Veracruz, nuevas formas de torcer la ley electoral
Ana Lilia Pérez
Con candidatos electos por dedazo, una guerra sucia en ciernes, incontables violaciones a la ley electoral y un árbitro desacreditado antes de la contienda, Veracruz vive uno de los procesos electorales más reñidos de su historia para renovar, el próximo 4 de julio, la gubernatura, 212 alcaldías y el Congreso del estado
Ana Lilia Pérez / David Cilia, fotos / enviados
Veracruz.- En este proceso electoral, todo son simulaciones: la elección interna de los candidatos, el uso del aparato gubernamental y recursos públicos para el aspirante a gobernador; los apoyos sociales del gobierno federal a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN); y en medio de la contienda, un árbitro que simula vigilar el proceso, donde está en juego el tercer padrón electoral de todo el país.
Las campañas comenzaron desde noviembre pasado, tres meses antes del periodo oficial, cuando todo el estado yacía inundado de propaganda electoral disfrazada de anuncios de café y arroz, espectaculares con mensajes alentadores de un progreso venidero y publirreportajes en periódicos y revistas de sociales enmascarados como información.
El senador con licencia Juan Bueno Torio se anunciaba en bolsas de arroz y frijol marca "Bueno", con el eslogan "De Córdoba lo mejor"; mientras que su primo político, el exsenador Gerardo Buganza Salmerón, lo hacía en un café soluble –el "Buganza"– que nunca estuvo en el mercado; el diputado Javier Duarte de Ochoa, en promocionales pagados por el gobierno del estado, con el eslogan "Vamos bien y viene lo mejor"… "Viene lo mejor, viene Yunes", rezan los promocionales que, como director general del ISSSTE, mandó colocar Miguel Ángel Yunes Linares, usufructuando el lema gubernamental.
Fuera de los tiempos que establece el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), en las portadas de periódicos y revistas, particularmente Líder, en su edición de Veracruz, desfilaron candidatos a gobernadores, alcaldes y legisladores en anuncios disfrazados. Incluso los ediles de municipios identificados como de pobreza extrema –entre ellos Mixtla de Altamirano y Coetzala– invirtieron recursos públicos en atractivas publicidades, con el afán de garantizarle la continuidad a su partido; maquillaje y glamour por un voto.
En Veracruz se inventan y practican nuevas formas de torcer la ley electoral, ante el disimulo del IEV en la elección que los analistas identifican como la más reñida de los últimos tiempos, pero no por el nivel de debate o la propuesta de gobierno de sus aspirantes, pues "ninguno de los candidatos –Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Dante Delgado Rannauro– ha mostrado un claro proyecto de desarrollo ni hay credibilidad en sus plataformas políticas", dice Rafael Vela Martínez, doctor en economía por la Atlantic International University y consultor electoral. Lo que hace peculiar la elección, agrega, "es la disputa personal entre los contenientes".
El encono personal entre Miguel Ángel Yunes, Dante Delgado y Fidel Herrera Beltrán data de hace más de una década, cuando los tres coincidieron como funcionarios en el gabinete de Patricio Chirinos, y aunque Fidel no es candidato, su padrinazgo al diputado Javier Duarte hace que se le ubique como parte de la contienda.
La peor animadversión sin duda es entre Dante y Yunes, crispada cuando éste lo encarceló en diciembre de 1996 en el penal de Pacho Viejo, acusándolo de peculado por más de 450 millones de pesos. Sin elementos en su contra, Dante fue liberado la madrugada del 24 de diciembre de 1997. Hoy encabeza una oposición con muy fuerte presencia y aceptación con el Partido Convergencia, fundado por él un mes antes de su encarcelamiento, y que tiene en Veracruz su principal bastión. Por ello, el analista Gerardo Escobar Galindo, investigador del Colegio de Veracruz, dice que "Dante será el fiel de la balanza en la elección".
Duarte, dedazo y derroche
Las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN enlodaron el proceso y provocaron considerables diásporas, acusaciones y señalamientos, pero sobre todo, dejaron al descubierto los entretelones sucios de la contienda.
Con una brevísima carrera política y en la función pública, arropado por Fidel Herrera como subsecretario y luego secretario de Finanzas (encomendado a bursatilizar los ingresos federales y locales), Javier Duarte no fue electo por los militantes y adherentes del tricolor, sino impuesto por Herrera Beltrán para la continuidad de su administración. Como preámbulo, en las elecciones intermedias de 2009, fue enviado como diputado federal a San Lázaro.
El día en que en su natal Córdoba presentó un inusual informe de sólo 120 días de labores como legislador, blindado por figuras del priismo nacional, sus correligionarios comprobaron lo que desde hacía mucho era un secreto a voces: Fidel lo impondría frente a otros aspirantes de mayor experiencia y trayectoria, como José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa.
En realidad, la designación no sorprendió tanto como el derroche de recursos en un año de crisis: en los jardines del Club Azucareros, una gigantesca carpa para más de 10 mil invitados, diputados, alcaldes, empresarios, dirigentes sindicales; logística y viandas con cargo al gobierno del estado desde cuya oficina de prensa se repartieron los boletines y fotografías oficiales del evento.
