esta es la linea: Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya

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Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya

México, D.F., Martes, 11 de octubre de 2011

BOLETIN DE PRENSA

La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero.
En México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La crisis humanitaria que tiene a México al borde del colapso ha cobrado la vida de 50 mil personas, con 10 mil desparecidos y 230 mil desplazados.
Se presentará ante la Corte Penal Internacional la denuncia cívica más grande de la historia.
Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre.

La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002. México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad.

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español "El País" 18-12-2009).

Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.

Existen numerosos casos ya documentados. Por ejemplo, de acuerdo con la recomendación 38/2007de la CNDH, los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables fue evidentemente parte de una política de Estado.

En general, las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que se ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas.

La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia.

Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html mismo que garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan esta petición.

El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.

Una vez presentada esta solicitud, convocaremos a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la CPI para que presenten sus testimonios y puedan, llegado el caso, impugnar las determinaciones que dicho tribunal internacional adopte si consideran que no se ha obtenido verdadera justicia.

PERSONALIDADES QUE SE ADHIEREN A LA DENUNCIA:

Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)
John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)
Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")
Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)
Virgilio Caballero (Periodista)
Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)
Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)
Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)
Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
Silvia González Quintero (Coordinadora del Programa "Derechos Humanos y construcción de ciudadanía, FLACSO)
Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
Julio Hernández López (Astillero)
José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)
Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)
David Manrique (Caricaturista, Contralínea)
Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos)
José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")
Pedro Miguel (Periodista, La Jornada)
Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)
Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)
Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)
Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)
Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)
William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)