Hay 4.5 millones de "ninis" en el país: Conapred
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos 4.5 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad no estudian ni trabajan en México, según revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010.
Dicha encuesta fue elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por encargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Según los datos aportados por el sondeo, la percepción de que los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) "no quieren hacerlo", alcanza el 36% de la población.
Además, el sondeo difundido por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) precisa que 18.1% de los mexicanos considera que la causa de que los ninis ni estudien ni trabajen es "porque no pueden hacerlo".
Otro 19.4% de los mexicanos encuestados piensa que los ninis lo son por las dos causas anteriores, es decir, porque no quieren y porque no pueden estudiar ni trabajar, y 12.6% considera que "no pudieron estudiar o no les dan trabajo".
La encuesta se levantó hace un año, del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010, en 13 mil 751 hogares de las 32 entidades federativas, donde se arrojó información referente a 52 mil 95 personas.
De acuerdo con los resultados de la Enadis 2010 en la región de Durango, San Luis Potosí y Zacatecas hay más personas que creen que los jóvenes no trabajan ni estudian porque "no quieren hacerlo". Aunque en menor proporción, la misma percepción se observó en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Distrito Federal y Estado de México.
En otra parte de la encuesta se planteó la interrogante de "¿qué tanto se respetan o no se respetan los derechos de las personas jóvenes?" entre la población de 15 a 29 años de edad; 20.9% de los encuestados consideró que éstos no se respetan.
Ser joven, un riesgo en México
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, DF, 12 de octubre (apro).- Los jóvenes mexicanos viven, quizá, una de las etapas más difíciles y peligrosas que ha tenido el país en las últimas décadas.
Además del desempleo, pobreza, ausencia de oportunidades educativas, depresión, soledad, incertidumbre y adicciones, ahora también enfrentan el riesgo de ser cooptados o asesinados por las bandas del crimen organizado.
Desde hace tiempo distintas organizaciones nacionales e internacionales han advertido de la precaria situación que los jóvenes mexicanos padecen, así como de los peligros que enfrentan ante el aumento del poder del crimen organizado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempleo entre la población joven mexicana casi se duplicó en la década anterior, al pasar de 5.3 a 10.3%; además, seis de cada diez jóvenes no estudian la preparatoria ni la universidad, y cerca de 15 millones de mexicanos, de entre 12 y 29 años, subsisten en la pobreza multidimensional.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, ha dicho que más de 7 millones de jóvenes mexicanos ni estudian ni trabajan; es decir, forman la generación de los 'ninis', que no tienen esperanza hacia el futuro.
En el tema de las adicciones, apenas en marzo pasado la Secretaría de Salud informó que, en los últimos seis años, el uso de cocaína en México se duplicó (hasta alcanzar los 3 millones de mexicanos), mientras que el consumo de mariguana pasó de 2.4 a 4.2% de la población. La mayor parte de ellos son jóvenes.
El Inegi también ha alertado del aumento de homicidios entre jóvenes con edades que oscilan entre los 15 y 29 años, pues entre el 2007 al 2009 la cifra de asesinatos en este grupo se incrementó en 140%.
En tanto que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirma que en México ocurren casi 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Honduras se registran 80 homicidios y en El Salvador más de 60.
La suma de todas estas situaciones hacen ver el riesgo que hay en México para la población de jóvenes, quienes además de los bajos ingresos, la alta desigualdad social y la carencia de oportunidades educativas y de empleo, tienen ante sí el riesgo mayor de ser cooptados por el crimen organizado o morir como una víctima más de la violencia generada por la declaración de guerra que hizo desde el inicio de su gestión el presidente Felipe Calderón.
Desde hace tiempo las diferentes bandas criminales se han dedicado a secuestrar a jóvenes para someterlos a su voluntad y convertirlos en parte de su ejército de 'halcones' o sicarios.
Testimonios recogidos por agrupaciones ciudadanas de víctimas en Coahuila, Durango y Veracruz han denunciado la existencia de virtuales "campos de concentración" donde los cárteles llevan a los jóvenes para torturarlos y convertirlos en adictos, transformándolos más tarde en sus esbirros.
Otros jóvenes no necesitan que los obliguen, optan por ingresar a las filas del crimen organizado porque es el único camino de "éxito" que conciben (dinero, poder y mujeres) ante un futuro incierto y de escasas posibilidades de bienestar.
De esa manera, el "bono demográfico" que vive hoy el país, con una mayoría de jóvenes en su población económicamente activa, se perderá irremediablemente en medio de esta tragedia nacional, de este país envuelto en una espiral de violencia, donde lo más seguro es que un joven caiga en las manos del crimen organizado o sea, como lo ha sostenido Calderón, una "baja colateral" de su guerra contra el narcotráfico.
Se colman de elogios Ebrard, Calderón y el cardenal en inauguración de Plaza Mariana
MÉXICO, D.F. (apro).- El día de hoy fue inaugurada la primera etapa de la Plaza Mariana, el enorme mall religioso-comercial que el empresario Carlos Slim está construyendo a un costado del atrio de la Basílica de Guadalupe, y con el que piensa hacer negocio con los 20 millones de visitantes que anualmente llegan el santuario.
Aparte de Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo, a la inauguración asistieron el presidente Felipe Calderón, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal y el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México.
La ceremonia fue aprovechada para que Calderón, Ebrard y Rivera Carrera se dirigieran elogios mutuos:
Calderón –quien saludó calurosamente a Ebrard y a su nueva esposa, la hondureña Rosalinda Bueso– calificó como "positivo" el hecho de que el gobierno capitalino haya donado el predio de 30 mil metros cuadrados donde se está edificando la Plaza Mariana.
Por su parte, Rivera Carrera agradeció a Ebrard el apoyo que su gobierno le está dando a la obra: "Muchas gracias señor jefe de Gobierno", le dijo.
El cardenal también agradeció a Slim porque, "gracias a su gran corazón", su empresa Grupo Carso está construyendo la Plaza Mariana, luego de que el proyecto estuvo detenido durante casi una década.
Para no quedarse atrás en los elogios, Ebrard igualmente elogió a Carlos Slim por estar construyendo esa obra y otras más localizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Agregó que la Plaza Mariana forma parte de las iniciativas de su administración encaminadas a dignificar el espacio público de los capitalinos.
Calculó que para el próximo mes de diciembre la obra quedará terminada, por lo que coincidirá con las festividades a la Virgen de Guadalupe.
Ebrard y Calderón ingresaron juntos al inmueble después de haberse saludado efusivamente. Aprovecharon el acto para mostrar en público su mutua simpatía.
Con la Plaza Mariana se ampliará el atrio de la Basílica, aunque a diferencia del atrio, que es propiedad federal –como todos los templos del país–, la Plaza Mariana es realmente una propiedad privada manejada por la Fundación Plaza Mariana, en la que siempre han estado metidos el cardenal Rivera Carrera y representantes de Carlos Slim, según ha revelado en varias ocasiones la revista Proceso.
La enorme derrama económica que dejan los alrededor de 20 millones de peregrinos y turistas que anualmente visitan el santuario, siempre ha sido muy disputada por los pequeños comerciantes de la zona, quienes ahora se sienten desplazados por la sociedad comercial que hicieron Slim y Rivera Carrera, ya que –han asegurado en varias ocasiones– con la Plaza Mariana el empresario y el cardenal lograrán mantener cautivos a todos estos consumidores.
Para construir esta obra, el gobierno capitalino expulsó a los pequeños comerciantes que tenían sus locales establecidos en el área, quienes actualmente trabajan en la calle, esperando ser reubicados en la Plaza Mariana, como se les prometió.
Sin embargo, hay un grupo de comerciantes que fueron desalojados a la fuerza –la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata–, que no aceptaron esa promesa, por lo que están pidiendo en tribunales que se les reinstale en lo que legítimamente son terrenos de su propiedad.
Así, los terrenos de Plaza Mariana están en litigio.
La Plaza Mariana constará de 78 mil metros de construcción. Tendrá modernas tiendas comerciales, un mercado, un museo de sitio, estacionamientos públicos y un área para criptas, las cuales empezaron a venderse desde hace años.
Hoy, Ebrard les prometió a los comerciantes desalojados que podrán estar en la Plaza Mariana, donde "tendrán un espacio digno para trabajar".
Demagogia hasta el final
Así lo advirtió una de las dirigentes de organismos ciudadanos consentidos de Calderón, María Elena Morera. Dijo que a veces acostumbramos inventar proyectos vacíos, aunque política y mediáticamente rentables
Aun cuando no redunde en un resultado concreto, la denuncia ciudadana ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del Ejecutivo mexicano, sienta un sano precedente que habrá de contribuir a crear conciencia de que nada se puede hacer internamente, para abatir la impunidad con la que actúan los altos funcionarios, en grave daño a la sociedad nacional. A cinco años de que Felipe Calderón decretara su "guerra" contra el crimen organizado, lo único real es que los resultados han sido contraproducentes, con más de 50 mil muertos, más de 10 mil desparecidos, 230 mil desplazados y mil 300 jóvenes y niños asesinados.
Ayer fue hecha pública la denuncia preparada por un grupo de la sociedad civil compuesto por abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y civiles, entre ellos los secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente. La petición a la CPI es respaldada por 20 mil firmas de ciudadanos mexicanos. En el documento se afirma que "vivimos una situación de impunidad estructural en la que únicamente 12 por ciento de los delitos son denunciados y 8 por ciento investigados".
Ante tal realidad, es evidente el fracaso de una estrategia mal diseñada, pésimamente realizada y con una serie de costos impagables, sobre todo en lo que se refiere a vidas humanas y a una acelerada descomposición del tejido social. Como si no bastara, también hay que agregar el tremendo descrédito sufrido por las fuerzas armadas que no podrá ser revertido ni por costosísimas campañas mediáticas, por muy bien realizadas que puedan ser. De ahí que sea un acto más, sin ningún sentido, la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Tan será inútil, que nació sin presupuesto ni personal, sin siquiera teléfonos suficientes ni un plan de trabajo básico. Una verdadera tomadura de pelo.
Así lo advirtió una de las dirigentes de organismos ciudadanos consentidos de Calderón, María Elena Morera. Dijo que "a veces acostumbramos inventar proyectos vacíos, aunque política y mediáticamente rentables". En este caso ni siquiera cabe esperar que llegue a ser rentable políticamente, porque no tendrá una elemental posibilidad de ofrecer resultados mínimamente aceptables. ¿Qué podría hacer esta novísima dependencia para ayudar a las víctimas de allanamientos de casas, cuando se trata de acciones que se llevan a cabo de manera cotidiana? ¡Ni siquiera se salva un diputado federal del PRI, como le sucedió a Eduardo Bailey, cuya casa particular en Monterrey fue allanada impunemente la madrugada del 15 de septiembre por elementos de la Marina!
En la ceremonia de inicio de trabajos de la nueva procuraduría, Calderón demandó a la sociedad "ir más allá del reclamo, y que la indignación, que por supuesto todos sentimos ante la violencia criminal, la transformemos en acciones eficaces, en propuestas viables, en responsabilidades compartidas". Todos sabemos que se trata de palabras vacías, pues no va a llevar a cabo lo que a gritos reclama la sociedad desde hace tres años: que ponga fin a su absurda "guerra", que regrese a las fuerzas armadas a sus cuarteles, que ponga fin a la impunidad de que disfrutan los altos funcionarios para actuar sin ningún respeto a las garantías individuales de la ciudadanía. Denuncias van y vienen y la corrupción sigue con mayor intensidad su marcha ascendente. Entonces, ¿qué caso tiene seguir queriendo darle atole con el dedo a la sociedad?
Lo único que consigue es enojar a los ciudadanos más o menos informados, hacerlos sentir aún más indefensos, víctimas propiciatorias de un estado de cosas caracterizado por altas dosis de cinismo y desvergüenza. En este sentido, el PAN pasará a la historia como el culpable de la crisis de violencia y de impunidad que ha vivido México a partir del 2007. Pero en honor a la verdad, no podría serlo de la debacle económica, como afirmaron Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, al presentar en Chihuahua sus proyectos generales en materia política y económica.