La transmisión fue vivo a través de Radio Televisión de Veracruz, que dedicó tiempo oficial para difundir el discurso del diputado Duarte. El acto estuvo colmado de loas al gobernador y su esposa, y una mención especial para Yunes Linares y sus vínculos con el pederasta Jean Succar Kuri:
"El recurso más valioso que tenemos los veracruzanos son nuestros niños. De su cuidado y protección depende el futuro de nuestro estado. En Veracruz, los niños no se tocan. Queremos que nuestros niños sonrían, no que teman. Queremos niños seguros, no en peligro. Queremos niños sanos y llenos de vida."
Desde 2009, Duarte arrancó una campaña pintada de rojo, financiada por su padre adoptivo Fidel Herrera; naturalmente, dinero público, y el apoyo de su suegro, el empresario Jesús Antonio Macías Yazegey –extesorero de campaña de Herrera Beltrán–. Por si no quedara suficientemente claro el padrinazgo, hizo suyo el lema de la "Fidelidad".
Ininterrumpidamente aparece todos los días en numerosos medios de comunicación para difundir que visita urbes y rancherías, regala despensas, cobertores, varilla, cemento, láminas, tinacos, computadoras para los jóvenes, juguetes y bicicletas para los niños; ameniza sus eventos con cantantes de moda y bailes con orquesta; apadrina fiestas masivas de quinceañeras envueltas en satín rojo, el rojo de la "Fidelidad".
Un mes antes de que arrancara la campaña interna del PRI, fuera del plazo marcado por el IEV, se publicitó, con 64 páginas, en la edición de enero de la revista Líder, incluida la portada donde, posando con su sonriente familia, señala: "Estoy preparado para gobernar".
Para contrarrestar el rojo de Fidel y la "Fidelidad" de Duarte, los ayuntamientos panistas, como Boca del Río, y las dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pintaron todo de azul y abiertamente dieron a los programas oficiales el sesgo partidista.
En enero, la delegación de la Sedesol adquirió una flotilla de 30 vehículos Dodge Attitude azul celeste. En los municipios indígenas se llevó a cabo un operativo mediante el cual los promotores de los siete programas que entrega la dependencia en el estado, entre ellos el Oportunidades, 70 y Más, y Seguro Popular, explican que el gobierno que les entrega los apoyos "es el azul" y por ése tienen que votar en julio próximo.
Aunque en Jalapa y Veracruz, el que mandó pintar los módulos de los programas federales con sus logos fue Fidel Herrera, incluida la grafía de un corazón y el eslogan "Vamos bien y viene lo mejor".
Yunes, pastelazo y despilfarro
En el uso de recursos públicos para promocionarse, Miguel Ángel Yunes no se quedó atrás, lo hizo durante todo 2009 mediante la difusión de la obra pública y los programas del ISSSTE. Compró portadas y planas en rotativos, revistas y programas de radio, rentó panorámicos, regaló tractores, despensas y bailes, todo ello con cargo al ISSSTE, según una denuncia presentada en su contra ante la Procuraduría General de la República por la diputada local Elvia Ruiz, en la que lo acusa de desvío de recursos públicos. Radicada en la Fiscalía Especial de Delitos cometidos por servidores públicos en el expediente PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/113/2009, está bajo investigación actualmente.
Su designación como candidato fue aún más cuestionada. El pastelazo que, a ocasión del 50 aniversario del ISSSTE, le dio el presidente Felipe Calderón en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos fue, para algunos analistas, señal inequívoca de su candidatura un mes antes de la elección interna. Ni todos los panorámicos pagados con la fortuna de los Bueno o los Buganza pudieron imponerse al pastelazo presidencial, pese a que al exsenador Buganza se le identificaba como el favorito de Nava y el de mayor aceptación entre los consejeros, militantes y adherentes de Acción Nacional.
Gerardo Escobar Galindo, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que si el PAN hubiera electo a su candidato por el voto de sus adherentes y simpatizantes, es decir, acorde con sus estatutos, éste sería Buganza y no Yunes. La decisión, explica, "debe entenderse mucho más allá del simple designio de un candidato a gobernador, revela la influencia que Elba Esther Gordillo tiene aún sobre Calderón; influencia tan grande que ahora ella coloca a los candidatos del PAN, aun con el costo político para el partido el tener a Yunes como candidato, pero sobre todo, es un mensaje implícito de la desesperación de Calderón por complacer a Gordillo con miras a tener su apoyo en 2012".
La contienda electoral veracruzana es muy significativa a nivel nacional porque representa el tercer padrón electoral en el país (después del Distrito Federal y el Estado de México), así que sus resultados serán un referente para 2012. Rafael Vela Martínez, especialista en procesos electorales y consultor en campañas políticas, dice que, para el PAN, "significa la única oportunidad de ganar la gubernatura de Veracruz, porque en 2012 ya nadie ve al PAN en Los Pinos y será prácticamente imposible que, a partir de allí, logren gubernaturas controladas por el PRI".
