lunes, octubre 24, 2011

Imaginen: 7 millones de "ninis" en la calle paralizarían al país y derrumbarían cualquier gobierno



Pedro Echeverría V.



1. En México llaman "ninis" a los jóvenes que "ni estudian ni trabajan". En España a otro tipo de jóvenes se les llamó en los ochenta "pasotas" (según Racionero) porque les importaba un comino lo que sucedía en el mundo y en su país en particular. Pero los ninis mexicanos no estudian ni trabajan sin ser su voluntad. No lo hacen porque en la República nunca hubo tantos rechazados en universidades y escuelas por falta de cupo, ni tampoco el desempleo en el país había llegado a porcentajes tan grandes como en este sexenio. Los ninis crecen cada día porque durante el gobierno panista actual de Calderón la educación pública se ha venido para abajo por falta de presupuestos y porque por incapacidad gubernamental y la inseguridad han aumentado y los millonarios no han querido aventurar inversiones para crear fuentes de trabajo. Así que siete mil ninis, en un país grande y con mal gobierno, son una fuerza.

2. Desde hace ya 30 años se impuso en México la política privatizadora neoliberal cuyo objetivo, entre otros, fue destruir la educación pública y la salud pública, así como recortar lo que se conoce como gasto social, con el fin de impulsar la creación de miles de escuelas, hospitales y clínicas privadas. Este objetivo se logró ampliamente. Desde aquellos años en la UNAM, el IPN, la UAM, las preparatorias, comenzaron a rechazar –vía "examen de admisión" muy bien diseñado para reprobar- a miles de solicitantes. En la UNAM, que ha aportado los datos más precisos, comenzó a rechazarse al 10 por ciento de los solicitantes para luego pasar al 20, al 50 y hoy al 80 por ciento de los 150 mil estudiantes que presentan pruebas de admisión. Ya desde los setenta, la recién creada Prepa Popular de Tacuba y la calle de Liverpool, estaba integrada por "rechazados" que siempre estuvieron en pie de lucha.

3. También hace 30 años, a raíz del ascenso del gobierno de Miguel de la Madrid, se inició una campaña para que todas las empresas públicas o paraestatales como teléfonos, ferrocarriles, Conasupo, líneas aéreas, bancos, etcétera -usando el argumento de que el gobierno no tenía dinero- se comenzaron a ofrecer y mal vender a los empresarios privados. "El gobierno debería devolverle a la sociedad lo que le había quitado", así repetía De la Madrid la descarada entrega de las propiedades públicas a la empresa privada. Los siguientes gobiernos, el de Salinas, Zadillo, Fox, Calderón, profundizaron la privatización de empresas, fueron eliminando las huelgas, impusieron los topes salariales y fijaron salarios mínimos cada día más miserables. Esas fueron las condiciones que hicieron crecer cada vez más el desempleo hasta llegar a la situación actual. Así que es la historia del surgimiento de los siete millones de ninis.

4. ¿Hasta qué grado ese 70 u 80 por ciento de estudiantes rechazados, tal como sucede con el desempleo, han representado una forma de presión del Estado para que quienes tuvieron acceso a la universidad o tuvieron la oportunidad de un trabajo ya no quieran moverse por miedo a perder la matrícula o la plaza de trabajo? Mientras en países como Chile, España, Francia, Italia, EEUU, los estudiantes, los jóvenes se están movilizando para demostrar su profunda indignación ante la privatización de la educación, la crisis y el desempleo, en México el desempleo presiona el salario de los trabajadores en servicio y la enorme cantidad de estudiantes rechazados intimida a los estudiantes que lograron conquistar un lugar. Si los estudiantes de nivel medio superior y superior estuvieran movilizándose seguramente los ninis se sumarían a sus luchas para obligar al gobierno a tomar medidas en beneficio de la educación y el empleo.

5. Un porcentaje de esos ninis ha engrosado el trabajo informal en comercio de calle, en ventas a domicilio, en elaboración de trabajos artesanales, como cerillos en las tiendas de servicio, otros más han tomado el camino de la llamada delincuencia y seguramente muchos han integrado las bases del narcotráfico, del ejército y la policía. Seguramente varios miles de ellos han sido muertos en el fuego del gobierno y el narcotráfico. ¿Qué enorme presencia e importancia tendrían los jóvenes ninis si tuvieran una conciencia de clase explotada y oprimida? Los políticos del PAN, PRI, PRD, no han hecho caso del desarrollo de ese fenómeno de desempleo y rechazo educativo a los jóvenes; sin embargo parece que López Obrador ha tenido la inteligencia y la visión para organizar a esos jóvenes a partir de propuestas de trabajo y de pago de un salario mínimo mientras se crean los empleos con estabilidad.

6. López Obrador, el precandidato presidencial del movimiento MORENA, del PT y Convergencia, ha comenzado a delinear lo que ha llamado "un plan de emergencia" para atender a los 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis), a fin de incorporarlos a la actividad productiva y brindarles capacitación. Plantea que se destinaría una inversión de 150 mil millones de pesos anual, y tendría una duración de dos años, en tanto se normalizaría la situación económica. Porque –señaló AMLO- "si no hay un verdadero cambio de régimen en el país, la situación de corrupción, desempleo, inseguridad, injusticias y privilegios se agravará aún más". Se espera que la organización de los ninis se inicie con una serie de movilizaciones con el fin de que no quede en solo ofrecimiento de campaña. Ni el PRI, ni el PAN podrán organizarlos porque sus gobiernos han sido los principales culpables de esa situación.

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El PAN y su "cochinero"

Gustavo Madero, presidente del PAN. Foto: Octavio Gómez
Gustavo Madero, presidente del PAN.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- La reactivada antropofagia perredista, que ratifica la agonía de ese proyecto, ha dado a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) la coartada para el dedazo en la mayoría de las candidaturas legislativas para el próximo año, que está bajo el control de Felipe Calderón, pero implica también la réplica de los principales factores de su derrota de 2009.

En efecto, además de los gastos que implican las campañas internas para un partido que está en quiebra, derivado justamente de 2009, la razón principal del PAN que preside Gustavo Madero para designar candidatos desde la cúpula es que las contiendas, aun sin ser abiertas a no militantes, representan un riesgo de confrontación y, por tanto, de división.

Esto debido a que en el PAN se han afianzado en todos los estados de la República facciones internas –hordas, como las tribus del PRD– que controlan la estructura y el padrón, sobre todo en los estados donde es gobierno –Guanajuato y Jalisco son ejemplos–, por lo que los procesos internos están decididos de antemano a partir de prácticas clientelares y fraudulentas.

Sin embargo, no es mejor el remedio que la enfermedad si se toma en cuenta que los dedazos fueron un factor clave en la derrota de 2009, según la Comisión de Reflexión y Análisis del PAN, que en su informe sobre la debacle de 2009 afirmó que "se dieron injerencias indebidas de nuestros gobiernos para definir la selección de candidatos".

Según el documento, que el reportero publicó en Proceso en julio de este año, entre la militancia se generó "desánimo y molestia por el proceso de selección de candidatos", porque hubo "imposición de candidatos plurinominales de fuera del entorno estatal", "en algunos casos el PAN no postuló a los más aptos para el cargo" y "el CEN designó en algunos casos a buenos candidatos, pero el partido no los acompañó".

Pero además, según el informe, "la designación de candidatos fue tardía y no consensuada", "no se definió un perfil mínimo de candidatos, no se formalizaron compromisos a cumplir por los candidatos ni se les proporcionó capacitación", "el PAN se olvidó de identificar a ciudadanos distinguidos para postularlos como candidatos" y "se descartaron líderes internos en pos de atraer priistas".

Ahora la dirigencia que encabeza Madero –a quien ya se le llama "Madedo"–, previa propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, ha decidido que 141 de los 300 candidatos a diputados uninominales serán designados por "dedazo" del CEN, mientras otros 143 serán electos por votación de la militancia y apenas en 16 podrá participar la ciudadanía.

El dedazo se lleva también a la designación de los candidatos a diputados plurinominales en 21 estados y en sólo 11 habrá elección de militantes, mientras que en 24 entidades los senadores serán también por designación.

Este número de dedazos contraviene las recomendaciones de la Comisión de Reflexión y Análisis, presidida por José Luis Coindreau, en el sentido de que éstos "deben ser por excepción", pero falta ver si se cumple con "justificarse la causa" y "consultarse con los liderazgos formales e informales de la circunscripción respecto de la bondad de la propuesta en cuestión, y se ha de cumplir con el perfil ya señalado".

Pero el dedazo tiene su lógica: Calderón busca seguir manteniendo el control del PAN en el Congreso para cuidarse las espaldas y, no hay que perder de vista, edificar desde ahora la candidatura presidencial de Margarita Zavala, su mustia mujer que ha sido más eficaz –no menos ambiciosa– que Marta Sahagún.

