra y una empresa comercial japonesa, con las cuales firmaron contratos falsos por 180 millones de dólares que cada trasnacional registró contablemente como "consultoría" y "servicios con subcontratistas". Enviaban también dinero a cuentas bancarias en Suiza y de allí se triangulaban a las de cada funcionario destinatario de los "pagos", con quienes previamente habían pactado el monto durante comidas realizadas en Londres.

El consorcio francés comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2001, "cuando Technip se convirtió en un emisor, tenía la obligación de cumplir con el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. En cambio, continuó con su descarado plan de hacer pagos de soborno", indica en el informe Antonia Chion, codirectora de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores.

Contacto en México

Entre 2004 y 2007, se crearon en México dos subsidiarias que ingresaron al padrón de proveedores del gobierno federal, junto con su casa matriz y otras cuatro de sus filiales domiciliadas en el extranjero: Technip France; Technip Italy SpA; Technip KTI SpA; Technip USA Corporation; Technip de México, S de RL de CV; Technip Servicios de México, SC; y Technipleres, SA de CV, todas contratistas del gobierno mexicano.

En 2010, cuando la Comisión de Valores hacía pública la multa millonaria que impuso a Technip y sus socios, 1 mil 200 millones de dólares, considerado el monto más alto por violaciones a la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, en México, el gobierno a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), le adjudicaba a la compañía un lucrativo contrato por 605 millones de pesos para la construcción de una unidad recuperadora de azufre en la Refinería de Salamanca (número CO-RSAL-013/10); la ingeniería para el proyecto de la plataforma PB-KU-H, por 38 millones de pesos (contrato 412423817); y la asistencia técnica para trabajos de ingeniería en la misma plataforma, por 6 millones de pesos, entre otros.

Respecto a las relaciones del gobierno con la empresa italiana Eni, en medio de la investigación oficial que ésta enfrentaba por múltiples violaciones al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción firmó con esa empresa un convenio para un Programa de Capacitación en perforación en aguas profundas y de diseño de pozos de aguas profundas, registra en uno de sus informes correspondiente a 2008 la paraestatal.

Sobre el papel de esa empresa en el llamado "plan de soborno nigeriano", la Comisión de Valores indica que para pagar sus cohechos, Eni operaba cuentas en bancos suizos, maletines y "carretadas" de dinero en efectivo. Y es que como algunos de los sobornos en efectivo eran en nairas –la moneda de Nigeria–, el volumen era tan abultado que se requería de un automóvil para transpórtalo. Los sobornos que la empresa italiana pagaba tenían también como destinatario un partido político nigeriano.

Respecto a Kellogg Brown & Root, tanto esa compañía como su casa matriz, Halliburton, eran antes y después de los cohechos beneficiarias de millonarios contratos con Pemex. Sus relaciones comerciales con la paraestatal también estaban envueltas en polémicas, como la que generó la asignación que entre 1997 y 1998 Petróleos le hizo para que Kellogg Brown & Root instalara sistemas de procesamiento de gas e inyección en Cantarell. Los equipos debían estar operando desde 2000, pero ésta entregó la obra hasta 2004. Ante tal atraso, Pemex rescindió el contrato, y en respuesta, la trasnacional llevó al gobierno mexicano a juicio ante la Corte Internacional de Comercio de París, demandándole 807 millones de dólares. Apenas en agosto pasado se declaró la nulidad del laudo, pero quizá la compañía apele la decisión.

Pese a la disputa en la que el Estado ha invertido cuantiosos recursos en defensa, y aún después del escándalo en que el consorcio se vio envuelto por los sobornos nigerianos –en los cuales la agencia anticorrupción de Nigeria implicó hasta al exvicepresidente Dick Cheney, como directivo de Halliburton y Kellogg Brown & Root–, el gobierno mexicano mantiene a este último con contrataciones en la principal empresa del Estado, como la número 4500285709, que le fijó la Refinería de Tula por asignación directa, para "servicios técnicos" –durante cinco días–, por 144 mil 213 pesos.

También que el 30 de diciembre de 2009 signó con la Refinería de Salina Cruz, por 327 mil 313 pesos, para hacer algunos arreglos a una de sus plantas de compresión (número 4500310834). En 2010 la misma gerencia le encargó otra reparación, bajo el contrato 4500353869, por 4 millones 380 mil 238 pesos.

Halliburton –que fue la casa matriz de Kellogg Brown & Root hasta 2007– es desde hace varias décadas una de las principales beneficiarias de las contrataciones de Pemex. En los años inmediatos a la indagatoria de la Comisión de Valores, facturó por más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el sistema Compranet.

El caso Siemens

En diciembre de 2008, el Departamento de Justicia hizo pública la declaración de altos ejecutivos del gigante alemán Siemens AG, de una prolongada práctica de sobornos como táctica para llevar a sus arcas ganancias multimillonarias, en muchos de los países donde opera, en su mayoría de contrataciones gubernamentales.

De acuerdo con el expediente judicial, durante casi una década, desde 1998 hasta 2007, Siemens realizó pagos ilegales por 1 mil 360 millones de dólares a través de diversos mecanismos. De esa suma, 554 millones 500 mil dólares se pagaron para fines desconocidos; 341 millones de dólares para consultores empresariales; y los otros 805 millones 500 mil dólares fueron perfectamente identificados como cohechos a funcionarios gubernamentales extranjeros –mexicanos incluidos– a quienes se les entregaron a través de fondos y cajas ilegales.

Por el monto de sus sobornos y la ramificación geográfica donde se pagaron –que prácticamente abarca todas las regiones del mundo– el de Siemens fue considerado por la Comisión de Valores como un caso sin precedentes.

"Este patrón de cohecho exhibido por Siemens no tenía precedentes en su escala y alcance geográfico. La corrupción incluyó más de 1.4 miles de millones de dólares en sobornos a autoridades gubernamentales en Asia, África, Europa, Oriente Medio y las Américas", señala en el informe Linda Chatman Thomsen, directora de la División de Coacción de la Comisión de Valores.

Ese "patrón de cohecho", como Chatman definió el actuar de Siemens, tuvo a funcionarios del gobierno mexicano como destinatarios de por lo menos 2 millones 600 mil dólares de la enorme bolsa de sobornos. A finales de 2004, la trasnacional le entregó esa cantidad a un "consultor de negocios con conexiones políticas" –identificado así en el expediente del Departamento de Justicia sin que se detalle su nombre– para que éste a su vez entregara un "pago" a un alto funcionario de Pemex para resolver la vieja disputa que dirimen éste y Siemens, derivada de la contratación para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

La querella de la paraestatal con Siemens se originó después de que ésta y sus asociados para ese contrato la coreana Sunkyong Engineering y la mexicana Triturados Basálticos –sociedad conocida como Consorcio Proyecto Cadereyta– entregaron las obras inconclusas, deficientes y con sobrecostos que originaron que su precio final: 3 mil millones de dólares, se incrementara en más de 40 por ciento del costo original.

Siemens demandó a Pemex un pago adicional y originó un altercado también ante la Cámara de Comercio Internacional, en la que la compañía alemana le reclama a México 500 millones de dólares. Ésta destinaba millones de dólares a sobornos porque le garantizaban ganancias multiplicadas: entre 2000 y 2002 sus subsidiarias en Francia, Siemens SAS; Turquía, Siemens Sanayi ve Ticaret AS; y en Oriente Medio, Osram Middle East FZE y Gas Turbine Technologies SpA (GTT), recibieron 42 contratos por 80 millones de dólares, de los Ministerios de Electricidad y Petróleo del gobierno de Irak bajo el Programa de Petróleo por Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para obtener esos contratos, Siemens pagó 2 millones de dólares en comisiones ilícitas al gobierno iraquí, pero obtuvo ganancias por 38 millones de dólares. Además, infló los precios 10 por ciento.

Para llevar a sus arcas millones de dólares del erario de Argentina, Venezuela, Bangladés y Turquía destinó otros milloncitos de dólares a sobornos: de septiembre de 1998 a 2007, Siemens Argentina compró a diversos funcionarios con 31 millones de dólares, a cambio de un proyecto nacional de tarjetas de identificación por un valor de 1 mil millones de dólares.

Siemens Venezuela pagó cohechos por casi 19 millones de dólares vía cuentas en bancos de Estados Unidos, a cambio de la asignación de dos importantes proyectos: el Metro Valencia y el Metro Maracaibo.

Entre mayo de 2001 y agosto de 2006, Siemens Bangladés pagó sobornos de 6 millones de dólares a funcionarios gubernamentales, para la asignación de la licitación de un proyecto de telefonía móvil. Las transferencias se hicieron también vía cuentas en Estados Unidos.

En diciembre de 2008, derivado de la aceptación de culpabilidad ante un juez de Distrito de Columbia, se les fijaron multas por 450 millones de dólares. El secretario de justicia Auxiliar del Departamento de Justicia, Matthew Friedrich, definió en unas líneas las prácticas corporativas de la trasnacional, que la colocaron como uno de los principales proveedores de su sector para varios gobiernos del mundo: "Los documentos presentados hoy al Tribunal dejan en claro que, en gran parte de sus operaciones en el mundo, el cohecho era un procedimiento estándar para Siemens".

Pese al escándalo que a finales de 2008 envolvió al consorcio, el gobierno mexicano le mantuvo como uno de sus proveedores principales en áreas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y muchas más entidades. Siemens tiene registradas 23 subsidiarias como proveedoras de éste. Le vende equipo eléctrico, electrotécnico, maquinaria de construcción, subestaciones eléctricas, turbinas de vapor y de gas, generadores, medidores, tecnología y software en el ramo eléctrico y electrónico y equipos de telecomunicaciones. Al sector médico, equipos de diagnóstico y reactivos analíticos, principalmente.

Recién se había hecho pública la indagatoria de las autoridades estadunidenses contra Siemens cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social le compró una unidad radiológica por 33 millones de pesos. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le encargó la configuración de su sistema de telefonía (5 millones 990 mil pesos); Pronósticos para la Asistencia Pública le rentó computadoras (12 mil 899 pesos); la Comisión Federal de Electricidad le compró radiadores (1 millón 585 mil pesos); la Secretaría de Marina le contrató el mantenimiento de 69 equipos electromédicos (23 millones de pesos); Pemex Gas le encargó la reparación de motores (7 millones de pesos), entre otras contrataciones del resto de subsidiarias de Pemex, el sector salud y de seguridad pública.

El caso Pride

En diciembre de 2009 las autoridades estadunidenses hicieron públicos los resultados de una investigación en contra de Pride, por sobornos a funcionarios de varios países, México incluido. El consorcio texano –dedicado a la operación, renta y venta de plataformas– es uno de los fuertes capitales accionarios de Wall Street. Opera en países de todas las regiones del mundo, pero el gobierno mexicano es uno de sus principales clientes.