Aun cuando en la elección de 2004 el resultado tuvo que dirimirse en tribunales, los municipios en los cuales el albiazul logró consolidarse sobre los cacicazgos del tricolor son muy pocos, de los que Yunes Linares formó parte durante 35 años, hasta que, en julio de 2004, como diputado federal, renunció tras la destitución de Elba Esther Gordillo como coordinadora de su bancada en la Cámara de Diputados.
Fue hasta el 15 de junio de 2008 cuando oficialmente se afilió al PAN, aunque menos de seis meses después de que renunció al PRI, Vicente Fox le dio cabida en su gabinete como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que los panistas dogmáticos lo califican de oportunista.
El costo del pastelazo
Previo a la designación de Yunes como candidato oficial, el dirigente estatal del PAN, Enrique Cambranis Torres, aseguró a Contralínea que el partido tiene 120 mil militantes activos y adherentes. Sin embargo, el repudio en contra de Yunes podría impactar significativamente en los resultados que ese partido obtenga en las urnas el próximo 4 de julio, incluido el voto de castigo por la renuncia de Buganza, que, de entrada, generó significativas diásporas: la de los exdiputados Sergio Penagos García y Mauricio Duck Núñez, y de miles de adherentes en Jalapa, Córdoba, Veracruz, Poza Rica, Acatlán, Martínez de la Torre, Misantla, Naolinco, Jilotepec, Chiconquiaco, Landero y Coss.
La abdicación de la figura más importante de Acción Nacional en Veracruz no es sino otro referente del resquebrajamiento del PAN en manos de César Nava. Ésta se dio pasadas sólo unas horas de que el michoacano le tomó protesta a Yunes –en un evento en Boca del Río–, mediante una contundente carta en la que Buganza reveló supuestas "intrigas palaciegas" y criticó duramente la pérdida de principios y el desempeño de Nava:
"Aún recuerdo el tiempo en que el Partido Acción Nacional se ocupaba de formar ciudadanos distintos y distinguibles a quienes encomendarles la delicada labor de gobernar con honestidad, por si acaso y casi por accidente, llegara el momento de ganar una elección. Llegaron los triunfos electorales y, con ellos, se advertía con auténtica preocupación que se debía tener cuidado en ganar el gobierno, sin perder el partido. Discurso profundo en su momento, que hoy es frívolo por una realidad que lo vence.
"Hoy, tal pareciera que desde la dirigencia nacional se piensa que lo importante no es gobernar bien, sino que la prioridad es ganar elecciones a cualquier costo y aun cuando ello signifique perder la identidad para parecerse, cada vez más, a aquello que se dice combatir.
"El PAN que hoy se presenta es tan igual a su adversario, que al ciudadano le será imposible distinguir a uno del otro. Así, más incongruente es intentar evitar el regreso del PRI a Los Pinos en 2012, si para ello se piensa que la solución está en postular personajes del PRI para que contiendan en nombre del PAN. Al tiempo."
Con 16 años de militancia, Gerardo Buganza alcanzó gran notoriedad en el PAN y el respeto de sus contrincantes cuando casi logra desterrar al PRI del gobierno (en 2004), en una elección que los panistas consideran un triunfo robado. "Así que su renuncia sin duda tendrá un impacto negativo que se verá reflejado en las urnas", explica Gerardo Escobar.
El costo político podría ir más allá de Veracruz, según lo dejó ver el expresidente nacional del partido, Manuel Espino, al calificar la designación como "un atentado a nuestra trayectoria democrática" y a las convicciones de los panistas, en una carta abierta reproducida por diversos medios el 26 de febrero. En ésta, Espino reveló que, en 2006, Yunes fue vetado como candidato a senador por el PAN, por el entonces candidato presidencial Felipe Calderón, "bajo el argumento de que, cuando Yunes fue secretario de gobierno con Patricio Chirinos, se distinguió por su desempeño corrupto, por golpear, perseguir y difamar a panistas".
"Me exigió evitar que el expriista fuera candidato. Consciente de no poder bajar a un precandidato porque sería un atropello violatorio de los derechos ciudadanos, opté por intentar que Yunes Linares permaneciera en el gobierno, como ocurrió", inscribió.
Como en ningún otro estado, el proceso electoral en Veracruz "ha exhibido la falta de lealtades en los partidos y entre los grupos políticos", explica el analista Gerardo Escobar, autor del libro La genealogía de la política (Colegio de Veracruz).
Francisco Monfort Guillén, del Centro de Estudios para la Transición Democrática, resume que "en Veracruz hay una democracia de la injuria: es posible injuriar a los candidatos sin que el órgano electoral pueda hacer algo, ni siquiera le inquieta". Aunque el problema de fondo, agrega el doctor en sociología por la Université Paris Jussiev, es que los candidatos "optan por un populismo verbal donde la descalificación y la injuria toman el papel de las ideas. Es mucho más fácil descalificar a alguien que debatir, analizar y expresarse con ideas y propuestas".