El responsable lo es el PRI, sin ninguna sombra de duda, pues a dicho partido le correspondió poner en marcha, en 1983, el programa neoliberal impuesto por el Consenso de Washington. Claro está que lo habría hecho el PAN si hubiera estado en el poder en ese año, pero el hecho real es que correspondió a los ultraderechistas disfrazados de priístas, impulsar un cambio profundo en la política económica gubernamental que nos condujo a severas crisis, cada vez más agudas y costosas. A partir de ahora, le tocará al PAN llevar a cuestas el peso de la debacle de violencia e inseguridad pública a la que nos condujo Calderón, con el mezquino afán de legitimar un "gobierno" que llegó al poder por la puerta trasera de la Cámara de Diputados y que por la misma habrá de finalizar, tal como están las cosas.
EU arma escenario para invasión
Al igual que en la invasión a Afganistán en 2001 e Irak en 2003, Estados Unidos prepara el escenario para intervenir militarmente en México con el pretexto de hacer frente a una "narcoinsugencia" que amenaza su seguridad en la frontera sur, ante la posibilidad de que un nacionalista de izquierda y popular gane las elecciones presidenciales del 2012. En 2001, EU mintió al justificar su invasión a Afganistán pretextando buscar a Osama Bin Laden, a quien se culpó del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York; en 2003, EU mintió otra vez al justificar que invadieron Irak para buscar armas de destrucción masiva, las cuales nunca aparecieron; en 2011 vuelve a mentir al asegurar que en México existen "narcoinsurgentes" asociados con terroristas de Medio Oriente, y para ello creó el "narcoterrorismo" y la "narcoinsurgencia" en el marco de la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.
La mentira es una de las principales armas de destrucción del gobierno de Estados Unidos. La invasión de Afganistán realmente se llevo a cabo por el interés del gobierno norteamericano en las reservas de petróleo y gas en el noroeste de ese país, con estimaciones de 1.5 billones de petróleo y de 15 a 30 trillones de pies cúbicos de gas natural en el sur, además de sus vastos depósitos de Uranio. Por si eso fuera poco está el opio, toda vez que el 92 por ciento del opio mundial viene de este país y su valor en la calle oscila entre 30 y 80 billones de dólares al año, y cubren el 60 por ciento de la demanda de heroína de los Estados Unidos. La invasión de estadounidense a Afganistán es una de las guerras más prolongadas de ese país y aún no concluye.
También en el caso de la invasión de Estados Unidos a Irak la mentira fue su primera y principal arma. Aún y cuando se argumentó que la razón de esta guerra fue la búsqueda y destrucción de armas masiva y acabar con la relación entre el gobierno baasí iraquí y la organización guerrillera Al Qaeda, las verdaderas causas están en el control de las grandes reservas de petróleo y el evitar que la Unión Europea o potencias emergentes como China e India se acercaran a esas gigantescas reservas de hidrocarburos. Este hecho fue incluso admitido en 2007, en su libro de memorias, por el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan. Esto fue otra mentira que el tiempo muy pronto reveló.
Ahora en México se maneja la misma estrategia. Se pretexta que en territorio mexicano operan narcotraficantes, terroristas e insurgentes, que representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. El pequeño e importante detalle de que en territorio mexicano no existen insurgentes ni terroristas ha sido cubierto en los últimos años por las agencias de inteligencia estadounidenses que han ido creando grupos de "narcoterroristas" y "narcoinsurgentes", en el marco de la guerra declarada por Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico, en estricto apego a los lineamientos de la "Iniciativa Mérida" que George W. Busch obligó a firmar a Felipe Calderón y cuyo resultado para el país es, hasta el momento, más de 50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, más de 230 mil desplazados, el empobrecimiento del país y el proyecto en marcha del establecimiento de un estado policíaco militar.
La administración de Felipe Calderón es totalmente sumisa a las órdenes de Washington y representa un verdadero peligro para la soberanía nacional de México y para su independencia política. En este marco es donde se inscribe la información difundida por fuentes federales de Estados Unidos en donde señalan que el FBI (Oficina Federal de Investigación) y la DEA (Dirección Estadounidense Antidrogas) frustraron una trama para cometer "un importante acto de terrorista en Estados Unidos" vinculado a Irán, que incluía el asesinato del embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, con una bomba, y otros ataques posteriores también con bomba contra las embajadas de Arabia Saudí y de Israel en Washington.
Erik Holder, fiscal general de Estados Unidos, quien conoció la fallida operación "Rápido y Furioso" de contrabando de miles de armas a México, argumentó que un agente encubierto estadounidense en México -¿cuántos de estos agentes trabajan en los cárteles del narcotráfico?- se hizo pasar por narcotraficante para efectuar el atentado, gracias al cual se pudo capturar a Mansor Arbabsiar, un iraní de 56 años naturalizado estadounidense, quien fue detenido el 29 de septiembre pasado a su regreso de México, tras haber mantenido varias entrevistas con ese falso narcotraficante, mientras que otro iraní, Gholam Shakuri, un presunto miembro del grupo de élite militar Al Qods, con base en Irán, permanece en fuga.
Holder asegura que el complot fue "concebido, financiado y dirigido desde Irán". La operación, denominada "Coalición Roja", arrancó en mayo cuando Arbabsiar entró en contacto con el agente encubierto de la DEA en México, supuesto narcotraficante de un cártel mexicano que se haría cargo del ataque a cambio de 1.5 millones de dólares. La versión del fiscal general estadounidense fue respaldada de inmediato por la administración de Felipe Calderón. El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Julián Ventura, añadió que al detectar y expulsar del país al iraní Mansor Arbabsiar, se desactivó un riesgo "relevante" para la seguridad nacional, de Estados Unidos, por supuesto.
Ventura leyó un mensaje ante la prensa mexicana en la que explica que el 28 de septiembre el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó al presunto terrorista nacionalizado estadounidense, intentado ingresar a México y se le impidió ese objetivo en virtud de que no cumplía con los requisitos de internación previstos en la Ley General de Migración y su Reglamento, por lo que se le regreso a su sitio de origen, en una escala al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
Este escándalo tiene aristas internacionales muy importantes: la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirmó que en torno a las acusaciones que su país hizo a Irán sobre un intento de asesinato del embajador saudita en EU, Washington consultará con sus aliados sobre mecanismos para "aislar más" a Teherán. Washington podría buscar nuevas sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como sanciones unilaterales por parte de sus aliados, desde Australia hasta Europa, contra Teherán.
Por su parte, Arabia Saudita calificó de "despreciable" el presunto complot para asesinar a su embajador en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, señalando que viola "los principios de humanidad", y agradeció a "los organismos responsables del gobierno de Estados Unidos por prevenir un acto criminal".
Mientras tanto, el gobierno iraní rechazó la acusación y dijo que se trata de "un escenario prefabricado para desviar la atención de la opinión pública estadounidenses de los problemas internos de Estados Unidos". Alí Akbar Javanfekr, consejero de prensa del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, acusó que "el gobierno estadounidense y la CIA tienen una larga experiencia en desviar la atención de la opinión pública de los problemas internos de Estados Unidos. Ahora habrá que esperar conocer los detalles de este escenario prefabricado para descubrir los objetivos del gobierno norteamericano".
Varios de esos objetivos centrales sin duda alguna están centrados en México, en la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, en la escalación de la "Iniciativa Mérida" hacia un "Plan México", similar al "Plan Colombia", que implicaría una intervención militar de Estados Unidos en nuestro país, en donde ya se realiza una amplia operación de inteligencia por parte de agentes estadounidenses encubiertos, se continúa con la introducción de grandes cantidades de municiones hacia México desde puestos fronterizos estadounidenses y en donde cada día se amplia la estrategia policíaco-militar de intervenir entidades de la República con fuerzas militares y policíacas federales, que potencian la violencia en esos territorios y culpan después a los cárteles de la misma.
En ese marco, en el que también están a toda marcha las presiones legislativas en el Congreso estadounidense para empujar al gobierno de Barack Obama a enfocar la cooperación con México como un asunto de urgencia y de prioridad militar, al estilo del plan colombiano de lucha contrainsurgente de los años 1990, el subsecretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que corresponde a Felipe Calderón decidir qué tipo de ayuda militar quiere recibir de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. La cual, por supuesto, se le brindaría de inmediato.
Más que clara fue también la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien reiteró que la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México es un asunto de seguridad interna para los EU, porque, dijo, tienen la habilidad de penetrar diversos estados de ese país. La funcionaria consideró muy importante que no se pierda el estado de derecho en los estados fronterizos en México, donde, señaló "se han hecho avances con la captura o muerte de los líderes". En un foro en la Universidad George Washington, dijo que Estados Unidos busca abordar en forma simultánea la compleja relación con México para mantener control fronterizo, libre flujo comercial y lucha contra el narcotráfico.
El complot de un presunto atentado contra embajadas en Estados Unidos reavivó en el Congreso estadounidense las preocupaciones respecto a la seguridad en la frontera. La republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales en la Cámara de Representantes, advirtió sobre el posible vínculo de Irán con el crimen organizado en México, una advertencia que repercutirá sin duda alguna en los discursos políticos de las elecciones presidenciales del año próximo en ambos países.
Los 300 mil millones de pesos que Calderón "escondió"
Pues son personajes que, generalmente identificados con el partido político en el poder federal, reciben en sus chequeras los dineros del erario para ellos mismos gastarlo sin, prácticamente, rendir cuentas a nadie.
Habla el presidente de Transparencia Nacional, el ex procurador fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona, en entrevista televisada con este escribidor y denuncia prácticas de la fallida Administración de Felipe Calderón que, "bendecidas" por la Cámara de Diputados, remontan al país a la época medieval.
Y es que, ¿sabía usted que a estas alturas de la bancarización universal, de las comunicaciones instantáneas y luego de que –como se nos ha recordado hasta la saciedad-- Steve Jobs transformara radicalmente el mundo de las comunicaciones, en México aún existen "comisionistas habilitados" por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para manejar los presupuestos públicos ¡en sus cuentas personales!?
¿Comisionistas habilitados? ¿Qué es eso?
Pues son personajes que, generalmente identificados con el partido político en el poder federal, reciben en sus chequeras los dineros del erario para ellos mismos gastarlo sin, prácticamente, rendir cuentas a nadie.
No sólo eso, "a la fecha –me dice Reyes Orona--, la Cámara de Diputados ha sido incapaz de establecer reglas efectivas para evitar que el gobierno federal genere fuentes de ingreso no fiscalizado, como es el caso de la inversión de las disponibilidades que generan rendimientos multimillonarios de los que no se rinden cuentas…
"Entre esos están incluidos los recibidos por concepto de intereses, penas convencionales, los subejercicios, los préstamos internacionales y diversos conceptos que se mantienen en fondos, mandatos y fideicomisos conocidos como guardaditos."
Y sumados esos guardaditos, ha dicho el presidente de Transparencia Nacional en otra entrevista, podrían llegar a la nada despreciable cifra de 500 mil millones de pesos utilizables para fines electoreros: compra de votos a favor del PAN… compra de funcionarios electorales, desde el más humilde escrutador de casilla hasta el más elegante magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… compra subrepticia de espacios periodísticos… compra… compra… compra…
Explica el ex procurador fiscal de la Federación, que "la trampa es sencilla: primero, el Ejecutivo, a través de la SHCP, le entrega a la Cámara de Diputados un presupuesto de egresos con prácticamente el 90 % comprometido, etiquetados, inamovible… y los funcionarios de la alta burocracia le dicen a los legisladores que todo se debe pagar porque así está contratada la deuda, la nómina y otros conceptos, de forma que los diputados sólo discuten el 10 por ciento restante…".