Es la segunda empresa con más contratos de arrendamiento de plataformas y equipos de perforación en la Sonda de Campeche (la primera es Noble International, LDT). Sólo entre 2004 y 2008, le facturó a Pemex más de 10 mil millones de pesos en arrendamiento de plataformas, a la casa matriz Pride International Inc y a sus subsidiarias Pride Internacional de México LLC, Pride Central America, Pride Drilling LLC, Pride Foramer y México Drilling Limited LLC.

La trama que precedió a la escandalosa aceptación de sobornos en México, Venezuela, Brasil, Arabia Saudita, Kazajistán, Libia, Nigeria, Angola, Malasia, India y la República Democrática del Congo, inició en marzo de 2006, cuando Pride le informó a la Comisión de Valores que no podría presentarle su reporte financiero anual, correspondiente a 2005, porque el Departamento de Auditoría Interna había detectado "pagos inapropiados" a funcionarios extranjeros. La investigación que por su parte integró la Comisión indica que los altos directivos de Pride sabían de esos cohechos y "aún así, fallaron en hacer un esfuerzo conciente para corregir o prevenir la anomalía".

En México la empresa sobornó a más de un funcionario de Aduanas –no identificados en el expediente– para acelerar los trámites para que ingresara una de las plataformas de perforación que le renta a Pemex y para evadir pagos de impuestos aduaneros y multas. Y sobornó también a funcionarios de la paraestatal –tampoco reconocidos– con "miles de dólares" en efectivo y "entretenimiento inapropiado", para que arrendaran una de sus plataformas.

La aceptación pública de las prácticas corruptoras generó el descontento entre sus accionistas, incluso uno de ellos, Kyle Arnold presentó una demanda contra altos funcionarios y consejeros de la compañía, caso 2009-66082, que se ventila en una corte de Texas.

Cuando la Comisión de Valores hizo públicas las prácticas de Pride, altos ejecutivos del consorcio se vieron obligados a renunciar, entre ellos el gerente para México. Sin embargo, los negocios del consorcio siguieron prosperando. Pemex le contrató por adjudicación directa equipos como la Pride 1003E, por 250 millones de pesos (contrato 411005816) o la plataforma Pride Texas, por 491 millones de pesos (contrato 411005813), ambas por un periodo de dos años.

Al estar bajo investigación judicial por soborno, la paraestatal signó contratos o dio extensiones a tratados de arrendamiento de 10 de sus plataformas en la Sonda de Campeche, ello, a pesar de las deficientes condiciones físicas de sus equipos, conforme evidenciaron los check list elaborados por Pemex a dichas plataformas, (Contralínea, 9 noviembre de 2008).

Éstos indicaban que las plataformas de Pride tenían deficiencias en el abituallamiento, los equipos de comunicación y particularmente los de seguridad, y algunas hasta carecían de las licencias de uso del software con el que operaban. En tales condiciones se rentaron la Pride 100SE, la Pride Tenesse, la Pride Oklahoma, la Pride Louisiana, la Pride Texas, la Pride Mississippi y la Pride Colorado.

Un caso particular es el de la Pride California, arrendada mediante el contrato 421007825, del 29 de octubre de 2007 al 27 de octubre de 2008, que reportó tantas irregularidades que el representante del consorcio ante Pemex, Bruce Thornock y el coordinador de Operaciones de Pride, José Rodrigo Nieto Loyo, se negaron a firmar las actas. La plataforma no tenía documentos de certificación aplicable vigente, esto es que ninguna casa clasificadora había avalado su calidad. En cuanto a la infraestructura, registró deficiencias en su helipuerto, en el área de grúas era emergente el mantenimiento anticorrosivo y la cabina tenía una fuga de aceite hidráulico y no tenía cristales. Los mecanismos de perforación estaban oxidados y los barandales doblados. El equipo de seguridad no tenía mantenimiento. Todo el mobiliario del área habitacional estaba deteriorado. No había equipo instrumental médico.

Pride es uno de los consorcios que en sus políticas internas incluye un código de conducta que estipula que todos los ejecutivos y empleados deben cumplir a cabalidad la ley antisoborno. En la práctica, directivos de por lo menos 12 países no lo hicieron. Su actuar corruptor le costó al consorcio 50 millones de dólares, monto que la Comisión de Valores le fijó como multa. Éstos ingresaron a las arcas públicas estadunidenses, ni un sólo peso a las mexicanas.

En la víspera del escándalo, el gobierno calderonista le inyectó más recursos cuando los directivos de Pemex modificaron los plazos contractuales y montos del alquiler de sus plataformas Pride California, Pride Wisconsin y Pride Nebraska, entre otras.

El sobornar para que se arrendaran éstas no era una práctica exclusiva de Pride, Noble, una de sus principales competidoras también ocupaba una partida especial para cohechos gubernamentales. La Comisión de Valores le comprobó que sobornó a funcionarios de las aduanas en Nigeria para que extendieran los permisos aduanales a sus plataformas, arrendadas a la industria petrolera estatal.

La Comisión le impuso una multa de 2 millones 590 mil dólares, Pemex le renovó sus contratos. Noble es la principal arrendadora de plataformas en la Sonda de Campeche, rentadas algunas en condiciones de chatarra, como lo demuestran los chek list elaborados de manera interna por la paraestatal. Ahora se le vislumbra como una de las potenciales beneficiarias de los contratos para aguas profundas.

El polémico caso ABB

Una de las más recientes investigaciones del Departamento de Justicia que implicaron a funcionarios mexicanos en sobornos de trasnacionales, es la del consorcio suizo ABB Ltd y de la empresa texana Lindsey Manufacturing Company a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

En una investigación del FBI y la Oficina Local de Houston de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, llevó a ante un juez federal del Sur de Texas, ésta se declaró culpable de los cargos de violación de las disposiciones antisoborno del Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para violar dichas disposiciones.

Ésta admitió que su oficina en la ciudad de Sugar Land, Texas, ABB Network Management pagó sobornos de 1997 a 2004 por casi 2 millones de dólares a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad; a cambio recibió contratos por más de 81 millones de dólares. Los cohechos se pagaron a través de diversos intermediarios, incluida una empresa mexicana que era su representante de ventas en sus contratos con la CFE.

El 16 de noviembre de 2009, Fernando Maya Basurto, directivo de la compañía se declaró culpable en el cargo de conspiración. Admitió que como representante de ventas de ABB Network Management, conspiró con terceros para realizar pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a lavar el dinero de los sobornos y participó en el encubrimiento para obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores. Ese día se presentaron acusaciones formales en contra del exgerente general de ABB Network Management, John Joseph O'Shea: 18 cargos de conspiración, violaciones del Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero internacional y falsificación de registros asociados a su supuesto papel en el ardid de soborno.

Como gerente general de ABB en Texas, organizó y autorizó pagos a diversos funcionarios de la CFE a cambio de lucrativos contratos. O'Shea tenía un contrato con una empresa mexicana para ser su representante de ventas en México, según el cual ésta recibía un porcentaje de las ganancias generadas de los negocios con compañías gubernamentales de servicios públicos mexicanas, entre ellas la CFE.

En diciembre de 1997, ésta le otorgó un contrato conocido como el Sitracen, para realizar mejoras estructurales a su sistema de redes eléctricas, que le generó a ABB más de 44 millones de dólares de ganancias. Después, en octubre de 2003, la CFE le otorgó un contrato multianual para el mantenimiento y mejoras respecto del contrato Sitracen, conocido como el contrato Evergreen, que le dejó a ABB ganancias por más de 37 millones de dólares.

Para el contrato Evergreen, O'Shea y Basurto, funcionarios de la CFE y otras personas acordaron que el 10 por ciento de las ganancias serían devueltas a funcionarios de la paraestatal a modo de soborno. O'Shea recibiría como comisión el 1 por ciento de los dividendos. Para triangular los sobornos, éste, Basurto y los otros usaron facturas falsas de empresas mexicanas de supuestos "servicios técnicos" y "servicios de soporte de mantenimiento". También hubo otros pagos adicionales por "comisiones" a Basurto y su familia que luego fueron transferidos a funcionarios de la CFE.

En conexión con el contrato Evergreen, O'Shea autorizó más de 900 mil dólares en sobornos a funcionarios de la CFE antes de que una investigación interna por parte de la corporación suiza detuviera las transferencias. Derivado de dicha investigación, de acuerdo con información divulgada por las autoridades estadunidenses, ABB les informó "voluntariamente" de sus pagos ilegales.

O'Shea fue despedido y después de su salida Basurto y otros ejecutivos participaron en una operación de encubrimiento para obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia: inventariaron documentos apócrifos que supuestamente eran evidencia de una relación comercial legítima entre la oficina de ABB en Texas y las empresas mexicanas que entregaron las facturas falsas. Las autoridades descubrieron correos electrónicos en los cuales Basurto y O'Shea comentaron la redacción de correspondencia y un contrato falsos.

México no fue el único país donde ABB entregó cohechos. Otra indagatoria del Departamento de Justicia documentó que entre 2000 y 2004, sobornó con más de 300 mil dólares a funcionarios del gobierno de Irak para obtener contratos por 6 millones de dólares con las paraestatales Compañía General de Producción de Energía Eléctrica, Baghdad Mayoralty y la Compañía Estatal de Distribución de Electricidad de Baghdad.

En septiembre de 2010, ABB y dos de sus subsidiarias aceptaron pagarle a la justicia estadunidense 58 millones de dólares en multas criminales y civiles, más los intereses. Fue hasta que las autoridades estadunidenses ventilaron el escándalo cuando en octubre de 2010, la CFE presentó demandas civiles en su contra. No obstante, ABB continuó como su proveedor de productos y servicios.

En Washington, la Comisión de Valores anunciaba acusaciones formales contra una empresa de California, Lindsey Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos también por sobornos a funcionaros de la CFE a cambio de contratos. La compañía realiza sistemas de restauración de emergencia y otros equipos de electricidad.

La indagatoria a cargo de la Comisión de Valores y el FBI llevaron al banquillo de los acusados a Keith E Lindsey y a Steve K Lee, de Lindsey Manufacturing Company bajo ocho cargos, de conspiración para violar la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. La acusación formal incluyó también a los mexicanos Enrique Faustino Aguilar Noriega y a Ángela María Gómez Aguilar, ambos de Cuernavaca, acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Ambos eran directores de Grupo Internacional de Asesores, SA, el cual alegaba proveer servicios de representación de ventas para empresas que realicen negocios con la Comisión Federal de Electricidad.