Así, con candidatos sin propuesta, se acerca el día de la elección. De Javier Duarte, identificado por algunos sectores del PRI como niño Gerber de la política, su inexperiencia ha sido fuertemente cuestionada, incluso al interior del partido, además de su falta de liderazgo y fuerte dependencia de Herrera Beltrán. Pese a toda la parafernalia gubernamental, "Duarte es un candidato muy débil, y salvo las estructuras que le ha acercado Fidel, Duarte no ha articulado nuevas estructuras. Su propio discurso no ha trascendido al que maneja Fidel, por eso se le ve como una mala imitación", explica Rafael Vela, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
"Y aunque Herrera es una figura importante dentro del partido, a nivel local su gobierno está muy cuestionado, así que podrían darle también el voto de castigo", agrega Gerardo Escobar.
Los analistas coinciden en que, aún con su experiencia en la función pública, la principal debilidad de Miguel Ángel Yunes es su pasado represor y que siempre ha estado vinculado a las estructuras policiacas y judiciales.
Identificado como un político concertador y reivindicado socialmente por ser blanco de los enconos de Yunes y Herrera Beltrán, Dante Delgado también tiene su talón de Aquiles: "Su problema es que dentro de su partido es él y nadie más. En el estado no tiene cuadros políticos, asesores ni operadores", explica Vela Martínez, quien conoce bien al exsenador puesto que fue, precisamente, su asesor en la campaña electoral para el Senado.
A medida que se acerca el día de la elección, arrecia la que Monfort Guillén denomina "democracia de la injuria". En las avenidas de las principales ciudades de Veracruz, aunque deslavados, aún yacen algunos panorámicos de café "Buganza" y arroz "Bueno". Sobre los panorámicos de Yunes se ha pintado la inscripción "Cuiden a sus niños que allí viene el pederasta"; mientras que Javier Duarte obliga a las quinceañeras a vestirse de rojo.
Veracruz, el fracaso de la democracia
Frente al panorama electoral inundado de venganzas personales y campañas sucias donde el discurso de Yunes es acusar a Duarte de ser "el títere de Fidel", y Duarte a Yunes, de "pederasta peligroso", el Instituto Estatal Electoral , el más costoso de todo el país –con un presupuesto de 686 millones de pesos– se exhibe como el elefante blanco en que se convirtió durante el gobierno de Fidel Herrera, quien ha hecho de este órgano electoral un apéndice de su gobierno, imponiendo consejeros y las directrices a seguir.
En una entrevista realizada por Contralínea a la consejera presidenta Carolina Viveros García, se le exponen las actividades que suponen violaciones a la ley electoral: el proselitismo anticipado, el derroche y excesos en las campañas, el uso de programas federales a favor del candidato del Partido Acción Nacional y, sobre todo, la activa participación del gobernador Herrera Beltrán para favorecer al del Partido Revolucionario Institucional. Viveros desestima, con argumentos tortuosos, la actuación irregular de los partidos.
—¿Esta conducta del gobierno del estado de promoverse, de hablar permanentemente de sus aspiraciones políticas y ahora, durante su función como gobernador, de promover a Javier Duarte es legal?
—La ley es muy clara en las cuestiones que señalan las atribuciones a los órganos de gobierno y a los órganos gubernamentales. Señala las fechas en las que ellos, los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, en tiempos de proceso, deberán circunscribir los actos. Allí lo dice muy claro el código electoral; en ese sentido, nosotros también tenemos que seguir lo que nos dice nuestra norma.
—¿Y qué le dice a usted como experta que es en la ley electoral la conducta del gobernador Fidel Herrera?
—Pues mi función como presidenta de este instituto estatal veracruzano se circunscribe a llevar a cabo un proceso electoral con los ciudadanos que están participando. Yo soy experta en la materia electoral.
—¿Y como experta en materia electoral, qué opina que la campaña de fidelización, de credencialización a favor de Javier Duarte que se hace desde el palacio de gobierno?
—Ésa es responsabilidad del partido. Yo limito mi opinión al respeto de la actividad de cada partido y ellos responderán por sus actividades, y mi respeto por la función que hace un partido político porque es función de cada partido político. Cada quien es responsable de acuerdo a las normas que todos tenemos dentro de nuestros ámbitos de actividad de responder por cada uno de la actividad que tenga que realizar y que tenga que expresar. Entonces, mi respeto para cada uno de ellos, porque mi respeto es para el trabajo del instituto (sic).
—En las pasadas elecciones federales, una manera que se dio de torcer la ley fue pagar publicidad en revistas disfrazada de información; ello ocurrió en Veracruz antes de las precampañas. ¿El tema está en sus pendientes?
—Fíjate que ajustándonos al principio de legalidad, las conductas fueran sancionadas por el órgano máximo que es el Poder Judicial de la Federación, en la respectiva resoluciones, allí tienes las respuestas. Si hay un ciudadano que quiera llevar a las autoridades, igual que en México lo hicieron, ya será del orden de la autoridad competente que lo tenga que resolver (sic) ?concluye la presidenta del Instituto Electoral Veracruzano (IEV).
