Un primer problema es que es imposible cuadrar los datos del número de familias y personas afiliadas al SP. El informe reporta 10.5 millones de familias o 31.1 millones de personas. Esta afiliación correspondería a 84 por ciento del total de familias por afiliar, según los cálculos del SP, pero sólo al 53-58 por ciento de las personas susceptibles a ser afiliadas. Una discrepancia de esta magnitud entre familias y personas no tiene ninguna explicación razonable a menos de que haya vicios graves en el método de inscripción o en el registro de datos. Si se toman los datos del número de hogares que arrojó la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (EIGH), la afiliación de familias bajaría a 71-73 por ciento de las familias objetivo, porque el número de familias sin seguridad social laboral ha incrementado de 12.5 millones, estimados en 2008, a entre 13.4 y 14.7 millones.
Las inconsistencias se repiten en los datos sobre las características de las familias afiliadas. Según el informe, 8.7 millones de las familias están encabezadas por mujeres, lo que sobrepasa en unos 2 millones el total de este tipo de familias en el país. Los datos respecto del nivel de ingreso de las afiliadas son igualmente asombrosos, ya que según el informe 10.1 millones pertenecerían al 20 por ciento más pobre del país, lo que es 190 por ciento de los 5.3 millones de este nivel.
Se podría especular sobre la causa de estas sistemáticas inconsistencias, pero lo que importa es que estos datos no sirven para conocer la realidad. Estamos ante una grave incompetencia institucional y/o se acomodan los datos para simular avances y éxitos.
La información sobre el financiamiento del SP fortalece la sospecha de que estamos ante mentiras a conveniencia. Una lectura cuidadosa revela que también en 2009 se escondieron miles de millones de pesos en el fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. La ley establece que debe depositarse en este fideicomiso 11 por ciento del monto correspondiente a la cuota social y la aportación solidaria, federales. Sin embargo, desde hace varios años se guarda anualmente alrededor del doble en este fideicomiso. Así en 2009 se depositaron 9 mil 703 millones en vez de 4 mil 405 millones, lo que equivale a un subejercicio disfrazado del orden de 12 por ciento sobre el presupuesto autorizado.
Esto, tal vez, no sería objetable si ese dinero se utilizara en la atención de enfermedades costosas o para inversión en nueva infraestructura de salud o el mejoramiento en la existente. No ocurre así y año con año se acumulan miles de millones de pesos en el fideicomiso que, según el reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) disponía de 19.9 mil millones de pesos en diciembre de 2009. Es decir se tiene un ahorro
muy grande congelado en Banobras al tiempo que el país se endeudó en marzo con el Banco Mundial por mil 250 millones de dólares para financiar el Seguro Popular.
El segundo tema financiero que se descubre en el informe se refiere al presupuesto autorizado. Está muy por debajo del monto estimado para cubrir el paquete de servicios del Seguro Popular que es de 625 dólares por familia. Esto significa que debido al número de familias afiliadas debería de haberse autorizado un presupuesto de 107 mil millones de pesos para 2009 y no los 43.5 mil millones de pesos ejercidos. O sea, hay un déficit de 63 mil millones. Esta estimación coincide con la valuación actuarial hecha por la Auditoría Superior de la Federación publicada en 2007, en la que se estimaba un déficit de 46.8, en 2008, y 83.9 mil millones, en 2010. Esta crítica situación financiera sólo se puede aminorar restringiendo los servicios prestados que siguen siendo muy inferiores a los prestados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cada beneficiario.
A pesar de este escenario, que los altos funcionarios del SP obviamente conocen, éstos lograron modificar la legislación en 2009 para bajar los recursos financieros transferidos por familia en cerca de 25 por ciento. Lo asombroso es que las secretarías de salud de los estados no han protestado ante esta franca simulación presupuestal que convierte en mentira la cobertura universal para 2012.
Editorial La Jornada......
En el contexto del Día Mundial de la Salud, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, confió en que al término de la presente administración, en 2012,
alcancemos la cobertura universal de salud. Por su parte, durante la inauguración de un hospital dermatológico, el titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), José Ángel Córdova, desmintió los desastrosos datos difundidos la víspera por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el sentido de que 43 millones de personas no cuentan con servicios de salud en el país: el funcionario aseguró que
sólo16 millones de mexicanos no tienen acceso a la atención sanitaria, y confió en que
en año y mediose pueda revertir plenamente esta situación.
La aclaración hecha por el titular de Salud federal representa un menguado orgullo para la actual administración, pues revela –además de una inconsistencia impresentable en las cifras oficiales– el fracaso de las autoridades federales en su compromiso de alcanzar la cobertura universal en los servicios de salud para el presente año por medio del llamado Seguro Popular. Es claro, por lo demás, que las necesidades nacionales en materia de salud no pasan sólo por ampliar nominalmente la cobertura de esos servicios, sino también –y ante todo– por que éstos sean de calidad. La epidemia de influenza humana que azotó a nuestro país durante abril del año pasado desnudó carencias y vicios existentes en el sistema de salud pública, los cuales se reflejaron en una incapacidad del Estado para reaccionar con la precisión, la puntualidad y la coordinación que se requiere en circunstancias de emergencia; en la persistencia de burocratismos injustificables, en la carencia de materiales sanitarios y, en muchas ocasiones, en una atención médica rezagada y tardía.
Ante este panorama, resultan de capital importancia los señalamientos formulados en múltiples ocasiones por distintos especialistas en la materia: en el contexto actual, lo mejor para el país es reorientar las prioridades presupuestarias hacia rubros como la salud y la educación, a efecto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de capital humano necesario para atender los rezagos actuales.
Es significativa, al respecto, la opinión expresada ayer –durante el acto encabezado por Felipe Calderón– por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Octavio Rivero Serrano, en el sentido de que se debe incrementar la formación de médicos generales capacitados, toda vez que la ausencia de diagnósticos acertados en la etapa inicial de las enfermedades puede derivar, a la larga, en un enorme costo financiero para el Estado.
Por añadidura, frente a la demolición deliberada de la estructura de bienestar social durante por lo menos las últimas dos décadas; la ausencia de una política de salud pública dirigida al conjunto de los habitantes, y la adopción, en remplazo de ésta, de esquemas de atención individuales, demagógicos y empleados incluso con fines electorales –como el propio Seguro Popular–, cobra especial sentido la propuesta formulada por el actual rector de esa misma casa de estudios, José Narro: plantear la creación de un verdadero servicio nacional de sanidad pública, que corrija la fragmentación y desarticulación que impera en el sistema actual, y garantice el cumplimiento del derecho constitucional a la salud.
En suma, la atenuación de los retrasos que afectan al país en materia sanitaria pasa por reconocer la necesidad de restructurar el sector salud a cargo del Estado, y por destinar las tajadas más sustantivas de los recursos públicos a inversiones que eleven la calidad de vida de la población, en atención al precepto de que ésta constituye la principal riqueza de una nación.
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