Lindsey Manufacturing contrató a Grupo como su representante de ventas en México y para obtener contratos con la CFE. Gracias a su operación, ésta se convirtió en uno de sus mejores clientes, a cambio de lo cual, Lindsey les entregaba jugosas comisiones. De febrero de 2002 a marzo de 2009, Lindsey Manufacturing, Lindsey, Lee y Aguilar Noriega desarrollaron un plan de soborno y operaciones fraudulentas en contra del dinero público que ejerce la CFE, en el que Aguilar Noriega recibió una comisión del 30 por ciento sobre todos los bienes y servicios que Lindsey Manufacturing vendió a la Comisión. Todo el porcentaje era el monto de los cohechos, cuya parte proporcional se cargó a la facturación con la Comisión. Es decir, cada contrato se infló un 30 por ciento para asegurar que el costo adicional pagado a Aguilar Noriega fuera absorbido por ésta y no por Lindsey Manufacturing.

Para transferir los recursos se usaron facturas apócrifas del Grupo a Lindsey Manufacturing por el 30 por ciento del precio del contrato. Luego Aguilar Noriega y Gómez Aguilar lavaron el dinero en la cuenta de corretaje de Grupo para pagar los cohechos a los destinatarios finales.

En este tipo de operaciones compraron el yate Dream seeker por 1 millón 800 mil dólares para el director de Operaciones de la CFE, Néstor Moreno Díaz y el ferrari de 297 mil 500 dólares. También le cubrieron más de 170 mil dólares de su tarjeta American Express, con la que Moreno se ajuareó en las exclusivas tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York y de Beverly Hills: Gucci, Louis Vuitton, Armani, Hugo Boss y Versace, a cuenta de los contratistas de la Comisión, o, mejor dicho, de los precios inflados en los contratos de ésta. Además de 600 mil dólares que enviaron a sus parientes.

El Departamento de Justicia tenía a la compañía californiana bajo investigación por sobornos directos, la Comisión de Valores y la administración de Calderón le seguían entregando contratos, entre ellos el 700238137, por 1 millón 313 mil pesos; el 700238282, por 900 mil millones de pesos; y el 700237230, por 1 millón 174 mil de pesos.

General Electric y sus socios

En julio de 2010, la Comisión de Valores acusó a General Electric Company de infringir el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, por su participación en un plan de cohecho por 3 millones 500 mil dólares a funcionarios iraquíes para obtener contratos para suministro de equipos médicos y de depuración de agua y contratos del Programa de Petróleo por alimentos de la ONU.

General Electric y sus asociados Marquette Hellige, de Alemania; OEC Medical Systems, de Suiza; Ionics Italba SrL, de Italia; y Nycomed Imaging, de Noruega, sobornaron con millones de dólares en efectivo, computadoras, suministros médicos y servicios a los funcionarios iraquíes a cambio de jugosos contratos. Nycomed Imaging pagó 750 mil dólares de sobornos a cambio de contratos que le redituaron 5 millones de dólares en "ganancias indebidas". Ionics Italba pagó 795 mil dólares en cohechos y devengó 2 millones 300 mil dólares en dividendos ilícitos.

En México General Electric Company es contratista del gobierno federal principalmente de entidades del sector energético: Pemex y sus subsidiarias Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica. A Pemex Gas le prové de equipo y mantenimiento; a Pemex Exploración de dispositivos, trabajos de mantenimiento y de modernización; a Pemex Refinación de aparatos, acondicionamiento, conservación y reparación de sus plantas. Otro de sus clientes estrella es la CFE, a la que le suministra de equipo diverso, maquinarias, refacciones y mantenimiento, capacitación e informática y servicios de inspección e ingeniería.

Marquette Hellige, que la Comisión de Valores identificó como responsable de sobornar a funcionarios iraquíes con más de 1 millón de dólares, suministra de sus dispositivos e instrumentales al sector salud mexicano a través de empresas intermediarias. Lo mismo que Nycomed Imaging con sus productos médicos. El Departamento de Justicia las enjuició en un tribunal de Columbia. La Comisión les fijó multas por 23 millones de dólares. México mantuvo sus relaciones comerciales.

Transportistas sobornadoras

En noviembre de 2010, la Comisión de Valores hizo públicas las "multas criminales" a una empresa de transporte de carga global y cinco empresas y subsidiarias de servicios de gas y petróleo, por sobornar a funcionarios de por lo menos siete países –Brasil, Angola, Azerbaiyán, Kazakhstan, Nigeria, Rusia y Turkmenistán–, para "obviar reglas y normas locales asociadas a la importación de bienes y materiales a numerosas jurisdicciones extranjeras".

Ante un Tribunal Federal del Sur de Texas, Panalpina World Transport (Holding) LTD, empresa de servicios de transporte de carga global y logística –con sede en Basilea, Suiza– y su subsidiaria estadunidense, Panalpina Inc, admitieron que las compañías a través de anexas y afiliadas (colectivamente, "Panalpina") realizaron un "ardid" para pagar cohechos a numerosos funcionarios extranjeros en nombre de muchos de sus clientes del ramo del petróleo y el gas.

Entre 2002 y 2007, pagaron al menos 27 millones de dólares en sobornos. En esta trama, los clientes de Panalpina, entre ellos Shell Nigeria Exploration and Production Company LTD, Transocean LTD y Tidewater Marine International Inc, admitieron que las compañías aprobaron el pago de cohechos en su nombre en Nigeria y registraron falsamente éstos como gastos comerciales legítimos en sus libros, registros y cuentas contables.

Panalpina, la empresa a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó como responsable de conspiración para quebrantar las disposiciones contra el soborno del Acta y de "de ayudar y secundar a ciertos clientes en la violación de las disposiciones sobre libros y registros de la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero", es también contratista del gobierno federal mexicano. La CFE, Bancomext y el Fondo de Cultura Económica le han contratado diversos servicios de transporte.

El resto de las compañías, clientes de Panalpina, a las cuales, también la Comisión de Valores halló implicadas en los cohechos a funcionarios públicos, son también flamantes proveedores del Estado: Shell en el ramo de la construcción, energético, asesorías, supervisiones y en el mercado de los lubricantes.

Transocean LDT –proveedor global de servicios de perforación petrolera en la costa y equipos, basados en Vernier, Suiza– tiene registradas siete subsidiarias como proveedoras del gobierno mexicano en servicios de perforación de pozos petroleros y de gas, arrendamiento de plataformas de perforación y asesorías.

Tanto Shell como ésta son identificados al interior de Pemex como potenciales operadoras en el sector de aguas profundas. Tidewater Marine International Inc, subsidiaria de Tidewater Inc, la otra acusada por la Comisión de Valores de violar las disposiciones antisoborno, provee a Pemex de servicios de transporte de su personal y equipos vía lancha. Le arrienda también barcos para maniobras en la Sonda de Campeche y el transporte de hidrocarburos.

En 2010, cuando en Estados Unidos Tidewater estaba bajo investigación del Departamento de Estado bajo los cargos de sobornar a funcionarios, el gobierno federal a través de Pemex le adjudicaba contratos como el 428220824 para el servicio de transporte de materiales, por 45 millones de pesos; el 428220813, por 28 millones de pesos; el 428229878, por 36 millones de pesos; y el 428220820, por 39 millones de pesos, entre otros. Y estaban también vigentes otras convenciones multianuales como el 428218874, por 295 millones de pesos.

El costo del cohecho

El Banco Mundial estima que cada año en el mundo se pagan más de 1 billón de dólares en sobornos, lo que en promedio representa el 20 por ciento de la inversión extranjera promedio.

En esa espiral de colusiones que implican los pagos de éstos, el dinero público se derrocha en cantidades exorbitantes, sobre todo en países como México, donde al año el gobierno destina en promedio entre 7 y 10 por ciento del producto interno bruto a las adquisiciones públicas, que son además el principal blanco de soborno.

El Instituto Mexicano para la Competitividad identifica la "corrupción" y "colusión", como factores que "inflan los precios de los bienes y servicios que compra el gobierno". El caso de Lindsey Manufacturing es ilustrativo: cada contratación le costó a la CFE 30 por ciento más cara.

El efecto social es más lamentable. La Comisión de Valores señala en uno de sus informes que "la corrupción tiene efectos especialmente negativos en economías emergentes. Cuando los funcionarios públicos de un país en desarrollo abusan, como rutina, de su poder por ganancias personales, su pueblo sufre. No se construyen caminos, las escuelas permanecen en ruinas y los servicios públicos básicos dejan de proveerse. Asimismo, cuando sobreviene la corruptela en cualquier nación, sus instituciones se deterioran".

Aunado lo que cada caso de soborno trasnacional representa, un grave problema es cuando no se castiga, como ocurre en México, lo que se convierte en una fuga de capital, explica Rosa María Estrada, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Comisión de Valores registra por ejemplo, que sólo las multas criminales que en 2010 le impusieron a las empresas por violaciones al Acta, generaron más de 1 billón de dólares que se ingresaron a las arcas públicas de Estados Unidos, entre ellas se incluyen a varias de las sobornadoras de funcionarios mexicanos.

Soborno cosmético

Las investigaciones que en conjunto realizan el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación y la Comisión de Valores incluye a consorcios de todo tipo, que tienen en México un estratégico mercado.

Desde la empresa química Innospec Inc, el consorcio de Delaware que fabrica en exclusivo un compuesto de tetraetilo de plomo que se emplea para las gasolinas, hasta la compañía de cosméticos Avón –que es una de las más grandes del mundo– promueven códigos de conducta pero en su historial ante la Comisión de Valores, acumulan vergonzantes historias de cohecho.

Innospec pagó más de 1 millón 500 mil dólares en sobornos, en dinero efectivo y viajes a funcionarios del Ministerio del Petróleo de Irak para venderle su plomo de tetraetilo y asegurarse de que un producto de la competencia no se aprobara; a cambio obtuvo compras por 40 millones de euros.

En junio de 2008, el corporativo Avon Cosmetics declaró el inicio de una investigación interna por cohechos de sus ejecutivos a funcionarios del gobierno chino. Esta historia se originó a partir de que –desde 1998– China prohibió la venta directa de sus productos. Se obligó a que Avón instalara establecimientos de belleza para su comercialización. Unos años después, extrañamente, se le concedió a ésta la venta en diversos puntos del país y luego el Ministerio de Comercio le otorgó la licencia. Detrás de las concesiones estaban los "pagos": dinero en efectivo, viajes, regalos y entretenimiento.

El mercado mismo castigó al consorcio al hacerse público el despido de algunos de sus altos ejecutivos y la razón, sus acciones sufrieron un considerable descalabro. El gobierno mexicano ha autorizado al corporativo Avón importantes concesiones: los derechos para explotar varios afluentes de agua.