Democracia fallida
Con una larga trayectoria dentro de los órganos electorales como consejero y presidente de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz, Guillén Monfort explica el deterioro que ha tenido el IEV del cual se desempeñó como secretario ejecutivo:
"Para desgracia de la democracia, los órganos electorales están desgastados y no son ya una organización fruto de la lucha por la democracia. Al igual que ha sucedido con el Instituto Federal Electoral, su esencia de hacer respetar el voto y las contiendas en términos de equidad ha disminuido en el país, pero sobre todo en los estados y, más aún, en los que no ha habido alternancia política, como es el caso de Veracruz, donde el instituto, desde el gobierno de Miguel Alemán, comenzó perder credibilidad; hoy sólo es un apéndice del gobierno".
La falta de autonomía del IEV y el perfil de sus consejeros, muchos de ellos exfuncionarios del gobiernos alemanista y fidelista, son un factor de conflicto en la contienda del próximo 4 de julio. Monfort Guillén, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, explica que, ante una elección dividida en tres candidatos, "el resultado será una diferencia mínima entre el primer y segundo lugar, lo que dará pauta a una contienda poselectoral, y en medio de esto, el descrédito que tiene el Instituto Estatal Electoral y su descalificación prematura como árbitro harán que la elección sea muy cuestionada y conflictiva".
Monfort Guillén concluye que la injerencia de Fidel Herrera ensució el proceso electoral mucho antes de su arranque, convirtiendo estas elecciones en un fallido ejercicio de democracia. En este sentido, se le pregunta ¿qué pendientes deja Herrera Beltrán con la democracia de los veracruzanos? "Creo que lo grave se advierte desde la pregunta, cuando debería ser una cuestión donde el gobierno ya no interviniera y cuando los veracruzanos deberíamos estarnos preguntando qué pendientes tenemos para alcanzar la verdadera democracia. Creo que, en este sentido, la falta de participación ciudadana es uno de los mayores déficits y es responsabilidad de la ciudadanía, pues se ha aceptado como normal o natural que el Instituto Electoral forme parte de la estructura gubernamental, como lo convirtió Fidel Herrera". (ALP)
CONTRALÍNEA 178 / 18 DE ABRIL DE 2010
Yunes, el rostro de la represión
Ana Lilia Pérez
Su pasado, no muy lejano, persigue a Miguel Ángel Yunes Linares. Las torturas, detenciones arbitrarias, homicidios y abusos de toda índole que –según denunciantes– habría cometido desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz en el periodo de Patricio Chirinos, son indelebles, aunque él le apuesta al olvido
Veracruz, Veracruz. El día en que el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), José César Nava Vázquez, oficializó su designación como candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares exhortó a sus conciudadanos a que se olvidaran de su pasado. En un dejo, que para unos supuso ingenuidad, para la mayoría cinismo, pretendió borrar sus años como secretario de gobierno de Patricio Chirinos, en los cuales, a pulso, se forjó una historia como represor.
Entre 1992 y 1997, con un gobernador ausente –consagrado a estrechar sus relaciones públicas en Los Pinos con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo–, Yunes Linares fue más que la mano dura de Chirinos: tomó el control de la administración en sus manos, diseminando una estela de terror, abusos y tortura particularmente en contra de los indígenas y campesinos que exigían la regularización en la tenencia de sus tierras, para favorecer a los caciques. Aún hoy, a más de una década, su nombre despierta el espanto lo mismo en la región serrana del norte del estado, que en las urbes del sur como Coatzacoalcos, donde a los vendedores ambulantes se les desalojaba a toletazos.
Sus excesos le merecieron cientos de quejas y una docena de recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre las que destacan: CNDH/ 122/95/VER/912, CNDH/122/95/VER/3364, CNDH/122/ 95/VER/3904, CNDH/122/95/VER/4821, CNDH/122/95/ VER/7178 y CNDH/122/95/VER/I230, que se refieren a detenciones y encarcelamiento extrajudiciales, torturas, asesinatos, e incontables violaciones a los derechos humanos en más de 100 comunidades de la Huasteca, comprendida por los municipios con el más bajo Índice de Desarrollo Humano del estado.
El caso más conocido no sólo por la saña sino porque escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el del asesinato y tortura de los indígenas Atanasio Hernández Hernández, de 17 años de edad, y Rolando Hernández Hernández, de 26 años, en la comunidad Plan del Encinal, en Ixhuatlán de Madero. Tras probar los agravios, desde 1998 la CIDH resolvió que el Estado mexicano debía abrir las indagatorias judiciales contra los responsables e indemnizar a los deudos. Para el presidente Felipe Calderón, la ordenanza del organismo internacional es letra muerta, en cambio conduce a Yunes a la gubernatura del estado.
La masacre del Encinal
Les cortaron la lengua, les sacaron los ojos, les mutilaron los testículos y les destrozaron los intestinos; sus brazos, los que labraban la tierra, fueron escocidos a verdugones. El 12 de septiembre de 1994, Rolando y Atanasio Hernández Hernández aparecieron con huellas de tortura tumultuaria y el tiro de gracia en los márgenes del río Chiflón, a 8 kilómetros del terruño familiar en Plan del Encinal. Sus maltrechos cuerpos bañados en sangre seca y aún hinchadas las heridas.