Con independencia de quién sea el candidato presidencial –y todo apunta a que será Josefina Vázquez Mota–, el gran perdedor es, también con las designaciones, Santiago Creel, a quien sólo le quedan los alardes.

Así, vistos lo conflictos en el PAN y en el PRD, del que nos ocuparemos la próxima semana, el PRI da la apariencia de demócrata.

Apuntes

Quién sabe qué nuevo contubernio ha hecho con Calderón, pero el PRI en el Senado perfila su aval a Héctor Villarreal para dirigir Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Luego de que la semana pasada aquí se probó que Villarreal no cumple con los principios rectores de la ley de Notimex, único medio público que la tiene, por su añeja militancia panista y de ser incondicional de Calderón desde hace al menos tres lustros, ahora un grupo de prominente juristas de la UNAM, como UAM, ITAM, El Colegio de México, así como periodistas como Virgilio Caballero, Humberto Musacchio y José Luis Vázquez, director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, enviaron una carta al presidente del Senado, el panista José González Morfín, para que no se avale a ese personaje. "No es un asunto personal, sino de idoneidad, pertinencia y oportunidad. Por esa misma razón consideramos que no reúne las cualidades necesarias para garantizar la independencia editorial a que se refiere el artículo 16 de la ya referida ley", exponen en la carta los juristas Jorge Carpizo, Diego Valadez y Ernesto Villanueva. "Creemos que Notimex debe ser fortalecida como agencia de noticias del Estado, no ya del gobierno mexicano como lo fue hace algunos años. Tenemos la convicción de que ese proceso de fortalecimiento institucional pasa por dejar fuera de las cuotas de partidos, y de negociaciones al margen de los mejores intereses del país, la forma en que se concreta el nombramiento de su Dirección General. Ese riesgo se hace más evidente ahora, de cara a las elecciones federales y locales que tendrán lugar el año próximo. Creemos que se debe anteponer el interés de la comunidad sobre cualquier sospecha, prejuicio o percepción que pudiera hacer pensar que Notimex ha regresado a sus orígenes de medio al servicio del gobierno federal."

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

Informes de ONU y CIDH incluyen agravios del gobierno contra Proceso

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo. Foto: Germán Canseco
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Los agravios del gobierno de Felipe Calderón contra la revista Proceso fueron incluidos en los informes sobre la libertad de expresión en México, elaborados por los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con el documento, que incluye ambos reportes, Proceso fue incluido como un ejemplo de la parcialidad con que el gobierno de Calderón asigna la publicidad oficial, así como víctima del decomiso disfrazado de compra masiva de ejemplares, en medio de la guerra contra el narcotráfico.

En el informe del relator de la ONU, Frank La Rue, se resalta que el semanario fundado por Julio Scherer García "habría interpuesto una queja ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), dado que el gobierno federal habría dejado de contratar publicidad oficial, a pesar de que dicha revista tendría una amplia y reconocida circulación".

Ante circunstancias como esta, el relator de la ONU "considera urgente la aprobación de reglas claras, objetivas transparentes y no discriminatorias para la contratación de dicho servicio (de publicidad oficial), tanto a nivel federal como estatal".

En el apartado sobre violencia contra periodistas, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y entre cárteles, la relatora de la CIDH, Carolina Botero, destaca la compra inusitada de ejemplares de Proceso en Sinaloa.

Tras detallar los 13 asesinatos de periodistas en 2010, ocho secuestros de comunicadores –cinco de los cuales están desaparecidos–, siete casos de agresiones y hostigamientos perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad y del Ejército mexicano, así como casos de reporteros víctimas de amenazas, agresiones físicas y calumnias, Botero incluye el caso de este semanario como parte del ambiente de agresividad.

"Según información recibida, el 5 de abril de 2010 personas desconocidas habrían comprado al distribuidor del semanario Proceso en el estado de Sinaloa, prácticamente la totalidad de los ejemplares que la revista había destinado para su venta al público en la entidad (…) Sólo se distribuyeron 200 de los mil 779 ejemplares. El ejemplar de Proceso publicaba la entrevista con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y artículos periodísticos en los que se habría denunciado la presunta relación del capo del narcotráfico con un político local de Sinaloa".

El reporte de la CIDH coincide con el de la ONU al señalar que el gobierno federal, "sin ninguna razón aparente, habrá dejado de contratar con ella (la revista Proceso) publicidad oficial, a pesar de que la revista tendría una amplia y reconocida circulación".

Además, en el documento se da cuenta del oneroso gasto público en publicidad oficial, con paulatino crecimiento.

"Según información entregada por el Estado, en 2009 el gasto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo federal fue de 5 mil 371 millones 418 mil 470 pesos mexicanos, equivalente a 410 millones 580 mil 429 dólares, que representa un aumento de más de 60% comparado con el gasto del año 2006. Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras y objetivas para su asignación".

En el apartado "Libertad, diversidad y pluralismo democrático", la relatora de la CIDH puntualiza sobre la publicidad oficial: "El gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de líneas informativas".

De ahí que entre sus recomendaciones al respecto mencione la urgencia de "establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno".

No olvidemos: gobierne hombre o mujer, negro o blanc@, en los EEUU, serán siempre asesinos



Pedro Echeverría V.


"Dios había creado a Estados Unidos (EEUU)
para dirigir el mundo". (Mitt Romney, candidato)



1. Mientras Barack Obama presumía cínicamente del asesinato de Gaddafi, de su cambio de estrategia de guerra y de invasión, así como su "nuevo" estilo de mantener a los EEUU a la cabeza del mundo, la fascista Hilary Clinton se burlaba a carcajadas de la muerte de Gaddafi diciendo: "vine, ví y se murió". Las declaraciones de estos imbéciles gobernantes me lleva a confirmar que los seres humanos políticos y demás, sean quien sea, son gigantescos animales que obedecen lo que su poderoso amo les ordena; amo que no es uno, sino toda una estructura de personajes que controlan las grandes empresas, las inversiones trasnacionales, la política mundial, los medios de información y sus agencias internacionales. Cualquiera que gobierne: hombre, mujer u homosexual, blanco, negro o cobrizo, no podrá escapar del poder real. Sin embargo queda la esperanza de extirpar la sociedad capitalista para que surjan otros modelos de vida.

2. He repasado la historia de los EEUU y de sus gobernantes y no he encontrado que en algún periodo de gobierno se haya respetado al mundo, mucho menos –internamente- a sus clases oprimidas. No viví los tiempos de Roosevelt ni de Truman del periodo de la segunda guerra, pero sí a partir de 1959 comencé a tener conciencia de los gobierno de Eisenhower y de Kennedy. Desde entonces he podido construir una larguísima lista de intervenciones norteamericanas en casi todos los países del mundo que, con el argumento de salvar a la "democracia y a la libertad" contra el comunismo y el terrorismo, han llevado a la muerte a millones de seres humanos por miseria, hambres y guerras. Si alguien piensa ilusamente que los políticos hombres y mujeres, negros y blancos, pueden ser diferentes, pues es un tontito porque no se da cuenta que los pobres seres humanos sólo somos el engranaje de una cadena que avanza con una dirección.

3. Tras Obama y la Clinton –que parecen manejar a su antojo, como títeres, a cientos de gobiernos, entre ellos a Felipe Calderón de México- existen otros poderes (los poderosos productores de armas, los dueños de todo el petróleo, los propietarios de las grandes compañías transnacionales, los que controlan los bancos del tesoro de los EEUU) hay grandes poderes reales que les ordenan: "Señores Obama y Clinton, el consejo de los hombres de negocios de los EEUU, de acuerdo a los informes que nos han entregado, ha determinado que para conservar en buen estado la economía y la seguridad de los EEUU, se requiere urgentemente aplicar la siguiente política en Irak, Palestina, Venezuela y México porque es la única salida": bla, bla, bla. Obama, sabiendo que ese consejo superior controla todo no le queda otro camino que obedecer. Esta es la política superior, pero es el mismo esquema que se aplica en el mundo.

4. Gobiernos como los de Chávez, Castro, Morales, Ortega, no reciben las órdenes del presidente yanqui, pero sí la mayor cantidad de presiones instrumentadas por la clase empresarial de los países que gobiernan. ¿Puede acaso desligarse de la política yanqui que en Venezuela se busque el desabastecimiento de artículos de primera necesidad, se creen problemas de dolarización, se provoquen líos internacionales de asilo, por simples errores de Chávez? ¿Ha podido vivir Cuba sus últimos 50 años sin las intervenciones y provocaciones de los EEUU? Quizá Morales haya cometido errores en su confrontación con los indígenas que no quieren la construcción de la gran carretera, pero tras los movimientos está el gobierno de Obama y su nuevo estilo de dar golpes de Estado. ¿Y Nicaragua que lleva más de 30 años sorteando una intervención abierta de los yanquis?