Defraudadores financieros, asesores estrella

En abril de 2010, la Comisión de Valores acusó al Grupo Goldman Sachs y a su vicepresidente, Fabrice Tourre, por defraudar a los inversionistas con un producto hipotecario de alto riesgo (crédito subprime) en momentos en que en Estados Unidos el mercado de la vivienda empezaba a desplomarse.

Goldman Sachs estructuró y comercializó una obligación de deuda con garantía sintética que giraba en torno al rendimiento de valores respaldados por hipotecas residenciales de alto riesgo. El Grupo no dio a conocer a los inversionistas información vital acerca de la obligación de deuda con garantía, en particular el papel que jugó un importante fondo de cobertura en el proceso de selección de cartera y el hecho de que el fondo de cobertura había tomado una posición corta frente la obligación de deuda con garantía.

La Comisión de Valores llevó a Goldman Sachs a los tribunales de Nueva York, y tres meses después, el consorcio aceptaba pagar 550 millones de dólares como sanción, la más grande aplicada por la Comisión a una empresa de Wall Street, de los cuales, 250 millones serían para los inversionistas y 300 millones para el Tesoro.

"Ésta es la mayor multa de la historia aplicada contra una empresa de servicios financieros por la Comisión de Valores", dijo Robert Khuzami, director de la División de Aplicación de la Ley de la Comisión. "Este acuerdo es una lección para las empresas de Wall Street de que ningún producto es demasiado complejo, ni ningún inversionista lo suficientemente sofisticado como para evitar pagar un alto precio si una empresa infringe los principios fundamentales del trato honesto y la negociación leal".

Lorin L Reisner, director adjunto de la División de Aplicación de la Ley de la Comisión de Valores, añadió: "El mensaje inconfundible de esta demanda y del acuerdo establecido hoy es que las verdades a medias y el engaño no se pueden tolerar, y que la integridad de los mercados de valores depende de que todos los participantes de éste adhieran de manera inflexible a los requisitos de fidelidad y honestidad".

En México Goldman Sachs ha sido contratada para asesorías financieras, para proyectos importantes como el Etileno XXI (contrato 5400022475). Se le encargó también validar la fórmula del precio de venta del etano que produce Pemex Gas y Petroquímica Básica (contrato 5400021979). El consorcio está registrado como proveedor del gobierno federal como fondo de infraestructura, domiciliado en Nueva York.

Caso Citigroup

Otro de los consorcios financieros enjuiciados por malas prácticas corporativas es la compañía de servicios financieros,Citigroup Inc. Las autoridades estadunidenses le abrieron una indagatoria por "engañar" a los inversionistas sobre la exposición de la empresa a activos vinculados con hipotecas de alto riesgo.

De acuerdo con el acta acusatoria de la Comisión de Valores, Citigroup declaró –tanto en sus teleconferencias con los inversionistas como en sus informes bursátiles presentados entre el 20 de julio y el 15 de octubre de 2007– que la exposición de su banco de inversión a los activos hipotecarios de alto riesgo era de 13 mil millones o menos, sin embargo, la cifra en realidad ascendía a más de 50 mil millones.

En el expediente de la Comisión de Valores se indica que "Citigroup, en respuesta al intenso interés de los inversionistas sobre el asunto, hizo declaraciones engañosas de forma reiterada durante sus teleconferencias con los inversionistas y en sus informes bursátiles sobre el alcance de sus participaciones en activos respaldados por hipotecas de alto riesgo". En cambio en México el gobierno permitió que hiciera el que podría inferirse como uno de sus mejores negocios: la operación de Banamex. En México Citigroup fue uno de los fuertes beneficiaros de las políticas gubernamentales de rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario.

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

Cordero y Jordy Herrera autorizaron rebajas petroleras a favor de EU

Cinco secretarías de Estado, el Banxico y Pemex están involucrados en los descuentos discrecionales que aplica el gobierno federal al precio del petróleo, por más de 860 millones de dólares anuales. Entre los funcionarios que han avalado los factores K y K' destacan el ahora precandidato del PAN a la Presidencia, Ernesto Cordero; el secretario de Energía, Jordy Herrera, y el director de la petrolera, Suárez Coppel. Las multimillonarias pérdidas del erario se "justifican" para "competir" contra los petroprecios de Venezuela, país vigilado escrupulosamente por México. Documentos oficiales dan cuenta de la estrategia de los funcionarios para mantener el tema alejado de los medios de comunicación

Nancy Flores/Segunda parte

El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Ernesto Cordero Arrollo; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera Flores; y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se encuentran entre los funcionarios que han conocido y avalado los multimillonarios descuentos a los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira.

Tan sólo en este sexenio, el erario habría perdido más de 4 mil 300 millones de dólares en sus exportaciones del energético por las ofertas unilaterales que aplica, desde al menos hace una década, el gobierno federal. Actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional obtenidas por Contralínea revelan la discusión de una estrategia para evitar que los medios de comunicación investiguen estos descuentos millonarios que favorecen, principalmente, a Estados Unidos.

Otros panistas y servidores públicos de esta administración que han sido informados de las discrecionales rebajas son los secretarios y exsecretarios de Estado Bruno Ferrari García de Alba, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Salvador Vega Casillas, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel Martínez y Germán Martínez Cázares. En esa lista también se encuentra Agustín Carstens Carstens, director del Banco de México y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo informó Contralínea (edición 253, 2 de octubre de 2011), esas depreciaciones del crudo favorecen sobre todo a Estados Unidos, pero también a Italia, España, China e India. Y es que los denominados factores K y K', que se aplican a las ventas internacionales del petróleo, fijan decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado.

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, representarían una sangría al erario de 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. Así, las pérdidas –que se "justifican", de acuerdo con Pemex, como "ajustes de precio por competitividad"– podrían superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año.

Decisión unilateral

Pese a la importancia de los montos implicados, el Poder Ejecutivo establece de manera unilateral tanto el descuento como las condiciones del mismo. El Congreso de la Unión no sólo no participa en la designación de los "ajustes", sino que ni siquiera es informado de la aplicación de éstos. Dicha situación motivó que la Cámara de Diputados creara la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, el 15 de marzo de 2005.

Pero de Vicente Fox a Felipe Calderón, nada cambió. La subsidiaria PMI Comercio Internacional sólo consensúa esta medida con cinco secretarías de Estado –Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores–, el Banco de México, Pemex Corporativo y sus subsidiarias Refinación, Exploración y Producción, y Gas y Petroquímica Básica.

Estas dependencias y organismos conforman el Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, revelan documentos oficiales. Éste se encarga de discutir, de manera periódica, los análisis técnico/comerciales del mercado, elaborados por el llamado "brazo comercial" de Pemex, y fijar los montos de las rebajas por cada cliente extranjero, especialmente para los radicados en Estados Unidos.

De esta unilateral medida, los análisis de mercado no son los únicos elementos que se mantienen bajo reserva, también los nombres de los servidores públicos que representan la voz y el voto de cada dependencia y organismo del Grupo Interinstitucional. Además de establecer los descuentos, esos funcionarios tendrían la obligación de informar a los titulares de las dependencias y organismos involucrados los acuerdos alcanzados en cada reunión.

De manera directa, tanto Jordy Herrera Flores como Juan José Suárez Coppel han avalado los multimillonarios descuentos, descubren actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. El primero, en su calidad de director de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que no variará ahora que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía.

Análisis del mercado

De acuerdo con PMI Comercio Internacional, filial comandada por María del Rocío Cárdenas Zubieta, cada vez que se modifican los factores K y K' se realizan análisis técnico/comerciales de mercado. Éstos se encuentran reservados, según lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al revisar el recurso 0123/05, interpuesto por este semanario en mayo de 2005.

Sin embargo, copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de PMI –que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan algunos aspectos contenidos en dichos estudios. Basados en los principios de oferta y demanda, los análisis incluyen, por ejemplo, la medición del inventario de los clientes extranjeros.

En el caso de Estados Unidos –que consume el 84 por ciento de las exportaciones de crudo mexicano–, se considera una medición formal basada en reportes semanales elaborados por el Departamento de Energía de ese país, que muestran el movimiento de inventarios y el nivel de proceso de las refinerías, y una segunda medición con base en la percepción de mercado que deriva de la utilización de buques denominados VLCC.

El acta de la 12 sesión extraordinaria del Consejo, realizada el 18 de mayo de 2009, indica que para esa fecha las estimaciones se ubicaban en 80 mil millones de barriles almacenados alrededor del mundo, de los cuales el 50 por ciento se concentraba en la Costa Norte del Golfo de México.

Los análisis también determinan la cantidad y el tipo de crudo almacenado por cliente (ligero africano, medios y pesados de medio oriente, crudos venezolanos e iraníes), así como el costo del almacenamiento que se cubre con el valor futuro del energético.

Una vez que se tienen esos datos, se realiza una proyección que incluye una curva a mediano y largo plazo "en contango" (que significa la aplicación de un descuento al precio de las ventas de futuros). Así, para los clientes de Pemex se crean oportunidades de negocio al comprar petróleo a precios actuales. Éstos, incluso, pueden generar especulación en el mercado, al ser vendidos por esos clientes de forma inmediata, pero más caros a los precios que se negocian en los contratos de futuros.

Cuando la "curva a mediano y largo plazo en contango se debilita, existe un incentivo para ofertar el crudo almacenado, presionando puntualmente las cotizaciones de crudo a la baja", dice el acta de la subsidiaria, consultada por este semanario.

El mismo documento revela la preocupación de los directivos de la paraestatal por ocultar esta información a la sociedad mexicana. Al discutir el impacto del descuento de 2.25 dólares por cada barril exportado entre noviembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, Bernardo de la Garza Hesles –actual subdirector corporativo de Pemex Refinación– explicó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, la "expectativa interna".

Ésta, dijo, dependía de la coyuntura política que se vivía entonces. "El tema sensible que pueden explotar los medios [de comunicación] sería respecto al presupuesto y los ingresos, ya que los recursos petroleros serían un factor adicional a los que venían vulnerando al ingreso del país" (sic), dijo De la Garza Hesles. Sobre este punto, Reyes Heroles pidió que "se vigilara el enfoque [periodístico] con que se plantearía al público dicho tema".

En su sexta página, el acta de la 12 sesión extraordinaria apunta que el exdirector de la paraestatal dijo a los consejeros y asistentes que "si en este caso el diferencial entre los crudos mexicanos [exportados con descuentos] con los crudos marcadores había estado particularmente cerrado, sería sensato establecer que se estaba presenciando un regreso a la normalidad".

Ese regreso a la normalidad del que hablaba no significaría otra cosa que la caída de los petroprecios. El contexto de la declaración de Reyes Heroles se enmarcaba en la bonanza del mercado, con las más altas cotizaciones registradas en la historia petrolera que, por lo visto, no habrían beneficiado a las finanzas públicas de México.