Lo peor es que de ese reducido y casi ridículo porcentaje, la fallida Administración subejerce durante los primeros tres meses del año o periodo fiscal y, a través de un mecanismo conocido como Reglas de Operación, piden a estados y municipios documentos y requisitos prácticamente imposibles de cumplir por lo que los recursos no les llegan a tiempo y muchas más de plano no llegan al destino que marcó la Cámara Baja.
"Mientras no se entrega el dinero –denuncia Reyes Orona-- lo prestan a empresas privadas como Telefónica o Cemex, y a otras cercanas al partido oficial."
Así, después de varios meses la SHCP comienza a enviar los recursos con mucha lentitud a las entidades y a los ayuntamientos. Se ha dado el caso, cual ejemplo los dos ejercicios anteriores, en los que les recortaron el ejercicio anticipadamente, obligando a todos los ejecutores del gasto a devolver el dinero que no se hubiere devengado al mes de septiembre. Es decir los estados y municipios tuvieron entre 4 y 5 meses para cumplir con sus metas presupuestarias.
"Este año, están recortando sólo dos meses y están obligando a que se regresen los recursos a la Tesorería de la Federación y de esos recursos no dan cuenta a nadie."
Otra denuncia reveladora: que "a través de dos rubros generales el 23 y el 30 (Calderón y sus cercanos) tienen un manejo discrecional de enormes sumas a las que la Cámara de Diputados les dio un destino y que, excediendo facultades de ley, Hacienda está enviando a otros propósitos".
Y una más: "…encontrar los más de 300 mil millones de pesos de disponibilidades que (Agustín) Carstens y (Ernesto) Cordero escondieron a través de jinetear el presupuesto y realizar inversiones fuera de la ley y a espaldas de la fiscalización de la Cámara de Diputados.
"En materia de ingresos se requiere que hacienda explique de dónde piensa pagar la deuda contingente que ha negociado con el FMI, en caso de usarlo: hay que recordar que el FOBAPROA fue de 65 mil millones de dólares y que Cordero pidió autorización discrecional y automática para ejercer 80 mil millones de dólares.
"También es urgente terminar con el esquema de excedentes petroleros que sólo tiene como objetivo darle la vuelta a la Cámara de Diputados, transparentar los ingresos que recibe Pemex, y terminar con los anticipos a cuenta de Pemex al gobierno federal que no son sino prestamos no reconocidos.
"Los comisionistas habilitados son otro vicio que los legisladores deben suprimir ya que mediante programas de desarrollo social se dispersan multimillonarias sumas de difícil o imposible fiscalización. Por eso –remata Reyes Orona—México es un país rico lleno de pobres: por su mala administración."
Por su corrupta Administración, valdría agregar, ¿o no?
Índice Flamígero: Apenas ayer, en Monterrey, el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades de la SHCP, Carlos Garza, admitió que esa dependencia adeuda a los estados 12 mil 670 millones de pesos. Así se entiende el porqué los gobiernos estatales contraen deudas con la banca privada.
Congreso se dirige hacia una reforma política desplumada
Luego de que en sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados, los siete grupos legislativos aprobaron por unanimidad en lo general el dictamen de Reforma Política.
El Partido Revolucionario Institucional junto con el Partido Verde y Nueva Alianza se encargaron de rechazar en comisiones la revocación de mandato en el dictamen de la Reforma Política.
Dicha propuesta fue promovida por el PRD y el PT, proponía una modificación al artículo 35 de la Constitución, incluiría el derecho de los ciudadanos para destituir a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.
Con 31 votos en contra y 29 a favor se desechó el tema, hasta el momento se sigue discutiendo el resto de dicha Reforma.
Horas antes de la votación por este punto el PAN y PRD indicaron que en las reservas insistirán en la reelección consecutiva de legisladores acompañada de la revocación de mandato, pues de lo contrario será una reforma "achicada".
A nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Felipe Solís Acero rechazó que se trate de una reforma menor, no sólo por el número de artículos que modifica sino por la trascendencia que implica.
"Las reformas ideales no existen, las reformas ideales son las posibles a partir de las posiciones generosas de los grupos políticos", indicó.
Solís Acero insistió en que su partido está a favor de que la ciudadanía sea la que decida en una consulta popular si quiere o no la reelección consecutiva de legisladores.
Diputados chocan con García Luna
Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, Genaro García Luna ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, propuso legislar para crear el Mando Único Estatal de la Policía, indicó que esto es necesario para alinear facultades legales, estado de fuerza, equipamiento, tecnología y presupuesto asignado a las entidades federativas.
En el marco de la glosa del V Informe de Gobierno, indicó que está acreditado que el esquema de policías en el país es inviable por el desfase legal entre las facultades de las policías para combatir el delito y el estado de fuerza de las corporaciones estatales; además de que el modelo de operación incentiva la corrupción.
En la comparecencia, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña rebatió el discurso de García Luna, cuestionó si entre los registros de Plataforma México no se encuentra el funcionario, pues lo acusó de vínculos con el narco.
Lo acusó de gastar dinero en la promoción insitucional, como con la serie "El Equipo", le dijo: "Lo voy a denunciar ante la PGR, espero que usted acabe en la cárcel".
Por otro lado Teresa Ochoa, diputada de Movimiento Ciudadano reprochó que la presencia de la Policía Federal en varios puntos del país ha detonado el aumento en la violación a los derechos humanos, específicamente en los cateos ilegales, los representantes del PVEM y el PRD también reclamaron esto, pues el ingreso de los federales ha aumentado la violencia, principalmente en Ciudad Juárez.
En el informe, García Luna señaló que también está comprobado el déficit salarial básico para garantizar un modelo sano de desarrollo institucional del policía; ya que hoy el estado mexicano no cubre el salario básico de vida de los policías y el perfil, sistemas y equipamiento no son los óptimos.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal aseveró ante los legisladores que el esquema de policías en el país también es inviable por la atomización de recursos para infraestructura y equipamiento en seguridad pública local.
Consideró que el 42 por ciento del estado de fuerza policial es municipal y que al 2009 tenían un déficit salarial de mil 227 millones de pesos mensuales, lo cual habla de posible corrupción.
¿PRÍNCIPES O POLÍTICOS?
En México, cada año aumentan los sueldos de los políticos y gobernantes, sus percepciones salariales son excesivas y desmesuradas. Esto es un oprobio frente a un país que vive en crisis económica y al que no se le han cumplido las promesas de empleos de calidad y bien remunerados, por lo que la austeridad en el gasto público debiera ser una respuesta. El oneroso gasto corriente no se atribuye tan solo al Poder Ejecutivo Federal, se da también en los salarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Magistrados del Tribunal Electoral Federal, en los Consejeros del IFE, en los Diputados Federales, en los Senadores, en el Ombudsman de los Derechos Humanos y un largo etcétera. Tampoco es exclusivo del nivel federal, los excesos están presentes a nivel estatal y municipal.
En el paquete fiscal de 2012, el Poder Ejecutivo plantea incrementar salarios para el próximo año y, con este aumento, algunos funcionarios, sobre todo del Poder Judicial de la Federación, percibirán los ingresos más altos del mundo por cargos públicos similares.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ejemplo, ganarán 5 millones 892 mil 778 pesos anuales, incluidos sueldo base, compensación, prestaciones de previsión social, prima vacacional, aguinaldo, seguros de vida de gastos médicos mayores y de separación individualizada, estímulo de antigüedad, ayuda para anteojos y hasta un "estímulo del Día de la Madre" por mil pesos.
Los Consejeros de la Judicatura percibirán 3 millones 999 mil 413 pesos; más 5 millones 892 mil 778 pesos, y los Magistrados de la Sala Superior 3 millones 999 mil 413 anuales.
Los Consejeros Electorales ganarán 3 millones 33 mil 617 pesos y bruta de 4 millones 124 mil pesos anuales. En el Instituto Federal Electoral, el Secretario Ejecutivo obtendrá 221 mil pesos mensuales; el Secretario Particular del Consejero Presidente, 186 mil 492; los líderes de proyecto, 145 mil 216, 5 mil pesos menos que un diputado federal, y los coordinadores de enlace institucional, 120 mil.
El ombudsman de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, tendrá una percepción bruta anual de 4 millones 70 mil 340 pesos y neta de 2 millones 942 mil. El presidente del INEGI, Eduardo Sojo, percibirá un salario bruto de 3 millones 312 mil 686 pesos y neto de 2 millones 395 mil 172.
Los 128 senadores obtendrán una percepción bruta de 2 millones 709 mil 51 pesos y neta de un millón 978 mil 250; el secretario general del Senado, 3 millones 200 mil 69 pesos, en términos brutos y 2 millones 30 mil 850 netos.
Los 500 diputados federales tendrán un ingreso bruto de un millón 218 mil 840 pesos y neto de un millón 520 mil 151, mientras el secretario general ganará un sueldo bruto de 3 millones 567 mil 161 pesos y neto de 2 millones 640 mil 676.
Sueldos exhorbitantes para una triste realidad
Tenemos una burocracia cara, en un país en donde el gasto corriente para 2011 será de casi dos billones de pesos, inaceptable porque hay 60 millones de pobres y cada año crece la pobreza, y porque el salario mínimo en México es de 57.46 pesos diarios, el equivalente a unos mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo que decide el aumento anual a los sueldos de los trabajadores, se calcula que alrededor de 15% de la población trabajadora recibe un salario mínimo por su trabajo. La CNSM fija cada año un aumento al salario mínimo que ronda en uno o dos pesos anuales, en un país en donde la mitad de su población vive con menos de un dólar al día.
Estos políticos, funcionarios y gobernantes no desquitan el sueldo que cobran. Su productividad es baja, su legitimidad poca y su prestigio endeble.
Mientras una familia mexicana no puede adquirir una canasta básica con 55.84 pesos diarios, que es lo que le queda de salario neto menos impuestos, mucho menos pueden vivir un mes con ese ingreso y pagar comida, colegiaturas, agua, luz y gasto en salud, como lo dijo Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda.
México tiene una administración "obesa" y "despilfarradora", amparada por la opacidad y la falta de transparencia. Las nóminas de las cúpulas políticas rebasan, en muchas ocasiones, el tope salarial impuesto por el decreto de la Presidencia de la República del 22 de julio de 2009, oponiéndose así a la reforma constitucional del artículo 127 que ordena que "ningún" servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que asciende a 16 mil dólares como percepción bruta anual. La justificación de dicho decreto presidencial era de que el sueldo correspondiera a la responsabilidad del trabajo, cuestión que no parece suficiente.
Opacidad y discrecionalidad
En 2009, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos se opera con "opacidad y un exceso de discrecionalidad" la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal. Hace falta un tope salarial a todo aquel que ejerza un cargo de la administración pública. La reforma al artículo 27 constitucional decreta: "Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente". Este renglón obliga a todos los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y dependencias. Asimismo afecta a los funcionarios que laboran en administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público. Por ello, todos los funcionarios "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades". A las remuneraciones en efectivo se incluyen dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra percepción que sea propia del desarrollo del trabajo.
Concluyó que "faltan criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública", en materia de percepciones de los servidores públicos. "La existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones", dice el máximo órgano de fiscalización del país en un análisis de 2009.