Noventa y seis horas antes se los llevaron con vida los 114 policías de Seguridad Pública y de la Judicial del Estado que integraban el operativo ordenado por el secretario de gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, para desalojar a las familias otomíes de sus viviendas y tierras, porque el terrateniente y exalcalde municipal, Tranquilino Hernández Reyna, reclamaba que eran suyas.
Aunque en esta parte de la sierra el día comienza apenas entrada la madrugada, aquel 8 de septiembre, a las siete de la mañana, cuando los pistoleros de Tranquilino y los policías que los franqueaban tomaron el pueblo por asalto, muchas familias aún mantenían atrancada la puerta, así que los agarraron por sorpresa. Destruyeron todo lo que hallaron a su paso: las casitas de palopique, los corrales, los sembradíos de maíz. Golpearon a todos y dispararon contra Rolando y Atanasio, luego los amarraron y se los llevaron al rancho Las Tejas, propiedad de Tranquilino Hernández. Cuatro días después, aparecieron en el río, el tiro de gracia en la frente y en los ojos tatuado el espanto.
El pecado de la comunidad fue pedirle al gobierno de Chirinos que les reconociera la resolución presidencial del 26 de julio de 1938 de Tata Cárdenas y les respetaran sus derechos de propiedad.
Se supo de la masacre porque la gente de El Encinal viajó a la ciudad de México a denunciarla. Hicieron marchas, plantones y se instalaron en la Plaza de la Solidaridad. Más por presión, la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una indagatoria plagada de irregularidades.
Por ejemplo, sin traductor ni intérprete, el 30 de noviembre de 1994, el agente del Ministerio Público (MP) Fernando García Constantino interrogó a los padres de Rolando, María Hernández Hernández y Policarpo Hernández Hernández, y a su esposa Teresa Hernández Hernández, y a los padres de Atanasio, Aurelio Hernández Cruz y Cecilia Hernández Hernández. García sólo hablaba español y ellos, otomí, y así los obligó a firmarle los supuestos que ellos jamás comprendieron. El MP se negó a certificar el estado en que los cuerpos fueron encontrados, el tiro de gracia y las huellas de tortura.
Surgieron de nuevo los reclamos. Para acallarlos, la Procuraduría anunció que el 6 de diciembre exhumaría los cuerpos frente a representantes de organizaciones de derechos humanos. Ese día oficialmente se canceló el acto, aunque por la tarde, sin notificar a los familiares ni a los defensores, un grupo de 32 funcionarios, policías y médicos sacaron el cuerpo de Atanasio, le tomaron fotografías y lo filmaron.
Con la representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los deudos lograron llegar a la CIDH. En octubre de 1995, el organismo tomó la investigación del caso, considerando la imposibilidad de las víctimas de obtener justicia en México, y la latente amenaza de muerte sobre la comunidad, particularmente de los familiares de Rolando y Atanasio, quienes a partir de entonces tuvieron que vivir a salto de mata, entre el monte y la ciudad de México, por el miedo a que Tolentino Hernández y Miguel Ángel Yunes les cobraran la afrenta.
En su resolución al Caso 11.543 Rolando y Atanasio Hernández Hernández contra México, emitida el 24 de febrero de 1998, la CIDH concluyó que "el Estado es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1994, en la comunidad de Plan del Encinal, en los cuales, agentes de la policía del Estado hirieron y detuvieron arbitrariamente a Rolando y Atanasio Hernández Hernández, y luego los ejecutaron sumariamente, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación seria sobre el caso, identificado y sancionado a los responsables, e indemnizado suficientemente a los familiares de las víctimas".
La CIDH ordenó al gobierno, representado por Ernesto Zedillo, hacer "una investigación seria, imparcial y efectiva, de los hechos denunciados"; ejercer las acciones penales correspondientes, indemnizar a los deudos de las víctimas y hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en la Convención Americana.
A partir de que le fue notificada la resolución, Zedillo tenía un periodo de tres meses para adoptar las medidas para cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Feneció el plazo sin ninguna respuesta, lo cual consignó la CIDH al hacer público el informe de fondo tres meses después, el 5 de mayo, donde consigna que está en espera de que el Estado mexicano cumpla su obligación de acatar las resoluciones de la CIDH, como integrante de la Organización de Estados Americanos.
Fue hasta 2001 que el Estado mexicano aceptó dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, aunque en realidad no hubo investigación alguna. En cambio, Yunes fue ascendido a funcionario federal en el gabinete de Vicente Fox. A pesar de la insistencia y seguimiento por parte del Centro Prodh para lograr el cumplimiento, el Estado fue omiso en proporcionar cabal observancia a sus obligaciones internacionales.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh detalla:
"En 2001, el Estado expresó su voluntad para dar cumplimiento a la recomendación relativa a la reparación del daño, sin embargo el monto nunca fue considerado dentro de su presupuesto de egresos; es decir, no se efectuó. En el mismo sentido, nunca cumplió con su obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, a pesar de haber creado una fiscalía especial para su investigación.