Fiscalización a Venezuela

Los análisis técnico/comerciales que derivan en el abaratamiento del crudo nacional también incluyen una puntual fiscalización de las ventas realizada por sus principales competidores, Venezuela y Arabia Saudita. Entre otras cosas, se evalúa el comportamiento de sus precios, sobre todo el relacionado con el ajuste de éstos a la baja.

Así, se presume el escenario que enfrentará PMI en materia de cotizaciones en el corto plazo y mediano plazo. Es en esa "guerra" por ganar mercados en la que el brazo comercial de Pemex está dispuesto a depreciar los crudos de exportación.

Sobre el país que dirige Hugo Chávez, los estudios de Petróleos Mexicanos también han tenido por objeto determinar si existen diferencias entre el volumen de producción reportado por las autoridades venezolanas y el volumen reportado por agencias independientes, entre las que destaca la Agencia Internacional de Energía, evidencia el acta de la 88 sesión ordinaria del Consejo de Administración de PMI.

Fechado el 1 de septiembre de 2009, el documento indica que el entonces director de la paraestatal, Reyes Heroles, ordenó analizar también a Brasil y Canadá, "por ser posibles factores que afectaran la competencia de los crudos pesados en la Costa Norte del Golfo de México".

Para la elaboración de este trabajo, se gestionó conocer las versiones de las secretarías de Energía, con Héctor Escalante Loma, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Relaciones Exteriores, con Adela Montaño, de la Coordinación de Comunicación Social; de Economía, con Joaquín Álvarez, director de Información; de la Función Pública, con Moisés Ciriaco Salvador, director de Prensa; de Hacienda, con Jorge Juárez, subdirector de Medios; del Banco de México, con Claudio Guzmán, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Pemex y PMI, con Francisco Montaño, coordinador de Información; así como del precandidato Ernesto Cordero, con su actual colaborador Antonio Cervantes. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguno.

"Ajustes de precio" internos

Los llamados "ajustes de precio" no sólo se dan en las ventas del crudo en el mercado internacional, también entre las subsidiarias Pemex Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional, revela la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el informe, "la emisión de los ajustes en precio se encuentran soportados por los términos y condiciones establecidas en el contrato de compraventa de petróleo crudo signado entre PEP y PMI, cláusula 6 'Precio' y Anexo 2 'Precios y Periodos de Valoración', así como en los convenios celebrados entre la partes".

La Auditoría agrega que también en "la emisión de un procedimiento que establezca las actividades necesarias para realizar y elaborar la solicitud de ajuste de nota de crédito o débito por 'ajuste en precio' no resulta en un impacto normativo en el proceso de comercialización de petróleo crudo, en virtud de que dichos ajustes en precio no son 'negociables' y su cálculo se determina por la aplicación de los esquemas de valoración contractuales y acordados entre las partes".

Según explicaron funcionarios de PEP a la Auditoría Superior, "las causas principales de tales ajustes son la aplicación de precios estimados en los cierres mensuales, los precios provisionales en las valoraciones especiales y los cambios en los precios de los crudos marcadores".

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

¿Gobernar con padrenuestros? La cruzada de Calderón

Autor: Álvaro Cepeda Neri *
Sección: Ex Libris


Que "los Estados no pueden ser gobernados por medio de padrenuestros", es un dicho atribuido a Cosme de Médici (John G A Pocok, El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica, Tecnos-Grupo Anaya, 2002).

El monje Girolamo Savonarola (1492-1498), que organizaba las hogueras de la vanidad para que los florentinos arrojaran sus lujos y libros licenciosos mientras recitaba sus profecías, al considerar esto una equivocación, insistió en sus prédicas para instaurar la Ciudad de Dios, rezándole a San Agustín, los que provocó que Médici lo llevara a la hoguera, para regresarlo a la realidad de la Ciudad Terrena. Ante su fracaso político, Nicolás Maquiavelo lo bautizó como el profeta desarmado.

Con esta breve nota presento la penetrante, excelente y reveladora investigación del periodista Rodolfo Montes, que comprueba con puntuales precisiones el fundamentalismo de Felipe Calderón, quien ha gobernado –¿o desgobernado?– al Estado federal, socavando sus fundamentos laicos y el liberalismo político. Y como un Savonarola encabeza una "no-guerra" (con casi 60 mil homicidios, más los que se acumulan a diario) entre los buenos (del Partido Acción Nacional) contra los "malos" –montado en el catolicismo y algunas iglesias evangelistas; donde su esposa Margarita Zavala lleva la buena nueva de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida–, al convertir a Los Pinos (y el búnker donde se esconden en caso de que su "no-guerra" los alcance) en la nueva versión bíblica de la Iglesia Cristiana Integral la Casa sobre la Roca.

En casi 200 páginas, 10 capítulos, el excelente prólogo y el ensayo "No necesitamos un presidente fundamentalista ni una guerra santa" (del investigador y periodista Roberto Blancarte), conocemos al "cristiano" Calderón que respira por la herida de su herencia cristera. Ya no reza de la mano de sus colaboradores, como hizo Vicente Fox, pero, en lugar de la Constitución Política, consulta la Biblia. Ni hay sesiones evangelistas al estilo de la Casa sobre la Roca, como las que Liébano Sáenz permitió que su esposa organizara durante el zedillato, mientras que él interpretaba en el órgano música religiosa.

La cruzada de Calderón es más evangelista-cristiana que católica, lo cual, dice el autor, ha distanciado a la cúpula del catolicismo mexicano-romano, de la pareja que se ha dejado seducir por Alejandro Orozco y su compañera, dueños del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (quienes han ingresado a todos sus afiliados como militantes de la Casa sobre la Roca). Y ha infiltrado todas las "políticas" calderonistas para que con padrenuestros, cantos e invocaciones a su Dios extraterrenal y el Cristo terrenal, no sean atendidos los pobres, que al fin y al cabo ya tienen ganado el cielo, mientras se entregan a los empresarios y en nombre de su doctrina fundamentalista, como nuevo Savonarola, combaten el "mal" de las delincuencias, como una obra diabólica.

El libro escarba y da con las raíces pentecostales (Paul Poupard, Diccionario de las religiones) de Calderón, Zavala y la iglesia calderonista.

Ficha bibliográfica:
Autor: Rodolfo Montes
Título: La cruzada de Calderón. Su herencia católica, Casa sobre la Roca
y el nuevo mapa religioso de México
Editorial: Grijalbo Mondadori, 2011

*Periodista

¿Y las voces condenatorias?

Autor: Guillermo Fabela Quiñones *

Mientras crece en el mundo el rechazo de los pueblos al modelo neoliberal –del que no se escapa la cuna del mismo, Estados Unidos– en México el grupo en el poder sigue empeñado en mantenerlo, como lo deja ver la firmeza con la que Felipe Calderón defiende la aprobación de las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que la perpetuación de las gravísimas injusticias que tienen a la mayoría de los mexicanos en condiciones de absoluto subdesarrollo, y al país en el infierno de la violencia extrema y una cada vez más grave descomposición del tejido social.

En la inauguración del Foro del Mercado de Valores 2011, insistió nuevamente en que el Congreso de la Unión apruebe las reformas económicas pendientes, pues de no hacerlo, según Calderón, "México va a perder no sólo una valiosa oportunidad, sino que en el futuro quizá tendrá que hacerlas en condiciones mucho más difíciles y apremiantes". La que más le urge es la laboral, pues la oligarquía quiere disponer de las bases jurídicas que legalicen la esclavitud asalariada, pues no serían otra cosa los trabajadores más que esclavos una vez vulnerados sus derechos más elementales.

Perpetuar y profundizar el neoliberalismo en México sería condenar a la población a llevar una "vida" como la de muchos pueblos africanos. No es una exageración tal señalamiento, como bien lo saben los directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ahora muy preocupados por la situación prevaleciente en el mundo, precisamente por los abusos cometidos contra los pueblos en aras de fortalecer la macroeconomía, logro muy relativo como es posible constatarlo, sobre todo en Europa, continente que ya entró en un periodo de franca recesión, de acuerdo con Bruce Kasman, economista en jefe y director global de Investigación Económica de JP Morgan.

No cambiar el modelo, con la urgencia que demandan las circunstancias, para darle un giro democrático e incluyente a la economía nacional, sería realmente fatal. Y si ahora vivimos situaciones dantescas por la dramática inseguridad pública, seguir por la ruta que quiere la oligarquía, la mafia del poder obligará a millones de ciudadanos a sobreponerse a su desesperación, algunos dejándose llevar por actitudes suicidas y derrotistas, otros buscando mecanismos que les permitan dar un cauce propositivo y maduro a su natural descontento. De cualquier forma, se trata de condiciones "difíciles y apremiantes", que van a provocar la ira del pueblo.

Es materialmente insostenible por más tiempo la explotación inmisericorde de los trabajadores, que se quiere exacerbar a los límites de la esclavitud semejantes a las que vivieron los obreros que iniciaron la Revolución Industrial a fines del siglo XIX, cuando estaban a merced total de los patrones. Según Calderón, sería la única manera de que haya más empleos. Pero aun cuando así fuera, serían "empleos" que ensancharían todavía más la brecha entre la minoría que disfruta de privilegios extraordinarios, y la que ya carece de lo indispensable.

Se estaría obligando a los asalariados a buscar mecanismos extralegales para completar ingresos mínimos con los cuales evitar que sus hijos mueran de inanición. Así, la descomposición del tejido social se agravaría a extremos inmanejables, todo para que unos cuantos súper millonarios sigan acrecentando sus cuentas bancarias.

¿Dónde están los "defensores" de la vida que no se oponen a una política económica que atenta impunemente contra la vida de millones de niños desde su nacimiento? ¿Por qué no protestan y dejan oír su voz condenatoria?

El país está pagando muy caro la reforma económica que se hizo hace casi tres décadas, misma que puso punto final al crecimiento sostenido, al desarrollo estabilizador, a la movilidad social. Está muy equivocado Calderón al decir que si no se profundiza ahora el neoliberalismo, "el país lo pagará". Ya lo hicimos con el alto precio de la dictadura económica impuesta por el llamado Consenso de Washington, en 1983. No sólo es inhumano seguirlo haciendo, sino una inexcusable estupidez, por las terribles consecuencias que tendría.

Por eso es vital sacar a los tecnócratas de Los Pinos, sean del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional o de los Chuchos. Son enemigos jurados del pueblo que no se tientan el corazón, como se dice coloquialmente, para cumplir las órdenes y los deseos de sus amos. Es sumamente peligroso que continúen en el poder; no sólo por su absoluta falta de solidaridad con la nación, sino por su entreguismo antipatriótico.