El Ejecutivo federal no ha adelgazado, como lo prometió, su gasto corriente, para tapar el gran boquete en las finanzas públicas. Y mientras los políticos y funcionarios públicos se aumentan el salario exponencialmente, y justifican el por qué de estos altos sueldos. "Yo creo que para que tengamos servidores públicos de alto nivel que estén comprometidos, que estén dispuestos a sacrificar mucho de su tiempo para estar comprometidos en los temas y atender a la ciudadanía, y que sea gente muy preparada, creo que debe tener sueldos muy buenos, porque si no el riesgo que corremos es que la iniciativa privada nos los empiece a robar", dijo en una ocasión el legislador por el Partido Verde Ecologista, Pablo Escudero, entonces Presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
México, además de registrar el descenso del poder adquisitivo más grave de Latinoamérica, sufre una"desigualdad salarial" sin par, en la que hay una gran disparidad entre 80% de la población que está ocupada, 37 millones de personas que ganan menos de cinco salarios mínimos y la alta burocracia. En este país, el Presidente de la República percibe, en términos brutos (antes de impuesto y con prestaciones) 150 veces el salario mínimo y, neto, 93 minisalarios por día. Asimismo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe 223 veces el minisalario, en tanto que un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gana el equivalente a 220 salarios mínimos, según el informe titulado "El salario mínimo", elaborado por los investigadores Miguel Santiago Reyes, Juan Carlos Domínguez, y Samuel Amador, del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Este informe indica también que el poder adquisitivo del salario mínimo actual es equivalente a la cuarta parte del salario de 1976. "Por tanto, sin deterioro del poder adquisitivo, el salario mínimo de hoy tendría que ser de 6 mil 536 pesos mensuales y no de mil 634 (para la zona C) como es ahora". En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido esta remuneración, establece que de 1939 a 1951 este salario tuvo una tendencia descendente, pues perdió más de la mitad de su poder al pasar de 100.23 a 44.84 pesos; de 1951 a 1976 su tendencia es ascendente: el salario pasó a 170.13 pesos. Sin embargo, desde 1976 a la fecha ha mantenido un descenso. (Ver también: "Programa de Presupuesto y Gasto Público CIDE"; VER LINK).
El "sueldazo" del "gabinetazo"
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2011, los diputados aprobaron que el presidente Felipe Calderón tuviera una percepción ordinaria mensual de 247 mil 055 pesos, un 0.5% más que el año pasado. Su salario base, con algunas prestaciones, alcanza hoy los 198 mil 870 pesos. Sin embargo, el aumento sustancial estuvo en las prestaciones. El otorgamiento de un pago extraordinario por riesgo supera 18% y el presidente Calderón recibe por ese concepto 813 mil 427 pesos al año. Por tanto, sus percepciones anuales son superiores a los 3 millones 324 mil 819 pesos, lo que representa un aumento de 24.2% respecto de 2010, cuando era de 160 mil pesos al mes. Este aumento se debe el Anexo 16 del decreto presupuestal para el ejercicio fiscal 2011, referente a los límites de percepción ordinaria total en la administración pública federal. Se trata de un bono de riesgo que se entregó a mil servidores públicos, en total 377 civiles y 623 militares de alto rango. En este aumento también se consideran algunas otras prestaciones, como la prima vacacional, aguinaldo y aportaciones al ISSSTE, Fovissste, seguro institucional y SAR; seguros de gastos médicos privados y de separación individualizada, y apoyos económicos para vehículos y gastos de gasolina y de celular, entre otros.
Con el aumento al salario del Presidente de la República se incrementaron las percepciones de todos los funcionarios públicos. Por ejemplo, los Secretarios de Estado del Gobierno Federal cobran sueldos de 3 millones 273 mil 593 pesos en el año. Un Secretario de Estado gana 196 mil 847 pesos mensuales a partir del 1 de enero de 2011.
Los ex presidentes que "sirvieron" a la Patria
Existe una falta de normatividad que regule montos y partidas por los millones de pesos que eroga cada año el gobierno federal de manera discrecional para el pago de pensiones y jubilaciones de ex presidentes. Las prestaciones a los ex titulares del Poder Ejecutivo fueron un legado de dos acuerdos presidenciales, uno de Luis Echeverría –el 25 de noviembre de 1976–, y otro de Miguel de la Madrid –signado el 31 de marzo de 1987–. Felipe Calderón, al igual que sus antecesores, no etiquetó recursos económicos para ese rubro. Por tanto, no se sabe de dónde sale esta partida ni su monto, aunque se conoce que cada año el pago de pensiones de cinco ex mandatarios cuesta más de 259 millones 115 mil 269 pesos anuales en pensiones y prestaciones, mediante los que son recompensados los ex presidentes durante el resto de su vida, so pretexto de "haber servido a la Patria". Estos personajes tienen una remuneración mensual equivalente al salario de un secretario de Estado en funciones, y beneficios que incluyen un equipo de 103 personas, para atenderlos, por cada uno de los ex mandatarios. Los sueldos de sus asistentes también son sufragados con cargo al erario. De acuerdo con una investigación realizada por el Senado de la República en 2007, mantener a Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox cuesta, en promedio, significan 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno de ellos. Con esta tendencia, al terminar el sexenio del presidente Felipe Calderón, el gasto en Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox rebasaría los mil 554 millones 691 mil pesos.
Según la revista Contralínea, los ex mandatarios tienen derecho a 78 elementos de las fuerzas federales para cada uno de ellos, desglosados en 45 elementos del Ejército: 32 de tropa, ocho oficiales, cuatro jefes y un general; 22 elementos de la Armada: 16 de tropa, cuatro oficiales y dos jefes, y 11 elementos de la Fuerza Aérea: ocho de tropa, dos oficiales y un jefe. También tienen a su disposición a 25 empleados de la Federación: tres choferes y personal para montar una "pequeña oficina". Su despacho se integra con los siguientes puestos: un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, una secretaria para el director general, una secretaria para el director de área, dos secretarias para los subdirectores, tres técnicos especializados y cuatro auxiliares administrativos. El disfrute de la pensión y de los seguros son extensivos a su cónyuge y a sus hijos, mientras vivan, y equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretarios de Estado. Dicha pensión se otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción. Tendrán derecho a percibir las pensiones de seguridad social que corresponden a los servidores públicos que ocupen el cargo de secretarios de Estado, consistentes en seguro de vida y gastos médicos mayores.
Al fallecimiento de un ex Presidente, su cónyuge se queda con 80% de la pensión y 60% de lo seguros. Los hijos lo recibirán hasta cumplir la mayoría de edad. Los ex presidentes desde su retiro gozan de otras prestaciones: seguro de gastos médicos, 160 mil 602 pesos e inmuebles propiedad del Estado e inmuebles arrendados a su servicio que incluyen el pago de todos los servicios: predial, agua, gas, jardinería, cortinas, alfombras, luz, limpieza, mobiliario, rentas y material de reparación. Además tienen derecho a un equipo de transporte, que por cada ex mandatario incluye: una camioneta blindada para él, otra más para su esposa, una de dichas unidades para sus hijos y tres automóviles para sus escoltas; también se les pagan las tenencias, la verificación, el seguro, el mantenimiento de las unidades y la gasolina. Además se les costea el servicio de telefonía y comunicación. Tienen "derecho" a realizar viajes nacionales e internacionales. En viajes en el interior de nuestro país, elevado a seis por año, por los cinco ex presidentes se eroga 5 millones 191 pesos. Por los viajes al extranjero, una cifra superior a los 7 millones 576 mil pesos. Además reciben remuneraciones por las primas mensuales, aguinaldo, otros bonos mensuales, prima vacacional, estímulo especial y "apoyo" para compra de despensa.
Sólo Ernesto Zedillo Ponce de León renunció, en junio de 2002, a su pensión vitalicia, pero no a los apoyos administrativos y de seguridad personal. Este ex Presidente priísta, el último hasta el momento de ese partido, tiene ingresos propios porque trabaja en universidades, en la ONU y en organismos internacionales de desarrollo. Además recibe una pensión del Banco de México. Pero en otros casos, por ejemplo, la viuda de Lázaro Cárdenas Del Río, Amalia Solórzano, recibió hasta 2008 una pensión de 81 mil 277 pesos al mes, y Alejandra Acimovc Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo, percibe del erario 115 mil 187 pesos mensuales.
Fox: el "pobre" presidente que necesita pensión
El único ex presidente que se ha declarado porque no se le quite su pensión vitalicia es el panista Vicente Fox, quien al final de su sexenio ganó 21 millones 240 mil pesos de sueldo bruto; es decir casi 2 millones de dólares, a pesar de que en los primeros cinco años de su sexenio la economía creció menos de 2 por ciento. Netos, sin prebendas, Fox ganó 11 millones 309 mil 609 pesos o un millón 28 mil 146 dólares. "El de Fox es un salario de príncipe, mientras la mitad de la población mexicana permanece en la pobreza y un millón se va cada año a buscar trabajo a Estados Unidos", aseguró en 2006 el académico estadounidense George W. Grayson. En 2004, en la mitad del sexenio de Vicente Fox, de acuerdo con el último estudio que hizo al respecto, había 59 mil 110 funcionarios en el gobierno federal, entre mandos superiores y medios (presidente, secretarios, subsecretarios, jefes de unidad, directores, etcétera), con un costo salarial de 35 mil millones de pesos. A estos datos hay que sumar 18 mil millones de pesos por las prestaciones sociales, como prima vacacional, aguinaldo y aportaciones al ISSSTE, Fovissste, seguro institucional y SAR. Otras dos prebendas de los funcionarios públicos son los seguros de gastos médicos privados y de separación individualizada, en donde si ahorran 10% de su salario, el gobierno les pone otro tanto. Ese dinero genera intereses y se entrega al término de su gestión. Hay otros beneficios que no aplican a todos, pero a muchos funcionarios sí, como apoyo económico para vehículos y gastos de gasolina y de celular, entre otros.
Los millonarios ministros de la SCJN
El Ministro Presidente de la Suprema Corte ganará 5 millones 989 mil pesos durante 2011. Son 11 millones 882 mil pesos, si sumamos sueldo tabular, prestaciones de ley, condiciones de trabajo contractuales, fondo, seguros de ahorro y seguridad social. Sin embargo, su salario tendrá una ligera disminución por impuestos, por lo cual recibirá 8 millones 647 mil pesos netos. El Ministro, tiene por ley, la capacidad de recibir anualmente un salario de 5 millones 989 mil pesos, además de otros 5 millones 892 mil pesos por su labor dentro del Consejo de la Judicatura Federal.
Pero él no es el único que goza de jugosos salarios. Por ejemplo, los otros Ministros de la Suprema Corte ganan hasta 3 millones 999 mil pesos anuales. Un Magistrado del Tribunal Electoral federal percibe 5 millones 892 mil pesos al año. El secretario general de Acuerdos de la SCJN, Rafael Coello Cetina, gana 3 millones 694 mil 137 pesos anuales. El Oficial Mayor de la SCJN, Rodolfo Lara Ponte, obtiene 3 millones 670 mil 137 pesos anuales. El subsecretario general de Acuerdos de la SCJN, Mario Alberto Esparza Ortiz, gana 3 millones 665 mil 238 pesos anuales. El Secretario Ejecutivo de la SCJN, percibe 3 millones 524 mil 187 pesos anuales. El secretario general de la Presidencia de la SCJN, Alberto Díaz Díaz, gana 3 millones 514 mil 549 pesos. El Director General de la SCJN, obtiene 3 millones 424 mil 144 pesos anuales. El coordinador de Asesores de la Presidencia de la SCJN, Alfredo Orellana, percibe 3 millones 415 miles 577 pesos anuales.
En 2006, el sueldo neto anual de un Ministro era de un millón 792 mil pesos, más prestaciones por un millón de pesos y apoyos para el ahorro por 647 mil pesos. En total, 3 millones 439 mil al año; es decir, 286 mil 583 pesos mensuales. Un sueldo superior al del Presidente de México y un poco menos que el de Estados Unidos. En 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Manual de Procedimientos de la Suprema Corte que señalaba que el sueldo de los ministros sería equivalente a 347 mil pesos al mes. Los Consejeros de la Judicatura Federal ganan 337 mil pesos mensuales; los Magistrados de Circuito, 200 mil pesos al mes, y los Jueces de Distrito, 176 mil pesos mensuales.
Chóferes de la SCJN ganan más que profesionistas
Hasta los chóferes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gozan de los privilegios de un buen sueldo. Un chofer de la SCJN ganó 685 mil pesos en 2010, entre sueldos, salarios y prestaciones. Con un nivel de plaza 34, un chofer de la Corte tiene una programación de 347 mil 661 pesos de sueldos y salarios. A los que se suman 337 mil 419 pesos de prestaciones. En total, 685 mil pesos, recursos que están muy por encima de lo que ganan muchos profesionistas especializados en México, pues cada mes perciben 57 mil pesos.