5. ¿Cómo han operado los gobiernos de EEUU para someter a los demás países: a) primero operó como exportador de mercancías y luego como exportador de capitales llevando a los países a contraer préstamos que a través de los años los han endrogado con enormes deudas. Luego han instrumentado el traslado de sus filiales hacia los países subdesarrollados que ya controlan para conseguir mano de obra barata. Este control lleva inmediatamente a los países dependientes a la instalación de "gobiernos sumisos y obedientes" que estén dispuestos a suscribir tratados comerciales que abaraten para EEUU las materias primas que éste necesita para el mercado mundial, y que eximan a sus empresas multinacionales de pagar aduanas en esos países. ¿Qué dirán los pobres negros y las pobres mujeres de esos personajes, también de otros muchos que están en el poder, por el terrible desprestigio que sufren?

6. ¿Se olvida acaso que los EEUU operaron su expansionismo territorial en el siglo XIX sometiendo a gobiernos y pueblos? Basta con conocer todas las presiones, amenazas, emplazamientos y ultimátum a que acudieron para "comprar"Luisiana en 1803 a Napoleón; enterarse del emplazamiento a España para que le vendiera Florida en 1819; las batallas que tuvo que librar México para evitar la anexión de Tejas en 1845, la guerra invasora del ejército yanqui en 1947 y el ultimátum que recibió para verse obligado a vender la Mesilla en 1853. Luego en 1867 se apropiaron de Alaska y en 1898 provocaron la guerra con España en los momentos en que Cuba, Filipinas, Puerto Rico clamaban por su liberación. Claro, también tenían que apropiarse de Hawai derrocando al gobierno monárquico que tenía aquella isla. Cierran el siglo XIX anexándose la zona del Canal de Panamá que sólo devolvieron en 1999 con el Tratado Torrijos-Carter.

7. No hay duda que la historia del expansionismo territorial del siglo XIX y el imperialismo económico y político de los EEUU en todo el siglo XX, es una historia de infamia. Ninguna versión –que no sea falsa- acerca de los acontecimientos mundiales, nos puede narrar otra cosa. La lectura y la experiencia, pero también personajes en el gobierno como el mismo Gaddafi, Fidel Castro, Hugo Chávez, incluso Daniel Ortega, nos enseñaron a través de sus discursos y denuncias –sin trabas y sin miedos- a entender imperialismo norteamericano en el contexto de América Latina y el mundo. Por ello, cuando se habla de cambios en el gobierno de los EEUU, hay que pensar en otra jugada más para renovar la explotación y la opresión de los pueblos. Lo único que podemos desear y esperar es que el repudio contra él se desarrolle en el mundo y el pueblo de los EEUU despierte y logre rebelarse contra su gobierno.

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Contratistas del gobierno deben 344 millones en multas


En lo que va del sexenio calderonista, el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado menos del 7 por ciento de las multas impuestas a contratistas y proveedores del gobierno federal, que suman más de 369 millones de pesos. Las lagunas en el marco legal y los artificios de las empresas infractoras para eludir el cumplimiento de las sanciones explican el bajo porcentaje de pago, aduce la Secretaría de la Función Pública

En los primeros 51 meses del gobierno de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó menos de 7 centavos de cada peso impuesto como sanción a las empresas y proveedores que incumplieron contratos públicos.
De acuerdo con datos del órgano tributario, entre el 1 de diciembre de 2006 y febrero de este año, las sanciones económicas a contratistas y proveedores del gobierno federal alcanzaron los 369 millones 788 mil 690 pesos. Pero de esa millonaria bolsa, hasta febrero pasado se habían solventado 24 millones 942 mil 581 pesos, es decir, el 6.7 por ciento. De este modo, la suma de las multas adeudadas en cuatro años alcanza los 344 millones 846 mil pesos.

Una situación similar se registra al incluir los datos del SAT disponibles desde 2000: de 731 millones 740 mil pesos en sanciones, hasta febrero pasado sólo se habían retribuido 68 millones 940 mil pesos (9.4 por ciento).
Los casos concluidos por el SAT –en lo que va del sexenio– son apenas 319 de los cerca de 2 mil que registra. Y no todos ellos terminaron con el pago de la multa correspondiente: nueve se resolvieron por compensación y cuatro más por adjudicaciones a favor del fisco federal.
Entre éstos se encuentra el de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, del empresario Bernardo Quintana Isaac. Su penalización de 911 mil 586 pesos fue solventada con una compensación, según se desprende de la información del historial de multas del SAT, del cual Contralínea posee copia.
El listado ?actualizado hasta febrero de este año? revela también que entre los contratistas del gobierno federal que más sanciones económicas han recibido se encuentra la empresa Continental Serv, SA de CV, contratista de Pemex Exploración y Producción, filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
En lo que va de la administración de Calderón, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha establecido siete penalizaciones contra esta compañía, todas consistentes en inhabilitaciones y sanciones económicas.
Además de que no podrá participar en licitaciones gubernamentales hasta 2014, su deuda con el fisco alcanzaría los 7 millones 130 mil 556 pesos, de acuerdo con los datos del SAT.
Este consorcio ya había sido sancionado previamente. En mayo de 2004, Pemex Exploración y Producción inició un procedimiento administrativo en su contra.
El caso se resolvió hasta cuatro años después. La penalización impuesta consistió en una multa de 196 mil 794 pesos y la inhabilitación de la firma por nueve meses. Ésta promovió entonces un juicio de amparo contra tal resolución, el cual fue sobreseído en noviembre de 2008.
Hasta febrero pasado, ninguno de los procedimientos sancionatorios de Continental Serv figuraba como terminado por pago en el registro del SAT.

Las tácticas de evasión

La diputada perredista Esthela Damián Peralta explica que las empresas infractoras no pagan sus multas porque consideran que el procedimiento por el que fueron sancionadas no fue adecuado o que existen elementos que podrían permitirles ganar un litigio y no pagar.
La integrante de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados ofrece una explicación más: los contratistas consideran que la retribución es irrelevante y que pueden encontrar la manera de continuar trabajando con el gobierno sin tener que remunerar.
Lo anterior no sólo es posible, sino bastante común, a decir del director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, Rogelio Aldaz Romero. El funcionario explica que además de las sanciones económicas, en los casos de inhabilitación, ésta siempre va acompañada de una multa. Hasta hace unos años, las empresas infractoras sólo cumplían con su suspensión y al cabo de un tiempo regresaban a participar en las contrataciones públicas sin haber saldado su deuda con el fisco.
Una modificación a la ley estableció que los proveedores infractores debían pagar las sanciones para poder participar en las licitaciones gubernamentales. Sin embargo, a la fecha se mantiene un resquicio en la normatividad, pues no hay una disposición similar en los casos en que sólo se castiga pecuniariamente a una empresa.
Así, las multas por infracciones "menores" –como la no firma del contrato o la no exhibición de la garantía de cumplimiento– no impiden que las compañías penalizadas sigan siendo contratadas por el gobierno.
Al tiempo, los proveedores han encontrado la forma de darle la vuelta a las sanciones, ya sea a través de prolongados procesos jurídicos o mediante la creación de nuevas empresas, o una combinación de ambos artificios.
Aldaz Romero reconoce que es común que las corporaciones impugnen jurídicamente las resoluciones en su contra, aunque asegura que ocurre "cada vez menos". El directivo de la SFP explica cómo funciona esta argucia: las empresas consiguen una suspensión de un tribunal y mientras éste analiza el caso (lo cual puede prolongarse por años), los efectos de la inhabilitación se hacen nugatorios, y la firma puede obtener contratos públicos.
La dilación de los procesos jurídicos –a veces promovida por los abogados de los consorcios sancionados– también es aprovechada por éstas para crear nuevas razones sociales y dotarlas de experiencia. De este modo, si el fallo del tribunal no les resulta favorable, pueden no pagar su multa y mantenerse inhabilitadas indefinidamente, pero seguir trabajando con el gobierno a través de sus empresas recién constituidas.
El año pasado, la SFP sancionó a cinco sociedades que habían presentado documentos falsos para beneficiarse con contratos de Pemex Exploración y Producción entre 2004 y 2008, por 814 millones de pesos.
De acuerdo con una nota publicada el 9 de marzo de 2010 en Reforma, una persona de nombre Elio Omar Vargas López aparecía entre los socios de cuando menos tres de las compañías escrutadas entonces por la Función Pública.
Las compañías fueron inhabilitadas y multadas. Se trata de Continental Serv, SA de CV; Marrob, SA de CV; TR del Golfo, SA de CV; Global Control de México, SA de CV, y True Services, SA de CV.
Actualmente, todas mantienen adeudos con el fisco por concepto de multas: Continental Serv por más de 7 millones de pesos; Marrob tiene cinco sanciones que suman 4 millones 855 mil 950 pesos; TR del Golfo adeuda cinco penas, cada una por 1 millón 1 mil 286 pesos; True Services fue multada con 2 millones 854 mil 566 pesos; y Global Control de México, con 1 millón 1 mil 286 pesos.
La legisladora Damián Peralta considera que hace falta revisar la normatividad para que se vigile y se dé seguimiento no sólo a las empresas sino también a las personas que las integran, a fin de evitar este tipo de fraudes "en los lugares donde muy probablemente ya tengan contubernios con la gente que se dedica al tema de las adquisiciones".
La perredista advierte además que los actos de autoridad en los que ésta queda "con un palmo de narices" sólo propician la impunidad. En consecuencia, dice la diputada, se genera una cadena de mayor corrupción, más complicidad y un daño cada vez mayor al erario.