Sin la resistencia firme del pueblo, serían capaces de vender porciones enteras del territorio nacional, para evitarle al gobierno de Washington las molestias que se toma al estar planeando cómo inmiscuirse con más firmeza en los asuntos internos de México. ¿No acaba de amenazar el gobernador de Texas, Rick Perry, con enviar tropas a nuestro país para supuestamente matar a los narcos? Un sexenio más de tecnócratas apátridas evitaría que los "halcones" del vecino país tengan que amenazar. Aquí mismo les abrirían las puertas.

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

Por una comisión de la verdad ciudadana y autónoma

Autor: Opinión

José Enrique González Ruiz*

El oblicuo discurso de la mentira
encubre el deseo de oprimir al semejante

En una situación de normalidad, las instituciones establecidas sirven para resolver los problemas sociales, y al mismo tiempo para dar respuesta a las inconformidades e inquietudes individuales. Los mecanismos instituidos son suficientes para hacer frente a los fenómenos y acontecimientos que retan la paz social y la armonía. Pero en México hace tiempo que se rompió esa normalidad.

Desde el inicio del espuriato de Felipe Calderón se notó un incremento de la violencia: la que proviene de los grupos que actúan por fuera de los marcos legales, que se genera en la sociedad para responder a los embates que sufre (ejemplificada por el linchamiento de delincuentes) y la que aplican las instancias del Estado sin seguir los cauces legales.

En lugares como Acapulco es evidente la anormalidad: la población se autoimpuso un toque de queda, pues se abstiene de salir a la calle cuando empieza a oscurecer; el turismo descendió a casi cero ante el riesgo de ser víctima de robos, secuestros extorsiones o cualquiera otra forma de agresión. Desafortunadamente, eso se extiende a varios puntos en el país. Por ello, quien tiene la necesidad de conseguir justicia, no lo logra en el esquema actual.

La guerra sucia está impune

Quien vea sólo la superficie de México creerá que aquí no se han dado violaciones graves a los derechos humanos. Porque el discurso oficial es incisivo en cuanto a que tenemos un Estado sometido a la ley, donde los ofensores de derechos humanos son juzgados y castigados. La verdad es muy otra, porque ha fallado el sistema de aplicación de justicia.

La guerra sucia ejercida por el Estado, en el pasado y ahora, lleva un elevado saldo rojo: personas desaparecidas por motivos políticos y sociales, ejecuciones extrajudiciales, aplicación de la tortura y sometimiento de poblaciones enteras a un intenso proceso de militarización. Y no obstante las numerosas y variadas violaciones a los derechos humanos, ningún perpetrador ha sido sometido a juicio. Tampoco se ha conseguido que se deje de aplicar el anticonstitucional fuero militar. Lo anterior explica y justifica que la sociedad busque medios de justicia alternativos.

La Comisión de la Verdad se impone

A los integrantes de la clase política no les gustan los instrumentos ciudadanos. Como son parte del sistema, piensan que todo debe encauzarse dentro del éste. Aunque saben que en materia de violaciones a derechos humanos nada se avanzará porque los caminos de la justicia oficial están atascados. En cambio, para la ciudadanía no son confiables los instrumentos establecidos y prefiere las vías alternas. Entre éstas, la más idónea para conocer e indagar temas de la guerra sucia es la Comisión de la Verdad.

Tienen que ser ciudadanos de a pie los que se encarguen de buscar la verdad y darla a conocer a la sociedad. Sería de gran utilidad que se conozcan todas las circunstancias que rodean el tema de las violaciones históricas a los derechos humanos.

El propósito sería ir más allá: que sean sancionados los perpetradores, para rasgar el manto de impunidad que los protege. También se buscaría conseguir garantías de para que no se repitan.

No quitaremos el dedo del renglón hasta que alcancemos el objetivo de una comisión de la verdad ciudadana y autónoma.

*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

Sinarquismo: "fanáticos católicos"

Autor: Edgar González Ruiz *
Sección: Opinión

El sinarquismo nació en la década de 1930 como expresión de una derecha católica que en ese tiempo tuvo cierta fuerza (la que ha ido perdiendo, debido al progreso de la sociedad). Su principal dirigente histórico fue Salvador Abascal, padre de Carlos Abascal, exsecretario de Gobernación.

A lo largo de su historia, los sinarquistas impulsaron varios partidos políticos, y hasta la fecha han tratado de mantenerse activos, apoyados por algunos empresarios y ultraderechistas.

Orígenes

El movimiento sinarquista –término que significa "con orden" o "con autoridad"– se creó el 23 de mayo de 1937 en León, Guanajuato. Era –como después sería el Partido Acción Nacional (PAN), fundado en 1939– una expresión de la oposición derechista católica contra la Revolución Mexicana.

Nacidos en pleno auge de los movimientos totalitarios, como el nazismo y el fascismo, los sinarquistas adoptaron uniformes, saludos y principios de organización y disciplina inspirados en esas corrientes.

De manera furibunda se oponían al cardenismo, a la revolución en general y al Estado laico, aunque actualmente grupos que pretenden reivindicar al sinarquismo soslayan ese pasado.

Durante años, en documentos internos, el sinarquismo pregonó nada menos que la subordinación del Estado a la Iglesia Católica, en los siguientes términos: "La Iglesia y el Estado son, respecto del bienestar integral de los pueblos, lo que el alma y el cuerpo son al ser integral del hombre. […] Lo que el alma racionalmente propone (no impone), debe aceptarlo y practicarlo el cuerpo para bien del compuesto" (Sinarquía nacional sinarquismo, México, Ediciones UNS, 1953, página 139).

El 26 de junio de 1937, relata Alfonso Taracena en La verdadera Revolución Mexicana, se llevó a cabo en Querétaro un mitin para "propagar una nueva y extraña doctrina nacida en León, Guanajuato, a la que se le da el nombre de 'sinarquismo'". Los sinarquistas, resumió acertadamente Taracena, "son fanáticos católicos que odian a la Revolución con toda su alma".

Los frutos del sinarquismo

Uno de esos personajes fue Salvador Abascal Infante, quien dirigió la Unión Nacional Sinarquista en sus momentos de auge, en 1940 y 1941.

Abascal Infante fue uno de los católicos más conservadores del México del siglo XX; furibundo enemigo del Estado laico e incluso de la democracia –a la que consideraba producto del "complot judeomasónico"–; fue defensor de un conservadurismo a ultranza, por lo que reivindicaba la conquista de México, la Inquisición, la infalibilidad del papa, etcétera.

Fue también padre de Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Identificado con muchas de las ideas de su padre, éste fue conocido por el proselitismo religioso que abiertamente llevó a cabo desde el poder.

Otro político de cepa sinarquista es Emilio González Márquez, el Góber Piadoso, quien inició su carrera en el Partido Demócrata Mexicano (PDM), bajo cuya sigla ganó en 1980 la presidencia municipal de Lagos de Moreno; en 1988 fue presidente de ese partido, al que luego renunció, y en 1992 se unió al PAN.

Fundado en 1971, el PDM, que perdió su registro en 1988, fue uno de los partidos que a lo largo de su historia promovió la Unión Nacional Sinarquista; pero también al Partido Fuerza Popular, creado en 1946; la Unión Nacional Opositora, coalición de diferentes fuerzas políticas creada en 1994, y al Partido Alianza Social, que existió entre 1998 y 2003.

En enero de 2008, se registró como partido político el Movimiento de Participación Solidaria, conformado por sinarquistas, como Enrique Pérez Luján y Magdaleno Yáñez Hernández, y por personajes de otros sectores de la derecha, como el panista René Bolio Halloran, y el dirigente ultraderechista Guillermo Velasco Arzac. Se comentó en ese entonces que la nueva organización contaba con el apoyo del empresario Lorenzo Servitje Sendra, dueño de Bimbo.

Ayer y hoy

A lo largo de su historia, la Unión Nacional Sinarquista estuvo al lado de grupos como Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia en la lucha conservadora contra el Estado laico y las libertades sexuales, situación que se recrudeció en épocas como la del pontificado de Juan Pablo Segundo (1978-2005).

A la fecha, la Unión sigue ocupando un local, ya semiabandonado, en la calle de Lucerna 13. En los últimos años, su dirigente ha sido Gerardo Escamilla Medina. En mayo de 2009, durante la celebración de los 72 años de la Unión Nacional Sinarquista, éste afirmó que revivirían el Partido Demócrata Mexicano; al mismo tiempo, en congruencia con las raíces de ese movimiento, se opuso radicalmente a los derechos aprobados en el Distrito Federal, como el aborto, el divorcio exprés y el matrimonio homosexual. Dijo en esa ocasión que la Unión tenía presencia en 20 entidades del país, con un total de 10 mil militantes.

En julio de 2010, el exdiputado panista Iván Manjarrez Meneses, anunció la creación del Grupo Cívico Ciudad de México, AC, que aliado con organizaciones como Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia, "coadyuvarán con el PAN en el lanzamiento de candidaturas para 2012" (Milenio, 19 de julio de 2010).

Manjarrez y su organización han hecho énfasis en la prohibición de la prostitución y de los establecimientos de table dance, además de la ya conocida agenda conservadora contra el aborto, el matrimonio homosexual, etcétera.

Se anunció que la presentación del fantasmal grupo sería en "las instalaciones de la extinta (sic) Unión Nacional Sinarquista, en la colonia Juárez".

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

Derechos humanos en México: del papel a la realidad

Autor: Opinión

Victoria Beltrán Camacho y Margarito Miranda Arias*

El panorama mexicano de los últimos años refleja un país que transita entre la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de desarrollo; y los más de 112 millones de personas que lo habitamos no sólo debemos de preocuparnos por sobrevivir en un Estado en guerra, sino además por reconstruir una nación destruida en gran parte por una política estatal de exclusión, injusticia y desigualdad.

El Fondo Monetario Internacional, en sus indicadores de 2010, señala que México es la catorceava economía mundial, por concepto de su producto interno bruto (PIB). No obstante, el tamaño del PIB no refleja por sí solo la realidad social de un país: México padece una precaria redistribución de la riqueza, desigualdades e injusticias.

El Informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señala que la distribución del ingreso es tan dispar como lo era hace un quinquenio. Es decir, un país que mantiene una desigualdad social, económica, con un asimétrico desarrollo regional, privatización de servicios e inseguridad, no garantiza la universalidad de derechos.

Al hacer una breve remembranza del contexto de los derechos humanos dos décadas atrás al día de hoy, se observa que hay muchas semejanzas. Por un lado, se han creado instituciones protectoras de éstos y se han aprobado leyes importantes; por otro, garantizar los derechos es todavía un pendiente.