La negativa del gobierno (de Vicente Fox) para dar respuesta a la propuesta de reparación del daño se debió a que el Estado argumentaba que en tanto no se identificara a los responsables, no se indemnizaría a los familiares de las víctimas; no obstante que tanto la identificación como la indemnización representan una obligación del Estado. Además, el gobierno federal consideraba que el cumplimiento de las recomendaciones era únicamente del ámbito de competencia de las autoridades estatales."
En esta feria de deslindes y omisiones a modo, también Fidel Herrera supo premiar la mano dura: designó como director de la Policía Veracruzana de Investigación a Juan Domingo Martínez Riveroll, el jefe de las corporaciones policiacas usadas por Yunes como guardias blancas.
Ante la posibilidad de que, en junio, Yunes Linares pudiera convertirse en gobernador del estado, en la Huasteca otra vez se perdió el sosiego. "Con Yunes, la surte de todos los indígenas está echada", dice Ramiro Díaz Baltazar, dirigente del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata. Mientras que otras organizaciones, como la de Los 400 Pueblos, en los últimos días han organizado marchas y plantones para exigir que se forme una comisión de la verdad, que investigue los crímenes de Yunes Linares. En febrero, los familiares de Rolando y Atanasio dejaron sus casas y se fueron de nuevo al monte.
Sobre el caso Plan de Encinal, Luis Arriaga explica que no existe ningún término para la prescripción de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, es decir, "la responsabilidad internacional permanece en tanto no se da cabal cumplimiento a las mismas, como en este caso. El propio informe definitivo representa el grado de incumplimiento del Estado y la necesidad de dar puntual seguimiento a las acciones para reparar las graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el Reglamento de la CIDH, ésta puede realizar medidas de seguimiento de las recomendaciones, contando con amplias facultades para tomar las medidas que considere oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que formule a los Estados. Sin embargo, es motivo de preocupación que el Estado mexicano no acate las recomendaciones de organismos internacionales, como la CIDH".
Años de terror
Los años de Miguel Ángel Yunes como secretario de gobierno son un inventario de terror delirante en municipios como Benito Juárez, Chalma, Chicontepec, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero y Texcatepec, Veracruz. Indígenas torturados, levantados y asesinados.
La mañana del 29 de mayo de 1995, grupos formados por elementos de la Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Estado, Seguridad Pública de Veracruz y civiles armados irrumpieron simultáneamente en las comunidades Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, La Lima, Cuexcontitla, Otlamalácatl y en el predio Cececapa. En el operativo, golpearon a todos los indígenas, a sus mujeres, hijos y los ancianos; los agentes policiacos sustrajeron las herramientas de labranza, dinero en efectivo y aparatos electrodomésticos, y detuvieron sin orden de aprehensión a 34 campesinos.
En otro operativo, en la comunidad de Cantollano, el 2 de julio la Policía Judicial del Estado detuvo sin orden de aprehensión a los indígenas nahuas Eneo Hernández Hernández, Emiliano Hernández Hernández, Lucas Francisco Hernández y Juan Solares Hernández. Durante dos días, los sometieron a cruentas torturas. Por ejemplo, a Emiliano y Eneo les colocaron bolsas de plástico en la cabeza y les aplicaron toques eléctricos en todo el cuerpo para que se confesaran culpables de varios delitos.
El día 4, los presentaron ante el MP de Álamo. Molidos a golpes suplicaban al médico legista algún analgésico, pero éste se los negó. Frente al galeno, Lucas fue nuevamente golpeado sin que nadie se inmutara. Sin la asistencia de un defensor, les tomaron "sus declaraciones".
El 11 de agosto, en un operativo extrajudicial en la comunidad de Chapopote Chico, sin orden de aprehensión y sin que existiera flagrancia, los indígenas Santos Soto Ramírez y Macario de la Cruz Martínez fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial del Estado y torturados durante cinco días. Al sexto día, en un comunicado de prensa, Yunes Linares los acuso a ellos y a otros 13 campesinos de 15 homicidios ocurridos entre junio de 1994 y junio de 1995. A los 15 indígenas de Chapopote Chico los encarcelaron en el penal de Pacho Viejo en celdas asiladas y sin la posibilidad de recibir visitas.
El 18 de agosto, de nuevo en Cantollano, un numeroso grupo formado por elementos de la Policía de Seguridad Pública y de la Policía Judicial del Estado, así como civiles armados al servicio de Tranquilino Hernández Reyna y René Monroy García, golpearon a los indígenas de la comunidad; hirieron a varios con arma de fuego y por la espalda asesinaron a Nicolás Hernández Hernández cuando corría a refugiarse a su casa.
Sin orden de arresto, se llevaron a Gregorio Hernández García, Agustín Santiago Hernández, Antonio Hernández García y Agustín Bautista Hernández. Allí mismo, la policía reunió a todos los del pueblo y los obligaron a cargar el cuerpo de Nicolás hasta el palacio municipal de Ixhuatlán; cuando le entregaron el cuerpo, el alcalde los amenazó que la próxima vez les enviaría a 800 policías con suficientes balas para tirarle a todos.