Función Pública, cobros pírricos

Desde el inicio del actual sexenio y hasta diciembre de 2010, la SFP sancionó económicamente a 132 proveedores del gobierno federal.
La dependencia –a la que en 2009 Calderón propuso desaparecer y trasladar sus funciones a la Presidencia de la República– es la encargada de inhibir y penalizar la comisión de prácticas corruptas en la administración pública federal, aunque no es la única instancia facultada para imponer sanciones a los proveedores del gobierno.
De acuerdo con datos proporcionados por la dependencia, a través de la solicitud de información 002700131811, las multas que estableció en los primeros cuatro años del calderonismo suman 42 millones 290 mil 525 pesos. De esa cantidad, el SAT sólo ha conseguido recaudar 1 millón 175 mil pesos, que equivalen apenas al 2.7 por ciento de lo que las empresas penalizadas tendrían que pagar.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público estipula que las sanciones a proveedores de las dependencias y entidades de la administración pública podrán ir de 50 a 1 mil veces el salario mínimo general. Conforme a la ley, las penalizaciones se determinan en función de la gravedad de la infracción, los daños o perjuicios producidos, la intención y omisión de la acción constitutiva de la infracción y las condiciones del infractor.
Para el encargado de las controversias y sanciones en contrataciones públicas, el monto de las sanciones económicas que actualmente existen "es realmente muy bajo; sobre todo considerando que ciertas licitaciones del gobierno son millonarias".
Para ejemplificar cómo las empresas "hacen sus costes", Aldaz Romero refiere que hay algunas que han sido penadas por presentar información falsa en las pólizas de fianza para garantizar sus contratos. Mientras éstos alcanzan los 1 mil millones de pesos, las multas apenas ascienden a 1 millón de pesos.
Por ello es que el funcionario reconoce que actualmente las sanciones no funcionan para desincentivar la comisión de infracciones por parte de las compañías contratadas por el gobierno federal.
La situación de la propia SFP es muestra de ello: de los 132 contratistas sancionados en los primeros cuatro años del sexenio, únicamente 19 han saldado su deuda con el fisco. La mayoría de éstos aparece en el listado del SAT reportados con "baja manual por pagos" y sólo cuatro casos, cuyas multas suman 320 mil 280 pesos, figuran como asuntos terminados por pago.
Pero el funcionario se muestra más preocupado por la regulación que por la liquidación de las sanciones. Aldaz Romero sostiene que hay "un vacío legal importante", toda vez que la norma actual sólo castiga incumplimientos administrativos de las empresas, mientras que en el caso de los servidores públicos se les puede castigar penalmente por actos de corrupción.
Por ello, defiende la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con la que se darían facultades a los organismos contralores para sancionar penalmente a las personas morales.
La iniciativa de dicha ley fue aprobada en abril pasado por el Senado de la República y desde entonces se encuentra congelada en la Cámara de Diputados. Durante su discusión en el Senado, el legislador petista Ricardo Monreal Ávila rechazó la propuesta de dotar de facultades jurisdiccionales a instancias administrativas como la SFP, los órganos internos de control o las áreas de quejas y responsabilidades.
El argumento esgrimido por el senador fue que éstas "han demostrado ser inoperantes y disfuncionales al tratar de erradicar la corrupción, la ineptitud, la ineficacia y la falta de competitividad".

Mecanismo recurrente pero poco eficaz

De acuerdo con datos de la Función Pública sobre los sancionados en la administración pública federal, desde el comienzo del gobierno calderonista y hasta diciembre de 2010 se han resuelto 1 mil 424 asuntos que han derivado en sanciones a proveedores y contratistas. De éstos, la mayoría han concluido en sanciones económicas e inhabilitaciones para participar en las contrataciones públicas.
Se trata de una proporción de 85 por cada 100 resoluciones, a las que se suma el 13 por ciento de aquellos procedimientos que han derivado en penas económicas. Pero, en los cobros, esta incidencia no se refleja, pues la recaudación se ha mantenido por debajo del 10 por ciento.
Durante los primeros cuatro años del sexenio, las dependencias en las que más se reportaron sanciones a proveedores fueron las filiales de Pemex: Exploración y Producción con 168 procedimientos; Petroquímica, con 80 procedimientos; Gas y Petroquímica Básica, 76 procedimientos; y Refinación, 54 procedimientos. A éstas se suman 28 casos del corporativo de la paraestatal. Le siguen en número de proveedores sancionados el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 192 procedimientos.
Aldaz Romero explica que estas dependencias están a la cabeza en procedimientos sancionatorios porque se encuentran entre las que más contrataciones realizan.
Otras instancias públicas con un alto número de sanciones a proveedores son la Comisión Federal de Electricidad (86), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (40), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (34) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (30).
Contralínea solicitó una entrevista con el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para conocer por qué el porcentaje de cobro de multas ha sido tan bajo. Hasta el cierre de edición, el área de comunicación de dicho órgano no había dado respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 256 / 23 de octubre de 2011

Indignarse… sí. Pero también rebelarse

Autor: Marcos Chávez *

Éste es el saqueo global, son tiempos de grandes despojos con las luces prendidas
Naomi Klein, Robo a plena luz del día.

Porque siento que la bronca me va ganando terreno/ y es allí donde me digo, si es que me gana qué haremos,/ ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo./ Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo./ Un puñado de mal paridos no puede ganarle a un pueblo
Argentino Luna

Los Indignados (todavía) no afirman que nadie más lo hará en su lugar, que ellos mismos tienen que ser el cambio que quieren ver. Ésta es la fatal debilidad de las recientes protestas: expresan una auténtica rabia incapaz de transformarse en un programa positivo de cambio sociopolítico. Expresan el espíritu de revuelta sin revolución
Slavoj Zizek, Ladrones del mundo, uníos.

El movimiento de los Indignados y los encabronados que como epidemia se ha extendido por diferentes zonas del planeta, del Norte de África a Europa, de Chile hasta 47 ciudades, por el momento, de la misma nación imperialista hegemónica del capitalismo, Estados Unidos, no sólo está más que justificado; es como una especie de viento fresco en un ambiente viciado por el hedor que se desprende desde las descompuestas entrañas de la globalización neoliberal capitalista. Aún con sus limitados alcances, los Indignados evidencian que la población no está irremediablemente derrotada: está dispuesta a luchar en contra de quienes los han agraviado.

Ante las soluciones impuestas por los grupos de poder al colapso neoliberal y la manera con que buscan restaurar la acumulación capitalista –que empobrecerán aún más a las mayorías–, los Indignados también tienen todo el derecho para enfrentar por cualquier medio a un enemigo común –que sólo se diferencia por sus matices nacionales– y para tratar de alcanzar por cualquier medio un mundo más justo, menos desigual y más democrático que genéticamente el capitalismo no puede ofrecer.

Las causas que motivaron el movimiento de los descontentos son legítimas. Unos han decidido rechazar el papel de permanentes derrotados por el sistema, que los convirtió en víctimas propiciatorias. Sobre todo desde la década de 1970, cuando los neoconservadores conquistaron el poder e iniciaron la destrucción del Estado de bienestar, sobre cuyas ruinas erigieron el autoritario y excluyente modelo económico de la globalización capitalista neoliberal.

Durante cuatro décadas soportaron con relativa pasividad esa forma de acumulación a escala mundial, bajo la hegemonía del capital financiero que descansó en una mayor desposesión de la clase asalariada y de los países coloniales, en la escasez de empleos formales y la degradación de los existentes, el recorte de las conquistas laborales, la caída de los salarios reales, la privatización de los servicios básicos y el deterioro de los públicos, la impunidad, la corrupción, el saqueo y el pillaje del Estado y las riquezas nacionales, que redundaron en la acelerada concentración de la fortuna y de la pobreza y la miseria de las mayorías.