El Legislativo, gigantesco aparato burocrático
Mientras el sistema político mexicano gasta un promedio de mil 200 millones de pesos anuales para mantener a la estructura de los partidos políticos (cuando son elecciones esa cifra se incrementa), sus representantes en el Poder Legislativo, Diputados y Senadores, le cuestan al erario público más de lo que rinden por su trabajo. En el Congreso de la Unión se encuentran en la "congeladora" 87.6% de las iniciativas, según Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, SC, empresa que en su "Reporte Legislativo" plantea que la actual legislatura ha desahogado sólo 12.4% de las iniciativas de ley recibidas, y las cámaras abordaron sólo 45.4% de los temas que agendaron. Esta misma legislatura acumula ya 2 mil 094 iniciativas sin resolver, que ya superan al rezago legislativo de toda la legislatura anterior. Lo anterior se debe, en parte, a que los diputados y senadores inician sus sesiones con más de una hora de retraso y ni siquiera permanecen el tiempo que duran, pues los primeros permanecen en promedio 85.7% y los últimos 58.2%; muy poco rendimiento para un Poder Legislativo que cuesta 9 mil millones de pesos al año.
Diputados federales, los principitos del reino
Los Diputados Federales tienen actualmente un salario mensual de 105 mil 370 pesos, que menos impuestos les dejan 77 mil 745 pesos, además de que los impuestos sobre ese salario se los paga la propia Cámara, a cargo del mismo presupuesto legislativo. De su ingreso pueden ahorrar 12% para un fondo de retiro y la misma Cámara aporta otro 12 por ciento. A esto suman dos pagos mensuales más: 28 mil 772 pesos de ayuda ciudadana y otro –de escándalo– por 45 mil 786 pesos más por ¡asistencia legislativa! Es decir, otro sueldo por hacer lo que ya es su obligación. Reciben gratis, además, un seguro de gastos médicos mayores para ellos, sus padres, su cónyuge y sus hijos, y el pago de gastos médicos que abarcan dentista, optometrista y lentes gratis. Además de gastos funerarios para la misma parentela, que representa un mes de dieta. Cupones de avión con la tarifa más alta para cambiar por cuatro boletos mensuales, tres si están en receso. Ayuda terrestre de hasta 10 mil pesos mensuales a los que viven en un radio menor a 300 kilómetros –¡los del Distrito Federal incluidos!–, y una tarjeta IAVE para cada uno de ellos para no pagar cuota en las autopistas. A esto hay que añadir aguinaldo, vacaciones, ayuda para gasolina, pago de celular y asistentes. En algunos casos coche y chofer. Y un bono de retiro por 1.6 millones de pesos.
En general, se les pagan a estos 500 legisladores 190 millones de pesos anuales en teléfonos fijos, 32 millones de pesos anuales en celulares. Además, 670 millones de seguro médico, 613 millones en boletos de avión, 126 millones en comidas en eventos y vales de alimentos, 6.8 millones en botellas de agua. La anterior 60 Legislatura gastó de 2006 a 2009 un total de 12.72 millones de pesos en galletas, café y leche. No es todo. Excélsior documentó opacidad en 12% del presupuesto. Es decir, de los 5 mil millones que cuesta la Cámara de Diputados, los coordinadores apartan 600 millones, cuyo gasto no revelan, que es conocido como "asignación a grupos parlamentarios". Y como son ciudadanos "de otra especie", los diputados no sólo tienen fuero, sino que no pagan impuestos. Milenio calculó que nuestros Diputados gana dos mil pesos por hora laborada, por sesión de martes y jueves.
En tanto, el personal de la Cámara de Diputados recibe cada mes entre 18 mil 668 y 31 mil 560 pesos en el caso del jefe de Departamento, 31 mil 801 a 51 mil 900 el subdirector y de 53 mil 109 a 83 mil 789 el director de Área. El director general de cada área que labora al interior de la Cámara Baja percibe al mes entre 91 mil 203 pesos y 119 mil 220 pesos, el contralor recibe 122 mil 38, el secretario 136 mil 832 y el secretario general ganan 157 mil 702 pesos. Mientras, el nuevo esquema de contratación para personal de honorarios establece que los contratos laborales para este año sean por sólo de seis meses, con lo que se les deja sin la posibilidad de acceder a prestaciones sociales, como fue aprobado y etiquetado en el presupuesto del PEF 2011. Por ejemplo, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados le paga 22 millones de pesos anuales por "outsourcing" a la empresa Grupo Alfa Sol, SA de CV, dedicada a suministrar el servicio integral de limpieza en oficinas, edificios, y plantas industriales, y que es la encargada del servicio de limpieza en San Lázaro. Pero a los y las trabajadores de limpieza, dicha empresa les paga tan sólo 2 mil 400 pesos mensuales por su trabajo, aunado a que no tienen seguridad social. Además de dichos abusos laborales, la empresa Alfa Sol despidió a 154 trabajadores en San Lázaro y al resto les redujo el salario base de 2 mil a mil 900 pesos mensuales.
El "Rey de reyes" en San Lázaro
Es el Secretario General de San Lázaro y gana 3 millones 389 mil 571 pesos anuales. Se llama Guillermo Haro Bélchez y gana un millón 104 mil 358 pesos más que el presidente Felipe Calderón en cuanto a sueldos y prestaciones se refiere. Es un hombre poderoso, con suficiente discrecionalidad para definir contratos tanto de obras, como de proveedores, así como de manejo de personal, principalmente de honorarios, donde dispone e impone a su arbitrio, colocándose incluso por encima de los diputados y órganos de gobierno. La Auditoría Superior de la Federación detectó diversas anomalías en las obras realizadas en 2007 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como el hecho de gastar más de 109 millones de pesos en obras públicas plagadas de irregularidades, sin licencias de construcción, con supervisiones inexistentes y pagos sin justificación. El "Rey de reyes" de San Lázaro, Haro Bélchez, es el encargado de la administración financiera de la Cámara, de la información parlamentaria y los asuntos jurídicos, además de controlar al personal de seguridad interna. Para realizar su trabajo cuenta con un numeroso staff de asesores y asistentes, según documentó el periódico Reforma. La Cámara de Diputados informa en su página electrónica que en la oficina de la Secretaría General colaboran 14 personas, pero no detalla su sueldo. Sin embargo, Reforma divulgó que la nómina de la secretaría suma los 314 mil 730 pesos al mes. Según el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, Haro Bélchez tiene derecho a una Secretaría Particular, una Coordinación de Asesores, una Secretaría Privada y un Asistente Administrativo.
Los senadores: ricos y opulentos
Con información de 2009, un Senador de la República gana 126 mil 800 pesos mensuales y recibe otro tipo de aportes económicos si es Presidente del Senado o si coordina a un partido político o si preside comisión; pero esa información no está precisada en la página de transparencia del Senado de la República. En 2008, el Senado de la República dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación los sueldos y prestaciones de los legisladores y de los servidores públicos de mando que operan en la Cámara Alta. En su Manual de Percepciones indicaba que un Senador obtenía como dieta neta mensual 125 mil 500 pesos y prestaciones como seguro de vida institucional equivalente a 40 meses de su dieta y de gastos médicos mayores igual a mil 500 salarios mínimos generales mensuales del Distrito Federal. Además, una gratificación de fin de año o aguinaldo equivalente a 40 días de dieta y un seguro de separación individualizado, que se constituye con aportaciones propias y del órgano legislativo, equivalente a 10% de su dieta más sus rendimientos.
El Secretario General del Senado gana al mes 124 mil 900 pesos; el Contralor Interno, Tesorero y Coordinador del Senado perciben de 103 mil 200 a 123 mil 100 pesos, según el nivel que tengan. Los cuatro cargos tienen seguros de vida institucional de 40 meses de sueldo integrado; colectivo de retiro, que va de 12 mil a 25 mil pesos, según los años de servicio; de gastos médicos mayores igual a 295 salarios mínimos generales mensuales del Distrito Federal, y de separación individualizado. Tienen una prima vacacional igual a seis días de sueldo base; prima quinquenal, que va de 46 a 136 pesos, según los años de servicios; aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo base; pagas de defunción; 20 días de vacaciones, y estímulo de fin de año, que suma 40 días de la percepción ordinaria. Tienen a su disposición un vehículo o apoyo económico para transporte, y equipo de telefonía celular, radiolocalización y/o radiocomunicación. A su vez, el director general puede recibir al mes desde 79 mil 700 hasta 96 mil 200 pesos, y el Jefe de Unidad de 61 mil 900 a 71 mil 700 pesos. En tanto, un Director de Área percibe de 39 mil 200 a 61 mil 500 pesos; seguido por un Subdirector, quien recibe de 26 mil 400 a 38 mil 500 pesos, y un Jefe de Departamento obtiene entre 18 mil 100 y 26 mil 300 pesos.
Plebeyos en el reino del Senado
Los anteriores sueldos descritos, altos y opulentos, contrastan con la situación laboral de los trabajadores de confianza, que por más de 10 años han prestado sus servicios en el Senado de la República, que solamente cobran en la modalidad de honorarios y no tienen acceso a las prestaciones establecidas por la ley y por la Cámara de Senadores, como acceso a la seguridad social que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tampoco al estímulo semestral derivado de una evaluación a su desempeño de hasta 17 días de salario, ni vales de despensa y mucho menos, de prima vacacional.
Atención médica de lujo para legisladores
Según Reforma, para 2012 el costo de percepciones y prestaciones para los Diputados Federales se incrementará 5.25%, y las de los Senadores 1.2%, debido "al alza prevista en el pago de los seguros de vida y de gastos médicos mayores, así como en las aportaciones de seguridad social". Dichos aumentos en sus seguros de vida y médicos origina el aumento de sus remuneraciones para el próximo año. Por ejemplo, los incrementos en las prestaciones de los diputados cuestan 38 millones al erario público. Los diputados aumentarán el gasto en los seguros de vida, al pasar de 35 mil 530 pesos la cuota por diputado, a 66 mil 818 pesos. Es un aumento de 88% en el costo de tal seguro, lo que significa 31 mil 288 pesos adicionales en la prima anual por cada integrante de la Cámara Baja, que equivale a 15 millones 644 mil pesos más para los seguros de vida de los diputados. En cuanto al seguro de gastos médicos mayores, los diputados prevén un incremento de 25% en el costo de la prima. De 88 mil 478 pesos por cada uno en 2011, para el próximo año se prevé elevar el costo a 110 mil 610 pesos, una diferencia de 22 mil 132 pesos por legislador. Por este concepto del seguro de gastos médicos mayores, el presupuesto de la Cámara de Diputados gastará 11 millones más para el 2012. En otro rubro de las prestaciones de los diputados se advierte un aumento de más de 100% en las aportaciones de seguridad social. Para 2011 se estableció una cuota de 20 mil 623.56 pesos por diputado al año.
En tanto, las prestaciones de los Senadores de la República se incrementarán en 2 millones 994 mil 688 pesos. Los integrantes de la Cámara Alta también reportan un alza en la prima de los seguros de vida, pues de 27 mil 157 pesos en este 2011, se piden 49 mil 371 pesos por legislador en 2012. Este aumento es de 88% en el costo de la prima por parlamentario; debido a ello, la Cámara Alta gastará en ese rubro 2 millones 843 mil 392 pesos más para atender el requerimiento del seguro de vida. Respecto a las aportaciones de seguridad social, hay una diferencia mayor para el próximo año de mil 712 pesos por cada senador.