Así, por ejemplo, en la década de 1990, México vivía a la sombra de una de las mayores crisis económicas del país; en lo social, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional demandaba el cumplimiento de los derechos humanos e indígenas; y en atentados, había ocurrido la masacre de Acteal en Chiapas y el asesinato de Norma Corona en Sinaloa, mexicana reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, en 1992, se otorgó la autonomía constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En los primeros años de 2000 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En contraste, en la misma década ocurrió la represión hacia los campesinos que defendían su tierra en Atenco, Estado de México; el multihomicidio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y la muerte de 65 trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.

En efecto, los avances reales en términos de derechos humanos han sido mínimos. El saldo de México, es el que se ha marcado por reiteradas y lamentables violaciones a éstos, a las que se suman en fechas recientes, bajo el mandato de Felipe Calderón, más de 40 mil personas asesinadas, vidas que habían pertenecido a jóvenes desempleados, mujeres discriminadas por su género, hombres y migrantes, todas víctimas de una política de seguridad denominada "guerra" contra el narco.

El pasado 10 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para denominar al Capítulo Primero del Título I: "De los derechos humanos y sus garantías", así como, para dotar de reconocimiento y caución la protección de éstos, contenidos en tratados internacionales.

Además, en la reforma se introduce el principiopro persona, que tiene como premisa el de acudir a la norma más protectora, es decir, aquella que en su interpretación ofrece un mayor alcance al reconocer y garantizar el ejercicio de un derecho humano.

Siendo claros, la reforma constitucional, en congruencia con lo textual, debería ser la que genere el cumplimiento, satisfacción, respeto y defensa de los derechos de igualdad, libertad y no discriminación, por lo que es necesario que sea acompañada de otras de carácter estructural, por ejemplo, la iniciativa de la Ley de Amparo que ya se discute en el Congreso de la Unión, o una muy importante, la Penal. También es necesario crear una política en la que el Estado cumpla con su función de responder por la seguridad y las libertades humanas.

No obstante, el proyecto de la Ley de Amparo que se debate, y que pudiera ser aprobada durante octubre, ha sido objeto de observaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace México, Fronteras Comunes, Litiga OLE, la Asociación Ecológica Santo Tomás, la Asociación de Productores Ecologistas Tatexto y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, las que por medio de una carta fechada el 22 de septiembre pasado y dirigida al Senado de la República, se pronunciaron por una ley de Amparo que cumpla con la obligación del Estado de garantizar a las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo contra los actos que violen derechos fundamentales.

Entre las observaciones destacan la de integrar en el proyecto un apartado que contemple la figura del amparo colectivo para la defensa de los derechos colectivos y difusos, y que el interés legítimosea una extensión de justiciabilidad, porque el derecho de amparo actual ha generado situaciones de inseguridad jurídica, por distintas razones, entre ellas, que el juzgador no hace un estudio de fondo del asunto debido a que se pronuncia sobre la falta de interés jurídico, la inexistencia de afectación directa e inmediata del demandante, señalamientos por actos futuros, descontando el acontecimiento hasta de situaciones de índole económica, por lo costoso que puede ser el procedimiento, en virtud del pago de honorarios.

El efecto del interés legítimo procuraría que tanto las personas que tengan una afectación en un derecho subjetivo puedan invocar a la protección del amparo, como también, aquéllas que sean perjudicadas por cualquier situación derivada del orden jurídico. Por ello, las agrupaciones mencionadas demandan que se elimine del artículo quinto, del proyecto de Amparo, la parte referente a "real y actual", ya que se podría regresar a la interpretación de afectación directa e inmediata la cual alude al interés jurídico.

Si la nueva Ley de Amparo arrastra la inseguridad jurídica que prevalece en el actual, la reforma constitucional en materia de derechos humanos sería una renovación discursiva pero sin eficacia.

Ahora, por lo que respecta a la reforma penal, es necesario insistirle al Poder Legislativo que cumpla con su función de legislar acorde con el sistema de orden acusatorioconstitucional, y no inquisidor como lo es en locotidiano; que se suprima el arraigo por ser una práctica eminentemente violatoria de los derechos humanos; que las detenciones y la prisión preventiva sean en condiciones que no vulneren de manera irreparable la dignidad de las personas; y, por supuesto, que la actuación del Ministerio Público se practique de forma responsable, legítima y conforme a los derechos humanos.

También es necesario que en contraposición a la iniciativa referente a la Ley de Seguridad Nacional, se expida una Ley de Seguridad Humana, porque la primera no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y seguridad interior. De aprobarse la Ley de Seguridad Nacional se estaría normando y aceptando la intervención activa e indefinida de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Necesitamos una Ley de Seguridad Humana, acorde con el concepto de seguridad humana que maneja el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entendido como la situación social en la que las personas sin discriminación alguna pueden gozar libremente de todos sus derechos fundamentales; asimismo, que las instituciones públicas sean capaces de garantizarlos. Crear un Estado en donde la seguridad pública sea una tarea de la actividad militar es contraponer el interés de éste de proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos.

Hay otra tarea pendiente del Estado: la de homogenizar el ordenamiento local con tratados internacionales protectores de los derechos humanos, pero sobretodo establecer una política que realmente garantice el pleno disfrute de éstos, porque entre el discurso y la realidad, vejaciones y muertes continuarán ocurriendo en México.

*Integrantes del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

¿Togas o sotanas en la Suprema Corte?

Autor: Álvaro Cepeda Neri *

De los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuya doble función de tribunal de última instancia y Tribunal Constitucional ha de ser dividido o seguirán los abusos), Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos decidieron salvar sus almas antes que otorgar plenos derechos a todas las mujeres, condenándolas a los abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas y encarcelándolas porque tomen una decisión que choca con el machismo y traición de éstos, que creyeron hablar con Dios porque el papa les dijo que si no querían ir al infierno, atendieran al dúo Calderón-Zavala en Los Pinos, para que una vez fecundado el óvulo, las mujeres no tengan más opción que parir, o ser llevadas a la nueva Inquisición de panistas y priístas que han implantado en 22 entidades, la sanción medieval de encarcelamiento para aquellas que interrumpan su embarazo.

Los cuatro ministros de horca y cuchillo, llegaron a la sesión con sotana (en lugar de toga, prenda que usaban los romanos, para ceremonias actualmente judiciales y académicas) y la ministra como monja de la Inquisición, para interpretar la Constitución y sus leyes (pasaron por alto las disposiciones del Código Civil federal, rezando de espalda a las conquistas universales de los derechos humanos).

Y antidemocrática, antimédicamente y con sobradas estupideces quedaron bien con su confesor para recibir la bendición papal que les prometió el cielo si mutilaban los derechos de las mujeres. Al decidir que sí deben ser apedreadas, lanzaron la primera igual que los gobernantes que azotan mujeres que conducen automóviles o se quitan el velo, al anteponer sus creencias metafísicas a la racionalidad.

Se necesita un Tribunal Constitucional (consultar el brillante ensayo del político y filósofo Hans Kelsen: ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos), para que los ministros de la Suprema Corte dejen de ser jueces y parte, y sus interpretaciones sean hechas siempre con democracia. Por esto, se debe de separar la función de jefe de Gobierno y jefe de Estado del presidente de la República o disminuirla al nombrar un jefe de gabinete, responsable ante el Congreso de la Unión.

Mientras tanto la Suprema Corte de esos cuatro ministros sentó un precedente contra las mujeres al negarles el derecho de decidir sobre su embarazo. Las que en esos 22 entidades quieran interrumpirlo, recurrirán al clandestinaje médico al exponer sus vidas y serán encarceladas.

Enloquecida la ministra Luna Ramos justificó su embestida como si tuviera la verdad absoluta; no puso por delante su deber de interpretar la constitucionalidad para otorgar, sin discriminaciones, el derecho a que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Dejándolas en la indefensión y sin la última palabra "para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos".

Los que hablaron con el papa y se pusieron de acuerdo con la pareja Felipe Calderón y Margarita Zavala pisotearon ese derecho, al discriminar a las mujeres por motivos de género, prohibido constitucionalmente. Los cuatro deberían ser llevados a juicio político.

*Periodista

Granados Chapa: el Zarco de nuestro tiempo

Autor: Álvaro Cepeda Neri *
Sección: Defensor del periodista

Al recobrar su salud física, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa de nueva cuenta ha regresado a su siempre innovador oficio, principalmente con sus columnas Plaza Pública, que se divulga en casi todos los matutinos de las 31 entidades, con su epicentro en la capital del país en el periódico Reforma. Y La calle, donde vierte sus reflexiones en lo que el subtítulo de la misma precisa: Diario de un espectador, en el tabloide Metro. En su indispensable y casi cuarentona Plaza Pública de domingo a viernes analiza, con su excelente prosa, el pulso de la vida política, social, cultural y económica, con el pulcro acento de la constitucionalidad.

Así ofrece a sus lectores un punto de vista crítico que alecciona e informa a la opinión pública individual y colectiva de la nación. Al volver a su trabajo, publicó: "Agradezco a los lectores y editores su comprensión por mi ausencia, así como sus mensajes de solidaridad". Y en su otro espacio: "Gracias por recibirnos de nuevo".

Por todo el país hay periodistas de gran calidad y calibre, en particular en la prensa escrita. No faltaba más. Los hay en radio y televisión; todos, con diferentes (¡y qué bueno!) pareceres en un pluralismo de ideologías, cultura e ilustración que contribuyen al más amplio abanico de criterios. Tenemos reporteros, ojos y orejas del oficio que, en el ojo del huracán de la criminalidad y los abusos de poder de gobernantes, son figuras clave. Y comentaristas cuyos análisis son necesarios. Con indispensables discrepancias para la convivencia democrática, si es que, como fundamenta el jurista Hans Kelsen en su ensayo Esencia y valor de la democracia: "la democracia es discusión […] En un régimen de libertades constitucionales", para que prevalezca lo que adjudicamos a Voltaire: "No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Es la divisa del periodismo republicano cuyo factor común es: "la democracia debe resolver sus problemas con más democracia".

Un igual entre nosotros los periodistas es Miguel Ángel Granados Chapa, a quien Humberto Musacchio y este columnista hemos postulado como el Francisco Zarco de nuestro tiempo. La biografía de Francisco Zarco es su obra. Y lo mismo en el caso de Granados Chapa, quien se debe al periodismo en toda su naturaleza humana probada con honradez de todo tipo; en el ejercicio por equilibrar sus juicios y en una entrega caballerosa, educada en la ética democrática y republicana que nos heredó Zarco, el periodista de la República restaurada por Juárez.