Asimismo, han padecido los costos de los ciclos recesivos, las crisis financieras, de balanza de pagos y fiscales de los Estados, los programas monetaristas de ajuste y estabilización impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. También han sufrido las bestiales fases especulativas de los bárbaros financieros que han hundido a un gran número de países en las peores catástrofes, toleradas y fomentadas por los gobiernos social-neoliberales y de derecha, así como los organismos multilaterales, que liberaron el espíritu salvaje de los mercados, se han convertido en sus simples gerentes y en cancerberos de la hegemonía y la acumulación financiera, y se han negado a restaurar las regulaciones para mejorar la estabilidad económica capitalista.

Ahora, a las mayorías, junto con los nuevos Indignados de los sectores medios que durante un tiempo se beneficiaron del espejismo neoliberal y cuyo mundo quedó sepultado entre los escombros sistémicos, se les hace pagar las cuentas de la hecatombe financiera global iniciada en 2007, la recesión mundial de 2009, las crisis fiscal y de deuda de los Estados aparecidas en 2010, asociadas al rescate de los malhechores financieros, responsables de los desastres y que siguen especulando con el crédito barato impuesto por los bancos centrales y los recursos públicos que recibieron para sanear a los intermediaros, y las políticas ortodoxas de ajuste de las finanzas públicas.

Aquellos, con la pérdida de sus empleos, el deterioro de sus salarios reales, su pobreza y su miseria, han pagado la factura del naufragio. Y ahora tendrán que solventar una cuota adicional con más impuestos, el despido masivo de empleados públicos, el recorte de salarios nominales, pensiones y otras prestaciones, la reducción del gasto público social y de inversión, la venta fraudulenta de empresas públicas, entre otras medidas de "saneamiento" fiscal que, inevitablemente, conducirán a una segunda recesión mundial y al estancamiento durante la mayor parte de la presente década.

Con esas políticas antisociales y su empeño por mantener artificialmente con vida al agonizante neoliberalismo ¿qué reacción esperaba el bloque dominante? ¿Acaso suponen que la parálisis provocada por el temor de la población ante un presente y un futuro incierto será eterna? ¿Piensan que los sacrificados de siempre aceptarán resignadamente, de generación en generación, el creciente empobrecimiento, la muerte por hambre, la degradación a la que han sido condenados; que los nuevos Indignadosconsentirán silenciosamente la pérdida de su estatus y bienestar para sumarse a la fila de los pobres, con tal de que se salve la oligarquía mafiosa y el sistema capitalista?

De momento, las elites dominantes pueden sentirse relativamente tranquilas por varios factores que trabajan a su favor, al menos durante algún tiempo, y que garantizarán el dominio de la clase capitalista sobre la asalariada:

a) El derrumbe del bloque socialista y la desaparición o reducción a la marginalidad de la mayoría de las organizaciones y movimientos que pugnaban por el cambio radical anticapitalista.

b) La defección de los socialdemócratas que antaño, bajo las reglas del sistema, pensaban reformar gradualmente al capitalismo y elevar el bienestar social de la población: desde el exmandatario de Francia, François Miterrand, y el presidente del gobierno españoly Felipe González, todos se transformaron en social-neoliberales.

c) La derrota, la destrucción, el sometimiento o la extinción de los organismos económicos de los trabajadores (sindicatos y demás).

d) La proliferación de grupos atomizados que defienden intereses específicos que no representan los del conjunto de los asalariados ni aspiran a la construcción de un proyecto político alternativo, y que a menudo son conservadores, pues no buscan subvertir al capitalismo, sino su aceptación dentro del sistema.

e) El triunfo pasajero de la ideología y de las formas de vida promocionadas por el neoliberalismo: el hiperindividualismo, la construcción de seres aislados, antisolidarios, despolitizados, convertidos en masas consumidoras, que han fragmentado la vida social y que, en esas condiciones, no representan un peligro para el sistema.

e) La emergencia de amplios sectores marginados, desorganizados, sin conciencia de clase, que sobreviven de cualquier manera. Parte de ellos son la expresión de la descomposición del tejido social y sólo les preocupan a las elites dominantes por la inseguridad que representan.

Salvo las revueltas africanas que han provocado el derrumbe de varios regímenes autócratas afines a las naciones metropolitanas, la desestabilización de otros y la modificación del mapa geopolítico regional, y que por desgracia no han trascendido a una cambio radical, pues sus déspotas han sido sustituidos por otros tiranos, bajo la supervisión estadunidense, inglesa y francesa, y los destructivos estallidos de Londres y Francia, testimonios de la rabia impotente de sus participantes, las movilizaciones de los Indignadosespañoles y griegos, de los estudiantes o chilenos que desafían al gobierno del derechista Sebastián Piñera, pese al amenazante fantasma del genocida Agusto Pinochet y sus engendros, o de los estadunidenses que asedian a Wall Street, la madriguera de los mayores gánsteres financieros globalizados, se han caracterizado por su pacifismo.

Aun así, las buenas almas conservadoras se han aterrorizado: condenan y descalifican lo que denominan como un "vandalismo irracional", y exigen la mano dura para restablecer la paz de los sepulcros del decrépito y nauseabundo orden burgués.

Su sobresalto es compartido por los gobiernos de derecha e izquierda social-neoliberal "civilizada". El derechista primer ministro británico, David Cameron, dijo que se sentía "impresionado con las terribles [e] injustificables escenas de gente saqueando, violencia, vandalismo y robos", a las que calificó como la "cultura del miedo", provocada por la "delincuencia pura y dura", los jóvenes "de hogares disfuncionales" y los "miembros de bandas callejeras", por lo que prometió "buscar, encontrar y procesar [a los responsables] para restablecer el orden en las calles".

Edward Miliband, jefe de la oposición laborista, respaldó su decisión y lo urgió a dar con los facinerosos para imponerles el "castigo que merecen y que el pueblo espera", aunque, cínicamente indulgente, como atañe a alguien cuyo "corazón late a la izquierda", recomendó no olvidar la responsabilidad de la clase política ante los jóvenes, porque "no podemos permitirnos perderlos". Por azares de la vida, el laborista es hijo del teórico marxista Ralph Miliband, fallecido en 1994, considerado de la misma talla de otros intelectuales marxistas anglosajones como Edward P Thompson, Eric Hobsbawm y Perry Anderson. Pero no se le puede responsabilizar del flemático troglodita que procreó.

El actual primer ministro de Grecia, Georgios Andreas Papandreu, es un virtuoso ejemplo de un social-neoliberal que no se ha visto remiso en su intento por restablecer el orden alterado por los Indignados. Es un aventajado en demoler a toletazos los huesos de quienes se oponen a que el pueblo heleno sea inmolado ante el dios capital financiero sediento de ganancias y de sangre popular, a los que rechazan las genocidas políticas ortodoxas de ajuste económico y de austeridad fiscal impuestas por la troika neoliberal: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI.

Grecia se volvió un paradigma del envilecimiento de su gobierno y del sadismo al que puede llegar la internacional neoliberal para destruir a una nación y humillar a un pueblo, con tal de asegurar que paguen hasta el último euro que se les debe a los usureros bancarios. Georgios es hijo de Andreas Papandreu (murió en 1966), socialista que luchó contra la dictadura militar griega, conoció sus cárceles y el exilio. Obviamente, tampoco es fiador de su vástago.

Para enfrentar el naufragio sistémico, las elites mundiales desecharon la democracia formal, la política que supuestamente busca gobernar o dirigir la acción del Estado a favor del bien común –si es que a estas alturas algún ingenuo se traga la farsa de que así funciona el capitalismo–, basado en el consenso, la inclusión, la conciliación de los intereses sociales, heterogéneos, antagónicos, conflictivos, necesarios para asegurar la estabilidad política. Optaron por el autoritarismo y la subversión de las leyes, en provecho de los conglomerados económico-financieros. Cerraron las puertas institucionales a los Indignados para que puedan defender sus intereses, lo que acabó con lo que restaba de la desgastada legitimidad del sistema y ensanchó el abismo existente entre las llamadas "sociedad civil" y "política".

Las respuestas han sido las palizas, la cárcel, el asesinato y el recortar los derechos civiles. Sustituyeron la negociación por la dialéctica del amigo-enemigo, de acuerdo con la doctrina de Carl Schmitt, ideólogo de los nazis.

La indignación es la expresión subjetiva de la población descontenta ante sus condiciones objetivas adversas. Es una manifestación de la lucha de clases. Pero la movilización no es suficiente para modificar el status quo. Sobre todo si se limita a exigir un cambio a los que se oponen al mismo. Dice el filósofo esloveno Slavoj Zizek: "Desde un punto de vista revolucionario, el problema de los disturbios no es la violencia como tal, sino el hecho de que la violencia no sea realmente autoasertiva". Para evitar el fracaso, ser "el espíritu de revuelta sin revolución", los Indignados tienen que entender que "nadie más hará [el cambio] en su lugar, que ellos mismos tienen que ser el cambio que quieren ver. [Las] Protestas [tienen que] transformarse en un programa positivo de cambio sociopolítico". La reorganización social exige un proyecto de cambio y un "organismo fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas y ponerlas en práctica con todo el rigor necesario".