El Jefe de Gobierno del DF y su familia
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, gana un salario mensual neto de 76 mil 068 pesos, de acuerdo con el área de Transparencia de la Ciudad de México. Su ex primera esposa, Francesca Ramos Morgan, con quien tiene tres hijos, y quien también labora en el GDF desde mayo de 2009 como actual Coordinadora General de Asuntos Internacionales del Distrito Federal, obtiene un sueldo mensual de 71 mil 828 pesos. Rosalinda Bueso, actual esposa de Ebrard, ganaba un sueldo bruto de 53 mil pesos mensuales, cuando laboróa en la Oficialía Mayor del GDF durante siete meses (de mayo a diciembre de 2010) en el "Programa de control de recursos de aplicación automática por convenios".
Virreyes y caciques estatales
Según un comparativo realizado por la empresa aRegional y difundido por Cinthya Rocha, directora de Federalismo y Rendición de Cuentas de la consultoría, la percepción mensual neta del ex gobernador Enrique Peña Nieto ascendía a 203 mil 68.8 pesos. Los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León tienen un sueldo mensual de entre 156 mil y 237 mil pesos, mayor al del Presidente de la República y de los mandatarios de Argentina, Brasil y Chile, cuyos ingresos mensuales son de 46 mil 500, 70 mil 900 y 150 mil 300 pesos, respectivamente. Según los resultados del "Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)", el promedio salarial de los gobernadores es de 121 mil 129 pesos al mes, siendo 14 mandatarios los que reciben un salario por encima del promedio y 16 los que tienen un sueldo por debajo de éste. Con base en la información que las propias entidades divulgan a través de su página en Internet, el sueldo más alto corresponde al gobernador de Aguascalientes, con 237 mil 900.5 pesos al mes. Le siguen los mandatarios del Estado de México, con 203 mil 68.8 pesos; Jalisco, con 166 mil 195 pesos, y Nuevo León, con 156 mil 624 pesos mensuales. En 2010 había algunos ejemplos de salarios muy ostentosos como el del gobernador de Campeche, Fernando Ortega, con un salario de 165 mil 378 pesos mensuales; del ex Gobernador Zeferino Torreblanca, de Guerrero, con un salario mensual de 163 mil 240 pesos; de Rodrigo Medina, de Nuevo León, con 156 mil 624 pesos; de Mario Marín, de Puebla, con 147 mil 183, y de Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán, con 141 mil 152 pesos mensuales, entre otros.
Los funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto percibían un salario neto mensual de 116 mil pesos. Los 16 titulares de las Secretarías y el Procurador General de Justicia de la entidad obtenían más salario que los gobernadores de Tlaxcala, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí y Michoacán. El que mejor ganaba después de Peña Nieto era el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, con un sueldo mensual 131 mil 790 pesos.
Alcaldes, cómplices de la ambición de sus cabildos
En el Estado de México, donde se calcula que 10 millones de personas viven en la pobreza, hay alcaldes, como el de Zinacantepec, Raúl Espinoza Velázquez, quien en 2010 cobró 246 mil 476 pesos mensuales, todo con la anuencia de su cabildo. En casi todos los 2 mil 436 municipios del país existen nóminas secretas y partidas especiales para los regidores. La opulencia municipal, parece pues, un mal generalizado.
Otros súper salarios
El director general de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Javier Gavito, tiene percepciones anuales por 3 millones 730 mil 845 pesos.
La presidenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), María Teresa Fernández, gana 3 millones 372 mil 571 pesos anuales.
El auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, gana 3 millones 372 mil 051 pesos anuales.
El titular de Unidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Raúl Esquerra, gana 3 millones 31 mil 620 pesos anuales.
La ex consejera presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, tenía un sueldo bruto de 217 mil pesos y neto de 145 mil. Aparte, el seguro individualizado de 10 días de salario mensual, prima vacacional, 3 mil pesos de celular, 6 mil 500 pesos de notas de restaurante, vehículo oficial y 6 mil pesos mensuales en vales de gasolina si usaba su vehículo particular.
Los consejeros del IFE
El Instituto Federal Electoral gasta anualmente 7 mil millones de pesos anuales, aunque no se realicen elecciones. La mexicana es una de las democracias más caras del mundo. Para organizar las elecciones presidenciales de 2012, el IFE obtuvo casi 16 mil millones de pesos, monto 35% superior al de los comicios de 2006. De los 15 mil 905.7 millones de pesos que propuso el IFE y que presentó a la Comisión Temporal de Revisión del Anteproyecto de Presupuesto, 10 mil 613.2 millones de pesos se proponen para gastos de operación del instituto y 5 mil 292.5 millones para el financiamiento público de los partidos. Cabe recordar que en los comicios federales de 2006 se aprobaron 4 mil 798 millones para financiamiento a partidos y 7 mil millones para operación. En los años en que hay elección presidencial se asigna 50% más del monto de prerrogativas que el año previo, de acuerdo con la ley. Y cuando hay elecciones de legisladores federales, el aumento es de 30%; además, el Artículo 41 de la Constitución marca que para la partida de 2012 "debutará" una parte de la reforma electoral de 2007, en la que se establece que el monto a otorgar al IFE estará determinado por la cantidad de electores y el Salario Mínimo General del Distrito Federal.
Consejero Presidente: grandes prestaciones
Pero esto no es lo único costoso del IFE; según información recabada del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, el presidente consejero del IFE, Leonardo Antonio Valdés, gana anualmente 3 millones 915 mil 331 pesos. El diario Reforma reportó que la presidencia del Consejo General del IFE encabezada por Leonardo Valdés tiene asignadas 35 personas, de las que 11 son asesores y el resto es personal de apoyo. Sólo para la operación de esta oficina, el organismo solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 48.2 millones de pesos para el año electoral 2012; 42.4 millones de pesos es el gasto permanente de esa oficina y 5.7 millones de pesos es el cálculo de recursos extras por el proceso electoral federal del próximo año. Esa suma solicitada por la presidencia del IFE implica un gasto mensual en 2012 de 4 millones de pesos. Entre las plazas asignadas para el consejero Valdés –y que se encuentran desglosadas en el directorio institucional del IFE– está la de su secretario particular, quien gana 2 millones 873 mil pesos al año. Además, el presidente del IFE tiene a su cargo una secretaria técnica, un coordinador de logística, un "líder de proyecto presidencial" (que antes fue registrado como asesor del secretario particular), un "jefe de proyecto de logística", un especialista y una secretaria del órgano garante de transparencia y acceso a la información, asignados a su oficina. El personal se completa con cinco asistentes, un auxiliar, tres choferes, motociclistas, mensajeros, dos recepcionistas así como dos secretarias registradas con una plaza de "secretaria de dirección ejecutiva, unidad técnica o equivalente". Entre los gastos extraordinarios para 2012 la oficina del consejero Valdés presupuestó "Estudios, documentos e informes de Apoyo a la Presidencia del Consejo", por 614 mil 200 pesos, así como "Servicios de entrega de documentos", por un monto de 167 mil 800 pesos. También presupuestó el pago de 200 mil pesos por "Informes y documentos de análisis en comisiones de asesores en apoyo a la Presidencia del Consejo" y "Gastos de alimentación para el personal de la Presidencia", por 117 mil 900 pesos. Entre el gasto permanente de la presidencia del IFE, de esos 42.4 millones de pesos unos 28 millones 811 mil pesos están registrados en el presupuesto como "Dirección y Apoyo Administrativo"; 11 millones 994 mil pesos para "Fortalecimiento de los Vínculos del IFE" y un millón 660 mil pesos para el "Órgano Garante" (de la Transparencia y Acceso a la Información).
Consejeros ciudadanos con súper sueldos
En 2010, cada Consejero del IFE ganó 246 mil pesos mensuales. En 2009, el periodista Sergio Sarmiento documentó que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) otorgó a los consejeros de dicha institución, a petición de ellos mismos, un aumento de sueldos que iba de 172 mil a 330 mil pesos al mes. Dice Sarmiento que "desde un principio los consejeros y funcionarios del IFE actuaron con sigilo. El aumento no sería incorporado al sueldo sino que se otorgaría en una serie de bonos, quizá para impedir que los medios de comunicación se dieran cuenta". Cada Consejero Electoral, es decir, los altos funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE), tiene un equipo de asesores, que significa un gasto al erario de casi medio millón de pesos mensuales. La Nómina de Consejeros Electorales, actualizada a la segunda quincena de junio de 2010, indica que el máximo nivel jerárquico del IFE tiene 67 consultores, que en total significan un gasto mensual de 4 millones 668 mil 790 pesos.
La revista Contralínea documentó que los consejeros electorales María Elizondo, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Arturo Sánchez sostienen un grupo de asesores de siete personas cada uno, lo que implica un gasto al mes de 497 mil 79 pesos. Con el mismo presupuesto, el consejero Marco Antonio Baños Martínez sostiene una plantilla de 10 personas para su oficina. Otro de los salarios opulentos es el del secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien gana 3 millones 329 mil 369 pesos anuales.
El costo real del voto
En 2009, La Jornada reportaba que a pesar de que uno de los objetivos centrales de la reforma electoral de 2007-2008 fue abatir los costos de los comicios, México se mantiene como la democracia más cara de América Latina. Con el parámetro del costo por voto, el país está 18 veces arriba del promedio que prevalece en el subcontinente, pues el financiamiento mexicano implica que cada sufragio cuesta 17.24 dólares, lo que contrasta, por ejemplo, con los 41 centavos de dólar en Argentina.
El informe de Fundaciones Internacionales Electorales para Sistemas (IFES, por sus siglas en inglés) sobre "la aplicación de la reforma electoral de 2007-2008 en México, desde una perspectiva comparada a escala mundial", (descargable en: http://www.ifes.org/publication/ 998e28b22943e28ed7738dc88d474a09/Informe_IFES_I.pdf) incluye un análisis del financiamiento público destinado a los comicios y los partidos, según el cual, el promedio que las naciones latinoamericanas destinan a este rubro es de 123 millones 226 mil 896 dólares, que contrasta sensiblemente con los 465 millones 21 mil 714 dólares que se canalizan en México.
En 2009, el politólogo Guillermo Ysusi votó 40% del padrón y cada sufragio costó 457.50 pesos, incluyendo los gastos del IFE y el TEPJF. Según Milenio, en el proceso electoral de 2009 había un padrón de 78 millones 139 mil 847 ciudadanos en edad de votar. Si se toma en consideración el presupuesto 2009 del IFE y el número total de electores en México, podría concluirse que cada voto tuvo un costo de 155.88 pesos. Lo más lamentable es que en cada proceso electoral se desperdicia 70% de las boletas, actas, materiales electorales, horas-hombre y en general el dinero invertido por el aparato electoral en labores que van desde la promoción del voto, hasta la logística inherente al desarrollo de la jornada comicial.
¿Cuánto costó el voto en la elección del Edomex?
La organización Dictamen Ciudadano asegura que cada voto para la elección a gobernador del Estado de México tuvo un costo de entre 60 y 70 dólares, cifra que contrasta con los 15 dólares que asegura el Instituto Electoral del Estado de México (IEMM). Para el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de la zona metropolitana, Marco Antonio Gutiérrez, cada voto en el Estado de México costó poco más de 60 dólares, mediante la suma del financiamiento de los órganos electorales que participaron en el proceso y los gastos de precampaña y campaña de los actores políticos. "Fue el resultante del financiamiento público del Instituto Electoral del Estado de México, de más de mil 600 millones de pesos, más el Tribunal Electoral del Estado de México que tiene cerca de 200 millones de pesos, que divididos entre el promedio de la participación electoral (5 millones), que es históricamente la mitad del padrón electoral calculado en 10.5 millones de ciudadanos". Además hay que añadir el costo de los más de 270 mil spots; es decir, "27 mil spots que se promocionan en precampañas y campañas, multiplicado por 5 mil pesos cada uno, da la cantidad de mil 350 millones de pesos, por tanto, el promedio de costo por cada voto en el Edomex se dispara por encima de los 60 dólares, eso es una grosería para los ciudadanos, algo se está haciendo mal", dijo.