El mismo 18 de agosto, las mismas corporaciones policiacas hicieron un operativo en Chapopote Chico: formaron a toda la comunidad, los golpearon y los retuvieron durante horas sin permitirles tomar alimentos o agua. Se llevaron a Silvestre Hernández del Ángel y Leonor Urzindo Aquino. Regresaron cinco días después para asesinar a Fidel Hernández Catarina.
En Huayacocotla se vivieron operativos similares: la represión contra los indígenas por pretender regularizar la tenencia de sus tierras, que incluyó la quema de comunidades y el derrumbe masivo de viviendas. Aquí las agresiones se recrudecieron cuando los indígenas denunciaron los agravios ante el Tribunal Unitario Agrario (integrado en las averiguaciones previas HUAY-54/95-04 y HUAY-78/95-05) y demandaron su reconocimiento como dueños de las tierras. Contrario a que se resolviera la situación, llegaron funcionarios de Gobernación para "invitarlos" a salir "voluntariamente" de la zona.
Todo lo anterior fue acreditado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y forma parte de los expedientes de las recomendaciones emitidas al gobierno de Veracruz por las acciones ilegales del secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares. Incluso hubo una recomendación general, la 18/97, que da cuenta de todos los agravios contra los indígenas de la Huasteca. El dictamen jurídico es elocuente:
"De acuerdo con las diversas visitas practicadas por personal de esta Comisión Nacional a esa zona de la Huasteca veracruzana, se pudo constatar que se han practicado otros operativos policiales y se advierte que los servidores públicos encargados de tales operativos fueron incapaces, por falta de preparación adecuada e impericia, para controlar situaciones de violencia, transgrediendo frecuentemente los Derechos Humanos de los pobladores al excederse en el ejercicio del deber que el cargo les imponía y que protestaron cumplir cuando lo asumieron, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz."
El dictamen constata el uso ilegal que el secretario de gobierno daba a los cuerpos policiacos en los conflictos agrarios para reprimir a los indígenas y la permisividad con los pistoleros de los caciques, por lo que se determinó que violó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz.
Tal recomendación pidió al gobierno del estado llevar a cabo las acciones y programas necesarios para sacar del rezago a la Huasteca. Tampoco se acató. Hoy esto pueblos siguen igual: pobres, excluidos, hambrientos, enfermos, vejados y algunos desplazados.
Escándalo y censura
Autor intelectual del sabotaje en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando en precampaña a la presidencia fue recibido en el café La Parroquia del puerto por travestis con pancartas; o del cerco policiaco en contra de Ignacio Morales Lechuga cuando acudió a dar una conferencia a Poza Rica, o sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y de tantas anécdotas negras que forman su negro historial, hubo también otras víctimas de Yunes Linares, como el periodista Raymundo Jiménez, autor de la columna "Al Pie de la Letra" que se publica en el periódico Imagen. Jiménez fue acosado, amenazado y hostigado por publicar puntillosos asuntos en el gobierno de Chirinos.
Entrevistado en la ciudad de Jalapa, Raymundo Jiménez recuerda:
"Publiqué unos documentos que me filtraron de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un deposito por 230 mil dólares que había hecho el gobierno del estado. Era la época en la que estaba latente el levantamiento armado en Chiapas y aquí en Veracruz se hablaba de guerrilla, así que yo preguntaba en mi columna por qué ese depósito al ejército o a cambio de qué. El asunto caló mucho porque hubo repercusiones en la Defensa, pues era un documento ultraconfidencial, así que echaron a andar todo el aparato del gobierno del estado, me boletinaron, por primera vez aparecí en varios noticieros de televisión, pagaron planas completas en los diarios tratando de desmentir.
"Se dio instrucciones al procurador del estado para que se abriera una averiguación previa; me querían procesar por sustracción de documentos oficiales, lo que obviamente contradecía la versión de la Sedena que intentaba desmentirme. Ha sido la experiencia más amarga en mis 25 años como periodista. Jamás me había visto en una situación tan extrema, tuve que comparecer ante el Ministerio Público y tuve que llegar amparado porque había la amenaza de que allí mismo me detendrían. La presión era para saber quién me había dado el documento y si había más documentos, querían que les revelara mis fuentes. El asunto se distensó cuando intervino Liébano Sáenz.
"Todo lo operó Miguel Ángel Yunes, era la mano dura del régimen. Ahora le dice a la gente que olvide su pasado, pero por la experiencia que yo viví, dudo que haya cambiado como dice y tampoco creo en la tolerancia de la que ahora habla."
La leyenda negra del Yunes represor no se circunscribe al estado de Veracruz. En su posición como director general de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal y subsecretario de Seguridad Pública, le merecieron más recomendaciones de la CNDH por violar los derechos humanos. Aunque de su cargo como jefe de reclusorios federales dejó una huella más marcada: a su mando, los penales, del de Puente Grande, el 19 de enero de 2001, salió Joaquín Guzmán Loera, y él fue ascendido al rango de subsecretario de Estado.
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