*Economista

Aborto: el clero, la derecha y la Corte


Autor: Edgar González Ruiz *

El debate sobre el aborto enfrenta a los partidarios de las libertades y del Estado laico, como son los grupos liberales y feministas, contra los defensores de la imposición de los dogmas religiosos, bando encabezado por la jerarquía católica, que cuenta con el incondicional apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), partido de la derecha católica, y de Felipe Calderón, quien pretende implantar en nuestro país una especie de franquismo a la mexicana.


Debido a la influencia del clero católico y del gobierno federal, políticos de otros partidos, como el Revolucionario Institucional, han llegado a hacerle el juego al clero, de tal suerte que, luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, comenzaron a impulsar reformas antiabortistas en los estados de la república.
En varias entidades donde se han aprobado éstas han desatado un clima de persecución contra las mujeres que abortan, y a quienes se les imponen largas condenas de prisión. Contraponiéndose a esa escalada antiabortista, contraria a los derechos de las mujeres, recientemente uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco González Salas, presentó una iniciativa para invalidar tales reformas en Baja California y San Luis Potosí.

En la SCJN han prevalecido las posiciones progresistas sobre temas como el aborto y el matrimonio homosexual; sin embargo, en esta ocasión el voto de cuatro ministros derechistas, o derechizados ?de los 11 que integran el máximo tribunal? impidió que prosperara la iniciativa que beneficiaría a las mujeres de ambos estados. Ministros empanizados En los últimos años, en los debates sobre el aborto, dos de los ministros de la Suprema Corte han respaldado las posiciones conservadoras compartidas por la jerarquía católica, el PAN y Calderón, presidente ilegítimo de México.

Ellos son Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, este último fungió como presidente de la SCJN de enero de 2007 a enero pasado, cargo que actualmente ocupa el ministro Juan Silva Meza.
Nacido en Guadalajara el 1 de febrero de 1943, Aguirre Anguiano es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, controlada por el grupo ultraderechista Los Tecos. En la década de 1980, incursionó en la política: en 1982 fue candidato del PAN a una diputación federal y en 1985 fue regidor de Guadalajara por este mismo partido.

El 26 de enero de 1995, fue designado ministro de la Suprema Corte por el Senado de la República, y fue también ministro instructor del debate sobre el aborto, donde, fiel a su filiación política, adoptó la defensa de las posiciones conservadoras. Con muy diferente trayectoria y raíces personales, el entonces presidente de la Suprema Corte, Ortiz Mayagoitia, adoptó la oposición derechista a las libertades sexuales presumiblemente por conveniencias políticas de su cargo, y tal vez por presiones de Calderón. Nacido en Misantla, Veracruz, el 10 de febrero de 1941, es licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana; en esa entidad fue juez de primera instancia, así como juez de distrito en Oaxaca y en el Distrito Federal. El 27 de enero de 1995 fue nombrado ministro de la Suprema Corte.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, ambos ministros se quedaron solos en su apoyo al conservadurismo del clero católico y del gobierno de Calderón, mientras que sus colegas adoptaron puntos de vista liberales. Margarita Beatriz Luna Ramos nació en San Cristóbal, Chiapas, el 4 de enero de 1956. Es doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros cargos, fue magistrada de Circuito. El 19 de febrero de 2004 fue nombrada magistrada de la Suprema Corte. Llegó a ésta con el apoyo de Vicente Fox y de Diego Fernández de Cevallos ("Diego Fernández de Cevallos y Margarita Luna Ramos…", El Universal, 8 de mayo de 2009).

No obstante su posición de favorecer en los estados la encarcelación de las mujeres que abortan, la magistrada se ha interesado en los derechos de la mujer, asunto que a principios de este año le sirvió nada menos que para justificar la censura y los abusos judiciales.
En efecto, Luna Ramos apoyó la censura de la película Presunto culpable, decidida por la jueza Blanca Lobo. La magistrada alegó simplemente la infalibilidad del poder que detentan los jueces pues, según ella, el poder judicial "se conduce siempre con absoluto respeto a la libertad de expresión y a todas las libertades del individuo. Su labor diaria es, precisamente, la protección de esas libertades" (El Universal, 9 de marzo de 2011).

Precisamente el principal mérito de la película fue la denuncia de los abusos que se cometen en el sistema de impartición de justicia contra los derechos y las libertades de las personas. Sin embargo, la ministra hizo causa común con la jueza e incluso, falazmente, el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, Luna Ramos apeló al hecho de que la jueza es mujer, como si esto justificara su ataque contra la libertad de expresión. Ahora, Luna Ramos se plegó a las consignas del clero y de la derecha para anular la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo y su maternidad. Nacido en Xapala, Veracruz, el 1 de febrero de 1961 y egresado (en 1986) de la Escuela Libre de Derecho ?institución que es semillero de cuadros ultraderechistas?, el 10 de febrero de 2011, Jorge Mario Pardo Rebolledo fue elegido por el Senado de la República como nuevo ministro de la Suprema Corte.

Llegó a ese alto cargo como parte de una terna propuesta por el mandatario espurio.
Como se esperaba, Pardo Rebolledo no sólo votó a favor de la persecución contra las mujeres que abortan, sino que hizo suyos los argumentos clericales para justificar el castigo contra las que lo hicieran y que con ello desobedecen los mandatos clericales y cuestionan las autoridad de los ensotanados. En su alegato, el flamante ministro se refirió a los consabidos eufemismos clericales para anular la libertad de decisión de las mujeres: el "derecho a la vida desde la concepción" y la "protección de los derechos del concebido". Su voto fue decisivo para desechar la iniciativa del ministro Fernando Franco y, así, mantener la persecución contra las mujeres que abortan en Baja California y San Luis Potosí.

El aval de la Suprema Corte a esa persecución ha provocado el regocijo de jerarcas católicos y de grupos ultraderechistas, cuya actitud evoca la de la Santa Inquisición, cuando entregaba a los "herejes" para ser castigados, incluso quemándolos vivos, por el delito de desafiar las creencias impuestas no por Dios, sino por el clero. Hoy en día, éste exige que las leyes castiguen a las mujeres que, al practicarse un aborto, se atreven a desobedecer la moral sexual que la Iglesia pregona, basada en la idealización de la abstinencia, y que, paradójicamente, es violada cotidianamente por multitud de curas pederastas en todo el mundo. *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

¿Steve Jobs entre nosotros?



Lydia Cacho


Si Steve Jobs hubiera nacido en México, además de llamarse Esteban sus probabilidades de un futuro promisorio serían mínimas. Lo más seguro es que hubiera terminado como uno de los 7 millones de ninis, o como vendedor de piratería en el comercio informal. Su madre lo dio en adopción. Millones de niños y niñas en los Estados Unidos terminan en el sistema de adopciones denominado Foster parenting, en el que el Estado, a través de un programa controlado por servicios sociales, se asegura de que niñas, niños y jóvenes abandonados no queden perdidos en el limbo del sistema de hospicios que en México maneja el DIF nacional.

Ali tiene 16 años, tuvo una infancia que podría inspirar el guión de una película de terror por los abusos a los que la sometieron su padre biológico, un mafioso cuyos delitos han sido documentados por la PGR pero que siempre sale intocado, y la madrastra que parece un personaje perverso de algún cuento infantil. Sin embargo, la inteligencia y fortaleza de esta chica le han permitido resistir tres años de vida en refugios para víctimas de violencia y trata. Terminó sus estudios de secundaria en el sistema abierto y hace un par de meses comenzó por fin una nueva vida de reinserción social en libertad.

Por desgracia su futuro no está asegurado, como no lo está el de más de 50 mil niñas y niños que han sido rescatados de manos de tratantes y de familias que los explotan, maltratan e incluso los venden. Las organizaciones civiles de todo el mundo enfrentan el mismo problema. Una organización de la India recientemente hermanada con el refugio Ciam Cancún, A.C, rescata cada año a 300 niñas de los prostíbulos de ese país. Cuenta con fondos para los tratamientos, alimentación y vivienda, pero nadie, ni el Estado ni los donantes, invierten recursos enfocados en la reconstrucción de la vida de adolescentes; es decir, en educación hasta terminar la universidad, vivienda digna y segura, protección de la salud, prevención de los agresores que permanecen libres y una familia afectuosa que les dé estructura y educación emocional. No es mucho pedir y se lo merecen. Además está claro que la violencia normalizada se reproduce y potencia cuando no se la detiene e intercambia por una vida pacífica. De eso se trata la reinserción social de largo plazo.