Reforma publicó que cada voto en el Edomex costó 388 pesos "los comicios mexiquenses resultaron los más caros del país". Según el diario, el gasto se derivó de lo que recibió el organismo como de las prerrogativas de los partidos para el gasto electoral y la organización de la jornada, de acuerdo con el presupuesto del Instituto Electoral y la votación emitida, acorde al conteo preliminar oficial.
El DF y el encarecimiento exponencial del voto
En las últimas elecciones realizadas en 2009 en el DF, el alto porcentaje de abstencionismo registrado en la jornada electoral no sólo afectó la legitimidad de los candidatos ganadores, sino que encareció el costo real por votante, pasando de 95.6 a 228.6 pesos, reportó en su momento el periodista Jonathan Villanueva, del diario La Crónica de Hoy.
En aquella ocasión, el Instituto Electoral del Distrito Federal erogó 595 millones 274 mil 699 pesos en el proceso local para renovar las 16 jefaturas delegacionales y diputaciones locales. Dicho presupuesto fue invertido en la promoción del voto mediante carteles en espacios públicos, playeras, plumas, calcomanías, spots en radio y televisión, la logística de la jornada electoral, así como en la impresión de las boletas y actas de escrutinio. Ese costo se sumó a los 104 millones 941 mil 529 pesos que el IEDF entregó a los ochos partidos políticos locales, a fin de promover a sus candidatos a puestos de elección popular. De acuerdo con los partidos políticos, el presupuesto se usó para promover la imagen de sus aspirantes mediante gallardetes, pendones, spots, mantas, renta de lonas, sillas y sonido. El total de la inversión del árbitro local y las prerrogativas de los partidos ascendió a 700 millones 216 mil 228 pesos, que divididos entre los 7 millones 320 mil ciudadanos enlistados en el padrón electoral dio como resultado un costo de 95.6 pesos por elector. Sin embargo, el número de votantes reportado por el Instituto Electoral capitalino fue de 3 millones 62 mil 553. Dicho saldo implicó una votación promedio de 43% del total del padrón. Con ello, la inversión total para el proceso se dividió entre el número de electores que salieron a las urnas, quedando un costo real por voto de 228.6 pesos.
Voto en el extranjero
En 2006, el proceso para que los mexicanos votaran desde otros países costó 270 millones de pesos, unos 25 millones de dólares al tipo de cambio actual. La suma destinada fue entonces motivo de críticas ante la baja respuesta de los votantes, ya que tan solo en Estados Unidos –donde vive el mayor número de ciudadanos mexicanos en el exterior– unos 11.6 millones de mexicanos, apenas sufragaron 32 mil 632 electores.
En la primera política diseñada, debieron pedir permiso a obispos
La Iglesia, siempre en busca de frenar la planificación familiar
Durante más de 30 años la tasa de natalidad se mantuvo en más de seis hijos
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 2
Los esfuerzos por regular la fecundidad acompañan la historia contemporánea, y en el caso de México, como en otros países, se volvió apremiante cuando demógrafos y economistas observaron que el crecimiento de la población superaba con creces la capacidad de las finanzas nacionales para atender sus necesidades.
Era la década de los 70, durante el gobierno de Luis Echeverría, cuando especialistas acompañados de Eduardo Villaseñor, quien había dirigido el Banco de México, se acercaron al entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, para proponerle el diseño de una política de población.
Lo convencieron y, a través de él, también al presidente de la República para dar paso al que se convertiría en uno de los programas prioritarios del sexenio. Así lo recuerda Alfonso López Juárez, ex director de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam). Esta fue la primera agrupación de la sociedad civil que impulsó las acciones en la materia. De hecho, sus fundadores participaron de las gestiones para la creación del Programa Nacional de Población y el organismo rector, el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Luego vino la Conferencia Mundial de Población de 1984. Se realizó en México, y además de las resoluciones adoptadas por los participantes, hubo beneficios para el país en forma de donaciones internacionales, prácticamente ilimitadas, de métodos anticonceptivos. En todos lados había las pastillas, y si en algún lugar se complicaba el acceso era por problemas administrativos
, señala López Juárez.
Por eso se explica que en pocos años se logró la reducción de la fecundidad. La tasa de natalidad fue de más de seis hijos por mujer durante más de 30 años, de 1930 a 1968, y de hecho en este último alcanzó su máximo histórico, con 7.1 hijos por mujer. A partir del uso de pastillas contraceptivas, el indicador bajó, para situarse en 2000 en poco más de dos hijos por mujer.
López Juárez, sociólogo y quien durante 20 años dirigió Mexfam, afirma que la mano de la Iglesia y los grupos conservadores siempre ha estado detrás de la estrategia de planificación familiar para frenarla, y en no pocas ocasiones también han influido las creencias religiosas de los funcionarios encargados de llevarla a cabo.
Fue el caso del primer director de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (Ssa), José Manuel Septién, quien dijo que antes de iniciar las acciones debería preguntarse a los obispos si estaban de acuerdo. También planteó que únicamente se dieran los anticonceptivos a personas casadas.
No duró mucho tiempo en el cargo, comenta López Suárez, y a pesar de él y del cúmulo de presiones ejercidas por el clero, es innegable que la gran conquista de la planificación familiar fue separar los conceptos de reproducción y de sexualidad.
Sin embargo, no pocos lo vieron así. Tal vez algunas mentes muy iluminadas vislumbraron lo que el programa significaría en la vida de las mujeres, pero nadie lo dijo en ese momento
, apunta.
Ya en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) se introdujeron nuevos conceptos, que reconocían lo que ya era una realidad, la liberación de las mujeres del yugo que les había representado la maternidad, para su desarrollo personal y profesional.
Se habló entonces del empoderamiento de las mujeres, la salud sexual, la infertilidad, infecciones de transmisión sexual y el derecho a decidir sobre su cuerpo, entre otros. Hasta entonces, se limitaba al derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, apunta.
Los resultados de la conferencia trajeron nuevos cambios a la política nacional mexicana, y lo que hasta entonces había sido la Coordinación de Planificación Familiar, que dependía de la Presidencia de la República, se convirtió en la Dirección de Salud Reproductiva en la Ssa, y en una jefatura de planificación familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
También tomaron auge las organizaciones civiles de mujeres que hasta la fecha pugnan por el reconocimiento y respeto a la salud sexual y reproductiva de la población femenina.
La cobertura anticonceptiva es de 72.5%; entre adolescentes en pareja es de 44.7%
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 4
La transformación que sufrió la vida de las mujeres a partir de los años 60 con la existencia de la píldora anticonceptiva todavía está en curso.
De la liberación de la cadena biológica de la maternidad
y lo que ello significó en términos de las oportunidades para tener un desarrollo personal y profesional, los expertos observan la necesidad de ampliar el campo de acción de la estrategia de planificación familiar para incluir el reconocimiento de las necesidades de las adolescentes sexualmente activas, que no viven en pareja y tampoco desean tener hijos.
Éste no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, se viene mencionando desde hace por lo menos una década, y si no han prosperado los proyectos para emprender dicha transformación en el abordaje de los programas oficiales, se debe a la política conservadora instaurada por los gobiernos panistas a partir de 2000, aseguran especialistas.
Es claro, de hecho, el estancamiento que registró la política nacional de población durante el sexenio foxista (2000-2006). Las mediciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que del incremento de entre 5 y 10 puntos porcentuales que se reportó por quinquenios a partir de 1976 en la cobertura de métodos anticonceptivos entre mujeres en edad fértil unidas, para el periodo de 1997 a 2006 el aumento fue de poco más de dos puntos, al pasar de 68.5 a 70.9 por ciento.
En el actual gobierno se ha retomado el camino
y la cobertura llegó a 72.5 por ciento en 2009, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) de ese año.
Para Raffaela Schiavon, directora de IPAS México, este resultado es positivo, pero limitado porque únicamente toma en cuenta a las mujeres en edad fértil unidas, muchas de ellas ya con hijos, y excluye a aquellas, principalmente adolescentes, que son sexualmente activas, no viven en pareja y tampoco piensan en la maternidad.
Marco Antonio Olaya, director de planificación familiar y anticoncepción del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, también reconoció esta situación. Indicó que ya existe un programa enfocado a crear servicios de salud amigables
para los adolescentes, así como para que las próximas encuestas incorporen a este sector en sus mediciones.
De hecho, la Enadid 2009 ya hizo algunas exploraciones al respecto. De ahí que se haya iniciado el diseño de una estrategia específica para atender estas necesidades, señaló el funcionario.
En este nuevo abordaje se deben tomar en cuenta las características de los jóvenes, los cuales representan casi un tercio de la población del país. Son 22 millones las personas que tienen entre 10 y 19 años de edad y para quienes el peligro no existe; por eso están dedicados a explorar en diferentes ámbitos, incluido el de la sexualidad.
La obligación del sector salud es proveerles la información que les permita tener un ejercicio responsable y el acceso a métodos para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
Olaya explicó que el nuevo modelo de servicios amigables
se dará a conocer a finales de año, y con él se busca eliminar las barreras para el acceso de los adolescentes a los servicios de salud, como son trámites administrativos.
Sin embargo, el mayor reto es lograr la aceptación social sobre el ejercicio de la sexualidad de los adolescentes. Es algo que ocurre, pero muy pocos lo reconocen, comentó Adrián Delgado, asesor médico de IPAS. Añadió que cualquier estrategia será insuficiente si no se cuenta con métodos anticonceptivos y campañas de comunicación que respondan a las necesidades de los jóvenes.
Al comentar sobre su experiencia con mujeres adolescentes, recordó que en alguna ocasión unas chicas le dijeron que "no querían pastillas como las de su mamá… 'a mí deme un chip o algo que me ponga y ya'". Ahí está otro reto: poner a su alcance los métodos modernos para prevenir un embarazo, como son los parches e implantes.
De acuerdo con las estadísticas de 2009, si bien la cobertura anticonceptiva nacional es de 72.5 por ciento, entre las adolescentes de 15 a 19 años que viven en pareja es de apenas 44.7 por ciento.
Análisis realizados a partir de diferentes encuestas de fecundidad indican que entre las adolescentes sexualmente activas el indicador era, en el mismo año, de 55 por ciento.
El estudio que hizo Doroteo Mendoza en La situación demográfica de México 2010, del Conapo, da cuenta de los cambios que ha habido en el comportamiento de este grupo. Mientras en 1987 de las adolescentes embarazadas 17 por ciento no lo habían planeado, para 2009 las gestantes para quienes había sido algo indeseado eran 9 por ciento.
Entre las jóvenes sexualmente activas que no utilizaban algún método anticonceptivo en 1987, 18 por ciento deseaba embarazarse, para 2009 el porcentaje bajó a 10 por ciento.
En tanto, en el primer año, 8 por ciento no querían tener un embarazo, pero tampoco utilizaban anticonceptivos. En 2009 se encontraban en esta situación 15 por ciento de las adolescentes.
Los expertos consultados coincidieron en que es claro hacia dónde se deben dirigir los programas de salud sexual y reproductiva, así como la necesidad de contar con campañas efectivas de comunicación.
Para Alfonso López Juárez, integrante del Consejo Consultivo de Población, esto se ve lejano. Durante el gobierno calderonista no ha existido ninguna campaña de este tipo, apenas una muy tímida de la Ssa
.
Comentó que desde hace varios años supuestamente se diseña una estrategia de información, pero hasta ahora sólo nos dicen que ya está muy avanzado y en revisión
. La realidad es que nos dan atole con el dedo mientras termina el sexenio
.
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 4
El sector público ha sido el mayor proveedor de métodos anticonceptivos en el país; sin embargo, en el transcurso de 22 años se observaron cambios notables a la baja en la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social para usuarias jóvenes.
Por el contrario, la participación de las farmacias subió en más de 40% en el mismo periodo. Así lo reporta el Consejo Nacional de Población con base en los datos de encuestas de 1987 y 2009.