Su trayectoria en el periodismo mexicano lo ha hecho el más consecuente heredero y continuador de Zarco. Por eso es que nos hace tanta falta. Y sus ausencias, cuando se ha quebrantado su salud, son más notorias ya que su Plaza Pública, es una brújula. En varias ocasiones ha dejado de publicarla, para alegrarnos con su retorno. Y le va como anillo al dedo lo que el filósofo Bertrand Russell confesó: "Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernador mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad".
Considerarlo el Zarco contemporáneo está fundamentado, ya que Granados Chapa ha mantenido una trayectoria semejante, en el contexto de cada época; y donde Zarco retrató la propia como si viera la nuestra: "[…] Porque sufrimos hoy una espantosa crisis, y atravesamos una época de verdadera transición".

Plaza Pública ha sido y es, en esa perspectiva histórica, el puntual análisis de lo que Zarco hizo en su tiempo. Ambos, para decirlo con Luis María Anson: "Son el contrapoder del poder político, somos el contrapoder del poder religioso, somos el contrapoder del poder universitario, somos el contrapoder del poder financiero, del poder económico, del poder cultural. Es decir, estamos al servicio de la sociedad para elogiar al poder cuando el poder acierta […] Para criticar al poder cuando el poder se equivoca, y para denunciar al poder cuando el poder abusa".

En ambos encontramos la misma vocación, por eso su comparación como iguales y, a través de Zarco, el reconocimiento a Granados Chapa, si alguna distinción le faltara. Defensor de las libertades en general, ha sido un periodista atento en particular a las de pensar, escribir y publicar "escritos sobre cualquier materia". Defensor de los periodistas, sin cortapisas, donde quiera que son objeto de abusos del poder público, privado y de las delincuencias. Y sin discriminación alguna […] Porque estamos persuadidos [de] que todos tienen el mismo derecho que nosotros para expresar sus ideas, por desemejantes que sean de las nuestras", escribió Zarco.

Por eso lamentamos las ausencias de Granados Chapa. Y celebramos su retorno al ejercicio cotidiano de su Plaza Pública y La Calle, con las que nosotros, sus lectores, obtenemos una guía para reinterpretar la realidad y juzgarla como ciudadanos. Sin la primera estamos sin un asidero, como los mexicanos de entonces tuvieron a Zarco ofreciendo su punto de vista republicano. La divisa de Granados Chapa es la de Zarco: "Tal vez nos equivocamos, pero creemos que en la democracia debe haber una libertad absoluta para escribir y nada hay tan augusto ni tan sagrado que no pueda ponerse a discusión […] Y que los agentes públicos sepan que tienen que responder de su conducta a la nación, desde el agente de policía hasta el general en jefe de un ejército; desde el subalterno de una oficina, hasta los secretarios de Estado y el presidente de la República".

*Periodista


Fuente: Revista Contralínea 255 / 16 de octubre de 2011

¿Existen los trolls oficiales?

Escrito por Arturo Loría

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El huevo de Twitter, imagen ideal por si se quiere pasar desapercibido y anónimo.

¿Alguna vez se le ha ocurrido leer los comentarios de éste o cualquier otro blog? ¿De las noticias en línea de cualquier periódico? ¿De algún video en la red? ¿De alguna imagen subida a alguna red social? ¿Ha entrado a algún foro en línea? ¿O simplemente cualquier timeline de Twitter?

Si lo ha hecho estará de acuerdo conmigo en que pocos sitios validan tanta opinión y exponen tantas pasiones como estos foros. Más aún si el tema en cuestión es controversial y seguramente más comentarios se leerán mientras más espinas tenga el tema.

Tanto Internet como las Redes Sociales abrieron una puerta que parecía estar prohibida: la de la información democrática. El que cualquier ser humano con acceso a la red y a determinados círculos virtuales pueda expresar su opinión, pues.

La apertura de esta puerta dio como resultado el nacimiento de una de las especies más interesantes que han surgido en el mundo virtual: los trolls, entidades virtuales dedicadas a provocar, intimidar, poner en evidencia, burlarse y en ocasiones ofender a otros usuarios.

Como con toda fauna, el troll juega un papel que, en este punto de la historia del Internet, podría considerarse fundamental para la disfuncionalidad natural del medio y su existencia puede ser considerada como algo divertido o lamentable, según sea el caso del troleado o del troleo en cuestión.

Y es que como con toda provocación o burla, ésta puede ir desde lo satírico o cómico hasta lo insultante y dañino.

Lo cierto es que si se es usuario de Internet y, más específicamente, de las redes sociales o espacios de interacción virtual/social, es casi seguro que alguna vez hemos sido troleados o, incluso, hemos hecho las veces de troll.

La existencia del troll en sí no debería ser tomada como algo perjudicial para el funcionamiento de la red, me atrevería incluso a decir que es una especie de mal necesario que permite el desfogue de muchas pulsiones virtuales y de una gran cantidad de emociones que, bajo otra circunstancia, tal vez no podrían ver un medio de salida. Que el troll puede llegar a funcionar como válvula de escape, pues.

Sin embargo, desde hace un tiempo hay un fenómeno que he observado y que no sé si considerar paranoia personal o un hecho lamentable. Por lo mismo, apelo a la ayuda del lector para resolver esta duda: ¿Existen los trolls oficiales?

Como mencioné previamente, mientras más espinas tenga el tema más comentarios a favor y en contra se leerán y, seguramente, más extremismo y pasiones intensas habrá en la redacción de estos ¿Recuerda las preguntas que le hice al principio? Pues bien, como infoadicto que me considero, yo sí soy del tipo de persona que lee los comentarios de éste y otros blogs, de las notas, videos e imágenes que consumo en la red, así como lo publicado en las redes sociales de las que participo. Y en todos estos sitios, he notado una creciente tendencia que no deja de llamar mi atención.

Hablo de troleos y comentarios insultantes que van más allá de la broma pesada o de la mofa, provenientes de entidades que parecen ser sólo virtuales. Usuarios inexistentes. Si es en los comentarios de un blog, por ejemplo, se descubrirán direcciones de correo electrónico y nombres inventados (y no hay que investigar muy profundamente para descubrir la falsedad de estas identidades); perfiles de Facebook sin imágenes o con alguna sacada de la red; cuentas de Twitter que ostentan el huevo que la página ofrece cuando no se ha puesto una foto de perfil y que tienen muy pocos seguidores, por no decir ninguno.

Pero de este tipo de perfiles, es posible encontrar opiniones recalcitrantes, no sólo que contraríen al comentario de algún autor, sino que parecen defender, casi hasta la muerte, una ideología o modelo. Hay, también, una sensación de incondicionalidad muy particular en este tipo de troleos, una incondicionalidad que un auténtico troll, desapegado y con meras ganas de molestar, no parece tener.

Y este tipo de usuarios pareciera sólo encontrarse en foros donde se ventilan opiniones en torno a temas muy específicos, siendo más claro, temas políticos o que involucren algún interés de poder.

Es por ello que de nuevo formulo la pregunta ¿Será que existan trolls oficiales?

"Si no puedes contra ellos, úneteles", pareciera ser la filosofía de medios e instituciones donde el poder corre de forma vertical a la hora de enfrentarse a un medio que ondula con la horizontalidad de una forma que lo vuelve resbaloso, imposible de contener o atrapar ¿Qué ocurre cuando un organismo de poder se topa con una estructura mucho más compleja que no puede controlar? ¿Un espacio donde cualquiera puede ser alguien y tener voz?

Internet posee una cualidad única: a diferencia de otros medios que el poder solía adaptar a sus condiciones, la red ha conseguido que sean las instituciones las que se tengan que adaptar a él y sus estructuras. De esta manera, el mundo primero tuvo que adaptarse a la inmediatez, la ubicuidad y, sobre todo, a la democratización de la información.

Cualquier usuario que sepa cómo mover los hilos puede convertirse en una figura de poder en la red. Ahí están desde las celebridades de Youtube hasta los bloggers que mueven masas. Y por mucho que una estructura o institución intente acallar a alguna de estas entidades, parece simplemente imposible. Tomemos como ejemplo a la Blogger cubana Yoani Sánchez, que el gobierno no ha conseguido detener o el macro destape que Wikileaks se ha dedicado hacer.

Antes estas situaciones, estas nuevas insurgencias, pareciera ser que los organismos de poder y control han tenido que apropiarse del principio darwiniano de adaptarse o morir. Y si no morir, al menos no dejarse.

Y es que al ser la información el bien más preciado hay un enorme peligro en el hecho de que cualquiera pueda acceder a esta información y que cualquiera pueda externar su opinión.

Los gobiernos ya han demostrado que hay una fuerza en los usuarios de Internet que les pesa. Ahí está el Presidente Felipe Calderón disculpándose por haberse echado un "chascarrillo" que terminó por ofender a los grupos de diversidad sexual o la Ley Duarte y sus posibles réplicas en distintos Estados de la República.

Ante ejemplos como éstos, sería muy ingenuo pensar que el gobierno no tome acciones respecto a lo que ocurre en la red, ese espacio espinoso donde se ventilan y se dicen las cosas que en otros medios no es posible externar. Y si en otras épocas -¿o tal vez éstas?-el gobierno ha sido capaz de pagar grupos paramilitares o externos para acallar a muchos ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Y por qué no hacerlo en un medio más discreto y que brinda las ventajas del anonimato como el Internet?

¿Será capaz el gobierno de pagarle a usuarios para internarse en las entrañas de la red y defender los ideales del gobierno de la misma manera en la que el presidente lo hace? Es un hecho que existen ciudadanos que están de acuerdo con la estrategia del presidente Felipe Calderón, con el "blindaje a la familia" de Jalisco, con que el Estado decida sobre el cuerpo de las mujeres y no ellas mismas o con que encarcelen tuiteros y no criminales. Es también un hecho que muchos de estos ciudadanos defienden su perspectiva en la red y en espacios informativos donde se hable de estos temas. Pero incluso en este tipo de debates, es posible diferenciar entre la opinión personal y el comentario de panfleto, de defensa oficial.

¿O es que acaso hay ciudadanos con tanta fidelidad a las instituciones? Esto es perfectamente factible, pero incluso el usuario que es fiel a sus propias opiniones suele dar la cara y no esconderse tras el anonimato virtual. Y aunque no usara su identidad verdadera, el troll auténtico pareciera elaborar un poco más su persona virtual. Son más bien esos perfiles casi anónimos los que llaman mi atención.

Defender intensamente, pero sin dar la cara, prácticamente, sin existir. Una voz ácida y violenta que no tiene cara.

Pero claro, esto es sólo un espacio más de opinión (junto con los millones que hay en la red) y ésta es tan sólo una idea mía. Mi pregunta más bien sería: ¿Es acaso sólo una idea o hay ahí afuera muchos que se han hecho esa misma pregunta?

¿Alguno de ustedes, estimados lectores, ha sido víctima de lo que podría considerarse un troleo oficial? ¿Alguien ha visto a uno de estos entes virtuales y anónimos atacar algún comentario espinoso? O tal vez, ¿Es usted que está leyendo esto, un troll oficial?