Resulta vital rescatarles de la violencia, sin embargo los cuidados posteriores, cuando ya no se les considera víctimas sino sobrevivientes, son casi inexistentes. Un par de organizaciones civiles en México, una en el DF, tienen casas de este tipo para niñas y adolescentes. Su trabajo es magnífico, sin duda, pero sus presupuestos son cada vez más escuálidos. Eso y la inexistencia de una buena ley de adopciones que pudiera permitir que dentro del marco legal estas chicas y chicos recibieran esa segunda oportunidad, es lo que impide que un Esteban Jobs hubiese podido brotar entre nosotros.

Cada vez que el Congreso de la Unión afirma que no hay recursos para asegurar la reinserción social de niñas, niños y jóvenes victimizados en México, el debate parece perder fuerza. Es imposible no indignarse ante la investigación publicada ayer por El Universal bajo el título "Élite legislativa dispone de 100 millones de pesos". Los reportes demuestran que solamente los 10 senadores de la mesa directiva gastan de manera discrecional 22.1 millones de pesos además de sus salarios. Dicen que no hay dinero para las víctimas y sus remuneraciones se quintuplicaron en los últimos ocho meses. Las y los congresistas mexicanos gastaron más de 10 millones de pesos en asesorías para aprender a utilizar Twitter y Facebook para fortalecer sus carreras.

Sólo Beltrones y González Morfín reciben 310 mil pesos extras al mes (la reinserción social de una niña cuesta 130 mil pesos anuales). Son ellos los beneficiarios y a la vez reproductores de un sistema que abandona a las niñas y niños mexicanos víctimas de violencia. Han sido incapaces de asegurarles una segunda oportunidad en la vida, mientras ellos llevan una veintena de años asegurando la suya.

Resulta urgente establecer un verdadero sistema de adopciones (temporales y absolutas) y los recursos económicos para que México tenga sus Steve Jobs, Luisa May Alcot, Nat King Cole, John Lennon, Ingrid Bergman y Mark Twain, todos adoptados a diferentes edades. Podríamos comenzar con esos 100 millones de gastos extra. El tema es cómo lograrlo.

Twitter: @lydiacachosi

¿Y aquí… cuándo los encabronados?


Autor: Álvaro Cepeda Neri *

En las áreas del centro de gravedad mundial del capitalismo, que es Nueva York-Wall Street, y las periferias, dependientemente semicapitalistas, estallan las revueltas sociales contra el neoliberalismo económico o capitalismo salvaje. Son los movimientos de los Indignados contra el desempleo masivo y los bajísimos salarios; las jubilaciones diferidas; la creciente privatización de los servicios de salud; el alza despiadada de las medicinas; los subsidios empleados para el pago de quiebras bancarias y desastres financieros de los gobiernos administrativamente ineficientes y funcionarios ladrones que, sin hartarse de la corrupción, han dado al traste con los servicios de los órganos del Estado que no cumplen con sus obligaciones mínimas (y donde la inseguridad se combate con Estados fallidos que están cayendo en estados de excepción o en vías de golpes de Estado de corte militar… ¿México en vísperas?).

Ante ese panorama, las sociedades civiles protestan con huelgas generales, rebeliones estudiantiles, repudios (Grecia, Chile, Estados Unidos, Italia, España, Irlanda, Inglaterra, los países árabes, Israel, Bolivia, etcétera) y enfrentamientos directos contra sus gobernantes, responsables de las crisis estancadas y depredadoras (México, Guatemala, Haití, Japón, etcétera).

Esas rebeliones han penetrado el corazón estadunidense, al poner en ebullición social a sus ciudadanos, con miras a extenderse más porque, por enésima ocasión, los trabajadores de todas las actividades padecen estrangulamientos económicos, mientras que con sus impuestos y pago de servicios públicos y privados, se inyecta liquidez a los voraces banqueros. También se subsidia la pavorosa corrupción gubernamental y bancaria en todos los Estados, mientras sus malos gobiernos están en quiebra o mantienen reservas multimillonarias (Felipe Calderón tiene, como si fueran suyos, más de 200 mil millones de dólares en la banca extranjera, en tanto no hay gasto social ni inversión para estimular el crecimiento económico).

Arrastrados por Washington, vamos a una recesión y por ende a más desempleo, reducción de salarios por inflación y que el pueblo quede asido en más pobreza que va del hambre a la miseria y el empobrecimiento general.


Se frotan las manos los calderonistas y el Partido Acción Nacional con sus aliados del conservadurismo clerical y su iglesia vaticana con "limpias" y padrenuestros en la evangélica Casa sobre la Roca, porque los mexicanos están al margen de las protestas masivas.
Calderón es igual de homicida que Gustavo Díaz Ordaz, cuando en vísperas de 1968, éste a todo pulmón gritaba que México "era una isla", mientras en Francia y después en California, los estudiantes (como ahora en Chile que defienden la educación laica y gratuita) escenificaban los gloriosos movimientos de protesta… Y que estalla nuestro 1968, reprimido a sangre y fuego por soldados del general y regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, para preparar el golpe de Estado. Hoy sólo hay síntomas y hechos aislados, pero se gesta ("se escucha el ronco son de la Revolución" decía, en París de 1848, Víctor Hugo) el gran levantamiento de los encabronados contra las elites panistas, los multimillonarios, el duopolio Televisa-Tv Azteca, los bancos de propios y extraños en la globalización del capitalismo salvaje financiero. ¿Para cuándo…?

Para cuando la sociedad llegue a su límite y de la abnegación, sometimiento y resistencia hagan "necesario el heroísmo, la guerra civil y las batallas de los pueblos" contra "los engreídos ladridos de triunfo" de los calderonistas, y como nación de minorías dispuestas a reventar la burbuja de la cuestionada "paz social" por los embates de la "guerra" calderonista ("guerra" contra el narco), dispongan del "aventurero que ha podido abusar de ella".


El napoleoncito panista, con la definición de "chaparrito, calvo y con lentes", al carecer de atributos políticos, busca salir de su sexenio sin rebeliones sociales, pero éstas están ya derribando la puerta de la Casa sobre la Roca de Los Pinos.
Calderón ya creó a los encabronados, cuyo filo no vemos desde 1968, y sólo hechos aislados de protesta y guerrillas, que del díazordacismo al zedillismo aplastaron a sangre y fuego. Pero, ahora el foxismo y Calderón están sentados sobre un volcán social, y las minorías en actos aislados son la vanguardia de la rebelión de los encabronados. "Tan pronto como una de las capas sociales experimenta cierta efervescencia revolucionaria, el proletariado se alía a ella", para el levantamiento contra la pobreza y miseria que invade a no menos de 100 millones de mexicanos.

Si por todos los países se expanden las manifestaciones de protesta contra los gobiernos antidemocráticos, cómplices de multimillonarios y desfalcos bancarios, entonces por los hechos aislados y síntomas sociales del descontento social en México, no cabe duda que de un momento a otro ("en la historia siempre hay elementos de sorpresa"), han de estallar contra los actos de autoridad del calderonismo, los 32 gobernadores y el jefe del Gobierno del Distrito Federal. Serán las protestas de los encabronados por la penuria de 50 millones, el alza de productos alimenticios y el creciente desempleo; por los jóvenes rechazados por falta de cupo en los centros escolares y la multiplicación de los delincuentes que tienen en grave riesgo la soberanía de México, pues los estadunidenses vociferan sobre la necesidad de intervenir militarmente, ya que el gobierno federal no ha sabido someter a la legalidad a los narcotraficantes.

La seguridad nacional está al borde de una "guerra de todos contra todos". Así que no hay más salida a los problemas que los encabronados ganen las calles para obligar a los gobernantes del federalismo a cumplir con sus obligaciones o renunciar para elegir a quienes estén dispuestos a solucionarlas… ¡encabronados de México, uníos! *Periodista Fuente: Revista Contralínea 256 / 23 de octubre de 2011

La verdadera revelación a The new York Times



En:Editorial

La entrevista que concedió Felipe Calderón al diario norteamericano The New York Times en días pasados, y que enredó al gobierno federal al intentar corregir y desdecir al Presidente, es mucho más reveladora de lo que se cree.

Calderón desnuda, entre líneas, sus omisiones, debilidades, verdades a medias y obsesiones. Aunque también,
¿por qué no decirlo?, sus aciertos, sobre todocuando critica a Estados Unidos.

En sus primeras respuestas, Calderón nos deja ver que declaró la guerra al narcotráfico sin conocer el problema. Cuando el periodista le preguntó si para él había sido una sorpresa la gravedad de la corrupción que había en los estados, municipios y policías locales, el
entrevistado contestó: "…se tenía muy poca información…" "Ni en México ni en Estados Unidos, estoy seguro, había la información suficiente del grado de profundidad o de la penetración de los grupos criminales en cuerpos policiacos…"

El primer mandatario evitó contestar la pregunta de si México es hoy más seguro que cuando comenzó su sexenio, lo que confirma que Calderón lanzó al ejército y a la policía federal a las calles sin una estrategia, y sin medir, evidentemente, las consecuencias.

Cuando el periódico lo cuestiona sobre las razones por las cuales el gobierno mexicano no ha logrado bajar los niveles de violencia de manera más rápida, el Presidente sigue sin poder dar argumentos contundentes y coloca sobre la mesa las partes de una serie de acciones aisladas y desarticuladas.

Aun y cuando dedica más de cincuenta por ciento de la entrevista a hablar —de manera reiterativa— del uso de la fuerza, de la exitosa aprehensión de una serie de líderes criminales, de las pruebas de confianza a policías, jueces y ministerios públicos con la intención de tener un sistema de seguridad de primer mundo, sigue sin tener respuesta la pregunta de por qué no ha descendido la violencia en el país.

A mitad de la plática, Calderón se dio cuenta de que el resultado de la entrevista le iba a resultar adverso. No había podido demostrar que su lucha contra el crimen estaba resultando todo un éxito. Así que volteó a ver al PRI y lo acusó de negociar con el narcotráfico.

Evidentemente, el mensaje tenía dos destinatarios: el electorado mexicano, pero también y, sobre todo, el gobierno de Estados Unidos.

El objetivo era claro: hacer ver a otros —a los priístas— como responsables de su propio fracaso y decirle al poder político y económico norteamericano: ¿quiere que un partido coludido con el crimen organizado regrese al poder?

La acusación de Calderón resultó ser un dechado de audacia, irresponsabilidad e ilegalidad. En otro país, el presidente estaría obligado a demostrar sus acusaciones o a dejar el cargo.

La entrevista de The New York Times encendió las alarmas en el PRI y debería encenderlas también —si no lo ha hecho— en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

Las declaraciones de Calderón no sólo son un claro aviso de que quiere hacer del 2012 una elección de Estado —al estilo Fox—, sino que intervendría para hacer ganar a su candidato, aunque el Instituto Federal Electoral y su actual presidente, Leonardo Valdés Zurita —como sucedió con Luis Carlos Ugalde—, queden destruidos para siempre.

UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO BOLETÍN DE PRENSA

23 de octubre de 2011

En conferencia de prensa, dirigentes de la Unión de Juristas de México, acompañados de representantes de organizaciones sociales y de abogados, informan que el próximo jueves 27 de octubre del año en curso, a las 11 horas, presentarán formalmente ante la Procuraduría General de la Republica, una denuncia penal en contra del ex presidente Vicente Fox Quesada, por la probable comisión del delito de "apología del delito" previsto y sancionado en el artículo 208 del código penal federal, debido a las declaraciones reveladoras que diera el panista en un foro, hace días en Estado Unidos, proponiendo a la sociedad y gobierno mexicanos dar tregua y amnistía al crimen organizado, haciendo un elogio a la delincuencia, y dejando entrever indiciariamente que pactó con la delincuencia en su mandato, en el periodo 2000-2006.

Eduardo Miranda Esquivel, Presidente Colegiado de la Unión, acompañado de Cesar de León y otros abogados, fijó la postura dando lectura al boletín de medios, con el agregado de que se hará una denuncia jurídica técnicamente bien preparada, que presentarán un grupo de destacados juristas y abogados del país, la cual apoyarán con firmas de agrupaciones ciudadanas, al hacer un llamado a decir YA BASTA, al señalar que es necesario que la sociedad se empodere de su propio destino.

Entre los firmantes de la denuncia se perfilan el propio Miranda Esquivel, Enrique González Ruiz, Pablo Franco Hernández, Hilda Venegas Negrete, José Jacques Medina, José Luis Vega Núñez Y Juan José Calixto Rodríguez. Los denunciantes prevén acudir ante instancias internacionales sino encuentran justicia en el país, una vez que agoten los procedimientos ordinarios en México.

Adelante el texto del boletín.

UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

Boletín

23 de octubre de 2011

Un nuevo gobierno popular y honesto única salida a la violencia del país

PRI y PAN sin autoridad moral para salvar a México de la corrupción

Tregua y amnistía de Fox, apología del delito

¡NO A LOS PACTOS CON EL CRIMEN,

SI A LA PREVALENCIA DEL ESTADO DE DERECHO!

Tregua y amnistía con el crimen organizado, que propone Fox, revela la probable comisión de la apología del delito y la invitación a que el Estado y sus poderes renuncien a sus deberes constitucionales de perseguir y castigar la delincuencia, ante la grave situación de inseguridad y violencia que vive México, y en la que los gobiernos de las últimas 3 décadas, incluido el foxista, han sido incapaces de contener, así como, incompetentes de brindar al pueblo, desarrollo económico y respeto a sus derechos humanos, en un ambiente de paz y justicia social.

Lo anterior, a propósito de la conferencia que en días pasados impartió, el ex presidente de México Vicente Fox Quesada, durante su participación en un Foro público en Washington, Estados Unidos, en la que propuso un "cese al fuego" con los cárteles, según la agencia AP, y de la cual se desprende la propuesta de una negociación y amnistía con el crimen organizado, con base en las "experiencias en otros países, como Colombia", refiriendo la creación de la Comisión de la Concordia y la Pacificación (COCOPA), lo cual es más deleznable al comparar a los "zapatistas" con los delincuentes organizados.

Esas declaraciones son prueba indiciaria para que la Procuraduría General de la Republica inicie la investigación por la probable comisión del delito de apología, cometido en su caso por Fox, al provocar este públicamente a la sociedad y a la autoridad a cometer delitos contra la integridad y salud de las personas y la seguridad del Estado, al proponer el perdón y la gracia del olvido a los victimarios, haciendo un elogio público a los actos delincuenciales, cuya conducta quebranta, el derecho, como lo previenen la Constitución y los artículos 1°, 7, 218 y demás relativos del código penal federal.

Cabe señalar que el ex mandatario tiene como cualquier otro ciudadano mexicano el derecho a expresar sus ideas, pero no a rendirle un culto a la degradación social, ni tampoco hacer frívolos paralelos entre la insurgencia social y el narcotráfico, dando pie a la noción de algunos conservadores yanquis que promueven la intervención en nuestro país por la "narcoinsurgencia" y el "estado fallido", pero lo más grave es que lo dicho por Fox, revela por analogía política, su inclinación a negociar con grupos criminales, hecho que debe investigarse.

Debemos decir ¡ya basta! a todo esto; necesitamos resistir y luchar por el arribo de un nuevo gobierno popular y honesto, como única salida a la violencia generalizada, porque ni el PRI ni el PAN tienen autoridad moral para salvar a México del desastre, la corrupción e impunidad que prevalecen en las instituciones del sistema de justicia, porque la situación que se vive ahora tuvo su origen y fermento en los gobiernos del PRI.

Los juristas y demás adherentes sociales a este boletín, sostenemos que es totalmente falso que el país vaya a ser más seguro con la estrategia e iniciativas que el presidente Calderón ha emprendido para combatir el crimen, legalizar el papel del ejército en funciones policíacas y endurecer el Código Penal Federal, como lo declaró hace días al diario The New York Times, por ello, nos oponemos a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y a la promulgación de un nuevo código federal de procedimientos penales, porque consideramos que esa es una estrategia equivocada, autoritaria y militarista, que potencia el Estado de excepción.

La crisis de justicia y seguridad pública tiene su origen en el modelo económico, la corrupción y en la incapacidad de los gobernantes para dar alternativas, por ello, decimos: no a los pactos con el crimen, si a la prevalencia del Estado de derecho y al combate de la inequidad social, el desempleo y la pobreza, para que cambie el cuadro que muestra que de 2004 a 2011 la delincuencia organizada ha crecido en un 244%; solo se denuncian 1 de cada 5 delitos y de estos solo se consigna el 5%; al final se castiga el 1%, es decir que de los 7 millones 483 mil delitos, que se cometieron en 2010 sólo 74 mil 835 fueron condenados.

Por lo anterior, procederemos a denunciar penalmente estos hechos y seguiremos convocando al pueblo a la lucha social, para que la sociedad diga ya basta y nos organicemos para defender nuestra integridad y derechos y lograr la transformación democrática del país, forjando nuevas experiencias de gobierno, sin la participación del PAN y del PRI que tanto daño le han hecho a México y a sus habitantes.

A T E N T A M E N T E

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL

Eduardo Miranda Esquivel, Enrique González Ruiz, Hilda Venegas Negrete, Jesús Cervantes Esparza, Cesar de León, Pablo Franco Hernández y Atenógenes Pineda Escamilla

Informes al celular 044553731-9665 unionjuristas@hotmail.com

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