Reportan estados datos falsos a la ONU sobre homicidios: Consejo Ciudadano
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, José Antonio Ortega Sánchez, denunció hoy que las procuradurías de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y México entregaron a la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) datos incompletos sobre el número de homicidios en el país registrados durante el 2010.
Sostuvo que durante el año pasado se registraron en México 28 mil 527 homicidios, y no los 20 mil 585 que autoridades estatales reportaron la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
Ortega Sánchez recordó que la ONU difundió un estudio sobre la incidencia de homicidios dolosos en el mundo, en el que señala que en México hubo 20 mil 585 homicidios el año pasado, cifra menor a los que obtuvo el consejo que encabeza.
Dijo que el organismo ciudadano que preside se basó en estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), además del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como de algunas procuradurías estatales.
En estas fuentes se establece que el año pasado hubo por lo menos 28 mil 527 homicidios en el territorio nacional, remarcó.
La SCJN no está en condiciones de ordenar qué tribunales deben aplicar la justicia, sostiene
El ministro consideró un buen antecedente el fallo de la CIDH sobre el caso Radilla
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 14
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está en condiciones de ordenar qué tribunales deben juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos de civiles; se requiere que los afectados interpongan amparos en los que demanden ser juzgados por el fuero común, para que así el máximo tribunal intervenga y apruebe la jurisprudencia obligatoria, o bien, que con base en la reciente reforma constitucional el pleno sume los ocho votos necesarios para invalidar la aplicación de la legislación castrense en casos relacionados con civiles.
Reconoció lo anterior el ministro José Ramón Cossío, quien comentó que a pesar de que la semana pasada la SCJN publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia relacionada con el Caso Radilla –en cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada del activista guerrerense–, resulta que dicha resolución no entra en vigor de manera automática, sino que se requiere de todo un procedimiento para que sea de observancia obligatoria.
Por otra parte, ante la polémica desatada por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar las reformas anti aborto en Baja California y San Luis Potosí, dijo que la sociedad debe tener en cuenta que el máximo tribunal no determina las condiciones de sus integrantes. Aquí llegamos las personas que el Presidente de la República y el Senado aprueban. La integración del pleno se da en diferentes momentos políticos
.
Por ello, hizo un exhorto a "estar muy pendientes con las designaciones (de ministros), porque pueden salir personas de una idea, de una ideología, de otra; pues eso integra la totalidad y las personas tienen distintas visiones del mundo frente al mismo fenómeno, generan interpretaciones bien diferentes del mismo fenómeno.
En conferencia de prensa realizada ayer en la sede del máximo tribunal, Cossío sostuvo que la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla planteó a la Corte la posibilidad de que el resto de los asuntos sobre militares que afecten a civiles no sean juzgados por tribunales castrenses.
Sin embargo, aceptó que actualmente los tribunales militares no están obligados a enviar este tipo de asuntos al fuero común, aunque pueden hacerlo.
Admitió que será hasta que la Corte conozca los primeros amparos sobre el tema, cuando el pleno determine si invalida el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para lo cual necesitará del voto de ocho de los 11 integrantes del pleno.
Destacó que a partir de la reciente reforma constitucional, cualquier juez –sea común o federal–, podrá dejar de aplicar una ley que considere sea inconstitucional o que vaya en contra de tratados internacionales ratificados por México.
Al respecto, dijo que en breve el pleno definirá si el Poder Judicial de la Federación mantiene, el control concentrado
de la constitucionalidad, cuando resuelva una contradicción de tesis.
Precisó que si bien los jueces podrán dejar de aplicar una norma que consideren inconstitucional, la Suprema Corte es la única que puede determinar la inconstitucionalidad de una norma.
A Notimex, Héctor Villarreal
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 20
El presidente Felipe Calderón remitió al Senado el nombramiento de Héctor Villarreal Ordóñez como nuevo director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) por un periodo de seis años.
Villarreal Ordóñez ha estado vinculado al PAN desde hace más de 15 años, incluso estuvo integrado al equipo de trabajo de Juan Ignacio Zavala cuando éste era vocero del CEN. Asimismo fue director de prensa en el CEN panista, aunque esto no se indica en el currículo que envió el Ejecutivo.
El Senado cuenta con 30 días para objetarlo; vencido ese plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento
.
En el oficio que envió la Presidencia con la propuesta resalta que ese cargo se encuentra vacante desde el primero de agosto de este año, por haber finalizado el periodo de Sergio Uzeta Murcio, quien concluyó el mandato de cuatro años.
Se anota en el oficio que firma el titular del Ejecutivo que Villarreal Ordóñez es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con amplia experiencia en materia de comunicación, tanto en el sector público como en el sector privado
.
Fue director de Información de Prensa Internacional de la Procuraduría General de la República (PGR); director general de Comunicación Social y director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Además, se ha desempeñado como coordinador de radio y televisión en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia; director general del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), y desde el primero de febrero de 2010, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.
En el ámbito académico ha sido titular del taller de periodismo en la licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana, ponente en diversos diplomados, así como miembro del consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública.
Uno de los retos es la cobertura de la población indígena, donde no los usan por temor
Cada vez hay métodos más efectivos para evitar el embarazo, pero son muy costosos
Algunos anticonceptivos ahora son utilizados para reducir el acné o el vello facial
Miércoles 12 de octubre de 2011, p. 3
La píldora anticonceptiva que se desarrolló a partir del descubrimiento de la noretisterona, en 1951, sufrió múltiples transformaciones, al grado de que en el transcurso de los pasados 20 años los llamados métodos de planificación familiar han adquirido otros usos. Con la misma efectividad para prevenir embarazos no deseados, también sirven para controlar el acné, disminuir el vello facial o corporal e incluso para evitar la retención de líquidos y el consecuente incremento de peso en las mujeres.
Desde su origen, los anticonceptivos se han empleado para regular los ciclos menstruales, pero ahora se suma su eficacia para evitar los cólicos e incluso algunos logran reducir o suprimir los sangrados. Otros beneficios que ha traído la modificación de la fórmula original es la prevención de algunas enfermedades benignas de la mama y los tumores malignos de ovario y endometrio.
El ginecólogo Alejandro Morales del Olmo explicó que la progestina original se sigue utilizando, y con la disminución de las dosis y su combinación con otras moléculas como el estrógeno, los investigadores han buscado mantener la alta eficacia contraceptiva y abatir los efectos indeseados.
En ese camino se han hallado los beneficios mencionados y de ahí que actualmente, en el sector privado, la primera indicación para recetar un anticonceptivo ya no sea tanto la prevención de embarazos. En los últimos 30 años ha habido alrededor de 18 progestinas diferentes en el mercado, indicó.
Morales del Olmo, ex director nacional de Salud Reproductiva, llamó la atención respecto de que los médicos ginecólogos, responsables de la prescripción de estos fármacos, conozcan a la perfección el mecanismo de acción de cada uno, a fin de que recomienden a sus pacientes el que mejor les acomode de acuerdo con sus necesidades.
El problema que tienen las nuevas fórmulas es su alto costo, y aunque de acuerdo con Morales del Olmo una amplia gama de métodos debería servir para disminuir la demanda insatisfecha de anticonceptivos, su alcance todavía es limitado.
Marco Antonio Olaya, director de Planificación Familiar y Anticoncepción del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud (Ssa), comentó sobre la existencia de un programa para apoyar a los servicios estatales en la adquisición de los métodos modernos.
Aunque garantizar el acceso a los anticonceptivos es responsabilidad de las entidades federativas, a escala federal y por las ampliaciones presupuestales que cada año promueven sobre todo las diputadas, la Ssa dispuso en 2011 de 120 millones de pesos sólo para la adquisición de métodos modernos, como el parche, implante y dispositivo intrauterino medicado (con liberación de hormonas). Así se cubre 10 por ciento de las necesidades nacionales de anticonceptivos.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realiza una compra centralizada y distribuye a los estados a fin de que cuenten con una oferta variada, la que luego se convertirá en demanda por parte de las usuarias. Entre los objetivos está alcanzar 75 por ciento de cobertura nacional de métodos anticonceptivos –actualmente es 72.5–, y con ello contribuir a romper el círculo de la pobreza, pues un menor número de hijos mejora la posibilidad de que los padres les den lo necesario para su desarrollo.
A pesar del mayor costo económico de productos como el parche y los implantes, en los sondeos de investigación se ha observado que efectivamente, pueden contribuir a reducir la demanda insatisfecha.
Se vio en Chiapas, comentó Raffaela Schiavon, directora de IPAS México, donde luego de la entrega inicial de estos productos fue la primera entidad en solicitar una nueva dotación.
El éxito de los implantes en este caso radicaba en que se ofreció a mujeres en comunidades rurales e indígenas y lo aceptaron de buen grado, porque su colocación no requiere que el personal de salud toque el área genital de las pacientes.
Para la especialista, el mayor reto a vencer es el de la demanda insatisfecha, la de mujeres que tienen relaciones sexuales, que no se quieren embarazar pero tampoco usan anticonceptivos, porque no los encontraron, están fuera de su alcance por diferentes razones, les tienen miedo o los desconocen. En esta situación están las indígenas y las adolescentes. En las primeras, la tasa de fecundidad sigue en alrededor de seis hijos por mujer.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, la demanda insatisfecha nacional es de 9.8 por ciento, pero entre las jóvenes de 15 a 19 años es de 24.6 por ciento y en el grupo de 20 a 24 años, de 17.7.
Conforme aumenta la edad de las mujeres, el panorama cambia. A partir de los 30 años la cobertura de anticonceptivos supera 70 por ciento, y la demanda insatisfecha está por debajo del promedio nacional. Se trata de mujeres que a pesar de las carencias en el sistema nacional de salud, buscan los métodos anticonceptivos por su cuenta y a costa de su bolsillo.
Un mexicano cambió la manera de vivir la sexualidadMiércoles 12 de octubre de 2011, p. 3
El químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas tenía apenas 26 años cuando el 15 de octubre de 1951 logró la síntesis de la noretisterona, hormona precursora de la píldora anticonceptiva. El joven, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), era parte del equipo de investigación que encabezaban los científicos Carl Djerassi y Jorge Rosenkranz en el laboratorio farmacéutico Syntex.
A 60 años de distancia, especialistas coinciden en que ese trabajo significó una revolución, pues aunque hasta principios de los años 60 se inició la comercialización de la pastilla, sin el descubrimiento de Miramontes no se habría logrado el cambio en la manera de vivir la sexualidad y, sobre todo, disociarla de la reproducción.
La historia de los métodos que buscaron regular la fertilidad se remontan hasta los egipcios, en el subsahara, que para evitar que las camellas se embarazaran durante las largas travesías por el desierto, les colocaban piedras en el útero. El origen de los esfuerzos en el área química, sin embargo, se ubican en Europa entre 1934 y 1940.
El trabajo de Miramontes tuvo como antecedente el que desde 1939 realizaba Rusell E. Marker con el hallazgo de que la planta silvestre mexicana llamada cabeza de negro
–crece en Veracruz– era una fuente abundante de la sustancia diosgenina, de la cual a su vez se podía obtener hormonas esteroides, principalmente progesterona.
En ese entonces el interés de los científicos era mejorar la actividad de esa hormona para el tratamiento de amenaza de aborto y de algunos trastornos menstruales. Ni Miramontes ni Rosenkranz y Djerassi se imaginaron que la noretisterona se convertiría en el ingrediente progestacional de casi la mitad de los anticonceptivos orales usados en el mundo.
En 1952, los investigadores entregaron al área biomédica su descubrimiento. Ahí inició la búsqueda en varios laboratorios, incluido Sintex, de la posible capacidad de la noretisterona para inhibir la ovulación. Los hallazgos se concretaron en 1960, cuando se lanzó al mercado la primera píldora anticonceptiva.
Fuente: Jorge Martínez Manautou. Sucedió en México. Del nacimiento de la píldora
a la reducción de la tasa de crecimiento poblacional. México, 1994, 263 pp.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario